Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) describe en la revista Communications Biology una nueva especie de dinosaurio saurópodo que habitó la región de Cuenca hace 75 millones de años.

El trabajo, liderado por el profesor Francisco Ortega Coloma, parte de los fósiles hallados en el yacimiento de Lo Hueco, en la localidad conquense de Fuentes. Este lugar, desde su descubrimiento en 2007 debido a las obras para la instalación de las vías del AVE Madrid-Levante, ha proporcionado a los científicos alrededor de 12.000 restos fósiles, que forman ya una de las colecciones de vertebrados fósiles más relevantes del Cretácico Superior de Europa.

“Nos está costando mucho tiempo y recursos entender la enorme cantidad de información disponible en Lo Hueco, pero, una vez organizada, el yacimiento funciona como un libro de instrucciones de los saurópodos del Cretácico Superior europeo”, afirma Ortega, coautor junto al investigador Pedro Mocho, de la Universidad de Lisboa.

Qunkasaura pintiquiniestra, cuyo nombre hace referencia a "Qunka", la etimología más antigua del topónimo del área de Cuenca y Fuentes; "Saura", en alusión al femenino del latín saurus (lagarto) y como homenaje al pintor Antonio Saura, y "pintiquiniestra", la gigante reina de una novela citada en el Don Quijote de la Mancha de Cervantes, se distingue por ser uno de los esqueletos de saurópodo más completos hallados en Europa, incluyendo vértebras cervicales, dorsales y caudales, parte de las cinturas y elementos de los miembros.

Su morfología única, especialmente en las vértebras de la cola, ofrece nuevas perspectivas sobre los últimos saurópodos de la península ibérica, un grupo de dinosaurios que ha sido históricamente poco comprendido.

“Contar con un ejemplar tan completo como el de Qunkasaura nos ha permitido entender algunos aspectos importantes de la evolución de este grupo en Europa”, destaca Ortega, quien añade que “la interpretación de las relaciones entre los titanosaurios europeos ha sido siempre un problema, generalmente porque la información disponible es muy escasa”.

El estudio identifica a Qunkasaura como un representante de los saltasáuridos opisthocoelicaudinos, un grupo principalmente distribuido en el hemisferio norte (Laurasia). Por otra parte, la mayoría de los saurópodos del Cretácico Superior del suroeste de Europa, incluido Lohuecotitan pandafilandi, también descrito en Lo Hueco por el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED, serían lirainosaurinos, un grupo de saurópodos aparentemente exclusivo de Europa.

Esta investigación sugiere que este es el único yacimiento en el que se conoce la coexistencia de ambos grupos y propone un nuevo grupo de titanosaurios, llamado Lohuecosauria, que incluye a los representantes de los dos linajes.

“En este momento, parece estar más ajustado que casi todos los titanosaurios europeos pertenecen a un grupo endémico, los lirainosaurinos, que evolucionaron aislados en Europa todo el final del Cretácico hasta la desaparición del grupo”, explica Ortega, “sin embargo, Qunkasaura nos muestra que al final del Cretácico se produjo en Europa la entrada de grupos de titanosaurios inmigrantes, y que, al contrario de lo que se creía habitualmente, no proceden de los continentes del Sur, sino que están relacionados con dinosaurios asiáticos y norteamericanos”.

Afortunadamente, queda mucho por descubrir y el yacimiento de Lo Hueco aún no ha desvelado todos sus secretos, pues, como concluye Ortega, “la coexistencia en Lo Hueco de distintas especies de titanosaurios relacionadas con varios linajes nos indica un aspecto que tenemos aún que resolver: la complejidad del papel ecológico de los titanosaurios en los ecosistemas ibéricos del final del Cretácico”.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Avalmadrid vivió entre 2016 y 2021 unos años turbulentos. La sociedad de garantía recíproca madrileña pasó de ser una empresa dedicada a un trabajo muy técnico y poco conocido, proporcionar avales a pymes y autónomos para que los bancos les prestasen dinero, a situarse en el centro de una tormenta de escándalos que abrió el Banco de España, con un expediente sancionador por incumplir el control de riesgos, y culminó cuando se supo que había perdonado una deuda a los padres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como reveló infoLibre [Aquí puede leer las informaciones exclusivas publicadas].

En 2020, el Banco de España sancionó a Avalmadrid y a una quincena de sus consejeros y altos ejecutivos con multas que sumaron más de medio millón de euros por infracciones graves, algunas de ellas aún en fase de recurso. Mientras, la Asamblea de Madrid abría una comisión de investigación sobre las irregularidades y el trato de favor en los préstamos y avales que había concedido la sociedad de garantías entre 2007 y 2018.

Tras un año de comparecencias, la comisión concluyó que Avalmadrid había dado “un trato personalizado y preferente” a la empresa de los padres de la presidenta madrileña y que había llevado a cabo “una gestión negligente en el seguimiento y recobro” del aval de 400.000 euros que le otorgó. También estableció que la sociedad había sido utilizada como “una herramienta de salvamento y socorro de empresas y empresarios vinculados con el Partido Popular, “saltándose a tal efecto las normas internas, los requerimientos del Banco de España y una mínima conducta ética”.

A resultas de tanta agitación, desde 2018 Avalmadrid ha tenido cuatro presidentes y cuatro directores generales.

Pero la falta de diligencia se extendía más allá de la operativa financiera. También afectó a asuntos elementales como la protección de datos. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, Avalmadrid proporcionó a uno de sus directores generales, Jorge Morán Santor, para fines particulares, la base de datos de sus clientes, con registros de 3.564 pymes y autónomos a los que había concedido avales entre 2008 y 2015, así como la base SABI, que tiene contratada con la empresa Informa para uso interno. Lo hizo en dos ocasiones, en 2017 y en 2019, para que elaborara su tesis doctoral. Además, Morán Santor facilitó los datos a un profesor de la UNED, con quien firmó un artículo en una revista de economía, y a algunos de sus alumnos en Cunef –una institución universitaria de la patronal de banca que depende de la Complutense y donde imparte clases– para que redactaran dos Trabajos de Fin de Máster (TFM). Cuando Morán Santor solicitó por primera vez acceso a ambas bases de datos aún era director general de Avalmadrid; cuando repitió la petición, llevaba fuera de la sociedad poco más de un año.

La base SABI es un software con información de más de 2,9 millones de empresas españolas y 900.000 portuguesas que permite hacer análisis financieros, según describe Informa en su página web. En el caso de la base contratada por Avalmadrid, contenía 161.000 registros de empresas y autónomos de la Comunidad de Madrid. El objeto de la cesión al director general era cruzar la base de datos de clientes de Avalmadrid con la base SABI.

Entre la primera operación y la segunda, en diciembre de 2018, se aprobó la Ley Orgánica de Protección de Datos, que incorporó al ordenamiento español el Reglamento de la UE de 2016 sobre la misma materia. Hasta entonces se aplicaba la ley de 1999, con un régimen muy similar de protección. Las dos diferencias básicas: en 2018 se eliminó el consentimiento tácito de los usuarios, que permitía el tratamiento de datos personales si no mediaba una autorización expresa, y se incorporó a los autónomos al ámbito de protección de la ley.

De acuerdo con el contenido de los correos a los que ha tenido acceso infoLibre, la información facilitada sobre los clientes de Avalmadrid incluía datos financieros, desde el importe del aval solicitado y el finalmente concedido hasta las cuotas pagadas, los fallidos, su periodo medio de pago a proveedores, el circulante, la plantilla o su deuda, entre otros. Y datos personales como el NIF o la fecha de nacimiento en el caso de los autónomos. Los Excel con toda esa información fueron suministrados por correo electrónico en varias ocasiones y con correcciones sucesivas según las iba pidiendo Jorge Morán. El 16 de enero de 2017 recibió un Excel con miles de registros, desglosados entre pymes y autónomos. Ninguno de ellos estaba anonimizado o seudonimizado, las dos técnicas que pudieron haberse utilizado para ocultar la identidad de los clientes de Avalmadrid. Con la primera, se elimina de forma irreversible la identificación del propietario del dato. Con la segunda, se sustituye su identidad por un alias o un seudónimo y es un proceso reversible.

Además, los datos de SABI fueron proporcionados al director general con una justificación falsa. Para analizarlos y elaborar un artículo que debía servir, a su vez, para sustentar la tesis doctoral de Jorge Morán, éste contrató a Rodrigo Martín García, un profesor de Economía de la UNED, donde el director general iba a presentar su trabajo de investigación. “Le he pasado la base de datos que tú me has generado y él tiene dudas que necesita ver contigo”, le dice Morán Santor al responsable de informática de Avalmadrid cuando pone a ambos en contacto el 22 de marzo de 2017. Un mes más tarde, el 27 de abril, el informático advierte a Morán y Martín de que la exportación que le permite hacer Informa de la base SABI es “limitada”. “Me han dicho que como algo excepcional pueden autorizarnos un usuario que permitiría realizar la extracción completa si justificamos el motivo de la extracción, les decimos exactamente qué campos queremos y nos comprometemos a no utilizar esos datos más que para uso interno”, les explica. “Os agradecería”, añade, “que me ayudarais con la justificación”.

Rodrigo Martín le responde asegurando que BvD –Bureau van Dijk, la matriz belga de Informa– “no funciona nada bien” e incluso “falta a la verdad cuando hace la labor comercial”. “Una vez que contrata, limita el acceso a los datos y cada vez utiliza una justificación o un requisito distinto. En realidad, no deberían pedir más compromiso que el de la no utilización comercial por nuestra parte de los datos”. “Pienso que se les puede justificar diciendo que es para un estudio acerca del impacto de la actividad de la entidad, que es exactamente lo que es”, sugiere, y pregunta al director general: “Jorge, ¿te parece bien?”. A continuación, este le pide al responsable de informática que se ponga en contacto con Informa. “Y si te ponen pegas, me vienes a ver para que veamos otras opciones”, concluye.

En efecto, el paper que publicaron Rodrigo Martín y Jorge Morán en junio de 2019 versa sobre los efectos que los avales públicos concedidos por Avalmadrid tuvieron sobre las inversiones y la actividad de las pymes en 2009 y 2011, cuando las restricciones al crédito por culpa de la crisis financiera eran máximas, y durante la fase de recuperación, entre 2012 y 2015. Los autores concluyen que esas garantías públicas funcionaron como un instrumento contracíclico –contrarrestaron los efectos negativos de la crisis–. Aunque el objeto de estudio era Avalmadrid, el artículo no fue encargado o pagado por la sociedad de garantías; su fin era únicamente servir como apoyo a la tesis doctoral del director general. Es decir, el uso que Martín y Morán dieron a la base SABI estaba lejos de ser “interno”.

infoLibre ha preguntado a Informa por esta cesión de los datos que había contratado con Avalmadrid y de la que niega “tener constancia”. “No hay registrada ninguna incidencia al respecto”, asegura un portavoz de la empresa. No obstante, según ha podido comprobar este periódico, en el contrato de licencia de uso de SABI que Informa suscribe con sus clientes, éstos se obligan a “no efectuar trabajos [con la base de datos], cualquiera que fuese la razón, en beneficio de terceros”, puesto que la información está “exclusivamente destinada al uso interno del cliente y por necesidades propias”. Tampoco pueden “utilizar, directa o indirectamente, la información contenida en SABI Informa para la prestación de servicios a terceros o en beneficio de alguna persona o entidad”. Ni pueden “borrar, modificar, desmontar, descompilar, traducir o crear trabajos derivados de SABI Informa sin el consentimiento por escrito de Informa”. Finalmente, como la base de datos incluye información confidencial, los clientes que la contratan “se comprometen a no divulgarla a ninguna persona física o jurídica ajena al objeto del contrato”.

Por tanto, Avalmadrid no sólo mintió a Informa sobre el destino de la extracción de datos, sino que además incumplió el contrato con el suministrador, tratando los datos, algunos de ellos confidenciales, y cediéndoselos a un tercero para un trabajo externo.

El 20 de octubre de 2020, Jorge Morán compareció en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó quién le había autorizado a disponer de los datos de los clientes de la sociedad de garantías o si ese permiso se lo había “concedido a sí mismo”. El ex director general contestó que le había autorizado “la sociedad”, pero no precisó qué persona o cargo concreto. “No le puedo facilitar esa información”, repitió.

infoLibre también ha preguntado a Jorge Morán por los detalles de la cesión de las dos bases de datos. “Tanto para los TFM como para la tesis, incluyendo los estudios de investigación obligatorios o papers, fui autorizado por Avalmadrid con anterioridad a recibir la información, firmando un acuerdo de confidencialidad exclusivo y restrictivo relativo tanto al ámbito académico como de investigación”, explica. Avalmadrid, por su parte, se limita a responder que “todo [respecto a la cesión de las bases de datos] se hizo correctamente, está controlado y claro. No hay ninguna irregularidad de ningún empleado”. Este periódico ha pedido a la sociedad de garantías los acuerdos de confidencialidad mencionados por su ex director general, pero esta se ha negado a mostrarlos o a dar detalles sobre la fecha, la finalidad o los requisitos de esos documentos. “No podemos facilitar información interna”, sostienen.

