118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado este martes que el partido ha exigido al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, que entregue su acta como regidor y como diputado provincial después de que una militante le denunciase por supuesto acoso laboral, según ha informado EFE.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Besteiro ha explicado que la militante interpuso “una doble denuncia” ya que trasladó este caso a la dirección provincial del PSOE de Ourense y también mediante el canal interno del partido.

En su denuncia, la mujer esgrime que ha sido víctima de acoso laboral como “represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal” hace ya meses.

Besteiro ha explicado que, en la tarde de ayer la militante contactó con el secretario provincial del PSOE de Ourense, Álvaro Vila, y le trasladó lo sucedido. Además de eso, esta persona denunció mediante el canal antiacoso del partido, tras lo cual se activó el proceso, que “llegará hasta el final” para “depurar todas las responsabilidades”.

La dirección del partido en la provincia de Ourense se reunirá esta tarde con el regidor y le pedirá que “deje sus cargos institucionales y orgánicos”. Esta actuación, según Besteiro, sigue el mismo cauce que el partido utilizó en el caso de la denuncia interna registrada la semana pasada por acoso sexual contra José Tomé, exlíder del partido en Lugo.

“Tolerancia cero con el acoso”, ha reiterado un día más el líder de los socialistas gallegos, que ha insistido en que el PSOE es “el único partido que actúa con rapidez y contundencia” ante este tipo de denuncias.

El responsable del partido ha asegurado que presionarán para que Valcárcel entregue sus actas aunque “tal y como está el ordenamiento jurídico” estas corresponden a las personas elegidas y solamente ellos pueden renunciar a las mismas.

Por su parte, Valcárcel ha descartado dimitir, pero ha pedido la baja del PSOE y ha cargado duramente contra el partido. En declaraciones a los medios a las puertas de la sede provincial de la formación de Ourense, Valcárcel ha denunciado lo que entiende que es una operación en su contra que ha relacionado con el hecho de que sea, junto a centenares de cargos y militantes, uno de los firmantes de un manifiesto crítico con la cúpula socialista gallega.

En ese documento se piden responsabilidades a la dirección del PSdeG por su lenta actuación tras la denuncia por acoso sexual contra Tomé.

Por otro lado, el líder del PSdeG ha defendido la gestión en este caso y ha rechazado retirarse: “Dimitir tiene que dimitir el que acosa”.

En todo caso, ha dicho que respeta “muchísimo” los manifiestos divulgados por socialistas. Sin embargo, a su juicio, la gestión se hizo siguiendo los cauces adecuados.

“Con prudencia”, pero también “con rapidez” a la hora de exigir responsabilidades al denunciado y siempre evitando “poner en el foco a la propia víctima”, ha detallado. “Cumplimos los protocolos de manera absolutamente escrupulosa”, ha defendido Besteiro.

El dirigente socialista ha mostrado su rechazo a ofrecer datos sobre la identidad de la denunciante y ha asegurado que él nunca facilitará clave alguna ni dato alguno “que pueda llevar a identificar a ninguna víctima”. 

El incendio forestal de Porto de Sanabria (Zamora), que ha afectado también a terrenos de las provincias de Ourense y León, sigue sin darse por extinguido tras cumplirse este martes dos meses desde su inicio por un rayo el 14 de agosto y haber calcinado más de 24.000 hectáreas, según mediciones a partir del sistema Copernicus y recoge EFE.

Este fuego, que es de los activos actualmente el que lleva más tiempo sin apagarse en Castilla y León, habría calcinado según estimaciones unas 24.144 hectáreas, lo que le convierte en el quinto más devastador de este verano en España, según los cálculos realizados por el experto Celso Coco.

El incendio se extendió por el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto de Zamora, por la zona de Ourense próxima al Teixedal de Casaio, un bosque de tejos centenarios, y por el entorno de la laguna de la Baña en León.

Al haber afectado a zona de turberas de la parte alta del parque del Lago de Sanabria, las labores de extinción se han prolongado más de lo habitual, ya que ese tipo de humedales acumulan materia orgánica bajo tierra de combustión lenta que tarda en apagarse.

El incendio, que se inició el 14 de marzo en Porto, se extendió tres días después a la provincia de León por la localidad de La Baña y entre Zamora y León, y obligó a desalojar una quincena de poblaciones.

Hasta el momento ha movilizado 237 medios de extinción, entre ellos 21 técnicos, 95 agentes medioambientales, 36 cuadrillas terrestres y once helitransportadas, 18 autobombas, siete retenes de maquinaria, 38 medios aéreos y once medios externos del operativo, de bomberos provinciales y locales o de otro tipo.

Solo desde que comenzó el incendio de Chandrexa de Queixa el 8 de agosto, la superficie quemada en Galicia supera las 94.000 hectáreas, según la cifra oficial de la Xunta, y mucho más según las mediciones por satélite. Sumando los incendios del resto del año y a la espera de nuevas mediciones al alza de los aún no extinguidos actualmente, la superficie quemada en lo que va de 2025 supera las 96.600 hectáreas, más que en todo el año 2006. En aquel momento, hace casi dos décadas, la ola de fuegos de los primeros quince días de agosto calcinó, según la Xunta, unas 77.000 hectáreas, lo que, unido a lo quemado en otros meses, dejó el balance final del año en 96.000 hectáreas afectadas. 

Esa ola causó un gran impacto en tan solo unos días, como ocurrió este verano en la provincia de Ourense. Cuatro personas murieron a causa de las llamas, que se extendieron, al contrario que en esta ocasión, por gran parte de Galicia, afectando especialmente a las provincias de Pontevedra y A Coruña. 

Fueron muchos incendios, miles, que provocaron el caos en numerosas localidades, un tipo de fuego que lo diferencia de las olas actuales que, como la de este verano en Ourense, acumulan miles de hectáreas arrasadas en apenas unos pocos focos. 

Así, mientras que en aquella oleada de 2006 hubo alrededor de 2.000 incendios, que quemaron unas 77.000 hectáreas según los datos de la Xunta —el Estado las elevó a más de 86.000 y el CSIC a 92.000—, en la actual que comenzó el 8 de agosto y hasta ahora son más de 94.000 en poco más de 30 incendios. La mayor parte de la superficie arrasada, además, en cuatro enormes fuegos que suman más de 76.000 hectáreas: los que se iniciaron en Chandrexa de Queixa, Larouco, Oímbra y A Mezquita. 

Por tanto, sólo cuatro incendios —algunos de ellos fruto de la unión con otros— quemaron en Galicia la misma superficie que en 2006, cuando fue arrasada por alrededor de 2.000 fuegos. 

La diferencia, si consideramos los datos anuales, es aún más importante. En todo el año 2006, se produjeron alrededor de 7.000 incendios forestales en Galicia (6.996 según los datos de la Consellería do Medio Rural) que calcinaron unas 96.000 hectáreas. En lo que va de 2025 , y teniendo en cuenta únicamente los incendios y la superficie afectada que notifica la Xunta, ardió prácticamente la misma superficie en menos de 70 incendios. 

Si a estos datos le añadimos los más de 440 incendios que Medio Rural asume que no informó públicamente en los primeros 20 días de agosto —porque no superaron las 20 hectáreas ni afectaron a áreas protegidas ni a centros de población—, la diferencia seguiría siendo importante. Ardieron las mismas hectáreas que en 2006, con 6.500 incendios menos. 

