Telefónica ha vendido el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por 1.215 millones de dólares (unos 1.030 millones de euros), en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Latinoamérica.

La compañía ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que también ha pactado un pago adicional de 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros), condicionado a la posibilidad de que se den determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno. Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se ha realizado de manera simultánea este mismo martes.

El importe incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (unos 42 millones de euros) que se abonarán al cierre de la operación y otro aplazado de 340 millones de dólares (unos 286 millones de euros) que se pagarán "en base a los resultados financieros de Telefónica Chile".

La compañía ha explicado que la deuda financiera neta de Telefonica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de la compañía y está alineada con su estrategia de salida de Latinoamérica. Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Latinoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100% de su filial uruguaya a la compañía Millicom Spain, en ese caso por unos 440 millones de dólares, unos 377 millones de euros.

Asimismo, Millicom también adquirió la semana pasada un 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros).

El plan estratégico incluye un recorte del dividendo del 50% y plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) ya pactado con los sindicatos para 4.539 empleados.

Telefónica, que ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir.

La bolsa española ha subido este lunes el 1,31% y ha cerrado por encima de la cota de 18.000 puntos por primera vez en su historia, impulsada por los bancos y el avance de las plazas europeas y de Wall Street. El índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, ha ganado 234,3 puntos, ese 1,31%, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos. En este año se revaloriza el 4,66%.

La bolsa española aprovechaba para registrar un nuevo máximo histórico el alza del 0,9% de Wall Street al cierre nacional, así como el avance de las plazas europeas y de la banca, que ha ganado el 2,35% media, sin que le afectara demasiado la caída de los metales preciosos y el petróleo (el barril de Brent perdía el 6,58% y se negociaba 66,04 dólares).

De los grandes valores, ha destacado la subida del 2,49% del Banco Santander, la quinta mayor del IBEX, mientras que el BBVA ganó el 2,14%, Telefónica el 1,02% e Inditex el 0,91%. Bajaron Repsol, el 1,18% (tercera empresa más bajista del IBEX) e Iberdrola, el 0,18%.

En Europa, con el euro a 1,1801 dólares y una caída del 0,42%, Londres subió el 1,15%; Fráncfort y Milán el 1,05 cada uno, y París el 0,67%. Después de cerrar la semana pasada en el máximo de 17.880,9 puntos, la bolsa iniciaba este mes con pequeñas caídas que seguían al descenso de Wall Street el viernes y de las plazas asiáticas en esta jornada.

En el parqué neoyorquino, el índice Dow Jones bajó el viernes el 0,36%, hasta 48.892 puntos; el selectivo S&P 500 restó un 0,43%, hasta 6.939 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,94%, hasta 23.461 enteros. La recogida de beneficios, también azuzada por las nuevas amenazas vertidas contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, duraba poco y la bolsa subía y se encaminaba a 17.900 puntos.

Había mejorado el mes pasado la actividad manufacturera en Japón, China, y en la zona euro, así como en Alemania, Reino Unidos, Francia e Italia. Bajaba levemente en España.

La bolsa seguía con su avance y a media sesión superaba el nivel de 18.000 puntos, un poco antes de la apertura de Wall Street.

Telefónica ha rebajado este jueves a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, han informado fuentes sindicales tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

A falta de conocer la postura de CCOO, se prevé que el acuerdo, que contempla también la renovación de tres convenios colectivos, se firme el próximo lunes.

La multinacional planteó en un primer momento hasta 6.088 despidos, por lo que esta nueva cifra supone un 25,45% menos de afectación, aunque esas salidas podrían ampliarse hasta las 5.040 siempre que sean voluntarias, informan fuentes sindicales.

El grueso de los siete EREs corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.  Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos.

UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10% a través de nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios. El sindicato ha asegurado haber alcanzado sus objetivos marcados en la negociación y por ello defiende que refrendará los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos, que se realizará durante la mañana del lunes.

Asimismo, la dirección ha planteado que el convenio especial de cotización asegure las aportaciones a la Seguridad Social, mientras que las personas no prejubilables contarán con un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector". En cualquier caso, UGT ha reivindicado que la voluntariedad será el principio vertebrador de la adscripción, cuyos resultados se conocerán a finales de enero, pues en las próximas semanas se abrirá el periodo para inscribirse en el ERE a través de las prejubilaciones.

Por otro lado, UGT asegura que las revisiones salariales y la jornada de 36 horas se extenderán a los tres convenios colectivos que amparan a las siete filiales afectadas por los ERE: empresas vinculadas, GBUs (que incluye a Telefónica SA, Global Solutions e Innovación) y Movistar+.

"Este acuerdo supone un avance relevante frente a la lógica de destrucción neta de empleo, contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas y refuerza la viabilidad a largo plazo, demostrando que es posible abordar procesos de reestructuración sin renunciar a la creación de empleo ", ha defendido el sindicato.

Telefónica ha rebajado el 20% las salidas mínimas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para Telefónica SA, la filial de Global Solutions y la de Innovación, en una oferta que es la definitiva por parte de la compañía y que "valoran" los sindicatos, que "actuarán con responsabilidad", según ha informado EFE.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han asegurado que analizarán la propuesta "con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones".

Este planteamiento definitivo de Telefónica contempla una mejora para las prejubilaciones y que las bases reguladoras integren los salarios fijos y el total del variable para los meses en activo en los que sigan trabajando.

Con esta nueva propuesta, las salidas para las filiales negociadas este martes son: 112 para Telefónica Global Solutions, 186 para la filial de Innovación y 301 para Telefónica SA.

Asimismo, Telefónica elimina el criterio de 'performance' de los requisitos de adhesión al ERE, mientras que ha aumentado el porcentaje de base reguladora un 1% anual, de cara al segundo tramo de rentas.

Telefónica también permitirá las salidas de áreas críticas a personas prejubilables y un 10% adicional en el resto de áreas, con un 35% en global respecto a salidas en Telefónica Innovación Digital.

Al mismo tiempo, el grupo plantea una antigüedad mínima de trece años en el grupo, mientras que establece primas de voluntariedad en función de antigüedad de hasta 18.000 euros y mantener el seguro de salud privado.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han reivindicado que siguen existiendo "alternativas" a este ERE "que deberían haberse explorado con mayor profundidad y que el ajuste de empleo no puede convertirse en una herramienta recurrente de gestión".

El pasado mes de noviembre, la compañía anunció a los trabajadores la implantación de expedientes de regulación de empleo en las tres filiales principales -Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones- y Movistar+.

Posteriormente, a principios de diciembre Telefónica propuso que estos ERE tuvieran las mismas condiciones que el que se efectuó el año pasado, sin descartar la posibilidad de despidos forzosos. Además de las filiales mencionadas en el primer anuncio, también se verían afectadas Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital.

Concretamente, se estimaba que afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas. Sin embargo, los sindicatos que participan en el proceso negociador criticaron la oferta.

