Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

"El partido socialista no se ha desgarrado. Los militantes se han expresado y, con independencia de las preferencias de unos y otros, ahora hay que estar detrás del secretario general elegido, no hay más que hablar", manifestó la exministra Trinidad Jiménez, en el Foro Nueva Murcia, donde pronunció una conferencia sobre los Cambios y desafíos en el nuevo escenario internacional, informa Europa Press

La actual directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica añadió que "esta es la postura del partido" a la que ella "siempre" ha apelado. "Todos tenemos que estar detrás del secretario general y trabajar para que el PSOE vuelva a ser una alternativa de Gobierno, que para eso estamos", añadió.

Para ello, apuntó que "todo el partido tiene que estar unido en torno a ese liderazgo y ese liderazgo tener la capacidad y la generosidad para integrar a todas las sensibilidades. Si el PSOE logra hacer eso volverá a ser un proyecto mayoritario".

Jiménez contó que ha vivido el proceso de primarias "con normalidad", porque "dentro del partido socialista" siempre se ha encontrado entre compañeros. "Siempre he pedido que se me respetase y que pudiese tener una opción u otra, porque se trata del mismo proyecto político. Con Pedro Sánchez también he tenido muy buena relación, porque él empezó conmigo en el Ayuntamiento de Madrid. Y es verdad que le casé, como también casé a Eduardo Madina", dijo.

"Hay que salir a ganar"

"El PSOE tiene que depender de sí mismo", afirmó la exministra socialista al ser preguntada por un posible acercamiento del PSOE a PodemosPodemos. "Nosotros tenemos que recuperar la vocación mayoritaria, tenemos que ir a por la mayoría. Así es como hemos ido siempre. Tenemos que llevar a cabo nuestro proyecto, sin depender de nadie. Hay que salir a ganar, a por todas. Eso es lo que hacíamos antes y eso es lo que me gustaría que hiciésemos ahora".

Sobre este punto, añadió que "el proyecto que representa el partido socialista no es el de otro partido, aunque pueda haber coincidencias y podamos votar juntos en determinados momento. Nosotros tenemos un proyecto propio que es el del partido socialista y no me gustaría que se desdibujara en ningún otro".

Jiménez, que recordó que lleva 33 años como militantes del PSOE, aseguró que aunque está "muy orgullosa y agradecida" al partido socialista "por el grandísimo honor de haber sido ministra del Gobierno de España", no tiene pensado volver a la política activa. "He cerrado una etapa", explicó, ya que sentía "la curiosidad vital e intelectual de desarrollarme en otro ámbito" y de servir al país desde el sector privado.

"Había mucho machismo en la política", recordó, por otra parte, Trinidad Jiménez cuando fue preguntada por la polémica que suscitó que apareciera en un cartel electoral con una cazadora de cuero. "Aquello fue en el año 2002 y han cambiado mucho las cosas. Ahora a nadie se le ocurriría hacer un comentario de este tipo. Nuestro país ha avanzado mucho, y aunque todavía hay residuos, está muy mal visto públicamente y más de uno se controla".

Un escenario internacional "incierto"

La directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica abordó durante su intervención los grandes desafíos a los que se enfrenta un escenario internacional "cambiante" y "marcado por la incertidumbre", en el que "ningún país puede dar respuesta de forma aislada a los problemas, porque lo que se necesitan son soluciones globales". Así por ejemplo, se refirió al terrorismo yihadista, asegurando que "sólo lo podremos combatir coordinando los servicios de inteligencia".

"El orden mundial ha entrado en crisis y no hemos sido capaces de articular otro", aseguró la ejecutiva de Telefónica. Al mismo tiempo, señaló "la crisis de identidad de Unión Europea", que a pesar de ser "un proyecto tan exitoso" ha sido puesto a prueba por la crisis.

Las políticas de austeridad y "la desconfianza tan grande que los ciudadanos tienen respecto a las instituciones" han propiciado, según Jiménez, la aparición de fuerzas emergentes que independientemente de la ideología coinciden en "criticar lo existente" y "en ser nuevos".

También habló de los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial, como el de adaptar el mercado laboral a la sustitución de los hombres por máquinas, así como el educativo, ya que "el 65% de los niños que están estudiando Primaria ocuparán empleos que aún no existen". De hecho, recordó que entre las profesiones más demandadas se encuentra las de experto en ciberseguridad, piloto de drones o arqueólogo digital.

Respecto a los ciberataques masivos, la ejecutiva de Telefónica aseguró que se dispone de la "capacidad tecnológica para hacer frente a estos ataques". "Contamos con grandísimos expertos", dijo, al tiempo que destacó la importancia de los mecanismos de prevención. En el caso del último episodio, aseguró que en Telefónica se actuó "con transparencia y capacidad de reacción".

Finalmente, Jiménez destacó que fueron muchas las satisfacciones como ministra de Asuntos Exteriores y de Sanidad, aunque destacó especialmente la prohibición de fumar en espacios públicos, lo que despertó un aplauso por parte de los asistentes al Foro Nueva Murcia. Entre los invitados, se encontraba una amplia representación de los sectores empresarial y social de la Región, así como de destacados miembros del partido socialista.

El dinero que las administraciones públicas destinaron a invertir en prevención y salud pública se ha reducido más de un 30% desde el inicio de la crisis. Así lo constata el informe Sistema de Cuentas de Salud [consultar en PDF, aquí] elaborado por el Ministerio de Sanidad. En cifras absolutas, el descenso ha sido de 799 millones de euros, pues la inversión ha pasado de 2.645 millones de euros en 2009 –cuando se elaboró el último presupuesto antes de la recesión– a 1.846 en 2014 (últimos datos publicados).

Por partidas, la que ha sufrido una caída mayor en el período analizado es la definida en el informe como "otros servicios de salud pública" y en la que se incluyen apartados como la vigilancia epidemiológica, es decir, la realización de estudios sobre los problemas de salud emergentes o relevantes; la protección y promoción de la sanidad ambiental; o la promoción de la seguridad alimentaria. El dinero destinado a estos capítulos se redujo en 567 millones al pasar de 1.254 millones en 2009 a 687 en 2014 (-45,2%).

También el apartado de "medicina del trabajo", en el que se incluye todo lo relacionado con la protección y promoción de la salud laboral, ha sufrido un fuerte retroceso al pasar de tener un presupuesto de 12 millones de euros, a apenas siete (-41,7%). Por otro lado, la salud materno-infantil y los servicios de planificación familiar vieron reducidas sus asignaciones en 70 millones de euros al pasar de 431 millones de euros en 2009 a 361 en 2014 (-16,2%).

El recorte ha sido similar en los servicios de medicina escolar, en los que la administración ha pasado de invertir 122 millones a 103, es decir, un descenso de 20 millones (-15,6%). También llama la atención el hecho de que se haya esfumado –ha pasado de cuatro millones de euros a cero– el presupuesto para la prevención de enfermedades transmisibles, precisamente en un período en el que han reaparecido enfermedades que se creían en vías de extinción en los países desarrollados (tuberculosis, lepra...).

Prevención y ahorro  

Los expertos coinciden en la importancia de invertir en políticas de prevención y salud pública como vía para disminuir el desarrollo de dolencias en el futuro, pero también como un método eficaz para reducir la factura sanitaria, pues una persona que está enferma acude al médico en más ocasiones, necesita más medicinas y coge más bajas laborales. De ahí que sea muy importante la prevención de ciertas patologías como, por ejemplo, las que surgen relacionadas con el tabaquismo u otros hábitos no saludables. 