Esta es una de las consecuencias de los nuevos tipos de incendios y sus consecuencias, agravadas por los efectos del cambio climático, el abandono rural y la alta concentración de combustible vegetal en unos montes cada vez menos ordenados. La expansión virulenta e incontrolada de un incendio imposible de controlar, que se propaga muy rápido y que llega a afectar a decenas de municipios y a extensas extensiones de terreno. 

Como prueba, de nuevo los datos. Hasta 2022, ningún incendio había superado las 10.000 hectáreas quemadas. Dos lo hicieron ese año, convirtiéndose en los mayores documentados en la historia de Galicia hasta ese momento. En 2025, cuatro incendios ya han superado las 10.000 hectáreas y ocupan el podio de los mayores desde que hay registros. En la ola de 2006, el mayor incendio tuvo lugar en Cerdedo y se situó por debajo de las 7.400 hectáreas. 

"En eventos como el ocurrido este año en Galicia, la importante superficie quemada, su enorme tamaño, es una consecuencia de que todos los incendios son pequeños en un inicio. La causa es el comportamiento extremo de los fuegos durante mucho tiempo, llegando al límite de la capacidad de extinción, haciendo que cualquier operativo se vea superada por la velocidad y la intensidad de las llamas", explica Juan Picos, profesor y subdirector de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra y uno de los mayores expertos en el monte gallego y en incendios.

“Hay que tener en cuenta que el incendio se extiende como una mancha de aceite; según pasa el tiempo, la superficie va aumentando exponencialmente, y con crisis que duran diez u once días, con estas condiciones favorables para su propagación, la superficie ardida y la dificultad de control aumenta cada vez más, con un perímetro mayor que atender”, añade. 

Son muchos menos incendios, pero mucho peores: más peligrosos, virulentos, voraces, rápidos y, en muchos casos, incontrolables. Fuegos que avanzan sin control y que, partiendo de un único foco, acaban arrasando miles de hectáreas y afectando a numerosos municipios. El que se originó en Larouco, ya el mayor de la historia de Galicia, supera las 30.000 hectáreas y se extendió por los municipios de Petín, O Bolo, A Rúa, Quiroga, Vilarmartín de Valdeorras, O Barco, Rubiá y A Veiga.

Con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, activa desde el primer momento de la crisis de incendios, la titular de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, incluyó en su agenda oficial su primer acto relacionado con los incendios este sábado 23 de agosto. Se desplazó a Dozón, donde se produjo un incendio que afectó 300 hectáreas, para explicar las ayudas de su departamento a un grupo al que ha priorizado durante años: los cazadores. Lo hizo después de que su departamento tardara seis días en prohibir la caza en los montes de Ourense tras declarar el nivel 2 de emergencia en toda la provincia debido a los fuegos.

Según la agenda oficial de la Xunta, Ángeles Vázquez había estado celebrando actos diarios durante todo el verano hasta el sábado 9 de agosto, día en que participó en una plantación de algas en Viveiro. El día anterior había comenzado el incendio de Chandrexa de Queixa, y en las siguientes jornadas se produjeron otros grandes incendios que afectaron a numerosas zonas protegidas por la Red Natura 2000. Pero ella no volvió a tener agenda oficial hasta ocho días después, hasta el lunes 18 de la semana pasada , cuando los incendios ya habían consumido 70.000 hectáreas. 

Durante ese tiempo sin agenda oficial, su departamento difundió dos comunicados con fotos de la conselleira con un alcalde y con criadores de visones americanos en reuniones que habían tenido lugar "recientemente", dando así imagen de actividad.

Tras ocho días sin agenda oficial, el primer acto de la conselleira fue en Begonte, para visitar las obras municipales de abastecimiento de agua. Posteriormente, no volvió a tener otro acto en su agenda oficial hasta el pasado viernes 22, cuando presidió una reunión de la oficina técnica de la sequía. Y no fue hasta este sábado 23, con más de 90.000 hectáreas quemadas por toda Galicia en lo que va de verano, cuando Ángeles Vázquez incluyó en su agenda oficial el primer evento relacionado con los fuegos. 

Durante una visita a un coto de caza en Dozón afectado por los incendios, la conselleira anunció "ayudas para recuperar terrenos y hábitats cinegéticos, así como diferentes tipos de infraestructuras de uso público ubicadas dentro de la Red Gallega de espacios protegidos y reservas de la biosfera, afectadas por los fuegos". La Xunta "ayudará a cubrir los gastos relacionados con la siembra de cereales para la alimentación de la fauna silvestre, contribuyendo así a la recuperación tanto de los hábitats cinegéticos como de los suelos afectados". Los terrenos cinegéticos (Tecores) "también podrán solicitar ayudas económicas para recuperar infraestructuras o instalaciones (refugios, fuentes, bebederos y comederos para animales, vallados, etc.) afectadas". La conselleira insiste así en la línea de situar a los cazadores en un lugar privilegiado en su agenda política.

El anuncio lo hizo la conselleira acompañada de su subdirector general de Espacios Naturales, Tomás Fernández-Couto, quien firmó la prohibición de cazar en toda la provincia de Ourense, que entró en vigor el pasado lunes 18, seis días después de que la Xunta declarara el nivel 2 en dicha provincia debido a los incendios. Fernández-Couto fue el máximo responsable de la lucha contra incendios de la Xunta durante dos décadas, como director general de Montes desde 1996 hasta noviembre de 2020, con el único paréntesis del Gobierno de PSdeG y BNG.

La Xunta retiró a varios efectivos de bomberos de los consorcios provinciales de Galicia de los trabajos de extinción en la ola de fuegos que azota la provincia de Ourense. Lo hizo el pasado martes a última hora a través de órdenes que fueron transmitidas por los superiores al personal, que, desconcertado, volvió a sus parques de origen. 

Así lo confirmaron a Praza.gal este miércoles varios de estos bomberos que tuvieron que regresar, algunos incluso cuando ya se dirigían a alguno de los incendios que han quemado más de 80.000 hectáreas en lo que va de verano en Ourense. Lo hicieron después de que la Xunta instase a este personal a abandonar las tareas que llevaban días realizando para apoyar al personal de extinción ya presente en la zona o a los refuerzos enviados, tanto por el Estado y como por la Administración autonómica. 

La decisión de la Xunta llegó el mismo día en que su presidente, Alfonso Rueda, volvió a exigir al Estado más medios, incluso aquellos que no se dedicarían directamente a combatir el incendio, sino que pudiesen colaborar con la maquinaria adecuada para abrir cortafuegos o realizar trabajos de desmonte. Esa misma jornada, el Gobierno central respondió que todo lo solicitado y posible ya se había enviado. 

Precisamente, como explica alguno de los bomberos consultados por Praza.gal, el hecho de que este personal de los consorcios provinciales movilizados sea urbano y no especializado en fuegos forestales hace que habitualmente su trabajo se centre en dar apoyo a los especialistas desplegados en la zona, aportando agua principalmente a través de sus vehículos nodriza para agilizar los trabajos, según aclara Manuel, con el consorcio de Lugo. 

En esta ocasión, y debido a las "circunstancias excepcionales" vividas en Ourense, los desplazados también atacaron directamente los incendios y trabajaron "a pie de fuego". "En estas circunstancias, todos acabamos haciendo de todo y todos somos bomberos perfectamente capacitados, a veces poniéndonos a las órdenes de las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) o realizando otras tareas", explica Moisés Fernández, bombero de Ribeira, del consorcio de la provincia de A Coruña. Entre estas otras labores, algunas realizados en los momentos de mayor caos, como hace unos días, cuando colaboraron en la evacuación de viviendas o en la atención a los vecinos. 

