Quince años de gobiernos consecutivos del Partido Popular han dejado tras de sí una ristra de sonados cierres de grandes empresas, crisis sin resolver en compañías emblemáticas, llamativos fracasos en el intento de mantener vivas las entidades financieras propias y rimbombantes promesas que resultaron ser falsas. Todo ello sin mejorar de manera sustancial la producción industria de Galicia.

Si se toma como base el año 2008 para calcular la evolución del índice de producción industrial de Galicia, justo el último año antes de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia de la Xunta, el resultado en 2022 sería de 80,2. Casi 20 puntos menos. “Este último dato sugiere una caída de la producción industrial gallega, ya que la actividad de 2022 está muy lejos de alcanzar la dimensión existente antes del inicio de la crisis en 2008”, asegura Juan José Ares Fernández, profesor de Fundamentos de Análisis Económico, en A Economía Galega, Informe 2022, el último publicado por la Universidad de Santiago. 

“Este freno está motivado, entre otras causas, por las ventajas competitivas de otros territorios que incitan a externalizar procesos productivos”, razona el citado documento. “A medida que transcurren los años, el sector industrial depende cada vez más de la producción y el mercado que se desarrolla en economías alejadas”.

Los últimos quince años de gobiernos del PP, los trece primeros bajo la batuta de Feijóo y los dos últimos responsabilidad de su sucesor, Alfonso Rueda, están sembrados de grandes fracasos. Lo ocurrido con las cajas gallegas es uno de ellos. El 29 de noviembre de 2010 Feijóo apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas y los celebró como un “hecho histórico”, una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

No había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros de los que el supervisor dio por perdidos 9.178: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros. Y le dio la oportunidad de pagar esa suma en cómodos plazos.

Apenas unos meses antes –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcel cada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre del mismo año.

Galicia se quedó sin cajas de ahorros. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad ya no tiene bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de este, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no solamente se perdieron 9.178 millones de euros de dinero público, sino que se llevaron a cabo cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones —la mitad de la plantilla—, y en el cierre de 300 sucursales. Todo para que la entidad, apenas un año después de ser vendida, empezase a dar beneficios millonarios.

Pescanova es otro buen ejemplo. Con el fin de esquivar los efectos de la crisis de 2008, el presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro asumió su destacado rol político para clamar por el desalojo de la Xunta de PSdeG y BNG detrás del cual se ocultaban los primeros compases de una trama para esconder la millonaria deuda del grupo y engañar a miles de inversores, organismos reguladores y acreedores. 

La compañía quedó en manos de la banca hasta que en 2015 se creó el Grupo Nueva Pescanova, la mayor empresa pesquera de España en ese momento, con 1.000 millones de euros de facturación, la mayor flota pesquera congeladora del mundo y 11.000 empleados. 

Abanca, convertida en su principal accionista, anunció en 2023 el traspaso de la mayoría del capital al grupo canadiense Cooke con el argumento de que no podía mantener tal participación —superaba el 97%— en una compañía que aportaba un importante riesgo en su balance. Su plan era quedarse con el 20% después de que Cooke pagase 100 millones y asumiese alrededor de otros 700 de deuda.

La operación, sin embargo, fracasó el pasado otoño. Abanca renunció a la venta al no llegar a un acuerdo con la canadiense Cooke. “Hemos decidido aparcar el proceso de búsqueda de un socio industrial”, anunció en octubre el presidente del banco, Juan Carlos Escotet. El futuro de la compañía, que no hace tanto tiempo era uno de los emblemas de Galicia, sigue sin estar asegurado.

La central térmica de Endesa en As Pontes (A Coruña) agotó sus últimas existencias de carbón y se apagó definitivamente el pasado octubre después de 47 años operando. Se desconectó la caldera para posteriormente desacoplar la instalación de la red eléctrica, poniendo fin a una era desde el punto de vista industrial y económico de la que también formaba parte la central de Meirama (Cerdeda), cerrada por Naturgy en 2020. 

La cada vez menor rentabilidad económica de la quema de carbón, el abaratamiento del precio del gas, la mayor producción de energías renovables, la menor demanda y el elevado precio de los derechos de emisión de dióxido de carbono explican el declive de las centrales térmicas de carbón, impulsado también por las exigencias europeas de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. As Pontes y Meirama han cerrado, pero las comarcas afectadas siguen sin alternativa laboral e industrial que compensen el desmantelamiento de ambas centrales.

Hace doce años, en septiembre de 2012, Feijóo protagonizó el que quizá haya sido el mayor fiasco de su carrera. En víspera de las elecciones, la Xunta anunció de urgencia la firma de dos contratos con la petrolera mexicana Pemex: uno con el astillero público Navantia de Ferrol y otro con el privado Barreras, en Vigo. Las promesas anunciadas aquel día incluían miles de empleos y la construcción en Galicia de tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca e incluso la instalación de una terminal de hidrocarburos en el Puerto Exterior de La Coruña. 

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, un histórico astillero que acabó quebrado. Barreras ya no existe. Tras 130 años, quedó liquidado en 2012. Diez años antes comenzó el idilio con Pemex, que adquirió el 51% de la empresa viguesa por algo más de 5 millones de euros y con el apoyo de la Xunta. 

Un rastro de promesas incumplidas alrededor de Pemex, investigaciones judiciales y del propio Gobierno mexicano, litigios, sombras y muchas dudas por resolver siguieron a lo largo del tiempo.

Alcoa es el caso más reciente. El complejo, construido en los años 70 en Cervo, sobre 500 hectáreas de la costa de Lugo, con la intención de alimentarlo después con una central nuclear proyectada en Xove y que nunca llegó construirse, creó miles de puestos de trabajo directos y muchos más indirectos en una zona dominada por la actividad agraria y pesquera.

Fue el Gobierno de José María Aznar el que la privatizó en el año 1998 vendiéndosela a la multinacional americana que hoy le da nombre. Los elevados precios de la electricidad son claves para una industria que depende y mucho de ella, hasta el punto de que sus propietarios llevan cinco años moviéndose entre planes de venta y excusas para un cierre que amenaza el futuro de A Mariña.

Lo último, en estos momentos es el reinicio de las cubas de la empresa en el marco de un plan de viabilidad firmado entre Alcoa y el comité de empresa, un pacto que la empresa advirtió que no cumpliría, después de volver a amenazar con un cierre poco antes de unas elecciones, anunciar el retraso en el reinicio que ahora lleva a cabo y reclamar ayuda a las administraciones, un proceder habitual en las últimas convocatorias electorales en Galicia e incluso a nivel estatal.

Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

"Podría ser el fin de Galicia". Era domingo, 22 de febrero de 2009. Faltaba una semana para las elecciones gallegas y las últimas encuestas legalmente publicables apuntaban a un escenario muy ajustado, pero la práctica totalidad apuntaban a que la reelección del Gobierno de coalición entre el PSOE y el BNG era posible y que podrían volver a sumar mayoría absoluta frente al PP, en el que Alberto Núñez Feijóo debutaba como candidato a la presidencia.

Ese domingo, jornada aún considerada como la de mayor difusión de la semana para los diarios impresos y siete días antes de la cita con las urnas, el presidente de Pescanova publicó un insólito artículo de opinión en La Voz de Galicia. Insólito, entre otros aspectos, porque abogaba abiertamente por un cambio de Gobierno en Galicia, es decir, por una victoria con mayoría absoluta del PP de Feijóo. "No podemos esperar más", clamaba Manuel Fernández de Sousa-Faro.

De Sousa-Faro mostraba así, en plena campaña electoral, un rol político que no era nuevo en su persona, pero que solía ejecutar en la sombra. Era conocido por los partidos políticos, los gobernantes y los medios de comunicación, pero mucho menos por el público en general, por el electorado. El Tribunal Supremo acaba de condenar al entonces todopoderoso empresario a seis años de prisión, dos menos de los que le había impuesto en 2020 la Audiencia Nacional, en una amplia sentencia que ha tenido un eco político mucho más pequeño que el rol político que el acusado jugó en Galicia durante décadas

Tal y como informó Praza.gal, el Supremo ratificó que De Sousa-Faro era autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales de la antigua Pescanova, en concurso medial con un delito continuado de falseamiento de información económico y financiera y por otro delito de alzamiento de bienes. Al contrario que la Audiencia Nacional, lo absolvió de los delitos de falsedad en documento mercantil y de estafa agravada.

La sentencia del Supremo asume los hechos denunciados por la Audiencia Nacional, que, en resumen, acusó a De Sousa-Faro de estructurar "métodos de financiación" para Pescanova basados en "relaciones comerciales ficticias". Todo, para "poder seguir disfrutando del financiamiento bancario" y hacer atractiva a Pescanova para captar inversores confiados en "los buenos datos económicos publicados" cuando "la situación real (...) era diametralmente opuesta", transcribe también el alto tribunal.