En este sentido, según datos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), los pacientes que tienen cinco puntos más de índice de masa corporal (IMC) tienen un riesgo un 40% superior de ser diabéticos. Y es que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo dos, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. De hecho, el gasto asociado a la obesidad en España supera los 2,5 millones de euros anuales, según los datos oficiales. 

También otros hábitos como el tabaquismo influyen de manera muy considerable en el aumento de enfermedades y, por tanto, en el aumento del gasto sanitario. Fumar aumenta el riesgo de padecer cánceres de boca o pulmón, enfermedades coronarias... Según estimaciones del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, las personas fumadoras generan un 25% más de gasto sanitario a lo largo de su vida que las que no consumen tabaco incluso teniendo en cuenta que suelen vivir menos años. 

Enfermos crónicos 

Por otro lado, el aumento en la longevidad de la población va aparejado a una mayor incidencia de dolencias crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, afecciones pulmonares...) que se pueden prevenir en gran medida si se actúa sobre hábitos como el tabaco, el abuso de alcohol, la mala alimentación o la vida sedentaria.

"Si el sistema sanitario no es capaz de evolucionar hacia la atención a la cronicidad se perderá en calidad y no será sostenible. La inversión en prevención y salud pública es fundamental para tratar de evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónicas y mantener la salud de las personas que ya tienen una o varias de estas patologías", señala a infoLibre Joaquín Estévez, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), una entidad que agrupa a directivos de hospitales públicos y privados. 

Según datos de Sedisa, se estima que la mitad de la población en España padece al menos una enfermedad crónica, cifra que se espera que siga aumentando teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. De hecho, más del 70% de los mayores de 65 años tiene alguna patología crónica. Estévez explica que estos datos son relevantes porque el 80% del gasto sanitario en España está dedicado a los pacientes crónicos y tres de cada cuatro visitas a los servicios de urgencias son realizadas por pacientes crónicos.

A su juicio, es imprescindible reorientar ya, en el presente, el sistema y el modelo sanitario a la cronicidad "en términos de calidad, eficiencia, resultados en salud y sostenibilidad". El hecho de que prácticamente el 75% del tiempo asistencial, de las consultas en Atención Primaria, de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad poblacional se deba a la cronicidad justifica, según su parecer, la reorientación del sistema hacia este tipo de pacientes. 

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendió este lunes el fichaje de la exministra Trinidad Jiménez por Telefónica y negó que sea un caso de puertas giratorias. Según dijo, conocía su intención de incorporarse a esta compañía y lo hará "como una trabajadora", en "ningún consejo de administración" ni nada que "tenga que ver con eso".

Según explicó el líder de los socialistas en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la propia Trinidad Jiménez le informó de su decisión después de las elecciones, y dijo que la respeta y le desea "la mejor de las suertes".

Sánchez recalcó que no se puede considerar que sea una situación de puertas giratorias y recalcó que, en la actualidad, la ley de incompatibilidades fija un plazo de dos años y ella "lleva más de cuatro años sin ser ministra". "Tiene derecho a labrarse un futuro profesional", recalcó, después de explicar que los socialistas quieren extender a los cinco años este plazo.

Además, remarcó que la exministra de Asuntos Exteriores –que en las pasadas elecciones decidió no repetir en las listas al Congreso–es una persona "honesta, decente" y "ejemplar en su compromiso con el servicio público", con quien él tiene "muy buena relación".

Según informa este lunes el diario El Mundo, Telefónica estaría ultimando la incorporación de Jiménez para un cargo no asesor, sino ejecutivo.

Según publicaba este miércoles el diario El Confidencial, Jiménez tiene posibilidades de ocupar la vacante en el consejo asesor internacional que ha dejado el también exministro Rodrigo Rato.

El colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) acogió este domingo el I Encuentro de Igualdad: por una sociedad segura y libre de violencia, un acto impulsado por el PSOE en el que se denunció la situación de las mujeres que sufren violencia de género. En la charla intervinieron el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Carmen Montón.

El antiguo jefe del Ejecutivo aprovechó su intervención durante la charla para recordar la importancia de proteger a las mujeres. "Sí, es muy importante reformar y mejorar las instituciones, pero es mucho más importante que una mujer que se sienta amenazada sienta que su país la protege, que una mujer que es víctima de amenazas, de malos tratos de violencia, sepan que van a tener el amparo de la sociedad y al maltratador lejos", aseguró Zapatero.

Además, el expresidente también quiso proponer al portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, que la igualdad de género, que se encuentra en el quinto lugar, pase a ser la primera prioridad de la agenda para el desarrollo después de 2015, una iniciativa englobada dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU.

A pesar de algunos fallos técnicos que retrasaron el inicio previsto para las 12.00 horas, la conferencia comenzó con la emisión de un vídeo en el que dos mujeres, Carmen e Inés, víctimas de violencia de género, contaban a los allí presentes su experiencia y denunciaban la situación en la que se encuentra este tema con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Después tomó la palabra Montón. Agradeciendo la asistencia al acto de las protagonistas del vídeo, las ofrecio hacer algún comentario. Ambas no dudaron en felicitar las políticas contra la violencia de género impulsadas desde el Ejecutivo de Zapatero, como la Ley Integral contra la Violencia de Género.

En el acto conmemorativo del décimo aniversario de la aprobación de este texto , Montón quiso recordar a Rajoy que "ha perdido tres años en la lucha contra la violencia de género" y que esta "es un atentado contra las mujeres". "Mire a las víctimas a la cara y comprométase a protegerlas", señaló. 

Después de recordar que el Gobierno de Rajoy "está desmantelando la red de apoyo a la violencia de género", cuya "expresión más miserable son los recortes en las políticas de este tipo", Montón afirmó a los asistentes que el actual presidente "nunca ha condenado un asesinato de estas características, nunca ha pronunciado las palabras violencia de género".

"Vivimos tiempos convulsos, en los que nuevas formaciones hablan de nueva política con viejos discursos patriarcales", apuntó Montón, y recordó que "la igualdad está" en el "código genético" del PSOE. La secretaria de Igualdad, finalizó su discurso recordando a María Cambrills, escritora y feminista alicantina.

Al acto de clausura de este domingo, también acudieron la presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, Iratxe García, la portavoz del grupo socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y el propio Hernando.

España se sentará finalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU en el bienio 2015-2016. La gran apuesta de política exterior del Gobierno logró salir adelante. Pero costó.

Hicieron falta tres votaciones para saber la identidad final de cinco de los diez asientos no permanentes del Consejo que ocuparán su silla a partir del próximo 1 de enero y por un periodo de dos años. En la primera salieron elegidas, directamente –dado que consiguieron la necesaria mayoría de dos tercios de los miembros de la Asamblea General de la ONU–, Angola (190 papeletas), Malasia (187), Venezuela (181) y Nueva Zelanda (145). En esta primera ronda, España obtuvo 121 votos (necesitaba 129, ya que emitieron su sufragio los 193 miembros de la Asamblea), y Turquía, 109.

Como ninguna de las dos pasó el listón, el presidente de la Asamblea, el ugandés Sam Kutesa, convocó una segunda vuelta. 120 votos para España, 73 para Turquía. Ninguna recabó la mayoría de dos tercios, y fue necesaria una tercera vuelta. En esta, España recabó 132 papeletas, y su rival turca, 60. En esta última fase se emitieron 192 votos a candidaturas y una abstención, por lo que la mayoría necesaria bajó a 128 apoyos. Así, España superó la barrera por cuatro votos. 

