El pasado 9 de abril, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, fue preguntada por la detención de un suboficial español en el Líbano a manos del ejército israelí. El militar había sido sacado de un convoy de la ONU "con una violencia evidente", trasladado a una aldea y retenido durante una hora, según describió después la ministra de Defensa, Margarita Robles. Muñoz respondió que no tenía suficiente información para valorarlo y que, en todo caso, una hora no era tanto: "Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida”, afirmó la portavoz.

Dos meses antes, en un acto organizado por elespañol.com, la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, había anunciado el compromiso de su partido de tener unas Fuerzas Armadas "dinámicas, profesionales, motivadas, formadas y cuidadas". Cuando estalló la polémica por las palabras de su portavoz, Feijóo evitó pronunciarse. Muñoz, por su parte, afirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas, pero sin retirar ni matizar su comparación con el control de tráfico.  

En el Partido Popular, la ironía y la tendencia a restar importancia a estos incidentes, y a otros más graves, forman ya un patrón que se repite desde hace más de una década, cada vez que el agresor de los militares españoles es el ejército israelí. 

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí de 155 milímetros impactó contra la torre de observación en la que vigilaba el cabo Francisco Javier Soria Toledo —malagueño de 35 años, a pocas semanas de ser padre—, que murió en el acto. El bombardeo israelí fue tan intenso —con más de 118 proyectiles identificados, según el propio ministro de Defensa— que el helicóptero de evacuación no pudo aterrizar a recoger el cadáver porque los obuses seguían cayendo. Entre esa munición había, según declararon los militares españoles en el informe reservado del Estado Mayor, bombas de racimo: armas prohibidas por una convención internacional que Israel no ha suscrito.

El 14 de abril de 2015, el ministro Pedro Morenés (PP) compareció en la Comisión de Defensa del Congreso. Sin ninguna crítica ni denuncia, el popular hizo hincapié en la falta de intencionalidad israelí y destacó su disposición a aceptar una investigación conjunta. Los informes de dicha investigación —el español, el israelí y el de la ONU— se clasificaron y no se facilitaron al Congreso ni a la prensa.

En esa misma sesión, cuando el diputado socialista Diego López Garrido criticó la actuación de los artilleros israelíes, el diputado popular Vicente Ferrer Roselló respondió que quería "agradecer, en nombre del Arma de Artillería de las Fuerzas Armadas israelíes, la fe de algunos portavoces en su puntería". Y remató: "Son buenos, pero fallan." Un militar español llevaba muerto dos meses y medio y el representante del partido del Gobierno no solo lo justificaba, sino que ironizaba hablando en nombre del ejército que lo había matado. Su bancada aplaudió. 

Lo que vino después lo revelaría diez años más tarde la investigación Israel Files, publicada por infoLibre en diciembre de 2025 junto con la red European Investigative Collaborations (EIC). Los documentos internos del Ministerio de Justicia israelí muestran que el Departamento de Guerra Legal de Israel, a través del despacho Cuatrecasas, monitorizó el proceso judicial sobre la muerte del cabo y que, según sus correos internos, habría recibido de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre sus intenciones procesales antes de que fueran comunicadas al juez o a la familia, un hecho que la Fiscalía niega. La causa fue archivada en 2017. 

Once años después, el 16 de noviembre de 2025, un tanque israelí abrió fuego con su ametralladora contra una patrulla española que hacía labores de vigilancia a pie cerca de la frontera libanesa. Los proyectiles impactaron a cinco metros de los soldados, que tuvieron que tirarse al suelo y esperar 30 minutos hasta que el tanque se replegó. La ONU definió el ataque como una "grave violación" de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Defensa lo calificó de "absolutamente inaceptable". Israel dijo que había sido un error de identificación por "malas condiciones meteorológicas". El PP no emitió ninguna declaración sobre la actuación israelí.

El 12 de enero de 2026, otros tres tanques israelíes se adentraron en territorio libanés y dispararon contra una unidad de reconocimiento española en las inmediaciones de la localidad de El Khiam. Los proyectiles cayeron a 150 y 380 metros de los soldados. Mientras se replegaban, los tanques los rastrearon con el láser de puntería. La respuesta del PP fue un escrito en el Congreso pidiendo a Robles que explicara "la utilidad de mantener nuestra presencia" en la misión, sin ninguna mención a la actuación de Israel. 

Semanas después, a finales de marzo de 2026, tres militares indonesios integrados en la brigada multinacional que España lidera en el Líbano murieron en dos ataques sucedidos en menos de 24 horas. Las investigaciones preliminares de la ONU apuntan a un proyectil de tanque israelí en el primero de los casos; el segundo, a un artefacto explosivo cuya autoría no ha sido definitivamente establecida. 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que prestó asesoría legal a la madre del cabo Soria Toledo, califica la gestión que hizo entonces el Gobierno del PP de "bajada de pantalones lamentable". Tras los nuevos incidentes, su secretario general, Iñaki Unibaso, expresa su preocupación "ante la repetida falta de ética de Israel" y recuerda que los tres indonesios fallecidos operaban bajo mando del Ejército español.  "Israel sigue actuando con total impunidad", resume Unibaso.

De las declaraciones de Vicente Ferrer a las de Ester Muñoz ha pasado una década, varios ataques israelíes contra soldados españoles y un suboficial detenido y agredido. El PP ha usado ese tiempo para comprometerse a cuidar a las Fuerzas Armadas, presumir de estar orgulloso de sus militares y pedir reformas para mejorar sus condiciones. Lo que no ha hecho, en ninguno de estos episodios, es condenar, o al menos tomarse en serio, los ataques israelíes que las fuerzas españolas o bajo mando español reciben en el Líbano.

La situación es la siguiente: nuestros servidores públicos se quejan del desprestigio de la política, pero cuando tienen oportunidad de dignificarla con sus acciones, deciden denigrarla una vez más. Cuarenta y cinco años después, seguimos sin tener el relato completo del 23-F. Y es imposible conocerlo cuando no podemos acceder a toda la documentación custodiada por el Estado. Algunas de las particularidades de España son únicas en Occidente. ¿Por qué no se desclasifican las conversaciones del rey Juan Carlos con el Estado Mayor y los capitanes generales, puesto que ninguno de ellos vive? ¿Por qué se ocultó el nombre del principal financiador del golpe? ¿Por qué siguen sin hacerse públicos los informes del CESID incorporados al sumario, las comunicaciones internas de las regiones militares, la documentación relativa a la Casa del Rey y las piezas declaradas secretas en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1968? Durante las horas que duró el asalto, se registraron cientos de llamadas desde y hacia el Congreso de los Diputados. Telefónica tenía la capacidad de registrarlas. Sin embargo, las grabaciones de las conversaciones mantenidas por los golpistas a través de esas líneas se perdieron antes de que el juez instructor pudiera acceder a ellas.

La reciente desclasificación apenas aporta unos pocos documentos “tratados” que no aclaran lo ocurrido. Sabemos, eso sí, que los 45 disparos ordenados por Antonio Tejero frustraron cualquier intento de presentar el golpe como una operación de “cirugía política” impulsada por un supuesto sentido de responsabilidad nacional. Los documentos liberados tampoco permiten reconstruir la red civil que apoyó la maniobra ni los contactos previos entre figuras políticas. Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en presentar al monarca como salvador de la democracia, pese a que numerosos testimonios lo sitúan como conocedor —e incluso como instigador directo— del clima que propició el golpe, alimentado por sus despiadadas críticas a Adolfo Suárez.

La desclasificación parcial está orientada a preservar el relato sacralizado de la Transición, evitando esclarecer la verdadera magnitud de la operación y la implicación de sectores políticos, militares, civiles y mediáticos. Testimonios como los de Xavier Arzalluz, Josep Tarradellas, Sabino Fernández Campo, Gabriel Cisneros, Santiago Carrillo, Alejandro Rojas-Marcos o el coronel y ex agente del CESID Diego Camacho apuntan a la existencia de un “golpe blando” cuidadosamente planificado, que solo se vino abajo por la grotesca aparición de Tejero.

El papel del CESID y de figuras como Javier Calderón también debe valorarse, así como la participación de seis agentes que, según la información de los archivos del actual CNI, "o bien conocían los hechos antes del 23-F o llevaron a cabo un apoyo operativo". Alberto Saiz, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ya había revelado en 2021 la desaparición de documentación relativa al golpe. Esa eliminación de informes internos ha dejado vacíos que hoy se intentan rellenar con declaraciones parciales y entrevistas selectivas destinadas a construir una verdad. Y ese es el relato que nos repetirán durante años.

El proceso judicial del 23-F respondió a una lógica de minimización de daños: un sumario limitado, una investigación incompleta y una justicia selectiva. El sistema político y la Corona entendieron que una investigación exhaustiva que alcanzara a la élite financiera y civil podía desencadenar una crisis de Estado. Lo comprendo: yo era un niño y recuerdo el miedo, la crisis económica y la enorme tensión social derivada del terrorismo etarra. Pero ¿por qué mantener esta opacidad casi cincuenta años después? Mientras los militares fueron juzgados públicamente, los nombres de empresarios y banqueros que presuntamente financiaron la operación desaparecieron entre pruebas destruidas y líneas de investigación nunca abiertas. El único civil procesado, Juan García Carrés, sirvió como cortafuegos, sacrificando la verdad para proteger nuestra incipiente democracia. 

Luis María Ansón declaró hace apenas dos años que Felipe González no solo conocía el plan de Armada para formar un “gobierno de concentración”, sino que se mostraba “encantado con la idea porque había llorado al perder la elecciones de 1979 frente a la UCD de Suárez”. En la misma entrevista afirmó ante un estupefacto periodista que “tomar el consejo de ministros” por parte de los militares sería “un procedimiento inmaculado”. Ansón traza paralelismos entre el plan de Armada y la Operación De Gaulle en Francia en 1958, lo que le lleva a presentar la intentona golpista como un acto de patriotismo destinado a preservar la democracia. ¿Qué habrían pensado los españoles que votaron masivamente al PSOE veinte meses después si hubieran sabido de esa supuesta aceptación de un golpe antidemocrático por parte de Felipe González?

Todo esto forma parte de una manipulación del lenguaje que sectores cercanos al PSOE han utilizado durante décadas para presentar como “progreso” y “responsabilidad” decisiones que difícilmente pueden calificarse así: la privatización de un sector público que otros países mantienen, el desmantelamiento de industrias estratégicas que en Europa se preservaron, la adopción de políticas económicas neoliberales que convirtieron España en un paraíso de desregulación y la configuración de una Unión Europea que, tras el Tratado de Maastricht, entregó a la banca privada el poder de financiar a los Estados. Por esta disposición, recogida en el artículo 104 del Tratado, España paga cada día alrededor de 100 millones de euros en intereses de deuda. Recuerden esto cuando les digan que los recursos son limitados. 

El sistema económico protege la figura de Felipe González porque forma parte de la batalla cultural: nos repiten machaconamente que, si un presidente supuestamente socialdemócrata aplicó políticas neoliberales, es porque no existe otra forma de gestionar la economía. Mientras tanto, políticas económicas socialistas son aplicadas con enorme éxito en países como Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Bajos o Francia. Por cierto, si el PSOE aceptó el plan de Armada (gobierno de concentración), significa que el partido ya estaba integrado en la estructura de poder antes de ganar las elecciones de 1982. Esto explicaría por qué las políticas económicas estuvieron tan alineadas con el consenso neoliberal, en lugar de con la alternativa socialdemócrata que los países nórdicos representaban. No hubo un giro a la derecha: González no contemplaba otra forma de gestión. 

No es lo mismo dejar ver que hacer ver. Cuando los ciudadanos perciben que se les oculta información relevante se genera la sensación de que las instituciones protegen intereses propios antes que la verdad o el bien de todos. Esas actuaciones son las que deterioran el crédito de las instituciones y, en última instancia, el de la democracia, algo muy difícil de restaurar. La democracia no se protege con injustificados silencios heredados de leyes franquistas, con historias edulcoradas y con una idea de “responsabilidad” que se traduce simplemente en tratarnos como a menores de edad. La verdad sobre el 23-F sigue siendo una asignatura pendiente, imprescindible para entender cómo se sostuvo nuestra democracia y quiénes estuvieron dispuestos a manipularla o aprovecharse de ella.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

El "deterioro de la situación de la seguridad" y "la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados" han obligado al Ministerio de Defensa a "reubicar" al Grupo de Operaciones Especiales encuadrado en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh (SOTG) en Irak.

"España ha determinado la reubicación temporal del Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) destacado en Irak" ante el deterioro de la situación a causa de la guerra en Irán, señala una nota del Ministerio.

"Todos los militares del SOTG, encuadrados en la Coalición Internacional de lucha contra el Daesh ya se encuentran en lugares seguros" a la espera "de la evolución de la situación", añade.

"Este re-despliegue se ha realizado en estrecha coordinación y colaboración con las autoridades iraquíes, contando con el apoyo de la Coalición y manteniendo siempre informados a nuestros países amigos y aliados", añade el comunicado de Defensa.

"El compromiso de España con la Coalición Internacional y con la estabilidad de Irak permanecen inalterables, pero la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona obligan a tomar esta decisión para garantizar la protección de nuestras fuerzas", concluye.

Hay que reconocer que el acrobático salto, de la ley a la ley (Reforma política a la Constitución) como lo definió Torcuato Fernández Miranda, resultó formalmente perfecto desde el punto de vista de la estrategia política. Pero la política no puede vivir ajena a las corrientes sociales ni olvidar que solo puede subsistir y ser eficaz si es capaz de afrontar la realidad. Las aspiraciones de los partidos políticos, movimientos sindicales y sociales que configuraron la oposición a la dictadura, aspiraban a una ruptura democrática que eliminase cualquier vestigio del pasado dictatorial. Sin embargo, el Ejército, protagonista indiscutible del golpe militar del 18 de julio de 1936, se resistía a aceptar esta posibilidad. 

