La nueva caída que ha experimentado este pasado jueves la plataforma de pagos Redsys se debe a un problema técnico interno y no a un ciberataque, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

Tras la caída registrada el pasado sábado, 18 de noviembre, este jueves Redsys ha vuelto a registrar incidencias, afectando a TPVs y transferencias, incluyendo el pago a través de Bizum, en víspera del Black Friday.

Estos problemas no han afectado a todas las entidades financieras por igual, impactando en unas más que en otras, tal y como han explicado las mismas fuentes.

Bizum avisó de esta incidencia en torno a las 22.00 horas, con un mensaje en la red social X: "Es posible que hayas intentado operar con Bizum y no hayas podido. Estamos trabajando en su solución, os mantenemos informados. Sentimos las posibles molestias. Muchas gracias, bizumer", escribió.

En torno a medianoche avisó de que desde las 23.25 horas ya era posible operar a través de Bizum "con normalidad" y que las operaciones serían regularizadas "automáticamente" en las siguientes horas.

Por su parte, Redsys informó de la incidencia en torno a la una de la madrugada a través de X, indicando que se había producido una "incidencia técnica" que había provocado "inestabilidad transitoria" en el sistema encargado de procesar las transacciones de pagos. En ese momento, añadía que el servicio se había restablecido "en su totalidad".

Ya en la mañana del viernes ha informado de que, tras este último incidente, se ha identificado, junto al fabricante implicado, "la causa raíz del problema".

Se acercan las rebajas, y esta cuesta de enero tiene una diferencia sustancial con la de 2022: el ahorro de las familias, acumulado durante la pandemia, ya no es el mismo. Tras un año con una inflación media del 8,4%, en el que los hogares han hecho malabares para asumir el encarecimiento de las facturas, de las compras básicas y del ocio, sin que los salarios suban a la par, muchos llegan sin saldo a esta cuesta de enero. Un estudio estima que el 37% de los consumidores se plantea financiar sus compras de las rebajas con tarjeta de crédito, en un momento en el que el interés del crédito no para de crecer respecto al de los últimos años. 

Es un dato que se desprende del comparador de productos financieros Banqmi, que anualmente pregunta a más de 1.000 personas una serie de datos sobre las compras durante el periodo de rebajas de enero. En el caso de 2023, una mayoría se decanta por las compras con tarjeta de crédito (37%), frente a recurrir a las ganancias del mes (27%), el dinero obtenido como regalo de Navidad (18%) o el dinero ahorrado (17%). En años anteriores, la mayoría de los encuestados recurrían a las ganancias mensuales, una opción que ha ido perdiendo terreno frente a las tarjetas de crédito.

Recurrir a la tarjeta de crédito en un entorno de subidas de tipos de interés puede acarrear unos costes inesperados para los consumidores. Que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés implica que a los bancos les cuesta más financiarse, por lo que los intereses que cobran a los consumidores son superiores. Esto se ve en los préstamos, en las hipotecas, y también ocurre en las tarjetas de crédito. 

El organismo europeo empezó a subir los tipos de interés en julio de la manera más intensa en sus 22 años de historia, con el objetivo de contener la inflación, por lo que el encarecimiento del crédito ha aumentado a un ritmo equivalente. Las tarjetas suelen tener un tipo de interés que es fijo, por lo que no debería impactar sobre los contratos ya firmados con los bancos. En el caso de que la entidad que ha expedido la tarjeta quiera aumentar dicho tipo de interés, tendrá que informar al usuario de manera individualizada con una antelación mínima de dos meses. 

No obstante, en el caso de que el consumidor decida contratar una tarjeta de crédito en este momento, se encontrará con unos precios que no se veían desde hace cuatro años. Según los datos del Banco de España, la media del interés que cobran las tarjetas de crédito por ofrecer el servicio de pago aplazado fue del 17,70% en octubre. Es un interés superior al de los últimos cuatro años, que se encontraba entre el 15% y el 16%. Los analistas prevén que este continúe escalando, dado que el Banco Central Europeo ha seguido subiendo los tipos de interés desde entonces, así como ha manifestado que lo continuará haciendo. 

El uso de la tarjeta de crédito como instrumento para llegar a fin de mes es algo cada vez más común. Según datos del Banco de España, en 2022, el número de tarjetas de crédito en circulación ha aumentado a ritmos de entre el 5% y el 7%, respecto a los datos del año anterior. El organismo estima que en el segundo trimestre se cruzó la barrera de los 40 millones de tarjetas en circulación (unos 88 millones en total, incluyendo las de débito). 

Las condiciones de las tarjeta de crédito varían en función de la entidad bancaria que las expide, pero la mayoría ofrecen una serie de servicios gratuitos que empiezan a ser de pago una vez que se superan algunos umbrales. Por ejemplo, es posible contar con cierto crédito gratuito mensual, aunque si se supera esa cifra, empiezan a cobrarse comisiones. O que exista este crédito mensual gratuito y paralelamente una opción de pago a plazos de facturas y recibos que sí cobra comisión.

Álvaro L., de 33 años, es un usuario recurrente de la tarjeta de crédito: “La utilizo mensualmente porque parece que vivo por encima de mis posibilidades. Vivir en Madrid es muy caro, entre el alquiler y otros gastos, usar tarjeta de crédito para mí es imprescindible para llegar a fin de mes”. 

Diversos estudios han coincidido de que los milenials [personas nacidas entre mediados de los 80 y finales de los 90] desconfían del uso de las tarjetas de crédito, ante la experiencia traumática de la crisis financiera. No obstante, las entidades financieras encuentran la manera de llegar a todo tipo de perfiles y cada vez es más común que ofrezcan tarjetas de débito con multitud de opciones de crédito (aplazar pagos, recurrir a créditos preconcedidos, etc). 

La percepción de este residente madrileño es que su uso es frecuente en su entorno: “Tengo varios amigos que también lo hacen para llegar a final de mes. En mi caso no te cobran comisión en los primeros 1.600 euros. Aunque sí te cobran si eliges pagar alguna factura a plazos. Por ejemplo, el otro día, en lugar de pagar 150 euros por una compra que hice, elegí pagarlo en tres meses, creo que al final acabaré pagando unos 160”, explica. 

Este es el interés común que aplican las tarjetas revolving, un tipo de instrumento que está haciendo su agosto. Estas tarjetas permiten aplazar automáticamente el pago de todas las compras, con un interés elevado. Estos intereses llegaron a tal punto, que el Tribunal Supremo ha tenido que posicionarse para determinar cuándo este servicio podría considerarse "usura". Por ejemplo, así lo sentenció en mayo de 2020 respecto a los intereses de una tarjeta de Wizink, con un TAE de 26,82%.

El año de la pandemia los usuarios de banca aumentaron sus reclamaciones ante el Banco de España en un 45,6% respecto a 2019, y sus consultas telefónicas aún más, un 54%. El pico de las llamadas se produjo precisamente en abril, con el estado de alarma recién activado y el confinamiento en su momento más duro. La tendencia al alza, además, parece que va a continuar, puesto que en los primeros cuatro meses de este año el Banco de España ya ha recibido 13.000 reclamaciones. El organismo supervisor no descarta que en 2021 la cifra de quejas de clientes roce los máximos históricos de 2013, 2014 –cláusulas suelo– y 2017 –gastos de las hipotecas–. Es lo que prevé el Banco de España en su Memoria de Reclamaciones, que cifra en 21.320 el número de reclamaciones recibidas el año pasado, de las que el 27% se refieren a hipotecas. Pero donde se ha experimentado una auténtica explosión de quejas ha sido en las tarjetas, que se han disparado un 114,7% respecto a 2019 y ya suponen casi tantas –un 26,4%– como las hipotecas, hasta ahora las reinas de las denuncias.

