La última jornada de las declaraciones de los procesados en las tarjetas black ha supuesto un importante golpe para la estrategia de los exconsejeros a propuesta de los partidos políticos y sindicatos, que se enfrentan junto a los directivos a una acusación de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal y para los que la Fiscalía Anticorrupción reclama entre uno y seis años de cárcel.

Uno de los imputados clave, en concreto el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, ha asegurado en su testimonio ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que los consejeros sabían que la tarjeta que se les entregaba era para gastos de representación y no eran parte de su sueldo.

"Por su cualificación, los miembros del consejo sabían mejor que yo lo que era una tarjeta de gastos de representación. Creo que algún consejero, la señora Rojo y don Rodolfo Benito, cuando les di la tarjeta y les dije que era para gastos de representación me dijeron que qué se entendía por eso. Se lo expliqué de manera descriptiva: almuerzos, libros..., pero siempre relacionado con la actividad de la empresa y la actividad de consejero", declaró De la Torre, a preguntas del fiscal Alejandro Luzón. Sin embargo, según esta versión del caso, los directivos como el propio De la Torre sí disponían de una tarjeta retributiva, cuyas cantidades se incluían en el certificado de haberes y retenciones que le enviaba Caja Madrid para hacer la declaración de la renta.

"Éramos empleados"

Este testimonio de De la Torre, una de las personas de la máxima confianza del entonces presidente Miguel Blesa hasta su salida de la caja en 2009, rompe la estrategia de la mayor parte de los consejeros que habían sido nombrados por los partidos y los sindicatos y que en sus declaraciones han asegurado que el dinero que gastaron con la Visa era una parte de su sueldo. "La diferencia es que los directivos éramos empleadosdirectivos . Había un control para esos gastos más riguroso, más cercano, que con los consejeros", se justificó De la Torre.

Esta versión de los hechos coincide con la primera interpretación que hizo el propio fiscal del caso, que en un principio sólo dirigió la acusación contra los consejeros. Pero la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de procesar también a los integrantes del comité ejecutivo obligó a Luzón a incluir también a estos directivos, que han acabado sentados en el banquillo de los acusados.

Alejandro Luzón también preguntó a De la Torre por el correo que envió a Jesús Rodrigo, su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de "Confidencial" y en el que se hacía mención a las tarjetas black a efectos fiscales.

"Neutrales a efectos fiscales"

Al respecto, De la Torre dijo que esa expresión hacía referencia a que las Visa no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución, sino como gastos de representación. "Yo ya no era secretario del consejo, por lo que el correo no está escrito con el formalismo que habríamos utilizado en un informe como secretario general. Black a efectos fiscales significa a que eran neutrales a efectos fiscales. Que eran gastos de empresa asumidos por la caja y no tenían repercusión en el IRPF de los consejeros. Eran gastos de representación asumidos por la caja como gastos de empresa y deducidos en el Impuesto sobre Sociedades", completó el ex secretario general de Caja Madrid.

El nombre de Enrique de la Torre aparece también en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en los juzgados de Madrid contra Blesa y otros directivos por los sobresueldos presuntamente irregulares de 13,5 millones a varios cargos de Caja Madrid. De esa cifra, Anticorrupión resaltó los 2.730.000 euros cobrados por Blesa y los 2.890.000 percibidos por De la Torre.

Tras finalizar las declaraciones de los procesados, esta martes comienza el turno de una treintena de testigos, entre los que se encuentra el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que se negó a utilizar la Visa por considerarla una mala práctica bancaria, o el director de auditoría interna de la entidad Iñaki Azaola.

"Mala praxis bancaria"

La novena sesión del juicio comienza este martes con la declaración de Francisco Verdú, exconsejero delegado de Bankia y una de las cuatro personas, junto con Esteban Tejera, Íñigo María Aldaz –ambos citados también como testigos– y Félix Manuel Sánchez Acal, que rechazó emplear el plástico por considerarlo, según él mismo dijo, "una mala praxis bancaria".

El interrogatorio de Verdú tiene especial interés puesto que su nombre ha salido a relucir durante las declaraciones de algunos encausados como el expresidente de Bankia Rodrigo Rato y el entonces director de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, que declararon que en realidad Verdú no rechazó la tarjeta cuando se la entregaron ni insinuó que podía no ser adecuada. Sin embargo, el representante del Ministerio Público utilizará el testimonio del exconsejero delegado para demostrar que las tarjetas eran opacas.

A propuesta del Ministerio Público y de Bankia –que ejerce la acusación particular– está llamado a declarar el predecesor de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, Jaime Terceiro, a quien muchos de los procesados han señalado como creador de las Visa. En su intervención ante el tribunal que preside Ángela Murillo, algunos encausados, como el propio Blesa, se remitieron a la puesta en marcha de esta práctica aprobada en un consejo de 1988, bajo el mandato de Terceiro.

Sin embargo, Terceiro prestará declaración ante el tribunal en noviembre, según ha anunciado la presidenta del tribunal, Ángela Murillo. Será entonces cuando el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, vuelva a interrogar al que fuera presidente de la caja entre 1988 y 1996 si las tarjetas se otorgaron en calidad de gastos de representación o como un complemento retributivo.

El exsecretario general de Caja Madrid, Enrique de la Torre, aseguró este lunes en una nueva sesión del juicio por el uso presuntamente fraudulento de las tarjetas black, que repartió algunas de ellas a sus beneficiarios siguiendo las instrucciones que le había dado el exdirector general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, quien dijo que no era necesario que se justificaran los gastos, informa Europa Press.

