La séptima mayoría absoluta consecutiva de las formaciones de izquierdas en el Ayuntamiento de Lugo, compuesta por los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023, acaba de quedar definitivamente alterada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La exsocialista, edil desde finales de 2025 tras correr la lista del PSdeG por la muerte del concejal Pablo Permuy, sumó este 7 de mayo su voto a los del grupo del PP para desbancar al gobierno municipal de PSdeG y BNG presidido por Miguel Fernández y entregar la alcaldía a Elena Candia.

El pleno estuvo precedido de una nueva manifestación de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, que aclamó con aplausos al hasta ahora alcalde socialista, Miguel Fernández, y también a quien ahora deja de ser teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que agradecieron juntos el apoyo desde el balcón de la casa consistorial. Mientras la movilización se desarrollaba, cargos institucionales y orgánicos del PP —desde alcaldes al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o la secretaria general del partido, Paula Prado— se habían acumulado en el acceso a la casa consistorial para ocupar los asientos del pleno reservados al público, cuyo acceso procuró facilitar la presidenta de la mesa de edad, la concejala del PP Flora Rubinos.

Un perceptible clima de movilización y tensión marcó el pleno en el que la exregidora de Mondoñedo obtuvo el bastón de mando —entrega de la que PSdeG y BNG se ausentaron— al que le habían impedido acceder los resultados electorales, que otorgaron al PP 12 votos en el pleno municipal, uno por debajo de la absoluta y uno menos de los 13 logrados por la suma de PSdeG (8) y BNG (5). Con el concurso imprescindible de la tránsfuga para todas las decisiones que impliquen votaciones en pleno, Candia dispondrá de doce meses en una alcaldía que los populares no ostentan gracias al sufragio vecinal desde el mandato iniciado en 1995 y rematado en 1999. La elección implica, por incompatibilidad sobrevenida, su marcha del Parlamento.

De este modo, hasta al menos la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, María Reigosa —que renunció a su turno de intervención en el pleno— se convierte junto a Candia en coprotagonista de un gobierno del PP del que la ley y recientes sentencias le impiden ser miembro, pero que nunca existiría si no hubiese roto con la candidatura que le dio acceso al acta de concejala. Lo hizo apenas dos meses después de llegar a la corporación: primero renunciando a las competencias de Zona Rural que le asignara el alcalde —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle una dedicación exclusiva, alegó—, después dándose de baja en el PSdeG y a continuación abandonando el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Gracias a ella, Candia es la cuarta alcaldesa de un mandato marcado en el Ayuntamiento lucense por fatalidades ajenas a la política. No en vano, después de que el primer relevo en la alcaldía se produjese a comienzos de 2024, cuando Lara Méndez renunció para concurrir a las elecciones gallegas como número dos de José Ramón Gómez Besteiro en la lista provincial del PSdeG, el segundo llegó apenas un año después, por el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos.

Tras esos dos primeros corrimientos de lista, y ya con Miguel Fernández en la alcaldía, la muerte del también socialista Pablo Permuy en septiembre de 2025 dio lugar al tercero, el que abrió las puertas del Ayuntamiento a Reigosa. El luto aún regresó al gobierno local en otra ocasión, hace apenas un mes, con el fallecimiento de la concejala Olga López Racamonde, titular de Cohesión Social en el gobierno ahora desbancado.

En sus últimos minutos como alcalde, Fernández empleó el turno de intervención que la ley le concede para condenar lo que considera una “traición a la ciudadanía”, un “atentado a la voluntad popular” que, augura, será “el principio del fin político de quien la promueve y de quien lo apoya”. Lugo, considera el ya exregidor, “sabrá recordar” y “juzgar” en las urnas una operación “moralmente inaceptable” para la que el PP “vio en la tragedia” de las muertes de miembros del PSdeG “una oportunidad para alcanzar el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas” y hacerlo mediante el transfuguismo, “una práctica que distorsiona” el veredicto de las urnas.

“Lugo no merece esto”, razona Fernández, y “Lugo no olvida”, sostiene Arroxo, quien advierte de que “aquí una persona sin palabra siempre fue un don nadie” y “no hay nada peor en una persona que traicionar su palabra o mercadear con quien lo hace”. “Aquí eso siempre tuvo un nombre: trapalleiros”, afirma el nacionalista, para quien cabe calificar la alianza de Candia y Reigosa como “pacto de las trapalleiras”, responsables de un “clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad” y de “tirar por tierra el trabajo” del gobierno local “a cambio de ambición personal”.

Candia, por su parte, defendió la moción de censura aludiendo a lo que considera diversos incumplimientos y muestras de parálisis de la ciudad para concluir que Lugo “merece un gobierno distinto”. Entre menciones al funcionariado del Ayuntamiento, al que señala como una de las prioridades, la también líder provincial del PP se reivindicó como “constitucionalista convencida” para resaltar la legalidad de la moción de censura con la edil tránsfuga y aseguró que se dispone a que Lugo, bajo su mandato, “recupere el orgullo de la ciudad”.

Ya como alcaldesa esbozó, asimismo, las que señala como prioridades del gobierno del PP. Entre ellas, avanza, “modificar el Plan de Movilidad” recientemente aprobado, “eliminar tramos de carril bici infrautilizados” u otorgar más espacio para aparcar coches privados en la ciudad. También, asegura, dotará de más fondos a entidades sociales de la ciudad, va a conseguir “desbloquear” proyectos mediante el “entendimiento con otras administraciones”, en referencia a la Xunta, y va a celebrar “un San Froilán para todos”.

Todo esto, sostiene, lo hará desde “un enorme ejercicio de no rencor” porque ella, asegura, no es “rencorosa”. Y por eso va a “tender la mano” como, dice, ya hizo “desde la oposición”, etapa en la que afirma que los populares fueron “leales en todos y cada uno de los momentos difíciles”, reivindicó entre alusiones a la reciente inauguración de una escultura en honor de la fallecida alcaldesa Paula Alvarellos, impulsada por el gobierno ahora desbancado.

Más allá de las críticas de la plataforma ciudadana contraria al transfuguismo y de la obvia oposición de socialistas y nacionalistas, la operación culminada por el grupo de Candia de la mano de Reigosa contradice también claramente las normas internas del propio PP. No en vano, los estatutos del partido aprobados en 2025 por el congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder estatal, dejan claro que “cometen infracción muy grave quienes, perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido, utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

El mismo artículo de los estatutos vigentes del PP detalla las sanciones para la militancia que cometa estas infracciones. Consisten en la “suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años” o “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual período de tiempo”, posibilidades ambas “no excluyentes entre sí”. También contempla la posibilidad de la “expulsión del partido”.

Esta es, aun así, la segunda ocasión en que Candia accede a un cargo de gobierno gracias al voto de un miembro de otro grupo que rompe con su propio partido. La primera fue en 2015, cuando el entonces alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, tradujo sus enfrentamientos internos en propiciar la elección de la entonces alcaldesa de Mondoñedo como presidenta de la Diputación —votándose en la investidura a sí mismo y después, en blanco—. El puesto le duró entonces apenas medio año, lo que tardó Martínez en llegar a un acuerdo para devolver el gobierno de la institución a la izquierda.

A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.

Se aceleran las operaciones en marcha en Lugo para que el PP local sume el voto tránsfuga de la exsocialista María Reigosa y desbanquen así al Gobierno local de PSdeG y BNG mediante una posible moción de censura. Más allá de una actividad casi frenética de rumores y contactos más o menos discretos, la aceleración de los últimos días llegó a golpe de entrevistas en los periódicos más leídos de la ciudad.

La última, la publicada este lunes por La Voz de Galicia, en la que la edil que llegó a serlo por la muerte de un compañero de candidatura admite las negociaciones y brinda su voto para hacer alcaldesa a la líder del PP local, Elena Candia. No obstante, escasas horas después, en declaraciones a El Progreso, matiza su postura para volver a admitir que “está hablando” con los de Candia, “pero no sé si me voy a atrever”. Previamente, en el mismo diario lucense, el número dos del PP en la provincia y jefe territorial de la Consellería de Presidencia, Javier Vázquez Nodal, alentaba la conversión de la no adscrita en tránsfuga para una moción de censura “más que justificada”.

Han pasado ya 31 años desde la última ocasión en que el PP obtuvo en las urnas mayoría para gobernar Lugo. Fue en las municipales de 1995 con Joaquín García Díez, que no repitió como candidato en 1999 por los enfrentamientos internos de un PP controlado entonces en la provincia por Francisco Cacharro Pardo. Veintisiete años después del primer gobierno de coalición PSdeG-BNG, entonces con Xosé López Orozco al frente, Reigosa valora entregarles el bastón de mando alegando razones más personales que políticas. Y lo hace en un contexto marcado por la fatalidad en el PSdeG local.

La ahora edil no adscrita fue la número 11 del PSdeG en las elecciones municipales de 2023, cuando la candidatura socialista obtuvo 8 ediles que, sumados a los 5 del BNG, compusieron un nuevo gobierno de la izquierda con mayoría absoluta (13 ediles de candidaturas que sumaron 23.451 votos) frente a los 12 ediles del ascendente PP (21.459 votos). A principios de 2024 Lara Méndez renunció a la alcaldía para concurrir a las elecciones gallegas y dio lugar al primer corrimiento de la lista. En 2025 el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos y la posterior muerte del también concejal socialista Pablo Permuy propiciaron la entrada de Reigosa en una corporación a la que volvió el luto hace pocos días por el fallecimiento de otra concejala del PSdeG, Olga López Racamonde.

Quien ahora admite que valora la posibilidad del transfuguismo estuvo en el gobierno que dirige Miguel Fernández apenas dos meses tras los que renunció a las competencias de Zona Rural que le asignaran —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle dedicación exclusiva, alega—. Poco después se dio de baja en el PSdeG —lo hizo, asegura este lunes a La Voz, por la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé— y, a continuación, abandonó el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Tras este último paso sostuvo durante semanas que su intención pasaba por defender los intereses de la vecindad con más libertad, pero sin apoyar una moción de censura que ahora adjetiva como “necesaria” porque la ciudad precisa “un cambio de ciclo”. Y, señala, existen diversos enfrentamientos entre los socialistas lucenses.

En el PSdeG, que este domingo hizo trascender una encuesta según la cual en un nuevo paso por las urnas el electorado reeditaría la mayoría de izquierdas, consideran que lo más probable es que la censura acabe saliendo adelante. “Mientras Lugo precisa soluciones, ellos solo buscan sillones”, criticaron este domingo en un mensaje a través de las redes sociales.

Fernando Ónega, referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez "Puedo prometer y prometo", ha fallecido este martes a los 78 años, según han confirmado a EFE fuentes familiares.

Ónega, nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, trabajó en numerosos medios de comunicación con distintas responsabilidades, y actualmente era presidente del diario digital de las personas mayores 65ymas.com, que ha informado del fallecimiento.

Entre mayo de 1977 y junio de 1978, trabajó para el presidente Adolfo Suárez, como director de prensa de la Presidencia del Gobierno, puesto desde el que continuó redactando algunos de los discursos del jefe del Ejecutivo. Fue en esa etapa cuando escribió la frase "puedo prometer y prometo", que Suárez utilizó para pedir el voto en las elecciones de junio de 1977.