Telefónica ha incorporado a Andoni Ortuzar, que fue presidente del PNV entre 2013 y marzo de 2025, como miembro del consejo de administración de Movistar Plus, la división audiovisual del grupo, un órgano en el que entra también Marcos Contreras, consejero a su vez de CriteriaCaixa, según informa EFE. 

Con la llegada del que fuera presidente del PNV -puesto que dejó a comienzos de año para ser sustituido por Aitor Esteban- la compañía busca reforzar la interlocución pública, la relación institucional y la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual, según indican fuentes conocedoras.

Su nombramiento, adelantado por El Correo, subraya su experiencia en periodismo, comunicación pública y gestión institucional habiendo sido director de la televisión pública vasca EiTB.

En la actualidad, Ortuzar trabaja como asesor externo de la firma internacional de auditoría PwC, colaborando en asuntos públicos y de comunicación. 

Además, también se ha incorporado al consejo de Movistar Plus Marcos Contreras, que es miembro del consejo de administración de CriteriaCaixa desde 2012. Precisamente, el brazo inversor de La Caixa es accionista de Telefónica con un 5%. 

Con un perfil financiero y experto en gobierno corporativo, entre sus responsabilidades durante estos años se encuentra la de haber sido vicepresidente ejecutivo de la Corporación Empresarial Cajasol, consejero en Banca Cívica (2011) o vocal en los consejos de Caser Seguros, Deóleo y Banco Europeo de Finanzas.

Actualmente, es consejero en Hidralia y Cetursa Sierra Nevada y presidente del Consejo de la asociación en Andalucía.

La llegada de ambos coincide con la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) que Telefónica, participada en un 10% por el Estado, negocia para unas 5.000 personas.

Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.

En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.

La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.

Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.

“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.

Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.

El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.

Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.

La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.

En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.

Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.

Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.

No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.

Telefónica ha anunciado a los trabajadores expedientes de regulación de empleo (ERE) para un total de 5.319 personas en Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones, sus tres filiales principales, y Movistar+ según han informado este lunes fuentes de UGT y ha recogido EFE.

De momento, no ha trascendido el número de afectados en las otras cuatro filiales del grupo, en las que este martes comenzarán las reuniones de las mesas de negociación para materializar más despidos.

Después de la reunión de este lunes, convocada para estas tres empresas, Telefónica ha anunciado a lo sindicatos que uno de los ERE afectará a 3.649 personas de Telefónica de España; otro a 1.124 de Telefónica Móviles; y 267 de Telefónica Soluciones, según han informado este lunes desde UGT. En total, son 5.040 personas las afectadas en los ERE de sus tres sociedades principales, a los que se suman 279 salidas de Movistar+.

Estas medidas, que se han empezado a negociar este lunes entre empresa y sindicatos, afectará en principio al 41,04% de la plantilla de Telefónica España, donde hay 8.892 empleados; el 31,34% de Telefónica Móviles, donde trabajan 3.587 personas; y el 23,89% de Telefónica Soluciones, que emplea a 1.118 personas. En Movistar+, el ERE afecta al 32,45% de la plantilla, de 860 personas. Estos datos están pendientes de que concluya la negociación.

UGT y CCOO han exigido en sendas notas de prensa que cualquier medida de este tipo tiene que ser con carácter voluntario.

En este contexto, UGT ha pedido que cualquier medida que se adopte tiene que estar en consonancia con el último ERE que ya planteó la compañía en 2024, en cuando a condiciones, y ha advertido de que no se alcanzará un acuerdo si no se prorroga el actual convenio de estas tres empresas hasta el 2030.

El objetivo es que se extiendan las garantías y se mejore las condiciones sociolaborales de la plantilla para asumir los retos del nuevo plan estratégico, presentado por el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el pasado 4 de noviembre.

Por su parte, CCOO ha reclamado que estos ERE sean universales y que enlace con las jubilaciones. La compañía les ha entregado este lunes a los sindicatos la documentación tal como exige la normativa y un calendario de reuniones.

Está previsto que este martes a partir de las 9:30 horas comiencen las reuniones en las otras cuatro filiales de la compañía, donde está previsto que la compañía les anuncie más salidas. Concretamente, se anunciará el relativo a Tefónica S.A, Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. Algunos medios han adelantado que estos expedientes afectarán a más de 6.000 personas, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ya advirtió hace días de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El nuevo plan estratégico, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030. En Telefónica, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el 10% de las acciones.

Telefónica comenzará a negociar mañana, lunes, tres de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha anunciado que presentará en otras tantas filiales del grupo en un contexto de plan estratégico, con el que busca una reducción de costes operativos de hasta un 25%.

Este lunes comenzará la primera reunión entre dirección y sindicatos, en una mesa de negociación en la que se prevé que la compañía exponga la motivación de los ERE y el número de afectados en Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Telefónica España, las tres empresas que están amparadas en el Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) del operador, según han informado a EFE fuentes sindicales.

Los ERE restantes, un total de cuatro -en la matriz, Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+- se comenzarán a tratar el martes en una reunión de la mesa de negociación.

De momento no se han adelantado cifras, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que pueden llegar a los 6.000 afectados, un extremo que la dirección de Telefónica no ha confirmado.

La compañía notificó que presentaría estos ERE el pasado lunes a los representantes de los trabajadores. A partir de ahí, comenzó a contar el plazo de una semana para constituir las mesas de negociación.

UGT y CCOO han pedido que cualquier medida de este tipo se efectúe con acuerdo de la parte sindical. Además, han reclamado que se garanticen las condiciones laborales del resto de la plantilla hasta 2030.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y por el que salieron más de 3.400 personas.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

El plan estratégico de Telefónica, presentado el 4 de noviembre, incluye medidas como una reducción del 25% de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Telefónica ha anunciado a los sindicatos su intención de iniciar siete procedimientos de despido colectivo en otras tantas empresas del grupo, aunque de momento no les ha ofrecido datos sobre el número de trabajadores que estarán afectados, según han informado a EFE este lunes fuentes sindicales.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) afectarán a las tres empresas que forman la operadora en España -Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones- y también a las unidades de Telefónica S.A, Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.

De momento no se han adelantado cifras y los datos se concretarán en las reuniones que mantendrán el próximo día 24 para el caso de las tres empresas que conforman la operadora en España y el día 25 para el resto de unidades, según ha precisado UGT.

La compañía ha notificado esta medida a los representantes de los trabajadores en un contexto en el que ha presentado su nuevo plan estratégico. En este plan, Telefónica incluye medidas como una reducción del 25 % de sus costes operativos del centro corporativo y de sus unidades globales (Telefónica Tech, Telefónica Infra y su unidad de Innovación), lo que supone una estimación de unos 2.010 millones en un horizonte de 2030.

Tras esta notificación se activa el plazo de una semana para constituir las comisiones negociadoras. Fuentes sindicales han precisado a EFE que la compañía optará por el ERE en lugar de por el Plan de Suspensión Individual (PSI) que Empleo, que hizo en alguna ocasión, porque esta medida ofrece mejores garantías jurídicas y fiscales a los afectados.