Durante el transcurso de este enorme caso —solo la sentencia del Supremo supera las 400 páginas—, la investigación apuntó que este fue el método ideado por De Sousa-Faro para tratar de esquivar las turbulencias que comenzaron con el estallido de la crisis a finales de 2008 y que las operaciones ilegales ya habían comenzado a ser "planeadas" en esos primeros meses de 2009. Es decir, mientras el empresario clamaba por desalojar de la Xunta al PSOE y al BNG. "Es necesario un cambio urgente", escribió en aquel artículo de opinión, porque el Gobierno de izquierda impusiera "atascos en barreras ideológicas, idiomáticas o geográficas".

Según su escrito, el bipartito de socialistas y nacionalistas había evidenciado una "falta de capacidad o de conocimiento" y había caído en "distracciones" que habían arriesgado las "cotas de producción que Galicia se ha venido labrando con esfuerzo y tesón". En caso de que el "cambio" no llegase, el panorama que esbozó era apocalíptico: "Continuaremos con la destrucción de empleo y ello podría ser el fin de Galicia; la vuelta a la emigración" 

Con aquella llamada implícita a votar al PP de Feijóo, De Sousa-Faro culminó una legislatura de una abierta confrontación con la Xunta. Entre otros asuntos, porque la coalición de izquierdas había frenado su proyecto para construir una piscifactoría en Cabo Touriñán, que había sido autorizado por el Gobierno ya en funciones de Manuel Fraga, el último Consello de Goberno antes del cambio, y con Feijóo como vicepresidente primero. Según una sentencia del Supremo dictada en 2015, esta autorización del gabinete de Fraga fue irregular.

Frente al rechazo del Gobierno de coalición a la instalación de la piscifactoría en Touriñán, sustentada sobre todo en motivos medioambientales, Feijóo llegó a proclamar que PSOE y BNG habían provocado la "fuga de Pescanova" a Portugal. La empresa había optado por abrir otra fábrica en Mira, a unos cien kilómetros de Oporto. En vísperas de las elecciones de 2009, periodistas gallegos fueron invitados a visitarla. En 2017, los bancos portugueses que la habían financiado terminaron vendiéndola por ruinosa.

Los deseos electorales del empresario se cumplieron de aquel 1 de marzo de 2009: el PP logró la mayoría absoluta con la que un mes y medio después Feijóo fue investido como presidente. En los primeros compases de su mandato, no ahorró elogios para De Sousa-Faro, un "ejemplo de galleguismo empresarial" al frente de una empresa, Pescanova, "consecuencia de muchas decisiones valientes adoptadas por Manuel Fernández de Sousa-Faro y su equipo", dijo al entregarle el premio Gallego del año en 2010 del Grupo Correo Gallego.

Feijóo y su gobierno también abrieron la puerta a reactivar proyectos como el de Touriñán, que fueron silenciandose cuando, en 2013, Pescanova quebró y comenzó su periplo judicial que ahora termina. Un silencio similar con el que la política gallega recibió la condena definitiva a De Sousa-Faro.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.

A las seis de la mañana ya se están cerrando las últimas subastas en la lonja de O Berbés, el puerto pesquero de Vigo. Con un pequeño megáfono, los subastadores cantan los precios de los últimos gallos –rapantes en gallego– que han desembarcado del Gran Sol. Este martes de mayo se han vendido 250 kilos de gallo, a entre 1,25 y 6,35 euros el kilo. El trajín continuo de las pequeñas carretillas elevadoras propulsadas con gas se mezcla con las prisas ruidosas de los carrexóns, muchos de ellos mujeres, que tiran de unos carros igualmente cargados con cajas y cajas de peixe. En ellas, rapes descomunales, rubios más grandes que un brazo humano, algo de sardina, chocos negros bañados en su propia tinta… Aquí todo es pescado fresco, recién bajado a tierra, que en sólo unas horas estará en el mercado o el restaurante a un precio ostensiblemente superior al pagado en el muelle.

Pero olvídese de esta imagen romántica de un sector que representa el 0,6% del PIB nacional y es el primero de la UE en producción, con un 20% de las capturas comunitarias. La mayor parte del pescado ya no va de los palangres y las redes de arrastre a las bodegas de los pesqueros y de allí a los muelles, sino que llega a puerto metido en contenedores o en buques mercantes. También viene en avión. Congelado, por supuesto, en bloques de 10 kilos de peso.

Vigo es el mayor puerto pesquero de Europa. En O Berbés se descargan 79.775 toneladas anuales de pescado fresco –son las cifras de 2019, las de 2020, el año de la pandemia, el volumen bajó– y un poco menos, 70.070 toneladas, de pesca congelada en los muelles de Bouzas. Pero el grueso de la proteína marina que consta en los registros, 352.370 toneladas, cinco veces más, se desembarca ultrarrefrigerada en la otra punta del puerto, en la terminal de Guixar. El 83,6% de la pesca congelada viene en contenedores, según recoge el informe anual de la Autoridad Portuaria viguesa.

Alrededor de esos muelles hiperactivos y sustentada en la larga y poderosa tradición pesquera gallega, se ha desarrollado toda una industria transformadora, que sólo en lo que al congelado se refiere suma más de 140 empresas –casi el 40% de las españolas– y factura 4.230 millones de euros al año. Los gallegos fueron en su día los reyes del Atlántico Suroeste, donde aún faenan más de 40 grandes barcos congeladores –en aguas de Malvinas y Argentina– y donde creció hasta convertirse en la segunda flota pesquera del mundo, con 145 barcos en los años 90, la hoy renacida Pescanova. Merluzas, calamares y langostinos nutrían a la industria gallega y ésta alimentaba el mercado nacional, cuyo consumo de pescado creció al mismo ritmo que el poder adquisitivo de los españoles.

España siempre ha sido uno de los países del mundo que más proteína marina ingiere, sólo superado por Japón. En 2019, 22,5 kilos per cápita, aunque el consumo no ha dejado de caer en los últimos años: una década antes ascendía a 30,15 kilos. Los japoneses rozan los 54 kilos, también en ritmo descendente. Por el contrario, en el resto del planeta el consumo de pescado crece de forma sostenida al mismo tiempo que el nivel de vida en los países desarrollados. En 1960 la media mundial per cápita era de sólo nueve kilos y en 2018 ya superaba los 20, de acuerdo con los datos de la FAO. El consumo mundial de pescado ha aumentado un 3,1% desde 1961, el doble de lo que se ha expandido la población mundial en ese periodo, y mucho más de lo que lo ha hecho el consumo de carne y leche.

Pero de ese creciente gusto por el pescado hay un ilustre culpable: China. La FAO cifra en 39,3 kilos el consumo per cápita de los 1.400 millones de habitantes del gigante asiático y calcula que éstos se comerán el 36% del pescado que se capture en 2028. Teniendo en cuenta que en 1990 cada chino sólo consumía 11,5 kilos de proteína marina al año, su ingesta se ha más que triplicado en 30 años. Un mercado enorme que hay que satisfacer. También una demanda que ha trastocado la producción y el comercio mundiales de pescado.

Una flota de un millón de barcos

China es el primer productor mundial de pescado, tanto del procedente de la acuicultura como del capturado en el mar. En 2018, pescó 12,7 millones de toneladas en aguas distintas de las suyas, tras triplicar las capturas en cuatro décadas. Desde 2002 también es el primer exportador mundial y desde 2011, el tercer importador. El primer consumidor es la Unión Europea. España figura como vigésimo pescador del planeta, con unas capturas de 920.000 toneladas en 2018, según la FAO. Desde 1980, su producción ha caído un 24%. Muy lejos, por tanto, de los colosales números chinos.

La necesidad de cubrir esa demanda interna en alza constante ha empujado al Gobierno de Pekín –la mayoría de las empresas pesqueras chinas son estatales– no sólo a buscar materia prima en todos los mares, sino también a multiplicar las inversiones en el sector. Su flota no dejó de crecer hasta 2013, cuando llegó a superar el millón de embarcaciones. Pero desde entonces se ha reducido un 20%, en parte como resultado de su 13º Plan Quinquenal, que pretende mejorar la gestión de las pesquerías. Fue entonces cuando el capital chino irrumpió en los puertos y en la industria de los países ribereños, e incluso de España.

En comparación, la flota pesquera española, aun siendo la mayor de la UE, sólo posee 8.007 barcos, de acuerdo con los últimos registros del Ministerio de Agricultura. Pero de ellos, el 71,6% tiene menos de 12 metros de eslora y se considera flota artesanal. Grandes buques son sólo los 102 que faenan en caladeros de la UE y otros 180 en caladeros del Atlántico norte y sur, el Índico y el Pacífico.

Para hacerse una idea de la disparidad de tamaños: la flota pesquera china despliega hasta 16.966 grandes barcos en alta mar, según los cálculos publicados en un informe del Overseas Institute Development el pasado mes de junio. Además, faenan sin atenerse a los controles operativos ni las directrices científicas a los que están obligados los barcos con banderas comunitarias, como los españoles. “Pescamos con observadores científicos independientes a bordo que reportan a las autoridades de los países costeros y de la UE, nos ajustamos a los tamaños mínimos y llevamos siempre los sistemas de localización activados”, esgrime Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, donde están asociadas 160 empresas propietarias de grandes pesqueros congeladores. Pero, sólo en aguas del Atlántico suroccidental, más allá de las 200 millas bajo jurisdicción argentina y de las islas Malvinas –jurisdicción británica–, pescan más de 400 barcos de bandera o capital asiáticos –como prefiere denominarlos Touza– sin ningún tipo de control, acusa el armador, quien también dirige Chymar, propietaria de tres pesqueros, dos de ellos explotados en una sociedad mixta y con base en las islas que se disputan el Reino Unido y Argentina. En aguas de Malvinas faenan 18 barcos y 24 en las de Argentina, todos ellos con bandera británica, argentina o uruguaya, pero con la mitad del capital español. Touza asegura que esos barcos pertenecen a empresas familiares “interesadas en proteger los recursos marinos”. “Para que nuestros nietos puedan seguir pescando”, subraya. “Por eso pensamos en invertir en barcos y en derechos de pesca a 25 años, no en la depredación de los recursos en el corto plazo”.