Este bombero asegura, además, que tanto su retén como otros pasaron algunos de sus turnos de los primeros días de esta semana "sin hacer absolutamente nada" durante horas, esperando instrucciones, al igual que algunos compañeros llegados de Andalucía, lo que causó desconcierto e incluso indignación en buena parte del personal. Fue después de esos turnos cuando llegaron las órdenes de abandonar Ourense. 

"Y todo esto ocurría, para nuestra sorpresa, mientras la Xunta reclamaba más recursos... Es incomprensible", añade. "Si alguien quiere justificar la decisión diciendo que somos bomberos urbanos y no forestales... Pues no lo entiendo. Hacemos lo que sea necesario y más en estas circunstancias", admite. Además, recuerda que en los peores momentos él y sus compañeros colaboraron en la extinción de incendios y también situaciones en las que trabajaron voluntarios, policías locales, guardias civiles o efectivos de Protección Civil. 

Las quejas, expresadas públicamente por bomberos y delegados sindicales, también llegaron a las redes sociales, donde el personal de extinción lamentó tener que retirarse a pesar de la emergencia de la situación y cuando el personal de los consorcios llevaba activo en Ourense desde la declaración de la Situación de 2 Emergencia en toda la provincia. Una movilización que, en el momento de producirse —aclaran varias fuentes— se hizo teniendo en cuenta la disponibilidad de los parques comarcales para no dejar desatendidas otras zonas de Galicia. 

Pocas horas después de conocerse la decisión de retirada de la Xunta, según informó Radio Galicia, la Xunta decidió reactivar la movilización de bomberos de los consorcios provinciales. Según la Consellería de Presidencia, en respuesta a Praza.gal, y "dado que las necesidades están cambiando", lo que se está trasladando ahora a los consorcios es que "las tareas que se requieren actualmente son el saneamiento y la liquidación de perímetros en terrenos forestales". Por lo tanto, indica el Gobierno gallego, estos consorcios deberán comunicar ahora "los efectivos disponibles para estas tareas".

Las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, han quedado teñidas de negro por las llamas y amenazan el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de la comunidad. El fuego ha arrasado este enclave natural del macizo Galaico-Leonés procedente de Porto de Sanabria, en Zamora, y cruzó la frontera con Ourense, donde los vecinos llevan tres días luchando para evitar una catástrofe ambiental mayor.

"Vemos todas las laderas calcinadas y pequeñas islas verdes entre un mar negro", cuenta a EFE el guía de montaña Pedro Domínguez, que tiene un albergue en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), y ha hecho de la montaña más alta de Galicia, con 2.127 metros de altitud, su medio de vida.

Ahora la ve cubierta de cenizas. Allí ha ardido la Lagoa da Serpe, una laguna natural de origen glacial, y los vecinos intentan evitar que se lleve por delante su mayor tesoro ambiental, el Teixadal.

Con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, así como fresnos, acebos y avellanos, el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa intenta resistir los embates del fuego y, por el momento, aguanta. "Entró por las dos laderas. Al ser un bosque maduro y húmedo, ha resistido el fuego prácticamente él solo, sin medios de protección prácticamente. Tuvo algún foco, pero la mayoría se ha salvado", explica el guarda de montaña, que aun así dice que no bajan la guardia.

Si el fuego llega al bosque, las pérdidas a nivel ambiental serán notables. "Es un bosque con unos valores impresionantes. Y, como entre ahí, no va a quedar nada", alerta a EFE el representante de SEO Birdlife en Galicia, Gustavo Ferreiro.

En Trevinca está la mayor zona de parejas de águila real de Galicia, y estos días han visto mucha fauna escapando del fuego, como ciervos, lechuzas o incluso un lobo.

También tiene especies de flora de un gran valor botánico, como una variedad de gencianas diferente a la que florece en el resto de Europa o América porque, en vez de ser amarilla, es anaranjada o rojiza.

En Pena Trevinca los vecinos estuvieron solos ante el incendio dos días, hasta que el martes empezaron a llegar medios, incluido un helicóptero que este miércoles sigue trabajando en la zona. "Ayer ya empezó a venir algún helicóptero, pero es una impotencia porque ves que se quema el Teixadal, que es una riqueza que tenemos aquí en la zona, y una impotencia que ves que no puedes hacer nada", lamenta a EFE una vecina de la parroquia de Santa María de Casaio.

Su hijo forma parte del grupo de vecinos que se acercaron al bosque para intentar defenderlo. Primero, por sus propios medios y, después, con una máquina cedida por un empresario para hacer cortafuegos, hasta que llegaron los equipos de extinción.

En la zona también expresan su frustración por el hecho de que, pese a que el incendio cruzó a Galicia el fin de semana, no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes. "No aparecía en ningún registro, como si no hubiera fuego", denuncia Domínguez.

La Xunta ha informado de que la superficie quemada en la parte gallega ha pasado las 20 hectáreas, pero los vecinos describen un panorama mucho más desolador y alertan de que tardará años en recuperarse.

La tradición popular cuenta que en la noche de San Juan, una muchacha de melena azabache se sienta en las rocas a la orilla de la Lagoa da Serpe esperando a que algún joven rompa el maleficio que la obliga a permanecer en forma de serpiente por el resto del año. El próximo San Juan, lo que verá serán cenizas.

"Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, entre 30 y 35 diarios, que se apagan prácticamente en su totalidad. Y también tengo que decir que, en lo que llevamos de agosto hasta hoy, hemos registrado 492 incendios, es decir, 370 más que el año pasado". Estas declaraciones son de la conselleria de Medio Rural, María José Gómez, en una entrevista el lunes con la Cadena Ser. Estas cifras revelan que la Xunta ha ocultado hasta este lunes 447 incendios en lo que va de mes, ya que solo ha informado sobre 45 durante este mismo periodo.

La información facilitada ahora por la conselleira de Medio Rural incide en el camino iniciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que cuando aún estaba comenzando la ola de incendios, el 12 de agosto, informó de que en lo que iba de mes "se están extinguiendo alrededor de 30, 35 fuegos diarios por parte de los servicios de la Xunta de Galicia, lo que supone, para que se hagan una idea, 250 más de los que hubo que extinguir en el mismo periodo del año pasado". 

Ni Rueda ni su conselleira aclararon si la comparación de este agosto con las cifras del año pasado se hacía con los incendios divulgados en su momento o con el total, incluyendo los ocultados. Del cruce de cifras se puede deducir que la comparación se realiza con los incendios del año pasado que tampoco se divulgaron, ya que durante todo el mes de agosto de 2024 la Xunta solo informó de cinco incendios, cuatro de ellos posteriores a estas fechas y solo uno, en Ponteareas (Pontevedra), que se inició antes, el 16 de agosto. Es decir, si este año se ocultaron 447 incendios en medio de una grave crisis, el año pasado, sin ninguna situación extraordinaria, la Xunta revela ahora que ocultó 121.

Esta situación de ocultación masiva de incendios, de los cuales la Xunta apenas divulga uno de cada diez, se debe a que el Gobierno gallego solo comunica aquellos incendios que superan las 20 hectáreas o los que afectan a zonas pobladas o protegidas. Este criterio comenzó a adoptarse tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno gallego y después de que el anterior Ejecutivo del PSdeG y el BNG divulgara más información y de forma más sistemática, como hacen hoy otros gobiernos del PP, como la Junta de Castilla y León, con muchos más recursos tecnológicos.