Las cinco vacantes que se liberan a partir del 1 de enero se reparten entre grupos regionales. Y el único en el que había competencia era en el de Europa Occidental y otros Estados (WEOG), al que pertenece España, y para el que había dos sillas por cubrir. El Gobierno de Mariano Rajoy rivalizaba con Turquía y Nueva Zelanda. Ambos, duros contrincantes, como reconocía Exteriores. El escenario de una victoria de Nueva Zelanda en la primera ronda y un posterior cuerpo a cuerpo con Ankara era el que manejaba el equipo del ministro de Asuntos Exteriores, el que ha defendido la campaña, informa Europa Press. 

España se jugaba un puesto muy codiciado, un escaño en el máximo órgano de decisión del mundo en cuestiones de paz y seguridad, el que abre la puerta a la política internacional de primer nivel. Un asiento que ha venido ocupando una vez cada 10 años desde su ingreso en la ONU en diciembre de 1955. Así, se convirtió en miembro no permanente del Consejo en los bienios 1969-1970 (en los años finales del franquismo), 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004. Este último periodo estuvo marcado por la guerra de Irak y el apoyo que le prestó el Ejecutivo de José María Aznar a EEUU. 

Prácticamente nada más acabar su último bienio, en 2005, España, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presentó su candidatura para 2015-2016, apuntalada en los valores del diálogo, la prevención del conflicto y la participación en las misiones internacionales de la ONU. El Ejecutivo también puso en valor que es el sexto donante mundial de Naciones Unidas, un peso que le daría derecho a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad al menos una vez cada década. 

De la decepción a la alegría

Las caras, primero de decepción y luego de alegría, eran visibles en la delegación española, encabezada por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y al que acompañaron en la sala el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito; el embajador de España ante la ONU, Román Oyarzun; el director general de Política Exterior, Ignacio Ibáñez; la directora general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Cecilia Yuste, y la directora general de Medios y Diplomacia Pública, María Claver. 

Desde Milán, en donde participaba en una cumbre euroasiática, Mariano Rajoy se felicitó de la victoria de España. Nuestro país "ya fue miembro durante un periodo de dos años. Revalidar la confianza que nos dieron en aquella etapa es algo de lo que nos podemos sentir legítimamente orgullosos y satisfechos", dijo el presidente, en una declaración sin preguntas. "Es una excelente noticia", enfatizó, informa Europa Press. También el principal partido de la oposición se congratuló del triunfo en Nueva York. La portavoz de Exteriores del PSOE, Trinidad Jiménez, felicitó al Gobierno por el "importante triunfo" que supone la vuelta de España en el Consejo de Seguridad de la ONU y subrayó el trabajo por haber llevado "todo el peso de las negociaciones". Es una "muy buena noticia para España", apuntó.

El Consejo de Seguridad cuenta con cinco miembros permanentes –EEUU, Reino Unido, Francia, China y Rusia–, con derecho de veto, y diez no permanentes, que son elegidos por periodos de dos años y tienen derecho de voto. A los cinco Estados elegidos este jueves (Angola, Malasia, Nueva Zelanda, Venezuela y España), se suman los que continúan como miembros rotatorios durante un año más (su bienio es el de 2014-2015): Chad, Chile, Jordania, Lituania y Nigeria. Del Consejo salen, pues, Argentina, Australia, Luxemburgo, Corea y Ruanda.

"Comprometido, cercano y realista". Estos fueron los tres adjetivos escogidos por los socialistas para elogiar las palabras del rey. Para la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, encargada de valorar el mensaje, Juan Carlos demostró "cercanía y solidaridad con aquellos que están pasándolo peor en este momento con una referencia especial a aquellas personas que han perdido su trabajo, a aquellas personas que están en el paro".

A juicio de los socialistas, el monarca no edulcoró "la realidad económica sino más bien al contrario". "Ha hecho una mención expresa haciendo una referencia a que no veremos el inicio de la salida de la crisis hasta que no se empiece a crear empleo, es decir, hasta que lo empiece a notar la ciudadanía". subrayó Jiménez antes de calificar de "muy acertado" el "elogio" de la ciudadanía y "la mención especial a la solidaridad de los ciudadanos y las familias".

La dirigente socialista cerró su intervención de valoración del discurso de Nochebuena del rey considerando "muy positivo" otros dos puntos del mensaje: el llamamiento a las fuerzas políticas para que aborden las reformas democráticas y políticas necesarias "para mejorar nuestra convivencia" y el hecho de que "se haya asumido, desde la máxima institución de nuestro país, la necesidad de ejemplaridad y transparencia". Pese a esta última observación, el caso Urdangarin, el escándalo que ha salpicado a la familia real no ocupó una sola línea del discurso de Navidad del rey de este 2013.

Por su parte, Carlos Floriano, consideró que el discurso de Navidad del rey reflejó "un espíritu de la Transición" que, "lejos de ser sólo una mirada al pasado", debe tener vigencia "para resolver los problemas" actuales.

Para el vicesecretario de Organización del PP "hacer de España un país más justo, un país más libre y un país más unido fueron claves para entender la Transición". "Hoy deben de seguir siendo guía de nuestra acción política", consideró.

Floriano insistió en la necesidad de seguir caminando por la senda de las reformas "teniendo presente siempre a aquellos que peor lo pasan".IU

cree que Juan Carlos vive en "una burbuja"

Una de las notas críticas a este mensaje la puso Izquierda Unida. Su coordinador federal, Cayo Lara, sostuvo este miércoles que con su tradicional mensaje navideño el rey dio la impresión de "vivir en una burbuja, algo especialmente grave en estos tiempos de crisis, desde la que asiste cómodamente como espectador a la dura realidad por la que atraviesan los ciudadanos y ciudadanas del país".

En un comunicado, Lara subrayó que, "pese al intento de dar al mensaje un tono más creíble, algo que no se ha conseguido", este discurso navideño volvió a mostrar "un preocupante distanciamiento con el trágico día a día que soporta la mayoría de la sociedad, que es abordado sólo como una enumeración de titulares sobre asuntos que sólo se conocen por referencia".

Lara, que valoró que "a estas alturas no basta con realizar saludos o lanzar consejos", ya que a éstos "se los lleva el viento", indicó que, aunque no es al jefe del Estado a quien le corresponde elaborar las leyes que hagan frente a los problemas, sí que está "en su mano" hacer un llamamiento "nítido y serio" para que se adopten las que convengan a la mayoría social y no solamente a unos pocos.

Uno de los ejes del discurso del rey fue la respuesta al desafío soberanista de Cataluña. En este contexto, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantuvo este miércoles que Cataluña siempre ha apostado por la convivencia, aunque en el momento actual "lo que pasa es que, al lado de la convivencia, también ha apostado por la libertad".

El president hizo estas declaraciones en su discurso institucional ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, donde se le homenajea cada 25 de diciembre en recuerdo del día de 1933 en que murió.

Mas subrayó que el monarca habló "incluso de actualización de las normas de convivencia", frente a lo que respondió que Cataluña aspira al máximo autogobierno y, a la vez, aspira a conseguirlo con plena convivencia.

PNV: "Hay varias naciones"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró, por su parte, que el rey no puede ser "intermediario" para la convivencia cuando habla de "una gran nación española" porque "la realidad" es que "hay varias naciones en este Estado". Además, echó de menos que instara a la generosidad de las instituciones para "dar carpetazo" a ETA.