UGT ha rechazado en un comunicado difundido este lunes esta medida, ya que, a su juicio, una vez más la compañía recurre al recorte de plantilla como vía de ajuste organizativo y ha insistido en que la "voluntariedad" ha de ser el eje central de estos nuevos despidos.

El sindicato ha puesto como referencia para el acuerdo de estos ERE el modelo acordado en 2024 para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones y en el que salieron más de 3.400 personas.

UGT ha exigido además la "apertura inmediata" de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, en un contexto en el que reclama una vigencia mínima hasta 2030 para garantizar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y protección de los derechos laborales.

Por su parte, CCOO ha afirmado que estará en primera línea de negociación de este ERE y ha coincidido con UGT en que será "indispensable" el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales de las personas que permanezcan vinculadas a las empresas a futuro.

Su apuesta también pasa por extender o negociar los convenios pertinentes con un marco temporal igual al que fue anunciado para el plan estratégico, es decir, con un horizonte hasta el 2030.

Por su parte, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, ha advertido este lunes de que cualquier medida de este tipo en Telefónica tiene que estar consensuada con los sindicatos.

Telefónica recortará un 50% el dividendo de 2026 en su nuevo plan estratégico (2025-2028), que se mantendrá en función de su flujo de caja libre, en su política de crecimiento sostenido de la compañía y con el reto de prepararse para oportunidades de consolidación que pudieran venir.

Este plan estratégico, que ya anunció el presidente de Telefónica, Marc Murtra, al poco tiempo de acceder al cargo el pasado enero, ha sido desvelado este martes, en un día que coincide con la presentación de resultados.

Telefónica perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, a causa del impacto de las ventas en Hispanoamérica.

Con el lema transformar y crecer, se desarrollará este plan, aprobado por el Consejo de Administración por unanimidad y que está encaminado a prepararse para posibles oportunidades de consolidación que surjan, según ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sus objetivos pasan por un crecimiento anual de ingresos hasta alcanzar el 3,5% en 2030; en una inversión de 32.000 millones entre 2026 y 2028 en redes de telecomunicaciones, automatización e inteligencia artificial y por recortar un 25% los costes operativos de su centro corporativo y de sus unidades globales. En total, prevé ahorrar hasta 2.010 millones en 2030.

Después de semanas con especulaciones sobre el dividendo, Telefónica ha despejado la incógnita y ha asegurado que mantiene el de 2025, en 0,30 euros por título, recorta a la mitad el de 2026, hasta 0,15 euros, mientras que los de 2027 y 2028 dependerán del flujo de caja libre.

El plan de Telefónica se sustentará en seis pilares, experiencia del cliente; ampliación de la oferta para clientes residenciales; escalar en el negocio empresarial y de administraciones públicas; tecnología; simplificación; y talento.

Su estrategia está encaminada a convertirse en una operadora de referencia mundial, líder en Europa y con la idea de contribuir a cerrar la brecha tecnológica con China y Estados Unidos.

La compañía se seguirá focalizada en sus cuatro mercados estratégicos España, Brasil, Alemania y Reino Unido y unas oportunidades de creación de valor de la compañía de hasta 22.000 millones.

A Vodafone España no se le menciona en el plan estratégico, ni tampoco se refiere explícitamente a un hipotético Expediente de Regulación de Empleo (ERE), aunque sí apunta a un recorte de los costes operativos.

Desde 2024, los tres principales accionistas de Telefónica son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 10% del capital, seguido de Criteria y STC Group que rozan ese porcentaje.

En cuanto a los resultados, sus ingresos hasta septiembre han caído un 2,8%, hasta los 26.970 millones, aunque hubieran crecido un 0,4% de no haber sido por el tipo de cambio, según los datos publicados, que indican también que en el tercer trimestre ha tenido un beneficio de 276 millones, frente a los tres de 2024.

La deuda financiera neta se ha situado en 28.233 millones, un 1,6 % menos.

La Bolsa española ha abierto este martes con una fuerte caída del 1,33%, por debajo de los 15.900 puntos, arrastrada por uno de los grandes valores del mercado español, Telefónica, que se hunde el 9,30% tras los resultados, según informa EFE.

En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español se deja ese 1,33% y los 15.900 puntos (15.824,4 enteros). Las ganancias del año se reducen al 36,44%.

Dentro del indicador, Telefónica cae con fuerza, el 9,30%, después de anunciar que perdió 1.080 millones de euros hasta septiembre, frente a los 954 millones que ganó en los nueve primeros meses de 2024, y que recortará al 50% el dividendo que pagará en 2026.

En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.

La Comisión Europea reprocha a España los escasos avances en mejorar la reglas sobre los conflictos de interés en las distintas administraciones públicas, uno de los talones de Aquiles en la prevención de la corrupción, mientras en el cajón del Congreso aguardaba su tramitación parlamentaria la ley de lobbies que, ahora sí, Pedro Sánchez recuperará dentro del anunciado Plan Estatal contra la Corrupción.

Para la elaboración del registro español de lobbies, el Gobierno deberá basarse en el existente Registro de Transparencia de la UE, nombre oficial del censo europeo de lobbistas, donde están inscritas actualmente 15.031 empresas, asociaciones u organizaciones, de las que 938 son españolas. Es el cuarto Estado miembro, después de Alemania, Francia e Italia, con mayor representación de lobbistas, una cifra similar a la de los representantes británicos y superior a la de estadounidenses.

Aparecen todas las grandes empresas españolas que uno pueda imaginar. Telefónica, Inditex, Iberdrola, Repsol, Caixa Bank, Banco Santander o Mercadona, pero no sólo compañías privadas, también diferentes actores como la CEOE y la UGT, el Foro de la Industria Nuclear, Movimiento por la Paz o la Asociación Española contra el Cáncer. Porque, según la definición del propio Registro de Transparencia de la UE, actuarían como lobbistas aquellas “organizaciones, asociaciones, grupos o individuos autoempleados que llevan a cabo actividades para influir en la política de la UE y en su proceso de toma de decisiones”. Evidentemente, el propio registro incluye distintas categorías y diferencia entre empresas privadas, sindicatos, organizaciones o asociaciones profesionales.

Telefónica lidera con diferencia el ránking de los mayores lobbistas españoles por volumen de dinero invertido en Bruselas. Con algo más de dos millones de euros gastados el año pasado, casi el doble que CEINNMAT, la empresa valenciana de investigación tecnológica, sin actividad pública en el registro hasta hace poco y que en 2023 realizó una fuerte apuesta por las actividades de representación e influencia, el equipo oficial de siete lobbistas de Telefónica mantuvo 161 reuniones de alto nivel con dirigentes y funcionarios de la Comisión Europea, según los datos públicos de transparencia.