Lo cierto es que, por realismo político, hubo que transigir y elegir el camino de la transición democrática tal y como había sido diseñada por los sectores más aperturistas de la dictadura. Muchos han olvidado que sus comienzos fueron conflictivos. La designación de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno suscitó el rechazo de sectores que lo consideraban excesivamente ligado al Movimiento Nacional por los cargos que había desempeñado. El preferido por otros sectores era José María de Areilza, al que consideraban más liberal. No olvidemos el artículo de Ricardo de la Cierva: ¡Qué error, qué inmenso error¡ (Recomiendo su lectura).

Adolfo Suárez puso en marcha la Transición ajustándose a las previsiones establecidas. Tomó decisiones elementales en una democracia como la legalización de todos los partidos políticos, incluido el comunista. El ejército, que presumía de haber sido el único capaz de derrotar al comunismo, lo consideró como un engaño y una afrenta. La inclusión en la Constitución del reconocimiento de las nacionalidades y la instauración del sistema de Comunidades Autónomas suponía un ataque a la unidad e integridad de la patria. En mi opinión, el factor que generaba más conmoción en el estamento militar provenía de los asesinatos de la banda terrorista ETA que se cebaron con los militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La tensión estalló en el funeral del general Ortín, en el Cuartel General del Ejército, en el que se produjo la agresión al teniente general Gutiérrez Mellado.

Estos tres elementos fueron los que sirvieron de aglutinante para que la mayoría de los mandos del ejército y parte de la sociedad civil propugnasen, sin tapujos (léanse los artículos del colectivo Almendros en el diario El Alcázar) un golpe militar que hiciese descarrilar el proceso democrático y volviese al sistema dictatorial. Se han escrito multitud de libros sobre la Transición y el golpe del 23-F, por lo que no alcanzo a comprender cuál era el propósito del Gobierno para desclasificar documentos que, como se ha comprobado, no aportan datos que no conociésemos. El rey y el Gobierno estaban al corriente de la situación. Antes de que se consumase la inevitable dimisión de Adolfo Suárez buscaron fórmulas para neutralizar el golpismo.  

Es importante seguir la cronología de los acontecimientos. El 22 de octubre de 1980 se celebra en Lérida una comida a la que asisten el general Armada, Enrique Múgica y Joan Raventós. Según todas las informaciones, se aprobó la fórmula del gobierno de concentración nacional, presidido por Armada y con la participación de representantes de varios partidos políticos. Los detalles no se concretaron, pero el encuentro se publicó en los medios de comunicación. Múgica redactó unas notas para informar a su partido; estos documentos han desaparecido. También se desconocen las fases sucesivas que desembocarían en la culminación del proyecto. Como es lógico, el rey estaba al corriente y aceptaba la iniciativa.

Pero los acontecimientos se precipitan inesperadamente ante el reguero de asesinatos que ETA cometió en 1980. El 23 de enero de 1981, un numeroso grupo de militares (entre ellos Ángel Campano, VII región militar Valladolid; Mateo Prada Canillas ,VI región militar Burgos; Francisco Coloma Gallegos, IV región militar Barcelona, y Jaime Milans del Bosch, III región militar), se presentaron en el Palacio de la Zarzuela y pidieron al entonces jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, la presencia del rey y Suárez. Según todos los datos, el rey dejó a Adolfo Suárez a solas con los generales que le conminaron a que dimitiese si no quería enfrentarse a un golpe militar involucionista. La amenaza surtió sus efectos y el 29 de enero de 1981 Suárez anuncia su dimisión. Es evidente que informaría al rey de su decisión y no sabemos cuál fue su respuesta ante la gravedad de la situación.

Los propósitos de los visitantes de La Zarzuela se evidencian en un pasaje del anuncio de la dimisión de Adolfo Suárez que pasará a la historia: “no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España". El rey debió pensar que el peligro había pasado y que la solución era el gobierno de concentración presidido por Armada. No obstante, las previsiones constitucionales se pusieron en marcha. UCD designó a Leopoldo Calvo Sotelo y el rey, cumpliendo con el artículo 99 de la Constitución lo propuso al Congreso, que fijó el 23 de febrero de 1981 para la sesión de investidura. Es difícil comprender la pasividad del rey y de los servicios de inteligencia para sondear la posición de los conjurados sobre el proceso constitucional.

Resulta difícil admitir que el golpe militar del 23-F pilló por sorpresa a los responsables de la seguridad del Estado. Un dato cierto, una sección de la División Acorazada, con sede en Campamento, desde las cinco de la tarde estaba municionada y esperando la orden de salir a la calle. El asalto al Congreso por Tejero y sus guardias civiles se produjo a las 18:23 y a partir de este momento la primera parte está televisada y la vorágine de llamadas entre los que estaban al tanto de la operación fueron interceptadas, aunque la mayor parte de su contenido ha sido destruido. Lo cierto es que el rey y su entorno deciden abandonar la opción Armada y toda su actividad se centró en impedir que se presentase en el Congreso para ofrecerse como una salida ante la gravedad de la situación. Lo hizo a título personal, provocando la ira de Tejero al conocer el nombre de los políticos que proponía como ministros.

Todo lo acontecido desde ese momento es de sobra conocido y creo que ya está suficientemente analizado. La medición del tiempo es inexorable. La comparecencia del rey en televisión se produjo a la 1:14 h, casi siete horas después de la entrada a tiros en el Congreso. Termino con unas consideraciones sobre un tema que ha permanecido ajeno a un análisis en profundidad. No había trama civil, salvo que se considere como tal a García Carrés, algunos más del sindicalismo vertical y algunos voluntarios sin organización previa. Un dato, Blas Piñar se encontraba entre los diputados secuestrados; pertenencia al Grupo mixto del que también formaba parte Javier Moscoso. Durante las largas horas no hacía más que bajar a su escaño para preguntarle si sabía algo sobre lo que estaba sucediendo.

Ni la cúpula financiera (los siete bancos) ni los sectores industriales ni otras grandes corporaciones participaban o alentaban el golpe. Una dictadura a la griega nos expulsaría del Consejo de Europa y cercenaría la entrada en la Comunidad Económica Europea, aspiración vital para nuestro desarrollo. Un último dato que nos proporciona Alberto Oliart, ministro de Defensa con el Gobierno de Calvo Sotelo. Reunió a los generales que no se habían unido al golpe para agradecerles su lealtad a la democracia. La respuesta no puede ser más ilustrativa: "No, ministro, lo hicimos porque nos lo ordenó nuestro comandante en Jefe”. De cualquier forma, la Transición había descarrilado. Las elecciones de octubre de 1982, que otorgan una mayoría abrumadora al PSOE, inician una nueva época.

Por supuesto no soy un historiador riguroso apegado a los documentos. Tampoco un analista profundo. Me limito, como he hecho toda mi vida, a atar cabos. A los amables lectores les corresponde sacar sus conclusiones sobre quien salvó la democracia.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero ha salido 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Los documentos secretos del 23-F, que el Gobierno acaba de desclasificar, evidencian el atronador ruido de sables en las Fuerzas Armadas. Antes y después de la intentona golpista. El 25 de febrero de 1982, justo un año después de la asonada y en plena celebración del juicio por la misma, el coronel José Faura remitió una misiva a los servicios secretos –entonces liderados por Emilio Alonso Manglano– en la que advertía de que el ambiente en los cuarteles se estaba "enrareciendo" y que había que hacer algo para "disiparlo". "Las reuniones masivas son siempre malas, porque es la ocasión de los timoratos. Pero, en milicia lo más eficaz es la línea de mando", arrancaba el escrito, que culminaba: "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra".

Aquella misiva recomendaba a "Emilio", probablemente el jefe de los espías del CESID –ahora CNI– Emilio Alonso Manglano, "dos tipos de acciones" para disipar o, "al menos", contener ese "ambiente enrarecido". En primer lugar, se recomendaban "reuniones sucesivas de los distintos niveles de mando" para ir dando una serie de "instrucciones". "Estos mismos criterios, u otros parecidos, serían transmitidos por la cadena de mando hasta llegar a la unidad, compañía o similar, cuidando que nadie pueda manifestarse a favor de los procesados, entre otras cosas porque se prejuzgaría la actitud del tribunal, que es quien tiene que decidir", recomendaba Faura.

En este sentido, ponía sobre la mesa un conjunto de ideas a trasladar en esos encuentros a través de la cadena de mando. Por ejemplo, que había que ser "respetuosos" con la "justicia" y "aceptar su veredicto"; que la actitud de los procesados era "respetable" siempre que se mantuviera "dentro de la ética y el honor militar"; que no había que dejarse embaucar por "sectores sociales" que intentan manipular a las Fuerzas Armadas "con propósitos no confesables"; que todo el mundo les estaba mirando y debían demostrar ser "un ejército serio"; o que la "disciplina" debía ser "norma prioritaria" en esos momentos, "exigiendo de los inferiores un comportamiento digno, evitando las murmuraciones y cortando de raíz los bulos y rumores". En resumen: "Insistirse mucho en el tema de la disciplina, la manipulación y la imagen que estamos proyectando al mundo entero".

Como segunda opción, Faura planteaba una "acción" algo más "delicada". "Se trata de buscar a las personas de más prestigio de cada centro o unidad y reunirlas para que, bien el presidente Calvo Sotelo, bien el ministro, les explique personalmente la actitud del Gobierno, la trascendencia nacional e internacional del proceso y lo que esperan y desean de las Fuerzas Armadas", deslizaba. Proponía hacerlo en un "clima distendido" para que todos pudieran exponer su punto de vista. Y ponía sobre la mesa algunos nombres. "Sería una buena ocasión para que el Gobierno conociera de primera mano lo que piensan en las FAS –Fuerzas Armadas– y que, a su vez, los militares supieran lo que quiere el Gobierno", señalaba.

Y concluía con una advertencia: "Como es natural, tendrían que asistir gente de Marina y Aire. Pero lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra". Ocho meses después de aquella misiva, se desarticuló una nueva conspiración golpista prevista para la víspera de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Entre los detenidos, el coronel Jesús Crespo Cuspinera, su hermano José Enrique –entonces teniente coronel– y el coronel Luis Muñoz.

Del ruido de sables también advirtió en su momento la Brigada Provincial de Información de Valladolid de la Policía Nacional. En una nota informativa posterior al 23-F se advertía de la formación de tres corrientes pro-golpistas que "ante el objetivo común" que se proponían podrían en un momento dado "buscar la unión". Por un lado, mencionaba a Los Inestrillos, con la sociedad militar La Hípica como lugar de reunión: "Su comportamiento es ostensible y sin recato. Son partidarios de la acción dura y violenta". Por otro, la Corriente Almendros, integrada por "la facción intelectual del Ejército". Y en último lugar, la Corriente Opus-Dei.

La nota, tras esto, hacía una valoración de riesgos en la provincia. Decía que en Valladolid, al menos a "nivel organizativo" dichas tendencias no estaban "claramente diferenciadas". Ahora bien, sostenía, "con escaso margen de error", que al menos media decena de militares pretendían "llegar rápidamente a un cambio de signo fascista", otros siete buscaban un "golpe de Coroneles" y otros cuatro pretendían, con presiones a las altas instancias del Estado y a los partidos, un "Gobierno de Gestión" integrado por "militares y tecnócratas".

Los documentos desclasificados también muestran la repercusión que el intento del golpe de Estado del 23-F tuvo en la Policía Nacional. Y ponen de relieve el desprecio de los militares hacia el citado cuerpo. Así consta, por ejemplo, en un informe de situación "reservado-confidencial" con fecha 12 de noviembre de 1981. Aquel documento señalaba, en primer lugar, que era "evidente" el "renacimiento del clima" que había motivado la asonada protagonizada por Tejero. Y resaltaba que la "situación profesional" de aquellos que mantuvieron en su momento una posición democrática empezaba a ser "insostenible": "No solamente las campañas de prensa en órganos de la ultraderecha, sino los comentarios en Salas de Banderas, clubs o centros de reunión y en los centros donde se celebran cursos".

En este sentido, el informe del Ministerio del Interior relataba que a los miembros del Ejército destinados en la Policía Nacional se les estaba haciendo "el vacío", se les estaba reprochando la actuación de estas Fuerzas en el 23-F o la Transición o se les estaba acusando de "pertenecer o simpatizar" con la Unión Militar Democrática. "Un detalle revelador de esta disociación lo refleja el hecho de que la última celebración de la festividad de la Policía solamente asistiera por el Ejército de Tierra un General de Intendencia", apunta. Una situación que contrastaba, continuaba, con "los constantes halagos" hacia la Guardia Civil que se realizan en los cuarteles, "con asistencia masiva a sus actos".

"Todas estas circunstancias hacen que la situación sea difícil y creemos conveniente una profunda meditación sobre el tema, porque puede conducir a una desmoralización de este personal que se siente acosado y con complejo de culpabilidad por haber actuado en los días 23-F y 24-F con absoluta lealtad al rey, a la Constitución y, en definitiva, al pueblo español. Quizá la finalidad última de esta campaña sea la de minar la moral del Cuerpo de Policía Nacional, que en un análisis ponderado de lo acaecido fue el dique que se opuso con mayor efectividad al logro de los designios de los golpistas", concluye.