Es más, si las reclamaciones sobre tarjetas han crecido en ese volumen ha sido porque las quejas sobre supuestas operaciones fraudulentas se han multiplicado en un 138,6% en un año, de tal forma que se han convertido en el segundo motivo de queja, pero también porque las denuncias sobre tarjetas revolving han crecido aún más, un 212%. En total, el Banco de España recibió en 2020 5.725 reclamaciones por hipotecas –un 28% más que en 2019–, pero nada menos que 5.622 por tarjetas. Y de ellas 1.942 eran por presuntos fraudes.

Las cuentas corrientes suman 4.912 reclamaciones, la mayoría por las comisiones cobradas. Las transferencias también han supuesto un 70% más de quejas y, de nuevo, aparece el fantasma del fraude: se han disparado un 236% al pasar de 97 a 326.

Como es lógico por su volumen de negocio y cuota de mercado, Santander, Caixabank, BBVA y Bankia –recién fusionada con Caixabank– acumulan también el mayor número de reclamaciones, el 51,6% de las recibidas por el Banco de España. Contra el banco de Ana Patricia Botín se presentaron en 2020 un total de 3.849 quejas, contra Caixabank 2.696, BBVA fue objeto de 2.405 reclamaciones y Bankia, de 2.301. Les siguen Banco Sabadell, con 1.091, y Wizink, con 1.035. Las reclamaciones dirigidas al supervisor por las operaciones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que ha tenido un papel protagonista durante la pandemia por los préstamos y avales concedidos a empresas, sólo han supuesto el 0,47%.

Un 58,7% de rectificaciones para el Santander, un 89% para el Sabadell

Para que un cliente reclame ante el Banco de España si considera que su entidad financiera ha incumplido las normas de transparencia o, en general, las buenas prácticas bancarias, debe haberse quejado primero al servicio de atención al cliente de la propia entidad. Después, el supervisor elabora un informe. En 2029 fueron 7.094 los redactados, de los cuales el 33% fueron favorables a la entidad reclamada y casi el 37% favorables al cliente. Además, en 2.143 ocasiones –el 30,2%– el banco rectificó antes de que el supervisor emitiera su informe. Es decir, el Banco de España destaca que siete de cada 10 reclamantes vieron “satisfechas sus pretensiones” tras acudir a sus servicios, “una tendencia constante de 2017”. No obstante, el porcentaje de informes a favor del cliente se situó el año pasado como el segundo más bajo desde 2012, lo que el supervisor interpreta de forma positiva, como un indicio de que los bancos cada vez asumen en mayor medida las buenas prácticas bancarias.

En cualquier caso, el Banco de España ajusta las cifras absolutas de informes favorables a los reclamantes según la cuota de mercado de la entidad financiera denunciada, al tiempo que mide la respuesta de ésta a su dictamen: si rectifica o no su comportamiento. Así, Bankinter, Kutxabank y Cajasur resultan ser los bancos con peor comportamiento frente al cliente y frente al supervisor. Son los que más quejas recibieron en 2020 y los que menos rectificaron respecto de la media. Las tres fueron objeto de más de un 60% de informes a favor del reclamante y rectificaron –antes de que el Banco de España emitiera su dictamen– sólo entre un 14,5% –Cajasur– y un 22,2% –Kutxabank–. Tampoco lo hicieron mucho mejor los más grandes del sector:el Banco Santander sólo rectificó en un 22% de las ocasiones y recibió un 40,3% de informes en su contra, por lo que es la entidad entre los mayores que menos modificó sus decisiones, en un 58,7% de las quejas admitidas. Por el contrario, el Sabadell llegó al 89% de rectificaciones –sumadas las previas y las posteriores al informe–.

Por su parte, Liberbank, Ibercaja y Cajamar tienen un porcentaje de quejas superior a la media, pero también rectifican más. Al revés, ING, Evo Banco, Cetelem y Servicios Prescriptor y Medios de Pago –antigua Evo Finance–, rectifican menos y suman menos reclamaciones que la media. Sobre ING, el Banco de España admitió 166 quejas, de las cuales el banco holandés rectificó el 62% –un 23% antes del informe–, mientras que sobre Cofidis fueron sólo 18. Rectificadas antes del informe quedaron cuatro y otras siete terminaron con dictamen a favor del cliente.

Casi se duplican las quejas por productos vinculados y comisiones

Si la comparación se hace teniendo en cuenta el tipo de producto, Cajamar, Santander y Liberbank son los que han recibido más informes del Banco de España favorables a los clientes que se quejaron por sus hipotecas. En general, los usuarios reclaman sobre todo por los gastos para formalizar estos préstamos y por la contratación de productos vinculados, cuyo número ha crecido un 89% el último año. También se han desbordado las quejas por la aplicación del IRPH –una materia aún en sede judicial–, un 247,3%. Por los depósitos, las entidades más denunciadas son Deutsche Bank e Ibercaja. Sólo las quejas por las comisiones se han disparado un 91%. Y por las tarjetas, Bankinter Consumer Finance, Wizink y de nuevo Ibercaja. En el caso de la primera, recibió 17 informes en contra, lo que equivale a 14 veces más de lo que le correspondería por su cuota de negocio. El Santander tiene el mayor número absoluto de informes desfavorables por sus tarjetas, 225 –2,4 veces más de lo que debería por su cuota de mercado–. De ellos, 172 tienen su origen en operaciones donde el cliente denuncia que ha sido víctima de un fraude.

El resultado de estas rectificaciones se tradujo el año pasado en que los bancos devolvieron a sus clientes casi 3,1 millones de euros, el mayor importe en la última década y un 20,5% más que en 2019. Eso sí, el importe medio reembolsado no es muy elevado: sólo 431,74 euros.

Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo consideran que los contratos de las tarjetas revolving que apliquen tipos de interés superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados son usurarios y deben ser anulados, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

El Alto Tribunal sienta así jurisprudencia al pronunciarse sobre una sentencia referida a una tarjeta comercializada por WiZink Bank con una TAE inicial del 26,82% y que llega desde la Audiencia Provincial de Santander, órgano judicial que estimó en parte un recurso de apelación interpuesto por la entidad contra un fallo del Juzgado de Primera Instancia que declaró la nulidad del contrato entre las partes por existir un interés remuneratorio usurario.

El artículo 1 de la Ley de Usura, que data de 1908, determina como nulo cualquier contrato de préstamo, extensible a un crédito, en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de una situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales.

Las tarjetas revolving son tarjetas de crédito en las que se dispone de un límite de crédito determinado que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas, pero su peculiaridad reside en que la deuda derivada del crédito se renueva mensualmente.

Los intereses tan altos que finalmente se tienen que pagar han provocado una sucesión de demandas en los juzgados. Por eso, con el fallo de hoy, el Tribunal Supremo marca el devenir de las futuras sentencias por este producto.

Cada día más gente paga con tarjeta o directamente con el móvil. A pesar de la comodidad que supone, los pagos electrónicos pueden entrañar riesgos de seguridad. Por ello, la próxima semana entrará en vigor una nueva normativa de seguridad, informa Europa Press.

Esto supondrá cambios en la experiencia de pagos, y se deberán introducir elementos adicionales de autenticación que hasta ahora no se requería, ya no solo en la banca electrónica sino también en los pagos con tarjeta, en el comercio electrónico y presencial, a partir del próximo 14 de septiembre.