A respuesta de las preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, De la Torre explicó que efectivamente entregó a algunos exaltos cargos y directivos de Caja Madrid las tarjetas en calidad de secretario general pero ha dejado claro que él desconocía la contabilidad de las mismas y que se ha enterado de su fiscalidad durante este proceso judicial.

"Siempre fue el director de medios el que se encargaba de todas las incidencias", afirmó De la Torre ante el tribunal que dirime si los 65 beneficiarios de las visas incurrieron en delito continuado de apropiación indebida y de administración desleal por el uso presuntamente fraudulento que hicieron de los plásticos.

Así ha hecho hincapié en que éstos se otorgaron siempre en calidad de gastos de representación y nunca como una remuneración.

Él era "un subordinado"

De la Torre respondió a la casi totalidad de preguntas de su abogado y del Ministerio Público insistiendo en que él era un "empleado, un subordinado" y por tanto "no daba instrucciones a nadie", eludiendo así la responsabilidad que sobre él pusieron algunos de los encausados que, en su turno de palabra, le señalaron como el encargado de la gestión de los plásticos. "Yo ni tenía ni podía tener acceso a las tarjetas. Desconocía el uso que se hacía de ellas", explicó.

El acusado expuso ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que a quienes le preguntaron cuando entregó la tarjeta –como la exconsejera Mercedes Rojo– él les dijo que no era necesario aportar justificante de gastos, pero siempre por orden de lo que le exponía el director general de Medios. Así, dijo que el que determinaba el límite de las mismas y si se incrementaba o no era el presidente de Caja Madrid.

"Neutrales a efectos fiscales"

Luzón también le ha preguntado por el famoso correo que le mandó Jesús Rodrigo su sustituto en la caja en 2009, poniendo en copia a Miguel Blesa bajo el epígrafe de 'Confidencial' y en el que se hacía mención a "las tarjetas black a efectos fiscales" y al respecto De la Torre ha dicho que esa expresión hace referencia a que eran "neutrales a efectos fiscales" y que no tenían repercusión alguna en el IRPF de los consejeros porque no eran entendidas como retribución sino como gastos de representación.

El acusado insistió en que él no ha dado "instrucciones a nadie" puesto que era secretario general y cuando se ha comparado su figura con su antecesor Ángel Montero –fallecido en el año 2000– quiso diferenciar asegurando que de él dependían muchos ámbitos y que en su caso era secretario general "al uso".

"La secretaría general es un órgano de asesoramiento, no tenía funciones ejecutivas", precisó, añadiendo que "en absoluto" tenía facultades de control dentro de Caja Madrid.

Es más, insistió ante el tribunal que solo acudió a la comisión de control cuando se le requería, que era con una frecuencia de dos veces al año.

El acusado, que se enfrenta a una pena de dos años de prisión y multa de 63.000 euros , arremetió contra algunos consejeros que le apuntaban a él como el que se la dio y dijo que solo lo hizo a "algunos" de ellos pero en ningún caso "a ninguno de la Comisión de Control ni directivo" porque a estos últimos se la otorgaban Recursos Humanos. En concreto, desmintió a Arturo Fernández afirmando que es "imposible" que él se la diera.

"Una cuestión delicada"

Por eso, añadió que en las reuniones de las Comisiones de Retribuciones "nunca" se hizo referencia a las tarjetas, ya que, insistió, eran "deducibles y neutrales a efectos fiscales".

De la Torre reconoció que esta cuestión es un asunto "delicado" y hay que llevarlo con "cierta confidencialidad" si bien eso no está reñido con la "transparencia".

De la Torre reconoció que tenía dos tarjetas; una para gastos corporativos y otra retributiva. En el caso de la primera la titularidad estaba al nombre de Caja Madrid y como secretario, no tenía muchos gastos de representación –cargó 320.742 euros– y respecto a la segunda se mostró "convencido" de su legalidad en tanto considera que el importe de la misma se incluía en el certificado de haberes.

Miguel Blesa ya ha iniciado su estrategia de defensa contra la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por haber aprobado subidas de sueldos ilegales de sus directivos y cuantificadas en 14,8 millones de euros.

Y para eso el expresidente de Caja Madrid, que junto a su número dos en la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, ha sido citado el próximo 24 de febrero a declarar como investigado (imputado) en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, pretende demostrar que él no era el responsable de las subidas de sueldo denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, el expresidente de la entidad financiera madrileña ha reclamado al magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Bankia, Fernando Andreu, las actas de las reuniones de la Comisión de Retribuciones de la desaparecida entidad financiera madrileña.

"Interesamos el testimonio de las actas de las reuniones de la Comisión de Retribuciones de Caja Madrid con sus correspondientes anexos, incluyendo las notas manuscritas remitidas", indica el escrito firmado por el abogado Ignacio Aguilar en representación de Blesa, y que trata de obtener unos documentos que probarían la responsabilidad de este organismo en la subida de sueldos investigada por Anticorrupción.

Blesa y Rato, procesados

El expresidente de Caja Madrid, que junto a su sucesor en la entidad Rodrigo Rato ha sido ya procesado por el caso de las tarjetas blackblack, hace referencia a los documentos cuya existencia adelantó infoLibre. En ellos, se muestra que los integrantes de la Comisión de Retribuciones negociaban las subidas de los sueldos que la Fiscalía considera ilegales.