Cuando un 84% de los ciudadanos de un país se declara “muy preocupado” por los conflictos armados en el entorno europeo —la cifra más alta de toda la Unión—, lo lógico sería esperar que ese mismo país reclamara inversión en defensa, blindaje militar, presupuestos para seguridad. Pero España, una vez más, desafía la lógica convencional. Mientras lidera el ranking del miedo a la guerra junto a Italia, relega la defensa al vagón de cola de sus prioridades políticas: solo un 15% de los españoles considera que el Parlamento Europeo debería centrarse en este asunto, frente al 34% de la media comunitaria. ¿Contradicción? No exactamente. Más bien, una forma distinta de entender la protección en tiempos turbulentos.

El Eurobarómetro del Parlamento Europeo de otoño de 2025 recién publicado, dibuja el retrato de una ciudadanía europea atrapada en lo que ya se denomina con naturalidad "policrisis": tensiones geopolíticas, cambio climático acelerado, desinformación galopante y una sensación generalizada de que el mundo se ha vuelto un lugar más hostil. Pero dentro de ese retrato colectivo, España emerge con rasgos propios, casi únicos. Es el país que más teme la información falsa (85%, frente al 69% europeo), que más se alarma ante las amenazas a la libertad de expresión (85% versus 67%), que más desconfía del entorno digital. Y, sin embargo, cuando llega el momento de establecer prioridades, lo que reclama no son batallones ni escudos antimisiles, sino médicos y empleo.

La explicación de esta aparente paradoja atraviesa el documento de cabo a rabo: los españoles no entienden la seguridad como una cuestión exclusivamente militar, sino como un concepto más amplio que incluye —y prioriza— el bienestar cotidiano. Para el ciudadano medio español, la mayor amenaza a su estabilidad no es una invasión física, sino el deterioro de la sanidad pública o la precariedad laboral. Por eso, aunque el 84% se declara muy preocupado por las guerras cercanas y el 80% por el terrorismo, el 56% exige que el Parlamento Europeo se centre en la salud pública como asunto prioritario (y no en los dos anteriores). Solo Portugal, con un 68%, supera esa cifra. En el conjunto de la UE, la salud ocupa un discreto cuarto lugar, con apenas un 32%.

Esta jerarquía de miedos y prioridades no es estática. Entre mayo y noviembre de 2025, el interés de los españoles por que el Parlamento Europeo priorice la defensa y seguridad cayó siete puntos (del 22% al 15%). En ese mismo periodo, la preocupación por la sanidad pública creció trece puntos (del 43% al 56%) y la referida a economía y empleo subió doce (del 38% al 50%). Es decir: cuanto más hostil se percibe el mundo exterior, más se refugia el ciudadano español en la reclamación de servicios públicos sólidos y empleo estable.

Pero esta aparente contradicción esconde algo más profundo: una confianza inusualmente alta en la Unión Europea como escudo protector. El 79% de los españoles —frente al 66% de la media comunitaria— desea que la UE juegue un papel más importante en la protección frente a crisis mundiales. Solo Chipre (90%), Luxemburgo (83%) y Malta (81%) —tres países minúsculos— superan esa cifra. Y un apabullante 93% de los españoles considera que los Estados miembros deben estar más unidos para afrontar los retos globales, cuatro puntos por encima de la media europea (89%).

La interpretación es clara: los españoles delegan la seguridad en la arquitectura colectiva de la Unión, no en el músculo militar de cada Estado. Prefieren una Europa cohesionada, solidaria y fuerte institucionalmente antes que una carrera armamentística fragmentada. Cuando se les pregunta en qué áreas debe centrarse la UE para ser más fuerte globalmente, los españoles optan por "Educación e investigación" (43%) como primera opción, relegando la defensa a un modesto 27%, trece puntos por debajo de la media europea (40%).

Este europeísmo pragmático no es nuevo, pero sí se ha intensificado. El 72% de los españoles considera que formar parte de la UE es "algo bueno", superando el 62% de la media europea y creciendo tres puntos desde la primavera de 2024. Y aunque la imagen general de la Unión ha sufrido un ligero retroceso —del 52% al 49% de valoración positiva entre mayo y noviembre de 2025—, en España se mantiene en ese 49%, igualando la media comunitaria. Más significativo aún: el 59% de los españoles afirma que se sentiría "más preocupado" si España no fuera miembro de la UE para afrontar retos globales, frente al 55% de la media europea.

Porque si algo caracteriza a España en este barómetro es la intensidad de su ansiedad. El informe señala explícitamente a Italia, España, Chipre, Portugal, Polonia y Malta como los países con los porcentajes más altos de ciudadanos "muy preocupados" en casi todos los tipos de amenazas analizadas. Y los datos son elocuentes.

Además del ya mencionado 84% de preocupación por conflictos armados y el 80% por terrorismo, España registra un 79% de inquietud extrema ante catástrofes naturales y cambio climático, trece puntos por encima de la media europea (66%). Solo Portugal (91%), Grecia e Italia (ambos con 83%) muestran niveles superiores. En ciberataques, el 75% de los españoles está muy preocupado, frente al 66% de la UE. Y en cuanto a dependencias estratégicas, la inquietud española vuelve a destacar: 75% versus 62% en dependencia energética, y 71% versus 59% en dependencia militar de terceros países.

Pero si hay un campo donde España no solo lidera el ranking europeo de la ansiedad, sino que lo hace con distancia, es en la desconfianza hacia el ecosistema informativo. El 85% de los españoles se declara "muy preocupado" por la información falsa o engañosa, la cifra más alta de toda la Unión Europea, dieciséis puntos por encima de la media comunitaria (69%). 

Ni siquiera Chipre (82%) o Italia (80%), países que comparten con España muchos de los temores registrados en el barómetro, alcanzan ese nivel de alarma. En el extremo opuesto, apenas el 45% de los checos manifiesta esa inquietud. Pero lo relevante no es solo el dato aislado, sino que la desconfianza informativa en España es sistémica: el país también lidera la preocupación por las amenazas a la libertad de expresión (85%, frente al 67% europeo) y comparte con Chipre el primer puesto la alerta por la protección de datos personales en internet (82%, frente al 68% de la UE). 

Mientras que Italia supera a España en temores relacionados con la seguridad física —terrorismo (83% versus 80%)—, es en la dimensión digital y de integridad de la información donde la sociedad española se revela como la más vulnerable y alarmada de toda Europa. Para los españoles, la desinformación no es un riesgo secundario: es la amenaza central a la cohesión social, el espacio público y, en última instancia, a la propia democracia.

Esta desconfianza hacia el espacio informativo no es un fenómeno aislado, sino que se entrelaza directamente con otra de las grandes fracturas que atraviesan la sociedad española: la polarización. El 73% de los españoles se declara “muy preocupado” por el aumento de la división entre los distintos grupos de la sociedad, diez puntos por encima de la media europea (63%) y solo superado por Italia (76%). Si se suman quienes manifiestan una preocupación moderada, el porcentaje total de españoles inquietos por la fractura social alcanza el 93%, frente al 86% de la UE.

Es significativo que los países mediterráneos —Chipre y Grecia, ambos con un 72%— compartan con España e Italia este sentimiento de fragmentación interna, mientras que en el norte de Europa la alarma es notablemente menor: apenas un 44% en Dinamarca, un 46% en Lituania y un 47% en Estonia.

Los datos sugieren que la ciudadanía española establece una conexión causal entre ambos fenómenos: el entorno digital degradado —alimentado por bulos, discursos de odio y manipulación algorítmica— estaría actuando como combustible de la división social.

No es casual que España lidere simultáneamente la preocupación por la desinformación (85%), las amenazas a la libertad de expresión (85%) y la polarización (73%). Son tres caras de una misma crisis: la percepción de que el espacio público compartido se ha roto, y de que esa ruptura tiene origen, en buena medida, en la contaminación informativa que erosiona la posibilidad misma del diálogo democrático.

Sin embargo, esta sensación de vulnerabilidad convive con una curiosa resiliencia personal. El 81% de los españoles se declara optimista sobre su futuro personal y familiar, cinco puntos por encima de la media europea (76%). Pero esa confianza se desploma cuando la mirada se aleja del ámbito privado: solo el 50% es optimista sobre el futuro de España, siete puntos por debajo de la media de la UE (57%). Y respecto al futuro del mundo, la cifra española (44%) se alinea con el pesimismo generalizado en Europa.

Es la brecha entre el “yo” y el “nosotros”, entre la capacidad de agencia individual y la impotencia ante las dinámicas globales. Los europeos —y los españoles en particular— se sienten capaces de construir una vida digna para los suyos, pero desconfían de que el sistema global vaya a acompañarlos en ese empeño. De ahí que el optimismo sobre el futuro de la Unión Europea haya caído del 66% en mayo de 2025 al 57% en noviembre. En España, ese optimismo se sitúa en el 56%, prácticamente en línea con la media comunitaria, pero lejos del entusiasmo estructural que el país suele mostrar hacia el proyecto europeo.

Así pues, la singularidad española no reside en una negación del peligro —los datos demuestran que es uno de los países más alarmados de la Unión—, sino en cómo entiende la respuesta a ese peligro. Mientras los países del norte y del este de Europa (Países Bajos 58%, Dinamarca 57%, Finlandia 56%) sitúan la defensa como prioridad absoluta, España apuesta por un modelo de protección distinto: sanidad universal, empleo de calidad, educación robusta, investigación competitiva. 

No es que los españoles no quieran sentirse seguros. Es que interpretan la seguridad como la capacidad de vivir sin miedo a perder el acceso a un médico, a un trabajo o a una pensión digna. Y confían en que sea la Unión Europea, actuando de forma cohesionada, quien garantice ese blindaje social, mientras gestiona de manera colectiva las amenazas militares externas.

En un mundo que perciben cada vez más peligroso y desinformado, los españoles se aferran con más fuerza a la Unión Europea. Pero no le piden arsenales. Le piden que no olvide que la seguridad también se mide en camas de hospital, contratos indefinidos y salarios dignos. 

El reciente fallecimiento de Fernando Reinlein García, teniente coronel de Infantería, condenado y expulsado del Ejército por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD) y Presidente del Foro Milicia y Democracia, me suscita una siempre inacabada reflexión sobre las debilidades de la Transición. Vaya por delante que es posible admitir que se hizo lo que se pudo, pero no por ello se puede alardear de que fue una obra maestra de la arquitectura política. Las grietas que demuestran que el edificio carecía de sólidos pilares se agrandan si uno se detiene a recordar el comportamiento que las instituciones y los gobiernos, nacidos de una Ley Fundamental del régimen dictatorial (Ley para la Reforma política, 4 de enero de 1977) y que se legitiman por unas elecciones democráticas (Junio de 1977), actuó de forma vergonzante, incoherente e inconstitucional al negar a los componentes de la UMD el restablecimiento íntegro de su condición militar y el reconocimiento de su lucha por restablecer una democracia que había sido aniquilada durante cuarenta años por un régimen cruel y represivo hasta los últimos instantes que precedieron a la muerte del dictador.

No existen precedentes, en la historia política moderna, de situaciones en las que una dictadura da paso a una democracia, por uno u otro procedimiento, en las que se pueda constatar que los demócratas amnistían (Ley de Amnistía de 1977) a los demócratas y de paso a personas como los miembros de la Brigada Político-Social que habían cometido delitos de tortura. Se incluye también a los miembros de ETA por los asesinatos cometidos antes del 15 de diciembre de 1966. Se amnistían también las condenas por hechos en los que, además de su intencionalidad política, se aprecie un móvil de restablecimiento de las libertades públicas. Ni una mención a los militares de la UMD, que en ningún momento propugnaron la comisión de delitos de rebelión o sedición (también amnistiados) sino la instauración de un sistema democrático nacido de la voluntad popular.

No sólo fueron ilegalmente discriminados, sino que sufrieron agravios innecesarios que se plasmaron y oficializaron en el Real Decreto Ley de Amnistía de 1976. Su alambicado texto trata de envolver —con un ropaje literario— una ignominia que es difícil de digerir por cualquier persona que respete los valores democráticos. Su contenido perseguirá a su redactores y cómplices hasta que se produzca un reconocimiento pleno de una claudicación que, en mi opinión, deslegitima la Transición.

El texto del Real Decreto, a pesar de los circunloquios, no puede ser más expresivo de lo anteriormente expuesto. Reproduzco los motivos que alega el legislador para dejar fuera del Ejército a los militares condenados de la UMD: “De otra parte, el complejo contenido de las leyes penales militares y la amplitud y variedad de los supuestos a que han sido aplicadas obligan a dictar normas que, sin menoscabo del espíritu de este Real Decreto-ley, armonicen el olvido y la total abolición del delito en que la amnistía consiste, con las facultades inherentes al Poder público que ha de velar, en todo momento, por la mejor organización y moral militar de las instituciones armadas”.

De forma mucho más explícita dispone que: los militares a quienes sea aplicada la amnistía no serán por ello reintegrados en sus empleos ni carreras, de las que seguirán definitivamente separados, cuando hayan sido condenados a penas que produzcan la pérdida de empleo, separación del servicio o pérdida de plaza o clase.

En otras palabras, reintegrar a las Fuerzas Armadas con plenitud de derechos, a unos militares que pretendían que España se incorporara a la comunidad democrática, se consideró como una decisión que afectaba a la moral militar de las instituciones armadas. ¿De qué moral estamos hablando? Para encontrar una guía que nos lleve a la mente del legislador, tenemos que retroceder a los Principios del Movimiento Nacional que consideraban que los Ejércitos son la expresión de las virtudes heroicas de nuestro pueblo, y como decía la Ley Orgánica del Estado, les corresponde la defensa del orden institucional. En el discurso de la Corona, Juan Carlos I dijo que las Fuerzas Armadas deben ser ejemplo de patriotismo y disciplina.