Jorge Morán subraya que la información fue tratada “siempre en el contexto y bajo las exigencias de la autorización y el acuerdo de confidencialidad” que firmaron todos los que dispusieron de ella. Además, precisa que no recibió “remuneración o contraprestación alguna” por la “tutorización y supervisión de los TFM” de sus alumnos: Creación de un modelo de predicción de default para microempresas y emprendedores y Creación de valor a través de la gestión del riesgo: aproximación a un modelo de scoring. “Tanto los TFM como el paper publicados garantizan en todos sus extremos el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos”, zanja.

La tesis doctoral, que fue admitida en el programa de doctorado de la UNED en septiembre de 2014, también estudia la gestión de riesgos, pero en el sistema financiero español. Pese al tiempo transcurrido, Jorge Morán no la ha terminado. Abandonó Avalmadrid en febrero de 2018 y fichó por Aliseda, la gestora inmobiliaria del Banco Santander, como director corporativo de negocio. En abril del año pasado comenzó en Diglo Servicer, también del Santander, como director de formación y procesos de negocio, y de donde salió hace apenas un mes. En Cunef lleva dando clases 13 años. Morán Cantor es uno de los directivos de Avalmadrid que fueron sancionados en 2020 por el Banco de España. Tuvo que pagar una multa de 15.000 euros por una infración grave: incumplir los requirimientos del organismo supervisor en materia de control interno, de concentración y seguimiento del riesgo.

En abril de 2019, cuando ya trabajaba en Aliseda, pidió a su antigua empresa, Avalmadrid, que le actualizara los datos proporcionados dos años antes. Lo hizo a través del director financiero, Fernando de la Fuente, que es quien se encarga de solicitar la extracción de datos al departamento de informática. Pero en esta ocasión, a diferencia de la anterior, sí se le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, o al menos un recibí de los datos de clientes avalados y de la base SABI entre 2016 y diciembre de 2018. En el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, se precisa que la información sólo podrá ser utilizada “con carácter exclusivo” en la investigación de Jorge Morán “en el contexto del doctorado en Economía y Empresa” que cursaba en la UNED. Además, el ex director general se comprometía a entregar a Avalmadrid el resultado de dicha investigación. El recibí está fechado el 9 de abril, pero el acuerdo de confidencialidad aún no está listo un mes después, según el contenido de los correos a los que ha tenido acceso este periódico. Por entonces, la asesora jurídica de Avalmadrid consulta aún con el delegado de protección de datos si pueden cederle los datos a Jorge Morán para su tesis. Este le replica que deben ser seudonimizados. El informático dice que les ha quitado el CIF y el nombre a los autónomos. “Supongo que la fecha de nacimiento sin un nombre o DNI que lo relacione no sería problema”, responde. Tampoco se elimina la fecha de constitución de las empresas.

Entonces también se envía el acuerdo de confidencialidad/recibí a la presidenta de Avalmadrid, Rosario Rey García, para que lo firme. Rey García abandonó la sociedad en agosto de 2019. Desde octubre de ese año figura como socia directora de Control Management Solutions, una consultora financiera especializada en “estrategia, riesgos y gobierno corporativo” de la que es administrador único Jorge Morán. Al menos así aparece en su perfil de Linkedin. Sin embargo, Morán Santor asegura que la sociedad no tiene actividad y que sus únicos accionistas son él y su mujer. También dice que Rosario Rey incluyó esa referencia en Linkedin por "posicionamiento", pero que no ha hecho ningún trabajo en Control Management Solutions. Cuando se le pregunta si fue ella, como presidenta de Avalmadrid, quien le autorizó la cesión de las bases de datos, responde que no lo recuerda, pero que, en todo caso, la decisión correspondía a la Asesoría Jurídica. A través de esa sociedad, Morán Santor pagó en 2017 al profesor Rodrigo Martín 500 euros por su trabajo en el paper para el que ambos utilizaron los datos de Avalmadrid y SABI.

El 16 de mayo de 2019 el asunto aún seguía pendiente. Ese día interviene por primera vez Pedro Embid, el sucesor de Jorge Morán en la dirección general, quien pide a Fernando de la Fuente “la carta o email” donde el anterior solicitaba las bases de datos. El director financiero le contesta que la petición la hizo Morán Santor por Whatsapp. El 22 de mayo, Embid avisa a la asesora jurídica de que uno de los archivos que se van a proporcionar a Jorge Morán “no está innominado”. El día siguiente, el director general autoriza finalmente la cesión de las dos bases de datos “circunscribiéndola al trabajo académico (doctorado)”. Y, una hora más tarde, De la Fuente remite a Jorge Morán un enlace para que descargue la información.

Sin embargo, una semana después, la asesora jurídica tiene que hacer una nueva consulta, que esta vez hace extensiva a un experto de PB-Cap Consultores, especializados en compliance. Le dice que Jorge Morán pide que se le pasen los datos de los autónomos con el CIF y el DNI, tanto de la base de Avalmadrid como de SABI “para poder cruzarlas”. Unos datos que se habían suprimido. El experto descarta el cambio, “salvo que en los documentos que os firman vuestros clientes esté incluida la finalidad de la cesión de los datos”. “Sería una contravención del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos”, le advierte también el delegado de protección de datos, “a menos que en el consentimiento prestado [por los clientes] constara específicamente la autorización para ese fin, o se pudiera considerar que existe un interés público o legítimo que prevalece sobre el derecho a la privacidad del interesado”.

Y no es así. La asesora jurídica explica al director general, Pedro Embid, que no hay ningún “consentimiento expreso de los clientes para ceder sus datos con una finalidad académica” en las pólizas de afianzamiento que estos firman. Y que no se les puede pedir ahora a todos y cada uno de ellos esa autorización. De forma que, finalmente, es el informático de Avalmadrid quien cruza las dos bases de datos y así se las entregan a Jorge Morán el 31 de mayo de 2019, aún con las fechas de nacimiento de los autónomos y las fechas de constitución de las empresas.

Jorge Morán asegura a infoLibre que, como ha decidido abandonar la tesis, ha destruido los datos que le fueron proporcionados por su antigua empresa.

El director financiero de Avalmadrid, Fernando de la Fuente, también compareció el 20 de octubre de 2020 en la comisión de investigación sobre Avalmadrid. Como a Jorge Morán, el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez le preguntó si había “autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid”. “Nunca”, respondió De la Fuente. Mentir en una comisión parlamentaria está penado con entre seis meses y un año de prisión, le recordó el diputado.

[Con posterioridad a la publicación de esta información, Avalmadrid se ha dirigido a infoLibre para precisar que el director financiero “no mintió en su comparecencia del día 20 de octubre 2020 en la comisión de investigación, cuando a la pregunta del diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez sobre si había 'autorizado la cesión de datos personales y confidenciales de clientes de Avalmadrid a alguna tercera persona que no formaba parte de Avalmadrid', respondió que 'nunca', dado que él no autorizó, sino que siguió indicaciones de su superior”].

infoLibre ha consultado a expertos en protección de datos sobre la actuación de Avalmadrid en este caso. El tratamiento de datos, incluidos los “corporativamente relevantes”, debe ser siempre notificado a los clientes. Incluso cruzar los datos, como hizo Avalmadrid, es una forma de tratarlos, explican: “Una empresa no puede disponer de los datos de sus clientes como si fuera su propietaria; lo fundamental es la transparencia, por lo que debe notificarles que los ha cedido o los ha tratado de cualquier manera”. Pero la sociedad de garantías madrileña no comunicó en ningún momento a sus clientes que había proporcionado sus datos a un tercero y que antes los había tratado. La Ley de Protección de Datos de 1999, que estaba vigente en 2017 cuando se hizo la primera cesión, ya establecía que el tratamiento por cuenta de terceros de esa información debe estar regulada en un contrato escrito. Y si ese tercero destina los datos a otra finalidad, los comunica o los utiliza incumpliendo las estipulaciones del contrato, comete una infracción.

Además, las empresas deben asegurarse de que han seguido todos los protocolos éticos “sin generar riesgos”. Porque la anonimización o seudonimización debe ser “robusta y confiable”. Y no siempre es así. Desde 2014 existe un código de buenas prácticas, elaborado por un grupo de trabajo de la Unión Europea, para reducir los riesgos de identificación que se producen al anonimizar y seudonimizar datos confidenciales. Por ejemplo, dejar la fecha de nacimiento, como hizo Avalmadrid, y reemplazar un nombre real por un seudónimo puede ser insuficiente para proteger la identidad de la persona que se pretende anonimizar. “La solución óptima debe adoptarse caso por caso”, recomienda ese dictamen.

Por otra parte, el Reglamento de la UE de 2016 restringe el tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos. Ese tratamiento debe tener en cuenta, entre otras cosas, “las expectativas razonables del interesado”, así como “la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista”.

La norma comunitaria, que exige siempre un “tratamiento leal y transparente” de los datos, amplía las cautelas si una empresa pretende tratarlos para un fin que no sea aquel para el que los recogió: debe proporcionar al interesado, “antes de dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y otra información necesaria”. Y esa información debe darse “en el momento en que se obtengan” los datos y antes de que se sometan a ese segundo tratamiento. Como queda dicho más arriba, la asesora jurídica de Avalmadrid reconoció que a sus clientes, en las pólizas, no se les había pedido autorización para un fin como el que dio a sus datos el director general. Tampoco se les informó cuando se cruzaron y cedieron a un tercero.

El reglamento es claro: el consentimiento del propietario de esa información, que debe darse “mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal”, debe cubrir todas las actividades de tratamiento cuando este tenga varios fines.

En definitiva, todas estas cautelas les fueron hurtadas a los clientes de Avalmadrid cuando cedieron sus datos.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) califica al actual Gobierno de Pedro Sánchez como "social-comunista" en uno de sus exámenes. Así lo ha publicado este lunes el ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a través de su cuenta de Twitter. "Examen de Trabajo Social de la UNED de esta mañana. La asignatura es Introducción a los Servicios Sociales", señalaba Iglesias en la red social.

Con el comentario, el fundador de Podemos adjuntaba la imagen de una prueba escrita, en la que la universidad pública plantea un párrafo descriptivo sobre la gestión asistencial española durante un periodo histórico que el alumnado debe concretar. "De lo expuesto puede colegirse el carácter fragmentario de la organización asistencial española, lo anacrónico de su regulación, la ausencia de auténticos plantes públicos para el afrontamiento de las necesidades, la accidentalidad con que inicialmente se adjudicaron a determinados organismos funciones asistenciales ajenas al núcleo principal de cometidos desempañados, manteniéndose posteriormente tal situación con independencia de los dictados de otras más racionales premisas", recoge el texto.

Entre las respuestas que deben escoger los estudiantes, se incluyen cuatro opciones: la asistencia durante el primer "gobierno socialista del presidente D. Felipe González", la que corresponde al "gobierno de centroderecha del presidente D. José María Aznar", la del "gobierno social-comunista del presidente D. Pedro Sánchez" y la asistencia "durante el franquismo".

La universidad ha contestado con sorna, también a través de las redes sociales, al mensaje de Pablo Iglesias. "'¡Pero si esta pregunta es muy fácil!", ha señalado, para a continuación asegurar que sus estudiantes "no tienen duda de que la respuesta correcta es la d)". La institución pública ha tenido a bien rematar el tuit con el emoticono de un guiño de ojos.

Hoy se contabilizan unas 82 universidades en España de las cuales 50 son públicas, dependientes del Estado y de las comunidades autónomas, y el resto privadas, con un porcentaje significativo propiedad de la iglesia católica. Sin embargo, no existe en el mercado social y económico una distinción valorativa sobre la procedencia de las titulaciones, da igual a todos los efectos ser licenciado, graduado o doctor por Salamanca, Cádiz, Murcia o la Universidades de Deusto o Pontificia. No ocurre lo mismo en otros ámbitos donde haber estudiado en Oxford, Cambridge o Harvard tiene un valor añadido en la consideración curricular.

En términos macro la mayoría de las universidades han ido progresando de manera desigual en la investigación y en la docencia. Y en este sentido el profesorado ha estado a medio camino entre las relaciones personales, la cooptación y las capacidades intelectuales para acceder a su condición. Hay tantos ejemplos a favor de haber alcanzado un puesto como profesor con un buen currículo que otros por intermediación de contactos personales y oportunidades sin un control riguroso. Así puede distinguirse docentes e investigadores de gran peso junto a otros con escasas prestaciones académicas. En los últimos tiempos se ha intentado medir con valores objetivos, sin lograrlo plenamente, las aportaciones en el campo de la investigación, y menos en la docencia, con ejemplos también de prevaricaciones y de influencias pero que en su conjunto han favorecido una cierta purificación del sistema. Ya hay buena literatura sobre los avatares de las triquiñuelas de la estructura universitaria española.