Entre los documentos aportados por la Fundación Caja Madrid al juez Andreu sobre las tarjetas black, y que ahora reclama Blesa, e incluye un manuscrito fechado el 18 de junio de 2008, fecha en la que se celebró una reunión de la Comisión de Retribuciones. Con el encabezado por "C. Retribuciones", también se puede leer: "Guillermo, ausente. Preside: ARomero". En referencia a Guillermo Marcos Guerrero y Antonio Romero. Pero el texto aporta otros datos, como por ejemplo "incremento" y "4,5%". Pero también "7.942 en 2007" y "8.300 en 2008-9". Guillermo Marcos Guerrero, representante de los impositores de la caja falleció hace varios meses.

Tal y como adelantó infoLibre, los correos de Blesa apuntaban a que siete directivos y consejeros de Caja Madrid controlaban estas tarjetasCaja Madrid. Estas eran, además del presidente Miguel Blesa, sus dos hombres de confianza: el director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, y el secretario general, Enrique de la Torre; los tres integrantes de la comisión de retribuciones (José Antonio Moral Santín (IU), Antonio Romero (PSOE) y Guillermo Marcos), y el consejero a propuesta del PP Estanislao Rodríguez-Ponga.

Estanislao Rodríguez-Ponga

Aunque Rodríguez-Ponga no formaba parte de la Comisión de Retribuciones de forma oficial, un correo de Blesa llega a asegurar que sí había participado en una reunión "no oficial", en la que iban a hablar "de sus cosas, imagino que dieta de participadas", según consta en un mensaje de 18 de julio de 2007. Fuentes cercanas a Rodríguez-Ponga consultadas por este diario negaron que éste hubiera participado en la Comisión de Retribuciones.

El correo electrónico mencionado alude a que en la reunión de la Comisión de Retribuciones de 18 de julio de 2007 abordarían datos tales como los diferentes pagos, "y la tarjeta de consejeros". En esa cita, los representantes en Caja Madrid del PP, PSOE e IU aprobaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas B el mismo día en el que acordaron una subida del 8% del sueldo de Blesa y su equipo, que pasaron a cobrar 7,37 millones anuales.

Otro correo electrónico de Enrique de la Torre, de 1 de septiembre de 2009, y que sirvió para iniciar la investigación sobre las tarjetas black, confirma que la Comisión de Retribuciones era la responsable de la asignación de las retribuciones: "Quede claro, ante todo, que el tema es competencia de la Comisión de Retribuciones para todo el Grupo, incluidos consejeros y directivos de primer nivel".

El FROB y la Fiscalía

El caso de las subidas de sueldo en Caja Madrid se inició después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) remitiera a la Fiscalía un expediente sobre los sueldos de la alta dirección de Caja Madrid, que incluía un perjuicio económico estimado para la entidad de 14,8 millones de euros.

Estas posibles irregularidades se refieren fundamentalmente al periodo comprendido entre 2007 y 2010. Tras la revisión de estas operaciones, el FROB encargó un estudio forensic a terceros independientes para analizar eventuales responsabilidades de administradores y directivos de la entidad.

Colectivo Xnet

Según el informe, un total de 26 directivos de Caja Madrid y Bankia percibieron hasta 5,2 millones en total en concepto de "gratificaciones extraordinarias, liquidación de vacaciones, exceso de aportaciones en concepto de vivienda y seguros médicos", indica un dossier de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) que Anticorrupción incluyó en su denuncia contra Miguel Blesa y sus ejecutivos.

El trabajo del colectivo ciudadano Xnet ha jugado un papel importante en la investigación y difusión de los correos secretos de Blesa. Y precisamente el contenido de estos mensajes ha inspirado ya dos procesos judiciales: el de las tarjetas black y ahora el caso de los sueldos de la cúpula de Caja Madrid.

A un paso del banquillo de los acusados. Así sitúa a Rodrigo Rato y a Miguel Blesa un escrito remitido por Bankia este martes 12 de enero al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el que la entidad financiera presidida por José Ignacio Goirigolzarri concluye que los dos expresidentes de Caja Madrid eran los directivos que "impartían las indicaciones" sobre las tarjetas black de la entidad financiera madrileña.

Según la Fiscalía, los directivos y consejeros de la entidad financiera realizaron gastos sin control y con cargo a Caja Madrid más de 15 millones de euros en diez años. Y este nuevo documento de Bankia se opone a los recursos interpuestos por diferentes acusados, que tratan de impedir que Andreu les envíe de forma definitiva al banquillo.

El documento de Bankia, que pide al juez Andreu que confirme su decisión de finalizar la investigación y acusar a los 66 beneficiarios de las Visa opacas por los delitos de administración desleal o apropiación indebida, dibuja una pirámide de responsabilidades. Y en la cúspide de la misma estarían tanto Rato como Blesa.

Correos de Blesa

Precisamente, un correo electrónico enviado por el entonces secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre a Miguel Blesa, fechado el 9 de enero de 2007 y publicado por infoLibre, prueba que el expresidente de Caja Madrid negoció con varios de sus consejeros subirles el sueldo a través de las tarjetas de créditotarjetas de crédito. 

"Yo le he comentado que, en efecto, es verdad que el presidente está viendo la manera de mejorar a los consejeros con más dedicación –lo que tendría que ser vía tarjeta o dietas en participadas– dejando las dietas de la Caja con su incremento normal en la Asamblea", resalta De la Torre a Blesa en el email.

Según la entidad financiera, que al estar personada presentará en los próximos días un escrito de acusación, los dos ex presidentes ejecutivos de Caja Madrid eran los que "impartían las indicaciones" al entonces director general Financiero y de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, que se situaría tan solo un peldaño por debajo de Rato y de Blesa.