Esta nueva normativa se enmarca en la PSD2, que son las siglas en inglés de Payment Services Directive, por las que habitualmente se hace referencia a la segunda directiva de servicios de pago comunitaria, y tiene el objetivo de promover la transparencia, la innovación y una mayor seguridad en los servicios de pago.

Además de introducir nuevos servicios de pago, la nueva autenticación reforzada establece requerimientos adicionales de seguridad en las transacciones de pago electrónicos y en los accesos a las cuentas a través de internet. A continuación desvelamos sus claves.

Claves de la autenticación reforzada

La autenticación reforzada es un procedimiento de verificación de la identidad del cliente en el entorno electrónico, según la Asociación Española de Banca (AEB).

De acuerdo con la nueva normativa, la identificación deberá incluir varios factores de autenticación en las categorías de posesión (algo que solo posee el usuario), inherencia (algo que es el usuario) y conocimiento (algo que solo conoce el usuario).

¿Este paso implica mayor seguridad en los pagos?

La AEB indica que los pagos electrónicos ya cuentan con niveles de seguridad elevados, pero la autenticación reforzada requiere que en ocasiones se deberán introducir elementos adicionales de autenticación en pagos para los que hasta ahora no se requería.

Un ejemplo es que a partir del 14 de septiembre, además de los habituales códigos, también se puede enviar un código a un dispositivo o se puede introducir factores biométricos, como el reconocimiento facial.

Cada banco, de manera individual, comunicará a sus clientes cómo la autenticación reforzada afectará a la operativa bancaria.

Consejos básicos de seguridad en internet

La AEB señala varios consejos de seguridad en Internet, ya que aunque los nuevos requerimientos reforzarán la seguridad de las operaciones electrónicas, no viene mal recordar algunos pasos básicos en la web:

-Comprobar que las claves se introducen en la banca electrónica o aplicación móvil del banco y no en portales fraudulentos.

-Tener en cuenta que el banco nunca pedirá información sobre los códigos y elementos de seguridad para operar en canales remotos por teléfono o correo electrónico.

-No compartir con nadie las contraseñas de acceso a la banca electrónica o móvil ni la de las tarjetas.

-No introducir datos privados en redes wifi públicaswifi .

-No instalar programas que se reciban por correo electrónico, sino únicamente webs oficiales.

Teniendo en cuenta estos consejos, y gracias a la nueva normativa, pagar por Internet será, si cabe, más seguro todavía.

El Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones (DCMR) del Banco de España recibió el año pasado un total de 19.695 reclamaciones, un 51% menos que en 2017, cuando las quejas por el pago de los gastos de formalización de las hipotecas dispararon hasta cifras de récord las demandas contra las entidades financieras, el máximo en 31 años.

La mayoría, el 54% de las reclamaciones, se refieren a préstamos hipotecarios y el 14,5% a cuentas y depósitos. Pero las quejas sobre préstamos personales han crecido nada menos que un 86,3% en el último año y un 51,8% las que tienen que ver con avales. Según explica la Memoria de Reclamaciones que publicó este miércoles el Banco de España, el auge de las quejas sobre préstamos personales tiene su origen en el cúmulo de las demandas presentadas por los clientes de clínicas dentales, que solicitan la cancelación de los contratos de crédito que firmaban a cambio de servicios que no se les prestaron.

De las 19.695 reclamaciones presentadas, 9.613 no fueron admitidas a trámite, el 48,8%. Además, otras 3.306 fueron objeto de un informe por inadmisión sobrevenida –tras ser admitida la queja, el servicio encuentra una causa de inadmisión que se había pasado antes por alto–. Esos porcentajes llevan a la asociación Adicae a criticar que el Banco de España sólo atiende realmente el 16,8% de las reclamaciones de los usuarios de la banca. Por ese motivo pide la creación “urgente” de una Agencia de Protección al Consumidor Financiero.

Según las cifras del supervisor, el 39,6% de las reclamaciones que sí son admitidas son resueltas a favor del cliente. En otro 30,6% de los casos, las entidades financieras se allanan; es decir, rectifican antes de que el Banco de España emita su informe. Ambos porcentajes son los más bajos de los últimos años, resalta la memoria. El organismo, no obstante, interpreta el dato en el sentido de que revela una mejora en el comportamiento de los servicios de atención al cliente de los bancos –a los que es obligatorio acudir antes de reclamar ante el Banco de España–: “Asumen en mayor medida los criterios del DCMR al recibir la reclamación del cliente y rectifican su actuación en mayor medida”.

En cualquier caso, lo cierto es que al supervisor sólo llega el 3,1% de las reclamaciones planteadas previamente ante los servicios de atención al cliente de las entidades. Además, la respuesta que los bancos dan a sus propios usuarios es muy diferente a la que consiguen del Banco de España: de las 445.874 quejas que los clientes presentaron antes los departamentos de atención al cliente en 2018, el 70,4% fueron rechazadas.

Las entidades con peor conducta

La Memoria del Banco de España también señala a las entidades que peor comportamiento tienen con sus clientes cuando éstos reclaman. Tras dividirlas en cuatro grupos atendiendo a su cuota de mercado, el tipo de entidad y si prestan o no servicios bancarios a personas físicas, el documento se centra en la conducta de las que aglutinan el 91,4% de las quejas. El primer grupo integra a 12 entidades, entre ellas los grandes bancos –Santander, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, Popular–, junto con Cajamar, ING y las financieras de Carrefour, El Corte Inglés, Caixabank y Santander. Las que tienen peores indicadores son dos financieras, las de El Corte Inglés y Santander Consumer EFCEl Corte Inglés: ambas suman un porcentaje de informes favorables al cliente superior a la media pero luego rectifican menos que la media. Estas resoluciones del Banco de España no son vinculantes, las entidades no están obligadas a cumplirlas.

Santander Consumer EFC es, de hecho, la que acumula un mayor porcentaje de informes en su contra, un 60%. Tras recibirlos, sólo rectifica en un 33,3% de las ocasiones en que el Banco de España ha resuelto que no tiene razón. La financiera de El Corte Inglés contó en 2018 con un 44,4% de informes favorables al reclamante, pero rectificó sólo en un 40% de los casos. La que más cambió su conducta fue la financiera de Caixabank, en el 87,5% de los informes, seguida del BBVA, con un 83,9%. También fue el banco presidido por Carlos Torres el que mayor porcentaje de informes favorables recibió el año pasado del Banco de España, un 47,5%. Caixabank, su financiera y Bankia acumulan más informes en contra que la media, pero también rectifican más.

El segundo grupo lo forman 26 entidades de mediano tamaño, desde Ibercaja y Wizink hasta Openbank y Deutsche Bank o Cofidis y Banca March. En esa lista las que más informes en contra tienen pero menos rectifican tras ser señaladas por el Banco de España son Kutxabank y Bankinter. El banco vasco acumula un 70% de informes a favor de los clientes pero cambia su proceder sólo en el 31,8% de las ocasiones. La entidad que preside María Dolores Dancausa recibió en 2018 un 58,9% de informes en contra y rectificó sólo en el 37,5% de los casos. No obstante, Banca March es la entidad con la mayor ratio de resoluciones a favor de sus clientes, un 84,6%. Y la que menos rectifica, Cofidis, sólo un 25% de las veces.

Evo, Ibercaja y Cajamar, con más quejas sobre depósitos

El Banco de España destaca que BBVA, Caixabank, Bankia, Santander y Sabadell concentran el 54,8% de las resoluciones –tanto a favor como en contra o con allanamiento–. También son las entidades con mayor número de clientes y mayor cuota de mercado. Sin embargo, la memoria destaca que el Banco Santander “se desmarca ligeramente” de los otros cuatro bancos, ya que su porcentaje de informes en contra es superior al resto de sus competidores y el de rectificación, inferior.