La expansión de las universidades se desarrolló principalmente a partir de los años 80 del pasado siglo (en 1960 solo había 17 en toda España y la mayoría públicas). Los ayuntamientos, las provincias y las comunidades dieron toda clase de facilidades para instalar una universidad o una facultad. Al final, el modelo se resumía en una universidad en cada capital, en cada municipio numeroso un centro universitario, o un centro de la UNED. Precisamente esta universidad, nacida en 1972, ha tenido el privilegio de contar con la financiación de municipios y diputaciones para establecer una red de centros que la sede central utilizaba como “colonias” para realizar los exámenes y disponer de plataformas de tutores para orientar a los alumnos. La implicación de Sede Central de Madrid ha sido en sus orígenes escasa y solo en los últimos tiempos ha tenido que asumir parte de su financiación sin integrarlos plenamente en su estructura, con un desconocimiento y desentendimiento de la mayoría profesorado de la sede central. Solo los equipos rectorales han tenido que implicarse por necesidad en su funcionamiento, pero sin cuestionar por lo general la dependencia de las tramas políticas locales o provinciales donde se ubicaban los centros. Siempre he dicho que cuando dirigía el Centro de Alzira-Valencia he hecho más política para mantener su autonomía universitaria con el rector como presidente de la Junta Rectora, habida cuenta del dominio casi absoluto del PP en mi segunda época (2000-2016), que en el Congreso como diputado del PSOE. Bien es verdad que me respaldaba ser profesor funcionario de la propia UNED y una cierta presencia pública. Pero el resto de las universidades ha ido adquiriendo cada vez más las destrezas de la enseñanza a distancia a través de las tecnologías apropiadas, de tal forma que hoy se parecen más a la UNED que ella misma, así lo han demostrado en este periodo de pandemia.

La UNED ha disfrutado del monopolio de un sistema que ha tenido su justificación en otros tiempos para dar oportunidad de acceso a los estudios universitarios a muchos ciudadanos que no podían acudir a las universidades establecidas. Hubiera sido bueno aprovecharlo para reestructurar mejor sus métodos y la dimensión de sus extensiones, que alcanzan más de 50 centros en toda España donde el patrimonio de sus residencias no es de su propiedad. Podía haberse creado un centro propio en cada comunidad con personal directivo capacitado, con la titulación adecuada, dependiente de la propia universidad. De hecho, pronto las llamadas universidades presenciales, además de las “a distancia”, plantearán por qué las entidades publicas tienen que subvencionar, con el dinero de todos, centros territoriales y tutores de una exclusiva universidad cuando ellas ya pueden desarrollar las mismas funciones, e incluso mejorarlas.

Javier Paniagua es socio de infoLibre

"La condición del novelista es la soledad" y "toda novela es producto de una larga serie de naufragios". Eran las dos certezas de las que partía la escritora Almudena Grandes (Madrid, 1960) en su discurso de investidura como doctora honoris causa por la UNED, una ceremonia celebrada el jueves por la mañana en el Edificio de Humanidades de esta universidad en Madrid, donde recibía el mismo homenaje el hispanista Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española. Ambos doctorados venían propuestos por el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología, y mientras que Grandes contaba con Julio Neira Jiménez como padrino, Villanueva era acompañado por José Romera Castillo. En la mesa de autoridades comparecían el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y el rector de la UNED, Ricardo Mairal. 

Los padrinos, encargados de la defensa de cada uno de los nuevos doctores, reconocían de un lado la capacidad de la escritora de "conectar con un amplio y diverso sector de lectores" y, del otro, la labor de Villanueva, "una figura destacadísima dentro del hispanismo internacional". La laudatio sobre Almudena Grandes, expuesta por el profesor Julio Neira, hizo un repaso de la obra narrativa de la nueva Doctora, a quien calificó como "la novelista española más destacada de la segunda mitad del siglo XX". El reconocimiento llega, además, a pocos días del lanzamiento de su nueva novela, La madre de Frankenstein, quinto y penúltimo volumen de la saga Episodios de una guerra interminable, que la autora compone desde 2010. El profesor José Romera Castillo se encargó de la laudatio de Darío Villanueva, a quien definió como "una autoridad indiscutible en teoría de la literatura y literatura comparada", además de destacar su labor como académico y director de la Real Academia Española entre 2014 y 2019.

Almudena Grandes nombraba en su discurso [lee aquí el texto completo] a Miguel de Cervantes, aislado mientras escribe el prólogo al Quijote, "con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla". Así, la autora de títulos como El corazón helado o Inés y la alegría, ganadora del Premio Nacional de Narrativa en 2018 por Los pacientes del doctor García, estructuraba su texto de agradecimiento en torno a la soledad del escritor. El prólogo que acabó escribiendo Cervantes, explicaba, es también "un reflejo admirable del trabajo del novelista, porque todos nosotros, todas nosotras, hablamos solos y con nosotros mismos sin cesar, a lo largo del proceso de escritura de la novela que tengamos entre manos". Y, entre los artistas, defendían, son los novelistas quienes más se enfrentan a esa soledad, más que los dramaturgos o los guionistas, que trabajan en equipo, más que los poetas, que pueden transmitir su obra sin haberla finalizado, y más que los ensayistas, que no se ven obligados a encerrarse en un mundo que existe solo en la mente de quien escribe. 

Pero aunque la escritora asegurara que "publicar una novela es fundar una isla desierta", o que "escribir una novela es vivir dos vidas a la vez, las dos auténticas, las dos exigentes, verdaderas, las dos solitarias", hablaba también de convivencia. Con su pareja, el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y colaborador de infoLibre, a quien agradecía el "privilegio de tener a mano a un lector excelente", pero también la comprensión hacia las "largas horas de encierro", los "paseos sin rumbo por la ciudad" o la ausencia de las conversaciones, una comprensión que quizás, asegura, no encontraría en alguien que no se dedicara a las palabras. Y la convivencia también con los lectores, que "garantizan [su] libertad": "Si dejaran de sostenerme", reconocía Grandes, "si no ganara con mis novelas el dinero suficiente para subsistir, tendría que buscarme un trabajo remunerado o empezar a escribir los libros que otros creyeran que tengo que escribir".

Darío Villanueva centró su discurso en la posverdad como rasgo característico de "nuestra sociedad post o transmoderna". La posverdad se nutre de las fake news, advertía, esos "bulos que el escritor Julio Llamazares ha definido como 'las mentiras de toda la vida". El hispanista recordó a Maquiavelo, a Aldous Huxley y a Orwell para afirmar que "quien se esfuerza en engañar encontrará siempre a alguien que se deje". Villanueva se refirió a Donald Trump como ejemplo del uso de la llamada posverdad para propagar "3.000 mentiras comprobadas por laboratorios de verificación". Citando a Huxley, advirtió Villanueva cómo la falsedad y la sinrazón marcan hoy la política con el uso constante de las técnicas de desinformación que "tan bien dominaba Goebbels: si todos acaban afirmando lo mismo, aunque sea mentira, acabará convirtiéndose en verdad".

España es la campeona del empleo temporal en Europa, con una tasa –27,3% en el sector privado, según la última Encuesta de Población Activa (EPA)– que sólo bate Polonia. Un pecado laboral que también cometen las administraciones públicas, con una tasa que a diciembre de 2017 alcanzaba el 24,1% y se eleva aún más entre profesores y personal sanitario. Tampoco se libran las universidades.

En la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el 20% de su profesorado es personal temporal: profesores ayudantes, ayudantes doctores y asociados. En total, 288 docentes de un total de 1.398, según consta en su portal de transparencia, contados en 2016. Los profesores ayudantes son estudiantes de doctorado que “colaboran en tareas docentes de índole práctica” para “completar su formación”, tal y como establece la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que limita a 60 horas al año las clases que pueden impartir. Su contrato no puede extenderse durante más de cinco años. Los profesores ayudantes doctores, como indica su nombre, ya han conseguido su doctorado, su contrato tampoco puede superar los cinco años y el número de sus horas de docencia no debe superar las 240 anuales. Los profesores asociados son contratados por su actividad profesional reconocida fuera del ámbito académico.

En la UNED trabajan actualmente una decena de ayudantes y un centenar de ayudantes doctores, explica el vicerrector adjunto de Profesorado, Miguel Miguens Vázquez. Y muchos de ellos se quejan de que sobrepasan con creces las horas de docencia legales. En la universidad a distancia resulta difícil medir la carga docente de los profesores puesto que no existen clases presenciales. En cambio, sí atienden a los estudiantes a través del teléfono, el correo electrónico o en foros, preparan materiales didácticos, y diseñan y corrigen exámenes, aunque no fichan como el resto de los profesores en las universidades al uso.

Con los recortes del gasto público impuestos con la crisis, la UNED –la única universidad que depende del Ministerio de Educación, no de las comunidades autónomas como el resto de las públicas– ha perdido 90 profesores desde 2012, de acuerdo con las cifras publicadas en su portal de transparencia. “En algunas facultades, hasta un tercio de su plantilla docente”, apunta el presidente del comité de empresa, Agustín Caminero Herráez. De forma que un número cada vez menor de profesores han tenido que atender una cartera de asignaturas, grados y másteres, que, sin embargo, ha seguido creciendo. “La sobrecarga docente es un hecho”, sentencia Agustín Caminero quien, no obstante, precisa que la sufren “todas las categorías de profesores”, no sólo los temporales. Aun así deja claro que esa sobrecarga es “superior” para los ayudantes –él mismo es ayudante doctor– que para otros profesores. “El comité de empresa ha tenido que dar toques de atención al rectorado por este motivo”, asegura.

Los profesores de estas dos categorías temporales con los que ha hablado infoLibre coinciden en que sobrepasan ampliamente las horas legales de docencia y que se sobrecarga a los niveles inferiores de los departamentos en lo que alguno de ellos llega a calificar de “dinámica perversa”. Los profesores ayudantes, explica el presidente del comité de empresa, son los que sobre el papel menos horas de docencia tienen y, por tanto, son “los más sobrecargables”. Pese a que, en teoría, sus contratos son de formación; es decir, se supone que están “aprendiendo a enseñar”. En realidad, protestan, cubren necesidades docentes estructurales durante años.

El motivo no estriba sólo en la falta de profesores de los últimos años, sino en el reparto que se hace de esa carga en los departamentos que, según denuncian los temporales, no es equitativa. La docencia se distribuye según la categoría académica, la antigüedad y la especialización de los profesores. Por tanto, catedráticos y titulares son los primeros en elegir asignaturas y cursos.

La sobrecarga tiene un segundo efecto. “Si estás hasta arriba de docencia, no puedes investigar”, lamenta un profesor ayudante consultado por este periódico. Como la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), la fundación encargada de evaluar a los profesores, puntúa el doble la investigación y las publicaciones que la docencia, a la hora de acreditarlos para que puedan promocionar a las categorías superiores los sobrecargados con horas de clase resultan perjudicados.

No mide las horas reales

En cualquier caso, hasta febrero de 2013, la UNED certificaba a sus profesores las horas reales que dedicaban a la docencia. Pero en febrero de ese año, y fruto de los toques de atención dados por la Aneca, la universidad publicó una directriz que cambiaba el sistema para medir y certificar la carga docente. “La Aneca no aceptaba la acreditación de más horas que las legales”, reconoce el vicerrector adjunto. La agencia también les pidió que unificaran los certificados que cada decanato elaboraba “a su manera”, añade, “había un problema de formato”. La directriz “no fue aprobada por el consejo de gobierno” de la UNED, admite igualmente Miguel Miguens. Aunque apunta que “quizá tampoco era necesario que lo hiciera” al tratarse de una “recomendación que no es de obligado cumplimiento”. El vicerrector aclara que la decisión, en todo caso, la tomó “otro equipo de gobierno” distinto del actual, “hace dos mandatos”.

Preguntada por infoLibre, la Aneca se limita a señalar que no exige nada a las universidades sobre las horas de docencia y que debe respetar siempre la autonomía universitaria. “Nuestro papel es meramente técnico”, responde un portavoz de la agencia, “no entramos en cómo gestionan su personal las universidades”.

El nuevo sistema se basa en una fórmula matemática, un algoritmo, que sirve no sólo para medir el número de horas de docencia sino que las pondera con el número de alumnos o el tipo de exámenes. Así, apunta el vicerrector adjunto, “quien aparece como más cargado no hace necesariamente más horas”. Pero lo cierto es que, según establece la propia directriz en un “anexo inseparable”, para quienes “superen el volumen de actividad docente correspondiente a su categoría y dedicación, los servicios administrativos de la UNED certifican el máximo legal correspondiente”. Ni una hora más, por tanto, aunque se haya trabajado.

Negociando el cambio de sistema

Los profesores consultados no dudan en asegurar que la UNED “falsea la carga docente”. Y que ese sistema supone un “agravio comparativo” porque certifica el mismo número de horas –que deben presentar luego a la Aneca si quieren ascender de categoría– a un profesor que haya hecho el máximo legal que a otro que las haya duplicado. La denuncia no es nueva. Ya en mayo de 2013, cuando ya se había implantado el nuevo sistema y antes de las elecciones que ganó Alejandro Tiana –el actual rector tras repetir victoria el año pasado–, un grupo de profesores temporales redactó un manifiesto en el que reclamaban que se respetasen “las normas relativas a la carga docente en cada uno de los niveles y, si ésta excede, como sucede en la mayor parte de los casos, que se certifique de cara a la Aneca”. Uno de los profesores firmantes era el propio Miguel Vivens, entonces ayudante doctor.

“Nadie puede decir que se le obliga a hacer más horas de las que les corresponden”, sostiene ahora Vivens Vázquez. Pero también indica que “cuando se ha detectado el problema”, ha intentado “corregirlo” comunicando a los decanatos y los departamentos “que no pueden hacer más horas que las legales”. “Tampoco podemos intervenir en la autonomía de los departamentos”, advierte.

“Hace dos semanas nos reunimos con los profesores temporales y no nos pareció tan grave el problema”, apunta Miguel Miguens. Aunque avanza que el equipo de gobierno de la universidad lleva tiempo negociando con el comité de empresa y la junta de personal un cambio en el sistema que mide y certifica la carga docente, “para que sea más realista y se parezca más a lo que pueden ser las horas reales”.