La lista de actividades de los lobbistas de Telefónica es completísima y está actualizada hasta hace pocas semanas, cuando celebraron en la capital comunitaria un encuentro con el equipo de la comisaria Ekaterina Zaharieva, responsable europea de startups, investigación e innovación. A lo largo de todo este año se han visto individualmente con el director general de Redes de Comunicación y Tecnología, con el jefe de unidad sobre Economía española, con el gabinete del comisario de Defensa o han “intercambiado visiones” con los responsables de la Comisión Europea para las gigafactorías de Inteligencia Artificial, un negocio de presente y futuro para la multinacional española.

La CEOE también está en el podio de la intermediación e influencia política en la capital comunitaria. La gran patronal española viene gastando en el último lustro cerca de un millón de euros anuales en defender los intereses de sus representados, “fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado” o “la competitividad de las empresas y la libre competencia”, según su registro. Tiene un equipo propio presente en Bruselas y hasta la ciudad también se desplazan personas “procedentes de departamentos temáticos” de la sede principal de Madrid. En abril se reunieron con tres personas del gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera para conocer de primera mano la futura reforma en la política de ayudas de Estado y, en febrero, mantuvieron un desayuno de trabajo sobre las prioridades en materia de medioambiente de la comisaria Jessika Roswall con su asesor Luis Planas Herrera, hijo del ministro español de Agricultura y Pesca.

Entre los principales lobbistas españoles ante las instituciones de la UE hay empresas menos famosas, pero importantes, como la manufacturera Tecnove, el proveedor de servicios turísticos Amadeus, con un gasto de un millón de euros en sus asuntos públicos comunitarios, o una gran tecnológica que despega en el sector militar de la mano del Gobierno, Indra, con cinco representantes a tiempo completo en Bruselas, un presupuesto de casi un millón de euros para esta actividad y una oficina bien situada a medio camino entre la Comisión y la Eurocámara.

Los tres principales bancos españoles, La Caixa, Santander y BBVA, cuentan con oficinas de representación en Bruselas para realizar actividades lobbistas ante las instituciones comunitarias. Sus equipos son habituales de eventos informativos y conferencias en los principales think tanks de la ciudad, como Bruegel o CEPS, de organizaciones como la Cámara de Comercio, también presente con una oficina en la misma calle del Parlamento Europeo, o en los de las delegaciones de las comunidades autónomas.

Sus responsables son banqueros acreditados como lobbistas ante las instituciones comunitarias y, por tanto, con permiso para mantener encuentros con eurodiputados españoles o de cualquier otro Estado Miembro y también con funcionarios de la Comisión o el Consejo, responsables de las legislaciones financieras en las que trabaja la UE.

El BBVA fue el que más gastó, 800.000 euros para estas actividades de influencia y representación y mantuvo 63 reuniones de alto nivel con políticos y funcionarios comunitarios. El dinero es similar al invertido en 2023 o 2022 y el presupuesto se destina principalmente a pagar la oficina de asuntos públicos europeos con la que cuenta a pocos metros de la Grand Place, las nóminas de los tres trabajadores a tiempo completo y los gastos de, como mínimo, otros dos lobbistas más registrados ante las instituciones, según los datos de Lobby Control.

Durante el pasado mes de marzo, los representantes de BBVA mantuvieron encuentros al más alto nivel. Por ejemplo, con el gabinete del comisario de Energía, Wopke Hoesktra, para tratar cuestiones sobre fiscalidad internacional. En esa reunión estaban presentes también lobbistas de Telefónica, de Iberdrola y de Deloitte, el gigante de la consultoría. Pocos días después se reunían con Teresa Ribera, la española que dirige la Vicepresidencia primera de la Comisión, para conocer la Directiva Omnibus, de simplificación normativa para las empresas.

Más interesante es el gran encuentro en Bruselas del sector financiero español, y europeo, a principios de año con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, semanas en las que Bruselas trabajaba en los planes de financiación para las inversiones militares, donde el sector bancario debe jugar un rol trascendental para canalizar esos fondos comunitarios y desde los presupuestos nacionales hacia los gigantes armamentísticos. Estaban presentes representantes del BBVA, La Caixa y Banco Santander, mano a mano con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), los holandeses ING y ABN Amro, Deutsche Bank o las grandes aseguradoras Axa y Allianz. Era un total de 20 grupos, la crème de la crème del sector financiero europeo.

Banco Santander dispuso en 2024 una cantidad ligeramente inferior a la de BBVA pero fue más dinámica en sus relaciones con representantes en Bruselas. Su equipo de cinco lobbistas, todos acreditados ante el Parlamento Europeo, mantuvo un total de 140 reuniones de alto nivel con funcionarios y políticos de la Comisión y, además, destinaron también unas decenas de miles de euros a estar representados por un gigante lobbista en la capital comunitaria como es la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, que realiza importantes fichajes para su equipo entre periodistas del Financial Times, antiguos responsables del Gobierno italiano, del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo o entre la Comisión Europea.

Todos estos encuentros que las grandes empresas españolas mantienen en Bruselas se conocen gracias al registro de lobbies de la UE. En un contexto político español apremiado por los escándalos de la corrupción, la creación de uno semejante serviría para vigilar las influencias que reciben los representantes políticos durante el proceso legislativo. Igual que la UE, España debería introducir un régimen de sanciones para las compañías, organizaciones empresariales o asociaciones profesionales no registradas con su personal, impidiéndoles mantener encuentros con los políticos y funcionarios, y obligar bajo pena de sanciones a que los responsables públicos tuviesen que actualizar sus reuniones en un portal público para la ciudadanía.

La incidencia registrada este martes en las comunicaciones de voz y de internet de la red fija de Telefónica de algunas empresas y servicios públicos de emergencia, "está resuelta" y los servicios afectados "se han recuperado por completo", según han informado fuentes del operador y recoge EFE.

La incidencia se ha registrado "esta mañana" y desde un primer momento se ha trabajado en el restablecimiento de los servicios, que ya se han recuperado por completo", han apuntado desde Telefónica. En la web Downdetector, se puede constatar cómo muchos usuarios de telefonía móvil también se han visto afectados desde las 3.00 por la incidencia al tratar de hacer llamadas o conectarse a internet.

Telefónica ha explicado que ha activado el comité de gestión de incidencias, ha aislado los nodos afectados y ha desplazado personal de campo para resolver casos puntuales derivados de esta incidencia, que ya está completamente resuelta. El anuncio ha sido pasadas las doce del mediodía.

Según informó previamente esta mañana, una actualización de la red llevada a cabo afectó "a servicios puntuales" en las líneas fijas de "algunas empresas" así como a los servicios de emergencia 112 de diversas comunidades autónomas.

Paulatinamente se han ido recuperando los servicios y pasadas las 10.30 ya se había recuperado una parte de los servicios afectados, como es el caso de las líneas de emergencia 112, que ya han sido restablecidas, de varias comunidades autónomas, entre ellas Valencia, Navarra, Aragón, Andalucía, Extremadura, La Rioja, el País Vasco y Castilla La Mancha. La Comunitat Valenciana ha habilitado el número 963 428 000 como teléfono alternativo. Aragón, por su parte, ha activado tres números de móvil para emergencias: 638 63 82 73, 683 13 46 45 y 660 70 58 97. Estos teléfonos son alternativos y los usuarios deben usarlos si no consiguen contactar con el 112.