Dependiendo del tipo de producto financiero, en préstamos hipotecarios Caja Rural del Sur y Banco Caixa Geral son las entidades con mayor número de informes favorables a los clientes, seguidas de Caja Rural de Granada y Kutxabank. En depósitos, Evo Banco, Ibercaja y Cajamar acumulan las peores ratios según su cuota de mercado. En servicios de pago –tarjetas, transferencias y adeudos domiciliados– Evofinance, con un 2,5% de informes en contra para una cuota de mercado de sólo el 0,1%, Wizink y Evo Banco presentan los indicadores más negativos.

De acuerdo con la memoria, las entidades financieras devolvieron en 2018 a sus clientes un total de 2,63 millones de euros tras conseguir una rectificación solicitada por el Banco de España. La cantidad representa un 5,8% menos respecto a 2017, pero el importe medio por informe o allanamiento se ha disparado un 46,5% en un año, debido a la caída del número de resoluciones a favor del cliente.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no vio este viernes necesario que los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato ingresaran en prisión durante el tiempo que el Tribunal Supremo tarde en resolver los recursos que interpongan tras ser condenados los dos banqueros a seis y cuatro años y medio de cárcel, respectivamente, por el caso de las tarjetas black.

Pero el de las tarjetas black, en el que además de a Blesa y Rato el tribunal ha condenado a los otros 63 imputados a penas que van desde los tres meses de cárcel a los a cuatro años al exdirigente de Izquierda Unida José Antonio Moral Santín, no el el único en el que los banqueros logran eludir su ingreso en prisión, incluso tras ser condenados a penas de prisión.

Los primeros que han conseguido mantener su libertad pese a ser condenados fueron los exdirectivos de la entidad catalana Caixa Penedès, seguidos de ejecutivos de Caja Castilla La Mancha y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). La excepción son los integrantes de la cúpula de Novacaixagalicia: pese a que en un primer momento el Tribunal Supremo suspendió la pena tras ser condenados a dos años de cárcel, sí han entrado en prisión al negarse a devolver los diez millones de euros que se habían embolsado de manera ilegal.

Los magistrados de la Audiencia Nacional han basado la decisión de que los expresidentes de Caja Madrid no vayan a la cárcel en el arraigo de los condenados, lo que elimina en su opinión el riesgo de que se fuguen de la acción de la justicia. Además, consideran que el comportamiento procesal de Blesa "ha sido intachable, cuando, sus bienes se encuentran embargados, y cuando, sus circunstancias personales revelan inequívocamente un arraigo en su país en todos los órdenes de la vida", según el auto en el que los jueces rechazan imponer una fianza al expresidente de Caja Madrid.

Sobre Rato, los magistrados aseguran que su actitud procesal "ha sido absolutamente cabal" por lo que "no se vislumbra riesgo alguno de sustracción al proceso". Además, en los dos casos los jueces no han tenido en cuenta que los condenados, a seis años de cárcel Blesa y a cuatro años y medio Rato, hacen frente a otras investigaciones judiciales de gravedad.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha finalizado la investigación contra Blesa por un presunto delito de administración desleal, por el que la Fiscalía había reclamado la pena de cuatro años de ingreso en prisión. Sobre Blesa pesa un tercer procedimiento judicial, abierto el 2 de diciembre pasado, sobre blanqueo de capitales con sociedades radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. El propio expresidente de Caja Madrid ingresó por dos veces en prisión, aunque al final el que fue inhabilitado fue el juez que le investigó, Elpidio José Silva.

Por su parte, Rato está imputado en la pieza principal del caso Bankia, pero también en la investigación que el juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal desarrolla sobre el patrimonio del exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar. 

Dos años para los banqueros de Caixa Penedès

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès en 2014 por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas.

Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), ha necesitado una ayuda público de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra.

La condena a los presidentes de CCM

Tampoco han entrado a la cárcel el expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), el exdiputado y exconsejero del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general de la entidad Ildefonso Ortega, condenados a comienzos de 2016 a dos años de cárcel y uno de inhabilitación por manipular las cuentas de la entidad.

El magistrado José María Vázquez Honrubia consideró en su sentencia probado que los condenados enviaron al Banco de España unos estados financieros individuales de Caja Castilla La Mancha que ignoraban los requerimientos del supervisor y no reflejaban la situación financiera real de la entidad financiera, por lo que se sirvieron de "artimaña y engaño para maquillar unas cuentas" que arrojaban pérdidas. CCM, que fue la primera caja de ahorros en caer y fue absorbida por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, que crearon Liberbank, también ha necesitado 7.382 millones de euros para su saneamiento.

Absueltos los directivos de la CAM

En el mismo sentido, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la absolución del exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad y del expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, refrendando el fallo de la Audiencia Nacional que les exoneraba de haber cometido los delitos de apropiación indebida y de administración desleal en relación con el cobro irregular de dietas y la concesión de préstamos.

Sin embargo, la sentencia especifica: "No se afirma, pues, por esta Sala que la creación de la Comisión de Seguimiento y Control de TIP tuviera finalidades legítimas y que, por lo tanto, estuviera justificada, ni tampoco que desempeñara una función útil que explicara su creación. Sino que, más limitadamente, se constata que el tribunal de instancia no declaró probado que no cumpliera función alguna y que su única finalidad fuera aportar una justificación formal al percibo ilegítimo de dietas no justificadas".

El caso de la CAM es el más sangrante de las cajas de ahorros, ya que es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.302 millones de euros. La CAM se ha integrado en el Banco Sabadell.

La excepción: Novacaixagalicia

La excepción que confirma la regla de que los banqueros no van a la cárcel es Novacaixagalicia. Condenados a dos años de prisión en octubre de 2015 por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias; en concreto, se adjudicaron indemnizaciones por valor de cerca de 22 millones de euros.

La Sala de lo Penal recalculó la sanción por la responsabilidad civil de José Luis Pego y Gregorio Gorriarán, a quienes les obligó a indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora de esta entidad, que es Abanca.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal denegó la suspensión de la condena, que había sido confirmada por el Tribunal Supremo, y destacó la gravedad de los hechos. Los cinco exdirectivos, que favorecieron el cobro de dietas irregulares para 19 miembros de la entidad, evitaron entrar en la cárcel en un primer momento al ser su pena de 24 meses y no tener antecedentes penales.

Sin embargo, la Sala tuvo en cuenta, para decretar la prisión, que los banqueros gallegos no habían devuelto el dinero que se fijó en la sentencia, y que todavía tienen causas pendientes con la justicia. El Estado también aportó a la entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

"Había una única tarjeta y no era concebible, como era natural...", ha completado Terceiro, que confirmó que las Visa eran de forma exclusiva para gastos de representación.

Además, el expresidente de Caja Madrid se ha mostrado indignado ante la declaración hace dos semanas del exdirectivo de la misma entidad, Mariano Pérez Claver, que aseguró que las tarjetas retributivas eran la norma en el sistema financiero español: "Uno ha tenido que leer que era un sistema que funciona en otras entidades. Pero la realidad es que Caja Madrid no tenía y tampoco ninguna otra institución financiera comparable. [..] No puede venir uno aquí a decir que eran comportamientos generales del mundo financiero. Es un mensaje falso que trata de oscurecer el comportamiento de gente con gran integridad".

Terceiro, que fue presidente ejecutivo de Caja Madrid entre enero de 1988 y el 10 de septiembre de 1996, día en el que presentó la dimisión, ha confirmado que en esta etapa los directivos y ejecutivos percibían dietas mensuales de 150 euros, y que las retribuciones anuales eran de 1.800 euros, mientras que los integrantes de la comisión ejecutiva ingresaban 9.000 euros al año.