Las Reales Ordenanzas (2009) que constituyen el código de conducta de los militares definen los principios éticos y las reglas de comportamiento de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Deben servir de norma a todos los militares para fomentar y exigir el exacto cumplimiento del deber, inspirado en el amor a España y en el honor, disciplina y valor. No creo que haya una actitud más representativa de la asunción de valores éticos y democráticos que procurar, desde su condición de ciudadanos militares, que sus compatriotas pudieran alcanzar las libertades y derechos propios de una sociedad libre y democrática.

La indiferencia o el conformismo de la práctica totalidad de los partidos políticos mantuvo, durante mucho tiempo, este agravio. Los condenados tardaron en recibir el reconocimiento de la injusticia que soportaron con una dignidad que reafirma la solidez de su moral y valores. Hubo que esperar a la Ley de Memoria histórica (26 de diciembre de 2007) para que se reconociese que: "Ha llegado la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios”. Entre otros colectivos se incluye a los miembros de la Unión Militar Democrática. Reconocimiento simbólico, pero no efectivo.

Los reconocimientos políticos se hicieron esperar. El 16 de febrero de 2010, la entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, impuso las Cruces al Mérito Militar y Aeronáutico a los condenados y represaliados pertenecientes a la UMD. El Congreso había aprobado una moción de reconocimiento y la ministra resaltó que “este acto era necesario tanto para quienes hoy reciben un homenaje más que merecido, como para la sociedad en su conjunto. Recompensar su valor es un acto de justicia, una reparación necesaria, que confirma la dignidad que nunca perdieron, y engrandece a la sociedad española”.

Algunos sostienen, como un mantra, que el Ejército ha realizado la Transición. Se ha modernizado y participa, con otros países, en misiones en el extranjero bajo el paraguas de la ONU y la OTAN. Me parece positivo, pero se observan actitudes que ponen en cuestión la deseable democratización. En el acto de imposición de las condecoraciones estuvo presente el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, asistió el Almirante jefe de la Armada, pero el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, General Fulgencio Coll, se negó a asistir. Posteriormente, ya en la Reserva, se presentó, junto con otros generales, como candidato a las elecciones por el partido político Vox. Sobran comentarios. Los escandalosos y demenciales mensajes en las redes sociales de un general retirado que proponía, como solución a nuestros males, fusilar a veintiséis millones de españoles, se pueden achacar a una mente disparatada, pero el espíritu del mensaje tiene un gran calado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas.

Los principales protagonistas de la UMD que han creado el Foro Milicia y Democracia —cuyas reflexiones se publican en infoLibre— reciben continuas muestras de rechazo y desaires por parte de instituciones militares. Se ha intentado excluirlos de los actos conmemorativos de sus promociones o incluso dificultar, con pretextos banales, el uso de las residencias militares. El Foro se ha creado para asumir la defensa de la democracia, de las libertades y de los derechos humanos como sistema de valores esenciales para la sociedad española velando por que se integren y mantengan dentro de las Fuerzas Armadas, en calidad de reglas morales institucionales. Se ha intentado participar en charlas y conferencias en instituciones militares, pero el Ministerio de Defensa lo ha denegado.

Fernando Reinlein, junto con otros, ha luchado hasta su muerte para conseguir estos objetivos. Ni el Ministerio de Defensa ni ninguna otra institución ha enviado sus condolencias ni a su familia ni al Foro (que sepamos). En realidad, Fernando no lo necesita; nadie podrá arrebatarle su honor y la dignidad con la que ha llevado su injusta condena y postergación profesional. Su amor al Ejército y sus valores democráticos permanecerán como ejemplo para generaciones futuras. Ojalá algún día se estudien en las Academias Militares.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Sus últimos libros son 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces'. En febrero saldrá 'Visto para sentencia' , de Siglo XXI.

Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia están enviando militares a Groenlandia para reforzar su defensa y ayudar a Dinamarca ante las presiones asfixiantes de la Administración Trump para hacerse con ese territorio. Noruega o Reino Unido, fuera de la UE, también están participando. El presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que España se sumaría, pero el Gobierno ahora parece dudar y la presencia de soldados españoles, su cuantía y tipo todavía no está confirmada. Bélgica no enviará por el momento a sus tropas. Desde su ministerio de Defensa se justifican asegurando que “no hemos recibido una demanda de la OTAN, de la UE o bilateral” al respecto.

En un tiempo de rearme en todos los países de la Unión Europea, con incrementos sustanciales y anuales en las inversiones presupuestarias para esta partida, las dudas mostradas entre los Estados miembros sobre su involucración militar contrastan con la firmeza que muestra Donald Trump para hacerse con Groenlandia. “Si no vamos a por ella, lo harán Rusia y China” ha manifestado esta semana el presidente estadounidense después de la reunión entre miembros de su Administración y los ministros de Exteriores de Dinamarca y la isla. Y desnudan a la UE por su falta de un ejército común como elemento de disuasión.

“No hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China quieren ocupar Groenlandia. Pero sí hay algo que podemos hacer nosotros, ya lo descubrimos en Venezuela”, amenazó Trump, quien considera que no se “puede fiar de Dinamarca para ser capaz de defenderse por sí misma”.

En los últimos dos años, Copenhague ha aumentado en cerca de 15.000 millones de euros su contribución a la seguridad del Ártico e incrementará el despliegue de cazas de combate, barcos de guerra y tropas en su territorio autónomo. No parece suficiente ante las amenazas crecientes de Washington, de ahí que varios países europeos se hayan comprometido con sus propios militares en misiones conjuntas.

Lentamente, el proyecto aparcado durante años se abre paso, aunque la descoordinación y los intereses políticos, industriales y geoestratégicos de cada Estado lo frenan. El Ejército Europeo es una posibilidad surgida en 2007 de la PESCO, la Cooperación Estructurada Permanente que permite a los Estados de la Unión el desarrollo conjunto de sus capacidades de defensa y participar con sus unidades de combate en misiones militares planificadas.

Hace una década, la canciller Angela Merkel y el entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, ya hablaron de una fuerza militar conjunta. Ahora, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, retoma esta propuesta y la concreta en 100.000 soldados como base de ese futuro ejército comunitario.

Kubilius es el primer comisario en la historia dedicado al ámbito de la Defensa, una decisión adoptada por la presidenta Ursula von der Leyen el año pasado y vista como disruptiva a la vez que necesaria ante el escenario internacional, en el que la UE cada vez estaba más implicada militarmente en Ucrania. Los 27 han entregado 63.000 millones de euros desde febrero de 2022 hasta septiembre de 2025 a Kiev en ayuda militar y se preparan para ofrecer otros 60.000 millones este año y el siguiente, se han involucrado en misiones de entrenamiento de las fuerzas armadas ucranianas en sus respectivos territorios y ahora deben desplegarse en el territorio autónomo de un Estado miembro ante la coacción de su supuesto gran aliado y garante de su seguridad colectiva.

El comisario europeo de Defensa se pregunta “si los Estados Unidos serían más fuertes si tuviesen 50 ejércitos a nivel estatal en vez de un sólo ejército federal”. Su respuesta es que no y, por lo tanto, concluye con un elocuente “a qué estamos esperando” para crear unas fuerzas armadas de la UE.

La Unión cuenta ya con una Fuerza de Despliegue Rápido para responder a crisis y amenazas externas con 5.000 soldados fuera de sus fronteras. Está formada por batallones de combate rotatorios con tropa aérea, naval y terrestre de los Estados miembros, capaces de realizar una variedad de misiones, desde la estabilización y la interposición de la paz en territorios en conflicto hasta la evacuación, el rescate o la asistencia humanitaria. Cuenta con un mando conjunto y los 27 gobiernos deben autorizar su despliegue.

Esta Fuerza de Despliegue (o Rapid Deployment Capacity) es, según Guntram Wolff, exdirector del think tank bruselense Bruegel y del German Council of Foreing Relations, “un instrumento militar apropiado a su disposición” y el envío a Groenlandia sería “un signo de madurez estratégica y de la unidad europea”. La base para un ejército de la Unión, aunque según estudios de la Comisión, la capacidad defensiva común iría más allá y depende de tres pilares: más inversión en capacidad productiva, instituciones preparadas, y la voluntad política para la disuasión y la guerra, si fuese necesaria.

Aunque la decisión de que los países de la OTAN alcanzasen el 2% de su PIB en gasto militar fue adoptada en 2014, no estaban cumpliendo y según los datos de la propia Alianza en 2022 sólo siete de los entonces 30 miembros llegaban al porcentaje. Eran Estados Unidos, las tres repúblicas bálticas, Polonia, Grecia y el Reino Unido. La invasión de Ucrania cambió los tiempos y la mentalidad de los Gobiernos. Dos años después, 24 países ya habían alcanzado ese 2% y la Cumbre de la OTAN en La Haya elevó sustancialmente el objetivo al 5%, sólo cuestionado y no firmado por España, que sí supera el 2%.

Mark Rutte, secretario general de la Alianza, Kaja Kallas, Alta Representante Exterior, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión, y por encima de todos Donald Trump exigen más gasto militar. El estadounidense, para retirar efectivos del continente europeo y reposicionarlos en el hemisferio occidental, donde ahora está recuperando la doctrina Monroe, o en Asia; Rutte, como subordinado de Washington desde su cargo; y la estonia y la alemana, alertando continuamente sobre el peligro del expansionismo ruso para la UE.

Cuando la Eurocámara debatió el Libro Blanco de la Defensa presentado por la Comisión como base para el programa de 650.000 millones en gasto militar, una mayoría de Los Verdes lo validaron. Reinier van Lanschot, ecologista de Volt, escribió entonces que “la necesidad para inversiones urgentes de defensa es alta” y que “la UE debe mostrar liderazgo y asumir la responsabilidad de su propia libertad y seguridad”. Su compañero de bancada, Villy Sovndal, se mostró favorable a los programas de inversión en defensa y de ayuda a Ucrania con un “es de la mayor importancia que sigamos aplicando presión a Rusia”.

Y fue la anterior coalición de Gobierno alemana entre socialdemócratas y verdes la que aprobó el fondo especial de 100.000 millones de euros con un cambio constitucional que permitiese mayor endeudamiento federal para comprar sistemas avanzados de armas, como cazabombarderos F-35 y baterías antimisiles Patriot, ambos de fabricación estadounidense. El clima político ha virado tanto en el continente que formaciones políticas que antaño hacían del pacifismo su bandera ahora comparten mensajes en pos del rearme y la seguridad y defensa.

Hay fechas para las que uno parece haber nacido predestinado. Tom Cruise intentó sin éxito ganar el Óscar interpretando a un héroe de Vietnam Nacido un 4 de julio, día de la independencia de EEUU. Fernando Reinlein, hijo y miembro de una larga saga militar, nació un 14 de abril. Más que el aries del horóscopo le acabaría marcando el alumbramiento de la Segunda República. Fue un 14 de abril del año pasado, en su ochenta cumpleaños, cuando nos vimos por última vez. Una inmensa bandera tricolor presidía el salón de un restaurante al aire libre en la Casa de Campo. Ochenta invitados, uno por año. En una pantalla se proyectaban imágenes de su etapa como teniente destinado en el Sahara, donde comenzaría a tomar conciencia de que no era todo como le habían contado sus superiores. Yo asistí a la celebración en representación de mi padre, que junto a él y otros oficiales formaron la UMD, la Unión Militar Democrática, la oposición a la dictadura dentro de su propio ejército franquista. Había que echarle valor. Fue un 1 de septiembre del 74 cuando se fundó, al calor de la Revolución de los claveles portuguesa, en la casa de su hermano Guillermo, también militar de carrera.

Fernando era el más joven de los nueve detenidos en la famosa redada de un año después, aún en vida del dictador. Eso de la clandestinidad no lo habían estudiado en las academias militares.

Lo conocí en las navidades del 75, en el patio del acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, que servía de prisión militar previa al consejo de guerra. Los condenarían a varios años de prisión y a la expulsión del ejército. Recuerdo que se pasó la mañana contándonos chistes a mí y a mis hermanos, para entretenernos en las horas muertas de aquel 25 de diciembre en el que por fin pudimos visitar a nuestro padre.

La milicia lo era todo para él, y como casi todos los detenidos, tuvo que buscarse la vida como pudo al salir de prisión. El oficio de periodista le encajaba como un guante, y gracias a sus contactos en varias unidades adelantó unas cuantas exclusivas sobre ruidos de sables. La democracia está en deuda con él por doble motivo. Volvimos a coincidir en mis inicios en el oficio, cuando colaboraba con la edición gallega del Diario 16 que él puso en marcha. Fue el primer empujón en mi carrera.

Luego nos seguimos viendo, ya mucho tiempo después, en algunos congresos sobre información militar o compartiendo un wisky en una sobremesa madrileña. En esa época se había dejado coleta y tonteaba con Podemos. Una vez incluso tomó la palabra en una asamblea en la Puerta del Sol. Rojos y demócratas, así eran los de la UMD. Un par de años más tarde le pregunté qué tal en las asambleas. Pidió un whisky solo y sin hielo, dio una calada a un cigarro, y me soltó: “Muy bien con los de Podemos, pero qué quieres que te diga... Yo soy militar y el asalto a la cota 65 no la someto a votación de ninguna asamblea. Hasta ahí podíamos llegar”.