Vodafone y MasOrange, por su parte, han explicado a EFE que esta incidencia ha sido cosa de Telefónica y que "no ha tenido impacto" en sus clientes, pues sus redes "funcionan con normalidad".

La empresa de ciberseguridad RootedCON ha presentado este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión judicial que, a petición de LaLiga y Telefónica, permite el bloqueo de webs que comparten servidor con otras páginas desde las que se emiten contenidos de Primera y Segunda División de forma ilegal, según informa EFE. "No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este atropello", aseguran.

RootedCON ha dado este paso después que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona desestimara el pasado 26 de marzo su recurso y el de la estadounidense Cloudflare, otra compañía dedicada a ofrecer servicios de protección digital, contra la sentencia dictada en diciembre de 2024 que ordenaba inutilizar en tiempo real direcciones IP (número que identifica un dispositivo conectado a internet) empleadas para la distribución ilícita de partidos.

En el caso de Cloudflare, es la principal proveedora mundial de herramientas de ciberseguridad a webs de empresas, pero también ejerce de servidor para quienes roban el contenido audiovisual a las plataformas que tienen los derechos, a los que dota de un anonimato que complica su persecución legal, según LaLiga.

Al bloquear esas webs, también se ven afectadas otras que comparten servidor y cuya actividad es lícita. Según RootedCON, la sentencia del juzgado barcelonés "restringe el acceso a usuarios legítimos" y está "adoptada sin garantías, sin transparencia y sin valorar los derechos fundamentales afectados", por lo que supone "un grave precedente en una democracia" y "una grave anomalía en un Estado democrático", alega esta empresa en un comunicado.

En el recurso de amparo, se pide al TC medidas cautelares para "frenar el constante acoso que sufren tanto empresas como usuarios" en España. "Como organización que lleva quince años impulsando la libertad, la innovación y el pensamiento crítico en el ámbito de la ciberseguridad, no podía quedarse de brazos cruzados", se añade.

La sentencia del juzgado de lo Mercantil era firme, por lo que la única vía que le quedaba a la compañía cibernética, organizadora de uno de los congresos de este ámbito más importantes de España, era pedir amparo al TC. El recurso de RootedCON remarca que la Constitución ampara "los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y las libertades de expresión e información" y que la negativa del juez a tener en cuenta estos argumentos "deja en evidencia una preocupante deriva autoritaria en el uso de medidas judiciales para censurar y criminalizar el acceso a internet bajo pretextos difusos y generalistas".

LaLiga consideró la sentencia un respaldo a sus iniciativas y las de Telefónica para combatir el fraude y la piratería audiovisual en España.

RootedCON emplaza a la entidad que dirige Javier Tebas, a los operadores implicados y al poder judicial a reflexionar sobre "el grave impacto de este tipo de decisiones, que se asemejan más a prácticas propias de regímenes autoritarios del siglo pasado que a las de una democracia moderna y con futuro".

También exige al Congreso de los Diputados plantear "un debate público y técnico sobre los límites del control en la red", en línea con una propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Telefónica, que acaba de renovar su cúpula, obtuvo en el primer trimestre del año una pérdida atribuida de 1.304 millones de euros, por los impactos de las ventas en Argentina y Perú, frente al beneficio de 533 millones de 2024, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa EFE.

Las operaciones en discontinuación (las desinversiones) le han supuesto al operador unas pérdidas de 1.731 millones, de los que 1.200 millones corresponden a la venta de Argentina (principalmente por diferencias de conversión acumuladas) y 500 millones a la de Perú, por préstamos, minusvalías de la venta y resultados de la compañía.

Si sólo se tienen en cuenta las operaciones continuadas, el resultado de la compañía es de 427 millones de euros, un 26% menos que el año pasado, tras caer sus ingresos hasta los 9.221 de enero a marzo, un 2,9% en términos reportados. Los orgánicos (sin tener en cuenta la variación de moneda) crecieron un 1,3%. La deuda financiera se sitúa en 27.049 millones, un 4,9% menos.

A mediados de enero, Telefónica eligió a un nuevo presidente, Marc Murtra, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, y ha relevado parte de sus directivos, entre ellos el consejero delegado, que es Emilio Gayo.

Estos son los primeros resultados que presenta el nuevo equipo de dirección, que ha confirmado el dividendo para 2025 de 30 céntimos por acción en efectivo, que se pagará, el 50%, el 18 de diciembre de 2025 y el resto en junio de 2026.

Por regiones, los ingresos crecieron un 1,7% en España, hasta los 3.170 millones, y cayeron en el resto de mercados, un 7,2% en Brasil, hasta los 2.337 millones; un 2% en Alemania, hasta los 2.056 millones, y un 8,6% en su unidad de Hispam (Latinoamérica menos Brasil), hasta los 1.245 millones.

Además de las ventas en Argentina y Perú, el primer trimestre ha sido afectado por la depreciación interanual del real brasileño, que provocó un impacto negativo de 388 millones en los ingresos.

Sus accesos totales crecieron un 0,3%, hasta los 353,5 millones; tras aumentar sobre todo los de fibra, un 8,8%, hasta los 15,7 millones; en servicios mayoristas, un 7,9%, hasta los 28,5 millones; y en contrato, 0,9%, hasta los 120,6 millones. Sin embargo, cayó en televisión de pago, un 1,2%, hasta los 8,8 millones.

Telefónica lidera el apagado de la red de cobre en Europa con el cierre de más del 90% de las 8.532 centrales iniciales. Debido a requerimientos regulatorios, las restantes, 700 millones, se cerrarán en este mes.

El consejero delegado del operador ha afirmado que los resultados están en línea con sus expectativas y confía en que mejoren a lo largo del año, ya que se está en buen camino para cumplir los objetivos de 2025.

El operador está inmerso en la revisión de su estrategia y sigue dando pasos relevantes en la reducción de su exposición en Hispam, como se refleja con la reciente venta de Telefónica Argentina y Telefónica del Perú y la firma vinculante de la venta de Telefónica Colombia.

"Esto es inconstitucional. Es como si se cerrara un edificio entero porque en uno de los pisos se trafica". Así resume Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, la impotencia que llevan sufriendo en este medio de análisis internacional durante los últimos dos meses. Con cada partido de LaLiga, da igual que sea sábado, domingo o entre semana, su web se apaga impidiendo que los usuarios accedan a sus informaciones y que sus propios empleados puedan entrar al sistema para trabajar durante horas. 