"Una de las voces más escuchada y respetada por su rigor y su neutralidad y líder de la revolución sénior", recuerda en un comunicado 65ymas.com, que traslada su pésame "a su esposa Ángela, sus hijos Fernando, Cristina y Sonsoles Ónega", también periodistas.

"Asociado de honor de la Asociación de la Prensa de Madrid, con el número 207, la Junta Directiva de la APM lamenta profundamente su pérdida y transmite su más sentido pésame", ha escrito en su cuenta de la red social X la APM.

Entre sus últimos actos públicos, moderó junto a Iñaki Gabilondo un debate el pasado mes de noviembre en el Congreso sobre el 50 aniversario de la reinstauración de la monarquía, en presencia de los reyes. En junio, entrevistó al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Palacio de Fuensalida para la revista que ha presidido hasta su fallecimiento.

García-Page ha destacado en su cuenta de X "su aportación decisiva durante la Transición", nada más conocerse el fallecimiento del periodista, cuya capilla ardiente se instalará en la Casa de Galicia en Madrid, entre las 10 a 21 horas de este miércoles, según las mismas fuentes.

Fernando Ónega se graduó por la Escuela Oficial de Periodismo (1970) y posteriormente inició la carrera de Ciencias Políticas, que no concluyó. Trabajó como columnista de política nacional en los diarios madrileños Pueblo y Arriba, al que regresó tras dejar su puesto en La Moncloa.

Dirigió espacios en TVE, como Siete días (1978-1979) o Revista de prensa, y colaboró como comentarista político en el programa Hora 25 de la Cadena SER, dirigido entonces por Iñaki Gabilondo, y al que sucedió en febrero de 1981, días antes del intento de golpe de Estado, como director de los Servicios Informativos de la cadena radiofónica.

En la SER estuvo hasta 1985, año en que comenzó a trabajar en la cadena COPE como comentarista político y desde 1987, como director de los servicios informativos. Fue director del diario Ya entre noviembre de 1985 y octubre de 1986.

El 12 de julio de 1991 fue nombrado consejero delegado de Divercisa, empresa titular de las participaciones de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en diversos medios de comunicación, como Tele 5, Onda Cero y Servimedia. Asimismo, entre el 26 de marzo de 1992 y el 3 de junio de 1993 fue director general de Onda Cero Radio.

Además, en julio de 1993 se incorporó como comentarista al informativo de medianoche de Tele 5 Entre hoy y mañana, dirigido por Luis Mariñas, y en 1995 sustituyó a Carmen Tomás como editor del informativo del mediodía de esa misma cadena.

En febrero de 1997 se incorporó al informativo de las nueve de la noche de Antena 3 Televisión, y un año más tarde, tras la incorporación de Ernesto Sáenz de Buruaga como director de los Servicios Informativos de la cadena y presentador de esa edición de las noticias, Ónega pasó a conducir la tercera edición. Ese febrero posterior se incorporó en Onda Cero al programa Protagonistas de Luis del Olmo.

En septiembre de 1999 fue nombrado director editorial de Telefónica Media (TM), puesto que ocupó hasta que el 20 de julio de 2000 fue nombrado director general de Onda Cero, que abandonó el 23 de enero de 2002 tras llegar a un acuerdo con la emisora.

Continuó colaborando en Onda Cero, como comentarista, y desde septiembre de 2004 en el programa de Carlos Herrera y desde abril de 2015, en el matinal que le sucedió, Más de uno, con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Además, desde septiembre de 2015 hizo el comentario epílogo de La brújula. En Telecinco, participó desde enero de 2005 en la mesa de actualidad del programa de Ana Rosa Quintana.

También fue autor de los libros Puedo prometer y prometo. Mis años con Adolfo Suárez (2013), en el que rememoró sus años junto al expresidente; Juan Carlos I. El hombre que pudo reinar (2014), en el que incluye la primera entrevista con el monarca tras su abdicación; Qué nos ha pasado, España. De la ilusión al desencanto (2017), en el que analiza el cambio social y político desde 1977.

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra el alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras recibir una denuncia particular por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025, según ha informado el propio ministerio público.

La Fiscalía de Lugo considera en un comunicado que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos “bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública”.

De hecho, considera la Fiscalía que los hechos “están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE el pasado mes de diciembre y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política.

En cambio, se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos, no adscrito, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y también conservó su acta como diputado provincial -también como no adscrito-.

El paso de la borrasca Joseph por Galicia ha dejado más de 800 incidencias relacionadas con la lluvia y el viento, principalmente con inundaciones y desprendimientos de ramas y piedras sobre las carreteras, que han provocado un reguero de accidentes, según informa EFE. 

Ya cuando caía la tarde del lunes, sobre las seis, comenzaron las incidencias, pero las registradas no superaban las 400. Sin embargo, en las últimas horas del día y el martes por la mañana hasta las ocho se han duplicado los avisos a los servicios de emergencias. 

Uno de los accidentes más aparatoso se registró a primera hora de este martes en la AP-9, a la altura de Oroso (A Coruña). Se trata de una colisión múltiple -entre 12 y 14 vehículos, según la Guardia Civil- que ha provocado el corte total de la principal vía de comunicación terrestre de la comunidad en dirección Santiago de Compostela. 

Entre los heridos figuran los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, quienes viajaban en uno de los vehículos de camino al pleno del Parlamento en el Pazo do Hórreo en Santiago y han sido trasladados a un centro hospitalario.

Las lluvias han sido intensas en el interior de la provincia de Pontevedra, donde estaba activada la alerta roja, y donde se han superado los 150 litros por metro cuadrado acumulados en municipios como Forcarei. 

 El Ayuntamiento de Lugo ha informado que las copiosas precipitaciones de las últimas horas han provocado una subida de caudal del río Miño a su paso por la ciudad, con unos niveles que "ya superan el umbral de prealerta". 

El viento también ha soplado con intensidad durante toda la madrugada en toda la comunidad, con una ráfaga que ha superado los 146 kilómetros por hora en Carballeda de Valdeorras (Ourense) y numerosos puntos tanto en la costa como en altura con ráfagas superiores a los 100 km/h. 

Además de las incidencias en las carreteras, durante este martes se realizarán trabajos de reconocimiento de la infraestructura ferroviaria tras los cortes de ayer lunes. De este modo se mantienen planes alternativos de transporte por carretera entre Ourense y Vigo así como entre Ourense y Santiago en trenes de media distancia. 

Los servicios del eje atlántico de ancho convencional se prestarán con origen/destino alternativo Vigo Urzaiz-A Coruña. 

Durante esta jornada seguirá lloviendo, aunque con menos intensidad, y está activada la alerta naranja en todo el litoral por olas que pueden alcanzar los siete metros, según la previsión de MeteoGalicia.

El temporal de lluvia y viento que azota la península ha provocado el derrumbe de dos edificios -uno semiabandonado y el otro deshabitado- en Ponferrada (León) y en Segovia, sin que se haya registrado ningún herido.

En el caso de Ponferrada, el edificio, en estado ruinoso, y que se usaba como garaje en superficie en la avenida de Compostilla en Ponferrada (León), se ha derrumbado esta madrugada. El derrumbe de parte del tejado y de una pared se ha producido sobre las seis de la mañana y ha causado daños a cuatro coches que se encontraban en su interior y a dos que estaban aparcados fuera.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha anunciado que está analizando los expedientes de edificios que se encuentra en situación de abandono y adoptarán medidas preventivas para evitar que situaciones así vuelvan a suceder.

Por otra parte, un inmueble deshabitado en la calle Sacramento, en el barrio de Zamarramala de Segovia, se ha derrumbado este martes sobre las 7 de la mañana. Según una primera valoración efectuada por el Ayuntamiento de Segovia, el hundimiento podría estar directamente relacionado con el viento y la intensa lluvia caída durante la noche. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local de Segovia se han desplazado hasta el lugar para asegurar la zona, a la espera de que se finalicen las labores de retirada de escombros y limpieza del espacio.

El derrumbe ha provocado afecciones en la vía pública ya que los escombros han invadido la calzada, impidiendo el paso de vehículos por la zona y obligando a acordonar el entorno por motivos de seguridad, un hecho que ha tenido también repercusiones en el transporte urbano.

El líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este jueves al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, acusado de acoso sexual, que entregue sus actas como miembro de la corporación provincial y como alcalde de Monforte de Lemos porque es su "obligación ética".

Tomé, acusado de acoso en los canales internos del PSOE, pidió este miércoles la baja de militancia en el partido y anunció su dimisión como presidente de la Diputación, pero explicó que mantendría su acta como diputado provincial y la Alcaldía de Monforte.

"El PSdeG no entiende la ejemplaridad como un gesto retórico, sino como una obligación ética", dice el secretario general de los socialistas gallegos en una carta con fecha de este jueves enviada a la militancia y facilitada a la prensa por la organización política.

"Desde ayer, José Tomé ya no forma parte del Partido Socialista. Solicitó su suspensión de militancia y anunció su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo -la cual formalizará este viernes- y el abandono de todos los grupos socialistas. Era lo que debía hacer. Era lo que tenía que hacer. Y es también lo que le exigimos en este partido, junto a la entrega de las actas", explica Besteiro.

Sobre el presunto acoso, cuenta que no tiene acceso a las denuncias presentadas en el canal interno "porque el protocolo garantiza el anonimato absoluto" pero que lo que ha trascendido le produce una "profunda tristeza", una "indignación honda" y también una "repugnancia inevitable".

Explica que se han activado todos los mecanismos para poder investigar "con rigor" y llegar hasta el final, para, a renglón seguido, solidarizarse con las víctimas porque en el PSOE "defender a las mujeres frente a cualquier forma de violencia no es una consigna, es una convicción que nos define". "Caiga quien caiga. Sin excepciones, Sin fisuras. Tolerancia cero", añade Besteiro.

Además, solicita en su escrito confianza en el Órgano contra el Acoso, que actuará "con independencia y garantías totales" y afirma que en los momentos difíciles es cuando un partido se retrata.

"No son días fáciles. Pero también son días en los que podemos sentir orgullo de una cosa: este partido no calla, no se esconde y no se amedrenta. Defendemos la igualdad porque es la razón misma de nuestra existencia. Porque es lo que somos", manifiesta.

Y confirma que por responsabilidad y para garantizar la estabilidad orgánica el PSdeG, propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento inmediato de una comisión gestora en la provincia de Lugo.

José Tomé se mantiene por ahora en su intención de retener sus actas y pasarse al grupo de no adscritos.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), ha anunciado este miércoles, tras conocerse la existencia de denuncias de acoso sexual contra él, su dimisión de ese cargo, pero mantendrá su acta de diputado provincial y la Alcaldía de Monforte de Lemos.

En una rueda de prensa, Tomé ha afirmado que deja su cargo de forma voluntaria, por "responsabilidad" y para facilitar su defensa ante las acusaciones de comentarios inapropiados, de ofrecer ascensos a cambio de relaciones sexuales y de acercamientos no deseados.

En una comparecencia en la sede del partido en este municipio gallego, ha dicho que ha pedido la suspensión cautelar de la militancia a su partido y ha explicado que dejará la presidencia de la Diputación, que gobiernan en coalición PSOE y BNG, aunque seguirá siendo diputado no adscrito. Mientras siga siendo miembro de la Diputación Provincial, mantendrá la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, único competente para juzgarle si las denuncias se presentan ante los tribunales.