"Es una injusticia. No hay derecho" o "es un héroe" fueron algunas de las frases más escuchadas a las puertas del juzgado de A Pobra de Trives (Ourense). Alrededor de unas 200 personas se congregaron el lunes para mostrar su apoyo al vecino de Petín detenido el pasado fin de semana en el marco de la operación bautizada como Nisgi por haber prendido fuego sin autorización en el monte para crear un cortafuegos en el núcleo de O Seixo, en el municipio de O Bolo. A su salida de la sede judicial fue recibido con aplausos y vítores.

Este hombre, de 61 años, está investigado como presunto responsable de un delito de incendio originado el día 16, y que se unió a otro originado el día 13 y que ha afectado a Petín y Larouco-Seadur. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según recoge EFE, ha precisado que sigue investigado y que, pese a su salida en libertad, deberá comparecer en tribunal de instancia los días 1 y 15 de cada mes. Según recoge La Voz de Galicia, la Fiscalía había pedido prisión provisional eludible con el depósito de una fianza de dos mil euros.

Decenas de vecinos se habían movilizado, llegando incluso a fletar autobuses, para exigir la liberación del detenido, al que definen como "un héroe" por su esforzado trabajo en la lucha contra las llamas. "Gracias a gente como él se salvaron vidas, se salvaron casas", ha asegurado la propia alcaldesa de Petín, Raquel Bautista, que ha llegado a decir que el procesado "dormía con la funda puesta por si le pasaba algo a algún vecino".

"Este señor ha estado todos los días con nosotros apagando incendios y lo que pasó en O Seixo es que él hizo un contrafuegos para salvar cuatro casas y gracias a eso las salvamos. No hubo peligro ninguno, lo único que ha hecho ha sido salvar casas", indicó uno de los vecinos a La Región, que también contó que él mismo estuvo buscando un agente forestal que les diese permiso para hacer el contrafuegos, pero no lo encontró.

La regidora ha relatado las horas críticas que se han pasado en la localidad ante la amenaza de las llamas, en las que han estado "abandonados" y "solos de todo", sin medios suficientes para combatir el avance de un fuego que ha arrasado "la mayor parte" de este ayuntamiento sin que hubiese forma de frenarlo.

Asimismo, Bautista dice que nadie, ni desde la Xunta ni desde la Administración de Justicia, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para explicar los motivos de la detención de este hombre, cuyo procesamiento tacha de "injusto". "Esperemos que todo salga bien", ha expresado, sobre el proceso al que se enfrenta.

La Consellería de Medio Ambiente ha publicado este 18 de agosto en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una resolución que prohíbe desde este lunes "toda actividad cinegética en toda la provincia de Ourense". Esta medida estará vigente mientras "se mantenga el nivel de emergencia 2 o superior" debido a los incendios que afectan a la provincia. La prohibición se produce casi una semana después después de que la Xunta decretara dicho nivel de emergencia el pasado martes 12 de agosto.

Dos días después de decretar el estado de alarma debido a los incendios en toda la provincia de Ourense, la Xunta emitió un comunicado apelando a "la responsabilidad ciudadana" e instándola a "evitar cualquier actividad cinegética en la provincia de Ourense durante la ola de incendios". Sin embargo, hasta ahora no se había impuesto la prohibición formal, lo que supone la suspensión oficial de la resolución de abril que determinaba las épocas hábiles de caza en toda Galicia. Esta prohibición se decreta ahora únicamente para la provincia de Ourense, manteniendo la posibilidad de cazar en el resto de Galicia, donde también se registran incendios, especialmente en la provincia de Lugo.

Aunque la resolución de prohibición se publicó en el DOG este lunes y establece su vigencia "desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia", se firmó el miércoles 13 de agosto, un día después de la declaración del estado de emergencia en toda la provincia de Ourense. Quien la firma no es un cargo ajeno al problema de los incendios. La firma el subdirector general de Espacios Naturales, Tomás José Fernández-Couto Juanas, quien durante dos décadas, ya con Manuel Fraga, fue el máximo responsable de la Xunta en la lucha contra los incendios forestales.

Fernández-Couto, director general de Montes desde 1996 hasta noviembre de 2020, con la única interrupción durante el gobierno del PSdeG y el BNG, fue recolocado, como funcionario de carrera, como subdirector general de Espacios Naturales. Ahora firma la resolución que prohíbe la caza en Ourense, pero la permite en el resto de Galicia, por delegación de la directora general de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira. 

Hasta el 8 de agosto, hace diez días, habían ardido en toda Galicia, en los incendios de los que informa la Xunta —solo los de más de 20 hectáreas o los que afectan a lugares poblados o protegidos— unas 2.600 hectáreas, una cifra similar a la de todo el año pasado, uno de los mejores de la serie histórica. Sin embargo, desde esa jornada, en unas condiciones meteorológicas que, según coinciden los expertos, serán cada vez más habituales por efecto del cambio climático, ya se han quemado más de 60.000 hectáreas en toda Galicia, más que el total de los años 2022 y 2017 juntos.

Y lo que queda, porque los principales incendios siguen sin estar controlados, con especial protagonismo para el que comenzó aquel 8 de agosto en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, y que ya es el gran incendio del Macizo Central ourensano, con más de 17.500 hectáreas arrasadas. Muchas más que las entre 11.000 y 13.000 que distintas fuentes calcularon para el que hasta ahora era el mayor fuego, el del Courel en 2022.

Si 2022 fue el año de los dos mayores incendios en los registros históricos de Galicia, este 2025 ya es el de los tres mayores fuegos, con más de 60.000 hectáreas afectadas, ya que el desatado en Carballeda de Valdeorras (entre 10.500 y 12.000 hectáreas quemadas) se suma a los de Oímbra (unido este domingo al de Xinzo de Limia) y Larouco (que saltó el río Sil hacia el norte y avanza por el Courel), con 12.000 hectáreas arrasadas cada uno. El de Larouco, después de duplicar en unas horas las 6.000 supuestas hectáreas de las que informaba la Xunta en la mañana de este domingo. Y un cuarto incendio, el de A Mezquita, se acerca a esas cifras, con 10.000 hectáreas ya quemadas.

Este domingo, además de unirse los incendios de Oímbra y Xinzo, también lo hicieron los de Carballeda de Avia y Beade, que ahora suman 2.500 hectáreas. Y desde Zamora, en el entorno del lago de Sanabria, según informa en este caso la Junta de Castilla y León, avanza otro fuego hasta el norte y la zona ya gallega de Pena Trevinca y Teixadal de Casaio. La cara positiva fue que se lograron extinguir este domingo un incendio de 300 hectáreas en Dozón (Pontevedra) y otro de 28 en A Estrada (Pontevedra), y este lunes otro de 8,97 hectáreas en Verín.

La ola de fuego que arrasa Galicia mantiene en jaque a los servicios de extinción. La conexión ferroviaria con la meseta continúa suspendida y las principales vías de comunicación de Ourense —la autovía A-52 y la carretera N-525— sufren cortes constantes que se extienden a otras carreteras de la provincia.