Lo que le está pasando a El Orden Mundial no es una anomalía. Decenas de webs totalmente legales y legítimas llevan desde principios de febrero sufriendo estos bloqueos por la lucha contra el fraude y la piratería audiovisual de LaLiga para proteger sus derechos audiovisuales. En el sitio ¿Hay ahora fútbol? es posible monitorizar el estado de los cortes y se puede comprobar cómo durante el fin de semana son notables desde las 16 horas hasta medianoche. "Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades porque es LaLiga. Estamos luchando contra un Goliat dopado", asegura Saldaña.

La entidad presidida por Javier Tebas cuenta con una orden judicial que le permite solicitar a las operadoras de telefonía cuando hay fútbol estos "bloqueos dinámicos y temporales" de rangos de IPs que hacen retransmisiones ilegales de partidos y que están vinculadas al servidor Cloudflare, uno de los principales proveedores a nivel mundial. Fuentes de LaLiga consultadas por infoLibre señalan que "a día de hoy, no hemos recibido tampoco ninguna reclamación formal". 

"Estos bloqueos son una buena idea contra la piratería, el problema es cómo se está ejecutando. Se puede hacer a cañonazos o de forma selectiva. Como el juez no decide cómo, lo están haciendo a cañonazos", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, para la que la idea puede ser "aceptable" en el sentido de "proteger el dinero de una empresa privada": "Pero esto no es admisible en un estado democrático como España porque se afectan a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información o de empresa". 

"LaLiga tiene una política judicial más agresiva que la que tuvo la SGAE, que se convirtió en el objetivo número uno de los internautas", admite Carlos Sánchez Almeida, abogado director de Bufet Almeida y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Por que estos bloqueos recuerdan a todo lo que ocurrió en la época de la pirateria de cine y series tras la aprobación de la Ley Sinde, que modificó la ley de Propiedad Intelectual para permitir a los titulares de derechos de autor demandar el cierre de páginas web que faciliten la distribución ilegal de sus obras. 

Tal y como detalla Xataka, lo que está ocurriendo ahora es que entre estas IPs que se apagan hay algunas que no están dedicadas a un único servicio, es decir, se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no realiza un bloqueo selectivo, también se afecta a otros servicios que son totalmente legítimos. Y no pueden hacerlo porque Cloudflare anonimiza los datos de sus clientes. Fuentes de LaLiga defienden que no se trata de un movimiento "masivo e indiscriminado" sino que "algunos proveedores se niegan a colaborar y prefieren perjudicar a sus usuarios legales y legítimos mientras se lucran de la piratería y otras actividades ilegales". Los usan como "un escudo digital". La entidad que preside Tebas recuerda que esta plataforma ya ha sido sentenciada en Francia, Italia y Alemania por no colaborar en la lucha contra la piratería.

No obstante, el efecto dominó ha provocado que patrocinadores de clubes, como Kelme, la web de soporte de Samsung o la RAE hayan vivido puntualmente alguno de estos bloqueos desde el pasado febrero. Otros como El Orden Mundial, Only Tenis o plataformas de eCommerce lo sufren partido tras partido y juegue quien juegue. Y, cuando afectan a un medio, tal y como recuerda Tejerina, "hablamos ya de un derecho fundamental como el de la libertad de información". 

"Nos afecta al tráfico web y a la conversión de suscriptores. Tampoco podemos acceder a nuestro espacio de trabajo", reconoce Saldaña en conversación con infoLibre. Una lista de afectados por estos bloqueos con decenas de empresas y negocios valoran ya en casi 200.000 euros las pérdidas económicas. 

Desde El Orden Mundial aún no ponen una cifra exacta a las pérdidas que le supone esta situación aunque ya han notado que durante el último mes han bajado las suscripciones debido a que "el fin de semana es cuando más se producen" y el bloqueo de la web en determinadas horas estos días supone "un obstáculo para que cualquier persona pueda acceder con normalidad". "Es desesperante. El pasado sábado tenía que trabajar y no pude desde las 18 hasta las 21", relata Saldaña. 

"Todos aquellos que están en Cloudflare y no tienen nada que con retransmisiones piratas de fútbol son víctimas de una medida judicial excesiva y de un abuso de derecho que se ha perpetrado por un contubernio entre la parte demandada y la demandante", explica Sánchez Almeida porque las operadoras "no han defendido los derechos de sus clientes". 

¿Qué soluciones tienen? LaLiga ha puesto un buzón de comunicación a disposición de las empresas legales que se vean afectadas. Por su parte, El Orden Mundial ya tiene sobre la mesa buscar un servicio alternativo a Cloudflare porque desde la plataforma no les ofrecen alternativas y pagar tampoco les asegura que no les bloqueen: "Todo el mundo nos está diciendo que la situación es complicada y que se puede prolongar en el tiempo". 

Además, El Orden Mundial también se plantea sumarse a la demanda colectiva que se está preparando porque todo hace pensar que los bloqueos continuarán en las cuatro jornadas que restan esta temporada, quizás incluso de forma más intensa en la de este mismo domingo con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega a partir de las 16.15 horas. Asimismo, la sentencia en la que se apoya LaLiga se extiende hasta el curso 2026/27. El problema aquí es que estas empresas para poder reclamar tienen que contratar un abogado y, según Tejerina, supone unos gastos de "unos 2.000 euros" que no todas se pueden permitir.

También, tal y como adelanta Tejerina, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Tiene la relevancia suficiente para que la corte de garantías no se lo pueda quitar de encima sin entrar en el fondo", indica esta abogada. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La lucha de LaLiga contra estas prácticas piratas vienen de lejos. En palabras del propio Tebas en un Desayuno Deportivo de Europa Press el pasado febrero, "la piratería es el mayor competidor que tenemos". En concreto, afirmó que en España "el 30% paga menos o gratis" por ver un partido: "Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol español estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables". Fuentes de la LaLiga estiman que las pérdidas económicas derivadas de la piratería oscilan entre los 600 y 700 millones de euros anuales.

Así, en 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso al ente una multa de 250.000 euros por espiar a los bares con su app para analizar si retransmitían partidos sin pagar, aunque finalmente el Supremo absolvió al ente en 2024. En 2021, logró una orden para bloquear dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardsharing, un método para compartir el acceso a servicios de pago. En 2024, la Audiencia Nacional hizo un amago de cerrar Telegram, por compartir contenido con copyright, incluyendo el fútbol, aunque finalmente dio marcha atrás porque calificó esta decisión de "excesiva y no proporcional".

Ahora, después de identificar que muchas plataformas "piratas" utilizaban los servicios de Cloudflare para ocultar su identidad y evadir sus medidas antipiratería, presentó una demanda junto a Telefónica y logró una orden en diciembre de 2024 para solicitar a operadoras como Movistar, O2, DIGI y MásOrange bloqueos temporales de IPs. "Telefónica y Movistar se autodemandan y esto es un abuso de derechos porque se allanan (que se refiere a la conformidad o aceptación de una parte ante la petición de la parte contraria, que en este caso es la misma empresa) y el juez no entra en el fondo del procedimiento", explica Tejerina. 