Respecto a su cargo como alcalde de Monforte de Lemos ha explicado que lo seguirá siendo desde el grupo de no adscritos al que se pasará con todos los concejales socialistas que, asegura, van a dar el mismo paso que él "voluntariamente". 

Tras esa comparecencia, el PSdeG ha exigido al hasta ahora barón provincial que deje sus actas, además de anunciar que se propondrá a la Ejecutiva Federal el nombramiento de una comisión gestora para el control de este partido en la provincia.

La dirección del PSdeG indica en un comunicado que lo que ha hecho Tomé "es lo que tenía que hacer, es lo que debía de hacer y es lo que le ha exigido este partido que hiciese, debiendo acompañarlo con la entrega de sus actas".

El PSOE ha exigido este miércoles a José Tomé que renuncie a sus cargos como alcalde de Monforte de Lemos y su acta de diputado por Lugo. Fuentes socialistas han informado en un comunicado de que tras conocer la decisión de Tomé de no dimitir de esos dos cargos, la secretaría de Organización junto con el partido en Galicia han decidido iniciar el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia. Además, la Secretaría de Organización del PSOE ha avanzado que admitirá la petición del PSdeG de nombrar de inmediato una comisión gestora en la provincia de Lugo.

Los socialistas han explicado que el órgano contra el acoso del partido recibió el pasado lunes la denuncia anónima contra Tomé y los "diversos testimonios de este caso". Han añadido que el mismo lunes se inició "el trámite de análisis y contraste" y que ahora el expediente abierto seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones. En ese sentido, precisan que la suspensión de militancia, aunque sea cautelar, no supone el fin del procedimiento.

En el comunicado difundido, el PSOE asegura que no minimiza la gravedad del acoso, que "no protegerá jamás a quienes lo practiquen" y que al mismo tiempo respetan la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.

El denunciado ha subrayado que se sabrá la verdad respecto a las acusaciones de acoso que se han recibido en los canales internos del partido y que ha negado en todo momento, y ha subrayado que no va a ser un estorbo ni para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ni para el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ni mucho menos para la propia organización.

Ha remarcado que su suspensión cautelar de militancia es hasta que se resuelva el expediente en el que se personará, y también que no da por terminada su carrera, a la vez que ha repetido que adoptará las acciones legales que estén en su mano. Tomé argumenta que su continuación como regidor es porque sus vecinos no deben pagar las consecuencias de una "mentira" o "invento" en referencia a las denuncias contra él.

Tomé ha señalado que jamás ha acosado a alguien, y se ha referido a una posible "broma" en un mensaje, pero no de violencia sexual y ha puesto en duda la motivación que hay detrás de las denuncias. Tomé, que ha militado en el PSOE durante cuatro décadas, ha escalado peldaños hasta sumar poder institucional y orgánico.

Nacido en Guitiriz (Lugo) en 1958, llegó a Monforte como profesor de la Escuela de Capacitación Agrariam, fue líder sindical en la comarca de Lemos y tuvo responsabilidades también en UGT Galicia.

Entre los años 2005 y 2011 fue diputado autonómico y atesoró experiencia legislativa. Después renunció y se centró en el ámbito local, como teniente alcalde de Monforte, en un gobierno bipartito dirigido por el BNG. En 2015 fue elegido alcalde de esa localidad y lo siguió siendo, con mayoría absoluta tras las elecciones de 2019 y 2023.

Entretanto, en 2019 llegó a presidente de la Diputación aupado por la primera de esas mayorías y ya en el 2022 se puso al frente del partido en la provincia tras integrar en primarias a la candidatura rival. Un acuerdo que no fue posible repetir este año cuando el diputado provincial y miembro de su gobierno, Iván Castro, le disputó la secretaria provincial en un proceso muy reñido, que se acabó llevando Tomé por el 58 por ciento de los votos.

Desde que un programa televisivo desvelase anoche denuncias de mujeres que lo acusan de diversos comportamientos inapropiados la presión ha ido creciendo sobre José Tomé y desde primera hora del miércoles se han sucedido las negociaciones. Por la mañana del mismo día mantuvo una comparecencia que tenía como regidor para presentar un bus rural, defendió su inocencia y no dimitió.

La portavoz municipal en el Ayuntamiento de Lugo y miembro de la ejecutiva provincial socialista, Ana González Abelleira, manifestó con total contundencia el apoyo a las víctimas, mientras la cúpula del PSdeG enviaba un mensaje por el chat de medios de comunicación en el que posponía un "pronunciamiento contundente". El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, anuló su agenda de esta jornada.

En el Parlamento de Galicia, la secretaria de Organización socialista, Lara Méndez, condenó toda "violencia o acoso sexual", pero evitó un pronunciamiento más claro. El BNG, que gobierna con el PSOE la Diputación lucense, dio la estocada cuando su portavoz nacional, Ana Pontón, dejó claro que Tomé debía dimitir o ser apartado de sus cargos por el partido.

A renglón seguido el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Efrén Castro, avisó de que si José Tomé no abandonaba la presidencia de la institución, su grupo dejaría caer este bipartito.

El PSOE ha confirmado este miércoles una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y ha asegurado que ya se está investigando porque la formación es la primera interesada en que se conozca la verdad, según informa EFE. 

Fuentes socialistas han subrayado que el proceso interno se hará con celeridad y han insistido en que el partido está comprometido para acabar con este tipo de comportamientos machistas que les "avergüenzan", aunque ya había recibido protestas por la falta de celeridad a la hora de resolver denuncias, como las que relataban episodios de acoso sexual por parte de Paco Salazar, algo que la propia Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, admitió.

Respecto a la denuncia contra Tomé, explican que se presentó en el canal interno del partido horas antes de que se conocieran estos hechos en un programa de Cuatro en el día de ayer por lo que piden para llevar a cabo el proceso interno de investigación con las mínimas garantías jurídicas.

Las citadas fuentes han insistido tal y como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control del Gobierno en el Congreso que las actitudes machistas son un problema estructural contra el que hay que actuar y recalcan que el PSOE es el único partido que tiene un canal para denunciar este tipo de actitudes. 

En el PSOE aseguran que no temen que haya más casos de acoso, pero que en caso de que los hubiera pide que se denuncien porque para eso el partido tienen los canales apropiados.

Además, apuntan a que el PP niega una evidencia y tiene un problema si cree que ninguna mujer en su formación está en esta situación.

Las laderas de Pena Trevinca, la cumbre más alta de Galicia que corona un espacio protegido de casi 25.000 hectáreas con lagos glaciares y árboles centenarios, han quedado teñidas de negro por las llamas y amenazan el Teixadal de Casaio, el bosque más antiguo de la comunidad. El fuego ha arrasado este enclave natural del macizo Galaico-Leonés procedente de Porto de Sanabria, en Zamora, y cruzó la frontera con Ourense, donde los vecinos llevan tres días luchando para evitar una catástrofe ambiental mayor.

"Vemos todas las laderas calcinadas y pequeñas islas verdes entre un mar negro", cuenta a EFE el guía de montaña Pedro Domínguez, que tiene un albergue en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense), y ha hecho de la montaña más alta de Galicia, con 2.127 metros de altitud, su medio de vida.

Ahora la ve cubierta de cenizas. Allí ha ardido la Lagoa da Serpe, una laguna natural de origen glacial, y los vecinos intentan evitar que se lleve por delante su mayor tesoro ambiental, el Teixadal.

Con más de 300 tejos centenarios e incluso alguno milenario, así como fresnos, acebos y avellanos, el bosque más antiguo de Galicia y uno de los más importantes de Europa intenta resistir los embates del fuego y, por el momento, aguanta. "Entró por las dos laderas. Al ser un bosque maduro y húmedo, ha resistido el fuego prácticamente él solo, sin medios de protección prácticamente. Tuvo algún foco, pero la mayoría se ha salvado", explica el guarda de montaña, que aun así dice que no bajan la guardia.

Si el fuego llega al bosque, las pérdidas a nivel ambiental serán notables. "Es un bosque con unos valores impresionantes. Y, como entre ahí, no va a quedar nada", alerta a EFE el representante de SEO Birdlife en Galicia, Gustavo Ferreiro.

En Trevinca está la mayor zona de parejas de águila real de Galicia, y estos días han visto mucha fauna escapando del fuego, como ciervos, lechuzas o incluso un lobo.

También tiene especies de flora de un gran valor botánico, como una variedad de gencianas diferente a la que florece en el resto de Europa o América porque, en vez de ser amarilla, es anaranjada o rojiza.

En Pena Trevinca los vecinos estuvieron solos ante el incendio dos días, hasta que el martes empezaron a llegar medios, incluido un helicóptero que este miércoles sigue trabajando en la zona. "Ayer ya empezó a venir algún helicóptero, pero es una impotencia porque ves que se quema el Teixadal, que es una riqueza que tenemos aquí en la zona, y una impotencia que ves que no puedes hacer nada", lamenta a EFE una vecina de la parroquia de Santa María de Casaio.

Su hijo forma parte del grupo de vecinos que se acercaron al bosque para intentar defenderlo. Primero, por sus propios medios y, después, con una máquina cedida por un empresario para hacer cortafuegos, hasta que llegaron los equipos de extinción.

En la zona también expresan su frustración por el hecho de que, pese a que el incendio cruzó a Galicia el fin de semana, no apareció en los balances oficiales de la Xunta hasta el martes. "No aparecía en ningún registro, como si no hubiera fuego", denuncia Domínguez.

La Xunta ha informado de que la superficie quemada en la parte gallega ha pasado las 20 hectáreas, pero los vecinos describen un panorama mucho más desolador y alertan de que tardará años en recuperarse.

La tradición popular cuenta que en la noche de San Juan, una muchacha de melena azabache se sienta en las rocas a la orilla de la Lagoa da Serpe esperando a que algún joven rompa el maleficio que la obliga a permanecer en forma de serpiente por el resto del año. El próximo San Juan, lo que verá serán cenizas.

La antigua área de salud de A Mariña, incluida desde la reforma de 2018 en la de Lugo —que desde entonces se amplió a toda la provincia—, es uno de los epicentros de las protestas por el funcionamiento de la sanidad pública. Sindicatos y vecinos consideran que hay una falta de servicios en su hospital comarcal, el de Burela, pero también una falta de personal en Atención Primaria que, como en otras zonas de la Galicia, los centros de salud sufren más en verano por la combinación de vacaciones de los profesionales y la llegada de turistas.

Ante este panorama, la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña así como la Xunta de Personal del hospital, fuerzas políticas y otras entidades han redoblado sus movilizaciones. La gerencia del área sanitaria acaba de responder con la instauración de un sistema de censura previa para evitar la colocación de cartelería en los centros de salud.

Después de que, durante el mes de junio, en algunos de estos centros el propio personal colocara comunicados informando de la falta de personal durante el verano y mientras proliferan protestas como las organizadas bajo el lema Resurrección da nosa sanidade —aprovechando el eco que tiene en la comarca el viveirense Resurrection Fest—, el gerente del área, Ramón Ares, envió una circular para advertir de que "toda información que se pretenda difundir deberá requerir" su "autorización en cuanto a forma y fondo".