Agustín Caminero dice que el comité de empresa lleva tiempo solicitando el cambio de la fórmula para que “mida correctamente” la carga docente y “refleje de manera correcta el trabajo que hacen los profesores”. “La forma en que se computa la docencia en la UNED es bastante difusa”, razona, “y te perjudica que no midan las horas que realmente haces”. La nueva fórmula, además, deberá incluir ahora la actividad investigadora. El vicerrector adjunto confía en que el nuevo sistema pueda aplicarse el próximo curso.

Ayudante acreditado para catedrático

Los profesores con los que ha hablado infoLibre –que han pedido el anonimato: “Somos los precarios de la universidad”– lamentan que esos cambios no se hayan decidido “mucho antes”. Y destacan que el resultado de la falta de incentivos y de promoción haya sido “el desgaste del profesorado” y “la fuga de talento”. Miguel Vivens, por su parte, subraya que su principal interés es precisamente “no perder profesores, sino que se acrediten y puedan promocionar”. A pesar del maquillaje al que la UNED somete a la sobrecarga docente de sus profesores, muchos de los situados en esas categorías inferiores han conseguido su acreditación para ascender. Sin embargo, la falta de reposición de los profesores que se han ido jubilando durante la crisis ha impedido que promocionen a los niveles superiores. Así, en julio de 2016, la UNED tenía a casi un centenar de profesores ayudantes y ayudantes doctores “sobreacreditados”: habían acumulado méritos suficientes para ascender a profesor contratado doctor, a profesor titular –26 de ellos– e incluso uno de ellos a catedrático. Algunos han sido reconocidos como interinos, una figura creada a golpe de sentencia judicial, tras superar los ocho o 10 años de contratos temporales que fija la ley como máximo para las dos categorías inferiores de profesores. El ayudante doctor que tenía acreditados méritos para promocionar a catedrático, el profesor de Historia Antigua, escritor y traductor David Hernández de la Fuente, abandonó la UNED por el departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense el pasado curso.

Miguel Vivens asegura que el problema de los profesores sobreacreditados desaparecerá con la cincuentena de plazas que saldrán a concurso este año, una vez respuesta al 100% la tasa de reposición.

El abuso del empleo temporal no es privativo de la UNED sino que, como reconoció el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en junio de 2017, muchas universidades utilizan los contratos eventuales para cubrir necesidades “de carácter estructural y ordinario”, lo que constituye un fraude de ley. Agustín Caminero denuncia la pérdida de “calidad laboral” que han sufrido los profesores temporales, no sólo por el aumento de la carga de trabajo, sino también porque sus posibilidades de promoción “se han visto limitadas al máximo” durante los últimos años. “Depender del ministerio siempre ha sido negativo para nosotros”, reprocha, “porque los recortes destinados a los funcionarios se nos han aplicado a nosotros también”. Un profesor ayudante cobra unos 1.100 euros netos al mes, un ayudante doctor llega a 1.450 euros, un contratado doctor percibe unos 1.800 y un titular alcanza los 2.000. Los catedráticos, hasta 3.000 euros mensuales.

Instituciones Penitenciarias trasladó recientemente al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al módulo de Soto del Real en el que los internos estudian carreras universitarias a distancia, si bien el motivo tiene más que ver con la falta de espacio en el anterior módulo en el que cumplía prisión preventiva.

Fuentes de Prisiones indicaron a Europa Press, tal y como adelantó Ok Diario, que el expresidente madrileño cumple desde hace días prisión en el módulo UNED, aunque no tiene que estar estudiando nada necesariamente. Este modulo, el 10 de Soto del Real, se denomina así por la colaboración de la prisión con la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Así, señalaron que el traslado se realizó siguiendo "criterios de separación interna". "En este modulo no solo hay internos que estudian, sino que puedan estar ahí por su clasificación, comportamiento o características", precisaron las misma fuentes, que agregaron que se trata de un lugar con un ambiente "más tranquilo y sosegado".

Fue trasladado cuando ingresó Villar

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press informaron de que el traslado al módulo 10 se produjo por "falta de espacio" en el anterior, siendo un cambio no solicitado por su defensa, y se produjo a mediados de julio coincidiendo con el ingreso en prisión en ese mismo centro penitenciario de cuatro dirigentes de la Federación Española de Fútbol.

Además, las fuentes consultadas indicaron que al ser un preso preventivo no tendría acceso a los "privilegios" que podrían disfrutar otros internos.

González cumple prisión preventiva desde el pasado 21 de abril por su implicación en la denominada Operación Lezo. Hasta ahora, pasaba los días en el módulo 1 de Soto del Real en una celda junto a su hermano Pablo González. Éste último salió recientemente de prisión al depositar una fianza de 200.000 euros.

El precio del máster específico que tienen que superar los titulados superiores que quieren presentarse a las oposiciones para obtener una plaza de profesor de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional o de Escuela Oficial de Idiomas se dispara para el próximo curso en determinadas universidades privadas. Las tasas se incrementan especialmente en los centros que ofrecen formación online, que suponen la principal alternativa para hacer a distancia una formación muy demandada por personas con empleo o responsabilidades familiares que buscan un cambio de rumbo en su carrera o un puesto de trabajo estable. 

Este aumento coincide con el incremento del interés por este título que ha provocado el inminente aumento de plazas docentes. El Gobierno y los sindicatos firmaron el pasado marzo un acuerdo que permitirá una oferta de más de 130.000 plazas en el sector educativo en los próximos tres años. Fuentes sindicales confirman, sin embargo, que todavía no se ha concretado cómo se repartirán esas plazas entre los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, universidad...) ni cuál será la distribución por autonomías. 

Aunque estos cursos ya contaban con una demanda creciente en los últimos años, este anuncio sí está provocando un repunte de las matriculaciones realizadas hasta la fecha en relación a las registradas en la misma época el año pasado. Especialmente llamativo es el aumento de las solicitudes en los centros no presenciales, donde precisamente más subirán las tasas el próximo curso respecto al actual. No obstante, el aumento de la demanda no tiene por qué ir acompañado necesariamente de un incremento del número de plazas porque el cupo, incluso en el caso de las universidades privadas, lo fijan las diferentes administraciones autonómicas.   

Incrementos 

En la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), una privada completamente online que nació en el filo de la crisis, en 2008, el precio de estos estudios subirá un 34% el curso que viene, de 5.605 euros a 7.500. Un portavoz del centro explica que ese incremento "es acorde a la mejora continua de la titulación, no al posible incremento de la demanda" y confirma que no hay previsión de aumentar el número de plazas. Argumenta que el objetivo es "seguir proporcionando a los futuros docentes una formación integral en las competencias que demanda la nueva realidad educativa por medio de una formación actualizada y de alta calidad". 

Los precios subirán también en la Universidad Internacional Valenciana (VIU, en sus siglas en inglés), un centro online impulsado por la Generalitat Valenciana en 2009 pero que fue cedido en 2013 al grupo editorial Planeta tras dejar un importante agujero económico. Las tasas de estos másteres subirán un 14%, de 4.800 a 5.460 euros, si bien un portavoz oficial declina explicar el porqué de este aumento. Tampoco informó sobre el número de plazas ofertadas. 

En Universidad Isabel I de Castilla, que imparte los estudios online aunque tiene su sede física en Burgos, el aumento será de 400 euros, de 4.280 a 4.680. Un 9% de subida. A preguntas de este periódico un portavoz reitera que este centro sigue ofreciendo, a pesar de la subida, uno de los precios más bajos del mercado. El año pasado 1.114 alumnos cursaron en esta universidad el posgrado que da acceso a las oposiciones. Los datos que maneja el centro respaldan el incremento del interés por estos estudios. "La matrícula se abrió en mayo y actualmente ya tenemos cuatro veces más inscritos que hace un año por las mismas fechas", subraya este mismo portavoz. 

En la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), donde actualmente se ofertan 300 plazas por curso, también habrá un incremento de la tarifa, que alcanzará los 5.100 euros. Su gerente, Álvaro Porta, explica que este aumento tendrá lugar en todos los posgrados y es consecuencia de "una normalización de precios, que llevaban un par de años sin apenas cambios". El centro también ha aumentado el descuento por matrícula temprana "para que los alumnos se animen antes con la formalización de su curso".

La coordinadora de estos estudios en la Udima, Natalia Sánchez, confirma la demanda creciente. "El curso pasado solicitamos una ampliación de plazas al darnos cuenta de que cada año iba aumentando la demanda. Este máster se oferta desde septiembre de 2012 y en cinco años hemos pasado de 150 estudiantes por año a 300. Todavía no nos hemos visto en la situación de poner en lista de espera a ningún candidato, pero si continuamos con esta subida, volveremos a solicitar un aumento de plazas y, con ello, de recursos", asegura. 

Alternativa 

En contraposición, la UNED es la única universidad pública totalmente no presencial. Ofrece 17 especialidades y tiene precios más asequibles pero también un cupo limitado para la demanda existente. El próximo curso se ofertarán 700 plazas, 65 más que en el actual. A ellas se accede según el expediente de la carrera cursada anteriormente. De hecho, según explica un portavoz, las plazas se han ido ampliando en los próximos años ante la "gran demanda" registrada. En la UNED el máster cuesta menos de la mitad que en las privadas a distancia: fueron 2.019 euros en este curso y aunque los precios del curso que viene no están publicados, no se esperan grandes variaciones. 

También la online UOC (Universitat Oberta de Catalunya), que funciona como una fundación privada con fondos de la Generalitat de Cataluña, dispone de esta formación en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que es pública. Sin embargo, sólo ofrece la modalidad a distancia en dos especialidades. El precio de matrícula marcado por la Generalitat ronda los 2.800 euros, también sensiblemente más bajo que en las totalmente privadas. La evolución del número de matriculados también confirma el éxito de este tipo de posgrados. Los inscritos se han duplicado en seis años: de 94 alumnos en el curso 2009-2010 a 198 en el actual. 

Ante la constatación de que estos posgrados son altamente demandados por personas con empleo o responsabilidades familiares, otras universidades públicas están poniendo en marcha en los últimos tiempos modelos semipresenciales. El caso de grandes campus como la Complutense de Madrid, que inaugurará el próximo curso este formato en tres especialidades; o de otros más pequeños como la pública de La Rioja, que también estrenará este modelo flexible el próximo curso.  

El sistema semipresencial de impartición de este máster sí está más arraigado en otras universidades privadas. Es el caso de la Alfonso X el Sabio, en Madrid, donde las tasas sufrirán un incremento del 15% respecto al año pasado, de 4.800 a 5.500 euros; la Universidad Europea de Madrid (UEM), donde pasará de costar 5.500 euros a 5.700 (+4%); o la Camilo José Cela, también en Madrid, donde pasará de 4.500 euros a 4.590 (+2%). 

Sin tener en cuenta las modalidades (presencial, semipresencial o distancia) un repaso a las páginas web de las universidades privadas permite comprobar que la horquilla de precios es muy amplia. Oscilan entre los 11.100 de la Universidad Loyola Andalucía, que promueve la Compañía de Jesús; o los 7.500 de la UNIR; a los alrededor de 2.600 de la Universitat de Vic; o los 3.190 de Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, que son las que tienen precios más asequibles.

Estos importes, no obstante, siguen estando lejos de los que ofrecen los campus públicos. Así, un alumno puede sacarse este máster pagando apenas 822 euros en una universidad pública andaluza, la comunidad más barata; o 2.470 en una catalana, la más cara. En Castilla y León el coste de estos estudios asciende a 1.967 euros, en Canarias a 1.798, en Galicia a 1.297 y en Extremadura a 1.053. 

El rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED), Alejandro Tiana Ferrer, ha rechazado el recurso de un profesor contra la inclusión en un concurso de promoción interna a catedrático de un docente con 70 años que incumplía los requisitos de edad de las bases de la convocatoria. Éstas establecían que sólo podían presentarse quienes no hubieran alcanzado la edad máxima de jubilación, fijada en 70 años para los profesores.

Como no cabe recurso frente a la resolución del rector, excepto acudir a los tribunales, el proceso selectivo continúa adelante. La comisión de valoración se reunió este mismo martes para evaluar a los candidatos y hacer una propuesta de nombramiento en un plazo de siete días, que ratificará el rector.

A la inclusión en la convocatoria del profesor Enrique Linde Paniagua, que cumplió 70 años el pasado 4 de enero, presentó alegaciones un segundo candidato, Xabier Arzoz Santiesteban, profesor de la Universidad del País Vasco y letrado del Tribunal Constitucional. Un tercero, Jesús Ángel Fuentetaja Pastor, profesor de la propia UNED, al igual que Linde Paniagua, comunicó su desistimiento el 14 de febrero.

En una resolución firmada el pasado día 16 a la que ha tenido acceso infoLibre, el rector rechaza las alegaciones del recurrente. Como la ley permite a los profesores jubilarse al acabar el curso durante el cual cumplan la edad máxima, 70 años, hasta ese momento, el 30 de septiembre de 2017, Enrique Linde sigue en situación de servicio activo. También hasta entonces, por tanto, debe gozar de “todos los derechos inherentes a su condición de funcionario”, incluido el derecho a la “progresión en la carrera profesional y a la promoción interna”.