En declaraciones a los medios desde Bilbao, Esteban mantuvo que el monarca esquivó "estimular la convivencia y de ser una especie de intermediario entre las partes y las diferentes opiniones enfrentadas".

Desde ERC, su presidente, Oriol Junqueras, dijo respetar "la opinión de los soberanos y, sobre todo, la de los pueblos soberanos de su futuro". Al ser cuestionado por la reiterada petición del rey de que todos los ciudadanos de España estén juntos, apoyó "ir juntos a las urnas en Cataluña: los que votan 'sí' y los que votan 'no", informa Europa Press.

Sin "autocrítica"

Mientras, el BNG consideró "inaudito" que el Rey se limitase a "elogiarse a sí mismo", a anunciar su continuidad pero que "no hiciera ni una sola autocrítica" pese a los presuntos casos de corrupción que "salpican" a la monarquía y se "limitase" a hablar de ejemplaridad, intentando "socializar la responsabilidad" del actual clima de corrupción, que afecta tanto a la monarquía como a los grandes partidos".

En un comunicado, el portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, lamentó que la intervención del Rey se limitase a "una mera enumeración casi ritual" de los colectivos sociales que son "más maltratados" por la crisis, sin haber instado "en ningún momento" al Gobierno del Estado a cambiar sus políticas, que son las que "acentúan y provocan ese sufrimiento".

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su "radical" oposición a la reforma de la Ley del Aborto y ha apelado a la conciencia de las 76 diputadas del PP, además de solicitar al Grupo Popular libertad de voto o voto secreto, para que la ley no salga adelante en el Parlamento.

"Es una ley innecesaria, cínica e injusta porque golpea sobre la autonomía de las mujeres que van a tener que pedir permiso para ejercer su maternidad libremente", ha asegurado en la sede de Ferraz, tras mantener una reunión de urgencia con miembros de la dirección del partido ante la aprobación este viernes de la citada reforma.

Valenciano ha asegurado que el PSOE va a buscar "una mayoría distinta" en el Congreso para que la ley no salga adelante y por ello ha pedido al PP que "deje libertad de voto" a sus diputadas e incluso el voto secreto, en urna, para que puedan votar con aquellas que defienden que las mujeres tienen que poder ser libres para decidir si son madres o no. "El Gobierno va a asestar un golpe muy duro a la ya difícil vida de las mujeres españolas que llevan tiempo decidiendo sobre sus vidas y por ello es evidente que será un retroceso que va a ser rechazado por la inmensa mayoría de los españoles", ha remarcado.

Por su parte, Trinidad Jiménez, que era ministra de Sanidad cuando se aprobó la norma vigente, ha recordado que en 2010 se reformó la ley después de 30 años porque era necesaria adaptarla a la normativa europea, a las recomendaciones de la OMS y de la ONU, y ha añadido que da mayores garantías a las mujeres y a los profesionales. "No queremos retroceder en otros campos como en la salud [...].Apelamos a la condición de mujer y a nuestra capacidad de decidir y que no coarten nuestra libertad", ha remarcado.

Mujeres como "moneda de cambio"

Mientras, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha denunciado que, según datos de la OMS, al año mueren 47.000 mujeres por abortos clandestinos e inseguros. "No queremos que las mujeres españolas aumenten estos datos y se vean abocadas a abortos clandestinos e inseguros con esta nueva ley que plantea el Gobierno del PP", ha recalcado. Igualmente, ha criticado que el PP también impide ser madres a lesbianas o mujeres solteras, a las que dice que se les impide acceder a través de la Seguridad Social a los tratamientos de fertilidad. "El PP nunca ha creído en la igualdad de las mujeres", ha subrayado.

A juicio de Causapié, el Gobierno utiliza a las mujeres como "moneda de cambio" para "congraciarse con su ala más extrema" porque la derecha "nunca ha creído en la libertad, en la igualdad y en los derechos de las mujeres". 

Las tres dirigentes socialistas han realizado estas declaraciones reconociendo que desconocen el texto elaborado por el Gobierno –la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros comenzó a las tres de la tarde, dos horas después de la convocatoria en Ferraz–. A la reunión de urgencia del PSOE también han asistido el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, así como de representantes del PSOE en el Congreso, Carmen Montón y Ángeles Álvarez.

IU considera que la reforma de la ley es una “involución de treinta años en los derechos de las mujeres”

El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha advertido de que su formación “dará la batalla” a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Para Lara, los cambios impulsados por el ministro de Justicia suponen una “involución de treinta años en los derechos de las mujeres”.

El máximo responsable federal de IU ha realizado esta valoración en declaraciones a los medios de comunicación durante la visita que ha realizado a las instalaciones de la empresa SNIACE, en la localidad de Torrelavega, en la que ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa, con cuyos representantes se ha comprometido a defender sus reivindicaciones en el Congreso.

Sobre los cambios que niegan a las mujeres poder ejercer como hasta ahora su derecho a interrumpir el embarazo, Lara ha valorado que esta circunstancia está asumida “de una manera normalizada” por la sociedad con la ley en vigor, sobre la que no hay ninguna reclamación mayoritaria para que cambie. De ahí que tachara la reforma que va a tratar de imponer el Gobierno de Mariano Rajoy como “un paso atrás” que el Ejecutivo realiza “forzado por los sectores más conservadores”, especialmente vinculados a la jerarquía de la Iglesia católica.

Lara ha rechazado con contundencia el argumento del PP de que está obligado a aprobar esta reforma por ser un compromiso electoral. Ha recordado que el programa de la formación de derechas sólo incluye este asunto “de forma ambigua”.

“A ver si va a resultar –ha dicho– que el Partido Popular lo único que va a tratar de cumplir de su programa electoral es lo del aborto. Esto podría ser así mientras no está cumpliendo ninguno de los compromisos y promesas que Rajoy hizo con los ciudadanos”.

Jiménez Villarejo, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada en 1951, era hermano del exfiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y padre de la exministra socialista y actual diputada en el Congreso Trinidad Jiménez.

Ingresó en la Escuela Judicial en 1953 y fue nombrado fiscal en la Audiencia de Sevilla, de Málaga y, más tarde, fiscal jefe de la Audiencia de Huelva. El exmagistrado fue designado en el año 1984 el primer fiscal especial para la coordinación de la lucha contra la droga, cargo que ocupó hasta 1986, cuando recaló como magistrado en el Tribunal Supremo, ocupando la Presidencia de la Sala de lo Penal.

Dos años más tarde sería nombrado presidente de la Sala de lo Militar, donde permaneció hasta diciembre de 1999 tras haber alcanzado la edad de jubilación. En el año 2002, recibió la condición de magistrado emérito del TS. Entre otros premios, en el año 2011 fue galardanado con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.

Cualquier mensaje de cualquier dirigente del PSOE se escruta palabra por palabra para atisbar en él mensajes de apoyo o cuestionamiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, nunca ha habido dudas. Él, en repetidas ocasiones, ha pedido respaldo al secretario general, incluso en los momentos de mayor turbulencia. Por eso este jueves llamó la atención que el expresidente, nada más arrancar la presentación pública de su libro El dilema, ante un auditorio absolutamente lleno, y lleno de altos cargos de sus Gobiernos y de la plana mayor del partido, enhebrase una defensa de Rubalcaba, enfatizando que demostró sus dotes de líder en el difícil verano de 2011. No era un comentario gratuito, porque otro expresidente, Felipe González, sí ha subrayado que el secretario general padece una "crisis de liderazgo". Y Zapatero mismo, el pasado sábado, en la apertura del congreso del PSOE andaluz, deslizó una apostilla a favor de la renovación: "El cambio es ley de vida, y quien sólo vive el pasado y el presente, se perderá el futuro". 