"De 2003 a 2012 esas retribuciones pasaron de 1.800 euros a 500.0000 euros. Por tanto, expresiones que utilizaba el secretario de dignificar tenían el contenido de aquel entorno que se estaba viviendo", respondió Terceiro, que ha resaltado que los sistemas de compensación de gastos de los consejeros en sus funciones que tenían un sentido en 1988, lo pierden en 2003 y años posteriores, ya que los ingresos de los directivos se multiplicaron "por 277 veces".

A preguntas del letrado Andrés Herzog, de la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Terceiro ha calificado la forma en la que se contabilizaron las tarjetas black como "zafia".

El predecesor de Blesa también ha aportado otros datos, en esta ocasión a preguntas del fiscal, como por ejemplo que el gasto medio de los directivos y consejeros con las tarjetas de representación en su etapa de presidente oscilaban entre 250 y 300 euros mensuales, "y no había necesidad de cambiar ese límite", ha resaltado Terceiro, que llegó a calificar las definiciones de los procesados de las black como "esotéricas".

"No se podía extraer metálico bajo ningún concepto. En ninguna tarjeta se daba esa posibilidad, como es natural, y como conceptualmente es razonable. No sólo no se daba el PIN sino que no se emitía el PIN", ha reseñado Terceiro, que también ha negado que permitiera el uso de las tarjetas de representación tras abandonar el puesto, tal y como sí ocurrió en el periodo de Blesa: "Es una contradicción en términos. Cuando cesa, cesa como consejero".

Tras finalizar el interrogatorio las acusaciones, fue el turno del letrado de Blesa, Carlos Aguilar, que en un duro interrogatorio se ha quejado en varias ocasiones de las evasivas del testigo.

El propio fiscal Alejandro Luzón ha interrumpido el interrogatorio para pedir amparo a la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, al considera que Aguilar estaba tratando de "amedrentar al testigo" para "intentar que el testigo conteste en la línea de la defensa. Eso es abusar de la forma de interrogar y de la libertad que le da la Sala para interrogar al testigo", ha asegurado Luzón.

El exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno ha reconocido en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas black contra 65 exdirectivos y exconsejeros que a finales de 2014 devolvió 11.953 euros a Bankia después de que la entidad financiera se los reclamara.

"Me llamó el director de personal de Bankia, el señor Chozas, y me dijo que en la contabilidad había aparecido que yo había consumido 11.953 euros, y teniendo en cuenta que yo no pasé a Bankia, me dijo que carecía de sentido que fuera una deuda de Bankia y que lo reclamarían. Me pareció razonable, porque nunca llegué a trabajar en Bankia", ha completado Spottorno al tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo.

El exjefe de la Casa Real, al igual que varios de los procesados, ha asegurado que el dinero que gastaban con la tarjeta de crédito era un complemento retributivo a su sueldo: "Era de libre disposición y no tenía información ni extractos. Me dijeron que el titular era Caja Madrid y que la caja, como titular, se ocuparía de todos los aspectos", ha declarado Spottorno que ha continuado su explicación: "Era parte de mi retribución".

Pero entonces el fiscal del caso, Alejandro Luzón, le ha preguntado si había pactado este sobresueldo con Miguel Blesa, a lo que Spottorno contestó de forma afirmativa: "Justo unos días antes de ser nombrado director del patronato de la Fundación Caja Madrid tuve una reunión con el presidente y me explicó como funcionaba la Fundación, las funciones y lo que se esperaba de mí, pero también la retribución que iba a tener, la fija, la variable y una tarjeta", ha completado Spottorno.

Asimismo, el fiscal ha interpelado a Spottorno, que ha destacado que tenía derecho a la black como integrante del comité de dirección de Caja Madrid, sobre si había tributado los gastos que hizo con la tarjeta, que según la denuncia de Luzón fueron 235.818 euros.

"Yo tributaba por lo que mi empleador me decía que me había pagado. He trabajado 47 años de mi vida y 38 como funcionario y nunca en todos esos años he discutido ni he revisado si el certificado era correcto", se ha defendido el exjefe de la Casa Real de Juan Carlos I.

Hasta la decisión de De la Mata, que se ha conocido en un auto de 29 de marzo, Blesa había sido procesado por las tarjetas blacktarjetas black, por lo que enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de seis años de cárcel. El expresidente de Caja Madrid también está imputado por los sueldos irregulares de la entidad y por las preferentes. Blesa fue exonerado por el caso del Banco de MiamiBanco de Miami.

El documento del organismo regulador del sistema financiero, de fecha 20 de julio de 2009, y al que ha tenido acceso infoLibre, da cuenta de que en estos años en la entidad madrileña hubo "una deficiencia en la información sobre la capacidad de pago del acreditado, lo que ha derivado en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema".

Estafa y asociación ilícita

Y el principal de estos defectos, que sirven al juez De la Mata para imputar a Blesa; a su número dos en Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj; al gerente de riesgos, Ramón Martínez Vilchez, y al director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués, por los delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita, es que las tasaciones realizadas "suelen ser notoriamente superiores a las establecidas por las tasaciones que se realizan posteriormente".

Esta situación, prosigue el informe del Banco de España, hace que se sobrevalore el activo en el momento de su registro y correlativamente se infravalore la pérdida por riesgo de crédito.

El magistrado ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones fue generalizada y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

Política comercial "agresiva"

Asimismo, el regulador llega incluso a calificar la política comercial de Caja Madrid como "agresiva", lo que unido a "la ausencia de unas políticas claras respecto a la concesión" de las mismas ha motivado que en los ejercicios 2006-2008 el peso de las operaciones que habría que haber rechazado "ha venido aumentando". Además, considera que la dirección de la entidad madrileña tardó "excesivo tiempo en reaccionar ante el problema detectado ya en 2006".

Y como ejemplo de estas malas prácticas, el Banco de España cita la denominada Hipoteca Segura, en la que hay un mayor riesgo legal de que los clientes no cumplan los requisitos: "No se ha realizado ninguna actuación pese a las deficiencias detectadas. Se sigue comercializando por red a minoristas por lo que podría representar un riesgo reputacional y legal para la entidad".

Y también el regulador detectó que "en numerosas operaciones" los titulares del crédito y sus garantes mantienen avales cruzados en otras operaciones hipotecarias en la caja de ahorros.

Una garantía solo formal

Asimismo, "y como tónica general", según el regulador, las unificaciones de deudas iban hasta 480 meses, "pero en muchos casos el ratio de dinero prestado por la caja supera el 100% de la tasación con lo que la ganancia de garantía es solo formal ya que se mantienen las tasaciones originales, realizadas en pleno auge inmobiliario y por tanto sobrevaloradas".

El informe del Banco de España es uno de los elementos que, según el juez José de la Mata, "sustentan muy indiciariamente" las afirmaciones realizada en la querella: que la tasadora del grupo, Tasaciones Madrid SA, valoraba de forma sistemática los inmuebles hipotecados por encima del precio de los mismos; y que al abrigo de estas sobretasaciones se concedían de forma sistemática préstamos por encima del 100% del precio de compraventa de los inmuebles hipotecados. Pero también que se concedían préstamos hipotecarios de 20 o más años a personas extranjeras con permisos temporales de residencia y trabajos de uno o dos años de validez.

Durante este período los imputados, según la querella, habrían permitido el falseamiento y ocultación de las cuentas de la entidad, mediante la práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieran haberse concedido.