Guerra abierta contra la competencia desleal

Frente a esas acusaciones, secundadas también por las organizaciones de defensa de la vida marina, el Gobierno chino replica que es miembro de ocho organizaciones regionales de gestión de la pesca y que cumple “plenamente con las obligaciones correspondientes en materia de conservación y gestión de los recursos, así como con las obligaciones de diligencia debida para algunas pesquerías de alta mar que no son gestionadas por organizaciones regionales”, según la información facilitada por la Embajada china en Berna (Suiza). En 2020, el país aplicó por primera vez una moratoria voluntaria de la pesca en algunas zonas marítimas de América del Sur, “para reforzar la conservación de los bancos de calamares y proteger los ejemplares juveniles, los grupos de desove y sus zonas de crecimiento y reproducción”. Todos los barcos chinos de altura desalojaron entonces la zona. Además, Pekín se compromete a seguir aplicando moratorias de pesca, reforzando la investigación, el seguimiento, la evaluación y el análisis de los recursos, y ajustando las medidas de manera oportuna según el estado de los recursos, explica su embajada en Suiza.

El programa de la televisión pública suiza RTS Un bon entendeur ha identificado al menos 650 buques con pabellón chino con autorización para pescar calamar gracias a Global Fishing Watch, una organización que rastrea la actividad pesquera en todo el planeta. Duncan Copeland, director de Trygg Matt Tracking, una ONG noruega que ayuda a países en desarrollo a controlar sus pesquerías, lo confirma: “La flota china se desplaza para pescar. Empieza en el Pacífico Norte. Cruza el Pacífico y faena frente a Sudamérica. Atraviesa el Cabo de Hornos y pesca en Argentina, rodea Suráfrica y llega al Índico para regresar al Pacífico. A lo largo del año dan la vuelta al mundo persiguiendo al calamar”.

Además, muchos de esos pesqueros son los principales sospechosos de dedicarse a lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Piratas pesqueros. Touza dice que los armadores españoles libran una “guerra abierta” contra la competencia desleal: con tripulaciones sin protección laboral, ni normas de seguridad e higiene en el trabajo, sin pagar impuestos ni aranceles, sin cumplir las reglas medioambientales y subsidiados por el Gobierno chino hasta en la compra del combustible. El informe de Overseas Institute Development cifra en 183 el número de barcos chinos dedicados en todo el mundo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Muchos de ellos amparados en pabellones de conveniencia,pabellones de conveniencia de países africanos como Ghana, por ejemplo. Aunque no son los únicos piratas, aclara Duncan Copeland. Todas las mayores naciones pesqueras, incluida España, al igual que Francia, Corea del Sur y Taiwán, cita el director de Trygg Matt Tracking, perpetran el mismo delito que los chinos, aunque a menor escala.

El pasado 10 de abril, China anunció el envío de sus primeros cinco observadores a vigilar los trasbordos de capturas de pesqueros a mercantes, donde la mezcla de cargamentos impide conocer el origen real del producto. Javier Touza niega que los barcos españoles en el Atlántico Sur realicen trasbordos en alta mar. “Está prohibido”, zanja. Sólo descargan en puerto o en bahía, añade. A Vigo los grandes congeladores regresan sólo “dos o tres veces al año”. El resto de la marea descargan sus capturas en plantas que las empresas gallegas han establecido en Argentina o Chile, entre otros países. De ahí llegan a Vigo en contenedores o en mercantes frigoríficos. Empresas como Pescanova, Pescapuerta, Pereira, Iberconsa o Fandicosta tienen flota al tiempo que plantas transformadoras. infoLibre e RTS han intentado hablar con todas ellas, pero ninguna ha querido participar en este reportaje. Tampoco la patronal de la industria congeladora, Conxemar.

Su mercado ya no es sólo España, sino toda Europa. En Suiza, por ejemplo, el consumo per cápita de pescado es sólo de 9,1 kilos, pero ha crecido un 60% en 25 años. Ahora, los calamares a la romana son un producto habitual en los supermercados. Una de esas empresas es Alfrio, importante proveedor de las dos grandes cadenas de supermercados helvéticos, Coop y Migros, que vende calamar congelado en Suiza por valor de más de seis millones de euros al año. Tampoco ha querido hablar con este periódico y con la televisión suiza.

El capital chino compra en Argentina y en España

Pero mientras se expandía un mercado que demandaba cada día más y más langostino y merluza y calamar, pese a los cientos de kilómetros que le separan del mar, en el Atlántico Sur y en la Ría de Vigo surgió un actor inesperado. A la competencia en el caladero se le sumó en tierra la fuerza del capital chino. En 2016 dio la campanada cuando la empresa estatal Shanghai Fisheries General Corporation (SFGC) compró la histórica conservera Albo, con plantas en Vigo, Celeiro (Lugo) y Tapia de Casariego (Asturias). Dos años después el fondo chino Legends Holding, propietario de los ordenadores Lenovo, puso el ojo en Iberconsa, la segunda mayor empresa pesquera de España. Finalmente, fue el fondo británico Platinum Equity el que compró la compañía: 350 millones de euros de volumen de negocio y 3.600 trabajadores repartidos por el Atlántico sur, tanto en su costa americana como africana. También el capital chino le tiró los tejos, dos veces, en 2015 y 2017, a Interatlantic, una firma viguesa que se dedica al trading de pescado congelado en un mercado que es global.

Pero la ofensiva en los países productores había sido anterior y no tuvo reparos en desnudar a los competidores españoles. Ya en 2014 la misma Shanghai Fisheries General Corporation adquirió Altamare, filial en Argentina del grupo Pereira –otro de los grandes vigueses–. Un año después firmó una carta de intenciones para hacerse con Solimeno, una de las principales empresas del sector en el país austral. En 2012 había sido China National Fisheries Corporation (CNFC), el mayor grupo pesquero del mundo, también estatal, el que había comprado Krustamoz, filial en Mozambique de la pesquera de Huelva Amasua. Seis años después, Dalian Huafeng se quedó también con Arbumasa, subsidiaria argentina de la onubense, además de ser la dueña de Ardapez, en Mar de Plata. En 2017 había adquirido Conarpesa, la tercera mayor pesquera argentina. Ese mismo año, Xu Hai Jun se hizo con Ian Fish Patagonian Seafood, que se dedica al langostino. Shanghai Fisheries General Corporation también es la dueña de Chiarpesca y de Cheng I, que pescan pota argentina, un tipo de calamar. A capital chino pertenece igualmente el Grupo Fénix. “Desde hace unos años abundan los nombres chinos en los cascos de los barcos de bandera argentina, también en las empresas que los operan”, comenta casi divertido Guillermo Cañete, especialista en pesca sostenible de la fundación argentina Vida Silvestre.

Calamares recién desembarcados en el puerto de Vigo y puestos a la venta en la lonja de O Berbés.

Para mantener y abastecer a esa flota en crecimiento, hacen falta instalaciones en tierra. Desde 2016 otra gran empresa china, Shandong Baoma, negocia con el Gobierno de Uruguay la construcción de una gran base logística que debería servir para aprovisionar y reparar los cientos de barcos asiáticos que faenan en el Atlántico sur a partir de la milla 201. De hecho, la compañía llegó a comprar 30 hectáreas de terreno en Punta Yeguas e hizo público que invertiría hasta 200 millones de dólares en el proyecto. Aún no se ha firmado. No sólo protestaron organizaciones sociales, ecologistas y los pescadores artesanales de la zona, sino que hasta la Administración Trump expresó sus objeciones al aumento de la presencia china en la zona.

En Galicia aún no son tan visibles. “Si un pesquero chino descargase sus capturas en el puerto de Vigo, sería noticia”, advierte Manuel Varela Lafuente, profesor de Economía de la Universidad de Vigo experto en gestión pesquera. Pero los asiáticos sí que se han acercado a Galicia “como punto de referencia en mercados pesqueros”, puntualiza. Y no sólo como inversores. Por ejemplo, los chinos son “muy activos” y muestran “mucho interés” en relacionarse con investigadores gallegos especializados en pesca. También ha empezado a notarse en la universidad viguesa, indica el profesor, la llegada de estudiantes del gigante asiático para aprender sobre pesquerías.