Además, miles de personas se han visto ya afectadas bien por la proximidad del fuego, por los confinamientos decretados en numerosos municipios de Ourense durante el pasado fin de semana o por la afectación a granjas, pastos, montes, fincas y casas. La virulencia de los incendios, que no dan tregua desde hace días y que ya han arrasado casi el 9% de la superficie total de la provincia, ha provocado además daños irreparables en espacios naturales protegidos y de gran valor paisajístico. El impacto final será aún mayor cuando se evalúen en detalle las consecuencias.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este domingo el centro de control de emergencias en Ourense y se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Allí anunció que, una vez desplegados todos los recursos ordinarios de comunidades autónomas y Estado, y a la espera de refuerzos europeos, el Ejército de Tierra se sumará a la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 500 efectivos. De ellos, Rueda ya ha reclamado que al menos 200 sean destinados a Galicia, aunque los incendios afectan también con dureza a Castilla y León o Extremadura.

En su comparecencia, Sánchez puso el acento en el cambio climático como elemento clave para entender estos últimos incendios. Unos fuegos cada vez más difíciles de controlar que, dijo, la meteorología hace inabordables para el ser humano y cuya extinción depende ahora de la propia evolución del tiempo. Esta semana bajarán las temperaturas, pero aún está por ver si además llegará algo de lluvia entre el martes y el jueves, si esta se extiende más allá de la franja atlántica o del noroeste y si es suficiente para ayudar a los dispositivos de lucha contra el fuego a controlar los incendios.

Mientras tanto, la Xunta anunció este lunes las primeras ayudas para las familias afectadas, tras confirmarse decenas de viviendas calcinadas en distintos puntos de Galicia. El Sergas ha reorganizado además la atención primaria en las zonas más castigadas: concentrará los servicios en los centros de O Barco de Valdeorras, A Rúa, Viana do Bolo, A Pobra de Trives, Verín y Montederramo, y dejará únicamente equipos de enfermería en los consultorios más pequeños, incapaces de operar con normalidad. Aquí puede consultarse esa reorganización.

Además, en el conjunto de la Península la situación tampoco mejora. Hay más de 40 incendios importantes activos en España con miles de hectáreas quemadas, sobre todo en las provincias de Ourense, León y Zamora, pero ahora también con gran impacto en Extremadura y Asturias. Además, en Portugal han ardido unas 65.000 hectáreas en solo dos días y cerca de 160.000 desde principios de año.

El pasado viernes, Portugal registró la primera víctima mortal a causa de los incendios, mientras que España contabiliza ya cuatro, después de que un bombero falleciese tras volcar una autobomba durante los trabajos de extinción en León.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de A Gudiña, en Ourense, como presunto autor de dos focos del incendio que se ha registrado en el municipio ourensano de Oímbra, en el que tres brigadistas resultaron gravemente heridos y permanecen ingresados en el hospital de A Coruña, según informa EFE.

Según informa el instituto armado, el hombre habría causado dos focos del incendio, que se declaró el pasado 12 de agosto, cuando realizaba labores de limpieza y desbroce con un tractor, pese a que el índice de riesgo de incendio era extremo. 

La Guardia Civil le atribuye dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, por los brigadistas heridos. 

En el incendio, se han visto afectadas hasta el momento más de cinco mil hectáreas y ha provocado la movilización de un importante número de medios aéreos y terrestres. 

Las diligencias han sido remitidas al tribunal de instancia de Verín, que será el encargado de tomar las medidas correspondientes.

El fuego se ha cobrado este jueves una nueva víctima mortal, la tercera de los incendios virulentos que asolan el país desde el pasado sábado, por los que han sido detenidas varias personas y que están dificultando las conexiones por tren y carretera en plena operación salida. Según el sistema de información de incendios forestales europeos (EFFIS), este miércoles España alcanzó las 157.501 hectáreas quemadas en lo que va de año.

La oleada de incendios forestales sigue afectando a varias comunidades autónomas, particularmente a Castilla y León, Extremadura y Galicia, con miles de personas desalojadas.

Además, está complicando la operación salida del puente de agosto, con el tráfico ferroviario interrumpido entre Madrid y Galicia para toda la jornada y cortes en 14 carreteras, incluida la autovía A-52 y las nacionales N-525 en Zamora y N-625 entre León y Santander.

Después de seis días de duro combate contra el fuego, desde que el sábado se declarara el incendio en Yeres (León) que ha afectado a Las Médulas, España ha recibido los dos hidroaviones que solicitó a la Unión Europea, enviados por Francia.

Un hombre ha sido detenido este jueves en la provincia de Zamora por el incendio originado en Puercas que arrasó más de 4.500 hectáreas entre el lunes y el jueves, obligó a desalojar ocho localidades y causó heridas por quemaduras a cinco personas, cuatro de las cuales se encuentran hospitalizadas. El detenido está acusado de un delito de imprudencia grave.

También se ha detenido a dos vecinos de Olveiroa (A Coruña), como supuestos autores de ocho delitos de incendios forestales en Costa da Morte. Desde el 1 de junio, la Guardia Civil ha detenido a más de una decena de personas e investiga a otras 38 por su presunta implicación en los incendios forestales. 

Además, este jueves la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha anunciado que mantiene la alerta por altas temperaturas en gran parte de la Península y Canarias hasta el próximo lunes, un factor de riesgo para los incendios. 

Un hombre de 37 años, Jaime Aparicio, ha muerto por las quemaduras que sufrió en Nogarejas (León) intentando sofocar el incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que también acabó con la vida de Abel Ramos, de 35 años, a quien acompañaba.

Sólo este incendio habría arrasado 37.000 hectáreas, según los expertos.

En Valladolid hay siete pacientes ingresados que han resultado heridos en los incendios de Castilla y León, cuatro de ellos en estado crítico. En esta comunidad autónoma hay activos 20 fuegos, más de la mitad de ellos de nivel 2 y 1, que mantienen a miles de vecinos evacuados. 

Entre ellos, el declarado el pasado sábado en Yeres (León), que ha afectado al paraje natural de Las Médulas.

Si bien algunos de estos presentan una evolución favorable, preocupan los vientos y la entrada de las llamas en Zamora procedentes del fuego de A Mezquita (Ourense). En la misma jornada, uno de los incendios que afectan al norte de León ha dado el salto a Asturias, en concreto el declarado el pasado 8 de agosto en Orallo.

La mejora de la situación del incendio de Molezuelas de la Carballeda ha permitido la vuelta a sus viviendas de 2.600 vecinos evacuados de once pueblos de León, pese a que todavía están fuera de sus casas más de 5.000.

Galicia es otra de las regiones más afectadas por los incendios forestales. Allí han ardido más de 23.700 hectáreas, (más de ocho veces la superficie total gallega quemada en 2024) de las que 10.500 corresponden al fuego iniciado en el municipio de Chandrexa de Queixa (Ourense).

Son seis los incendios que permanecen activos, todos en Ourense, donde varios focos se han unificado.

Toda la provincia se encuentra en situación 2 de emergencia y en ella trabajan medios de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de Portugal.

Extremadura también ha solicitado la ayuda de la UME para las labores de extinción del incendio de Jarilla (Cáceres). Esta unidad también interviene en el fuego de Teresa de Cofrentes (Valencia) que ha arrasado 500 hectáreas, ya perimetrado.

Son 1.200 los efectivos de la UME desplegados en diez incendios forestales, a los que hay que sumar otros 2.200 en tareas de apoyo logístico y de mando a una labor para la que tienen desplegados 420 medios.

En una jornada de gran dificultad en muchas comunidades autónomas, se han dado por controlados los fuegos de Tarifa (Cádiz), que obligó a desalojar a 2.000 turistas de las zonas de playas y hoteles, y Tres Cantos (Madrid), donde murió un hombre y se calcinaron 2.000 hectáreas.

Asimismo, se ha extinguido también el incendio originado el lunes en Navalmoralejo (Toledo); que avanzó hasta la provincia de Cáceres, arrasando más de 3.200 hectáreas. 