Fernando nos ha dejado hace unas horas y mientras escribo apuradas estas líneas y al mismo tiempo sigo en el monitor la última hora sobre Groenlandia para el programa de La Noche, no puedo evitar recordar un libro suyo, Capitanes rebeldes, imprescindible para entender nuestro ejército. La dedicatoria refleja perfectamente cómo era Fernando Reinlein. “Capitán aunque sea de bandidos, ayudante ni de Dios”.

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Xabier Fortes es periodista, director y presentador de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.

El periodista y militar Fernando Reinlein García-Miranda, presidente del Foro Milicia y Democracia, ha fallecido en Madrid a la edad de 80 años. Teniente coronel de Infantería retirado, está en la historia reciente de España como uno de los nueve oficiales que en 1975 fueron condenados a prisión y expulsados del Ejército por su actividad clandestina en favor de la democracia. Excluidos de la amnistía de 1977, no fueron formalmente readmitidos en las FFAA hasta 1987. Este viernes, a partir de las 11h, el cuerpo de Fernando Reinlein será velado en el Tanatorio de la M-30 de Madrid.

La familia Reinlein ha remitido a infoLibre el siguiente comunicado:

“La Unión Militar Democrática (UMD), organización a la que pertenecían los nueve oficiales condenados, se disolvió cuando entró en vigor la Constitución de 1978. Décadas más tarde, algunos de sus miembros crearon el Foro Milicia y Democracia con ánimo de contribuir a la defensa de los valores democráticos, las libertades y los derechos humanos. [Los textos escritos por los integrantes del FMD vienen siendo publicados desde hace años en infoLibre].

Tras su expulsión del ejército, Fernando Reinlein inició una importante carrera como periodista, que le llevó hasta la dirección de Diario 16, a finales de los años 80, tras dirigir algunas de sus secciones y contribuir como director adjunto a la expansión regional del periódico.

Durante medio siglo, Fernando Reinlein ha contribuido a mantener viva la memoria de la UMD, que, pese a sus pequeñas dimensiones, tuvo un papel trascendente en el proceso de construcción de la democracia. En 2010, con Carme Chacón como ministra de Defensa, recibió la Cruz del Mérito Militar y Aeronáutico, junto con otros 14 miembros de la UMD, que tuvieron que esperar 35 años para recibir los honores y el reconocimiento que merecían.

Autor de Capitanes Rebeldes y otros libros imprescindibles sobre la Transición, actualmente colaboraba como columnista en el diario infoLibre y era invitado ocasional en programas de radio y TVE, donde siempre dejaban huella su coraje cívico, su compromiso con los valores democráticos, su energía y su sentido del humor.

La causa del fallecimiento, según informa su familia, ha sido una parada respiratoria que le sobrevino cuando dormía tranquilamente en su casa de Madrid. Padre de cuatro hijos, estaba casado con María Antonia Ballesteros, una de las mujeres que desde fuera del ejército hicieron posible la aventura democrática de la UMD.

Fernando Reinlein Garcia-Miranda nació en Barcelona, el 14 de abril de 1945. Los últimos 30 años repartió su tiempo entre Madrid y Cabo de Gata, en Almería.

Por su parte, la junta directiva del Foro Milicia y Democracia, en nombre de todos los asociados, ha querido expresar en un comunicado "su profunda tristeza al tener conocimiento de este desenlace inesperado y muy dolorosa pérdida", además de dar las condolencias a la familia. La asociación recuerda sus "dos destacadas trayectorias profesionales", la militar, con su pertenencia a la UMD, y la periodística, con unas "crónicas, investigaciones y opinión fundada que eran referentes en la denuncia del golpismo militar que obstaculizó el proceso democrático".

[Desde la Redacción de infoLibre enviamos un cálido abrazo a la familia Reinlein y también a la que forman los y las integrantes del Foro Milicia y Democracia].

El 28 de enero de 2015, un proyectil de artillería israelí impactó contra un puesto de observación de Naciones Unidas en la frontera entre Israel y Líbano. El cabo del Ejército español Francisco Javier Soria Toledo, destinado en la misión UNIFIL, —una fuerza de paz de la ONU que mantiene la estabilidad del territorio— murió en el acto. 

Israel atribuyó el disparo a un error operativo y el Gobierno del PP se apresuró a anunciar que el Ejército israelí asumiría responsabilidades y pagaría indemnizaciones. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destacó la falta de intencionalidad por parte de Israel, y el diputado del PP Vicente Ferrer declaró en la comisión parlamentaria que los artilleros israelíes “son buenos, pero fallan”. Lo que se presentó como un accidente militar con asunción de responsabilidades terminó derivando, sin embargo, en una cadena de decisiones opacas, gestiones discretas y comunicaciones alejadas de los cauces formales.

El caso pasó primero por la jurisdicción militar española, que se inhibió y lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu abrió diligencias previas para investigar la muerte del cabo y, como primer paso, remitió una comisión rogatoria a Israel para un asunto básico: no pedía investigar allí, sino simplemente saber si había alguna investigación abierta sobre los hechos y, de existir, en qué fase se encontraba. Israel ignoró al menos tres comunicaciones de esta solicitud, y envió su respuesta más de un año después de recibir, por fin, el aviso. La Audiencia Nacional, que había tenido el caso paralizado durante todo ese tiempo, terminó archivando la causa en 2017.

La investigación Israel Files, llevada a cabo por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC) y basada en documentos confidenciales y correos publicados en el portal de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoS), revela cómo el Departamento de Guerra Legal de Israel, por medio del despacho de abogados español Cuatrecasas, no solo monitorizó y trató de influir en reformas legislativas en España, sino que, según dichos mails, llegó a recibir de la Fiscalía de la Audiencia Nacional información procesal sobre el caso Soria Toledo antes de que esta fuera comunicada formalmente al propio juez o a la familia del militar fallecido, un hecho que la Fiscalía niega.

El proyectil que derribó la torre de vigilancia en la que se apostaba el cabo Soria Toledo —de 36 años y con su esposa a punto de dar a luz— fue un obús de 155 mm que, según declaró el ministro Morenés, “disparaba al máximo de su alcance”, lo que reduce su puntería. Las tropas israelíes apuntaban a efectivos de Hezbolá situados a solo 500 metros de la base de la ONU, cuyas coordenadas conocían. En sus documentos internos y en su respuesta a la Audiencia Nacional, el Ministerio de Justicia de Israel se refiere al proyectil como “antitanque”, aunque su calibre es más pesado que el que se utiliza contra los vehículos acorazados, y corresponde más al de artillería general, según fuentes militares consultadas por infoLibre. 

El que acabó con la vida del cabo Soria no fue el único proyectil lanzado sobre la posición de las tropas de la ONU. De acuerdo con lo declarado por los militares españoles en un informe reservado del Estado Mayor al que tuvo acceso El País, el bombardeo israelí fue intenso y prolongado y obligó a todos los soldados de la base a refugiarse. De hecho, el cadáver de Soria no pudo ser evacuado por un helicóptero porque los obuses seguían impactando en la base e impedían su aterrizaje. Ninguno de los informes, ni los elaborados por el Ejército español, ni por el israelí, ni por la ONU, fueron facilitados al Congreso por el Gobierno del PP, que alegó que estaban clasificados.

Entre las decenas de proyectiles que las fuerzas israelíes lanzaron sobre la base de Naciones Unidas había también bombas de racimo, según declararon los militares españoles en el informe de Defensa. Este tipo de munición —prohibida por una convención internacional que Israel no ha suscrito— explota en el aire en vez de impactar contra el objetivo y expande sus proyectiles indiscriminadamente, poniendo en riesgo a la población civil. El uso de bombas de racimo en el Líbano por parte de Israel ha vuelto a ser documentado en 2024 por The Guardian.

Seis meses después de la muerte de Soria, en julio de 2015, la justicia militar, que había abierto diligencias previas sobre el caso pero que solo puede juzgar aquellos en los que el acusado sea español, lo remitió a la Audiencia Nacional. El magistrado Fernando Andreu envió una comisión rogatoria internacional a Israel en enero de 2016 para averiguar si allí se había realizado alguna investigación sobre al respecto, paso necesario antes de decidir si España podía seguir instruyendo la causa.

Según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí desvelados en Israel Files, la comisión rogatoria enviada por España en enero no fue debidamente identificada ni tramitada al llegar a Israel. La carta que la acompañaba no fue registrada como recibida hasta el 7 de marzo, pero la solicitud formal ni siquiera constaba adjunta en los archivos israelíes. La carta “con o sin la solicitud” —según los correos— fue remitida a la Administración de Tribunales. El 24 de mayo, España envió un primer recordatorio preguntando por su paradero; la unidad israelí encargada de asistencia judicial contactó con sus tribunales y su policía sin encontrar el documento.

La situación se repitió el 11 de julio, cuando Israel recibió un segundo recordatorio español que esta vez sí incluía la copia íntegra de la rogatoria. Apenas una semana después, el 20 de julio, una unidad de policía judicial israelí escribió a España informando de que “las solicitudes no habían llegado a su destinatario y debían reenviarse”, sin saber que esa misma semana la petición ya había sido recibida a través del recordatorio anterior. 

Un tercer aviso español, fechado el 3 de agosto, volvió a adjuntar la solicitud. En un correo interno del 17 de agosto de 2016, el responsable internacional del ministerio israelí admite que hay “un cierto grado” de que “la mano izquierda no sabe lo que hacía la derecha”, reconoce que durante meses solo tuvieron “cartas de recordatorio que no mencionaban la naturaleza o sensibilidad del asunto” y propone contestar a España para confirmar por fin la recepción y prometer una respuesta.

Sin embargo, los meses siguieron pasando sin que nadie en Israel se diese por aludido. En noviembre, El País informó de que Israel “desoía sistemáticamente” las comisiones rogatorias de la Audiencia Nacional, que ya en octubre había lamentado que venía enviándolas “mensualmente”. 

En enero de 2017, transcurridos ya dos años desde la muerte del cabo, y uno desde el primer envío de la comisión rogatoria, Andreu ordenó a la Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional que realizara “urgentemente” las gestiones necesarias para aclarar en qué punto estaba la solicitud y exigió que se le comunicaran “de forma precisa” los motivos que impedían su trámite. El magistrado subrayaba que había transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que, en octubre, se recordara a Israel su obligación de contestar. 

El País calificó este movimiento de “ultimátum” del juez, y la noticia fue reproducida por medios de comunicación en Israel. El Ministerio de Justicia israelí escribió entonces al despacho Cuatrecasas, enviando un enlace al artículo del diario español y solicitando conseguir una copia del oficio librado por el magistrado Andreu. El despacho español aseguró al ministerio que no solo trataría de localizar dicha copia, sino que “hablaría pronto” con la Fiscalía de la Audiencia Nacional. 

Dos semanas después, el 15 de febrero, el socio de Cuatrecasas encargado de asesorar al ministerio israelí mantuvo una reunión con Rosana Lledó, la fiscal de la Audiencia Nacional que llevaba el caso del cabo Soria Toledo, según consta en la factura generada ese mes por el despacho. Al día siguiente, según los correos internos del Ministerio de Justicia israelí, Cuatrecasas informó a sus clientes de que la fiscal Lledó le había comunicado su intención de pedir el archivo de la causa por falta de jurisdicción y de indicios penales. La Fiscalía —según este relato— explicó que esperaba a que Israel respondiera a la comisión rogatoria para presentar su solicitud al juez, y confirmó —ante las preguntas del ministerio a raíz del artículo— que éste había reprochado la ausencia de contestación. 

Contactada por infoLibre, la fiscal Lledó niega haber tenido ninguna clase de reunión con el despacho Cuatrecasas relacionada con este proceso —aunque añade que “hace muchos años— , y afirma que envió al magistrado la solicitud de archivo de la causa en julio de 2015. Es decir, el mismo mes en que la Audiencia Nacional abrió la investigación, antes siquiera de que se le solicitaran explicaciones a Israel a través de la comisión rogatoria y, por tanto, antes del encuentro al que Cuatrecasas y el Ministerio de Justicia hacen referencia en sus documentos internos, y cuya existencia Lledó niega.

Esta reunión, de haberse producido, no sería una simple gestión administrativa. La causa seguía en diligencias previas e Israel no estaba dentro del procedimiento ni figuraba como parte investigada, lo único que debía hacer era responder a la comisión rogatoria que llevaba casi un año sin atender. Aun así, según la documentación recabada por Israel Files, la fiscal habría comunicado a un bufete privado, que representaba los intereses de un Estado potencialmente concernido, una decisión procesal —su intención de pedir el archivo— antes de trasladarla al propio juez o a la familia del militar fallecido. El ministerio israelí tomó nota de la información y urgió a su equipo a rematar la respuesta esa misma semana, insistiendo en que ya habían prometido a las autoridades españolas enviarla de inmediato.

El 21 de febrero, apenas cinco días después de recibir de Cuatrecasas la advertencia de la fiscal, un borrador casi definitivo de la respuesta israelí empezó a circular internamente. El documento, marcado como confidencial, no cuestionaba los hechos básicos —la muerte del cabo en un ataque de respuesta israelí a Hezbolá—, pero sí situaba el incidente fuera del alcance judicial español. Israel afirmaba que había investigado el caso, que su Fiscalía militar descartó responsabilidades penales y que se habían pagado indemnizaciones “en expresión de su pesar” —Israel pagó 200.000 euros a la viuda del cabo Soria, lo que su familia calificó de “vergonzoso”—. 

Aun así, el borrador subrayaba que Israel no reconocía base alguna para una investigación penal en España y presentaba su respuesta como una decisión voluntaria, adoptada “por respeto” a las autoridades judiciales españolas, a pesar de que ambos países son firmantes del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, que obliga a Israel a dar una contestación o a justificar la negativa en casos muy concretos. 