El chipirón, a España; la pota, a Europa

El año pasado Argentina exportó a China 75.685,8 toneladas de calamar, seis veces más de las que vendió a España. El país exporta más cefalópodos que langostinos o merluza, los otros dos productos estrella de esa zona del Atlántico. Y no para de aumentar las ventas a China: desde 2018 han crecido un 73%. Por el contrario, las exportaciones australes a España se han reducido un 16%, según las cuentas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En aguas argentinas se pesca el illex argentinus, o pota argentina. Los poteros, o jiggers en inglés, faenan de noche, atrayendo con unos potentes focos a los calamares, que son capturados con anzuelos. Inicialmente era un arte de pesca japonés que ahora utilizan en estas aguas el resto de las flotas asiáticas y también algunos barcos españoles o de capital español.

En las islas Malvinas, en cambio, los barcos con licencia británica y explotados por sociedades mixtas, pescan con redes de arrastre otro tipo de cefalópodo, loligo gahi o calamar patagónico. O chipirón, si se prefiere. Más pequeño que su primo argentino. Y más caro. En 2019 España importó de Malvinas 80.296 toneladas de loligo, de acuerdo con las estadísticas de Comtrade, la base de datos de comercio internacional de la ONU.

Además, en aguas de Perú, se pesca el llamado potón del Pacífico, dosidicus gigas, que puede llegar a alcanzar los cuatro metros de longitud. España compró unas 62.224 toneladas en 2019 a Perú, su segundo exportador tras Malvinas. Ya en Galicia, la industria transformadora troquela el enorme manto de los calamares gigantes y los convierte en anillas o rabas. El illex argentino suele terminar como calamares a la romana congelados. Es también el que se envía mayoritariamente a los supermercados europeos. El loligo, sin embargo, se queda al completo en el mercado español.

El presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo, Javier Touza.

“Nuestra flota cubre entre un 60% y un 70% del consumo nacional de pescado congelado, el resto viene de China y de otros países”, detalla Edelmiro Ulloa, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Así, China ocupa el sexto lugar en el ranking de importadores de calamar congelado en el puerto gallego, sólo 2.760 toneladas de un total de 97.703 en 2019. Pero es el primer destino del calamar que se exporta desde Vigo. Y no sólo para que se lo coman sus ciudadanos, sino también para ser procesado allí y devuelto a territorio de la Unión Europea. Los bajos costes industriales chinos hacen rentable ese largo viaje. “Lo mismo ocurría hasta hace cuatro años con el camarón que se pesca en Groenlandia: se enviaba congelado a China en contenedores, allí lo pelaban, porque salía más barato, y luego lo mandaban de vuelta a la Unión Europea en cajas”, describe Ulloa.

El calamar industrial

Interatlantic se fundó hace 27 años en Vigo como una empresa más del pujante sector procesador de pescado. A día de hoy se dedica a algo en principio tan alejado de la lonja de O Berbés y sus carrexóns como el trading. Ocupa el antiguo edificio de las Aduanas del puerto, pero reformado en su interior con grandes cristaleras que separan despachos de diseño. Los traders ocupan una sala llena de pantallas de ordenador en el más puro estilo Wall Street. Pero lo que compran y venden –factura casi 71 millones de euros al año– no son derivados ni futuros, sino bloques de 10 kilos de pescado congelado. Compran en Argentina, en Boston (Estados Unidos), China, India… Y su principal producto es el potón del Pacífico, el calamar industrial. Hasta el punto de que Interatlantic ha tenido que abrir en Perú una planta transformadora. La única que posee. De las 30.000 toneladas de pescado que comercializa cada año, entre 20.000 y 25.000 son de calamar, precisa Bruno Cabaleiro, su director comercial. También ha abierto una oficina en la ciudad china de Dalian. “El 70% del calamar congelado mundial se procesa en China”, admite. Cabaleiro destaca que el del pescado congelado es un mercado “dinámico, plural y abierto a alternativas”. Además de con unos precios que han experimentado “una tendencia alcista” en los últimos 10 años, pero fruto del aumento de la demanda, dice, más que de la escasez del producto. “No hay tal”, rebate Cabaleiro, “si un año disminuyen las capturas, al año siguiente el stock se recupera, no está sobreexplotado”.

No está de acuerdo Guillermo Cañete, el ecologista argentino. “El calamar es un recurso que se encuentra al límite siempre, por sus características biológicas y porque es sensible a las variaciones ambientales”, explica. “Está explotado al máximo”. Según sus cálculos, los 400 o 500 poteros que pescan illex en aguas argentinas capturan unas 50 toneladas diarias, un volumen muy elevado. Y ello pese a que el Gobierno de Buenos Aires vigila la mortandad de los individuos de la especie y, cuando el número de reproductores baja hasta el 40%, cierra la pesquería. Cañete se lamenta de lo difícil que resulta eludir el dominio chino en el mar. “La flota asiática se mueve de forma coordinada: desciende por el Pacífico de Galápagos a Perú, luego a Chile y después cruza hacia Argentina”, repite la ruta ya descrita por Duncan Copeland. Luego los poteros apagan el sistema de posicionamiento y sólo la huella lumínica, la luz de los focos con los que faenan, les delata ante el ojo de los satélites. Pero hay otros motivos que permiten a los barcos chinos salir impunes de la depredación pesquera. El país asiático es el segundo socio comercial de Argentina, tras Brasil. Y su principal comprador de soja: 2.173 millones de dólares le exportó en 2019, seis veces el valor de los productos pesqueros que le vendió ese año.

El barco gallego 'Playa Pesmar' fue apresado en febrero de 2018 por faenar ilegalmente en aguas argentinas.

Además, la actividad de la flota china en aguas del Atlántico sur “no es pesca ilegal, tan sólo no regulada”, aclara por su parte Vanya Vulperhorst, directora de la campaña de pesca ilegal y transparencia de la organización ecologista Oceana. Más allá de las 200 millas no hay ley que les impida faenar sin control. Una situación agravada, añade Vulperhorst, por el hecho de que, a diferencia de otros caladeros, el Atlántico sur carece de una organización regional de ordenación pesquera (OROP) que establezca medidas de gestión y de conservación de la pesquería. Hay unas 50 OROP en todo el planeta, en todos los océanos, en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, y cinco son transoceánicas. Pero la disputa por la soberanía de las islas Malvinas entre Argentina y Reino Unido hace imposible un acuerdo para gestionar la riqueza de las aguas que comparten.

“Los recursos son limitados y se están agotando”

“Si no se pone fin a las actividades pesqueras ilegales o no reguladas, nos dirigimos al desastre. Si no hay una gestión internacional fuerte, China podrá controlar sus flotas”, advierte Vanya Vulperhorst, “pero los bancos de pesca no lo notarán, porque otros países podrán incurrir en sobrepesca”. La pesquería del calamar, de hecho, está menos regulada que la del atún, resalta la directora de Oceana. “No hay organizaciones regionales de pesca para todas las especies”, continúa, “y si una especie no está gestionada por una de estas organizaciones, cada país puede capturar todo lo que quiera en aguas internacionales, no hay límite. Si todo está permitido, se llegará al colapso de los bancos de pesca”.

Las Islas Malvinas obtienen de la pesca el 40% de su PIB. Sólo gracias a las licencias que venden a países como España ingresan cada año 20 millones de libras –23,3 millones de euros–. Así que cuidan especialmente de su particular oro negro. Por ejemplo, el Departamento de Pesca publica en su página web el volumen de capturas semanal de cada especie. Entre el 28 de abril y el 4 de mayo, se pescaron en las islas 1.470 toneladas de loligo, 5.974 de illex y 2.273 de merluza, las tres principales capturas.

El armador Javier Touza confía en el trabajo conjunto con los científicos y con la FAO para proteger los recursos pesqueros, que sin embargo no duda en calificar de “infinitos”. Luego dice que también son “renovables” y tacha de “catastrofistas” las tesis que apuntan a la esquilmación de los mares por la sobrepesca. Raúl Cerviño, ingeniero medioambiental y portavoz de Ecoloxistas en Acción, lo rebate. “Los recursos son limitados y se están agotando”, contrapone, “los caladeros más próximos ya están exhaustos, por eso las flotas han tenido que irse cada vez más lejos para conseguir capturas, lo que, además, aumenta la huella de carbono al exigir un cada vez mayor consumo de combustible. Irse cada vez más lejos sólo traslada el problema”. Cerviño cree que las acusaciones sobre la actitud poco ejemplar de la flota china son ciertas, aunque, a fin de cuentas, advierte, “la bandera del barco no es lo importante”. La pesca más sostenible es la artesanal y el consumo, el de pescado fresco y de cercanía. Porque, de continuar al actual ritmo, no sólo va a resultar dañado el ecosistema marino, sino también las regiones que viven de la pesca, “como Vigo”, cuando los pescadores se queden sin su principal fuente de ingresos. Tampoco la acuicultura, que supone ya el 52% del consumo mundial de pescado, es la solución a la sobrepesca: “Las piscifactorías contaminan, generan desechos y administran antibióticos a los peces que luego terminan aumentando la resistencia de los humanos a estos fármacos”. Según la FAO, en 1974 el 90% de las áreas pesqueras eran sostenibles; en 2017, sólo el 65,8% tenía esa consideración. Es decir, en 43 años se han triplicado los caladeros en peligro.