Barcoj gestionaba las blackblack

Tal y como apunta el correo electrónico de Blesa, y constata el escrito de Bankia, Sánchez Barcoj gestionaba las black "de forma separada", al mismo tiempo que "era el que daba las instrucciones, a través de sus secretarias, al Departamento de tarjetas acerca de su emisión, anulación, ampliaciones del límite disponible, instrucciones sobre su entrega física, sobre la posibilidad o no de disponer de efectivo". Bankia recuerda también que Sánchez Barcoj "firmó los contratos correspondientes a las tarjetas desde septiembre de 2002 hasta febrero de 2012".

El escrito abunda en las responsabilidades de otros directivos clave, en concreto del secretario general, Enrique de la Torre, que en un correo electrónico denominó a las Visa "black (negro), a efectos fiscales: "En algunas ocasiones fue él [Sánchez Barcoj] quien entregó materialmente las tarjetas a sus beneficiarios y, por lo que respecta a Caja Madrid, en la mayoría de los casos fueron materialmente entregadas a sus beneficiarios por su secretario general, Enrique de la Torre, a sabiendas de su naturaleza ilícita, pues carecían de cobertura legal, estatutaria o contractual ni de aprobación de órganos de gobierno de la caja de ahorros".

Los beneficiarios de las tarjetas las utilizaron para gastos de carácter personal completamente ajenos a sus funciones en las entidades, indica Bankia en su escrito, que especifica los gastos: "Fueron utilizadas en restaurantes y bares, desplazamientos y viajes, hoteles, compras en grandes superficies, tiendas de ropa y complementos, alimentación, joyas, obras de arte, farmacia, equipos deportivos, enseres domésticos, libros, etc".

Fines de semana

Y estos gastos se realizaron "en muchas ocasiones en fines de semana, festivos o época de vacaciones. Algunos de los beneficiarios también utilizaron las tarjetas para la disposición de dinero en efectivo en cajeros automáticos o ventanilla de una sucursal (en concreto 2.938 retiradas de fondos por un total de 1.976.171 euros en Caja Madrid y 138 retiradas de fondos por 74.960 euros en Bankia)", completa la acusación de la entidad financiera de capital público.

Bankia apunta otras características de las Visa, que fueron emitidas "al margen del circuito establecido [...] y no formaban parte de los sistemas de retribución de consejeros ni de directivos de Caja Madrid o Bankia". Por eso, el escrito de la entidad de Goirigolzarri constata que "en ningún caso" los gastos realizados con cargo a los plásticos formaban parte de su retribución.

Fernández Norniella

Y el documento aporta nuevos datos acerca de las tarjetas emitidas por Bankia, bajo la presidencia de Rodrigo Rato: "Las correspondientes a José Manuel Fernández Norniella y a Ildefonso Sánchez Barcoj fueron otorgadas con posterioridad a la publicación del Real Decreto 2/2012 de saneamiento del sector financiero, cuyo artículo 5 estableció límites a las remuneraciones del consejeros y directivos de las entidades que hubieran recibido apoyo financiero público", como fue el caso de Bankia.

"Y ello sin que nada estuviera previsto en el sistema de remuneraciones, ni conste al efecto acuerdo alguno adoptado por órgano de gobierno competente en relación con las tarjetas", completa el documento de Bankia que se opone a los recursos de varios exconsejeros de la entidad financiera.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de finalizar la instrucción del escándalo de las tarjetas black ha dado paso a la disputa entre dos pesos pesados de la cúpula de desaparecida Caja Madrid sobre la responsabilidad del control del gasto de 15,5 millones de euros que realizaron los exdirectivos y exconsejeros. Los exdirectivos enfrentados por el descontrol de la Caja, que tras su fusión con Bancaja y otras entidades financieras de menor tamaño se convirtió en Bankia, son el exconsejero Estanislao Rodríguez-Ponga y el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre.

De la Torre ha presentado este jueves ante el instructor un escrito de alegaciones en el que asegura que Rodríguez-Ponga, como primer responsable de la Asesoría Fiscal de Caja Madrid, tuvo que conocer la operativa de las tarjetas opacas. Antes, el ex secretario de Estado de Hacienda había asegurado que De la Torre, al que calificó de "máximo representante fiscal de Caja Madrid" no advirtió de las consecuencias fiscales del uso de las Visa.

En concreto, la disputa se inició con el recurso de reforma presentado el 28 de diciembre por Rodríguez-Ponga, que al igual que De la Torre está imputado en la pieza separada de las tarjetas black. Y en este escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, el representante del PP en el consejo de administración de Caja Madrid aseguraba, en relación al Impuesto de Sociedades de Caja Madrid de 2003, que De la Torre "no informó al consejo del resultado ni de las consecuencias de esta inspección, ni de la situación tributaria de las remuneraciones satisfechas a través de las tarjetas de crédito".

El recurso de Rodríguez-Ponga considera que De la Torre, que en uno de sus correos enviados a Miguel Blesa las llegó a denominar black, tendría que haber informado al consejo, ya que "era secretario general de la caja", y por tanto "letrado asesor del consejo, secretario del consejo y máximo representante fiscal de Caja Madrid".

"Revisar la operativa"

La respuesta de De la Torre la contiene un escrito de este jueves, que recuerda que Rodríguez-Ponga fue el máximo responsable de la Asesoría Fiscal de Caja Madrid entre 1997 y 1999, antes de ser nombrado director general de Tributos (2000-2001) y secretario de Estado de Hacienda (2001-2004) del Gobierno del PP de José María Aznar: "Siendo el primer responsable de la Asesoría Fiscal, hemos de entender que el señor Rodríguez-Ponga tuvo que revisar toda la operativa fiscal de la Caja, entre ellas la fiscalidad de todas las tarjetas que antes llevaba el departamento de Contabilidad", espeta De la Torre.