"Intentar eliminar Telegram sin entender cómo funciona es lo que hace ambos casos tan parecidos. La idea es buena, pero la ejecución es torpe", reconoce Tejerina. "Bloquear contenido sin revisar lo que bloquean lo que hace es demostrar a todo el mundo es que se te olvida que tu objetivo son los malos y el resto te da igual", detalla esta experta que apunta que los que piratean el fútbol van a seguir creando contenido pirata porque pueden "recurrir a otros métodos" ya que "la tecnológica no se crea ni se destruye, se transforma". En cambio,  "están dejando a gente normal sin servicio para sus clientes o sin poder informar"  

Esta sentencia fue respaldada este mismo marzo por el juzgado de lo mercantil nº6 de Barcelona que desestimó las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON al ratificar, según fuentes de LaLiga, "la validez del procedimiento seguido, descartando que exista un procedimiento de bloqueos masivos ni indiscriminados, declarando expresamente que no existe merma de garantías"."Al haber un allanamiento previo, el juez concluye que no existen daños y vuelve a no entrar en el fondo del asunto", apostilla Tejerina. 

En esta línea de ofensiva contra Cloudflare, esta misma semana, LaLiga ha anunciado que una alianza con Twitch, Vercel, Scaleway y Gcoreque, varios de los competidores del servidor, para trabajar en su estrategia antipiratería y desactivar las transmisiones piratas de partidos bloqueando de forma específica estos dominios. 

¿Qué base legal respalda estas sentencias? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que ninguna. Sánchez Almeida recuerda que "el fútbol carece de propiedad intelectual" por lo que "los artículos que se han invocado no pueden ser aplicados a acontecimientos deportivos". En este caso, tal y como señala Tejerina, tendría que tratarse de "los derechos de retransmisión" pero "LaLiga los tienen cedidos".

La sentencia de diciembre de 2024 se basa en el artículo 270.2 del Código Penal que penaliza "la facilitación, distribución o puesta a disposición de listas clasificadas de obras protegidas por derechos de autor sin autorización". Sin embargo, en 2022, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la emisión de un partido de fútbol no encaja en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica" porque "es un espectáculo deportivo, no artístico". "Es una sentencia desgraciada de un juzgado de lo mercantil", indica Sánchez Almeida que apunta que LaLiga tiene "un derecho civil a cobrar por las entradas o por las retransmisiones, pero no es un derecho fundamental". 

Todos estos bloqueos, ¿vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión? "Sí, pero no llegan al nivel de la censura previa o a impedir a alguien un derecho, esto son delitos. Pero, en este caso, lo que han hecho es pactar sin considerar los derechos de los usuarios, que son los grandes perjudicados", sostiene Sánchez Almeida. 

Ofelia Tejerina considera que estos bloqueos abren la puerta a una censura técnica porque "si no controlan a donde disparan", es decir, a que webs afecta, su finalidad legítima se "distorsiona" porque al final solo "protegen los negocios privados de una empresa": "Nunca se ha usado este método en delitos como la pederastia o el terrorismo".

Para Eduardo Saldaña, que se pregunta qué tipo de jurisprudencia se crea con estos bloqueos, asegura que el principal riesgo que existe es que estas decisiones se normalicen. "Es una violación de los derechos digitales", defiende el codirector de El Orden Mundial que además recuerda que, a pesar de esta ofensiva, lo cierto es que en redes sociales se sigue viendo cómo la gente sigue consumiendo fútbol en retransmisiones piratas: "No está funcionando". "No podemos permitir que una organización como LaLiga tenga tantísima impunidad", concluye. 

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como testigos al presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, y al también antiguo máximo responsable de esa empresa Fernando Abril-Martorell, por el software de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense. En una providencia con fecha de 3 de abril, a la que ha tenido acceso EFE, el juez ha citado a varios empresarios y cargos de Indra, de su filial, Minsait, y de Google.

El próximo 14 de mayo deberán acudir como testigos Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyecto de Google; Miguel Estassi, responsable institucional y de políticas públicas de Google; Luis Abril Mazuelas, actual responsable de Minsait y actual consejero ejecutivo y director general de Indra y el empresario Rosauro Varo, miembro del Consejo Asesor de Telefónica.

El 28 de mayo están citados Fernando Abril-Martorell, expresidente de Indra, Marc Murtra, actual presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra y Manuel Ausaverri Ferrer, director de estrategia, innovación y gabinete de Indra.

Google, Indra y Minsait, filial de Indra, financiaron una plataforma para medianas y pequeñas empresas creada en el seno del máster de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, y de la que pudo apropiarse indebidamente según las acusaciones populares personadas en la causa. Peinado ha ordenado estas citaciones después de que una directiva de Google y dos exdirectivos de Indra dijesen desconocer los detalles de los acuerdos por los que sus compañías financiaron el software de la cátedra.

Las acusaciones populares, dirigidas por Vox, pidieron que el juez citase a algunos de estos empresarios, con el argumento de que es pertinente que declaren como testigos las personas que tuvieron conocimiento directo del desarrollo de la colaboración de estas empresas con la cátedra de Gómez.

Peinado investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. En su declaración como investigada Begoña Gómez negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió y solicitó informes a esas compañías sobre cómo financiaron el software.

Google comunicó al juzgado que aportó un total de 110.000 euros mediante un acuerdo con la Universidad Complutense para patrocinar el Proyecto Transforma TSC, en diciembre de 2022, que consistió "en el desarrollo de una plataforma gratuita que permite a las pequeñas y medianas empresas planificar la mejora de sus objetivos de desarrollo sostenible y medir el impacto de las medidas llevadas a cabo", según consta en el sumario. El gigante tecnológico precisó que estos gastos "no supusieron ningún beneficio o incentivo fiscal".

Por su parte Indra informó al juzgado de que en la misma fecha invirtió 128.442 euros en el software del citado máster, que facturó a través de otra compañía del grupo y que no disfrutó de "beneficios o deducciones fiscales".

Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro Nacional de Inteligencia, por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —como ha ocurrido también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo de esta legislatura ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado al propio Congreso y a organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Feijóo deja fuera de esa denuncia al Senado, una cámara de control exclusivo del PP con la que trata de suplantar la labor del Congreso, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J. También deja fuera al Tribunal Supremo o al propio Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, sus salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno, mientras que la presidencia del CGPJ, con Isabel Perelló al frente, se ha alineado varias veces con los vocales conservadores a pesar de pertenecer al sector progresista, el mismo sector que ahora lidera una rebelión contra el TC en Bruselas.

El PP lleva cuestionando al Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados —antes de esa fecha, los conservadores consideraban cualquier crítica como una intromisión en la justicia—. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo. Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios.

El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno "ha ocupado las instituciones". La elección del término "ocupación" ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna y de que tampoco haya conseguido convencer a la Comisión Europea de que se pronuncie contra los "asaltos" a las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como intentó en el caso del Fiscal General, que también ha convertido en otra pieza de caza clave.