Ecuador apresó en agosto de 2017 a un barco chino por faenar ilegalmente en sus aguas.

Los incumplimientos chinos en las importaciones de pescado

Al otro lado de la cadena se encuentra el consumidor, que con la globalización del comercio pesquero ha perdido la pista del origen de lo que come. Y cuando en esa cadena aparece China como paso intermedio, la trazabilidad se resiente, resalta Vanya Wulperhost. Los trasbordos en alta mar de los pesqueros chinos mezclan en un mismo carguero capturas de diferentes barcos. En territorio de la UE, la mercancía debe quedar convenientemente certificada. De qué especie se trata, dónde se ha pescado y con qué arte. Los armadores gallegos aseguran que la trazabilidad es absolutamente confiable en los productos que ellos pescan, ultracongelan y traen a puerto. Manuel Varela, el profesor de la Universidad de Vigo, precisa sin embargo que en ese campo “aún queda por hacer” pese a lo mucho que se ha avanzado. No siempre ha sido segura, reconoce, sobre todo en el pescado congelado. Habitual era, apunta, que se diera el mismo nombre a entre 13 y 15 especies diferentes de merluza o a varias de atún.

En mayo de 2019 la Subdirección General de Sanidad Exterior emitió una instrucción que exige a todas las importaciones de pescado congelado de China y al 20% de las procedentes de terceros países copia de los certificados de captura que avalen que el producto ha sido “congelado, procesado o transportado” a bordo de barcos autorizados por la UE, o bien “manipulado, procesado o almacenado” en una planta o almacén en tierra que figuren en la lista de establecimientos autorizados a exportar a países comunitarios. La medida se justificaba en el “historial de incumplimientos” de las importaciones chinas, que acumulaban entonces el mayor número de “errores de certificación”. Una apreciación grave si se tiene en cuenta que España es el primer país de la UE en comercio de calamar congelado con China. Además, le compra cuatro veces más cefalópodo del que le vende.

El entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, protestó por el aumento de “trabas administrativas”, que estaban haciendo perder al puerto, calculaba, hasta 30 contenedores semanales. El pescado congelado evitaba Vigo y entraba en la UE por el puerto portugués de Leixões, a 152 kilómetros de la ciudad gallega, y por el holandés de Rotterdam. También armadores y consignatarios pusieron el grito en el cielo. Sanidad Exterior se ha limitado a indicar a infoLibre que la instrucción se emitió tras detectar que “se estaban intentando introducir en territorio de la Unión productos no autorizados”, sin dar más detalles, y que la orden sigue en vigor. También asegura que cada vez son menos las partidas que incumplen la normativa y que no tiene constancia de que se hayan producido desvíos de mercancías a otros puertos europeos por este motivo. “La normativa que regula las condiciones de introducción en el territorio de la UE de los productos de origen animal es común para todos los Estamos miembros”, concluye.

“Aquí los servicios de inspección sanitaria son muy estrictos”, corrobora Lola Ruiz, jefa de Explotación y de política comercial de la Autoridad Portuaria, “y yo, como consumidora final, lo agradezco; y sí, España tiene fama de ser bastante estricta y de ir bastante por el libro en las inspecciones”.

La Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro y a penas que van de los seis meses a los tres años y medio de prisión para otros once acusados de la excúpula de la compañía por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados y condenan a los otros doce a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la Audiencia Nacional ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova SA y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

Prácticas irregulares desde la dirección de Pescanova 

La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del consejo de administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro, que contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo Pérez Uros; el financiero, dirigido por Antonio Taboas, y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la firma gallega, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó, junto con un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero, seguir obteniendo financiación a través de una serie de mecanismos o prácticas irregulares con objeto de seguir obteniendo financiación bancaria.

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa "para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones".

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a la antigua cúpula de Pescanova por maquillar las cuentas a partir del 2 de diciembre, con la perspectiva de que se celebren más de 40 sesiones y el procedimiento quede visto para sentencia en marzo de 2020, tal y como especifica el auto de señalamiento de juicio oral.

Así, a partir del día 2 de diciembre se sentarán en el banquillo el expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de maquillar los estados financieros de la compañía entre los años 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.

La investigación se inició en el año 2013 y ha corrido a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo actual titular, José De La Mata, cerró las pesquisas en junio de 2018 y propuso juzgar a 19 ex altos cargos de la pesquera y 12 sociedades por presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.

La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros; 13 años y medio con multa de 504.000 euros para su hijo, y para el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros por estos hechos.

Mientras, para la empresa matriz la acusación solicita una multa superior a los 348 millones de euros por los delitos de falseamiento de información económica, estafa e insolvencia punible, mientras la auditora BDO afronta 45 millones de euros en concepto de responsabilidad civil y subsidiariamente respecto de su socio auditor Santiago Sañé Figueras, 161 millones de euros.

Beneficios de 15 millones y pérdidas de 223

Conforme explicaba De La Mata en el auto de apertura de juicio oral, las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo. Por ejercicios, en el año 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros, mientras que un año después, se declararon unos beneficios superiores a los 16 millones de euros aunque las pérdidas rondaban los 300.000 euros.

"La situación motivó que Pescanova, en lugar de presentar la situación real, se decidió alterar los estados financieros que periódicamente presentaba al mercado, mediante determinadas prácticas contables irregulares, con el fin de que las consecuencias económicas derivadas de esas operaciones comerciales irregulares no quedaran registradas en su contabilidad, ni afloraran en sus cuentas anuales, ni en los informes y documentos que venían obligados a presentar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", rezaba el auto.

En lo que respecta a la operativa de ampliación de capital de la vieja Pescanova, el magistrado explicaba que el Consejo de Administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros "utilizando una vez más para convencer a futuros inversores la información financiera de contenido falso que venían tiempo haciendo pública". Un año después, la multinacional suspendió la cotización el Bolsa, tras detectarse irregularidades en su contabilidad. Ése fue el punto de inicio de un largo proceso, que ha incluido un concurso de acreedores, y que ha desembocado en la refundación de la empresa, ahora en manos de la banca como Nueva Pescanova, separada y enfrentada judicialmente con la vieja Pescanova (convertida en una mera sociedad de cartera).

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa y otras 18 personas integrantes de la excúpula de la empresa por los delitos de falseamiento de cuentas anuales e información económica financiera, estafa, alzamiento de bienes, blanqueo, insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, uso de información relevante e impedimento de la actuación del organismo superior, informa Europa Press.

El juez pone fin a cinco años de instrucción y dicta auto de procedimiento abreviado al considerar que deben ser juzgadas 19 personas y doce sociedades, entre ellas la propia Pescanova S.A., por maquillar los estados financieros de la pesquera entre los años 2009 y 2012 mediante "prácticas contables irregulares".

De acuerdo con el relato de los hechos que hace el magistrado, los acusados alteraron las cuentas que presentaban al mercado para evitar que las consecuencias de estos movimientos quedaran registradas en su contabilidad y con el fin de que no se vieran reflejadas en las cuentas que luego presentan ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Con estas prácticas los investigados minoraron indebidamente la deuda financiera a contabilizar por el Grupo Pescanova en cantidades muy importantes, lo que les permitía elaborar sus cuentas anuales y demás documentos contables e informativos consignando deliberadamente en ellos resultados positivos que no se correspondían con la realidad, pues tanto Pescanova S.A. como el grupo consolidado presentaban patrimonios netos y resultados negativos millonarios", afirma De la Mata.

No se reflejaba la imagen fiel

En lo que respecta al delito de falseamiento de cuentas, De la Mata explica que de acuerdo con los hechos investigados se habrían falseado las cuentas anuales al menos en los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2011 (dinámica que continuó con las cuentas preparadas para 2012) y expone que los administradores, "en responsabilidad compartida con los auditores", habrían aprobado unas cuentas maquilladas que no reflejaban la imagen fiel de las sociedades que administraban. Ninguna de esas cuentas anuales reflejaba la imagen fiel de Pescanova, según el magistrado.

Al actuar así proporcionaron públicamente una imagen irreal de su situación económica y patrimonial, hasta el punto de que, como ponen de manifiesto algunos de los querellantes, entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en esos valores atendiendo al signo positivo de aquella información. Se trató pues de una dinámica que se ocultó a inversores, accionistas, acreedores y al organismo regulador.

En cuanto al falseamiento de información económica y financiera, afirma el magistrado que entre los meses de julio y agosto de 2012 se produjo una ampliación de capital de la vieja Pescanova viejamediante la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros.

"Resultado lesivo" para los inversores

Sobre el folleto emitido para los inversores el juez determina que no reflejaba ni la información de solvencia publicitada ni la situación económica financiera real, y por tanto, no solo se habría producido esa falsa información al inversor sino también un "resultado lesivo" para este último, dado que supuso un perjuicio para los nuevos accionistas, quienes basaron su inversión en una información y unos datos que resultaron ser "falsos".

En el punto relativo al delito de estafa, razona que muchas entidades bancarias accedieron a financiar a Pescanova y su grupo de sociedades en este periodo "plenamente confiados" de su solvencia reflejada en la información económica aportada, así como en la realidad de las operaciones comerciales —ficticias— en las que se generaban las facturas. Se trató de una operativa controlada desde Pescanova por sus altos ejecutivos con el auxilio de los investigados Ángel González Domínguez desde el Departamento de Contabilidad y José Manuel Gil González desde el área financiera.