Este documento, remitido a los centros el 30 de junio y al que tuvo acceso Praza.gal, advierte que "carteles y anuncios" deben "seguir las normas y protocolos del Sergas" y, por lo tanto, "en caso de que los profesionales consideren conveniente difundir información a los usuarios" con "carteles u otras notas y anuncios" tendrán que enviarlos previamente por correo electrónico a la Gerencia. Especifica que deberán "indicar la información que se pretende trasladar", el "lugar de colocación" y su "vigencia".

Tras esta comunicación, señala Ares, "los órganos competentes de la Gerencia resolverán sobre la procedencia, contenido y forma de la mencionada información, dando las indicaciones oportunas al respecto". La primera indicación, en cualquier caso, ya está dictada en el propio documento: "Deberán retirar todos aquellos carteles o anuncios que aparezcan en las instalaciones de dicho centro sanitario que no se ajusten" a estas normas o que no "hayan sido emitidos por el Sergas".

Fuentes sanitarias relacionan este movimiento con las protestas de las últimas semanas y, en concreto, con las advertencias explícitas sobre la falta de personal médico en verano como las difundidas mediante carteles por personal de centros de salud como los del municipio de Cervo. No se trata, en cualquier caso, de una práctica nueva por parte del Sergas, que en ya en años anteriores intentó frenar la difusión de mensajes contrarios a la política sanitaria del Gobierno del PP no solo en un área sanitaria, sino en toda Galicia.

Así sucedió, por ejemplo, a principios de 2020. En unos meses marcados por la importante movilización que logró revertir la decisión de cerrar la sala de partos y las urgencias pediátricas del hospital de Verín, la gerencia del Servizo Galego de Saúde emitió una circular en la que, entre otros aspectos, prohibió la colocación de anuncios o carteles que no estuvieran expresamente autorizados por "la dirección de cada centro", a la que facultó para retirar cualquier anuncio o cartel "por su contenido" o por estar ubicado en una ubicación que no considerara adecuada.

Estas normas tenían, a la vez, innegables similitudes con las dictadas por el Gobierno de Manuel Fraga, en su caso para el ámbito educativo, en plena crisis política por la gestión del desastre del Prestige y la participación española en la invasión de Irak. En aquel entonces, en 2003, la Xunta instó a las direcciones de los centros educativos de Galicia a retirar los carteles "propagandísticos, publicitarios o que hicieran referencia a declaraciones o manifestaciones de conocimiento, juicio o voluntad sobre cuestiones ajenas" a la educación" por ser "claramente ilegales".

Paralelamente, también se observan similitudes entre las directrices marcadas por el área sanitaria de Lugo y las dictadas por el Departamento de Educación para la organización de actividades complementarias en el curso 25-26. Según la orden ya oficial, los centros educativos e institutos deben comunicar antes del inicio del periodo lectivo todas las actividades previstas y, las que puedan ser "sobrevenidas", solo podrán celebrarse con el control previo de la Inspección. Todo ello, defiende el departamento, para velar por la "neutralidad ideológica" en las aulas.

La mujer que ingresó en estado crítico tras el atropello múltiple registrado este viernes en Burela (Lugo) ha muerto, mientras que cinco de los heridos continúan en planta y dos han recibido el alta médica, según han informado fuentes sanitarias, según informa EFE.

La fallecida presentaba heridas muy graves por las que fue necesario amputarle una pierna, y complicaciones de esta intervención han desembocado en el fatal desenlace.

El suceso tuvo lugar la tarde de este viernes cuando un vehículo, conducido por un hombre de unos 80 años entró en el recinto de las fiestas de esta localidad del norte de Lugo, en la zona de atracciones, y, por causas que todavía se investigan, se llevó por delante a ocho personas cuando trataban de tomarse una fotografía junto a los coches de choque.

Los heridos pertenecen al colectivo Eu Son, una fundación sin ánimo de lucro que se dedica a la protección de las personas con discapacidad intelectual, mientras que el conductor, que según fuentes de la investigación confesó haberse desorientado, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Todas las víctimas fueron trasladadas por Urgencias Sanitarias de Galicia al hospital de referencia, el de Burela, donde una mujer ingresó crítica y otras siete personas en estado grave con fracturas en distintas partes del cuerpo.

Después de recibir la alerta del atropello múltiple, el 061 movilizó dos helicópteros, que no pudieron llegar a destino por las condiciones meteorológicas adversas; una ambulancia de soporte vital avanzado, otras siete de soporte vital básico y personal sanitario del punto de atención continuada de la localidad lucense. 

En el operativo participaron también bomberos de Barreiros, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Burela. Además, se informó a la agrupación de voluntarios de Protección Civil y al Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

La alcaldesa burelense, Carmela Rodríguez, emitió anoche un comunicado en el que trasladaba su apoyo y fuerza ante "momentos de enorme preocupación", y agradecía el trabajo de todo el dispositivo desplegado, así como de la vecindad, que una vez más había mostrado su "humanidad y compromiso".

También anunciaba, aunque antes de conocerse el fallecimiento de una de las víctimas, que mantenía los festejos de este municipio de la Mariña de Lugo por la gente que vive "directa o indirectamente" de ellos y también por el conjunto de los vecinos. 

No obstante, remarcaba también que la prioridad seguía siendo "el apoyo a las víctimas", a sus familias y a la Fundación Eu Son.

Hubo voces diversas, desde las más beligerantes a las más moderadamente críticas, que advirtieron de que la primera luz verde ambiental de la Xunta al plan de Altri y Greenalia de construir en Palas de Rei una fábrica de fibras textiles de celulosa y lyocell a partir de este producto no era nada más y nada menos que eso. Es decir, el proyecto Greenfiber avanza por la vía del Gobierno gallego, uno de sus impulsores a través de la empresa Impulsa Galicia —fundada por la Xunta junto a Abanca y otras empresas—, pero el partido no ha terminado.

En este contexto, siguen entrando en juego múltiples elementos. A la espera de la próxima aprobación ambiental del Ejecutivo gallego —la Autorización Ambiental Integrada—, otra carta de la jugada fue el primer "no" a la obtención de los fondos europeos —los de descarbonización del plan de recuperación post-covid—, que la empresa solicitó sabiendo que incumpliría los plazos. Y otras dos son, en los últimos días, la liberación de expediente completo para la autorización de Altri por parte del colectivo Ulloa Viva y la dimisión de la directora general del Patrimonio Cultural.

La publicación de la amplísima información documental del expediente (más de 7 gigas de documentos) fue decidida por la plataforma que agrupa a organizaciones y personas opuestas a Altri "en nombre de la transparencia y del derecho a la información". Aseguran estar convencidos de que "sólo con acceso a datos reales se puede ejercer una participación efectiva y responsable".

En este proceso, Ulloa Viva tiene acreditada la condición de parte interesada en el procedimiento administrativo, lo que le permite acceder a los documentos que ahora divulga. Con esta condición, también tienen previsto litigar contra las autorizaciones de la fábrica, una “estrategia judicial” para la que han abierto una campaña de recaudación de fondos en la que dicen que necesitan un mínimo de 70.000 euros, de los que ya se han recaudado más de 62.000.

Uno de los informes de la Xunta liberados por Ulloa Viva antes de la publicación completa del expediente fue el de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta. En él, el departamento dependiente de la Conselleria de Cultura dio su visto bueno a la instalación de Altri, adoptando las recomendaciones propuestas por una consultora contratada por la compañía para evaluar el impacto de su proyecto en el Camino de Santiago. Entre ellas, convertir la chimenea de 75 metros que tendría la fábrica en un “icono” arquitectónico.

Ese informe, centrado en la "salvaguardia de los aspectos ambientales relacionados con el patrimonio cultural y, de forma singular, con el Camino de Santiago Francés", estaba firmado por Carmen Martínez Insua, directora general de Patrimonio Cultural desde hace más de 12 años. Tras meses en los que en círculos políticos y relacionados con el patrimonio cultural sonaba con fuerza la posibilidad de su dimisión, ese cese ha llegado este mismo lunes "a petición propia", según ha informado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno autonómico, celebrado en Lugo.

Según adelantó El Correo Gallego, Martínez Insua justifica que "los cambios son necesarios" y prevé "buscar otras alternativas en la vida de funcionaria". Consultada por el diario compostelano sobre el informe sobre Altri, asegura tener la "conciencia totalmente tranquila" ya que el trabajo se basó en "criterios técnicos" y, en ese sentido, asegura que las críticas "desde el punto de vista del patrimonio cultural" no "tienen justificación", sino que "son más bien interpretaciones o lecturas erróneas de los informes".

Fuentes consultadas por Praza.gal apuntan a una mezcla de factores en torno a esta dimisión. Algunas de carácter personal y no relacionadas con el cargo. Otros, por el cansancio y cierto aburrimiento en el ejercicio de la dirección de Patrimonio Cultural, sensaciones que la controversia en torno al informe de Altri sólo contribuyó a acrecentar. El cambio contribuye también, por razones obvias, a avivar la polémica en torno a la autorización del proyecto Greenfiber.

El pasado martes, nada más conocerse la exclusión de Altri del listado del Gobierno de España de proyectos que se beneficiarán de los fondos PERTE para la descarbonización, la Xunta no tardó en repetir su argumentación: el Ejecutivo central "discrimina" a Galicia y sigue "criterios políticos" y no técnicos para perjudicar las iniciativas empresariales. Horas antes, Greenfiber —la sociedad promotora de la planta que la papelera portuguesa tiene prevista en Palas de Rei— reconoció en un comunicado que se presentó a esta convocatoria de ayudas de la UE sabiendo que "no podría ser elegible por razones de plazo" a no ser que el Estado "consiguiese acordar con la Comisión Europea una prórroga". Aun así, añadió, recurrirá la decisión del ministro de Industria que deja a la compañía sin 30 millones de Europa a la espera de otros 220 que aún aspira a obtener. 

La pregunta, advierten fuentes comunitarias, es clara. ¿Qué recorrido tiene un recurso sobre la exclusión de un paquete de ayudas del que se queda fuera por no cumplir los plazos? ¿Por qué una empresa se presenta a una convocatoria sabiendo que no cumple con las fechas marcadas como límite? "La táctica es muy vieja", responden, avisando de que la "imposible" adaptación del proyecto a los tiempos que imponen los fondos Next Generation de la UE no impide que Altri (y la Xunta) mantengan el discurso de la ofensa por la supuesta "discriminación a Galicia". 

Porque, tal y como se desprende del documento del Ministerio que aclara las puntuaciones de los proyectos rechazados, el de Altri —el segundo con peor puntuación— fue rechazado, en primer lugar, porque su "fecha de finalización supera el plazo máximo señalado" en la orden de agosto de 2024 que establece las bases reguladoras de la convocatoria de los PERTE de descarbonización. 

Pero también porque no cumple con las exigencias respecto al consumo de combustibles fósiles, que "no deben ser su fuente de energía" ni como "materia prima" ni en "equipos de emergencia o similares". Además, otro de los criterios en los que ni siquiera alcanzó la puntuación mínima fue el referente a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la necesidad de evitarlas con recursos técnicos y mejoras ambientales, recibiendo una puntuación de 3 cuando el mínimo exigido era 7. 