Pero el exsecretario general de Caja Madrid también apunta a las responsabilidades de Rodríguez-Ponga en su etapa de secretario de Estado de Hacienda: "Y en tal condición, presidente de la Administración Española de Administración Tributaria, siendo Rodrigo Rato vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno", especifica el escrito, que destaca que su defendido "no fue máximo responsable fiscal de Caja Madrid", tal y como asegura también Rodríguez-Ponga en su recurso contra la decisión del juez de finalizar la instrucción.

"Sin un contencioso"

De la Torre sostiene, además, que el acta del Impuesto de Sociedades de 2003, al que alude Rodríguez-Ponga en su defensa, "se firmó en 2006 de conformidad con las autoridades fiscales, sin abrir ningún contencioso o debate que justificase llevar el cierre de dicha inspección al orden del día del consejo de administración". Y según el ex secretario general de Caja Madrid, "la Inspección [de Hacienda] conoció y avaló, las partidas de estas cuentas hoy cuestionadas".

Asimismo, el abogado de De la Torre trata de eludir cualquier responsabilidad de su defenido, y asegura que a lo largo de la inspección de Hacienda de las cuentas de Caja Madrid, los representantes de la Agencia Tributaria "no se entendieron nunca con De la Torre, sino con responsables del departamento de Contabilidad, con Antonio López Poza, director de Gestión Tributaria de la Caja o, en su caso, con los directores de la Asesoría Fiscal de la Caja".

"No era responsable legal"

El escrito indica, también, que la secretaría general no era la responsable legal "de la obligación de retener. Hemos de reiterar que la secretaría era un órgano puramente consultivo y no de gestión". Y después, el abogado de De la Torre apunta a otro de los imputados. Ildefonso Sánchez BarcojIldefonso Sánchez Barcoj: "El abono de los salarios y el cálculo de las oportunas retenciones fiscales correspondían a la dirección de Recursos Humanos, que dependía de la dirección de Medios", que ocupó varios años el propio Barcoj.

Según De la Torre, la Asesoría Jurídica, que dependía de él, "nunca recibió consulta ni se le requirió informe u opinión legal en relación a cómo se estaban llevando a cabo las retenciones, ni desde un punto de vista jurídico ni estrictamente fiscal; ninguna duda o aclaración le fue requerida por parte de los responsables de Medios (ni tampoco por parte de algún perceptor de tales remuneraciones que, eventualmente, tuviera dudas respecto a la fiscalidad de sus cobros)".

El exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid Enrique de la Torre titubeó cuando el 9 de marzo el fiscal Alejandro Luzón le preguntó en la Audiencia Nacional sobre el pago de un recurso que presentó Izquierda Unida contra el Gobierno de Esperanza Aguirre con su tarjeta black.

En una grabación de su declaración judicial [escúchala aquí], a la que ha tenido acceso infoLibre, se muestra dubitativo cuando el magistrado menciona el correo electrónico en el que el propio De la Torre –mano derecha de Miguel Blesa, entonces presidente de Caja Madrid– envió al ex director general de Medios de esta entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj. 

Concretamente, Luzón le pregunta por la parte del e-mail adelantado por infoLibre en el que De la Torre apuntaba: "Si por los fringe benefits te refieres a la tarjeta Visa, te diré que contra la misma, como el presidente conoce [el juez enfatiza que escribió esto en mayúsculas], he pagado temas tales como la fianza por el recurso de IU contra los expedientes de Serrano y Castañeda".

"¿Hizo usted su tarjeta retributiva para pagar una fianza?", pregunta el magistrado. Este es el momento en el que De la Torre comienza a mostrarse nervioso: "Bueno, eh, la verdad es que no recuerdo bien ese tema. Es posible que... La verdad es que no lo recuerdo, pero es posible, es posible que, que, que, que, que me dijeran con algún tipo de recurso que me dijeran que algún consejero que no tenía fondos suficientes para la fianza y, hombre, no iba a darles dinero de la caja, es posible que les prestara yo dinero que, sin lugar a dudas, debieron de devolver. Pero vamos, no lo recuerdo muy bien".

En su testimonio, De la Torre aseguró que el expresidente de la entidad Miguel Blesa anunciaba verbalmente a cada directivo, al principio de cada ejercicio, el límite de gasto que podían cargar a sus tarjetas black. "Me decía tanto dinero y después lo empezaba a cobrar", señaló.

En la declaración judicial del pasado 9 de marzo, a la que ha tenido acceso Europa Press, De la Torre indicó que Blesa "decidía en el primer trimestre de cada ejercicio" la retribución fija de los directivos, la variable y los "límites de gasto" de sus plásticos, y que de ninguna de estas cantidades quedaba constancia por escrito.

"¿Por qué no se documentaba?", pregunta en un momento de la comparecencia el juez instructor, Fernando Andreu. "No sé muy bien por qué no, pero no me pareció nunca tampoco nada, digamos, irregular", señala De la Torre antes de añadir que otras retribuciones como los bonus o las aportaciones en especie "tampoco se documentaban".

"¿Y eso le parece normal?", insiste el juez. "No me parece irregular", replica el exdirectivo. "No le he preguntado eso, le he preguntado si le parece normal", añade Andreu, visiblemente enfadado. "Sí", contesta el compareciente.