En lo que va de año, se han quemado 98.784 hectáreas en España, más del doble de la superficie calcinada en todo el 2024 (42.615 hectáreas en 219 fuegos), según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis, por sus siglas en inglés).

Renfe ha suspendido para todo lo que resta de este jueves la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

La compañía, operadora única de esa línea, ha anunciado en sus redes sociales que quedan suspendidas "todas las circulaciones" entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de este jueves. 

Cuando el monte arde, como lo está haciendo estos días en España, se activa toda una maquinaria humana y técnica en la que cada pieza cumple su función para conseguir la extinción, una labor ardua en la que colaboran profesionales que dependen de distintas administraciones, desde agentes medioambientales y bomberos forestales a militares especializados, según recoge EFE.

La coordinación y el mando de la extinción de los incendios forestales siempre es profesional y depende de las administraciones públicas, aunque los voluntarios pueden contribuir como apoyo logístico, básicamente en tareas de avituallamiento, como han explicado a EFE expertos en la lucha contra incendios este jueves.

Este mapa humano que hace frente a las llamas responde a veces a siglas o nombres para muchos ciudadanos desconocidos. Estos son algunos de los profesionales que combaten las llamas en el terreno:

Son los primeros en llegar tras ser avisados o bien por el 112 o por la red de vigilantes de incendios de cada comunidad. Llegan en transporte aéreo o terrestre a la zona, donde combaten directamente al fuego. 

En invierno hacen labores de desbroce de matorral para reducir lo que se puede convertir en 'combustible' para las llamas, y también de mantenimiento de caminos, para facilitar los accesos cuando el fuego se desata.

Integran cuadrillas y son contratados mediante empresas públicas o semipúblicas, como Tragsa, Seaga o Graf. Sus condiciones laborales varían según la comunidad autónoma en la que trabajen.

En el grupo de estos trabajadores también se encuadran los conductores y 'mangueristas' de las autobombas forestales, que acuden de forma más inmediata.

Los bomberos forestales dependen de las autonomías, las competentes en materia de montes y medioambiente, aunque hay algunas excepciones, como los que integran las BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y actúan como un refuerzo.

Las BRIF son unidades helitransportadas, compuestas por personal especializado, y apoyan a los efectivos autonómicos en cualquier parte del país. 

Estos trabajadores, contratados por Tragsa, acuden cuando la magnitud del fuego supera la capacidad de medios autonómicos y suelen activarse en incendios de nivel 2 de gravedad.

Hay diez unidades operativas, integradas por 600 efectivos, distribuidas por el territorio nacional durante la época de mayor riesgo.

Los conocidos como forestales son funcionarios públicos autonómicos, con rango de autoridad (policía administrativa y judicial), que realizan el primer reconocimiento de un incendio forestal y solicitan los medios necesarios para la extinción. 

Se encargan de la coordinación con supervisión del centro provincial de mando, encabezado por los ingenieros de montes.

Una vez controlado el incendio, los agentes investigan su origen y elaboran informes técnicos y estadísticos sobre el mismo.

Se estima que puede haber entre 5.000 y 6.000 agentes forestales en todo el país. Es una aproximación en la que coinciden varios informes y estadísticas de emergencias forestales, ya que la cifra varía dependiendo de las convocatorias de plazas que van saliendo de cada comunidad.

Sus efectivos están formados para luchar contra los incendios en una Escuela Militar de Emergencias. 

Cuando el incendio excede la capacidad de extinción de los medios autonómicos se incorporan medios del Estado, que serían, además de las BRIF, esta unidad, cuyos miembros actúan cuando se declara el nivel 2 y las comunidades autónomas requieren su ayuda. 

La dirección y coordinación pasa a ser, entonces, conjunta entre mandos de la comunidad, de la Administración Central y del Ejercito. 

En estos momentos luchan contra el fuego en distintos puntos de la geografía nacional 1.200 militares. A ellos se suman otros 2.200 efectivos en tareas de apoyo logístico y de mando.

Hay bomberos voluntarios municipales que actúan en el ámbito rural, pero su papel en la lucha contra incendios forestales es más restringido que en otros países, donde los voluntarios son parte importante del operativo.

Los voluntarios, como tal, no existen en los operativos de primera línea dedicados a la extinción de incendios, pero la población civil si puede colaborar en labores secundarias de apoyo.

Los dos fallecidos al ser rodeados por dos lenguas de fuego en pueblo de León fueron identificados en un primer momento como voluntarios, pero el gobierno autonómico precisó después que se trataba de dos personas que realizaban labores de desbroce por su cuenta.

Hay más de 5.000 agentes de Guardia Civil movilizados y más de 350 efectivos de Policía Nacional desplegados, en coordinación con medios del Ministerio para la Transición Ecológica y la UME.

Su misión no es la extinción de incendios. Los agentes de la Guardia Civil se encargan de controlar el orden público, vigilar los accesos al incendio para evitar que entren personas que no participan en el operativo y también investigar las causas y detener a posibles sospechosos.

Los profesionales sanitarios que atienden partos en Ourense recogen en un informe las "deficiencias" de "especial gravedad" que se han encontrado en la nueva ubicación de este servicio, que será temporal —se desconoce con exactitud hasta qué fecha— después de que la Xunta optase por deshacerse del Hospital Materno Infantil tras el derrumbe del falso techo hace tres meses.

Señalan, por ejemplo, que las salas de dilatación para embarazadas están "divididas por cortinas" y carecen de "lavabo y agua corriente", por lo que consideran que "no cumplen los requisitos mínimos de espacio para garantizar una atención obstétrica segura y eficaz". También indican que el acceso de las gestantes a la sala de partos no es adecuado y que para acceder al quirófano es necesario atravesar las "áreas de recuperación" de pacientes posquirúrgicas. Para el personal del servicio de partos, estos defectos "comprometen significativamente la calidad de la atención obstétrica, la seguridad clínica de las mujeres y los neonatos y los derechos fundamentales de las mujeres durante el parto".

La Comisión del Centro de Atención Especializada del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) denunció este lunes la "constante desinformación" por parte de la gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras y su "falta de previsión". "Desde que la Consellería tomó la decisión unilateral de vaciar el hospital Materno Infantil todo ha sido fruto de la improvisación, lo que pone en riesgo la asistencia sanitaria y a las propias trabajadoras", aseguran.

El falso techo del Hospital Maternoinfantil de Ourense se derrumbó por primera vez en la sala de partos el 30 de diciembre de 2023. Un mes después, según reveló Praza.gal, la dirección del hospital admitió el riesgo de nuevos derrumbes y la imposibilidad de conocer su estado. Es "necesario estar más vigilantes a lo que está sucediendo", advirtió la directora Asistencial en enero de 2024. Sin embargo, el tema no se volvió a abordar hasta el 30 de marzo de este año, cuando el falso techo volvió a derrumbarse, esta vez en la planta de Pediatría.

Diversos colectivos, como la asociación de apoyo y promoción de la lactancia materna Arrolos de teta, convocaron entonces concentraciones frente al hospital a la espera de la respuesta del Sergas, que decidió "anticipar" el traslado provisional de los servicios de Ginecología, Obstetricia y Pediatría al edificio principal del CHUO. Una vez conocidas las condiciones de la mudanza, se volvieron a movilizar este martes. Por este motivo, según la información facilitada por la Comisión de Centro, el viernes pasado se convocó al personal de partos a una reunión urgente en la que cargos de la dirección del hospital les pidió que "calmasen los ánimos" de la población.