Permisos temporales

Estas prácticas "habrían servido a los querellados para garantizar indebidamente emisiones de cédulas y bonos hipotecarios que emitieron y aumentaban su liquidez", completa la querella.

Blesa y el resto de imputados, siempre según los querellantes, tenían bajo su dependencia a los órganos de la entidad y de las empresas del grupo implicadas, entre ellos el consejo de administración y la comisión ejecutiva, así como la entidad de tasación, Tasaciones Madrid, desde donde se llevó a cabo la práctica sistemática de valorar los inmuebles objeto de hipoteca por encima del precio de mercado.

Y también los querelllados dominaban la dirección general Financiera y de Medios, de la que dependía la gerencia de Riesgos, que tenía encomendado el análisis de la viabilidad de la concesión de los préstamos; "y omitieron informar a los distintos órganos de control y a la asamblea general de la entidad sobre las prácticas estratégicas seguidas, actuado en definitiva en contra de los intereses de la entidad y a favor de los suyos propios o de terceros", completa la querella.

infoLibre se ha puesto en contacto con Bankia, que no ha querido realizar ningún comentario de un procedimiento que está abierto en los tribunales.

El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha reafirmado la estrategia de la entidad de cobrar unos dos euros por usar sus cajeros automáticos, tras la nueva normativa que establece que el dueño del cajero aplique una tarifa al banco emisor de la tarjeta de crédito o débito y no directamente al no cliente.

"No hay cambios sobre lo que habíamos anunciado", ha afirmado Álvarez en rueda de prensa para presentar los resultados del tercer trimestre del año. El Santander había avanzado que implantaría esta nueva estrategia en septiembre u octubre de este año.

Ante la posibilidad de que esta nueva norma sobre cajeros acabe eliminando el dinero en efectivo, tal y como ha apuntado la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, el consejero delegado del Santander se ha limitado a señalar que la caída del cash' viene motivada por la eficiencia en los medios de pago.

"La tendencia hacia menos efectivo y más pago con tarjeta de débito o en móvil está ahí", ha apuntado, para después defender la tasa por el uso de cajeros por parte de no clientes ante los costes que suponen para el propietario de las máquinas.

Además, ha aprovechado para señalar que el tema de los cajeros "se ha magnificado" porque existe una amplía red de cajeros en España. "La lógica es aplastante", ha enfatizado para defender la legitimidad del propietario de cobrar una tasa por el uso de sus cajeros.

El consejero delegado del Santander ha confiado en lograr que el beneficio por acción (BPA) de la entidad crezca a doble dígito en 2018, si bien ha admitido que se trata de un objetivo "difícil" y vinculado a las metas a conseguir: crecimiento de rentabilidad, de balance, dividendo y BPA.

Precisamente, el BPA ordinario del grupo Santander cayó un 5% hasta septiembre respecto al mismo periodo de 2014. Ahora bien, desde la entidad se ha aclarado que el beneficio por acción crecería un 5% si se ajusta el número de acciones fruto de la ampliación de capital por importe de 7.500 millones de euros lanzada en enero.

Álvarez, que ha dado por cerrado tanto el ajuste de empleados y oficinas por la fusión con Banesto como los cambios directivos, se ha mostrado abierto a comprar alguna entidad si se produce otra oleada de fusiones en España ante el contexto de baja rentabilidad.

El 70% de los clientes que presentaron quejas al Banco de España en 2013, porque creían haber sido víctimas de malas prácticas por parte de las mayores seis entidades financieras del país, llevaban la razón. Lo dice el órgano supervisor bancario en su última Memoria de Reclamaciones.

Bankia fue la entidad sobre la que el Banco de España abrió mayor número de informes, un total de 1.006, seguida del Banco Santander (922) y de Caixabank (783). Como es lógico, los seis grandes bancos –los tres citados, más el BBVA, el Sabadell yel Popular–, que representan el 80% del mercado financiero español, son los que reciben mayor número de informes y mayor número de reclamaciones. En cualquier caso, la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri tiene activos por casi la mitad que el BBVA y casi 10 veces menos que el Santander.

Pero si se suman la cifra de informes con dictamen favorable a los clientes y la de allanamientos –los casos en que las entidades dieron la razón al usuario una vez iniciado el informe por parte del Banco de España– Bankia encabeza también la lista. Tanto en números absolutos, 777 reclamaciones a favor del cliente y allanamientos, como relativos, el 77,2% de las que recibió el Banco de España sobre sus prácticas comerciales. Le siguen Sabadell (72,7%), Caixabank (70,7%), Santander (69,5%), Popular (64,7%) y BBVA (63,9%). La media, por tanto, roza el 70%.

El supervisor compara el número de informes y allanamientos con el volumen medio de actividad de cada banco –sus créditos/depósitos en miles de millones de euros–. Así, las entidades con mayor ratio de quejas son Citibank, NCG Banco –Abanca– y las Cajas Rurales Unidas. En el primer caso, precisa el informe del Banco de España, el elevado volumen de reclamaciones tiene que ver con el hecho de que Citibank se dedica sobre todo a comercializar tarjetas, por lo que su volumen de créditos y depósitos es muy reducido.

Sólo rectifica el 24,8% de media

Estos informes del supervisor no son vinculantes, el banco no está obligado a rectificar. Por tanto, en 2013 sólo lo hicieron de media en el 24,8% de los casos favorables al cliente. “Un incremento significativo respecto al ejercicio anterior, de 6,5 puntos porcentuales, aunque aún insuficiente”, advierte el órgano supervisor. La entidad cuenta con un mes de plazo para corregir su actuación y comunicarlo al Banco de España. Bankia sólo rectificó en el 19,5% de los informes, por debajo de la media. Los otros cinco grandes superan el 30% de ratio de rectificación: Banco Sabadell alcanza el 38,7%. el Popular el 35,9%, BBVA llega al 34,7%, Santander al 31,1% y Caixabank al 30,3%.

En todo caso, la entidad que más casos corrigió fue Banca Grupo Cajatres –resultado de la fusión entre Caja Inmaculada (CAI), Caja Círculo (Burgos) y Caja de Badajoz–, el 46,5% de sus informes desfavorables, aunque sólo sumaron 43 en cifras absolutas. Le sigue Kutxabank, con un 40%.

Por el contrario, Ibercaja –que en julio de 2013 adquirió el 100% de Caja Tres, la más dispuesta a dar la razón al cliente– fue la entidad que menos rectificó, con una ratio de sólo el 4,1%, casi cuatro veces menos que en 2012. Le siguen en el ranking de los menos inclinados a corregir sus errores Citibank (5,5%) y Banco Caixa Geral (5,6%).

Como resultado de todas estas rectificaciones y allanamientos, los bancos devolvieron a sus clientes insatisfechos un total de 2,11 millones de euros, un 64,7% más que en 2012.

La mayoría, sobre 'cláusulas suelo'

En 2013 el Banco de España recibió 34.645 quejas, nada menos que un 142,1% más que el año anterior. Los usuarios de la banca también le remitieron 46.821 consultas. La mayoría –el 53,1%–de las reclamaciones se referían a las cláusulas suelo de las hipotecas –que establecen un tipo de interés mínimo que el cliente debe pagar aunque el Euríbor esté por debajo–. En el 82% de estos casos el Banco de España dictaminó a favor de los clientes.

Excluyendo las cláusulas suelo, en el resto de las quejas el supervisor dio la razón a los usuarios en el 66,3% de los casos –sumados los informes favorables y los allanamientos–. Además, se ha disparado el número de veces que las entidades acceden a satisfacer la reclamación del cliente antes incluso de que el Banco de España termine su informe: han aumentado un 50,2% el último año. También los dictámenes en contra de los bancos: un 17,5% respecto a 2012.