"Las llamé 'black'"

Este rifirrafe no fue el único que De la Torre mantuvo en su declaración como imputado. A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid tuvo que explicar por qué en un correo dirigido a Blesa el 2 de enero de 2009 denominó las tarjetas "black a efectos fiscales" y aseguró que se trataba de un asunto "delicado" sobre el que había que evitar "filtraciones".

"Si yo efectivamente las llamé black, que es posible, no digo que no, me refería a tarjetas neutrales para los consejeros", aseguró el exdirectivo, quien explicó que utilizó ese término porque "la caja asumía el coste fiscal".

En este punto, el fiscal insiste en preguntar por qué empleó el término black si el sistema de retribuciones era correctoblack y no implicaba prácticas de "opacidad y ocultación".

"Con carácter general el tema de retribuciones me parece delicado y reservado, hay que llevarlo con carácter reservado", argumenta De la Torre. "Yo creo lo contrario, que debe ser algo transparente y tienen la obligación de comunicarlo al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores", replica Luzón.

Blesa y Barcoj, responsables

De la Torre, que admitió haber entregado varias de las tarjetas black a los directivos de la entidad, responsabilizó de esta práctica a Blesa, que se encargaba de fijar los "límites" de gasto, y al exvdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, que se ocupaba de las cuestiones operativas.

También señaló que unas tarjetas eran para "gastos de representación" y que otras constituían "un complemento salarial" que debía declararse como el resto de retribuciones.

"La caja entregaba anualmente un certificado de IRPF donde se especificaban las retribuciones [...]. No sé si dentro de esas certificaciones está ese complemento salarial, que por otra parte coincidía al céntimo con el borrador de IRPF que me enviaba la Agencia Estatal Tributaria", explicó.

"Sí, claro, si el certificado de haberes, que es el que tiene Hacienda, se lo da la caja y no incluye lo de las tarjetas, ¿cómo no va a coincidir?", añadió con sorna el fiscal. En otro punto de su interrogatorio, le cuestionó si el sistema de retribuciones no le parecía "opaco y extravagante". "Se adoptó por razones de política salarial, por el mismo motivo que se hacen retribuciones en especie, como un coche", argumentó el imputado.

Los activistas de la asociación 15MpaRato, acusación particular, están desempeñando un papel primordial en la investigación que ha permitido la imputación de las cúpulas de Caja Madrid y Bankia, y especialmente de los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato.

"De acuerdo con la ley, Rato deberá renovar sustancialmente el consejo de Caja Madrid, sustituyendo a todos los vocales. Caso de no hacerlo serían renovados ilegalmente", especifica el ex secretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre, en un correo electrónico enviado al entonces director del diario ABC –Ángel Expósito– y que, previo paso por la sección de Economía del rotativo madrileño, acabó finalmente en el buzón de correos corporativos de Miguel Blesa.

Entre los consejeros que siguieron "ilegalmente" con la llegada de Rodrigo Rato en enero de 2010, pues en diciembre de 2009 ya habían completado el tiempo máximo de 12 años, se encontraban José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida; la fallecida en 2013 Mercedes de la Merced (PP); Ricardo Romero de Tejada (PP); y el presidente de la comisión de control de la entidad Pablo Abejas (PP).

En el mensaje, al que ha tenido acceso infoLibre, De la Torre comenta al director de ABC la información publicada en dicho diario el 3 de diciembre de 2009, que en su página 42 aseguraba que el PSOE había advertido a la comisión de control que una serie de consejeros, "entre ellos Blesa, Moral, MercedBlesa...., no pueden ser reelegidos porque han superado ya sus 12 años de mandato y el de propina que les concedió la Ley Financiera de 2002 y la Ley de Cajas de Madrid de 2003".

"Pues bien", prosigue De la Torre en el correo electrónico, "de hecho, los servicios jurídicos de Caja Madrid, que dirigí hasta mi marcha, informaron hace muchos meses de que Miguel Blesa no podía ser reelegido de acuerdo con la Ley de Cajas vigente", pero tampoco con la ley anterior.

"No cabe su reelección"

Pero De la Torre, que recuerda en su email dirigido al entonces director de ABC que fue secretario general y del consejo de administración de Caja Madrid "hasta que Miguel Blesa aceptó finalmente mi dimisión el pasado 20 de julio", asegura que la imposibilidad de renovar del propio Blesa "es total y no depende de que la Comunidad de Madrid o cualquier otro sector, Ayuntamientos, entidades representativas, le propongan o no".

No obstante, un correo electrónico anterior, de 14 de mayo de 2008, muestra como el propio De la Torre le ofrece una alternativa a Blesa para seguir como consejero. Ante la posibilidad de que la Asamblea, controlada por el PP de Esperanza Aguirre, no le renovara, le planteó la opción de que "dos aliados fieles a la caja, Alberto Ruiz-Gallardón y Antonio Romero (PSOE)", le propusieran como candidato a vocal del consejo "como persona de reconocido prestigio en una candidatura de corporaciones locales. Ni siquiera es cambio de sector". Así, el secretario general de Caja Madrid dio esperanzas de seguir a Blesa como presidente, saltándose la obligación de presentarse por el sector de la Asamblea de Madrid, algo que había sido vetado por Aguirre.

En otro correo electrónico, de 10 de junio de 2009, De la Torre muestra sus intenciones al asegurarle a Blesa lo siguiente: "En algún momento podría salir que un número importante de consejeros actuales no puede repetir legalmente mandato (entre ellos Moral), y desde luego me encargaré de que salga si no te proponen como presidente para un nuevo mandato".