En cualquier caso, el hecho de que el proyecto no estuviese en plazo dejó a Altri sin opción en este PERTE. ¿Y cuáles son los plazos? La propia empresa, en su comunicado, aclara que su participación en esta convocatoria "se produjo con pleno conocimiento de que, en el marco de los compromisos asumidos ante la Comisión Europea", los proyectos candidatos "se deben finalizar antes del 31 de marzo de 2026". En menos de un año. 

Se refiere a los plazos marcados por el Plan de Recuperación y Resiliencia de España, que se basa en las fechas estipuladas por la normativa comunitaria que establece este mecanismo de recuperación impulsado tras la pandemia del covid. En el texto se aclara que los pagos a los Estados sólo se hará a finales de ese año 2026 y que aquellas medidas que se vayan a ejecutar con estas subvenciones tendrán que estar finalizadas antes del 31 de agosto de ese año. En España, como en la mayoría de Estados, los plazos para tramitar las ayudas y completar todo lo requerido para los pagos están ajustados, de ahí que la fecha límite para ejecutar gastos o inversiones sea el 31 de marzo. 

Teniendo en cuenta que Altri aseguró varias veces que necesitaría unos tres años para terminar la planta y producir fibras textiles una vez obtenidos todos los permisos, y que la Xunta espera tener la Evaluación Ambiental Integrada que necesita antes de que acabe el verano, las expectativas sitúan el proyecto, como mínimo, en 2028. En el caso de que quisiera acelerar los plazos, la empresa tendría en torno a seis meses para finalizar las obras y poder recibir así los fondos de recuperación, ya sea en forma de PERTE o de otro paquete de ayudas. 

La propia UE lo deja claro en sus documentos. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que entró en vigor en febrero de 2021, "sirve para financiar las reformas e inversiones en los Estados miembros de la UE que se llevaron a cabo desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de diciembre de 2026". Respecto a los fondos Next Generation, aclara que el plazo para ejecutarlos “finaliza el 31 de agosto de 2026”, según la normativa de dicho mecanismo de recuperación. 

"Es un castillo de naipes de manual, porque de eso se trata este proyecto, que tiene como objetivo real obtener en Galicia el eucalipto que no encuentran en Portugal. Por lo tanto, Altri no cumple con los plazos ni del PERTE ni de ninguna otra subvención del Plan de Recuperación que demandan", explica el eurodiputado gallego del PSOE gallego, Nicolás González Casares, que advierte, con ironía, de los "pequeños detalles" que Greenfiber tendría que solucionar ya, como la conexión a la red eléctrica. 

"Incumplieron las reglas conociéndolas desde el minuto cero", añade Casares, quien supone que la Xunta "seguirá con el lamentable rol jugado en toda esta historia y buscará culpar al Gobierno central si Altri no logra lo solicitado". "Acusarán al Estado de marginar a Galicia por no dar 250 millones de euros a fondo perdido a una industria que no puede ejecutar esos fondos en tiempo, incumpliendo las bases por principio", denuncia, además de advertir de la "inmadurez" de un proyecto cuya idea surgió ya en 2020.

Además, ya antes, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, había advertido del "posible incumplimiento de hasta 14 directivas europeas" por parte de Altri y de la "irresponsabilidad" que supondría autorizar el proyecto. Ante la exclusión del PERTE, asegura que el Estado sabe que su inclusión supondría inmediatamente "la apertura de un procedimiento de infracción en Bruselas". "Esa es también una de las claves", asegura. 

Pero Altri denuncia que el Gobierno español podría pactar una prórroga de los plazos en la UE. "Es un wishful thinking, un pensamiento ilusorio, no tiene sentido", explican fuentes comunitarias, que advierten de lo que supondría activar ese cambio. Nada más y nada menos que reformar un reglamento, el del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Y para esto necesita que lo proponga la propia Comisión, que es la que tiene la iniciativa legislativa, y que lo aprueben (y sean convencidos) cada uno de los 27 Estados del Consejo y sea enviado al Europarlamento para recibir el visto bueno de la cámara, además de la convocatoria de un trílogo (negociación entre esas tres partes) para adaptar el texto. 

"Casi nada", insisten las mismas fuentes, que aclaran que "no tiene ningún sentido" algo así teniendo en cuenta que ya hay proyectos en marcha y que, además, recuerdan que hace no mucho el PP votó en contra de la exigencia de ampliar los plazos en lo que tenía que ver con las reformas impulsadas por los Estados al amparo de este mecanismo de ayudas. 

Desde la Eurocámara insisten en que en la UE hay ahora mismo "otras prioridades" antes que las ayudas vinculadas al proyecto de recuperación tras la pandemia, que tienen desde hace tiempo como fecha de caducidad el años 2026 y, además, prorrogarlas supondría una pérdida económica que pocos Estados aceptarían. La pregunta, explican las mismas fuentes, es "qué hicieron Altri y la Xunta desde que se anunció la intención de ejecutar un proyecto hasta que se implementó, teniendo en cuenta que sabían perfectamente cuáles eran los plazos de los fondos europeos". 

Ante la imposibilidad de Altri de acceder a los fondos Next Generation o vinculados al mecanismo de recuperación del covid, como aseguran varias fuentes comunitarias, deja a Altri con pocas opciones. ¿Las tiene? "Pocas o ninguna", insisten, en referencia a los IPCEI (Important Projects of Common European Interest), proyectos de interés común europeo que reciben ayudas extraordinarias si contribuyen claramente a los objetivos de Bruselas, que tengan un impacto significativo en la competitividad, el crecimiento sostenible y la creación de valor de la UE. También en el caso de involucrar a varios Estados o con beneficios que "no se limiten a las empresas o sectores en cuestión, sino a toda la economía o sociedad europea a través de efectos indirectos positivos", según aclara la UE.

En este caso, "el proyecto tendría que estar vinculado a un sector estratégico y tendría que ser el Estado el que solicitara su inclusión en esas ayudas", aseguran las mismas fuentes, que también advierten del "procedimiento extremadamente complejo" que conlleva y de la dificultad que tendría para no incumplir las normas de competencia comunitarias.

El pasado 14 de marzo, la Xunta aprobó la declaración ambiental del proyecto de la fábrica de Altri en Palas de Rei (Lugo) al considerarlo "ambientalmente viable". Esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dará paso a una Autorización Ambiental Integrada (AAI), que puede ser recurrida. Sin embargo, frente a esta aprobación de la Conselleria de Medio Ambiente, son muchas las alertas lanzadas en los últimos meses por entidades y voces expertas, que llaman la atención sobre los posibles perjuicios que la actividad de la planta puede tener en la comarca donde está previsto instalarse y en el conjunto de Galicia.

Estas amenazas son de todo tipo y se refieren particularmente al modelo forestal (teniendo en cuenta un posible fomento de las plantaciones de eucalipto o a la importación de su madera) y también al efecto que la planta pueda tener sobre las aguas del río Ulla y de la ría de Arousa. Asimismo, se alerta sobre el perjuicio al resto de actividades económicas de las comarcas afectadas, por ejemplo para las explotaciones agroganaderas y para las productoras de alimentos pero también para el turismo, tan importante en algunos concellos por los que pasa el Camino de Santiago. Y, por último, existen dudas sobre el efecto sobre el medio ambiente y la salud humana.

La planta de Altri prevé consumir 1,2 millones de metros cúbicos de madera de eucalipto al año en su primera fase. Esta cantidad supondría alrededor del 20% de las talas anuales de eucalipto en Galicia (5,5 millones en 2023, según los últimos datos publicados ). En una segunda fase, esta cantidad también podría elevarse a 2,28 millones de metros cúbicos.

En el informe publicado el 5 de septiembre del año pasado por el Consello de Cultura de Galicia, el profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Eduardo Corbelle alertó de que, a la vista de los datos aportados por la empresa, "no sería posible abastecer a la nueva planta sin incrementar sustancialmente la superficie ocupada por plantaciones de eucalipto en Galicia, ni sin importar un volumen considerable de madera procedente desde el sur de América". 

Y añadió que "las dos conclusiones parecen opuestas a los intereses de la política pública en Galicia, ya que la primera entra en clara contradicción con los objetivos del Plan Forestal de Galicia actualmente en vigor y la segunda negaría la pretendida conexión entre el sector forestal gallego y la nueva industria". 

La empresa defiende que Galicia produce más eucalipto del que consume en este momento, por lo que habría un excedente importante que podría aprovechar por la aparición de nuevas actividades de transformación. Sin embargo, muchas de las voces expertas que se han pronunciado hasta ahora cuestionan esta afirmación.

Además, aunque este proyecto promete añadir una nueva línea a la cadena forestal—maderera gallega, destinada a la producción de fibras textiles a partir de madera de eucalipto, la actividad principal de la fábrica sería la fabricación de celulosa soluble y, sólo de forma secundaria, de estas fibras textiles (Lyocell). 

El informe del CCG alerta de que esto "reforzaría la especialización actual de esta cadena en la producción de materias primas (madera de eucalipto) y en la primera transformación (celulosa soluble)" porque, además, no se "perciben" los "vínculos intersectoriales del proyecto con la cadena textil—confección existente en la economía gallega, que se concentra en las fases o eslabones finales". Incluso las voces que abogan por "cerrar ciclos" en el sector forestal no encuentran en el proyecto de Altri el paso adelante que se necesita en este sentido.

En un reciente artículo publicado por David Chipperfield en La Voz de Galicia, el arquitecto —presidente de la Fundación Ría— concluyó que "más allá de la preocupante cuestión de la contaminación y del aumento de la temperatura del agua, el proyecto trae consigo el inevitable impulso al cultivo del eucalipto". "Que la Administración contemple el impulso sustancial de un modelo forestal que ha provocado daños ambientales en Galicia es difícil de aceptar", añadió.

El proyecto está despertar una gran oposición social en las comarcas de A Ulloa, Terras de Melide, Arzúa y en el norte del Deza. Se trata de una zona, en pleno centro de Galicia, de importante vitalidad económica en el contexto del medio rural gallego, y que destaca especialmente por su producción de alimentos y por la intensa y modernizada actividad del sector primario, que da trabajo a más del 20% de su población. 

Por este motivo, preocupa mucho el efecto que la factoría pueda tener sobre estos sectores. En el informe del CCG, Edelmiro López Iglesias, Ana Isabel García Arias, Fernando de la Torre y David Peón advierten de que "los impactos negativos sobre la cadena agroalimentaria pueden ser significativos y darse por dos vías: la competencia en el uso del suelo para las explotaciones ganaderas (derivada de la previsible expansión de las plantaciones de eucalipto) y los efectos en la percepción social de los productos alimentarios de la zona, con la consiguiente repercusión en su demanda". 

En este sentido, Chipperfield subraya que "el futuro de Galicia no es Altri. La riqueza y el futuro de Galicia residen en su capital natural. El medio ambiente es su tesoro. Impulsar Galicia como una tierra productora de alimentos es una garantía no solo de sostenibilidad ambiental, sino también de la calidad de vida que ofrece el territorio". Por eso, añade, "no es justificable el fomento de un cultivo forestal que, además de degradar la biodiversidad, ejerce una enorme presión económica sobre la producción de alimentos".