Pieza separada de las cuentas familiares

En otro auto, De la Mata abre una pieza separada para investigar a la mujer de Fernández de Sousa, María Rosario Andrade, y dos de sus hijos en relación con unas cuentas abiertas en una entidad bancaria de Andorra que los anteriores no han declarado ante la Hacienda Pública, de acuerdo con el modelo 720 de la declaración de bienes en el extranjero.

Según se desprende de la investigación, el 29 de octubre de 2015 se bloquearon tres cuentas de los tres investigados en Andbank por poco más de tres millones de euros (3.266.385 dólares, 262.887 libras y 522.045 euros), correspondientes a diversos ingresos y sus rentabilidades y cuyo origen último de los fondos, dice el juez, se desconoce y permanecieron ocultos en todos momento a la hacienda pública española".

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa creó una sociedad offshore en 1998 en la que ocultaba parte de las acciones con las que controlaba la compañía según laSexta.  En concreto, más de 8.500 acciones, valoradas en unos 128.000 euros.

Las informaciones de los papeles de Panamá recogen que la sociedad quedó desactivada en 2006 porque Fernández de Sousa dejó de pagar las cuotas. Sin embargo, con la presentación del concurso de acreedores de Pescanova en 2013, el entonces presidente de la compañía decide reactivar la sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas.Islas Vírgenes Británicas.

En esas fechas el abogado representante de Fernández de Sousa, Alain Levy, pide con insistencia a Mossack Fonseca un certificado que pruebe que la sociedad llevaba años desactivada y que todos los bienes de la misma, incluidas las acciones, eran de Fernández de Sousa. Con esta maniobra el expresidente buscaría exculpar al resto de miembros del consejo de Pescanova.

El entorno de Fernández de Sousa asegura que la sociedad nunca se utilizó para obtener ventajas fiscales.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, dictó una orden, en vigor desde el martes, en la que se establece que la lista de morosos con la Hacienda Pública se publicará anualmente a partir del 1 de mayo, morosossegún informó Europa Press.

Como la Ley General Tributaria establece que esta lista debe estar publicada en el primer semestre, el plazo de publicación de la misma quedará comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada año, según precisó Hacienda en un comunicado.

En este listado figurarán los deudores con la Administración Tributaria con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de diciembre del año anterior, y que no se encuentren ni aplazadas ni suspendidas.

La publicación de esta lista se efectuará por medios electrónicos en formato PDF y dejará de ser accesible tres meses después de la fecha de su difusión. Además, se impedirá que ésta se localice a través de motores de búsqueda en Internet.

Hacienda publicó la primera lista de morosos en su sede electrónica el pasado 23 de diciembre, incluyendo en ella a los deudores con la Administración Tributaria con deudas de más de un millón de euros pendientes de pago a 31 de julio de 2015.

Antes de la publicación del listado, los deudores afectados serán notificados por Hacienda y tendrán un plazo de 10 días hábiles para realizar alegaciones. Éstas sólo servirán para corregir errores materiales si los hubiera, pero no para realizar el pago de la deuda y evitar con ello la aparición en esta lista.

En la lista de morosos publicada el pasado diciembre el importe global de deudas con Hacienda superaba los 15.600 millones de euros, y la cifra total de deudores alcanzaba los 4.855, de los que 345 eran personas físicas, con una deuda que sobrepasaba los 700 millones de euros, y 4.510 eran personas jurídicas, con pagos pendientes de 14.900 millones de euros.

En la lista de mayores deudores con la Administración Tributaria se identifica completamente a los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, con su nombre, apellidos, NIF, razón o denominación social completa.

La lista anterior, a punto de desaparecer

La primera lista de morosos, publicada el pasado 23 de diciembre, dejará de ser accesible en un par de días al cumplirse tres meses desde su publicación.

En aquella lista aparecían nombres tan conocidos como el de Mario Conde, Dani Pedrosa, los hermanos Areces, Lorenzo Sanz y los Ruiz-Mateos, además de empresas como Reyal Urbis, Nozar, Marsans, Air Comet, Spanair, Pescanova y Grupo Cantoblanco.

También figuraban como deudores con Hacienda con deudas superiores al millón de euros varios clubes de baloncesto, como el Estudiantes o el Joventut, y también algunos clubes de fútbol, como el Recreativo de Huelva o el Real Murcia.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incrementado en 117,9 millones de euros las fianzas impuestas en concepto de responsabilidad civil a una decena de altos cargos de Pescanova, a los que se imputa la comisión de delitos de falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica, uso de información relevante, estafa y falsificación de facturas según ha podido saber Europa Press.

En un auto hecho público este jueves, el magistrado alza las responsabilidades pecuniarias hasta alcanzar la suma de los perjuicios que reclaman las acusaciones que se personados después de enero de 2014 y que, según los cálculos efectuados, alcanza un total de 88,4 millones más el tercio establecido por la ley.

Con este incremento, la suma total que deben satisfacer de forma solidaria los imputados asciende a 274,4 millones de euros. Entre ellos, se encuentra el ex presidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa, que el magistrado considera "máximo responsable" de las irregularidades en la empresa que dirigía.

También se encuentran imputados los consejeros Alfonso Paz Andrade y José Antonio Pérez Nievas; los directivos Pablo Javier Fernández Andrade, Fernando Fernández de Sousa, Robert Albert Williams, Jesús García García, Joaquín Viña Tamargo, Antonio Taboas y Alfredo López.

Todos ellos cuentan ahora con un plazo de 10 días para depositar la caución y, de no hacerlo en el plazo establecido, el juez procederá al embargo de sus bienes en cantidad suficiente pata cubrir la citada cantidad. Esta suma servirá para garantizar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de la causa, en la que se investiga el falseamiento de cuentas de la compañía que condujo a varios inversores a la compra de acciones.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 aseguraba considera que los administradores de Pescanova "valiéndose de una información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones.

Entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos. Las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. En marzo de 2013 quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores.

Vendió acciones antes de la previa

En concreto, según los datos que constan en la causa, Fernández de Sousa vendió, a través de la Sociedad Anónima de Desarrollo y Control (Sodesco), 1,6 millones de acciones a un precio medio de 16,26 euros entre enero y febrero de 2013, mes en el que la empresa de declaró en concurso de acreedores. El expresidente obtuvo de este modo 27,4 millones de euros y evitó una pérdida de 15,6.

Por su parte los consejeros Paz Andrade y Pérez Nievas vendieron en los mismos meses 344.972 y 110.000 títulos los que les supuso sendos ingresos de 5,8 y 1,8 millones de euros respectivamente.

Elena Salgado fichará por Nueva Pescanova y entrará en el consejo de administración de la compañía, que estará integrado por doce miembros, presidido por Jacobo González Robatto y con Ignacio González –director general de Campofrío– como consejero delegado, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la firma.

En concreto, la que fuera vicepresidenta económica con el último Gobierno de José Luis Roríguez Zapatero, nacida de Ourense, completará el máximo órgano de gobierno de la firma pesquera, en la que la banca ha ejecutado ya varios cambios en la cúpula directiva, a la espera únicamente de incorporar un nuevo director financiero.

Según recoge La Voz de Galicia, Salgado no será la única persona vinculada a la política que ocupe un asiento en el consejo de administración de la pesquera, ya que Antonio Couceiro, que fue una persona destacada en el PP del fraguismo, también formará parte del mismo.

Junto a Salgado y Couceiro, las otras seis personas que ha consensuado la banca que controla la firma gallega y que ya han aceptado son: Óscar García Maceiras, asesor legal de la Sareb; Ramón Mas, un hombre vinculado a la familia catalana de los Lara; Mariano Riestra, ex alto cargo en el banco alemán Commerzbank; Fernando Valdés, ex de Campofrío, donde coincidió con Ignacio González, el consejero delegado; José Luis Sáenz de Miera, expresidente de Cementos Portland; y José Barreiro, que ostentó altos cargos en BBVA.

Para completar este órgano, según explica el rotativo gallego, faltan otros dos consejeros que colocarán los pequeños accionistas, teniendo en cuenta que la banca tiene el 80% de Nueva Pescanova. Con toda probabilidad serán Diego Fontán, marido de Carolina Masaveu, accionista de referencia en Pescanova, y Alejandro Legarda.

Suspendido sine die. El juicio contra el presidente del Grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, que estaba previsto que se iniciara el 11 de enero y que se alargara hasta el 23 del mismo mes, no se celebrará en esa fecha por enfermedad del patriarca, según confirmaron fuentes de la Audiencia Nacional a infoLibre.

Fuentes de la Audiencia Nacional han asegurado a este diario que peritos judiciales han confirmado la enfermedad de Demetrio Carceller Coll, que afronta una petición de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años de reclusión en prisión. El Ministerio Público les considera a ambos los presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusaron de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Los dueños de la cervecera Damm y del 14,1% de la constructora Sacyr ya habían logrado que el juicio, que en un principio iba a celebrarse en julio, se pospusiera seis meses. El motivo de este retraso fue para preparar el testimonio de tres personas que viven en Estados Unidos y que iban a declarar por videoconferencia.