"La población sabe que el 14 de julio —fecha del traslado que comunicó la gerencia a las trabajadoras— los espacios no estarán acondicionados para prestar una atención de calidad a las madres y niños y niñas que nazcan en Ourense", afirma Nuria González, secretaria de la Comisión de Centro del CHUO, quien añade que "el edificio general no dispone de aire acondicionado y las temperaturas que se alcanzan en esas plantas son insoportables para las propias parturientas, para los niños y niñas y para los trabajadores".

"¿Dónde está el servicio de humanización?", pregunta González. "Porque este hospital va de abanderado de la humanización para las familias en relación atención al paciente, y no creemos que esto sea correcto para la humanización de la atención médica", asevera para indicar que con el traslado se perderá "la única sala de partos natural del área sanitaria". "El servicio de UCI pediátrica y neonatal no tiene claro cómo podrá brindar la atención que ofrece actualmente, ya que el espacio al que se trasladará no cumple con las características del servicio actual", agrega.

Desde la Comisión de Centro detallan que el espacio donde pretenden ubicar temporalmente la UCI pediátrica está equipado para una UCI, pero para adultos. "Son diez boxes que tienen que tener las puertas cerradas. ¿Cómo vamos a tener niños y niñas recién nacidos con las puertas cerradas de los boxes? ¿Qué seguridad asistencial vamos a tener allí? Son niños que van a estar monitorizados y el sistema de alarma que tienen no está conectado al sistema de alarma que funciona actualmente en la UCI. Así no se puede dar seguridad", critican.

"Estamos involucionando, entendemos que los cambios pueden traer incertidumbres pero con planificación y manteniendo informadas a las organizaciones sindicales todo este cambio se podría hacer de otra forma, con menos riesgos psicosociales para las trabajadoras y con muchísima más calidad para los pacientes. Están menguando los servicios en número de prestaciones y calidad", asegura Almudena Pérez, presidenta de la Comisión de Centro de Atención Especializada del CHUO.

La gerencia del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por su parte, explica que "el traslado responde a la planificación técnica y sanitaria" y que se están realizando "obras de adecuación de los espacios provisionales con una inversión de más de 2,7 millones de euros", pero no niega directamente las "deficiencias" que han recopilado los profesionales, como la sala de dilatación separada por cortinas. 

En un comunicado remitido a los medios, la gerencia de Ourense se limita a recalcar que las "áreas provisionales", que se emplearán "durante los meses que duren las obras" —que en abril llevaban seis meses paradas— , "se diseñaron para garantizar la calidad de la atención, con la infraestructura y los recursos necesarios, así como con las medidas de humanización e intimidad requerida para los pacientes".

Además, la gerencia dice que "está abierta al diálogo y a la mejora continua". "Desde luego, desde la Comisión de Centro elogiamos la rapidez con la que esta gerencia nos desmiente ante la prensa, pero después tarda meses en dar respuesta (las que da) a las solicitudes de información o reuniones por parte de las organizaciones sindicales", replican para transmitir también a la opinión pública  la actitud "desafiante" de la directora de enfermería en una reunión informativa del pasado 25 de junio con el personal de partos. Una representante de la Comisión de Centro asistió a dicha reunión y se tuvo que marchar tras recibir la advertencia "o te vas tú o me voy yo" , aseguran.

 La Guardia Civil investiga si la muerte de un matrimonio y su hijo en Taboadela (Ourense) por inhalación de monóxido de carbono tuvo su origen en un generador activado durante el apagón para suministrar energía a un respirador médico, informan a EFE fuentes de la investigación. Los fallecidos son un matrimonio de 81 y 77 años y su hijo, de 56, encontrados sin vida durante la mañana de este martes.

La primera hipótesis de la investigación apunta a que el origen del monóxido de carbono está en un generador activado debajo de la vivienda con el objetivo de suministrar energía a un respirador. Este era necesario porque una de las personas que estaba en la vivienda, el mayor del matrimonio, necesitaba respiración asistida.

Los investigadores piensan que fue una mala combustión del generador de energía lo que originó el monóxido de carbono que después se extendió por el domicilio desde el exterior. La Policía Judicial de la Guardia Civil está en el lugar de los hechos para investigar lo ocurrido.

Estas muertes se producen después de que España sufriese un apagón general que dejó sin electricidad a toda la Península.

Josefa, de 76 años y asesinada presuntamente por su marido en O Bolo (Ourense), es la séptima víctima mortal por violencia de género en lo que va de año y la número 1.301 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según recoge EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del crimen y ha informado de que no existían denuncias previas por maltrato contra el presunto feminicida, un hombre de 72 años que ha sido detenido. Este domingo, 6 de abril, Josefa fue atacada por su marido, que la acuchilló hasta la muerte en su casa de la parroquia de As Ermidas.

Según ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la mujer asesinada no estaba en el sistema de protección de víctima de violencia de género (VioGén), que suma unas 4.000 mujeres en Galicia en este momento.

Se trata del primer asesinato por violencia de género en Galicia en lo que va de año y el número 73 desde 2003. Son tres las víctimas de crímenes machistas en 2025 que tenían más de 70 años, y 83 desde 2003.

De las siete víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2025, cuatro eran españolas y tres habían nacido en otro país y solo en uno de los casos constaban denuncias por maltrato contra el agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha querido enviar su "más sentido pésame" a la familia de Josefa y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando "para acabar con esta violencia estructural que atenta contra las mujeres por el hecho de serlo". "Si eres víctima llama al 016, sabed que no estáis solas", ha subrayado Redondo en un mensaje en X.

A las 1.301 mujeres asesinadas por violencia machista se suman otros 62 menores asesinados desde 2013, fecha en la que comenzaron a contabilizarse los crímenes de violencia vicaria.

Un fallecido por accidente de tráfico este lunes en Amoeiro (Ourense) que la Xunta achaca a la borrasca, lluvias, nevadas, fuertes vientos y fenómenos costeros de gran impacto son algunos de los efectos de Herminia, que sigue afectando a casi toda España y especialmente a Galicia, salvo a Navarra, Melilla y Canarias.

La muerte en Amoeiro, incluida por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entre las consecuencias de Herminia, ocurrió sobre las 7:45 horas de este lunes cuando el conductor del vehículo perdió el control, el coche se salió de la vía y chocó contra un muro.

Galicia, que se mantiene con aviso rojo, el riesgo más elevado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es la comunidad autónoma que soporta el impacto más fuerte de la borrasca, mientras que Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana están en alerta naranja y Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja y Ceuta se mantienen en alerta amarilla.

Desde que ese temporal hiciera acto de presencia este domingo, Galicia ha sumado más de 1.200 incidencias en el servicio de emergencias 112, la mayoría de ellas en relación con la presencia de ramas o árboles en carreteras, pero también con derrumbamientos y cables en las vías. La provincia más afectada hasta ahora es A Coruña (493 incidencias), seguida de Pontevedra (476), Lugo (178) y Ourense (77) mientras que, a nivel municipal, son los ayuntamientos de Santiago de Compostela y de Coruña los más perjudicados con más de 40 cada uno.

La situación es especialmente complicada en la costa, con olas de hasta 10 metros aunque, en tierra, Renfe ha confirmado la suspensión por segundo día consecutivo del tráfico ferroviario de media distancia entre Ferrol y A Coruña por las condiciones meteorológicas adversas, por lo que mantiene su plan alternativo de transporte por carretera para garantizar la movilidad de sus viajeros.