Estos prejuicios se extienden al otro gran motor de la economía de estas comarcas: el turismo. Sobre todo porque hablamos de un turismo –rural, de naturaleza o vinculado al Camiño de Santiago— en el que el estado de los espacios naturales y el paisaje son fundamentales. 

En el informe publicado por el CCG, Xosé M. Santos comentó que el turismo (especialmente el de este tipo) es "muy sensible a los cambios" y detalló los efectos negativos para "la tranquilidad o las expectativas" de las personas que visitan estas comarcas o deciden hacer el Camiño. También incluyó los resultados de una consulta con los propietarios de alojamiento de la zona, que esperaban una pérdida significativa de reservas. Santos concluyó que la instalación de Altri en este lugar podría "poner en peligro la que es sin duda la principal estrategia del Gobierno gallego en materia turística", en la que la internacionalización y la promoción del Camiño de Santiago son claves.

La Asociación Galega de Albergues Privados y la Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago ya mostraron su oposición al proyecto por el impacto que consideran que tendrá en la ruta, especialmente en el Camiño Francés. También el ICOMOS, vinculado a la UNESCO, emitió un comunicado recomendando la realización de una evaluación independiente del impacto ambiental que no se limite a la zona de amortiguamiento, sino que considere un contexto más amplio. Organizaciones ambientalistas remitieron una carta al Ministerio de Cultura alertando además de los efectos negativos sobre el sector turístico y, por tanto, sobre la economía local.

A estas múltiples voces se sumó la semana pasada la de Mercedes Rois Díaz, directora de Innovación de la Axencia Galega da Industria Forestal de la Xunta hasta febrero de este año, quien calificó de "error" ubicar esta fábrica "en las inmediaciones del Camiño de Santiago, seña de identidad por la que se nos conoce en el mundo entero", al tiempo que alertó del "impacto ambiental y cultural sin precedentes".

El paisaje es un concepto complejo, difícil de definir y cuantificar económicamente, así como de delimitar los efectos negativos que puedan afectarlo. En todo caso, como recuerda el informe del CCG, la megacelulosa "supondrá en sí misma una importante alteración del paisaje al ubicarse en un espacio orientado fundamentalmente a la producción ganadera y donde predominan prados, pastos y vegetación de frondosas caducifolias".

En este sentido, más allá del impacto visual de la propia factoría, advierte del efecto de impulsar la plantación de eucaliptos en los alrededores y, además, recuerda que habrá otros "impactos para el territorio", por ejemplo a través del aumento de la presencia de camiones y del tráfico en general, que "repercutirá en una mayor contaminación acústica y ambiental, con las consecuencias que esto tiene para el turismo".

El informe del CCG destaca además en este sentido que el proceso de evaluación del impacto del proyecto sobre el paisaje y el patrimonio "falla, desde el inicio, en el reconocimiento e identificación del patrimonio territorial, que no responde a una consideración integral e integrada de los valores naturales, sociales y culturales, que exige reconocer y valorar la estructura patrimonial del lugar y del paisaje como resultado de las relaciones entre elementos y de los procesos históricos que se manifiestan en el territorio".

La planta de Altri no es la central nuclear de Chernóbil después del accidente, pero como casi todas las actividades industriales, tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Y estará en un territorio particularmente valioso. En el informe del CCG, la profesora de la USC María J. Fernández Sanjurjo concluye que "la ubicación elegida para esta gran fábrica de pasta de celulosa y lyocell es totalmente inadecuada teniendo en cuenta los criterios medioambientales" y destaca la "extraordinaria riqueza en flora endémica" de la zona, señalando además que la fábrica "se ubicará sobre uno de los pocos afloramientos serpentiníticos de Galicia".

También se alerta del efecto negativo que la planta tendría sobre múltiples especies animales y vegetales de la rica Serra do Careón, situada muy cerca de la factoría.

Esta es siempre una de las cuestiones en las que se suele hacer hincapié a la hora de evaluar el impacto –positivo o negativo— de un proyecto industrial. ¿Puede justificarse socialmente un determinado daño ambiental, a la salud o a otros sectores económicos, si la nueva fábrica aporta suficiente riqueza a la zona? La respuesta a esa pregunta, que es compleja, depende, entre otros aspectos, del número de empleos —directos e indirectos— que el proyecto pueda generar. Y aquí hay discusión.

La empresa promete la creación de unos 500 empleos directos y alrededor de dos mil indirectos. Sin embargo, el análisis de Edelmiro López Iglesias, Ana Isabel García Arias, Fernando de la Torre y David Peón es mucho menos optimista, cifrando el impacto real en 281 empleos directos, 62 indirectos en las cuatro comarcas del área de influencia y otros 201 indirectos en el resto de Galicia. Los economistas concluyen que Altri es "un proyecto industrial de gran tamaño, pero con una facturación modesta (alrededor de 200 millones de euros/año) en relación con la inversión y con una alta intensidad de capital y baja intensidad de mano de obra".

Además, añaden que "la incidencia de estos empleos en la dinámica demográfica de los concellos y comarcas próximas y sus efectos inducidos en la economía de la zona dependerán de los patrones de residencia y de los desplazamientos diarios al lugar de trabajo de los nuevos empleados".

En cualquier caso, en el artículo de Chipperfield, el arquitecto destaca que la "confrontación" entre la destrucción del medio ambiente y la generación de riqueza "ya no puede entenderse como una balanza" y "no se puede simplemente justificar cualquier inversión ni minimizar los peligros potenciales: debe demostrarse una contribución positiva hacia un futuro sostenible".

La cuestión del agua, tanto la recogida para su uso en la fábrica como el destino de las aguas residuales generadas, se ha configurado como uno de los temas fundamentales en cuanto a la desconfianza que provoca el proyecto.

La factoría necesitará captar 46.000 metros cúbicos de agua al día del embalse de Portodemouros, en Agolada. En total, son 16 millones de metros cúbicos al año (16.000 millones de litros), un consumo de agua similar al de la celulosa de Ence en la ría de Pontevedra, que capta entre 12 y 17 millones de metros cúbicos del río Lérez. En cuanto a las aguas residuales, las generadas durante la producción en la fábrica serán tratadas en una planta depuradora con un caudal de vertido de 30.000 metros cúbicos/día. 

Estas aguas, devueltas al río Ulla, acabarán llegando unas 24 horas después a la ría de Arousa, un espacio fundamental para la economía gallega, tanto por su potencial turístico como, sobre todo, por su producción marisqueira, muy sensible no solo a la presencia de contaminantes, sino también a las variaciones de caudal y temperatura que la actividad de Altri puede generar.

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa se está movilizando contra el proyecto Altri en Palas de Rei con la misma intensidad que las entidades de las comarcas más cercanas a la instalación. La PDRA alerta que "el enorme consumo de agua" previsto por el proyecto Altri "disminuye el caudal del río" y "aumenta el impacto de los vertidos, comprometiendo su calidad". Además , Rubén Lois, catedrático de Análisis Geográfico de la USC, advierte de que "el agua es el recurso que tiene valor" e incide en que "en un escenario de cambio climático no sabemos cuánta agua vamos a tener disponible en las próximas décadas". 

En el informe del CCG, el profesor de la USC Horacio García concluyó que "el estudio de impacto hidrológico realizado por Greenfiber no alcanza el rigor necesario al ser extremadamente simple y muy orientado a esquivar el trámite ambiental que otorgue la viabilidad al proyecto". Añade además que "la parcialidad de los datos utilizados supone la omisión de información vital sin la cual no es posible justificar el uso y consumo del agua demandada, lo que ignora toda la integridad ecológica, ambiental y social del río en el territorio".

Además de la posible contaminación de las aguas o el impacto en su calidad o en el caudal del río Ulla, las organizaciones ecologistas están preocupadas por los posibles contaminantes liberados a la atmósfera. En esta cuestión, como en otras, encontramos un baile de cifras y un choque de argumentos entre las previsiones de la compañía —aceptadas por el Gobierno gallego— y los análisis de organizaciones ambientalistas y voces expertas. 

El año pasado, un informe elaborado por ADEGA en colaboración con el experto en contaminación Ramón Varela Díaz, tras analizar las emisiones a la atmósfera declaradas en el Estudio de Impacto Ambiental de Greenfiber, apuntó que la planta proyectada emitiría más partículas, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre que la fábrica de ENCE en Pontevedra.

¿Los vertidos de aguas residuales al río Ulla y de partículas contaminantes tienen efectos negativos sobre la salud humana? ¿En el corto plazo? ¿Y a medio y largo plazo? Es difícil saberlo con seguridad dada la disparidad inicial de datos. En todo caso, en el informe del CCG, la investigadora Sonia Villapol afirmó que "la implementación de celulosa, que se sumará a la contaminación atmosférica, convertirá al aire de la comarca en una amenaza invisible para la salud" y pone el foco en las partículas finas o PM2,5. 

De igual forma, el Grupo de Saúde da Plataforma Ulloa Viva alertó en este artículo sobre la posible incidencia de esta contaminación en pacientes con asma bronquial.

Villapol, que detalló sus conclusiones en este artículo publicado en Praza.gal, destacó que la ausencia de una "investigación objetiva y específica que permita proyectar un modelo riguroso del impacto sobre la salud que tendrá la exposición a los contaminantes emitidos por la factoría" ​​limita "la evaluación de los riesgos a corto plazo y es mucho más complejo evaluar los efectos sobre la salud a largo plazo".

La alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, ha fallecido este sábado tras ser ingresada en el hospital por el infarto que sufrió este viernes, momentos antes de la lectura del pregón del Entroido en la ciudad, según han confirmado a EFE fuentes del PSdeG. 

Alvarellos (Ponteceso, 1963) había sido trasladada en las últimas horas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña desde el hospital lucense en el que fue atendida al sufrir un infarto antes del pregón del Entroido, acto que quedó suspendido.

La alcaldesa tuvo una especie de mareo antes del pregón, lo que hizo que se requiriese la presencia de los servicios sanitarios de urgencias, y fue evacuada al Hospital Universitario Lucus Augusti, donde los médicos que la atendieron confirmaron que lo que había sufrido era un infarto.

La política socialista fue nombrada alcaldesa de Lugo el 18 de enero de 2024, tras la renuncia de Lara Méndez, que dejó el cargo para presentarse a las elecciones al Parlamento de Galicia en la candidatura encabezada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

Paula Alvarellos ejerció como abogada hasta que en 2019 dio el salto a la política para formar parte de la candidatura del Partido Socialista en las elecciones municipales que llevaron de nuevo a la Alcaldía de Lugo a Méndez.

En el Gobierno local presidido por Méndez ejerció como teniente de alcaldesa y delegada del Área de Gobernanza, Economía e Recursos Humanos y también de Sostibilidade Urbana e Recursos Internos, antes de pasar a ser alcaldesa hace un año.

La repentina muerte de la alcaldesa ha conmocionado y llenado de pesar al mundo de la política, nacional y gallega, y al ámbito del municipalismo en particular.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que se encuentra "conmocionado y profundamente triste" por una pérdida que, asegura, es "un tremendo golpe para la familia socialista".

En un mensaje en la red social X, lamenta el "repentino fallecimiento" de Alvarellos, a quien describe como "progresista, luchadora y comprometida con Lugo".