El borrador reflejaba también el resultado de una discusión que los correos internos habían documentado días antes: si asumir o no en el texto errores operativos. El ejército israelí prefería evitarlo, pese a reconocerlos internamente, mientras que los juristas del ministerio defendían incluir una referencia mínima a que se habían extraído lecciones del incidente. La fórmula finalmente elegida fue la más contenida: la “desafortunada muerte” del cabo se debió al “desvío totalmente involuntario de un proyectil de artillería”. La frase se reprodujo textualmente en el auto de Andreu que archivó la causa al mes siguiente.

Las compañías del sector armamentístico continúan pescando en la cúpula militar en pleno proceso de rearme. La Oficina de Conflictos de Intereses acaba de dar el visto bueno al fichaje de un teniente general del Ejército del Aire y del Espacio para ponerse al servicio de la firma Airbus. El suyo es el enésimo salto al sector privado desde lo más alto de las Fuerzas Armadas. Solo en la última década, según datos recopilados por este diario, alrededor de una veintena de altos cargos militares han recibido luz verde por parte del Gobierno para trabajar con empresas de armamento.

El teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez era hasta el pasado mes de agosto, momento en el que se publicó su cese, quien se encargaba de representar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas, ante el Comité Militar de la OTAN y el Comité Militar de la Unión Europea. Entre sus funciones, velar por los intereses españoles ante dichos órganos. Pero ahora comenzará a hacer carrera en el sector privado de la mano de la compañía aeroespacial.

El grupo, que cubre a través de sus diferentes firmas más de la mitad de las ventas del sector y en el que tienen una importante participación el Estado francés, alemán y español, ha decidido incorporarlo, según explican fuentes de la compañía a infoLibre, al Comité de Seguridad de Airbus España. "No es empleado, es miembro de este comité", completan desde la empresa.

La suya es la segunda autorización concedida en lo que va de año para dar el salto a empresas del sector de la defensa, industria que en 2023 tuvo una facturación consolidada de 13.900 millones de euros. A finales de enero, Fernando Ángel García y García de las Hijas, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, obtuvo luz verde de la Oficina de Conflictos de Intereses para trabajar con Indra, el gigante español de la ingeniería tecnológica para defensa que tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como accionista mayoritario.

Indra y Airbus son dos de las compañías más atractivas para aquellos jefes de las Fuerzas Armadas que deciden dar el salto a la empresa privada. Francisco González-Espresati, antiguo jefe del Mando Aéreo de Combate, también tiene activas en estos momentos, según figura en el Portal de Transparencia, autorizaciones para asesorar a la tecnológica en el "ámbito aeroespacial" y en la "defensa", así como permiso para trabajar con la firma Integración Tecnológica Empresarial (ITE) –la que se hiciera con el mantenimiento de carros del Ejército– o con Telespazio, especializada en tecnologías satelitales. Y a Indra dio el salto también uno de sus predecesores al frente del Mando Aéreo de Combate: Eugenio Ferrer Pérez.

La firma aeronáutica, por su parte, fichó el pasado año a Fernando de la Cruz Caravaca, quien fuera segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que incorporó como responsable de relaciones públicas. La Oficina de Conflicto de Intereses también ha dado permiso para trabajar en Airbus a lo largo de la última década a Juan Antonio Carrasco, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa; a César Simón, jefe del Mando Aéreo de Combate; y a Ignacio Bengoechea, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, al que también fichó la compañía especializada en misiles SMS.

Esta última es una suerte de joint venture de las firmas armamentísticas Sener, Escribano Mechanical & Engineering, GMV e Instalaza. La primera compañía fichó en su día como consultor al que hubiera sido oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas: el exJemad Fernando Alejandre. Y para trabajar con la segunda se concedió permiso a finales de noviembre al exjefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Fernando García-González Valerio. No es, sin embargo, el único vinculado al Ministerio de Defensa que dio el salto a Escribano. Lo mismo hizo en su día quien fuera secretario de Estado de Defensa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Agustín Conde.

El Grupo Oesía también da buena cuenta de esa segunda vida en el sector privado de los responsables militares. Para trabajar con ellos recibió autorización el año pasado el general Miguel Ángel Ballesteros, quien fuera director del Departamento de Seguridad Nacional. Y en años anteriores Eduardo Gil, antiguo segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. O su homólogo en la Armada, José Luis Urcelay. Especializado en ingeniería electrónica para los sectores de la defensa y la seguridad, este grupo cuenta entre sus marcas con Tecnobit, para cuyo asesoramiento fue autorizado en 2015 Fernando Sacristán, quien fuera jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

Urcelay también recibió en su día luz verde para desarrollar servicios de consultoría y asesoramiento en Everis, compañía de la que fue presidente el exministro de Defensa Eduardo Serra y a la que también dio el salto como asesor estratégico José Carrasco Gabaldón, que ocupó el cargo de jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra. Y fichó por Maxam, del que llegó a presidir su división de defensa –Expal–, que acabaría siendo adquirida por la alemana Rheinmetall.

No es, sin embargo, la única firma española del sector que ha terminado en manos extranjeras. Lo mismo ocurrió con Santa Bárbara Sistemas, vendida a la estadounidense General Dynamics y que fichó de director de estrategia a Miguel Comas, quien fuera jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Un mercado de la defensa en el que, cada vez más, juegan un papel clave las firmas tecnológicas. Es el caso de TRC, focalizada en ciberseguridad, a la que ha asesorado Rafael Comas, antiguo jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. O de Hisdesat, empresa operadora de satélites por la que ha mostrado un interés especial en los últimos meses Indra y para la que pidió autorización el exjefe del Mando de Personal del Ejército del Aire Pablo Castillo.

Y luego están las consultoras tecnológicas especializadas en defensa y seguridad. La Oficina de Conflictos de Intereses autorizó en plena pandemia a Salvador Delgado, jefe de Apoyo Logístico de la Armada, trabajar para Argos. Y unos meses después, a Juan Montenegro, quien fuera representante ante el Comité Militar de la OTAN, para fichar por Inetum.

El 9 de marzo de 2001, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, anunciaba el final de la mili, el servicio militar obligatorio con dos siglos de vida en España. Aznar adelantaba a ese año su conclusión, prevista para 2002, mientras las Fuerzas Armadas experimentaban una profunda transformación pasando del sistema de reclutas temporales al soldado profesional, lo que requería convocatorias anuales de contratación.

España imitaba el modelo aplicado por la mayoría de países occidentales desde el final de la Guerra Fría, cuando los ejércitos empezaron a reducir considerablemente su tamaño en pos de una mayor eficiencia y profesionalización, y también de un enorme ahorro de costes. Antes que España, Bélgica había terminado con su mili en 1994, Francia en 1996, Italia lo hizo en 2005 y Alemania acabó con el servicio militar obligatorio en 2011.

La desmilitarización de la sociedad fue sostenida hasta que la invasión de Ucrania por parte de Rusia detonó un movimiento sísmico en la política europea, un punto de inflexión que en Alemania llaman zeitenwende. En 1990, la República Federal germana contaba con unos 200 batallones de combate y 500.000 integrantes en sus fuerzas armadas, mientras que la Alemania unificada sólo tenía 30 batallones en 2023. Este año sus fuerzas armadas superarán de nuevo los 200.000 soldados. La fotografía del continente está cambiando, las botas militares pisan de nuevo con fuerza.

Durante las pasadas décadas de desmilitarización en el viejo continente, varias aldeas galas no bajaron la persiana de sus servicios de conscripción. Con la excepción de Grecia o Chipre, ejemplos singulares por su rivalidad perenne frente a Turquía, la mili seguía funcionando en las orillas del mar Báltico. Dinamarca, Estonia o Finlandia nunca llegaron a derogarla y ahora sus vecinos de Suecia, Letonia o Lituania les imitan.

“Si Europa quiere evitar la guerra, debe estar lista para la guerra”, exhortó hace unas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los cadetes de la academia militar de Copenhague, haciendo suyo el dicho latino si vis pacem, para bellum. Y así parecen hacerlo la mayoría de Estados miembros de la UE en una carrera belicista más propia de los imperios del siglo XIX y no tanto de pensadores sansimonistas como Prosper Enfantin, que ya entonces preferían el si vis pacem, para pacem.

Lituania fue el primer país de la UE en reintroducir el servicio militar, en 2015, temerosa de la amenaza rusa después de la ocupación de la península de Crimea. El sistema era aleatorio entre los jóvenes que habían adquirido la mayoría de edad y se basaba en un sorteo informático. En 2024, el Parlamento lituano aprobó finalmente una mili obligatoria para todos los ciudadanos de 18 a 22 años.

Al norte, Letonia hizo lo propio a principios de 2023, con un sistema de reclutamiento temporal de once meses para todos los hombres entre 18 y 27 años y voluntario para las mujeres.

Uno de los últimos países de la UE en adherirse a esta corriente de remilitarización es Polonia, cuyo primer ministro, Donald Tusk, viene de anunciar “preparativos en marcha para ofrecer a cada adulto de Polonia un entrenamiento militar a gran escala y permitir a esa gente que se conviertan en soldados de pleno derecho en situaciones de conflicto”. A finales de este 2025 el Gobierno de ese país tendrá listo un nuevo sistema con el que crear “una fuerza de reserva”. Entre los motivos expuestos para recuperar la mili, abandonada hace sólo quince años, Tusk mencionó la amenaza de Rusia, la guerra en Ucrania, pero también que “las fuertes garantías de seguridad” de los Estados Unidos para con el país son, sin mencionar a la Administración Trump, menos probables.

En Italia, la Lega de Matteo Salvini ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley para reintroducir un servicio militar o civil entre las personas de 18 a 26 años durante seis meses, como una especie de servicio comunitario a desarrollar en sus propias regiones. Sin embargo, el titular de Defensa del país, miembro de Fratelli d'Italia, el partido de la primera ministra, Giorgia Meloni, es reticente. Mientras, en la vecina Austria funciona el servicio militar obligatorio de ocho meses.

Como cualquier debate en la UE, el de la recuperación de la mili estará influenciando por lo que haga la primera potencia comunitaria. El nuevo Gobierno de coalición alemán debe concretar un plan ya diseñado para reintroducirla, no de forma obligatoria, sino mediante un servicio de formación básico y voluntario a partir de los 18 años, para hombres y mujeres, durante seis meses ampliables a un total de diecisiete, idea del anterior ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, quien tiene todas las papeletas para seguir en el cargo.

Alemania aplicaría el modelo sueco con un cuestionario de obligada respuesta a las personas en esa franja de edad sobre sus capacidades físicas y estado de salud o la voluntad de servir en las fuerzas armadas. Los resultados determinarían si deben pasar un examen físico militar. El propio Pistorius ha confirmado que “la idea es seleccionar a aquellos en mejor forma, los más adecuados y motivados para el servicio militar” con el objetivo de restablecer “un sistema de reclutamiento militar”.

Este modelo sueco de creación de un registro estatal de todos los ciudadanos en edad militar, incluido su estado de salud, habilidades o experiencia militar, se está extendiendo por el centro y norte de la Unión Europea. Bélgica acaba de copiar la iniciativa de los Países Bajos para aumentar el número de reservistas de sus fuerzas armadas a través de un servicio militar voluntario entre los jóvenes. Tanto el Gobierno belga como el neerlandés enviarán en los próximos meses a las personas de 18 años cartas informativas sobre el Ejército y su voluntad de incorporarse a filas.

Los dos países pagarán a estos nuevos reclutas durante un año el sueldo de un militar mientras reciben formación y adiestramiento, pero sin la obligación de incorporarse oficialmente a las fuerzas armadas, engrosando así las listas de reservistas, que ambos países pretenden aumentar de manera considerable. Bélgica habla de pasar de 6.000 a 20.000 jóvenes adiestrados.

En el flanco meridional, en España, Francia o Portugal, el debate no está presente. El ejército galo es posiblemente el más potente de la Unión Europea, tanto por la capacidad nuclear de sus fuerzas aéreas como por el poderío de su armada o el tamaño de su ejército, con 120.000 soldados, además de su importante industria militar. Funciona desde hace tres décadas con soldados profesionales, en un modelo similar al español. Aunque el presidente Emmanuel Macron y sus sucesivos gobiernos no se han manifestado a favor de reinstaurar el servicio militar obligatorio, una reciente encuesta del periódico Le Parisien apuntaba que un 86% de los franceses estaría a favor de algún tipo de reclutamiento temporal, dividiéndose los encuestados entre un sistema obligatorio o voluntario.

Y, mientras, en España sólo tímidamente Vox propuso recuperar la mili. Lo hizo su líder, Santiago Abascal, hace más de un lustro y parece que la guerra en Ucrania, las amenazas de Rusia a países de la OTAN o la incertidumbre que Donald Trump arroja sobre la seguridad colectiva del continente le han hecho recapacitar. En un entorno de seguridad más complicado, en Vox ya no hablan de ello. Ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el principal partido de la oposición, el PP, proponen recuperar el servicio militar obligatorio y los planes de las Fuerzas Armadas pasan por aumentar sus filas con más tropa profesional gracias a mejores condiciones económicas, como los recientes aumentos de sueldo. La mili que revive en gran parte de Europa sigue ausente en España.

Detrás de los grandes titulares, los países europeos se mueven entre bambalinas para concretar el gran plan de rearme lanzado por la Comisión Europea y con la presión de la OTAN a la vez para incrementar el gasto en defensa. El compromiso de La Moncloa es total para llegar al 2% exigido antes de 2029, pero todavía se intercambian fichas para concretar esa subida y los plazos.