Finalmente, según los motivos de las quejas, el 31,1% se refería a préstamos y créditos. En depósitos y cuentas, las reclamaciones han aumentado 5,4 puntos porcentuales en un año. En cambio, han disminuido un 11% las quejas sobre valores y seguros. El Banco de España lo atribuye a la caída en el número de reclamaciones sobre preferentes y subordinadaspreferentes y subordinadas, que fueron el tema estrella en 2012. Este tipo de quejas los desvía el supervisor en un 87,74% a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la memoria, los bancos ni son muy activos ni atienden con rapidez las reclamaciones que llegan a sus servicios de atención al cliente. El Banco de España promete que será objeto de su “especial atención” a partir de ahora el cumplimiento por parte de las entidades de esas rectificaciones no vinculantes.

En los últimos días, diferentes federaciones de IU han aprobado sendas resoluciones exigiendo que el coordinador federal, Cayo Lara, corte las cabezas de los dirigentes que, "por acción u omisión", ampararon las "prácticas fraudulentas, clientelares, especulativas y antisociales" de la entidad. Eso incluiría a dirigentes señeros de la Comunidad de Madrid, como el líder de IU en la región desde 1993 a 2000 y actual portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Ángel Pérez, hasta Miguel Reneses, jefe de la federación de 2000 a 2002 y secretario federal de Organización.

Sin embargo, IU-CM recuerda que ya ha requerido que deje su escaño en la Asamblea a Antero Ruiz –un dirigente de segunda línea– y expulsó, en su día, a José Antonio Moral Santín. "El responsable político de la actuación de nuestros consejeros en Caja Madrid era el responsable de Política Institucional, por eso la Presidencia Regional adoptó solicitar el acta al diputado Antero Ruiz [quien ya ha dicho que no dimitirá], hoy vicepresidente tercero de la Asamblea de Madrid", explica el comunicado, que critica que otras federaciones pidan responsabilidades y exigen que aporten "pruebas y datos", toda vez que se está cuestionando "la honorabilidad de las personas". De igual manera, recuerdan que ya se cerró la comisión de investigación creada para investigar el asunto.

No obstante, más allá del contenido del comunicado, su autoría despertó recelos en la federación madrileña. Y es que, en un principio, el comunicado fue hecho público como una nota oficial de IU-CM, algo que posteriormente corrigieron fuentes oficiales de la federación a infoLibre asegurando que se trata tan sólo de un "comunicado del coordinador" regional, Eddy Sánchez. Estas fuentes aseguraron posteriormente que si no se atribuyó la autoría a Sánchez desde un primer momento fue a causa de una "errata" a la hora de enviar el correo electrónico. Otros dirigentes de IU-CM, sin embargo, aseguraron estar sorprendidos por la aparición del comunicado, no pactado en ningún órgano de dirección, e incluso en algunos de los casos calificaron de "escándalo" la publicación de la nota en nombre de la federación.

Intentos de "cortocircuitar" la reunión de Lara con sus barones

En su comunicado, Sánchez también manda un recado al coordinador federal de IU al recordarle que tiene la "obligación" de "informar a las federaciones de los hechos y medidas adoptadas por nuestra federación para evitar así la confusión que provocan resoluciones infundadas". Y es que Cayo Lara convocó este miércoles a sus barones regionales para una reunión en Madrid el sábado 25, a las cuatro de la tarde. La cita llevó a pensar a varios coordinadores consultados que se abordará el escándalo de las tarjetas y el coordinador les sondeará para conocer su opinión antes de la ejecutiva del lunes, si bien la dirección federal no quiso aclarar el motivo de la reunión.

Fuentes de la dirección federal interpretan este comunicado como un intento de IU-CM por "cortocircuitar" el encuentro de Lara con sus barones, menos de 48 horas antes. "Si hay algo que saben que teme Cayo es abrir una crisis interna, y con esta operación pretenden paralizarlo", razona un dirigente. Está por ver, no obstante, la respuesta del resto de federaciones, muchas de las cuales se han mostrado irritadas por la reacción de la dirección madrileña.

FACUA-Consumidores en Acción publicó este martes un análisis sobre diecisésis entidades bancarias. Se trata de un estudio comparativo sobre las comisiones de mantenimiento anual, apunte o administración, ingreso de cheques, tarjetas, transferencias y descubiertos que aplican esas entidades bancarias a las cuentas corrientes y libretas de ahorro de sus clientes. Es estudio concluye queBarclays, Santander, Unicaja y La Caixa son los bancos que cobran las comisiones más elevadas.

Según el análisis, un usuario abona al año una media de 168,73 euros si no tiene domiciliada la nómina, prestación por desempleo o pensión. Las comisiones se disparan hasta los 271,41 euros si es cliente de Barclays y los 248,40 en el caso del Santander, seguidos de los 242,40 euros de Unicaja y los 239,90 euros de La Caixa. En el otro extremo se encuentran ING Direct, donde el perfil del análisis abona 25 euros, y Triodos Bank, 30 euros.

Comisiones con nómina o ingresos regulares domiciliados

El estudio detalla que todos los bancos analizados –Abanca, Bankia, Bankinter, Barclays, BBVA, La Caixa, Cajasur Banco, Deutsche Bank, ING Direct, Kutxabank, Mare Nostrum (BMN), Popular, Sabadell, Santander, Triodos Bank, Unicaja y Medias– dejan de cobrar la mayoría de comisiones si el usuario tiene domiciliada la nómina, prestación por desempleo o pensión (siempre que éstas alcancen una determinada cantidad). Asimismo,requieren para eliminar las comisiones que el usuario cuente con tarjetas con un mínimo de operaciones al año y la domiciliación de recibos.

Sin embargo, para eliminar la gran mayoría de comisiones, los bancos exigen ingresos mensuales mínimos que llegan hasta los 5.000 euros en el caso de Barclays. Por otra parte, la nómina o pensión mínima que se exige de forma más habitual son los 600 euros que piden Abanca, BBVA, La Caixa, Deutsche Bank, Mare Nostrum, Popular, Santander y Unicaja.

Sólo dos entidades, ING Direct y Triodos Bank, no cobran comisiones de mantenimiento y administración independientemente de que el usuario tenga la nómina domiciliada o no.

Segundo sector más denunciado 

FACUA advierte de que el sector bancario fue en 2013 el segundo más denunciado por los consumidores. La banca generó el 27,3% de las reclamaciones de los usuarios en la organización, once puntos por encima del año anterior (16,5%) y más del triple que en 2011 (7,8%).

En este sector destacan las denuncias por comisiones cobradas irregularmente y la aplicación de cláusulas abusivas en contratos de préstamos al consumo o hipotecarios.

En aras de la transparencia que preconiza, horas después, Pedro Sánchez divulgaba los detalles del préstamo hipotecario:

La reflexión tuitera:

De forma paralela, mientras el PSOE seguía rebuscando en sus documentos para dar con la hipoteca de Pedro Sánchez, anunciaba la expulsión de los militantes que tuvieron black cards de Bankia y Caja Madrid:

Dios los cría...

[Que Pedro Sánchez devuelva los más de 15.000 euros de bonificación que le rebaja Caja Madrid de la hipoteca y después ya hablamos de los expulsados.]

El PP incoará esta semana el expediente informativo a los 16 afiliados de la formación que están implicados en el presunto uso fraudulento de las 'tarjetas B' de Caja Madrid, entre los que figura el exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, según informaron a Europa Press fuentes conservadoras este domingo.