Declaración jurada en Lisboa

Los Carceller incluyeron entre sus testigos a tres mujeres de Estados Unidos, dos de las cuales realizaron una declaración jurada en Lisboa en la que atribuyeron la responsabilidad de la gestión de las empresas de esta familia en Arizona al empresario Javier Ribas Vila. Este empresario formaba parte del consejo de administración de Damm en representación de la sociedad Seegrund, que en realidad es propiedad de los Carceller.

Este testimonio de las testigos es de vital importancia, habida cuenta de que la mayor parte de los delitos atribuidos al actual presidente de Damm tienen su origen en las inversiones realizadas por su familia en Arizona (EEUU).

Declaración inducida

Y por eso la Fiscalía Anticorrupción, tal y como adelantó infoLibre, quiere determinar si la declaración jurada de las testigos Lynn A. M. y de Lysa K. G. pudo haber sido inducida por los procesados. También pretende saber si el desplazamiento desde Estados Unidos de las testigos fue sufragado por los Carceller o por personas vinculadas a ellos.

En concreto, el Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España.

Carceller Arce también intervino, según la fiscal, en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de empresas radicadas en varias islas de las antiguas Antillas Holandesas.

118 millones

Pero además de los años de cárcel reclamados, la Fiscalía Anticorrupción solicita que Carceller Arce sea multado con hasta 118 millones de euros, siendo la suma de las multas propuestas contra su padre de 330 millones.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los Carceller diseñaron una trama empresarial para ocultar sus rentas a la Hacienda pública española. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

De esta forma, pagaban menos impuestos en España, lo que suponía una ventaja competitiva frente al resto de empresas del sector. Y estas firmas radicadas en el extranjero acaban formando parte del accionario del grupo empresarial familiar.

Simuló vivir en Lisboa

En el caso del padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Los dos Carceller procesados en la Audiencia Nacional son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquista. Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado en 1940 titular del Ministerio de Industria.

Pronazi convencido se le considera, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escala".

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado sendos recursos interpuestos por la Xunta e Insuiña, filial de Pescanova, contra la sentencia que obligaba a la Administración autonómica a pagar 1,09 millones de euros a la empresa en concepto de indemnización tras la anulación del proyecto para instalar una planta de engorde en Cabo Touriñán, en un espacio integrado en la Red Natura 2000.

De este modo, en una sentencia con fecha de este 24 de febrero, que recoge Europa Press, el Supremo confirma el fallo de 2012 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación con el plan aprobado en 2005, todavía con el popular Manuel Fraga al frente del Gobierno gallego, y que posteriormente impidió seguir adelante el Ejecutivo bipartito, liderado por el socialista Emilio Pérez Touriño, al detectar "irregularidades" en su tramitación.

Ahora, ante las pretensiones de Xunta y Pescanova, el Supremo ve "legal" la decisión del bipartito de impedir la factoría en Rede Natura, aunque entiende que hubo perjuicio para la compañía, y avala la cuantía tasada en su día por un informe pericial, que supera los 1,09 millones, casi 123.000 euros correspondientes a estudios ambientales, topográficos, analíticos, prospecciones y certificaciones y los otros 970.000 derivados de instalaciones técnicas en montaje.

Insuiña había pedido más de 9,32 millones de euros, pero el Supremo, como antes el TSXG, reconoce "unos concretos perjuicios como consecuencia de la aprobación de un proyecto (...) que, aún cuando había sido aprobado, posteriormente se ha dejado sin efecto", pero rechaza la reclamación de las "perspectivas de ganancia" por parte de Pescanova, porque "dicha instalación era imposible de ser efectiva a la vista de la decisión sobre nulidad del planeamiento que la autorizaba, haciendo imposible la obtención de dichos rendimientos".

"Dicha planta en modo alguno era conforme a la legalidad urbanística tras la modificación del planeamiento para adoptarlo a la legalidad, lo cual constituía una exigencia de la misma Administración", establece, para descartar que la factoría pudiese haber proporcionado a Pescanova el rendimiento que esta plantea.

En cuanto a la modificación del planeamiento, los magistrados apuntan que tuvo por finalidad "la subsanación de un vicio de nulidad de pleno derecho".

La Xunta aseguraba que no era aplicable el principio de la confianza legítima y que tampoco concurría uno de los presupuestos de la responsabilidad patrimonial, el de la efectividad del daño.

No obstante, el TS desestima los recursos de casación interpuestos por ambas partes y la oposición a los mismos que se hacen por la contraria, lo cual, según indica, "determina que no proceda hacer concreta imposición de costas".

El Consello de la Xunta de julio de 2005 aprobó el plan sectorial a partir del cual se tramitó la planta de Touriñán. Sin embargo, en 2006, la Xunta bipartita PSOE-BNG emitió un informe que ponía de manifiesto "irregularidades en la tramitación" de dicho plan.

En acatamiento de dicho informe, ordenó iniciar la revisión y modificación del plan sectorial y suspender su eficacia y la tramitación de los proyectos que a su amparo debieran instalarse en espacios integrados en la Red Natura.

En 2008, ya con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, se aprobó el nuevo plan gallego de acuicultura, como consecuencia de la revisión del plan sectorial de los parques de tecnología alimentaria, que sustituía al de 2005, que se declaraba sin efecto.

Pescanova, por su parte, optó por abrir en Mira (Portugal) en 2009 la planta de producción de rodaballo, que supuso una inversión de 140 millones de euros.

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado las alegaciones de la familia de empresarios Carcellerempresarios Carceller y mantiene su decisión de enviarles al banquillo, según un auto de 24 de septiembre al que ha tenido acceso infoLibre.  

El pasado 16 de julio el juez concluyó la investigación sobre dos de los integrantes de la familia Carceller, asegurando que había indicios delictivos para llevar a juicio al presidente de Damm, Demetrio Carceller Arce, a su padre, Demetrio Carceller Coll, y a otros dos imputados por delitos contra la Hacienda Publica y blanqueo de capitales.

En este último auto de 24 de septiembre, el magistrado desmonta las intenciones de los Carceller de paralizar la instrucciónCarceller , rechazando el recurso del abogado José Antonio Choclán, que representa a estos empresarios propietarios del grupo de alimentación Damm. 

En este sentido, el juez analiza en el auto la comparecencia de los peritos propuestos por la defensa de los imputados, que según Ruz incurrieron "en diversas imprecisiones e incongruencias", algo que demuestra, según el criterio del magistrado, que habían "acometido un análisis meramente parcial" de la documentación del sumario, "llegando a omitir importante documentación que estaba a su disposición".

A tal respecto, prosigue el instructor, "no puede obviarse cómo a peguntas del Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado quedó evidenciado cómo los informes periciales aportados por la defensa presentan determinadas carencias o limitaciones respecto de los elementos de la causa que habían sido objeto de análisis por los peritos, reconociéndose por estos no haber analizado la declaración como imputado de Demetrio Carceller Coll, así como tampoco diferentes documentos y movimientos económicos de las sociedades investigadas obrantes en la causa".

Pero Ruz va más allá en su auto, asegurando que quedó constatado durante la diligencia de ratificación pericial "una falta total de conocimiento de la normativa tributaria aplicable al caso" por parte de los peritos de la defensa de los Carceller.

No de acuerdo

El juez destaca, además, que los dos peritos propuestos por los Carceller "ni tan siquiera pudieron ponerse de acuerdo sobre dónde, a su juicio, había residido Demetrio Carceller Coll durante el periodo investigado, llegando incluso a contradecir las manifestaciones que este en su declaración judicial efectuó sobre el lugar en el que había residido durante los años 2000 a 2009".

En este sentido, prosigue el magistrado, constan unidas a las actuaciones el resultado de las comisiones rogatorias remitidas por Portugal y Reino Unido –países donde Demetrio Carceller Coll manifestó haber residido durante los años objeto de investigación–, "cuyo contenido es concluyente pues corrobora, sin ningún género de dudas, que en ningún momento ha residido en dichos países".

Asimismo, el sumario incluye pruebas sobre la presencia de Carceller Coll en España, como por ejemplo conversaciones telefónicas, seguimientos policiales, testificales –entre las que el auto destaca las prestadas por Alonso Romero Vázquez, Teofilo Morales Toledo, Luis Rodríguez Rojo y María del Carmen Acevo Hidalgo–.

Pero también otra documentación de consumos habituales de hogar (electricidad y agua), domiciliaciones bancarias y asistencias medicas "que acreditan claramente que Demetrio Carceller Coll ha vivido, junto con su mujer, en Madrid y Galapagar domicilio este ultimo que, tras practicarse su registro por orden judicial, quedó patente que era el lugar donde residían la mayor parte del tiempo", completa Pablo Ruz.

Residió en España

Para el juez y la Fiscalía Anticorrupción, "basta realizar un análisis somero de las actuaciones para confirmar que los domicilios en los que, en todo momento, ha residido Demetrio Carceller Coll han estado ubicados en España" y, más concretamente, en Madrid y en Galapagar. 