Otros miembros del Gobierno y del PSOE han mostrado su pesar, como el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha recordado que hace pocas semanas tuvo la oportunidad de reunirse con la alcaldesa lucense y "estaba ilusionada con su ciudad y todos los proyectos en marcha para Lugo".

Todos los grupos políticos e instituciones, así como entidades culturales y deportivas, se han sucedido durante la mañana las muestras de pésame y las condolencias por la muerte de quien era desde hace un año alcaldesa de la ciudad de Lugo, que ya ha suspendido los actos de su Entroido por este fallecimiento.

Los socialistas gallegos expresaron su "profundo dolor" por la muerte de una "compañera ejemplar", que "no solo fue una gran alcaldesa, siempre comprometida con los problemas de la ciudadanía y con el avance de la ciudad", sino también "una militante muy trabajadora, una persona próxima, leal y dispuesta a sumar en todo momento"

Su pérdida "es dura, injusta e inesperada", ha destacado el PSdeG, que asegura que "su huella quedará" tanto en Lugo como en el partido y que la mejor manera de honrar su memoria será "trabajando con responsabilidad y compromiso por la ciudad que tanto amó".

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha mostrado "roto de dolor" ante el fallecimiento de "una buena amiga" que considera "injusto, demasiado pronto, demasiado duro", y le ha expresado su agradecimiento por su "ejemplo, paso firme contra las injusticias y apoyo en los mejores y peores momentos".

El PSOE está "profundamente conmocionado" por la muerte de su compañera, "una alcaldesa que lo ha dado todo por su ciudad, progresista de bandera, valiente y luchadora".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido estar "aún en shock" por el fallecimiento de Alvarellos, y en un mensaje en X, ha destacado su "lealtad y dedicación" a la ciudad de Lugo, por la que "siempre trabajó por Lugo con lealtad y dedicación".

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha expresado su "profundo pesar" por esta muerte y ha enviado todo su "cariño y afecto" tanto para la familia y amigos de la alcaldesa de Lugo, como para sus "compañeros socialistas" en este momento "tan triste y tan duro".

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), su presidente, Alberto Varela, ha manifestado el pésame "en nombre de todo el municipalismo gallego". Un pésame que han explicitado, igualmente, varios de los alcaldes de las principales ciudades de Galicia, a través de mensajes en redes sociales.

Especialmente los compañeros de partido, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero; o la de A Coruña, Inés Rey; pero también los de Ferrrol, José Manuel Rey (PPdeG); Santiago de Compostela, Goretti Sanmartin (BNG); de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), entre otros.

Todos se han mostrado "conmocionados", "consternados" o "sin palabras" por este suceso, que igualmente han lamentado desde el PPdeG, el BNG, Esquerda Unida y otros partidos; así como desde los equipos deportivos de la ciudad de Lugo o asociaciones como Lugo Monumental.

La Audiencia Provincial de Lugo ha acordado imponer este lunes penas de prisión inferiores a los tres años para cada uno de los 11 imputados en la pieza original de la Operación Pokémon, la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras haber alcanzado el Ministerio Fiscal un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado y que estos hayan reconocido ante la jueza su autoría de los hechos.

Unos casos relacionados con la adjudicación de manera fraudulenta del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva—entre los años 2004 y 2006— cuando el principal imputado en la pieza, el exconcejal del Ayuntamiento de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del área de Economía.

De acuerdo a lo recogido en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el exedil, quien también llegó a desempeñar el puesto de teniente de alcalde durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo público para favorecer la concesión de la adjudicación a Cechalva, obteniendo por ello contraprestaciones económicas.

Además de Liñares, que ha comparecido por videoconferencia desde la prisión de Monterroso, donde cumple condena por otros delitos, este lunes se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial lucense diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de la empresa por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la compañía o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el marco de la causa.

Tras la lectura del escrito de acusación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los once imputados han reconocido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.

Unas condenas que, en ninguno de los casos, exceden los tres años de prisión. La mayor rebaja ha recaído sobre el principal acusado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve años y medio y que ahora deberá cumplir dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario público, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y blanqueo de capitales. Además, deberá abonar una multa ligeramente superior a los 100.000 euros.

Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho años, han sido condenados finalmente a dos años y cinco meses y dos años y un mes de cárcel, respectivamente, por los delitos de aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.

El resto de los acusados han sido castigados con penas de menor duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y blanqueo de capitales.

La investigación de la pieza original juzgada este lunes en Lugo fue la que inauguró las diligencias que acabarían derivando en la macrocausa Pokémon, instruida inicialmente desde el Juzgado número uno de Lugo por la jueza Pilar de Lara y fragmentada desde el año 2012 en múltiples causas y archivos judiciales.

Un larguísimo proceso de instrucción que ha motivado la aplicación para los once procesados este lunes de un atenuante de dilaciones indebidas considerado por la sala como muy cualificado y responsable, en parte, de la notable rebaja de las penas.

"Después de más de una decena de años, nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto con un acuerdo de conformidad entre las partes que hemos entendido que es lo más beneficioso tanto para la Administración de Justicia como para nuestros clientes", ha manifestado, en relación al acuerdo alcanzado y frente a la sede de la Audiencia Provincial, Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares.

Un pacto entre defensas y Fiscalía que el propio letrado ha calificado después como agridulce. "Los acuerdos siempre son agridulces porque en los acuerdos todas las partes están contentas y descontentas a la vez. Siempre quedará la sensación de que podríamos haber llegado a una sentencia más favorable para nuestro cliente, igual que la acusación pensará que podría haber conseguido una condena más contundente. Pero la conformidad consiste en eso", ha precisado.

En una línea muy similar, se ha pronunciado el abogado de José Luis Álvarez, otro de los imputados en la causa. "Han sido muchos años en el Juzgado de Instrucción y al final todos hemos llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Se ha alargado mucho el procedimiento pero también es cierto que se está aplicando el atenuante de dilaciones indebidas y el transcurso del tiempo ha jugado a favor del reo en este caso", ha finalizado.

Más de cuatro meses después, las trabajadoras de la limpieza de Lugo alcanzaron un acuerdo con la patronal que puso fin a una huelga de 130 días. Casi 19 semanas de paro, movilizaciones, encadenamientos, cierres, protestas y manifestaciones lideradas y protagonizadas por mujeres que llevan tiempo luchando, en esta provincia y en toda Galicia, contra la precariedad de su sector. 

La historia de David y Goliat. De un conflicto de cientos de mujeres movilizadas durante días por la mejora de un convenio colectivo que alcanza a unas 1.800 personas y contra una patronal (Aspel) que reúne algunas de las empresas más "poderosas y beligerantes" del Estado, según denuncian los sindicatos, como Acciona, Clece, Eulen, FCC, Sacyr o Ingesan. Pasaron de tener las peores condiciones de España a uno de los mejores convenios, destacan.

Con las fregonas como símbolo, las trabajadoras se muestran ahora "contentas y muy emocionadas". "Fueron muchos días fuera de nuestra casa, de nuestra vida diaria... Pero nuestra lucha dio los frutos", cuenta María Jesús Antas, trabajadora de la limpieza en un colegio y delegada de la CIG (Confederación Intersindical Galega), sindicato mayoritario en el sector y firmante del acuerdo que puso fin a la huelga. 

Un paro de 130 días contra una situación que mantenía a las limpiadoras con los salarios congelados desde 2021, perdiendo poder adquisitivo y con salarios por debajo del SMI, inferiores hasta de los 1.000 euros en algunos casos. El pasado jueves, en asamblea, las trabajadoras aprobaron el preacuerdo para el convenio colectivo provincial que supone un incremento total del 18,3% durante su vigencia (2022-2026). 

Por anualidades, además, se pactó una subida del 3% para 2022, a pesar de que en el primer momento la patronal insistía en la congelación salarial para ese ejercicio; del 3,1% para el año 2023; del 4% para los años 2024 y 2025; y del 4,2% para 2026. "Estamos satisfechas porque la mejora en las condiciones es muy importante", insiste Antas, que advierte también de las subidas aplicables al plus por domingos y festivos, la garantía de que se completará el salario en el caso de que no se alcance el SMI vigente o el "éxito" de frenar los recortes en la antigüedad que la patronal pretendía, aplicando una cuantía fija y no vinculada a los incrementos salariales. 

"En ese detalle sobre todo, pero en otros también, la patronal, que viene de fuera a negociar convenios provinciales, fue muy dura, intransigente y beligerante", insiste quien advierte de la "presión" con los tiempos que ejercía la representación de las multinacionales, aplazando las reuniones una y otra vez. Semanas acumuladas sin ingresos y de protesta en la calle. "Tuvimos que tirar unas de las otras, resistir, convencer... Había reuniones de las que salíamos muy mal y tras las que había gente que quería abandonar, pero continuamos", dice ahora emocionada, entre lágrimas como las que derramaron tras la ratificación del acuerdo. 

Un pacto que fue criticado por CCOO, que censura la "hipocresía" de la CIG por firmar en solitario un convenio con tablas salariales, dicen, que dejan por debajo del SMI algunas categorías si la persona afectada no acumula varios trienios de antigüedad. "Es una subida importante y el acuerdo incluye cláusulas que aseguran alcanzar el salario mínimo si en algún caso no se llega a él", dice Antas, que recuerda lo "difícil" que fueron las negociaciones -en las que estuvo presente- ante una patronal que en diversos puntos "parecía totalmente inmóvil". 

Fueron, resumen algunas trabajadoras, jornadas "inolvidables", tanto por la unión y la "lucha" incansable como por lo "difícil" de la situación para la mayoría. "Estamos ante un sector totalmente feminizado, donde el 99% del personal es mujer, muchas veces la jornada parcial y que, aun teniendo jornada completa, tienen que limpiar en cinco o seis lugares por día para llegar a un salario mínimamente decente", explica Asunción Castiñeira, representante de CIG-Servizos. 

"Es muy difícil soportar un conflicto así, no solo económicamente, que ya es duro, sino psicológicamente, en el plano personal", insiste Castiñeira, que advierte, como hacen las trabajadoras, de una patronal estatal "a la que hacen cada día más poderosa". "Hasta no hace tanto, la asociación provincial participaba en las mesas de negociación, pero ahora están copadas por Aspel gracias a las adjudicaciones millonarias con las administraciones", dice quien critica la actitud de unas multinacionales que "vienen con un guion muy marcado". "Es complejo porque no se mueven de sus posturas", comenta.

Con la ayuda de la caja de resistencia sindical, los problemas económicos fueron paliados, aunque fuese muy mínimamente. "Quien tiene pareja y un salario decente en la familia, va tirando, pero había mujeres que cuidaban solas de sus hijos que lo pasaron muy mal", explica Antas. 

"Hubo trabajadoras movilizadas que dejaban a los pequeños al cuidado de quien podían para seguir peleando o que permanecían en la caravana que montamos durante todo el día", recuerda Castiñeira, que asegura que no olvidará "en la vida" este conflicto. Por la unidad, la lucha y la perseverancia de las afectadas. 

"Nos echaremos de menos", añade Antas sobre la relación tejida durante los 130 días de conflicto y huelga. "La mayoría nos vimos todas y cada una de las jornadas", cuenta. Desde el pasado 16 de octubre. "Fueron un ejemplo, un ejemplo para mucha gente, una muestra de que la lucha es el único camino y que da resultado", dice Castiñeira, que destaca que, a pesar de las dificultades y la presión sufrida, "aguantaron". "Si no hubiesen aguantado como lo hicieron, el acuerdo que tenemos ahora no sería como es", dice. 