Zapatero empaquetó sus elogios a Rubalcaba en el capítulo de agradecimientos. A su derecha, en teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, tenía al ex primer ministro británico Tony Blair, a quien había requerido que le presentase El dilema. 600 días de vértigo (Planeta, 2013). Le cumplimentó por ser un "gran amigo de España" y por el "apoyo generoso" que le brindó para acabar con la "gangrena" de ETA y luego, cuando la crisis arreciaba, para defender ante "muchos inversores y centros de opinión pública" la solvencia del país, para "transmitir confianza en España y en su economía". El expresidente se dirigió a continuación a sus compañeros de partido. Y ahí quiso "personalizar" y mirar de frente a Rubalcaba, quien estaba sentado en primera fila, junto a las exvicepresidentas María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado y el exministro José Bono. 

Quiso subrayar dos momentos en su convivencia juntos en la última legislatura. Uno, de "tensión", la reforma exprés de la Constitución, en agosto de 2011, una respuesta a las enormes presiones de los mercados y del Banco Central Europeo (BCE): "Cuando la propuse, no era una propuesta fácil para el partido ni para el candidato, y en ese momento Alfredo me demostró, quiero resaltarlo, cuando tanto se habla hoy de liderazgo, que primó el sentido de la responsabilidad y del país por encima de su interés inmediato, que era ganar unas elecciones. Y lo quiero resaltar. Para mí es un testimonio que define lo que es un liderazgo y lo que es la escuela en la que se forjan los liderazgos del PSOE". El otro momento, recordó, de "emoción", se produjo cuando ETA anunció el fin de la violencia, el 20 de octubre de 2011. "Yo sé lo que ha hecho Alfredo y puedo asegurar que todos le tenemos que reconocer esa trascendental tarea política. Soy el mejor testigo de esa responsabilidad tan decisiva. Gracias, Alfredo". El teatro replicó con un aplauso a Rubalcaba. 

"Alfredo, no es útil otra cosa que ser optimista"

Aun al final Zapatero guardó un mensaje para el secretario general. Parafraseando a Winston Churchill, se reivindicó como un "optimista". "No parece muy útil ser otra cosa –aseguró, suscitando las risas del auditorio–. Espero que todos los que estáis aquí, todos los compañeros y amigos, estéis también en esta actitud. No parece muy útil ser otra cosa. Alfredo, no es útil otra cosa". 

El expresidente extendió sus agradecimientos a sus ministros y, en especial, a sus dos exvicepresidentas, por su "lealtad" y "entrega al servicio público". Un mensaje envenenado para Pedro Solbes, que allí no estaba. Ni se le esperaba, claro, después de que afirmase en su propio libro que le entregó un documento ultimátum en el que le pedía recortes, y Zapatero supuestamente se los negó. El entorno del exjefe del Ejecutivo desmintió ese episodio, aunque él mismo rehuyó de polémicas hace dos días, cuando atendió su primera rueda de prensa en dos años para hablar de El dilema. 

Zapatero volvió a defender que sentía su libro como "necesario" para la ciudadanía y para sí mismo, para "argumentar y razonar" por qué hizo lo que hizo y no para "descalificar" a nadie, para describir los "acontecimientos tal como se produjeron". Destacó lo "imprevisible" e "inédito" de la crisis, reconoció de nuevo los "errores" que cometió en su mandato –"Para muchos mi tarea fue peor que la hecha por otros presidentes. Es un hecho opinable, y lo acepto, pero no es opinable que peor, peor, ha sido la crisis que hemos vivido en democracia"–, aunque incidió, como el martes, en que su obsesión fue preservar "la cohesión social" y las prestaciones, un reproche indirecto a los recortes de Mariano Rajoy. 

De nuevo, revivió aquel mayo de 2010 en que tuvo que aprobar el decretazo de ajuste del gasto –rebaja salarial de los funcionarios, supresión del cheque bebé, congelación de las pensiones (salvo las mínimas)–, y los días en que se alimentaron los "rumores" sobre la necesidad de un rescate de 280.000 millones de euros a España, una "sospecha que se extendió en horas" e hizo "un daño enorme" a la credibilidad del país. Cuando arreció la crisis de la deuda, cada país tiró para su lado, ya no iban todos los países europeos "al unísono", como ocurrió tras la caída de Lehman Brothers. "Yo, que soy un europeísta convencido, veía que se podía romper el euro y posiblemente Europa, y cómo se quebraban los vínculos políticos", narró. La moneda única sobrevivió, aunque "dejando una huella muy dura en las sociedades". 

También censuró a la UE por haber elegido como presidente del Consejo al belga Herman van Rompuy, en lugar de optar por la "alternativa de un liderazgo político" fuerte, o por las "carencias" en la concepción y construcción de la zona euro. 

Blair defiende cambios en la Unión

Blair, por su parte, trabó un discurso elogioso y halagador hacia el autor. El expresidente "pasó la prueba de fuego del líder" al poner por delante los intereses de su país sobre los suyos y los de su partido. "Un líder no es siempre el que dice que sí, sino el que tiene valor de decir que no por el bien del país". De ejemplo puso los recortes y la reforma de la Constitución para incluir en ella la regla de oro fiscal, "muy duro para los militantes de izquierda". 

El expremier reconoció que la crisis había hecho estallar todos los esquemas de gobernanza e impuso un cambio de rumbo. Y defendió que, en un momento de recesión así, y en un periodo de globalización, hacen falta "reformas estructurales, no para destrozar nuestro modelo de bienestar, sino para cambiarlo", tales como las pensiones, el mercado laboral, el saneamiento del sistema financiero... Blair aludió igualmente al desbarajuste en la UE. Si se quiere preservar la moneda única, subrayó, debe existir la "mutualización de las obligaciones y las deudas". O sea, los eurobonos, de los que tanto recela Alemania, que por cierto, dada su posición de fortaleza, debe "fomentar la demanda". "Europa, también para sobrevivir, debe hacer reformas para el futuro que nos permitan operar mejor. Europa es una excelente idea, y en el siglo XXI es más útil que nunca, pero habrá que reformarla para que ofrezca todo su potencial". 

Blair aplaudió que Zapatero, cuando atosigó a España la crisis de la deuda, no diera "la espalda" a la UE o le echara la culpa. "Habría sido muy populista, pero él decidió quedarse en Europa y resolver los temas dentro de Europa". Lo enganchó con un aviso para su país y para el Gobierno del conservador David Cameron: "Espero que mi país no abandone la UE porque sería un tremendo error". 

La atención, hoy también, en Tomás Gómez

"Este libro es un gran análisis de la mayor crisis de toda nuestra vida y nos enseñas tu planteamiento, bastante autocrítico, con mucha humildad, porque los españoles te eligieron e hiciste lo mejor para tu país y sentaste las bases del futuro de España en Europa", concluyó. 

