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caso Avalmadrid

El Banco de España multa a Avalmadrid con 95.000 euros por incumplir un requerimiento para reducir riesgos

El Banco de España ha impuesto una multa de 95.000 euros a Avalmadrid por la comisión de una infracción grave sobre disciplina de las entidades de crédito, según una sanción declarada firme por el supervisor financiero. También han sido multados por la misma infracción grave, dos consejeros de la sociedad de garantía recíproca madrileña, la Cámara de Comercio de Madrid, con 38.400 euros, y Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, expresidente de la patronal madrileña CEIM, con 10.400 euros.

La infracción se refiere al incumplimiento por parte de Avalmadrid de un requerimiento en materia de control interno que el Banco de España le hizo en 2012, tras una inspección: no aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

El Banco de España resuelve así parte del expediente que abrió entonces a la sociedad de garantías, por el que reclama sanciones por importe total de 667.000 euros para 16 consejeros y ejecutivos de Avalmadrid. De momento, sólo ha resuelto sobre la propia sociedad y los dos consejeros citados. El resto está pendiente aún de los recursos que han presentado contra las sanciones. La resolución definitiva se conocerá en las próximas semanas. Tanto la Cámara de Comercio con el presidente de CEIM se han beneficiado de una reducción de cuantía del 20% por pago voluntario. Han preferido no recurrir y abonar la multa.

Una comisión de la Asamblea de Madrid investiga las irregularidades descubiertas por esa inspección del Banco de España en Avalmadrid, así como las publicadas por infoLibre que implican a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Historia de una inspección

Tras una primera inspección a Avalmadrid en 2012, el Banco de España encontró irregularidades tanto en la concesión como en el seguimiento de los avales, también en su recuperación si el avalado no devolvía el préstamo. Fue entonces cuando le instó a mejorar sus políticas de concentración de riesgos y de seguimiento de las operaciones.

En noviembre de 2016 volvió a abrirle una inspección, tras detectar gracias a su plan supervisor del año anterior un aumento de 16 millones de euros en fallidos, un 30%, así como un alza de 13 millones de euros en los saldos dudosos, un 56%. En los 167 avales analizados por los inspectores, que fueron concedidos entre 2008 y 2016, los inspectores encontraron deficiencias en las fases de seguimiento y recuperación.

Por ejemplo, la revisión de riesgos no se efectuaba con la periodicidad establecida en la normativa interna de Avalmadrid: anual para los riesgos a partir de 200.000 euros y semestral para los mayores de un millón. Un total de 46 operaciones padecían esta deficiencia. Además, los informes de seguimiento eran “deficientes para explicar la situación actual y evolución del negocio avalado”. Por el contrario, aseguraba el informe del Banco de España, se limitaban a actualizar “el rating interno –que presenta un calibrado deficiente–” y las partidas contables más importantes, pero sin analizarlas. Tampoco recogían aspectos relevantes para determinar la capacidad de pago del avalado, como una comparación detallada entre los flujos de caja generados y los pagos a los que debía hacer frente. Finalmente, los informes de seguimiento carecían de “decisiones y conclusiones claras, incluso en los casos en que se constata un deterioro evidente del avalado”. Los inspectores encontraron estos fallos en 64 operaciones.

En otros 52 avales, los informes de seguimiento sólo mencionan el incumplimiento de pagos y la dificultad de su recuperación, “sin apenas aportar más información sobre la posibilidad de obtener o ejecutar garantías”. En los expedientes que incluyen propuestas de negociación con el socio, tampoco se aporta información detallada o un análisis, lamenta el Banco de España. Por último, en 12 operaciones más la clasificación crediticia se hizo “con mucho retraso” y, en algún caso, destaca el informe, “a instancias de la auditoría externa”.

Entre los avales donde se descubrieron estas deficiencias de control se encuentran los concedidos al Grupo Marsans, entonces propiedad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, y al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández.

En la última fase, la de recuperación de los impagados, el Banco de España igualmente descubrió fallos en los informes que el Departamento de Seguimiento y Recuperaciones presentaba mensualmente al Comité de Seguimiento y Morosidad.

El aval a la empresa de los padres de Díaz Ayuso

En cualquier caso, los 167 avales que pasaron bajo el escrutinio del Banco de España son una muestra no aleatoria de las operaciones cerradas por Avalmadrid entre 2008 y 2016; es decir, fueron seleccionados por los inspectores del supervisor financiero de acuerdo con un perfil muy determinado. Entre ellos no se encontraba el concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Como ha publicado este periódico, Avalmadrid dio un trato de favor al expediente de MC Infortécnica SL: renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa al no ejecutar los avales de los accionistas y, de hecho, mantiene paralizada desde 2015 la decisión de cómo actuar contra los cuatro matrimonios socios de esa sociedad. De tal forma que permitió a éstos llevar a cabo operaciones de alzamiento de bienes. Su comité de morosidad también ocultó la donación fraudulenta a Isabel Díaz Ayuso del piso propiedad de sus padres. Esta lista de irregularidades se produjeron durante la fase de recuperación del aval concedido a MC Infortécnica SL en febrero de 2011 para que Caja España les concediera un préstamo de 400.000 euros que no pudo devolver. Y que finalmente ha sido cubierto en buena parte por la Comunidad de Madrid y Cersa, la compañía pública de reafianzamiento.

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