Según el rector, que se apoya en un dictamen previo de la asesoría jurídica de la universidad, el hecho de que en las bases no se incluyera explícitamente el caso de quienes continúan en servicio activo hasta acabar el curso una vez cumplidos los 70 años no permite excluir de la promoción a los candidatos en esa situación. Porque, además de que no se pueden limitar o restringir los derechos de los funcionarios en activo, las bases de la convocatoria tampoco pueden contravenir las normas legales de rango superior. En este caso, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El escrito del rector también menciona la no discriminación por razón de edad reconocida como derecho fundamental en la Constitución.

Procedimiento retrasado

Al recuperar el Gobierno la tasa de reposición en las administraciones –el número de nuevos contratos por cada funcionario que se jubila–, que quedó congelada durante la crisis por culpa de los recortes presupuestarios, se desbloqueó también la promoción de profesores a catedráticos. En la UNED se ofrecieron el pasado verano 25 plazas para que profesores titulares poseedores de la preceptiva acreditación ascendieran a catedráticos. Una de esas plazas es la del departamento de Derecho Administrativo a la que se presentaron Linde y Arzoz.

El pasado mes de agosto el rectorado pidió un informe a sus servicios jurídicos para que aclarara posibles dudas sobre la admisión de un candidato que cumplía 70 años, la edad de jubilación en la universidad, durante el procedimiento de selección. El dictamen confirmó la legalidad de la candidatura de Enrique Linde, quien ya había comunicado su intención de jubilarse al término del presente curso académico.

Tras presentar alegaciones su contendiente, la comisión de valoración retrasó la prueba que consiste en una exposición oral de los candidatos sobre su currículo académico y su proyecto docente e investigador, y pidió un nuevo pronunciamiento al rector sobre el asunto. Entonces, en conversación con este periódico, Enrique Linde negó que el tribunal hubiera aplazado su decisión por la existencia de dudas legales sobre su candidatura. “He aportado 400 publicaciones, siete metros lineales de estantería, y la comisión juzgadora está agobiada por la ingente documentación que he presentado”, explicó.

Continuará como emérito

A su competidor sólo le queda ahora la posibilidad de recurrir ante los tribunales de lo contencioso la resolución que dicte el rector nombrando a Linde catedrático. De las 25 plazas que se ofertaron en esta convocatoria de promoción interna sólo falta por resolver la de Derecho Administrativo. Las restantes, según fuentes de la UNED, ya han sido adjudicadas y los catedráticos ya han tomado posesión.

Linde Panigua, profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde 1976, ejerció como subsecretario de los ministerios de Justicia y Cultura en gobiernos de la UCD y el PSOE. Su intención, una vez se jubile en septiembre, es continuar como profesor emérito en la universidad, preparando doctorandos e impartiendo másters.

Este lunes 6 de marzo estaba previsto que el tribunal decidiera el nombre del profesor que ocupará la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sin embargo, según ha podido saber infoLibre, el tribunal ha aplazado su dictamen para estudiar el recurso registrado por uno de los dos docentes que se presentaron a la convocatoria. Xavier Arzoz, profesor de la Universidad del País Vasco y letrado del Tribunal Constitucional. Como desveló este periódico el pasado 28 de febrero, Arzoz pide la exclusión del otro aspirante a la cátedra, Enrique Linde, por no cumplir con uno de los requisitos contemplados en las bases de la convocatoria: el referido a la edad de los candidatos. Enrique Linde, profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde hace 40 años, cumplió el pasado mes de enero 70 años, superando el límite de edad fijada por la universidad respecto a quienes aspiren a ascender a catedráticos.

El tribunal considera que "el pronunciamiento" sobre la cuestión planteada en el recurso por parte del Rectorado de la UNED constituye "una decisión indispensable para continuar el procedimiento", de modo que solicita una "suspensión del plazo para la celebración de las pruebas hasta tanto resuelva y con efectos desde el día de hoy", lunes 6 de marzo. Es el Rectorado de la Universidad quien debe indicar al tribunal qué candidatos pueden participar en el proceso.

Durante el pasado verano un total de 25 plazas fueron ofertadas por la UNED para que profesores titulares poseedores de la preceptiva acreditación aspiraran a catedráticos. Una de esas plazas es la del departamento de Derecho Administrativo a la que se presentaron Linde y Arzoz, además de otros dos candidatos que fueron finalmente descartados.

El Rectorado pidió un informe a sus servicios jurídicos para que aclarara posibles dudas sobre la admisión de un candidato que cumplía 70 años, la edad de jubilación en la universidad, durante el procedimiento de selección. El informe, tal y como confirmó infoLibre, se apoya en la Ley 27/1994, que modificó la edad de jubilación de los funcionarios docentes de la universidad y estableció que éstos pueden retirarse cuando acabe el curso académico en el que hayan cumplido los 70 años.

De acuerdo con ese informe, el profesor Linde argumenta que todos sus derechos, incluido el de promocionar, deben mantenerse hasta el 30 de septiembre de 2017, fecha que ha fijado como límite para retrasar su jubilación, coincidiendo con el final del curso en que cumple la edad de 70 años. Sin embargo, y tras el recurso presentado por su oponente, la universidad tendrá que estudiar si finalmente Linde podrá optar a la cátedra por la que compite.

La Universidad Nacional a Distancia (UNED) va a promocionar a catedrático a un profesor de Derecho Administrativo, Enrique Linde Paniagua, que cumplió los 70 años el pasado 4 de enero, pese a que las bases de la convocatoria establecen que sólo podrán concurrir quienes no hayan alcanzado esa edad.

El tribunal se reunió este lunes, pero ha aplazado su decisión hasta el próximo 6 de marzo para examinar la cuantiosa documentación que presentaron los candidatos. En principio, fueron cuatro los aspirantes, pero han quedado fuera dos de ellos: uno ya era catedrático y otro se retiró. De los dos cuyos méritos debe examinar la comisión juzgadora, uno es Enrique Linde y el otro Xabier Arzoz, profesor de la Universidad del País Vasco y letrado del Tribunal Constitucional. Arzoz ha presentado un recurso para que se excluya del proceso a Linde, profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde hace 40 años.

Al recuperar el Gobierno la tasa de reposición en las administraciones –el número de nuevos contratos por cada funcionario que se jubila–, que quedó congelada durante la crisis por culpa de los recortes presupuestarios, se desbloqueó también la promoción de profesores a catedráticos. En la UNED se ofrecieron el pasado verano 25 plazas para que profesores titulares poseedores de la preceptiva acreditación ascendieran a catedráticos. Una de esas plazas es la del departamento de Derecho Administrativo a la que se presentaron Linde y Arzoz.

El rectorado pidió un informe a sus servicios jurídicos para que aclarara posibles dudas sobre la admisión de un candidato que cumplía 70 años, la edad de jubilación en la universidad, durante el procedimiento de selección. Según las fuentes consultadas por infoLibre, ese informe se apoya en la Ley 27/1994, que modificó la edad de jubilación de los funcionarios docentes de la universidad y estableció que éstos pueden retirarse cuando acabe el curso académico en el que hayan cumplido los 70 años.

“Yo comuniqué que retrasaba mi jubilación al 30 de septiembre de 2017, cuando finalice el curso en el que cumplo esa edad”, asegura a este periódico Enrique Linde. Según explica, eso significa que, hasta el momento en que acabe el curso académico, mantiene todos sus derechos, incluido el de promocionar.

infoLibre se ha puesto en contacto con la UNED para obtener la versión del rectorado, pero no ha podido obtener una respuesta.

Las plazas ofertadas para promocionarse a catedrático deben ser solicitadas por los interesados, destaca Linde Paniagua. “Y no lo la habría pedido si hubiera sabido que no reunía los requisitos y que no iba a poder tomar posesión”, zanja. Tampoco la habría tramitado el rectorado, añade, “que era consciente de mi situación y de que había pedido la jubilación para el 30 de septiembre de 2017”. La comisión juzgadora de los méritos de los aspirantes, integrada por profesores del Departamento de Derecho Administrativo, quedó formada el 22 de julio. “Si hubiera habido algún impedimento, el rectorado habría tenido tiempo para volver a convocar la plaza en septiembre”, argumenta. O para desgajarla de la convocatoria conjunta de las 25 plazas y hacer una convocatoria independiente.

No es lo que cree su contendiente, que ha presentado un recurso ante el propio tribunal y ante el rectorado. Enrique Linde niega que el tribunal haya aplazado su decisión por este motivo o por la existencia de dudas legales sobre su candidatura. “He aportado 400 publicaciones, siete metros lineales de estantería, y la comisión juzgadora está agobiada por la ingente documentación que he presentado”, resalta el profesor. Este hecho, unido a un “problema de infraestructura”, la falta de aulas libres para hacer las pruebas de 25 catedráticos y otros 25 profesores titulares, asegura, han obligado al tribunal a pedir días adicionales hasta alcanzar una decisión. “Además, han coincidido las elecciones a rector, en las que por primera vez se han presentado cinco candidatos”, justifica. Enrique Linde niega así que el motivo por el que se ha aplazado la resolución sea que el rectorado deba pronunciarse sobre el asunto. Para resolver los recursos, el órgano de gobierno de la universidad tiene un mes de plazo.

Profesor y subsecretario en gobiernos de UCD y PSOE

Linde Paniagua es profesor de Derecho Administrativo en la UNED desde 1976. Pero también tiene una carrera política. Fue subsecretario del Ministerio de Justicia en 1981, cuando lo encabezaba Francisco Fernández Ordóñez, en el último Gobierno de la UCD. Entre 1993 y 1996 ejerció como subsecretario del Ministerio de Cultura, a las órdenes de Carmen Alborch. Entonces fue juzgado y absuelto de prevaricación tras haber destituido al entonces director técnico del Teatro Real, José Luis Tamayo, y al director del programa que remodeló la institución, Ángel Díez. Ambos fueron despedidos tras descubrirse que habían adjudicado un contrato a una empresa que había participado en la redacción del pliego de condiciones del concurso.

Linde considera que Xabier Arzoz ha pedido su exclusión del concurso porque su currículo es “más bien pobre”, después de haber “pasado nueve años sin pisar la universidad [es letrado del Tribunal Constitucional]”. “Mis méritos son incomparables a los suyos y con su recurso sólo tiene ganas de montar follón”, presume. Su intención, una vez se jubile en septiembre, es continuar como profesor emérito en la universidad. “Me quedan muchos años aún, con las mismas funciones que tengo ahora, que son fundamentalmente en doctorados y máster, en enseñanzas avanzadas”, concluye.

El 27 de octubre de 2014 estallaba la operación Púnica llevándose por delante, entre otros, a cuatro alcaldes del Partido Popular de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, y a Francisco Granados, el que durante años fue uno de los hombres fuertes de sus gobiernos en la Comunidad. También ponía en el punto de mira a una serie de empresas, la principal de ellasCofely. Con el transcurso de las investigaciones se fueron demostrando los estrechos vínculos de esta firma de servicios con la trama corrupta liderada por Granados y David Marjaliza. Este hecho, no obstante, no ha sido óbice para que Cofely se siguiese haciendo con contratos públicos. Según documentación que obra en poder de infoLibre, desde que estalló la Púnica, un centro asociado de la Universidad Nacional del Educación a Distancia (UNED) en Madrid ha otorgado cuatro contratos a esta firma. Para ninguno de ellos se convocó concurso. Es decir, fueron adjudicados a dedo.

El centro asociado de la UNED que siguió manteniendo relación con Cofely cuando su nombre ya estaba relacionado con esta trama está ubicado en la madrileña calle de Tribulete. Y, según confirman fuentes del propio centro –en la institución académica destacan que estos funcionan con "autonomía jurídica y contractual"–, la suma de los cuatro contratos asciende a 81.242,92 euros, IVA incluido. 

Todos ellos son, según el propio centro, "contratos menores de obras según establece el artículo 138.3 de la Ley de Contratos del Sector Público". El citado artículo establece que "los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación". Se consideran contratos menores los que no superen los 50.000 euros, cuando se trate de obras, o los 18.000 euros, en el resto de contratos.

En el caso de los cuatro contratos adjudicados a Cofely por el centro de la UNED, el importe más alto corresponde a una adjudicación de 51.695,3 euros (42.723,3 euros sin IVA).

Sin "impedimento jurídico"

Según señaló un portavoz del centro a preguntas de infoLibre, el estallido del escándalo de corrupción no llevó a reconsiderar el recurrir a Cofely. "Es difícil conocer si las empresas con las que se trabaja y a las que se solicitan presupuestos tienen o no tienen alguna relación de este tipo", añaden. No obstante, la relación de Cofely con la Púnica es pública desde hace meses.

"Si no hay ningún impedimento jurídico que le limite la capacidad de contratar con la Administración, no es posible detectarlo", añade dicho portavoz.

Las mismas fuentes justifican que "se han contratado esas actuaciones con Cofely por entender que eran expertos y teniendo en cuenta criterios económicos".

Los contratos, al detalle

El primero de los contratos adjudicado por el centro asociado de la UNED tuvo por objeto la "obra de instalación de una red enterrada de calefacción en el edificio de Giner de los Ríos". El importe de esta adjudicación fue de 21.736,83 euros, IVA incluido (17.964,3 euros sin IVA).