"Costó mucho, muchísimo, contra esos gigantes que vienen aquí a negociar de esa manera", añade Antas, aún emocionada y sin poder evitar las lágrimas. Las lágrimas de mujeres que aspiran a, por lo menos, servir de impulso y ejemplo en un sector fuertemente precarizado desde hace tiempo y que en Galicia lleva anos de conflicto, más todavía en los últimos meses. 

La última y dura huelga del personal de Correos, las movilizaciones en las provincias de Ourense y Pontevedra, en los hospitales de Santiago o en la Xunta lo demuestran. También denotan una movilización femenina creciente e intensa: la mitad de las personas que van a la huelga en Galicia en los últimos años son mujeres. 

"Es necesario que se vea lo que pasa en este sector, que se atienda a las condiciones de estas mujeres", advierte Castiñeira, que señala a las administraciones públicas, clientes de estos servicios de limpieza con conflictos enquistados y salarios precarios. "Hay que establecer los límites en los concursos públicos, establecer cláusulas sociales que no permitan que las trabajadoras estén así; en definitiva, que impidan que algo así vuelva a ocurrir", sentencia.

"Hablamos de las mujeres que limpian los colegios de nuestros hijos e hijas, de las que limpian los centros de salud a los que acudimos todos y todas", acaba. 

18 de octubre de 2023. José Ramón Gómez Besteiro es proclamado candidato a la Xunta de Galicia por el PSdeG. Hace una década, también lo fue. ¿Por qué no pudo presentarse finalmente a los comicios de 2016?

Acompáñeme en esta apasionante historia de falsas acusaciones, dudosos anónimos y un calvario judicial con varios protagonistas. “La tropelía que provocó la mayor persecución político judicial en la historia de la democracia gallega”, afirmaron desde el PSdG.

El 5 de marzo del 2013, una mujer se presenta ante la Fiscalía de Lugo y entrega unos documentos anónimos que alguien había enviado al PP lucense en un “sobre blanco sin nombre, ni dirección".

La mujer que entrega los “anónimos” es Elena Candia, que en ese momento era la portavoz del PP en la Diputación de Lugo. Por cierto, el sobre no apareció nunca. Conocemos estos datos porque la entonces diputada del PP, como consta en las diligencias pre procesales de la investigación, declaró ante el fiscal nueve días después por estos hechos. 

Esos documentos dieron lugar a las diligencias por las que el líder socialista fue imputado en el año 2015. José Ramón Gómez Besteiro, era en ese momento, secretario general del PSdeG y candidato a la Xunta de Galicia.

A partir de ahí comienza un calvario personal y político para el socialista. En esa época, año 2015, tenía posibilidades de convertirse en el presidente de la Xunta de Galicia. Alberto Núñez Feijóo no estaba seguro de volver a dar el paso como candidato al peligrar su mayoría absoluta.

En junio de 2015, Besteiro iba a ser designado senador autonómico en sustitución de Paula Fernández Pena, la exalcaldesa de Silleda. No pudo ser. El PP tumbó el pleno del Parlamento tras registrar una solicitud de aplazamiento. La solicitud estaba firmada por la cúpula popular en aquel entonces y con asiento en el Pazo do Hórreo: Feijóo, Alfonso Rueda, Pedro Puy, Miguel Tellado. Actualmente, unos están en Madrid, formando parte del PP nacional, y el otro es el presidente de los gallegos y gallegas.

Por primera vez en la historia del Parlamento de Galicia impedía la designación de un candidato a senador autonómico.

Justo unos días después, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, imputa al líder socialista. ¿Casualidad o causalidad? Extraña coincidencia, en todo caso. Besteiro proclama su inocencia, pero renuncia entonces a ser elegido senador por designación autonómica y continúa como secretario general de los socialistas gallegos y candidato a la Xunta.

Ocho meses más tarde, en marzo de 2016, a las puertas de las elecciones autonómicas, llega una segunda imputación de la jueza De Lara. Es ahí, cuando José Ramón Gómez Besteiro dimite de todos sus cargos. Continúa proclamando que es inocente pero la suma final de diez imputaciones le obligan definitivamente a dimitir. En la llamada Operación Pulpo, la jueza añade seis nuevas imputaciones a las cuatro del caso Garañón.

Es justo entonces, un par de semanas después de la dimisión del candidato socialista, cuando Alberto Núñez Feijóo anuncia “que presentará de nuevo su candidatura a la Presidencia del PP gallego con la intención de aspirar a un tercer mandato al frente del Ejecutivo autonómico en las elecciones previstas para el otoño”. “Tras meses de profunda reflexión, como él mismo ha definido este periodo, en el que hasta llegó a barajar abandonar la política, Núñez Feijóo, entre lágrimas, despejó la incógnita ante sus compañeros en la junta directiva del PP gallego”, relata La Nueva España.

Unas elecciones que adelantó a septiembre de 2016, posiblemente porque dejaba menor margen de maniobra a un PSdeG muy tocado después de la dimisión de Gómez Besteiro.

Una de las grandes protagonistas de esta historia es la jueza Pilar de Lara. En el año 2019 fue sancionada por el CGPJ por la comisión de una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales, por la que estuvo inhabilitada durante siete meses y un día, lo que le llevó a perder su plaza en los juzgados de Lugo. En su argumentación, el Poder Judicial consideró acreditado que De Lara incurrió en "abandono de los más elementales deberes que deben presidir el desarrollo de la instrucción penal", poniendo de manifiesto además "un método de instrucción no ya alejado del estándar sino completamente al margen de una atención y control al que está obligado el juez de instrucción".

Abc edición Galicia informaba: "El pliego de cargos de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para argumentar la sanción a Pilar de Lara es rotundo, casi lapidario: 'Desatención constatada y generalizada', 'notoria falta de control', 'extensos periodos de tiempo sin actividad instructora', 'manifiesta dejación en el ejercicio de las competencias judiciales', 'acumulación documental'".

Tuvo tiempo la jueza, eso sí, de instruir la causa contra Besteiro el día antes de la sanción del CGPJ. Además, aunque sólo sea un dato, no podemos olvidar que el marido de la jueza De Lara era Roberto Menéndez Mato, integrante del comité ejecutivo del PP lucense.

La otra protagonista, Elena Candia, fue premiada por Feijoó con cargos orgánicos dentro del partido y finalmente con el cargo de vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia. “El ascenso meteórico de Elena Candia en el PP nacional de la mano de Feijóo”, titulaba La Voz de Galicia.

En 2021, queda sobreseída la causa de la primera imputación a Besteiro y el archivo de la misma. En diciembre de 2022, nueve años después de que la jueza Pilar de Lara abriera la instrucción, la titular del juzgado número 2 de Lugo decretó el archivo de la causa que motivó en 2016 la dimisión de Gómez Besteiro al frente del PSdeG.

Todas las imputaciones han acabado convertidas en papel mojado. No ha habido ningún juicio. Todo sobreseído y archivado. Nueve años de calvario personal. Feijóo está lejos de Galicia, pero aquí permanece uno de los hombres que firmó el retraso de aquel pleno y que será candidato a la Xunta de Galicia por el PPdeG, el actual presidente, Alfonso Rueda.

¿Quién restituye ahora a Besteiro? Nueve años de calvario judicial. La impunidad versus la indefensión. Como quien renace de sus cenizas, vuelve Besteiro.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

El incendio iniciado en la tarde del jueves en Trabada (Lugo) sigue activo y ha arrasado ya, según el último reporte realizado por la Consellería de Medio Rural, más de 450 hectáreas de terreno, según estimaciones provisionales, y se ha extendido al vecino ayuntamiento de Ribadeo, informa Europa Press.

La situación de emergencia, que sigue siendo de "nivel 2", ha llevado al presidente de la Diputación Provincial de Lugo, José Tomé, a desplazarse a este municipio, donde también ha estado el conselleiro de Medio Rural, José González, quien ha confirmado que tanto este fuego, como los otros declarados en las últimas horas en las provincias de Lugo y Ourense, han sido intencionados.

En las labores de extinción de las llamas participan (datos acumulados) seis aviones y tres helicópteros, además de cinco técnicos, 14 agentes forestales, 25 brigadas, 23 motobombas y tres palas, así como cinco unidades técnicas de apoyo y un tractor.

Las llamas han motivado cortes de tráfico en la autovía del Cantábrico A-8 y han obligado a algunos vecinos a tener que pasar la noche fuera de sus hogares. Al respecto, la alcaldesa de la localidad, Mayra García ha precisado que ese desalojo se produjo a petición de los propios vecinos, y no por situación de peligro en las viviendas, pero que los afectados podrán regresar a sus domicilios "cuando así lo determinen".

Las altas temperaturas registradas en la zona durante la madrugada del viernes, que superaban los 20 grados, y las fuertes rachas de viento que han soplado durante toda la noche en la Mariña oriental han complicado las tareas de extinción.

En la parroquia de Vidal, en Trabada, uno de los núcleos urbanizados más cercanos al punto donde se originó el incendio, la lucha contra el fuego no cesa. "La noche ha sido dura, intensa. El incendio se inició con cinco focos, había uno cerca de las casas y se hizo un contraincendio para controlarlo, pero no salió bien y tuvieron que ir a atacarlo más abajo", ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, Iago Edrosa, vecino de Vidal que participa en las labores de extinción del fuego.

"En Bestilleiros y en A Ponte (de Arante) tuvieron que desalojar dos o tres viviendas. Aquí en Vidal, por suerte, el fuego no afectó a ninguna casa", ha añadido.

Las lluvias, "débiles e intermitentes" en la Mariña oriental a lo largo de toda la mañana de este viernes pese a la entrada en la provincia de un frente atlántico, no han logrado contener el avance de las llamas. "No está lloviendo mucho y sigue haciendo bastante viento, pero está mojando y eso va a ayudar. Los vecinos estamos trabajando con palas y tractores refrescando toda la zona. Hacia el interior lo tenemos un poco más controlado, pero preocupan los focos cercanos a la costa", ha afirmado Edrosa, antes de resaltar que "hay mucha gente ayudando" en las labores de extinción, "muchos vecinos", procedentes incluso de áreas de Asturias limítrofes al lugar de la emergencia.

Además del incendio declarado en Trabada, son varios los ayuntamientos de la provincia de Lugo que continúan este viernes en vilo por el fuego.

Cuatro focos abiertos en el área de la Mariña central, entre los ayuntamientos de Foz y O Valadouro, siguen activos y han arrasado al menos 70 hectáreas, según los datos ofrecidos por la Consellería de Medio Rural. En este caso, el conselleiro do Medio Rural trasladó que no solo se trata de una acción intencionada, sino que "todo apunta" a que los distintos fuegos son obra de una misma persona.

En Chantada, el incendio declarado en la parroquia de Requeixo ha quedado extinguido hacia el mediodía después de arrasar casi 90 hectáreas de superficie, 77 de ellas correspondientes a monte raso y 12 más de superficie arbolada.

El fuego iniciado en Muras, por su parte, en la comarca de la Terra Chá, ha sido también controlado después de calcinar una superficie estimada de 8,5 hectáreas.