El Círculo de Bellas Artes condensó al PSOE de ayer y de hoy. Desfilaron muchísimos exministros de los Gobiernos de Zapatero: además de Salgado y De la Vega, Manuel Chaves, José Blanco, Miguel Sebastián, Miguel Ángel Moratinos, José Bono, Trinidad Jiménez, Ángel Gabilondo, Ángeles González-Sinde, Jordi Sevilla, Jesús Caldera, Beatriz Corredor, Ramón Jáuregui, Valeriano Gómez, Rosa Aguilar o Mercedes Cabrera. Faltaron Carme Chacón, Leire Pajín o Bibiana Aído, las tres en Estados Unidos por razones laborales. También acudieron ex secretarios de Estado como Diego López Garrido, Fernando Moraleda, Félix Monteira o Jaime Lissavetzky, actual portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. De la cúpula actual, acompañaron a Rubalcaba su secretario de Organización, Óscar López, y los dirigentes Hugo Morán, Inmaculada Rodríguez-Piñero; el portavoz en el Senado, Marcelino Iglesias, o el número dos del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina. Pero la estrella en la que se volcaron las cámaras fue Tomás Gómez, el secretario general del PSM, un día después de dimitir como senador y desafiar a Rubalcaba. A ambos se les vio saludarse gélidamente. 

Elena Valenciano, apenas a unas horas de cortar la cinta de la Conferencia Política del PSOE, el pasado viernes, produjo uno de esos eslóganes que crean época. El nuevo PSOE que estaba a punto de salir de la cumbre de este fin de semana, prometió, sería "más rojo, más verde y más morado". Más de izquierdas, más ecologista y más feminista. Y esos colores tiñen las propuestas que ya venían en la ponencia marco y también en las novedades que se han introducido en los debates. El impulso más significativo por el momento –anoche, a las 23 horas, aún no habían concluido todos los trabajos de las comisiones– es el que concierne a la laicidad. Un giro previsible por el cariz de las enmiendas presentadas y por la propia decisión de la dirección federal. Además de confirmarse que los socialistas denunciarán los acuerdos con la Santa Sede, se consensuó que se avance hacia la autofinanciación de la Iglesia. 

La exministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, ha reconocido este viernes que no le gustaría haber sido espiada por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense cuando tenía responsabilidades de Gobierno y ha echado en falta una reacción más "contundente" del jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y de la UE en su conjunto.

"La verdad que el Gobierno español no ha dicho nada y me gustaría ver, no sólo en este caso, sino en muchos otros, una posición del Gobierno un poquito más activa", ha dicho en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.

Para Jiménez, esa falta de "contundencia" es "muy del estilo de Rajoy, que no opina casi nunca y lo hace siempre a destiempo". En este punto, le ha reprochado incluso su falta de reacción inicial a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo contra la 'doctrina Parot'. "Dijo una cosa que ni a mí me parecía bien, que estás lloviendo", ha criticado, reclamándole "un poco más sensibilidad con las víctimas".

Pero la exministra ha sido también crítica con la reacción europea, porque, después de meses conociendo informaciones sobre el espionaje estadounidense a ciudadanos europeos, sólo ha habido cierta reacción "individual y parcelada" cuando la canciller alemana, Angela Merkel; y el presidente francés, François Hollande, han sabido que se espiaron sus teléfonos particulares.

Jiménez ha tachado de "terribles" las informaciones que apuntan a que Estados Unidos espió teléfonos móviles de líderes mundiales "porque es una ruptura de la confianza". Sin embargo, ha echado en falta "como en otros tantos campos" una reacción unitaria contundente a "un asunto tan grave como es un espionaje masivo" y ha lamentado la "debilidad de liderazgo que hay en estos momentos en la UE".

En cuanto a la posibilidad de que se rastreasen sus conversaciones cuando fue ministra de Exteriores, ha señalado que "a nadie le gustaría haber sido espiado" y ha admitido que se le ha pasado por la cabeza esa posibilidad desde que se publicaron los 'papeles de Wikileaks'.

La que fuera jefa de la diplomacia desde octubre de 2010 ha subrayado que debe respetarse la "privacidad y la inviolabilidad" de las comunicaciones y que hay cosas que se dicen en privado y que no tiene por qué trascender, incluso aspectos de las relaciones diplomáticas que hay que mantener "en el ámbito de la discreción".

Cuando un periodista pregunta a un dirigente del PSOE por primarias, este, el que sea, ya se predispone a hablar sobre la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y sobre todo, del calendario, la verdadera fuente de diferencias internas. La elección del candidato a la Moncloa por parte de militantes y ciudadanos sin carné son las primarias por antonomasia, sí. Pero hay otras. Las que designan a los aspirantes a los Gobiernos autonómicos y municipales. Y estas también entran en el terreno de juego y son capitales porque en algunos casos el PSOE tiene posibilidades reales de volver al Ejecutivo. Esta y otras razones han conducido a federaciones como Valencia, Aragón y Murcia a reclamar a Alfredo Pérez Rubalcaba que les permite adelantar sus propios procesos internos para tener nombrados a sus candidatos antes de las elecciones europeas. Ferraz se ha mostrado "sensible" a las peticiones de esos tres territorios, pero no moverá pieza hasta pasada la Conferencia Política del mes próximo. 

Si se sigue el patrón del anterior ciclo electoral, las primarias socialistas previas a las autonómicas y municipales de mayo de 2015 deberían celebrarse pocos meses antes, en el otoño de 2014. Basta tirar de hemeroteca: el 3 de octubre de 2010 [ver resultados en PDF] se celebraron las elecciones internas para tres CCAA: Madrid –las que ganó Tomás Gómez frente a la candidata promovida por José Luis Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez–, Canarias y Murcia, y 11 municipios. 14 procesos a la vez. Pero ahora las cosas podrían cambiar si hay plácet de Ferraz y acuerdo del resto de territorios. 

En el Partido Socialista del País Valencià (PSPV), la tercera federación más importante del partido tras Andalucía y el PSC, existe el convencimiento generalizado de que conviene situar las primarias autonómicas "el el primer trimestre de 2014" y de que estas deben ser "abiertas a los ciudadanos". El principal argumento esgrimido por distintos responsables del PSPV es la "debilidad" de Alberto Fabra y la "situación terrible" de la Generalitat, por lo que entienden que hay que estar preparados para un eventual "anticipo electoral", que el Estatuto le permite. "Aquí es donde está más claro que podemos desbancar al PP del Gobierno, más incluso que en Madrid. Toda la dirección del PSPV está de acuerdo que, en esas circunstancias, conviene tener cuanto antes el nombre del cabeza de lista, y antes de las europeas", que se celebrarán en mayo de 2014. "Incluso esto puede ayudar a la marca PSOE, que hoy está dañada".

Desde fuera de la Comunitat Valenciana, sus compañeros de partido aprecian que el requerimiento a Ferraz obedece a la "necesidad de asentar el liderazgo" de Ximo Puig, elegido secretario general en 2012, en sustitución de Jorge Alarte, que apenas se mantuvo cuatro años en el poder del PSPV. La federación valenciana siempre ha sido un vivero de guerras intestinas, un territorio comanche dividido en múltiples familias en una comunidad en manos del PP desde 1995. Sin embargo, los dirigentes del PSPV perciben hoy un "clima distinto", un ambiente de cierta calma, una "mayor cohesión". Como observa un veterano miembro del partido y también diputado en el Congreso, "hay otro comportamiento general, la gente se da cuenta de que podemos gobernar", más probable en compañía de Compromís y de Esquerra Unida (IU), según vienen confirmando las encuestas, como la de esta última semana de Metroscopia para El País. Pese a esa distensión, ya han anunciado que rivalizarán en las primarias Puig y su número dos, Francesc Romeu. El alcalde de Faura (Valencia), Toni Gaspar, ha mostrado igualmente sus intenciones de competir. Los cercanos a Puig le ven como ganador, por la mayor "fuerza orgánica" lograda en los últimos meses. Sus contrarios, en cambio, creen que podría vencer una cara más joven, la de Romeu. 