Del total de 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente esas tarjetas para gastos personales por valor de más de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta del Partido Popular. Sin embargo, el PP solo puede tomar medidas contra aquellos que tienen carnet del partido y, según las mismas fuentes, la cifra se reduce a 16.

El Comité de Derechos y Garantías del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto celebrar esta semana, previsiblemente el miércoles 15, su primera reunión, en la que se designará a un instructor encargado de la investigación de este caso y ante el que tendrán que dar explicaciones los afiliados afectados.

Pero antes de empezar formalmente los trámites de este expediente es necesario elegir a un nuevo secretario del Comité de Derechos y Garantías, después del fallecimiento a finales de agosto de Carlos Argos –uno de los fundadores de Alianza Popular junto a Manuel Fraga– que ocupaba ese cargo.

El expediente puede conllevar la expulsión

El plazo de tramitación del expediente no podrá exceder los dos meses desde su inicio, si bien por "circunstancias excepcionales", podrá ser prorrogado por otro mes mediante resolución motivada de instructor que deberá aprobar el Comité de Derechos y Garantías, según consta en los Estatutos del PP.

Este expediente informativo, que se realizará de forma paralela a la investigación de la Agencia Tributaria, podría conllevar como sanción la expulsión del partido si "se aprecia una posible actuación contraria a los Estatutos", según la nota de prensa difundida este miércoles por el PP.

Hace una semana, en el marco de la XXI Interparlamentaria que el PP celebró en Guadalajara, la dirección nacional de los conservadores ya avanzó que actuaría "en consecuencia" si quedaba demostrado que algún militante del partido había cometido fraude con el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid.

Dado que también hay abierta una investigación judicial en la Audiencia Nacional, fuentes del PP no ocultan que pueden encontrarse con dificultades a la hora de tramitar los expedientes abiertos.

Rato, entre los afectados

Entre los implicados figura Rodrigo Rato, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno con José María Aznar durante dos legislaturas. Precisamente el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar a Rato como imputado el día 16 de octubre tras abrir una pieza separada en el caso Bankia para investigar los hechos relacionados con la existencia de las 'tarjetas B' en Caja Madrid.

Según se deduce de los extractos bancarios que investiga el juez, Rato sacó un total de 16.300 euros del cajero utilizando su 'tarjeta B' durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad. Esa documentación revela que, coincidiendo con la fusión que dio origen a la entidad, cargó 1.849 euros en clubs y discotecas durante cuatro días consecutivos.

En los últimos días, algunos cargos implicados en este caso dejaron sus responsabilidades en el partido. Tal es el caso de Beltrán Gutiérrez, que era gerente del partido en Madrid; Manuel José Rodríguez, que ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (Madrid); Pablo Abejas, que era director de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Otro de los afiliados del PP que tendrá que dar explicaciones ante el Comité de Garantías del partido es el director del Departamento de Telegenia del partido, que aparece en la lista de cargos de Caja Madrid que habrían dispuesto de una 'tarjeta B', con un gasto que ascendería a 8.000 euros entre 2010 y 2012.

En declaraciones a Europa Press, Rábago aseguró que solo usó su tarjeta de Caja Madrid para gastos de representación propios de su cargo como miembro de la Comisión de Control de la entidad financiera, sin que hubiera "ningún tipo de ánimo de lucro o de abuso". "He hecho un uso correcto. No hay ningún gasto que haya hecho mal", se defendió.

Al ser preguntado si la dirección nacional del PP le ha solicitado que presente su dimisión –como hizo este lunes con el gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez–, Rábago señaló que nadie le ha dado ninguna indicación en ese sentido porque él "explica las cosas". "Soy transparente", dijo, para añadir que le avala su trabajo durante muchos años en el partido y que está sufriendo una "criminalización absoluta" por este caso.

Por robar un banco o una caja te pueden caer de tres a cinco años de cárcel, y no vale que lo devuelvas. Salvo que hayas sido consejero o alto cargo y entonces vale la dación en pago y no vas a la cárcel, como mucho dimites y tendrás que ajustar cuentas con Hacienda. Tampoco son iguales todos los banqueros, ni todos los sindicalistas. Mientras Gorigoilzarri, a quien sacaron de su dorada jubilación del BBVA para reflotar Bankia consigue su objetivo, se compromete con la transparencia y lleva a la fiscalía las prácticas indecentes, señoritos como el otrora todopoderoso Sánchez Barcoj o el no menos señorito y todopoderoso Miguel Blesa, que precedió al vasco en la gestión de Bankia, actúan como golfos apandadores y se meten en el bolsillo todo lo que pueden especialmente cuando sabían que el festín estaba a punto de terminar. Luego algunos lo han devuelto, pero eso no redibuja solidez moral alguna, en todo caso apunta a que conscientes de lo que han hecho devuelven lo que no les corresponde.

Algo que no estará al alcance de todos los 86 principales que durante casi diez años tiraron de tarjeta ajena hasta llegar a los quince millones de euros. Imagino que al no tener patrimonio antiguo ni gran capacidad económica antes de ser consejeros tendrán más dificultad los dimitidos sindicalistas de UGT y comisiones obreras, José Ricardo Martínez o Rodolfo Benito, que gastaron respectivamente 44.200€ en tres años y 140.000 en siete. Dirigentes sindicales a los que el brillo de la banca y el confort de la tarjeta les sirvieron de inesperado camino para conocer su verdadera naturaleza. Sindicalistas clase alta, bien remunerados y a veces con capacidad para repartir entre los amigos. Como los hay, no se crean, clase media, que se dedican a copar poder y organizar la vida interna en las empresas públicas. Y luego están los de clase baja que son los que se dejan la piel en el tajo, en la empresa, partiéndose la cara por sus compañeros. Hay sindicalistas y sindicalistas como hay banqueros y banqueros. Y aunque no lo parezca, también hay políticos y políticos.

Y sin embargo, qué difícil nos lo ponen para creerlo.

Porque no puede ser más variopinto y plural el origen de los beneficiarios de este entramado sucio y oscuro, esto de las “tarjetas opacas” o “errores informáticos” o, como decía el informe que Bankia remitió a la fiscalía “tarjetas complementarias”. No puede haber más riquezas de presencia de los poderes económico, político y sindical  que este consejo de estrellas del plástico impreso. Ahí están todos, y todos, como dice mi amigo el crítico flamenco José Manuel Gamboa, “llevándoselo muerto”.

Los socialistas y los sindicatos han cortado cabezas, Izquierda Unida ya lo hizo hace tiempo con el manirroto Moral Santín –no haré bromas con ninguno de los dos apellidos- y el partido socialista ha pedido disculpas. Comisiones y UGT han exigido dimisiones. Todos han reaccionado con más o menos agilidad ante las informaciones de los medios. Bueno, no todos: desafina aquí el Partido Popular que no obliga los suyos a dimitir de manera fulminante porque, según su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, “las responsabilidades se depuran en la justicia”, como si en política la ética se limitara a lo escrito en el código penal.

Pero las reacciones ante lo que cuentan los periódicos o las radios o enseña la tele no son suficientes por muy decididas que sean. Debieron haber vigilado mejor y ante la sospecha, actuar.

Tiendo a seguir creyendo, a pesar de la tozuda realidad, que hay políticos honestos, sindicalistas generosos, empresarios conscientes y banqueros responsables. Pero mientras se siga escribiendo con esas medias tintas, mientras no se corte con energía y sin matices todo esto, mientras el grupo arrope o esconda o justifique a los suyos, mientras haya que esperar a que salga en la prensa para tomar medidas, mientras los ciudadanos no perciban en las instituciones una decidida determinación contra los corruptos, me temo que las cosas no van a cambiar demasiado.

¿Será esta también una oportunidad perdida?