El segundo, el más cuantioso, es el ya citado de 51.695,3 euros. Su concepto: "Obra de instalación, sustitución y puesta en marcha de la caldera de gas en el edificio de Escuelas Pías".

Al mismo edificio fueron a parar los dos contratos restantes. Uno, de "alimentación de frío en suelo radiante", por importe de 6.002 euros (4.960,7 eruos sin IVA). Y otro, de "sustitución de urgencia de bomba de agua secundario", que ascendió a 1.808,3 euros (1.494,5 euros sin IVA).

Según figura en la página web de la institución académica, "la titularidad y responsabilidad plena del Centro Asociado corresponde a un Patronato integrado por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia".

170 millones en adjudicaciones

Según la investigación del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cofely es una de las piezas clave del puzle de la Púnica. La firma habría sido una de las principales beneficiarias de los contratos que varias administraciones públicas adjudicaban a cambio de comisiones ilegales.

De hecho, el estallido del caso supuso que varios ayuntamientos anunciaran que la suspensión de los contratos con Cofely. Hasta ese momento, se calcula que Cofely-España, la filial española GDF Suez, logró más de 170 millones de euros en adjudicaciones de la trama de Granados.

Uno de los contratos más cuantiosos es el firmado entre esta empresa y el Ayuntamiento de Parla (Madrid). Desde 2013, en este municipio Cofely se había encargado de prestar los servicios energéticos en diferentes instalaciones tras firmar un convenio por 66 millones de euros.

Pero no sólo Parla tuvo relación con esta empresa. Otros de los municipios salpicados en este escándalo fueron los de las localidades madrileñas de Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y Casarrubuelos. Cuando estalló el caso fueron registradas las oficinas centrales de Cofely e imputados varios de sus directivos.

Thais Gutiérrez lleva cinco años retornando a España. Cada dos meses, esta madrileña de 31 años se ha impuesto la rutina de viajar hasta Madrid para encontrarse con la hermana que nacía al tiempo que ella preparaba su equipaje rumbo al extranjero en busca de un destino profesional que su país natal no ha dejado de negarle.

Licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad y con un máster en comunicación sociocultural, en la actualidad trabaja en Dublín como analista de contenidos para una multinacional líder en el sector de las redes sociales. Una oportunidad que no deja de agradecer al tiempo que reconoce la nostalgia que le produce estar lejos de su familia.

Dublín no es la primera capital europea que la acoge como emigrante. La precariedad laboral, el desempleo y la falta de oportunidades la empujaron previamente a Roma, la ciudad a la que llegó primero para realizar sus prácticas de carrera y posteriormente de la mano de una beca concedida por la UNED para trabajar durante dos años en el Instituto Cervantes de Italia. “Era becaria, aunque mi salario estaba muy bien, porque se acercaba a un sueldo de jornada completa y cotizaba”, explica. Transcurrido ese período, esta madrileña intentó prolongar su relación profesional con la institución española, sin embargo, los recortes en educación abortaron sus pretensiones. “El Cervantes dijo que querían que siguiera con ellos, pero en la UNED ya estaban eliminando todas la plazas que tenían en el extranjero”, recuerda.

Lejos de su familia y de España, Thais, que ya había iniciado una nueva vida al lado de su compañero italiano, se vio nuevamente amenazada por una precariedad que la acercaba al punto partida. Para ninguno de los dos permanecer en Italia, otro país ensombrecido por la austeridad y la crisis, era una opción. “Mi chico romano, Marco, me propuso irnos a Madrid, así que lo sopesamos y echamos currículos, pero obtuvimos cero respuestas, así que pensé: '¿qué sentido tiene ir a Madrid a casa de mis padres si ni siquiera me contestan a los correos electrónicos?'”, recuerda con la indignación del que no encuentra recompensa alguna a sus esfuerzos: “Piensas 'oye, tengo una experiencia, una licenciatura, un máster, he estado trabajando fuera, hablo varios idiomas, ¿qué pasa?'. No entiendo nada”.

Con las opciones agotadas en sus respectivos países natales, se encontraron con que el éxodo de españoles en el extranjero les abría las puertas a numerosos destinos. “Empezamos a contactar con todos los amigos españoles que teníamos por el mundo y al final nos decantamos por Dublín”, explica agradecida a la hospitalidad de sus compatriotas. “Mandé mis cajas a España, hice mis maletas y me fui a Dublín sin pasar por Madrid. Allí, nos acogió un gran amigo español que nos ofreció asilo en el sofá de su salón”, recuerda.

“Llegamos en pleno invierno. Horrible total. Depresión. Dublín es una pequeña ciudad de casas bajas victorianas. Si vienes de una gran ciudad como Madrid, pues piensas que estás en la periferia de algún sitio raro. Eso ya choca un poco, pero bueno, decidimos darle tiempo”. Ni el frío, ni la lluvia irlandesa nublaron la ambición de encontrar una nueva oportunidad para esta pareja que solo tuvo que esperar un mes para encontrar la estabilidad por la que habían cruzado buena parte de Europa. “Esperamos un mes, el tiempo que tardaron en llamar a mi chico para ofrecerle un empleo”. Un empleo en el que Marco ya ha escalado posiciones hasta alcanzar un puesto de responsabilidad. “La posibilidad de crecimiento aquí es bestial”, asevera al tiempo que reclama para su país un modelo productivo más abierto a la capacidad de innovación de los recién incorporados a las empresas españolas.

Thais, que también celebra haberse incorporado con una celeridad impensable al mercado laboral irlandés, confiesa aún con cierta sorpresa cómo en apenas unas semanas había mejorado su situación por encima de sus expectativas. “En dos meses duplicamos nuestro salario y nuestro nivel de vida”, explica. Sin embargo, sabe reconocer las flaquezas de un sistema de contratación, que al igual que el español, pone al trabajador en la incertidumbre de la temporalidad. No obstante, elogia la apertura de miras a las que están acostumbradas las empresas irlandesas, más proclives a incorporar las sugerencias de los recién llegados: “Si trabajara ahora en España, no tendría la oportunidad de vivir este tipo de dinámicas, como reuniones con gente de un montón de países, y videoconferencias con Estados Unidos tomando decisiones. Parece que en España para llegar a ese nivel de responsabilidad tienes que tragar una cantidad de años y de mierda”.

Después de cinco años acumulando experiencia, formación e idiomas, Thais sigue planificando sus tan breves como frecuentes vuelos a España, donde sabe que le espera su familia, su hermana y sus amigos. Una bocanada de aire que la impulsa a continuar con esa carrera laboral que espera que un día le lleve de vuelta a su Madrid natal. “Quiero pensar que el momento de regresar va a llegar, porque siento que estoy haciendo un sacrificio viviendo en el extranjero por un futuro mejor en mi país”.

El rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Alejandro Tiana, reconoce que su presupuesto para este año es “más restrictivo” que el de los ejercicios anteriores, obligado por los recortes en la financiación pública que recibe y por el insuficiente crecimiento del número de alumnos matriculados, cuyas tasas constituyen su principal fuente de ingresos. Con los 197,8 millones de euros previstos para 2015, un 8,55% menos que el año anterior, la mayor universidad de España –212.222 estudiantes– ha suprimido el plan de incentivos a la investigación, prescindido de sus tutores virtuales, reducido a un tercio la productividad que cobran los profesores y recortado a la mitad el presupuesto de gastos de los departamentos. Unas medidas que han despertado el malestar entre los docentes.

“El recorte de gastos en los departamentos no es dramático”, opone sin embargo Tiana. Según explica, la UNED siempre ha tenido una factura muy elevada en viajes de profesores –“tenemos cinco semanas de exámenes en tribunales repartidos por toda España”– y hasta ahora ha sido tradicionalmente “más generosa” que otras universidades en el pago de asistencias a congresos. Dice que los departamentos suelen tener remanentes de dinero que les quedaba sin usar cada año. “Sencillamente, ahora no se presupuestará esa cantidad que no se gastaba”, resume. Además, la UNED ha centralizado todos los viajes en una agencia contratada al efecto tras el correspondiente concurso. “Los departamentos”, concluye, “están funcionando”.

No sólo la gestión centralizada, sino también la implantación de nuevos mecanismos de control del gasto vienen impuestos por la necesidad de recortar. Para el rector, no hay alternativa. En los últimos años, la caída de los ingresos –la aportación del Ministerio de Educación se ha reducido un 20% desde 2011– obligó a la universidad a echar mano del remanente de tesorería para cuadrar las cuentas. Sin él, asegura, “la UNED pasaría de tener déficit nominal a déficit real, y sería intervenida”déficit nominal, en cumplimiento de las normas de estabilidad presupuestaria aprobadas por el Gobierno. De ahí, argumenta Tiana, los recortes y el aumento del control, con tal de “evitar, además, los despidos”. “Fue mi compromiso electoral”, concluye.

Problemas en Inteligencia Artificial

Pero esos nuevos mecanismos de control no han sido del agrado de todos. Un profesor del Departamento de Inteligencia Artificial dirigió a finales de febrero un mensaje al foro de la “comunidad de docentes de la UNED” –unos 1.700 profesores– al que ha tenido acceeso infoLibre y donde pedía “destituciones inmediatas” en el equipo rectoral. El motivo, las trabas que, según relata, tuvo que sufrir para comprar un ordenador destinado a un proyecto de investigación cofinanciado con una empresa austriaca.

El profesor se queja de que el ordenador le llegó con cuatro meses de retraso, cuando sólo le quedaban seis para entregar el proyecto y a un precio un 17% superior al ofrecido en internet. Dice que los proveedores habituales de la UNED se niegan a servirle pedidos “porque tienen facturas impagadas desde hace meses”. También protesta por el hecho de que a partir de ahora todas las compras tenga que autorizarlas una comisión.

“Los tiempos en que un profesor compraba unos libros y luego pasaba la factura a la universidad se han acabado”, reconoce Alejandro Tiana, quien considera inexcusables los nuevos controles. También admite que se han producido “dilaciones en los pagos”, no sólo con los proveedores, sino además, por ejemplo, en el abono de las nóminas a los tutores de algunos centros asociados. Aunque atribuye parte de la responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son copatronos de los 62 centros.

Tutores a revisión

Unos 300 de esos tutores trabajan desde hace años en exclusiva para los centros asociados, sin contrato ni Seguridad Social. Tiana sostiene que se trata de “un número pequeño”. “El 80% son funcionarios”, añade. Es decir, tienen un trabajo principal y las tutorías les suponen sólo un complemento. En cualquier caso, anuncia, una comisión va a estudiar cómo “regularizar” el trabajo de estos tutores, que llevan años peleando por su reconocimiento laboral.

Además, el rector asegura que otra figura afectada por los recortes, los Tutores de Apoyo en Red (TAR), será sometida a “revisión”. Son más de 500 por curso y han quedado suprimidos por falta de fondos. Hasta ahora estas tutorías virtuales corrían a cargo de los profesores de los departamentos, de los tutores de los centros asociados e incluso de los becarios de investigación. Resuelven consultas de los estudiantes, crean foros y corrigen las pruebas de evaluación continua. A cambio, reciben entre 500 y 1.000 euros al año. El rector concede que es un trabajo que a partir de ahora deberán asumir los propios departamentos sin contraprestación alguna. Aunque tampoco descarta mantener algunos TAR en ciertos cursos o para un número determinado de estudiantes.

Con el fin de sustituir las anémicas finanzas públicas, la UNED busca financiación externa. Alejandro Tiana cifra entre un 5% y un 10% los ingresos que la universidad consigue de otras instituciones públicas. De empresas privadas, apenas dos millones de euros, apunta. A la cabeza, Telefónica y, sobre todo, el Banco Santander. “Queremos fomentar los contactos con empresas”, explica el rector, “pero no soy partidario de vender cualquier cosa a cualquier precio”.

La mayor universidad de España, con 212.222 estudiantes, la UNED, ha disparado en un 37,8% durante la crisis el número de sus matrículas. Mientras el aumento de estudiantes en el resto de las universidades públicas se ha quedado en un exiguo 0,6%, –la Complutense incluso ha perdido un 5,6% de alumnos entre 2012 y 2013–, sus tasas más baratas y las mayores posibilidades para compaginar los estudios que ofrece la educación a distancia están haciendo morir de éxito a la UNED.

El motivo no es otro que los recortes presupuestarios. Para este año su presupuesto se ha reducido en 18,5 millones de euros, un 8,5%presupuesto, respecto a 2014; un 13,2% si la comparación se hace con 2011. El 39% de los ingresos de la UNED procede del Ministerio de Educación; el 52%, de las matrículas que pagan sus estudiantes. También recibe fondos de otros ministerios, entidades locales, del FEDER europeo y de empresas privadas, como Telefónica y el Banco Santander. infoLibre intentó, sin éxito, recabar un comentario de la UNED sobre los recortes presupuestarios y sus efectos

Es, con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la única pública que depende financieramente de la Administración central; el resto están vinculadas a las comunidades autónomas. Y el Estado, sólo en 2013, recortó su aportación en 14 millones de euros. Al año siguiente, otros cuatro millones más. La aportación del ministerio ha menguado un 20% desde 2011.