Así, en el mencionado correo enviado al director de ABC, De la Torre especifica que "Miguel Blesa y otros consejeros, entre ellos Moral Santín, De la Merced, Recarte, Romero de Tejada y Ramón Espinar están ya cumpliendo el mandato de propina que regalaron aquellas leyes y, por tanto, no cabe su reelección".

"Ocupa ilegalmente su puesto"

Pero a estos nombres de consejeros De la Torre añade el del presidente de la comisión de control: "A ellos habría que sumar a Pablo Abejas, que cumplió sus mandatos el pasado enero y, desde entonces, ocupa ilegalmente su puesto en la comisión". Abejas dimitió como director general de Economía del Gobierno del PP la Comunidad de Madrid tras el escándalo de las tarjetas black, con la que gastó 246.700 euros a cuenta de Caja Madrid.

De la Torre explica en su email el porqué del rechazo de los servicios jurídicos a que continuaran estos consejeros: "La Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, tanto en su versión de 2003 como en la vigente de este año, en su disposición transitoria 5ª, modificó una palabra de la transitoria 10 de la ley básica (cambiaron 'el presente mandato' por 'tal mandato') y ello ha llevado a una interpretación de la ley que no es válida porque iría en contra de una ley básica".

Y es precisamente la postura de De la Torre ante la continuidad de Blesa y su equipo lo que estaría tras su salida de Caja Madrid: "En mi calidad de secretario general de Caja Madrid hasta finales de julio, así se lo venia informando a Miguel Blesa sin que éste aceptara mi criterio".

Y según De la Torre, Blesa "pidió entonces un informe a un despacho externo, el de Lupicinio Eversheds, que es quien asesora a la Caja en los temas corporativos y sustentaron plenamente mi informe. Ante la negativa de Blesa, presenté la dimisión, pero antes hice entrega del informe al presidente de la comisión de control, Fernando Serrano, aunque me consta que este no informó del mismo a los miembros de la comisión".

En los correos de Blesa no aparece ningún informe de Lupicinio en este sentido, aunque sí aparece una noticia de Europa Press titulada: "Un informe jurídico dice que los consejeros de Caja Madrid que ya estaban en 2003 en su mandato extra no pueden seguir".

De esta forma, y "de acuerdo con la ley", continúa De la Torre en su mensaje electrónico, "Rato deberá renovar sustancialmente el consejo de Caja Madrid, sustituyendo a todos los vocales (en su totalidad pesos pesados de los diferentes grupos que, acertadamente, citáis en la noticia", continúa De la Torre en el correo dirigido al director de ABC: "Caso de no hacerlo serían renovados ilegalmente y la sentencia de hoy, del presidente de Caja Vital es un buen precedente", confirma el ex secretario general de Caja Madrid.

Los hombres de Rato

Pese a esta información, al desembarcar el equipo de Rodrigo Rato en Caja Madrid en enero de 2010 contó con José Antonio Moral Santín, representante de Izquierda Unida en el consejo; con la fallecida en 2013 Mercedes de la Merced (PP); con Ricardo Romero de Tejada (PP); y con el presidente de la comisión de control de la entidad Pablo Abejas.

Precisamente, otro correo electrónico, de 13 de febrero de 2008, enviado por De la Torre a Blesa incluye un informe sobre el periodo de permanencia de los directivos en Caja Madrid. En el mismo, se deja claro el criterio de los servicios jurídicos: "Finalmente, se ha considerado, también sin controversia alguna que, en ningún caso, los miembros de los órganos de gobierno referidos en los supuestos anteriores podrá permanecer en el cargo, de forma continuada o interrumpida, por periodos adicionales a los establecidos en la disposición transitoria, esto es, incluidos los periodos excepcionalmente regulados". Y este mandato era de un máximo de 12 años.

Asimismo, el mencionado informe dedica un apartado especial al presidente de la comisión de control, Pablo Abejas: "El 8 de enero del presente año [2009] esta secretaría general, a solicitud expresa del presidente de la comisión de control, emitió un informe en el que se concluía que el día 15 del mismo mes se cumplían sus doce años de mandato máximo, sin que pudiese encajar en ninguno de los supuestos anteriores aplicados hasta la fecha".

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha incorporado al sumario las actas de la comisión de retribuciones de Caja Madrid con la intención de determinar si la utilización de las tarjetas B de la entidad financiera por parte de Miguel Blesa y sus directivos y consejeros fue ilegal, según una providencia a la que ha tenido acceso infoLibre.

Tanto Blesa como Rodrigo Rato están imputados en el caso de las tarjetas blackcaso de las tarjetas black, que es una pieza separada del caso Bankia. El tercero de los imputados es el ex director general Financiero y de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj.

15MpaRato

De esta forma el juez hace caso a la petición de la acusación de 15MpaRato, que el pasado 29 de octubre solicitó al magistrado que reclamara a la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid las actas de la comisión de retribuciones de Caja Madrid desde 2004. La providencia de Andreu, dirigida a las partes personadas, indica también que entre la documentación solicitada a la fundación se incluyen dos actas del consejo de administración de Caja Madrid de 4 de mayo de 1988 y de 20 de junio de 1994.

Según la declaración como imputado de Blesa, en las actas de 1988 y de 1994 se reflejaba la aprobación por parte de los órganos de gobierno de la caja de ahorros madrileña de la utilización de las tarjetas black "como compensación de gastos por el ejercicio de la función de consejero".

Moreno Yagüe

El abogado de 15MpaRato en el caso Bankia, Juan Ignacio Moreno Yagüe, justificaba la petición de las actas al asegurar que se podía "establecer una conexión entre la atribución de las tarjetas a determinados sujetos que no debían tenerlas y los acuerdos adoptados y visados por dichos individuos respecto a los elevados sueldos y beneficios percibidos por la cúpula directiva".