Según los diferentes autos del caso, de la investigación realizada se ha podido acreditar de forma indiciaria que los imputados crearon desde 1990 una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, al Impuesto de Patrimonio, y al de Sucesiones.

En los ocho años investigados (de 2001 a 2009) los Carceller dejaron de pagar, según los informes de Hacienda, 66 millones de euros, por lo que el juez considera que "debe perseguirse el delito contra la Hacienda Publica".

59,2 millones defraudados

La Fiscalía Anticorrupción asegura que los Carceller defraudaron otros 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

El Ministerio Público culminó su investigación sobre el patrimonio de la familia Carceller pidiendo 48 años de cárcel para Demetrio Carceller Coll y 14 para su hijo Demetrio Carceller Arce. Ambos son los propietarios de un importante conglomerado de empresas, entre las que se encuentra el Grupo Damm. El juez solicitó una fianza civil a la familia Carceller de 764 millones de euros.

Los once peritos de la Agencia Tributaria que han elaborado los informes que han servido para la acusación del juez Pablo Ruz contra dos de los miembros de la familia Carceller, los principales accionistas de la cervecera Damm, han ratificado este lunes el contenido de sus trabajos, según han confirmado a infoLibre fuentes del caso.

Estos informes establecen que Demetrio Carceller Coll, quien según la Fiscalía Anticorrupción simuló vivir en Portugal para pagar menos impuestos, defraudó 59,2 millones de euros en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), 41,98 millones en el Impuesto de Patrimonio y 1,77 millones en el de Sucesiones.

102,95 millones

En total 102,95 millones, tal y como recoge el escrito del fiscal. El hijo del principal acusado, Demetrio Carceller Arce, actual presidente de la cervecera Damm, fue la persona que ayudó al anterior a crear una red defraudatoria, que utilizaba entidades financieras radicadas en paraísos fiscales como Luxemburgo, Panamá, las antiguas Antillas Holandesas y la isla portuguesa de Madeira, según la Fiscalía Anticorrupción.

Dicho entramado societario fue creado con el asesoramiento y colaboración del bufete barcelonés Pretus. Y en concreto fue el abogado Gabriel Ignacio Pretus Labayen, que está imputado en el caso, el responsable de la cartera del cliente Demetrio Carceller Coll.

Precisamente los informes de los peritos han servido de base para que el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, solicite a los Carceller una de las fianzas civiles de mayor cuantía: 764 millones.

Fianzas de 1.437 millones

Las fianzas para los otros dos imputados son de 269,5 millones para el caso de José Luis Serraño Flórez y de 402,86 millones para Gabriel Ignacio Pretus Labayen. En total los imputados implicados en la causa deberán abonar fianzas de responsabilidad civil por un monto de 1.437 millones de euros.

Pero además de los peritos que han actuado en auxilio judicial, este martes también se ratificaron en sus conclusiones dos peritos, propuestos por las partes, que según fuentes de la Audiencia Nacional han defendido la actuación de los Carceller.

El denominado por fuentes del caso como contrainforme se llevó a cabo tras la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de que se practicara esta prueba, como contrapeso a las conclusiones de los peritos de la Administración.

"Derecho de defensa"

El ponente de la sentencia, el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, obligó a Ruz en enero de 2014 a dar un nuevo plazo, de dos meses, a los Carceller para que presentaran el contrainforme. Y justificó esta medidacon la finalidad de salvaguardar "el derecho de defensa" y de "delimitar la imputación".

En el mismo auto de la Audiencia Nacional los magistrados archivaban la imputación del presidente de Damm. Pero este fallo fue recurrido por el Ministerio Público y por la Abogacía del Estado.

Y la decisión de la Audiencia fue revocada por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, que volvió a imputar a Demetrio Carceller Arce, dando de nuevo legitimidad a la decisión del juez Pablo Ruz de abrir juicio oral contra los Carceller y las otras dos personas imputadas en el caso.

Con las comparecencias este lunes de los peritos que han elaborado los informes que han servido para que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez mantengan sus acusaciones el caso podría estar próximo a su finalización. Fuentes del caso apuntan la posibilidad de que el juez Ruz cierre en próximas fechas la instrucción con la finalidad de que se juzgue a los Carcellerse juzgue a los Carceller.

El presidente de Damm, Demetrio Carceller, ha sostenido este lunes que su inversión en Pescanova, firma en la que invirtió 40 millones de euros y que quería reflotar, ha sido una "puñetera estafa".

"Ha sido una puñetera estafa. Nos han estafado 40 millones de euros. De Pescanova no vamos a comer, nos han comido 40 millones, nos han metido la mano en la cartera", ha asegurado Carceller en la rueda de prensa previa a la junta de accionistas.

El presidente de Damm se ha mostrado frustrado tras el esfuerzo invertido por reflotar la marca gallega y, pese a que ha iniciado un proceso judicial, no prevé recuperar los 40 millones: "Si vuelvo a repetir otra de éstas, mal", ha sentenciado.

"Pensábamos que la compañía tenía una oportunidad. Los trabajadores han sido de 10", ha señalado, y ha indicado que todavía les queda una participación accionarial en Pescanova, si bien está provisionada a cero.

El grupo cervecero cerró 2013 con unos ingresos de 909 millones de euros, mientras que el beneficio neto alcanzó los 70 millones de euros, un 14,6% menos en comparación con los 82 millones de ganancias del año anterior a causa de la provisión por Pescanova, de 40 millones.

José Carceller y François Tesch, en representación de Damm y Luxempart, abandonaron en mayo el consejo de administración de Pescanova, tras tomar la banca acreedora el timón de la pesquera y ser aprobado el convenio para evitar su liquidación.

En concreto, Paz-Andrade redujo su participación en la compañía gallega hasta el 3,027% en febrero de 2013, un mes antes de que la firma se acogiera al preconcurso de acreedores, con la venta de 150.392 acciones por un importe de 2,55 millones de euros, si bien comunicó la operación el 29 de abril de ese mismo año.

Por ello, el organismo supervisor de los mercados considera que se trata de una infracción muy grave tipificada en la Ley del Mercado de Valores, en la que se recoge que todos los consejeros de compañías cotizadas están obligados a comunicar cualquier movimiento significativo en sus participaciones en el plazo de cuatro días hábiles bursátiles.

Dicha sanción, impuesta el pasado 24 de enero, se publica este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras haber sido declarada firme por la vía administrativa, y se suma a la que también impuso la CNMV al expresidente de la firma Manuel Fernández de Sousa por 300.000 euros por una infracción muy grave en el desempeño de su cargo como consejero en dicha empresa.

La multa impuesta al ex presidente se publicó en el BOE el pasado mes de abril por los mismos motivos que Paz-Andrade, ya que Fernández de Sousa tampoco informó al regulador en los plazos establecidos de la venta de casi la mitad de su participación en la compañía antes del preconcurso de acreedores, hasta situarla en el 7,45%.

En concreto, la sociedad ha alcanzado un acuerdo con Damm y Luxempart y con las entidades acreedoras (Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca) por el que se modifica la oferta de financiación para la propuesta de convenio de Pescanova, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El acuerdo, que no modifica las condiciones de quita, supone un cambio en los sujetos que prestan el apoyo financiero al convenio, que pasarán a ser así ahora las entidades financieras, mientras que José Carceller y Luxempart abandonarán el consejo en cuanto se apruebe el convenio o en su caso, si no fuera así, en el momento que se acuerde la apertura de la fase de liquidación.

Crédito de 125 millones

Según la propuesta, las entidades financieras asumen los términos de la oferta de financiación, con las modificaciones de que el importe del crédito supersenior queda fijado en 125 millones de euros y la supresión de la comisión por estructuración y aseguramiento.

Además, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo senior y bajo el tramo junior de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales españoles (la deuda reestructurada) tendrán derecho a participar en el crédito supersenior en proporción a su participación en la deuda reestructurada. En todo caso, el credito supersenior queda asegurado por la banca en aquella parte que pudiera ser no suscrita.

Como parte de la contraprestación del crédito supersenior, la compañía reconocerá a cada uno de los acreedores que participen en el mismo un crédito adicional por importe de 2,4 euros por cada euro comprometido, constituyendo el importe resultante (300 millones de euros) un nuevo tramo de deuda subordinada al crédito supersenior y a la deuda reestructurada.

Esta deuda subordinada se amortizará íntegramente a vencimiento, que será a 20 años desde la plena eficacia del convenio de Pescanova, y devengará un interés fijo anual del 1% si hay tesorería disponible. En caso contrario, dicho interés se devengará igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, será capitalizado y satisfecho al vencimiento final.

Este nuevo convenio de acreedores debe recibir ahora luz verde por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra. Entre las exigencias de la banca figura la de recuperar un tercio del pasivo de Pescanova, es decir, unos 1.000 millones de euros, frente a los 700 millones de euros que figuraba en la propuesta de Damm y Luxempart.

La propuesta inicial de la banca acreedora (Sabadell, Popular, CaixaBank, Bankia, Novagalicia, BBVA y UBI Banca) para reflotar la compañía incluía también la capitalización de unos 2.000 millones de euros de deuda, lo que supondría una quita inferior al 70%