Los efectos de los recortes no han tardado en dejarse notar. El último fue comunicado a los profesores por correo electrónico a finales de febrero: los estudiantes se quedarán sin Tutores de Apoyo en Red (TAR) a mitad de curso porque la UNED no puede “asignar más fondos a esa partida presupuestaria” debido a sus “dificultades económicas”. Para estos tutores virtuales se había destinado un millón de euros, según consta en la última convocatoria realizada por el vicerrectorado responsable.

Hasta ahora las tutorías virtuales corrían a cargo de los profesores de los departamentos, de los tutores de los 59 centros asociados que la UNED tiene repartidos por toda España e incluso de los becarios de investigación. Cada asignatura tiene un TAR: suman más de 500 por curso. Resuelven consultas de los estudiantes, crean foros y corrigen las pruebas de evaluación continua. A cambio, reciben entre 500 y 1.000 euros al año, explican los profesores consultados. “Es una tarea que requiere atención diaria, también los fines de semana”, destacan, un trabajo que ahora se va a quedar sin hacer o que deberán asumir gratis los profesores.

Tutores en precario

Para éstos, no supondrá un gran quebranto económico; pero a los 7.000 tutores de los centros asociados les hará un gran roto en su nómina. Sobre todo a los 300 que viven exclusivamente de los escasos 400 euros que cobran por su trabajo, muchos de ellos sin contrato –si lo tienen es mercantil, como autónomos– y sin cotizar a la Seguridad Social.

El año pasado, además, sufrieron retrasos de varios meses en el cobro de su escasa retribución. Y, según fuentes de CGT, en algunos centros asociados aún se les adeuda el pago de todo 2014 de las tutorías de máster. Para este año, la UNED ha rebajado la cuantía de las transferencias a estos centros en un 40%, según consta en la memoria del presupuesto.

Otros tijeretazos son más cuantiosos. A los departamentos se les ha recortado un 50% el presupuesto. Y el plan de investigación –otro millón de euros– ha quedado suspendido. De hecho, el presupuesto del Vicerrectorado de Investigación se ha reducido a la mitad entre 2012 y 2015: este año se quedará en 3,39 millones de euros. Otros dos millones más se ahorrará la universidad tras reducir a una tercera parte los complementos retributivos que los profesores cobran por su méritos docentes e investigadores.

Plantilla menguante

El rectorado y los sindicatos UGT y CCOO han firmado un compromiso para mantener el empleo en la UNED en plena campaña de recortes presupuestarios. Lo que no ha sido óbice para que la plantilla de la universidad haya perdido casi a un centenar de trabajadores, entre profesores y personal administrativo desde 2010. Entre 2012 y 2013 se jubilaron 75 profesores; sólo siete de ellos han sido sustituidos, por culpa de los rigores a que la estabilidad presupuestaria somete a las plantillas de funcionarios. En 2014 se retiraron otros 38 docentes, según los cálculos de CCOO. Este ejercicio se les permitirá convocar 19 plazas, el 50%. El resultado es que hay departamentos donde han perdido hasta cinco profesores en uno o dos cursos. “Muchas asignaturas han quedado desasistidas”, protestan los docentes consultados.

También se ha recortado en becarios: han sido suprimidos todos los asignados al Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED), encargada de elaborar y mejorar materiales didácticos y métodos pedagógicos. “Muchos llevaban años trabajando en el IUED, eran contratos encubiertos”, revela CCOO. También se han eliminado los profesores contratados para proyectos: según las cifras de la propia UNED, eran 52 en 2011. Desde entonces no se ha hecho ni un solo contrato. El personal administrativo se ha reducido a base de no renovar contratos de obra y servicio, añaden las mismas fuentes.

Sin inversiones

Y, si no hay dinero, desde luego tampoco hay inversiones. Para este ejercicio, la UNED ha encogido este capítulo nada menos que un 77% “de manera obligada por la insuficiencia de recursos”, lamenta la memoria del presupuesto de 2015. La universidad a distancia cerró 2013 con un déficit de 22,16 millones de euros, que un año después se ha quedado en 16 millones.

Además de un “extraordinario esfuerzo de contención del gasto”, la UNED ha decidido abrir un segundo plazo de matrícula para los alumnos, su principal fuente de financiación. El problema es que, al aumento de la cifra de estudiantes se le suma un descenso en el número de asignaturas en que se matriculan. El paro y los recortes salariales tienen la culpa. Así que los ingresos de la UNED por las tasas no han conseguido crecer en el nivel que permitiría sortear la caída de las partidas públicas. Menos aún para atender el aumento de la carga docente –más estudiantes para menos profesores, menos tutores– y compensar unos recortes que los profesores y sindicatos consultados no dudan en calificar de “brutales”.

Según fuentes de la UNED, Antonio Romero causó baja como profesor “a petición propia” el pasado 31 de enero. Como profesor asociado, fue contratado por ser un profesional de reconocida competencia, para trasladar sus conocimientos prácticos a la universidad. Su trabajo era a tiempo parcial y se le renovaba el contrato cada año. Tras conocerse, primero, su implicación en el caso de las tarjetas opacas a Hacienda de Caja Madrid y publicar después Vozpopuli las sospechas de plagio sobre un artículo de su tesis doctoral, su permanencia en la UNED era conflictiva.

Por el contrario, continúa en la UNED Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y también imputado en el caso de las tarjetas B. Con la suya gastó 46.800 euros entre 2010 y 2012, mientras se sentaba en la Comisión de Control de Caja Madrid. Al ser catedrático, por tanto funcionario, sólo si es inhabilitado tras una condena perderá su puesto en la universidad. Según fuentes de la Uned, además, se encuentra en excedencia, aunque a punto de tener que solicitar su reingreso. Iranzo ya dimitió como vocal del Consejo Económico y Social (CES) y como consejero de Red Eléctrica de España, una empresa propiedad en un 20% de la pública SEPI. Aún permanece, no obstante, al frente del Colegio de Economistas de Madrid.

Un caso parecido es el de Juan Gómez Castañeda, también catedrático de Economía Aplicada, pero de la Universidad Complutense de Madrid. Gastó 128.100 euros con su tarjeta B. Fue secretario de la Comisión de Control a propuesta de Izquierda Unida. Al igual que otros dos beneficiarios de las tarjetas, Ramón Espinar y José Luis Acero, que se sentaban, también representando a la coalición de izquierda, en el Consejo Social de la Complutense. Debe ser IU quien inste la dimisión

Exalcalde de Leganés por el PSOE, Ramón Espinar cargó a su tarjeta gastos por importe de 178.400 euros y presentó su dimisión en este órgano al poco de saltar el escándalo. Al contrario que José Luis Acero, quien continúa en el Consejo Social. Fuentes de este órgano indican a infoLibre que Acero explicó en un pleno sus gastos con la tarjeta opaca y que sus miembros se dieron por satisfechos. “El Consejo Social no puede forzar la dimisión de ninguno de sus miembros; deben ser las instituciones o empresas que los proponen quienes lo hagan”, señalan las citadas fuentes. Es decir, Izquierda Unida debería haber instado la renuncia de Acero, lo que no ha hecho hasta el momento.

En todo caso, éste es año de renovación del Consejo Social, por lo que a José Luis Acero, que gastó 10.200 euros con su tarjeta black, le queda poco tiempo en ese órgano. Los 19 miembros de este consejo sólo cobran dietas por asistencia. Sus funciones –poner en relación a la universidad con la sociedad y viceversa– incluyen aprobar los presupuestos de la Complutense, así como sus planes de inversión o los de reforma universitaria. También elabora un estudio sobre inserción laboral de los universitarios y ofrece hasta 200 becas de colaboración.

Tampoco se encuentra ya en la Complutense José Antonio Moral Santín, que gastó 456.522 euros con su tarjeta B y era el hombre fuerte de IU en Madrid. Sólo 10 después de que se revelara el escándalo, fue nombrado director del Euromediterranean University Institute; según fuentes de la Complutense, “de forma provisional e interina”, hasta que se celebraran elecciones, “por ser el miembro más antiguo y de mayor rango” del organismo. “Es el procedimiento estipulado en los estatutos”, recalcan,“sólo fueron unas semanas”.

Desde que estalló el escándalo de las tarjetas B, se han sucedido las destituciones y ceses de los implicados. Desde Rafael Spottorno en la Casa Real hasta Rodolfo BenitoRodolfo Benito en CCOO o Juan Astorqui en Burston-Marsteller, una de las mayores agencias de comunicación del mundo. Tanto el PP como el PSOE e IU expulsaron a sus militantes con tarjetas opacasel PP PSOEIU .

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) no es ajena a las penalidades económicas que con la crisis y la austeridad presupuestaria soportan las instituciones públicas. En 2013 terminó con un déficit de 22,16 millones de euros y este año cerrará de nuevo en números rojos, tras reducirse en cuatro millones de euros la financiación pública que recibe, fundamentalmente del Ministerio de Educación. Sus estrecheces presupuestarias no han sido obstáculo, sin embargo, para tener que pagar, y a buen precio, el cierre de una fundación, creada hace menos de cuatro años, que se presentó como un proyecto estrella de alto nivel tecnológico, la plataforma educativa en internet destinada a ser líder en Iberoamérica.

El Centro Superior para la Enseñanza Virtual (CESV) se constituyó como una fundación privada sin ánimo de lucro en diciembre de 2010. Sus patronos eran Telefónica, Banco Santander, Hispasat, los ministerios de Educación y de Ciencia, la Agencia Española Internacional para la Cooperación al Desarrollo (Aecid) y la UNED. Su presidente, el rector de la Universidad a Distancia; su vicepresidente, César Alierta. Emilio Botín figuraba como vocal. Tenía un presupuesto de tres millones de euros para sus cuatro primeros años de funcionamiento, a partir de los cuales debía autofinanciarse.

Sin embargo, en el consejo de gobierno de la UNED del pasado 4 de marzo, el rector, Alejandro Tiana, anunció que el CSEV no había “logrado captar fondos públicos ni autofinanciarse”, por lo que seis días más tarde, el 10 de marzo, en una convocatoria extraordinaria, su patronato iba a aprobar la extinción. Cesó en su actividad en mayo y ahora se encuentra en fase de liquidación.

Ese proceso incluyó los despidos de las 11 personas empleadas en el CSEV. La Uned pagó un total de 650.000 euros por la rescisión de sus contratos. De esa cantidad, 500.000 euros correspondieron a las indemnizaciones del director general, Daniel Torres Mancera, y del director general adjunto de la fundación, Bernardo Díaz Salinas. Así lo denunciaron los representantes del Personal Administrativo y de Servicios (PAS) en el claustro de la UNED del pasado 30 de junio, según lo recogen las actas de la reunión, a las que ha tenido acceso infoLibre. El rector se comprometió entonces a “estudiar” el asunto. Fuentes de la Uned se remiten a los 250.000 euros que aparecen consignados en los presupuestos de la universidad para 2014 como “aportación” anual al CSEV. Y que, aseguran, son la única cantidad que se ha destinado a pagar su liquidación y cierre.

“Contratos blindados”

Ya en el consejo de gobierno de marzo, los representantes de los profesores y catedráticos de la Uned expresaron su “sorpresa” por la desaparición del CSEV, se quejaron por la falta de información sobre el centro y su dirección, y expresaron sus temores ante la existencia de “contratos blindados” que podría tener que pagar la Uned. “Los pocos beneficiados por su existencia [del CESV] podrían además cobrar indemnizaciones”, advirtió incluso el representante del PAS, tras recordar que la mayor parte del presupuesto del CESV se lo llevaba el capítulo de personal. “Hay trabajadores cuyos derechos es necesario respetar”, respondió el rector, según consta en las actas de esa comisión de gobierno. “La Uned, en tanto que miembro del patronato, tiene obligaciones y deberá asumir costes, que se intentarán minimizar”, admitió Alejandro Tiana. También se comprometió a trabajar para evitar el “daño a la imagen de la UNED” que el cierre del CSEV podría infligirle “debido a los convenios firmados” con otras instituciones: desde la Marca España hasta la Once pasando por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Daniel Torres Mancera, fue de 2008 a 2011 director del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi), dependiente de Red.es, empresa pública adscrita al Ministerio de Industria. Desde 2004 trabajó como asesor del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros Perán. Y antes había trabajado en Telefónica. Bernardo Díaz Salinas fue gerente y director general de otras dos fundaciones, el Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas y la Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid.

Fuentes de la Uned reconocen que el CSEV se cerró porque no era viable y, sobre los resultados de su actividad –que algún miembro del consejo de gobierno de marzo tachó de “escasos”–, asegura que “algunas herramientas de análisis y estudios” realizados por la fundación “se han recuperado para la Uned”. Su misión, explican, era desarrollar los llamados MOOC (Massive Open Online Courses), los cursos gratuitos en abierto que ahora ofrecen las universidades. 

Retrasos en el pago a los tutores

Hace escasos días la CGT denunció que las indemnizaciones a los directivos del CSEV se habían pagado al mismo tiempo que los tutores de sus 59 centros asociados sufren retrasos en el abono de sus nóminas y que otro tanto ocurre con las contratas que prestan servicios a la universidad. La Uned, por su parte, reconoce demoras “el pasado verano” en el pago a los tutores, por “problemas de liquidez”. Aunque también responsabiliza de ellas a los copatronos de esos centros: ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Las transferencias a los centros asociados equivalen al 80% del presupuesto de gastos de la Uned, según reconoció el propio rector ante el claustro el pasado junio.