Un "revulsivo" para el partido

"Hemos planteado en varias ocasiones que hay que calendarizar las primarias en función del tiempo político de cada comunidad. Aquí la Generalitat está en una situación muy límite", explicaban en el círculo más estrecho de Puig. En el PSPV defienden que convocar las elecciones internas antes del otoño de 2014 "no tiene por qué afectar negativamente" a la vida del PSOE. Más aún, puede ser un "revulsivo" que demuestre la "vitalidad del partido". Ponen el ejemplo de Alemania, donde se producen procesos electorales en tiempos distintos y no hay mayor problema. "Se deben atender situaciones de excepcionalidad, especificando por qué se cree conveniente adelantar, no buscar espacios gratuitos de confrontación".

En Murcia, los movimientos del PP también explican la demanda del Partido Socialista de la Región de Murcia (PSRM-PSOE), que sancionó el máximo órgano de poder del partido el pasado marzo. El presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ya ha avanzado su decisión de dejar las riendas de la región en la primavera de 2014 y ha mostrado su disposición a integrarse en la lista de las europeas. "Es una cuestión de coherencia. Si Valcárcel se va, no hay elecciones y hay un cambio de presidente, lo lógico es que nosotros tengamos claro nuestro cabeza de cartel", señalaban en el entorno del secretario general, Rafael González Tovar. Este ya tiene decidido que sí concurrirá a unas eventuales primarias. González Tovar fue aupado al liderazgo del PSRM en 2012 en un congreso muy ajustado, por cinco votos de diferencia.

En el caso de Aragón, no operan las mismas razones, porque la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, no está de salida ni tiene una situación económica tan complicada como Valencia. Aquí sí funcionan más claves internas. "Creemos que se debe despejar la incógnita del candidato cuanto antes, para que se dé a conocer y pueda construir su discurso", analizaba un miembro de la ejecutiva regional. En el partido no esconden que el secretario general, Javier Lambán –otro de los nuevos barones, porque fue elegido en 2012–, y seguro aspirante a la candidatura, no es muy conocido. La tesis del adelanto de las primarias aragonesas fue aprobada por el máximo órgano de dirección el pasado 27 de septiembre. "Pero nuestra opción ideal es que se celebran todas las primarias en todos sitios a la vez, y si no que se haga de forma ordenada y eficaz, para evitar tener varios frentes abiertos", añadían en la cúpula regional. 

Que se actúe con "cordura" y "orden"

Valencia, Murcia y Aragón serían las tres federaciones que, por lo pronto, desean anticipar sus procesos de elección interna. En otras CCAA el panorama es distinto. En Andalucía, ya se organizaron las primarias (aunque no hubo finalmente votación) y las ganó Susana Díaz, la actual presidenta de la Junta. En Galicia, Cataluña y País Vasco, no habrá comicios a la vista hasta, en principio, 2016. En Asturias, el PSOE preside el Ejecutivo y en Canarias cogobierna, así que no es previsible que emerjan alternativas. En Madrid, no se pide anticipo porque "ni se plantea" la posibilidad de que concurra un competidor de Gómez, quien precisamente salió muy reforzado de las primarias de 2010.

En La Rioja dicen no tener "prisa ninguna" por designar a sus aspirantes. En Castilla y León, tampoco hay sobre la mesa una propuesta similar, aunque ahí se cruza la incógnita de si querrá repetir el ex secretario general y actual secretario federal de Organización del PSOE, Óscar López. En Baleares, lo único que exigen es que se cierren todos los procesos de primarias "antes de 2015", antes de las autonómicas y municipales. En Castilla-La Mancha, el líder, Emiliano García-Page, se mantiene en sus trece: primero deben celebrarse las primarias para elegir al candidato a la Moncloa para dirimir "el liderazgo nacional" y luego las demás en cascada. En cualquier caso, alegan desde la dirección, no hay "duda ninguna" de la "fortaleza" de Page, y este pujará por la Presidencia con toda seguridad. El extremeño Guillermo Fernández Vara también quiere ser candidato y, como admiten en su entorno más inmediato, "da igual" que las primarias se celebren antes o después de las europeas de 2014. 

Las tres federaciones que quieren avanzar más rápido advierten de que Ferraz responde con "sensiblidad" a sus peticiones. Pero no hay nada decidido. "No se ha hablado, es pronto para calendarios. La prioridad es la Conferencia Política, estamos centrados en ella", apuntan dos altos mandos de la estructura federal. Será determinante, pues, lo que se decida en el cónclave del próximo mes. En ningún caso se aprobará una agenda tasada, pero sí puede acordarse una recomendación al Comité Federal, que es el órgano competente para fijar una hoja de ruta. Para las primarias a la Moncloa y para las autonómicas y municipales. Ferraz reitera que cualquier solución provendrá del "pacto".

Al acuerdo se remiten igualmente las federaciones, en las que se palpa la comprensión a que haya territorios que puedan celebrar sus elecciones internas antes que el resto, atendiendo a su especial coyuntura, según pudo comprobar infoLibre de boca de varios barones. "No pasa nada por que haya varios tiempos", aduce un secretario general. La única precaución que ponen algunos es que haya cierto "orden" y se actúe con "cordura", que no se convoquen primarias "a gusto del consumidor", porque puede trasladar hacia fuera la imagen de "lío", de confusión, de "caos". Como indicaban los colaboradores de Page, el PSOE debe bandearse en un equilibrio complejo: atender a la demanda social de cambios y, al tiempo, proyectar la imagen de "partido estable y sólido", capaz de llevar a los ciudadanos "más certezas que incertidumbres". 

Simpatía general a las primarias abiertas

En las conversaciones con los barones se percibe asimismo que se va aquilatando otra idea: celebrar primarias autonómicas abiertas. Hasta ahora, en los procesos internos participaban únicamente los militantes. El congreso de Sevilla, en 2012, avaló mediante una resolución la convocatoria de primarias abiertas para la elección de los candidatos a la Presidencia del Gobierno. El texto emplazaba a que la Conferencia Política estudiara "la ampliación de la participación del conjunto de la ciudadanía en el caso de las elecciones a la presidencia de las comunidades autónomas". Pues bien, el documento marco de la conferencia propone que una vez se elabore el reglamento federal para las primarias estatales, "estas se puedan celebrar a nivel autonómico, previa autorización del Comité Federal", cuando así lo solicite previamente la ejecutiva regional. 

La simpatía hacia las primarias abiertas, también a escala autonómica, es generalizada. Sólo La Rioja y Aragón sí apuntan a las claras que preferirían, en su caso, procesos cerrados, sólo para la militancia. "Yo sería más partidaria del sistema actual, apuesto por incentivar la afiliación. Si al final un ciudadano de a pie puede elegir a un candidato igual que un militante, este no tiene estímulos para tener un carné. La apuesta real es democratizar todos los partidos", ilustraba una dirigente del partido en Aragón. "En La Rioja nunca hemos hecho primarias. Para ser las primeras, quizás debiéramos darle el gusto a los militantes, que para eso pagan y se comprometen. Pero habrá que estudiarlo", agregaban fuentes muy próximas al secretario general, César Luena. 