El último ejemplo data de esta misma semana a raíz de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno quiere tratar de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto del consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular con un consejero, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años, un asunto en el que el PP está dando ya la batalla. La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la propuesta de renovación de "anomalía democrática" y aseguró que se estaba repitiendo el mismo modus operandi de "colonización" que en organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española o el Banco de España: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", afirmó.

La norma no escrita establece que, para la elección de la cúpula del Banco de España, debía haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas, el Gobierno propuso en verano del pasado año al entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomó posesión del cargo en septiembre. Desde el PP lo calificaron como otro "manoseo" de Sánchez en su estrategia de "ocupación" de las instituciones y se negaron a negociar el nombre del subgobernador pese a que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. Desde el PP habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy, la que ocupara ese cargo, pero renunciaron a la negociación tras la elección de Escrivá.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, que el Gobierno consideró probada en el caso de Escrivá por su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En los últimos meses los conservadores han seguido criticando a Escrivá por no ser "un gobernador independiente" pero le han solicitado información sobre "el impacto del cupo catalán" en las arcas del Estado y han demandado su colaboración para "poder esclarecer los hechos destapados" por el empresario Víctor de Aldama, investigado actualmente por el Supremo.

La elección de Marc Murtra como presidente de Telefónica se saldó con graves acusaciones por parte de Feijóo y su dirección contra el Gobierno que culminaron, la semana pasada, con la petición de su comparecencia en el Congreso. "Si actúa como un miembro del Gobierno, que dé explicaciones como si fuese un miembro del Gobierno", señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado. La propuesta de su nombramiento partió de la SEPI, el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. Para los conservadores, sin embargo, se trató de una operación dirigida a "controlar" las instituciones pese a que tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones, que se mantienen en la actualidad. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, llegó a sugerir que Sánchez quería controlar empresas para influir en las elecciones del 23J. Sus críticas iban destinadas hacia Indra, la empresa que gestiona desde hace más de dos décadas los datos del escrutinio. Más tarde, tuvo que pedir perdón por sus palabras.

El Congreso de los Diputados aprobó en enero de este año los nombramientos de cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Gobierno para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que vela por la libre competencia y regula los mercados. El Ejecutivo culminó así la renovación de los organismos reguladores tras la falta de candidatos propuestos por Génova para su renovación, al igual que sucedió con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles. Ambos organismos, según el PP, también forman parte de esa "colonización" que, sin embargo, no aplica cuando se trata de ellos.

La formación de Feijóo también ha llegado a cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas en España. Su renovación, en abril de 2021, también se convirtió en objeto de polémica por parte del PP. Su presidenta, Enriqueta Chicano, fue duramente cuestionada por los conservadores y también por Vox por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción con respecto a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

La multinacional española Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta de la totalidad de las acciones de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel), representativas del 67,5 % de su capital social, a Millicom Spain por alrededor de 368 millones de euros. Según ha notificado esta madrugada a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) y ha recogido EFE, el valor de la operación, que ha realizado a través de su filial Telefónica Hispanoamérica, asciende a 400 millones de dólares estadounidenses y está sujeta a los ajustes de precio habituales en este tipo de transacciones.

El cierre de la operación queda sujeto a determinadas condiciones, incluyendo las pertinentes aprobaciones regulatorias y a acuerdos con la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia y a acuerdos con Empresas Públicas de Medellín.

Además, Millicom ha informado en un comunicado que también ha acordado adquirir el 32,5% restante de las acciones de Coltel, propiedad del Estado colombiano y otros inversores, al mismo precio de compra por acción que ha ofertado a Telefónica con el fin de hacerse con el 100 % de la compañía.

Telefónica notificó el pasado mes de julio de un acuerdo no vinculante entre su filial Telefónica Hispanoamérica y el grupo Millicom para explorar una posible operación corporativa con respecto a los activos que ambos grupos tenían en Colombia, lo que podía implicar la venta de las acciones. Según ha explicado ahora, esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de carteras de activos del grupo "y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".

Se trata, además, de la segunda gran operación corporativa del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que el pasado 18 de enero sustituyó en ese cargo a José María Álvarez Pallete, después de que el pasado febrero alcanzara un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por 1.245 millones de dólares (1.189 millones de euros).

La estrategia de desinversión de Telefónica en la unidad de Hispam comenzó en 2019, ya antes de aprobar el plan estratégico de Telefónica hasta 2023, que contemplaba reforzar el mercado de sus cuatro territorios principales (España, Alemania, Reino Unido y Brasil) y simplificar su negocio en Latinoamérica. Así, por ejemplo, además de las operaciones de Argentina y Colombia, también se ha informado sobre posibles salidas de México y Uruguay.

La compañía también anunció en febrero que su filial en Perú había entrado en concurso de acreedores con el objetivo de lograr una "reestructuración ordenada" de sus pasivos que arrastraban dificultades económicas desde hacía tiempo.

Telefónica ingresó el pasado ejercicio 9.032 millones de euros en su unidad de Hispam, que abarca toda Hispanoamérica salvo Brasil, lo que supone un 7,8 % más que en 2023 y el 22 % de los ingresos totales de la multinacional española en 2024.

El Gobierno de Argentina investigará si la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom Argentina, acordada este lunes, no configura una situación de monopolio en el mercado de las telecomunicaciones en el país suramericano. El Ejecutivo de Javier Milei anunció en un comunicado que dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom, regulador de las telecomunicaciones en Argentina) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) "para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio", según informa EFE.

Además, señaló que "esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa", en referencia al grupo argentino de medios Clarín, uno de los principales accionistas de Telecom Argentina.

El Gobierno de Milei advirtió que, de confirmarse una situación de monopolio, "el Estado nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo". Recordó que el marco de regulación vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones de las empresas con licencias de servicios de la información y las comunicaciones.

"Así como ocurre en otros países de Occidente, el Gobierno nacional está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio, que con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina", añade el comunicado. El Ejecutivo aseguró que "tomará todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación".

Este lunes, Telefónica Hispanoamérica -empresa del grupo español Telefónica- llegó a un acuerdo con Telecom Argentina para vender la totalidad de sus acciones en el capital social de Telefónica Argentina.

Según un comunicado difundido por Telefónica Argentina, la transacción, valorada en 1.245 millones de dólares, se inscribe en la estrategia del grupo español de "reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas".

Telecom y Telefónica dominan el mercado argentino de las telecomunicaciones desde que a finales de la década de 1990 el entonces Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) privatizó la empresa estatal de telefonía y dividió en dos regiones al país para otorgar los servicios a estas dos empresas.

Telecom Argentina, cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, está participada en un 28,16% de las acciones por Cablevisión Holding (empresa controlada por el grupo Clarín) y en un 30,03% por el fondo Fintech Telecom (controlado por el empresario mexicano David Martínez), mientras que un 21,84% de las acciones está en un fideicomiso y un 11,42% está en cartera de la Administración Nacional de la Seguridad Social de Argentina.