Actualmente, España tiene un gasto en defensa oficial del 1,28% del PIB, según la OTAN, correspondiente a 2023. Aún no se ha hecho público el dato del año pasado. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no concretó el pasado jueves, tras sus reuniones con los grupos, cómo se va a efectuar el incremento prometido y dejó abierto todavía un plazo de negociación hasta la cumbre de la OTAN de La Haya (Países Bajos) en junio.

“Paso a paso”, es la señal que emiten en el Palacio de La Moncloa sobre esta concreción. Los líderes europeos se verán de nuevo las caras este jueves y este viernes en una nueva reunión del Consejo tras la cita extraordinaria que desembocó en el plan de rearme. Además, el miércoles se hará público el decisivo Libro Blanco sobre Defensa elaborado por la Comisión Europea, con la idea de que los socios puedan hacer compras en bloque de material militar.

Este domingo, Pedro Sánchez, defendió dar "pasos decididos" para aumentar la seguridad en el continente, ayudar a Ucrania y "poder disuadir a Rusia".Sánchez, clausuró el 15 Congreso del PSOE de Cantabria, dijo que los países bálticos y nórdicos "necesitan de nuestra solidaridad y reclaman que entre todos aumentemos nuestra capacidad de seguridad para poder disuadir a Rusia". Eso, subrayó, no significa que España vaya hacer ninguna renuncia, sino que, al contrario, “aumentará el presupuesto en seguridad, en defensa y también en el Estado de bienestar”. 

España envió ya su non paper con las propuestas para ese Libro Blanco. El Gobierno español apuesta por tratar la defensa como un bien público europeo y remarca la visión de que ningún estado miembro de la UE puede garantizar su seguridad solo. Una de las principales propuestas del país es que haya una “visión 360 grados” sobre la seguridad, entendiendo como algo obsoleto el antiguo concepto de defensa y armas.

Aquí es donde está incidiendo la diplomacia española durante estos días ante sus socios europeos y en la OTAN con la vista puesta en el incremento en la inversión. Fuentes del Gobierno subrayan que para España es vital que se integren en ese cómputo temas como la ciberseguridad, la lucha contra el cambio climático y las catástrofes y el refuerzo crítico de infraestructuras de transportes y energéticas. Además, hay cuestiones con las que España puede sumar como el propio gasto de la Guardia Civil o la función de Salvamento Marítimo.

España planea esa hoja de ruta por convicción y, además, serviría para un incremento del gasto no sólo basado en la compra de armas en un país que siempre se ha considerado antibelicista y en el que se ha rehuido el debate sobre la defensa. Por el momento, en el Ejecutivo tampoco se concreta cómo se aprobarán esas partidas, aunque, según apuntó Pedro Sánchez a los partidos, la vía preferida es el fondo de contingencia y no la vía de las Cortes.

En Europa ahora se está debatiendo sobre las propias vías de financiación de ese incremento en defensa. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la relajación de las reglas fiscales para que no computen como déficit esas subidas. Una de las propuestas que con más ahínco está defendiendo España es que el plan de 150.000 millones que prevé lanzar la UE no sólo sea vía préstamos, sino que se materialice también en transferencias directas. Pero el Ejecutivo no lo hace pensando en el sur, sino mirando a los países bálticos y nórdicos, siempre hasta ahora en posiciones más frugales. Es la hora de la solidaridad, señalan en La Moncloa, después de las ayudas recibidas por España con los fondos Next Generation para paliar los efectos económicos de la pandemia.

“Pedimos invertir mejor y juntos”, lanzó Sánchez tras sus reuniones con los grupos políticos en el Palacio de La Moncloa. Otra de las iniciativas sobre las que presiona España es que este mayúsculo esfuerzo inversor sirva para aumentar la autonomía estratégica europea (un punto sobre el que se intentó avanzar durante la pasada Presidencia española de la UE). 

"Es un momento para que las startups, los emprendedores tecnológicos, las pequeñas y medianas empresas, acompañados de las grandes corporaciones vinculadas con la industria de la defensa, den un paso al frente y podamos entre todos contribuir a ese gran salto tecnológico que necesita Europa y que –estoy convencido– España puede liderar", lanzó esta semana Sánchez como argumento.

Los razonamientos sobre el nuevo concepto de seguridad que España quiere imponer en Europa están siendo desplegados por miembros del Ejecutivo en varios flancos, jugando un papel especialmente importante los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha abordado la cuestión con sus colegas europeos. El pasado miércoles en la reunión del Ecofin, los socios europeos se abrieron a una definición mayor de defensa. "Hubo un amplio apoyo para una activación coordinada de las cláusulas nacionales de escape en todos los países (...). Los ministros apoyaron una definición amplia de gasto en defensa", explicó el ministro de Finanzas polaco, Andrezj Domanski, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, tras la reunión de los Veintisiete.

El gasto en defensa en España no tiene además que pasar solo por el ministerio que pilota Margarita Robles, aunque en las prórrogas presupuestarias se ha hecho principalmente a través de programas autorizados a través del Ministerio de Hacienda a ese departamento. Una de las carteras que puede jugar fuerte a partir de ahora en esa subida es la del Ministerio de Ciencia y Universidades, encabezado por Diana Morant.

El debate sobre la defensa siempre ha sido incómodo en España para los partidos de izquierdas. Varias fuentes del Gobierno subrayan: “Este es el momento que nos ha tocado vivir. Nos toca hacerlo”. Ahora, señalan en el Ejecutivo, toca hacer “mucha pedagogía” y explicar, por ejemplo, que esta inversión tendrá una derivada muy importante en el sector tecnológico y servirá para crear puestos de trabajo cualificados con buenas remuneraciones.

Era noche cerrada en el cuartel de artillería de información y localización en Ciudad Real. Hace cincuenta y un años, en el franquismo, el servicio de información militar, el SIM, destinaba a ese cuartel y al de Plasencia a todos los soldados con antecedentes policiales motivados por acciones de resistencia al régimen. Se trataba de dar “un trato especial” a los rojos, separatistas o sindicalistas. En mi caso, con una petición fiscal de ocho años de cárcel, acusado de sedición, por haber participado en Madrid en el comité de huelga de la construcción de CCOO en abril de 1972, estaba más que justificada esa especial atención por parte de la inteligencia militar. Por allí pasaron Chema Mendiluce, Ricardo Lovelace, Carlos Vila, militantes de ETA o de CCOO y muchos jóvenes antifranquistas.

Aquella noche, después del toque de silencio, estábamos “los artilleros” en lo que se denominaban las baterías, esto es, en los dormitorios colectivos, dispuestos a meternos en los catres. Allí se presentó un joven con un uniforme para nosotros extraño, no de artillero, con un gorro tipo oficial. Me dirigí a él, me presenté y él se presentó: «me llamo Miguel Barroso». Su cara de desconcierto, acentuada por la poca luz de los dormitorios, animaba a saber rápidamente sobre su presencia entre nosotros. Se explicó. Venía, como todos nosotros, los rojos, castigado desde el Cuartel General de Madrid al descubrirse sus antecedentes policiales. En el Cuartel General, los soldados utilizaban la gorra de plato como los oficiales, de ahí nuestra extrañeza al verle llegar. Era lógico su desconcierto, de un destino formidable en Madrid, en la Cibeles, con pase pernocta, al cuartel de Ciudad Real, vigilado y sin poder salir del cuartel.

En aquellos años difíciles, y en situaciones extraordinarias de convivencia, como en las cárceles o en cuarteles de castigo, la camaradería era un instrumento fundamental para la supervivencia. Él de la organización Bandera Roja, yo del Partido Comunista, nos entendimos y confraternizamos desde aquel encuentro desconcertante. Con la pasión que le caracterizaba, discutíamos sin descanso sobre Althusser, la revolución rusa, la china, el golpe de Estado contra Allende y todos y cada uno de los temas más diversos que tuviesen que ver con nuestro firme compromiso de poner fin a la dictadura. Un Miguel apasionado que era maestro en la dialéctica, en abrumarte con datos, mordaz y sarcástico, pero siempre dispuesto al encuentro o al acuerdo (si fuese posible). Intercambiábamos opinión de las lecturas más diversas, de cine, de música y siempre presente la revolución, la lucha por las libertades y la democracia. «La audacia, audacia y más audacia» que reclamaba Danton para vencer a los enemigos de la revolución en 1792, la practicábamos aquellos jóvenes envidiosos de la Revolución de los Claveles, dispuestos a organizarnos dentro del cuartel con el resto de los soldados para, si llegase el momento, impedir que el régimen nos utilizase contra el pueblo. 

Efectivamente, los universitarios nos dedicamos a alfabetizar a muchos soldados y trabábamos una relación que nos permitía establecer relaciones políticas confidenciales en aras de conseguir apoyos a nuestras ideas liberadoras.

En aquella época de audacias, vino a ver a Miguel desde Mallorca una amiga y, los días previos a su llegada, aquel joven audaz me inundó con canciones de María del Mar Bonet: «Si sabessis en quina platja t’he estimat en quina estrella t’ocultes invencible…». No tardó en idear un plan para no dormir en el cuartel y poder acompañar a su amiga. «El plan es muy sencillo, Willy, cuando toquen silencio no me presento al cuartel. Pasaré la noche con mi amiga y al día siguiente, cuando en el recuento me nombren, tú contesta por mí». Por mucho que le expliqué que yo era muy conocido y que su plan podría fracasar, su audacia no le permitía dar un paso atrás. En esas condiciones, me puse de acuerdo con los cabos y cabos primeros y, efectivamente, conseguimos que, al nombrar a Miguel en el recuento, mi voz, desde muy atrás de las filas, le suplantara y no tuviera consecuencias su ausencia.

El cuartel nos hermanó y desde entonces mantuvimos una amistad que compartía objetivos sencillos pero difíciles de conseguir, una sociedad más justa, más humana, más solidaria y defensora de lo común. Recuerdo que una de nuestras últimas conversaciones, en el restaurante De María, la dedicamos casi con exclusividad al ascenso de la ultraderecha y a Trump. Cuando aquel fatídico 13 de enero me llamaron para decirme que su noble corazón había dejado de latir, me arrepentí de haber dedicado nuestra última conversación a la ultraderecha y no a él, para saber más de su vida, para cimentar aún más nuestra amistad y camaradería. Lloré.

En el largo y sinuoso camino hacia el socialismo siempre vas acompañado de gente buena. Compartí con Miguel parte del camino y seguiré andando, teniéndole muy presente con aquella sonrisa que me dirigía entre cínica y cómplice.

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Willy Meyer es ex eurodiputado de Izquierda Unida.

El Ministerio de Defensa ha declarado nulo el acuerdo de formación suscrito por la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) con la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa y ha exigido su inmediata retirada.

La asesoría jurídica del ministerio ha emitido un informe por el que "queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo", ha informado Defensa en un comunicado.

"Tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente", agrega Defensa.

El convenio firmado por ATME con Desokupa tiene como objeto que los miembros de la asociación reciban formación para, entre otras cosas, favorecer la entrada de militares en puestos de trabajo.

En concreto, los militares adscritos al convenio obtendrán descuentos del 50% en aquellos cursos que ofrezca Desokupa y la empresa se compromete a facilitar el acceso a puestos de trabajo de los soldados que superen las pruebas y se adecuen al perfil ofertado, según informó ATME este martes en un comunicado. La asociación incidió en que el acuerdo se circunscribe a los “múltiples convenios” que tiene firmados con academias de formación.

La firma de este convenio se produjo tras la polémica por el acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para recibir formación en defensa personal, que llevó al Ministerio del Interior a solicitar un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si podría afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y a la compatibilidad de los agentes que impartirán el adiestramiento.

Tras la polémica por el acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para recibir formación en defensa personal, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha firmado otro convenio similar con la empresa de desalojos extrajudiciales para, entre otras cosas, favorecer la entrada de militares en puestos de trabajo, según informa EFE.

En concreto, los militares adscritos al convenio obtendrán descuentos del 50% en aquellos cursos que ofrezca Desokupa y la empresa se compromete a facilitar el acceso a puestos de trabajo de los soldados que superen las pruebas y se adecúen al perfil ofertado. En un comunicado, ATME incide en que el acuerdo firmado con la empresa de desalojos extrajudiciales se circunscribe a los “múltiples convenios” que la asociación tiene firmados con academias de formación.

Después del pacto entre el SUP y la empresa de desalojos extrajudiciales, el Ministerio del Interior solicitó un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si este hecho podría afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y a la compatibilidad de los agentes que impartirán el adiestramiento.

Esta misma semana, el nombre de Daniel Esteve, líder de Desokupa, ha vuelto a la palestra pública después de ser él quien condujera el coche que llevó al presunto comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a su declaración en el Tribunal Supremo por el presunto cobro de comisiones de la trama.

Carlos Mazón está grogui, como ese boxeador al que están moliendo a puñetazos. En su desesperación, acorralado, el púgil logra conectar un buen golpe a su adversario, lo que le permite mantener la esperanza siquiera sea efímera de que no todo está perdido. Así pasa en el cine. A veces.

El golpe de Mazón ha sido nombrar al general (R) Gan Pampols como Vicepresidente para la Recuperación Económica y Social. Mazón se parapeta tras un militar de prestigio, con la esperanza de mitigar los focos que caen implacables sobre él y, en paralelo, hacerse una póliza de seguros por si el general no sale victorioso del desafío. Si eso pasara, no será responsabilidad suya, de Mazón, sino del militar. O de la AEMET, o de la UME, o del maestro armero. Es su estilo, como sabemos.