También permanece interrumpido el servicio de trenes de media distancia con Asturias entre las localidades de Ferrol-Ribadeo-Oviedo: en el Cantábrico, las olas son de hasta 8 metros y el viento, sólo en Cantabria, ha causado cerca de 200 incidencias, la mayoría por desperfectos, desplazamiento de objetos y daños en infraestructuras.

Herminia también ha imposibilitado la navegación en Andalucía, al provocar la cancelación de las primeras salidas previstas este lunes en la conexión marítima entre los puertos de Tarifa (Cádiz) y Tánger, en Marruecos, ya que según Aemet la borrasca ha llevado lluvia y vientos de levante de hasta 35 kilómetros por hora al Estrecho de Gibraltar.

En Extremadura la situación más complicada se daba a primeras horas de este lunes con abundantes precipitaciones, como los 66,2 litros por metro cuadrado acumulados en Tornavacas, y fuertes vientos que han alcanzado los 96 kilómetros por hora en Navalvillar de Ibor, ambas poblaciones en la provincia de Cáceres. Tornavacas, Garganta la Olla, Piornal, Hoyos y Valverde de Fresno, todas ellas poblaciones cacereñas, figuran entre las diez localidades más lluviosas de España hasta el momento.

En Castilla y León hasta 15 tramos de ríos de la Cuenca del Duero están en aviso este lunes por aumento de su caudal, uno de ellos en rojo, el del Cea a su paso por Villaverde de Arcayos, en León, y varios más en naranja, como el Bernesga, el Castillería, el Rivera y el Támega, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero.

En Castilla-La Mancha, los ayuntamientos de Toledo, Albacete, Guadalajara y Talavera de la Reina (Toledo) han cerrado este lunes los parques debido a las fuertes rachas de viento causadas por Herminia, mientras el gobierno autonómico activaba su Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Las fuertes rachas de viento, que han llegado hasta los 109 kilómetros por hora en Albacete, han dejado 51 incidencias en la provincia, la mayoría de ellas en la capital, donde el viento del suroeste ha llegado a soplar hasta los 95 kilómetros por hora. Caídas de cornisas o macetas, cristales rotos, chapas de edificios levantándose, o árboles arrancados han sido algunas de las incidencias que se han registrado en Albacete capital. El Ayuntamiento ha activado el Platemun (Plan Territorial del Emergencia Municipal) en fase de alerta, por las fuertes rachas de viento y como medida preventiva se han suspendido clases y actividades al aire libre y se han cortado algunas calles para garantizar la seguridad.

Además de en Albacete, se han producido varias incidencias en el resto de la región, la mayoría por caídas de árboles o ramas y destacando la crecida del arroyo Sangüesa en Cebolla (Toledo), que se ha controlado gracias a las obras de canalización.

La previsión de Aemet ya alertaba en las últimas horas de la posibilidad de "abundantes nevadas" en zonas de montaña y también en áreas más bajas, a partir de los 500 metros.

Para este martes, la predicción anuncia más temporal marítimo con olas de 5 a 8 metros en Galicia y en las regiones del Cantábrico y con rachas intensas de viento que podrán superar los 70-80 kilómetros por hora, además de la elevación del aviso rojo en Cantabria y País Vasco por fenómenos costeros adversos.

El senador del PP José Manuel Baltar Blanco ha rechazado haber cometido un delito contra la seguridad vial por circular en un coche oficial a 215 kilómetros por hora ya que la Guardia Civil le notificó que su exceso de velocidad "suponía una infracción administrativa". "Nunca superé los 200 kilómetro por hora", ha dicho, según recoge EFE. El también expresidente de la Diputación de Ourense se ha referido así en el juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo por el que la Fiscalía pide una multa de 1.800 euros y un año de privación del carné de conducir por un delito contra la seguridad vial.

La Fiscalía acusa a Baltar de haber conducido a 215 kilómetros por hora al alcanzar el punto kilométrico 66,900, dentro del término municipal zamorano de Asturianos, en un tramo limitado a 120 kilómetros por hora en la A-52 sentido Benavente (Zamora) el 23 de abril de 2023. "Nunca superé los 200 kilómetro por hora porque el velocímetro me lo diría, el propio agente me dijo que, con el margen de error del radar, aquella velocidad suponía una infracción administrativa y que si fuese 216 estaríamos hablando presuntamente de un delito", ha explicado.

Sobre lo ocurrido, ha dicho que fue interceptado por los agentes tras el aviso de un radar y que, tras hacer las comprobaciones oportunas, le comunicaron que había cometido una infracción administrativa y que, como indica el oficio, el pago suponía la finalización del proceso administrativo.

En la vista, un agente que intervino en el control ha explicado que "la velocidad de captación fue de 215 kilómetros/hora" y que aplicado un margen de error del 5 %, como corresponde a este radar estático, la velocidad aproximada sería de "204 kilómetros/hora". "No hay ninguna duda de que estamos ante un supuesto penal" porque se superan los 200 kilómetros por hora, el mínimo para ser considerado delito. "Nos sorprendió el paso del vehículo", ha agregado.

Ahora bien, "ante la duda que tenía como operador" en ese momento, in situ, "se optó por la infracción administrativa hasta tener constancia del porcentaje de error que consta en el cinemómetro", como ha corroborado otro agente. Se le notificó una infracción administrativa y no una penal porque no tenían el certificado para aplicar el margen de error correspondiente al radar.

El que fuera capitán de la Guardia Civil en el momento de los hechos ha dicho que "debería haberse aplicado otro margen de error" -el atestado recogió que podía ser del 5 o del 7 por ciento, en cuyo caso no sería delito- y que por eso más tarde puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial "por si tuviera relevancia penal". "Simplemente se cometió un error", ha añadido, dejando claro que se tramitó el caso "como el de cualquier ciudadano" y asegurando que desconocía el cargo público de Baltar.

El fiscal ha pedido una condena porque "queda acreditado que el acusado circulaba a 215 kilómetros por hora, por lo que cumple los elementos constitutivos del delito", ya que "los agentes han aclarado todos los puntos cuestionables", como que el margen de error aplicado es del 5 % y no del 7 % porque el radar es de tipo estático, si bien ha reconocido que "sorprende que un atestado por un hecho tan simple contenga tantos errores".

Eso si, ha criticado a la defensa por insinuar que la denuncia penal se propuso de "una manera torticera" para tratar de desfavorecer a Baltar en un proceso electoral. Y ha dicho que no se han vulnerado los derechos de Baltar porque la sanción penal puede ir en paralelo a la sanción administrativa.

Su abogado Ramón Montero ha pedido la absolución al denunciar que el atestado que dio pie a la causa penal fue "modificado" entre 7 u 8 veces para "alterar" la velocidad, lo que supone una infracción del procedimiento, cuando la velocidad que alcanzó fue, según él, de 199 kilómetros por hora "con la corrección correspondiente" del radar.

Además, ha dicho que no se le informó en el momento de los hechos de que lo ocurrido podría dar lugar a un proceso penal. "Nada de eso pudo ser" porque, "a su espalda se estaba incoando un atestado", entre otros motivos, por su condición de dirigente del PP.

Ha destacado los "errores" y "contradicciones" por parte de la Guardia Civil, lo que "no puede dar lugar a una sentencia condenatoria", más aun recordando la doctrina de que un mismo hecho no puede ser juzgado dos veces, porque entiende que la causa está resuelta al haber pagado la multa por vía administrativa.