Así, Moreno Yagüe se hacía eco de las informaciones publicadas por infoLibre en el que constataba que el 19 de julio de 2007 representantes en Caja Madrid del PP, PSOE e IU aprobaron aumentarse las retribuciones por dietas y por las tarjetas B el mismo día en el que acordaron una subida del 8% del sueldo a Blesa y su equipo, que pasaron a cobrar en total 7,37 millones anuales.

"No tiene explicación"

"Según se recoge en el acta de 19 de julio de 2007 de la comisión de retribuciones de Caja Madrid (que en teoría y legalmente debía controlar esta cuestión), y de la que formaban parte José Antonio Moral Santin, en representación de Izquierda Unida, Antonio Romero Lázaro, en representación del PSOE, Guillermo Marcos Guerrero, en representación general de los impositores, y actuando como secretario y ponente, respectivamente Enrique de la Torre Martínez e Ildefonso Sanchez Barcoj, se acordó una subida salarial de los directivos del 8% sobre el total de retribuciones más incentivos. Curiosamente no se trata el tema de las tarjetas. No tiene explicación", resalta Moreno Yagüe en su escrito dirigido al juez Andreu.

Además, 15MpaRato, que ha jugado un papel muy activo como acusación del caso Bankia, considera "obvio" que las tarjetas constituían "un sistema oculto de remuneraciones injustificadas e injustificables, que eran utilizadas por sus poseedores no como instrumentos de trabajo, sino como auténticas retribuciones o pagos". Con estas actas, el abogado Moreno Yagüe pretende determinar, según el escrito, el nombre de quienes hicieron funcionar este sistema de pagos. 

"Pagos ilícitos"

"¿A cambio de qué se paga a las personas que recibían estas tarjetas? Parece lógico y no descabellado pensar que los pagos, ilícitos, se hacían a cambio de algo también ilícito, o cuando menos, es evidente, algo que no debía o podía hacerse público", se responde el letrado de 15MpaRato, que en su escrito solicitaba la comparecencia en calidad de testigos de ocho de los usuarios de las tarjetas black.

Tanto el magistrado como el fiscal de Anticorrupción Alejandro Luzón preguntaron a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj sobre el papel de la comisión de retribuciones en la aprobación del gasto incluido en las tarjetas.

Así Rato aseguró, a preguntas del fiscal sobre la contratación de compañías externas, que la comisión de retribuciones recurrió a las firmas Tower Watson y HayGroup para determinar los sueldos del consejo. "Y puede que de la alta dirección", añadió, "ya no me acuerdo". Además encargó un segundo informe, a Price Waterhouse. Ambos fueron analizados por el comité de retribuciones, que elaboró un informe general.

Además, Rato especificó que los ingresos de los consejeros los fijaba la comisión de retribuciones: "Los sueldos del presidente y del vicepresidente estaban ligados a unos contratos firmados con Bankia el 23 de junio de 2011. Y pasó por el comité de retribuciones. Por su parte, la retribución de los ejecutivos formaba parte de la responsabilidad de consejo, aunque cada cual tenía condiciones que veían de sus cajas de origen".

Procedimiento establecido

El fiscal Luzón interpeló a Rato sobre si se había seguido el procedimiento establecido con las tarjetas B, pues el artículo 49 de los Estatutos de Caja Madrid determinaba que la retribución a la alta dirección correspondía al consejo de administración. Mientras que la comisión de retribuciones era la responsable, conforme al artículo 16 del reglamento del consejo de administración, de proponer la política de ingresos de los consejeros y altos directivos.

En concreto, especificó el fiscal, esta comisión se encargaba de la retribución individual de los consejeros ejecutivos, las condiciones básicas de los ingresos de los altos directivos, de revisar periódicamente las retribuciones, velar por la transparencia de las retribuciones y la inclusión en el informe anual de gobierno corporativo sobre la remuneración de los consejeros.

"¿Se siguió este procedimiento para estos complementos retritutivos de las tarjetas?", preguntó Luzón a Rato, que contestó: "No estoy seguro, porque al no ser complementos retributivos....eran un instrumento de cobro de la retribución y estaban dentro de la política de retribuciones aunque no suponía un incremento de retribuciones"..."Sí, pero eran retribuciones", replicó el fiscal.

Dos actualizaciones retributivas

Por su parte, Sánchez Barcoj ante las preguntas de Luzón, reconoció "dos actualizaciones retributivas importantes en la caja", aunque en su declaración solo se refirió a una. En 2004 y ante la pérdida de ejecutivos, la comisión de retribuciones encargó un informe a una consultora externa para que analizara la política de sueldos de otras empresas. Hasta ese momento, al presidente se le daba una masa salarial que repartía entre sus directivos, y él cobraba un 15% más que el directivo mejor pagado.

"Después de eso, el presidente iba a la comisión de retribuciones y veía cómo era la distribución, y eso está en la actas, y después de una discusión con la comisión de retribuciones llegaba a un acuerdo. Y el presidente al director de Medios le hacía una comunicación verbal. Estas son las personas y estos son los salarios", especificó Sánchez Barcoj.

Ante la pregunta del fiscal de quién decidía quiénes serían los beneficiarios de las tarjetas, Sánchez Barcoj respondió: "Si era un concepto retributivo era una decisión de Presidencia. No podía ser de otra forma", zanjó el ex director Financiero de Caja Madrid, apuntando claramente a Miguel Blesa.