Dicen las encuestas que los militares, en general, tienen buena imagen para la ciudadanía, especialmente por las misiones de paz en el extranjero y, muy particularmente, por el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, el nuevo Vicepresidente es hombre viajado y locuaz, buen comunicador, además de alpinista contrastado de mucho nivel. Más relevante aún: la hoja de servicios del general es brillante. Como militar, claro.

No obstante, más allá de sus virtudes castrenses, las primeras declaraciones del señor y sus primeras decisiones resultan algo preocupantes. Tanto más cuanto el general retirado es licenciado en ciencias políticas. Sorprende que con esa formación afirme que el encargo que Mazón le ha hecho no tiene nada que ver con la política, sino que “tiene que ver con un trabajo técnico que necesita un consenso de base”. Además, ha hecho énfasis en que “no aceptará imposiciones políticas en su gestión”.  Aunque parezca increíble, para pasmo de muchos, Feijóo ha remachado la idea de que el general “no viene a hacer política” [sic].

Paralelamente, el general Gan Pampols ha nombrado a otro general (R) como su secretario autonómico, por lo que podemos entender que dos altos cargos del gobierno valenciano pretenden estar al margen del mismísimo gobierno valenciano y de las Corts Valencianes.

Aunque solo sea por estas pinceladas, resultan llamativas las reacciones que el nombramiento de Gan Pampols han generado en el escenario partidario valenciano. 

Ha sido recibido con cierta expectación por una parte y con entusiasmo por otra, la que se ubica a la parte derecha del tablero. Los no eufóricos se dividen entre los que piensan que por lo menos traerá orden y disciplina, que no vendrán mal en un Consell desnortado y sin liderazgo. Otros, han preferido poner el foco en denunciar la maniobra evasiva de Mazón. 

Digo que son sorprendentes porque parece que no se está poniendo el suficiente énfasis en esa fractura que el nuevo vicepresidente establece entre gestión y política, y en su negativa a subordinarse a los criterios políticos que, necesariamente, han de emanar de las Corts Valencianes y del propio Consell.

¿Cómo que no aceptará imposiciones políticas? ¿Acaso quiere decir que ignorará lo que diga el parlamento valenciano? ¿Hemos de entender que él va por libre, que sabe lo que hay que hacer para “la reconstrucción” y que no aceptará ni orientación, ni priorización, ni control, ni rendición de cuentas? ¿Cómo va a ser vicepresidente de un gobierno democrático sin hacer política? ¿Hasta dónde vamos a llegar en el desvarío?

En España, los militares han adquirido legitimidad y han superado el estigma franquista en la medida que, en las últimas décadas, se adaptaron al canon de cualquier democracia homologable: el que establece su completa y absoluta subordinación al poder civil, que es el que emana de la ciudadanía y cristaliza en los parlamentos de los que salen los gobiernos. En otras latitudes, la historia de militares supuestamente modernizadores, desarrollistas y gestores apolíticos no es, precisamente, una historia de éxitos. Recordemos América Latina del último tercio del siglo pasado, por ejemplo. O a Jair Bolsonaro, en Brasil.

Casi por definición, los militares poseen una mentalidad propia, autónoma y diferente a la de la mayor parte de la sociedad civil, cuanto menos por su identificación con la verticalidad de la escala de mando, la obediencia indiscutible y la disciplina innegociable. En todos los ejércitos actuales, los oficiales se inscriben en una élite calificada intelectual y técnicamente.

Estas características abonan que los militares resulten muy atractivos para aquellos que desean una sociedad fuertemente jerarquizada, una sociedad cerrada, en la que las discrepancias y los conflictos sociales pueden encontrar solución mediante decisiones autoritarias y, llegado el caso, incluso con la utilización de la violencia. El debate democrático es sustituido por el ordenamiento autoritario en aras de la eficacia. Una eficacia que, supuestamente, contrasta con los vicios y defectos de lo que llaman la partitocracia y la politiquería.

Debiéramos dejar claro que la milicia es una cosa, y una sociedad compleja y plural otra muy distinta. Es decir que, volviendo al nombramiento de Mazón, el buen desempeño en el terreno militar del general Gan Pampols no tiene porqué traducirse en un buen desempeño en la sociedad civil. Las reglas son otras, los protocolos son distintos y las complejidades de gobierno han de ser abordadas de otra forma. En cualquier caso, la participación de los militares en el escenario civil puede ser de la mayor relevancia, pero siempre, siempre, subordinada a las instituciones democráticas, al parlamento, al gobierno, que son los que los ciudadanos elegimos en las urnas. 

Convendría, pues, que el nuevo y flamante vicepresidente del Consell de la Generalitat matizara sus primeras declaraciones e hiciera explícito su acatamiento de las pautas de cualquier cargo político de tanta responsabilidad, y que confirmara su sometimiento a los mismos derechos y deberes de cualquier otro servidor público de un país democrático.

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Joan del Alcázar es catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de València. 

Este viernes 8 de noviembre tendrá lugar el homenaje y la entrega a sus familiares de los restos del Comandante de Infantería de Marina Manuel de Sancha, recuperados e identificados por la Asociación Memoria Democrática de San Fernando de entre los muchos que se encontraban en una fosa común en las inmediaciones del cementerio de la ciudad. 

Manuel de Sancha, recién nombrado Jefe del Batallón de Infantería de Marina, haciendo honor a su deber militar y a su juramento de fidelidad a la República, se negó a obedecer la orden de sacar a sus fuerzas a las calles en cumplimiento de un ilegal Bando de Guerra decretado por las autoridades que habían organizado la rebelión militar de Mola, Sanjurjo y Franco en el ámbito de la ciudad de San Fernando. 

Manuel de Sancha fue de los primeros militares de la República que se negó a secundar el golpe de estado, enfrentándose a los rebeldes. Por este hecho, en el que puso de manifiesto su integridad como un verdadero patriota y sus convicciones como militar profesional al servicio del pueblo español, fue objeto de arresto inmediato y posterior ejecución por militares traidores y toda la turba de fuerzas antidemocráticas y defensora de privilegios ancestrales, que consideraban a la República un peligro para sus propios intereses. 

Han tenido que pasar 88 años para que sus restos, enterrados en una fosa común junto a muchos otros fusilados por los rebeldes, reciban por fin el reposo exigido por su familia y el reconocimiento de la sociedad como una víctima del franquismo. 

Para vergüenza de esta sociedad que se pretende democrática, han transcurrido 49 años desde la muerte del dictador, tiempo a todas luces excesivo para considerar cerradas las heridas que causara la guerra en la sociedad y que dice bastante de las enormes deficiencias de la tan aclamada transición democrática para mirar de frente nuestra historia. 

Y para subrayar el escaso compromiso de las autoridades con el reconocimiento a las víctimas del golpe de estado, el Ministerio de Defensa ha rehusado la solicitud de la familia y el clamor popular para que los actos del duelo revistan la solemnidad que corresponde a los caídos en cumplimiento del deber, con los honores militares que marca el Reglamento. Lo cuál es como privarle definitivamente de su condición de Comandante de Infantería de Marina, que se le intentara arrebatar con su vil asesinato. 

Resulta paradójica esta actitud en un Gobierno que, en contraste, supo reconocer el sacrificio por su lealtad a la República del general Escobar, Jefe de la Guardia Civil de Barcelona, que también se negó a secundar el golpe de estado de 1936.

Para cualquier mentalidad democrática, resulta incomprensible que este Ministerio de Defensa mantenga enterrados con todos los honores a almirantes que fueron protagonistas de la rebelión militar de 1936 en el Panteón de Marinos Ilustres de esta misma ciudad, mientras niega su reconocimiento formal al Comandante Manuel de Sancha, muerto en cumplimiento de su deber, enfrentándose a los rebeldes. 

La Asociación por la Memoria Militar Democrática manifiesta su más profundo respeto y reconocimiento al Comandante Manuel de Sancha, ejemplo de integridad profesional y moral militar para futuras generaciones. Descanse en paz. 

Declaración de la AMMD sobre la entrega a la familia de los restos de Manuel de Sancha, Comandante de Infantería de Marina.

Los grandes camiones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) no se encuentran en las calles principales. Están escondidos entre callejones, encajados con difíciles maniobras entre las montañas de escombros para llegar a los cientos de sótanos y garajes inundados que hay en los municipios más afectados por la dana. En Benetússer (Valencia), el capitán que coordina los 40 efectivos que trabajan en este municipio explica que ya están en los últimos días de búsqueda de cuerpos en garajes, y su siguiente tarea será despejar las calles. 

"La fase inicial fue de rescate, ahora estamos en una fase de búsqueda que se encuentra en su etapa final, con la exploración de segundas plantas de garaje donde hay coches amontonados. Estamos centrados en achicar agua para acceder a los vehículos que no se inspeccionaron los primeros días", explica Raúl San Román, capitán de la UME de 37 años. "La siguiente fase será de limpieza de viales para que la gente tenga libertad de movimiento y se recupere cuanto antes la normalidad", añade en una entrevista que tuvo lugar en la mañana del miércoles.

El objetivo de estas tareas de achique es garantizar que en estos parkings no hay cuerpos sin vida, una de las principales preocupaciones entre los afectados por la tormenta. La simple duda ha generado una psicosis generalizada porque el agua supera los dos metros en estos garajes, y nadie sabe qué hay debajo. Si el aparcamiento del centro comercial Bonaire —en el que finalmente no se han encontrado víctimas— ha captado la atención de todo el país, los vecinos hablan de los innumerables aparcamientos subterráneos que hay en municipios como Paiporta, Alfafar o Benetússer, donde las viviendas tienen dos o tres plantas, y prácticamente en todas las manzanas hay garajes.

Rosa Touris, directora general de Prevención de Incendios Forestales, confirmó en la tarde del miércoles que estos trabajos de achique están prácticamente terminados. En Aldaia, Alaquàs y Torrent "ya no quedan achiques importantes en el casco urbano". En Picanya y Paiporta, Alfafar y Massanassa ya están todos los bajos secos. Y en Benetússer, Sedaví y Llocnou quedan algo más de una decena de pequeños garajes que vaciar, según la portavoz.

Muchos afectados cuentan estos días cómo su primera reacción ante la tormenta fue bajar al garaje para salvar sus coches, una trampa mortal teniendo en cuenta la velocidad a la que corría el agua en esas horas. "Tengo un coche nuevo y no me lo pensé dos veces. Bajé corriendo, lo saqué, y me metí por una calle en dirección contraria porque estaba todo atascado, todo el mundo tuvo la misma idea", cuenta un habitante de Alfafar. Lo dejó en un puente y tuvo que dormir en casa de un amigo porque ya era demasiado tarde para regresar a su casa.

El capitán de la UME explica que para vaciar el máximo número de parkings en el menor tiempo posible dejan el agua a la altura de la cintura, lo inspeccionan, y pasan al siguiente, y ya son los bomberos —hay 2.300 desplegados en la provincia— o los propios vecinos los que terminan de achicarlos. Mientras San Román atiende a infoLibre, de fondo trabajan sus subordinados en un edificio de cinco plantas que tiene un garaje de dos plantas con espacio para decenas de coches. Vaciar uno de estos aparcamientos, explica el capitán, puede llevar hasta dos días, a día por planta, aunque depende de la maquinaria que usen.

En Massanassa, un municipio contiguo a Benetússer, otro equipo de la UME se centra en desatascar las alcantarillas de un grupo de calles que una semana después siguen anegadas. La inmensa mayoría de las calles de los pueblos afectados tienen restos de barro, pero en esta manzana —pegada a la Rambla del Poyo— todavía hay un palmo de agua y barro en las calles porque los desagües están completamente taponados por el lodo. Vicente Baixauli, que viene a limpiar la casa de su madre, cuenta que las alcantarillas llevan así desde miércoles. "Nos piden que no echemos el barro de casa a la calle, pero no tenemos alternativa".

Un soldado de la UME que trabaja en esta misma calle aclara que se trata de un atasco complicado. No es superficial, como ocurre en muchos colectores, sino que el barro se ha enquistado en el canal subterráneo y no hay forma de secar la calle hasta que se libere ese tapón. Una empresa especializada en desatascos trabaja con los militares para lograrlo lo antes posible con un camión con dos funciones: absorber y expulsar. Primero se aspira todo el barro posible, y después se aplica agua a presión para romper el atasco. "La prioridad número uno de los vecinos es que nos limpien la calle para poder empezar a hacer vida normal", dice Baixauli.

Sobre la relación con los vecinos y los voluntarios, el capitán San Román describe una colaboración muy cercana entre los civiles y los militares. A pie de calle, hay toda clase de experiencias con las autoridades, buenas y malas, pero los bomberos y los militares han sido muy bien recibidos por los afectados, principalmente porque llevan ahí desde el primer día y porque están en todas las calles —hay 7.800 soldados trabajando—.

San Román forma parte durante el resto del año del Batallón de Emergencias de València y eso le permitió desplegarse el mismo martes por la tarde en Utiel, cuando todavía estaba lloviendo. Al día siguiente llegaron a Benetússer, durante las primeras horas de la tragedia. "Yo soy de València, en mi equipo hay gente de Paiporta, Massanassa, Catarroja… tenemos relación con los vecinos y los alcaldes. Si a un vecino le faltan medicamentos, se los llevamos. Estamos para lo que haga falta y nos sentimos muy arropados", resume.

El capitán también quiere trasladar que el trabajo de los militares tiene muy en cuenta a los afectados y a los voluntarios, no pretende encerrarse en la burocracia y la lejanía que a veces se percibe desde la población. "Preguntamos a la gente y eso es indispensable para centrar nuestro trabajo. "No estamos solo donde creemos que hay que estar, sino donde nos dicen los vecinos".