El sindicato explica que las cantidades de enero y febrero no las cobraron algunos tutores –con retribuciones de unos 600 euros al mes y contratos mercantiles con la Uned– hasta junio. Y que en centros como el de Barcelona seguían con problemas de cobro en noviembre. En el de Málaga, los tutores llegaron a enviar una carta a la directora para protestar por su “decisión unilateral” de reducirles las horas y, por tanto, también la nómina. Las fuentes de la universidad admiten retrasos “sólo puntuales” en el pago a las proveedores y que, a día de hoy, ya están al corriente con las contratas.

Telefónica y Santander le aportan casi dos millones de euros

La UNED tiene un presupuesto de 216,27 millones de euros. El 39% de sus ingresos procede del Ministerio de Educación, el 52%, de las matrículas de sus estudiantes. También recibe fondos de otros ministerios, comunidades autónomas o el FEDER. Y de empresas privadas. En 2013 recibió de los dos principales patronos del CSEV casi dos millones de euros: 911.533 euros del Banco Santander, y 940.00 euros más de Telefónica.

En la UNED se matricularon el curso 2013-2014 un total de 211.167 estudiantes. Con una plantilla de 2.774 trabajadores –1.408 de ellos personal docente–, sus gastos de personal ascienden este año a 109 millones de euros. De ellos, 1,5 millones se los llevan los altos cargos de la universidad.

Seis salvedades en el informe de auditoría

El pasado 23 de octubre el BOE publicó las cuentas de la Uned correspondientes a 2013 y el informe elaborado sobre ellas por la Oficina Nacional de Auditoría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Los auditores públicos incluyeron seis salvedades. Descubrieron que la UNED carece de “procedimientos adecuados de control interno” sobre los convenios que firma con otras instituciones para impartir formación permanente y enseñanzas no regladas. Así, los auditores no pudieron determinar el importe de los gastos e ingresos de esa actividad. También carece de mecanismos de control de las transferencias y subvenciones que recibe, por lo que no dispone de una “relación detallada, completa y única” de éstas. Echan en falta igualmente los auditores un inventario del material didáctico que elabora pero no vende, y un sistema de control sobre las transferencias que realiza la Uned a sus centros en el extranjero.

Finalmente, reprochan a la universidad que carezca de un “sistema adecuado y operativo” para reclamar deudas. Por el contrario, revela el informe, “transcurridos dos años del vencimiento”, la UNED provisiona el importe y “pasados cinco, cancela la deuda por prescripción”. Así, sólo en 2013, ha perdonado deudas por valor de 308.000 euros. Además de “infravalorar”, concluyen los auditores, “saldos deudores de ejercicios cerrados” por importe de, al menos, 1,44 millones de euros más.

La pregunta tuitera:

Las universidades no quieren que sus alumnos se vean abocados al abandono de sus estudios. Y por eso algunas de ellas están dispuestas a hacer un papel que no les corresponde tirando de fondos propios para ayudar a los alumnos que se queden fuera de la convocatoria de becas para este curso 2013-2014 del Ministerio de Educación. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza, cuyo Consejo de Gobierno aprobó el miércoles 26 de febrero dedicar una partida de 370.000 euros para ayudar a pagar las matrículas, así como aportaciones monetarias para el pago del transporte u otro tipo de gastos relacionados con el estudio. Esta beca tiene unos requisitos académicos un 15% más bajos que las ayudas ofrecidas por Educación. Y aunque se conceden desde 2008, cuando tenía una asignación que rondaba los 100.000 euros, la cantidad destinada se ha ido incrementando en los últimos años. 

La Universidad de Cantabria es otra de las que cuenta con un Fondo de Contingencia Social para ayudar a los alumnos con necesidades económicas que se han quedado sin la beca del Ministerio de Educación. Este fondo cuenta para este curso con un presupuesto de 50.000 euros, ampliable hasta 65.000, y solo se puede destinar a pagar las tasas de matrícula. Según informó en su edición digital El Diario Montañés, 110 alumnos de este centro universitario ya han solicitado la ayuda de emergencia.

Aunque todavía no ha publicado las bases para este curso, la Autónoma de Madrid también cuenta con planes específicos de ayuda a sus alumnos. Según fuentes de este centro, la nueva partida tendrá una asignación similar a la del curso pasado, cuando fue de 500.000 euros. La Universidad de Málaga también ha dotado con 54.000 euros un fondo de emergencia para estudiantes de familias que se encuentren en situaciones precarias y no puedan acceder al pago de las tasas. La de A Coruña también ha establecido un fondo social para el pago de matrículas dotado en un primer momento con 15.000 euros, aunque es muy previsible que se amplíe ante el aumento de las peticiones. 

El pasado verano, el Ministerio de Educación dio un vuelco radical al sistema de ayudas al estudio. En un polémico reglamento estableció las nuevas condiciones de acceso, en el que se fijaba que partir de este curso las becas tendrían una parte fija y otra variable y en el que se incluía también un endurecimiento en los requisitos académicos de acceso. Desde entonces, los rectores de las universidades públicas vienen alertando de que estas modificaciones, vinculadas a la subida de las tasas –el precio medio del crédito en primera matrícula se ha incrementado un 20,1% desde el curso 2011-2012– y al contexto de fuerte crisis económica podría acarrear abandonos masivos en los centros de educación superior. 

Desde el ministerio intentan quitarle hierro al asunto. Y señalan que en el curso pasado "sólo" hubo 8.671 beneficiarios menos de becas en sus modalidades general y de movilidad. No obstante, el impacto más fuerte se espera para este curso, pues es cuando se han endurecido especialmente los requisitos académicos para acceder a las ayudas más cuantiosas y que son, por tanto, las que reciben las familias más desfavorecidas. Este curso, para poder ser beneficiario de las becas de renta y residencia, el ministerio elevó de 5,5 a 6,5 la nota exigida en la media ponderada entre las calificaciones del Bachillerato y la prueba de Selectividad. 

Igualmente, para poder recibir beca a partir del segundo curso, los requisitos se endurecieron: los estudiantes de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias de la Salud debían haber aprobado el 100% de los créditos del año anterior, aunque también podían ser beneficiarios de las ayudas si aprobaban el 80% –en el caso de Ciencias y Ciencias de la Salud– o el 90% –Ciencias Sociales y Artes y Humanidades– de los créditos con una nota media superior al 6 –Ciencias– o 6,5 –las otras tres ramas mencionadas–. Los estudiantes de Ingeniería o Arquitectura, por su parte, necesitan haber aprobado el 85% de los créditos del curso anterior, o bien haber superado el 65% con una nota media superior al 6.

Las asociaciones de estudiantes no ven mal estas ayudas, pero creen que garantizar la equidad en el acceso a los estudios no es la obligación de las universidades. "El dinero que se invierte en estos planes de rescate deja de invertirse en investigación o docencia. Es cierto que las universidades no pueden mirar para otro lado en lo que está pasando, pero no tienen asignada la función de ser las garantes de la cobertura social. Ese papel lo tienen que hacer el Estado y las comunidades autónomas", señala Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España. 

Afectados por los nuevos requisitos 

Aunque algunas universidades ya han iniciado sus iniciativas sociales, es imposible saber cuántos alumnos se quedarán sin beca porque la convocatoria todavía no está cerrada. De hecho, la nueva fórmula hace que, cinco meses después del inicio del curso, los beneficiarios no saben todavía siquiera de cuánto dinero van a disponer. Lo que ya se ha empezado a repartir es la parte fija, que puede ser de hasta 3.000 euros y que está ligada a la residencia del solicitante durante el curso y a su renta. A ella sólo pueden acceder por tanto los alumnos con escasos recursos y sólo reciben el máximo los que además tienen que trasladarse de su domicilio para estudiar. Según datos del Ministerio de Educación, los primeros ingresos empezaron a hacerse el pasado noviembre. 

El problema es que la parte variable, que se distribuirá entre los solicitantes en función de la renta familiar, de su rendimiento académico y del presupuesto que el Gobierno ha destinado a la convocatoria a través de una complicada fórmula matemática, no comenzará a repartirse hasta que se hayan asignado todas las fijas. Y eso puede tardar meses teniendo en cuenta que por el camino suelen cruzarse reclamaciones, errores burocráticos u otro tipo de contratiempos ya que el proceso cuenta con varias etapas. En el departamento de José Ignacio Wert admiten que la parte variable se abonará "en cuanto se termine de pagar a todos los becarios a los que les corresponda la parte fija". La última fecha barajada por el ministerio era marzo, pero el mes acaba de comenzar y todavía quedan muchas solicitudes por tramitar.

Para que lleguen al ministerio, las becas tienen que ser tramitadas primero por las universidades, que determinan si se cumplen los criterios académicos. Hay algunas, especialmente las catalanas y la UNED, que van con mucho retraso. Por ejemplo, según datos de Educación, la Universitat de Barcelona sólo ha gestionado hasta la fecha el 50,82% de las solicitudes; la Politécnica de Catalunya, el 41,84%%; la Pompeu Fabra, el 52,53% y la Rovira i Virgili, el 52,52%. La UNED, por su parte, sólo ha tramitado el 69,16%% de los expedientes.

El curso "Turismo Ecuestre: Teoría y Práctica" que imparte desde hace un lustro la Universidad de Educación a Distancia (Uned) ha demostrado tener un equipo docente de lujo. Este mes, dos de sus profesores, Rafael Castejón Montijano y José María Marín Quemada, han sido nombrados consejero del Banco de España y presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), respectivamente. Ambos comparten afición por los caballos y cabalgan juntos en las prácticas que realiza el curso.consejero del Banco de España

Mariano Puente, director y guía de Jarahonda Rutas a Caballo (Collado Mediano, Madrid), la finca en la que la Uned realiza las prácticas ocasionalmente, lo explicaba así: “Nuestro querido Director D. Rafael (Castejón) ha sido nombrado hoy Consejero del Banco de España; sustituye a otro de nuestros profesores D. Jose María Marín que a su vez ha sido nombrado Presidente de la Nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Enhorabuena a los dos¡¡¡¡¡¡"

El comentario podía consultarse en la página Facebook de otro miembro del equipo docente del curso de la Uned: Francisco Javier Castejón, hermano de Rafael Castejón, catedrático de la Universidad de Córdoba, veterinario y miembro también del equipo que imparte el curso de Turismo Ecuestre de la universidad a distancia.

La página Web de la Uned  mantenía esta semana a Rafael Castejón y a Marín Quemada como profesores en el curso a impartir entre enero y diciembre de 2014. Castejón, cuya pertenencia al consejo del Banco de España no supone incompatibilidad con otra actividad, explicó a infoLIbre que Marín, en excedencia de la Uned, no participará en el próximo curso y será retirado de la página informativa del curso.

Un año de antelación

"Los cursos se aprueban con la antelación de un año", explica Castejón, "y por ello figura el equipo docente de 2014 sin modificaciones". El nuevo consejero del Banco de España, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y catedrático de Economía Aplicada, asegura que es amigo de Marín Quemada "como de otros muchos profesores de la Universidad".

Según Castejón, el curso cumple ya cinco ediciones y en él han participado más de 200 alumnos. ¿Cómo se incorpora Marín Quemada al curso? El catedrático y consejero explica que, como es natural, en la relación de años entre compañeros docentes se dan afinidades que, en ocasiones, cuajan en proyectos educativos.

"Los cursos tienen que autofinanciarse", explica el director del curso. "Se pagan algunas conferencias conforme a los módulos de la Universidad, gastos de desplazamiento en algunos casos...pero si hay excedente. El año pasado, por ejemplo, no cobró nadie nada. Fue lo comido por lo servido", concluye.

El curso de la Uned cuesta 600 euros de matrícula en 2014 y 180 euros de material. Ocasionalmente, las prácticas se realizan en la finca Jarahonda (Collado Mediano, Madrid). En la finca se ofrecen rutas a caballo y actividades de ocio diversas, desde air-soft y paint-ball a recorridos en 4x4.

Sin relación con el negocio

Castejón, lo mismo que su compañero en las clases y actual presidente de la CNMC, José María Marín, aclaran que no tienen nada que ver ni con la finca (100 hectáreas, piscina), ni con la empresa que presta los servicios.

Como el consejero del Banco de España, también Marín Quemada, a través de los servicios de prensa de la CNMC, explica que no cobra nada por el curso de Turismo Ecuestre que imparte junto a Castejón. Sobre su relación con el catedrático, la define como una "buena amistad", similar en cualquier caso a la que mantiene con otros muchos profesores.

Marín Quemada y Castejón, nombrados por el consejo de ministros para sus respectivos puestos, lo fueron a propuesta del PP. Marín Quemada, que mantiene muy buena relación con el ministro de Economía, Luis de Guindos, sonó incluso como candidato a un más alto puesto en el Banco de España que el de consejero. Según su entorno, no ha tenido ningún papel en la elección y promoción de Castejón para sustituirle en el Banco de España.

Tanto Marín Quemada, que fue directivo en el área de relaciones institucionales de la petrolera Cepsa durante décadas, como su compañero en la Uned destacan la importancia que el caballo tiene como actividad económica vinculada al turismo rural.

El curso, precisa Castejón, se dirige a empresarios y emprendedores que quieren ampliar su actividad en el negocio del turismo rural. 

"El turismo relacionado con el mundo del caballo es muy importante. Tiene un impacto del 0,5% en el PIB" explica el nuevo consejero del Banco de España.