El calendario, más incluso que los candidatos, se ha convertido en el principal caballo de batalla interno en el PSOE. Y la primera tarea a despejar. Pero, como todo, queda a expensas del desenlace de la Conferencia Política de noviembre y del posterior Comité Federal. 

Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso, ha apuntado este jueves que el juez que instruye la causa por el accidente de tren de Santiago, Luis Aláez, deberá determinar si "tuvo algo que ver" en este siniestro "el hecho de que el proceso inicial se modificara para acabarlo antes y cortar una cinta".

En declaraciones a la Cope, recogidas por Europa Press, el diputado conservador ha recalcado que en el proceso judicial abierto "se tiene que estudiar", y así "se está haciendo", "todas las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo". Aunque ha asegurado que no cree que se tomara "ninguna decisión que pudiera afectar a la seguridad del tren y de los usuarios", ha apuntado que el juez tendrá que determinar si tuvo algún efecto "el hecho de modificar ese trazado y de adelantar la apertura de ese tramo".

Hernando ha respondido así al ser preguntado acerca de si considera que deben dimitir los presidentes de Renfe y de Adif, Julio Gómez-Pomar y Gonzalo Ferre, como este miércoles exigió la diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón, que resultó herida en el accidente. El portavoz ha explicado que, aunque la "respeta", no comparte esta opinión, porque considera que Gómez-Pomar y Ferre "no son responsables" de las acciones que llevaron a que el tramo donde se produjo el accidente tuviera las medidas de seguridad que tenía y que mantuvo hasta el momento del accidente. Ferre explicó en su comparecencia el pasado 8 de agosto que el trayecto Ourense-Santiago sufrió un último cambio sancionado en abril de 2011, cuando el entonces ministro socialista, José Blanco, decidió, a porpuesta de Adif y del secretario de Estado de Infraestructuras, construir ese tramo en ancho convencional para evitar cambiadores.

El presidente de Adif "lleva tres meses y medio en el cargo"

Además, ha recalcado que el actual presidente de Adif "lleva apenas tres meses y medio en el cargo", por lo que "intentar responsabilizar" a esta persona del accidente no le parece "justo ni razonable". Hernando ha recordado que tanto Ferre como Gómez-Pomar comparecieron en el Congreso de los Diputados para explicar su gestión y "ningún grupo" ha pedido su dimisión. "No comparto esa opinión, aunque sea una opinión que mantiene una persona que ha sido víctima", ha apuntado.

En cualquier caso, ha insistido en que "hay un proceso judicial abierto" en el que se van a analizar "todas las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo", entre las que ha citado la que llevó a modificar el proceso inicial "para inaugurar antes y cortar las cintas". Al margen de esto, Hernando ha hecho hincapié en que Fomento ha actuado "de forma adecuada" y en que España es "un ejemplo de desarrollo y modernización" en el transporte por ferrocarril y todo lo que se haga ahora "para garantizar que no vuelve a suceder es positivo".

PSOE: que Hernando se "informe"

Desdel el PSOE ha replicado la exministra y secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, quien ha pedido a Hernando que sea prudente, que "se informe" y que se lea el auto del juez [consúltalo en PDF] antes de hablar de responsabilidades en el accidente en el que murieron 79 personas. El magistrado Aláez, ha sostenido, "señala de manera clara que el proyecto ha sido diseñado, concebido y ejecutado de forma segura, ajustada a las normas de seguridad establecidas en los procedimientos" y que en la construcción se siguieron "estrictamente todos los protocolos".

"Lo dice el auto del juez, así que invito al señor Hernando a que además de ser prudente se lea el auto del juez y antes de hablar se informe", ha apostillado Jiménez.

El secretario federal de Organización del PSOE, Óscar López, pidió este jueves –como lleva haciendo su partido toda esta semana– "explicaciones urgentes" sobre la lista de presos indultados por Marruecos y cargó contra la "mala gestión" que, a su juicio, se ha llevado en este caso.

"Hacen falta explicaciones urgentes ya por parte del Gobierno de España", advirtió López, quien insistió en la necesidad de conocer cuanto antes la lista elaborada desde la Embajada de España en Marruecos con su propuesta para indultos y traslados de presos y los casos concretos para saber quiénes son esos condenados y por qué estaban en prisión. A su juicio, es preciso que el Gobierno central explique con urgencia qué ha pasado en este asunto en el que ha habido "una mala gestión".

Por su parte, la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, insistió en que en este caso ha habido "una enorme confusión" y una "sucesión de errores", en los que la parte marroquí ha "intentando enmendar" parte, pero sobre los que el Gobierno no da "explicaciones".

En declaraciones a La Sexta, en el programa Al rojo vivo, recogidas por Europa Press, la exministra de Asuntos Exteriores insistió en que el PSOE quiere que el Gobierno "aclare dónde están" los presos "indultados por error" y si estaban en la cárcel por "delitos graves o preocupantes".

Los demás, por narcotráfico

Así, recordó que los socialistas registraron ya preguntas sobre este asunto en el Congreso y avisó de que si el Gobierno "deja de cumplir con sus obligaciones", el PSOE pedirá que comparezcan los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La cadena Ser ha tenido acceso a la tabla completa de los 48 indultados por el rey (Liste de detenus espagnols) y asegura que, salvo el caso del pederasta Daniel Galván, los demás –dos mujeres y 46 hombres– fueron detenidos por narcotráfico de hachís. Sin embargo, eso no libra al estadillo de polémica porque, como han indicado El País y el marroquí Lakome, uno de los perdonados por el soberano alauí, Mohamed Mounir Molina, ni siquiera había sido juzgado y, al tener la doble nacionalidad, no podía ser trasladado a España. 

La lista la componen 48 nombres y sólo se conocen dos nombres: Daniel Galván Viña, pederasta, condenado a 30 años de prisión por abuso de menores, y Antonio García Ancio, que carga con una pena de diez años por tráfico de hachís. Pero a partir de ahí se acaba la información. No se sabe la identidad de los otros 46 indultados por Mohamed VI –el soberano alauí revocó después el perdón a Galván–, y el Gobierno no está dispuesto a facilitarla y para ello invoca la Ley Orgánica de Protección de Datos, una norma pensada para regular el tratamiento de los datos personales y la creación de ficheros de carácter personal y que nada tiene que ver con las medidas de gracia. 

El pasado lunes, este diario reclamó al Ministerio de Exteriores el listado de los 48 reclusos a los que Marruecos concedió la medida de gracia. No hubo forma. Es información "reservada", alegaron fuentes del departamento. Para entonces, el Gobierno ya había explicado que la Embajada de España en Rabat había sido la responsable de la confección de los dos estadillos que se presentaron a las autoridades del país magrebí: uno, con la propuesta de 18 reos indultables; el otro, con los nombres y apellidos de 30 internos para los que se solicitaba la repatriación. En esta segunda relación figuraba Galván. Marruecos, por "error", fusionó ambas listas y el soberano indultó directamente, sin discriminación, a los 48 españoles. 

infoLibre volvió a dirigirse ayer al Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel García-Margallo –que hasta ahora no ha dado ningún tipo de explicaciones públicas–, para reclamar el listado completo de los 48 indultados. "Esa lista no es pública. Y tenemos previsión de hacerla pública, pese a que lo haya pedido la oposición. No lo hacemos por la Ley Orgánica de Protección de Datos", justificaban fuentes diplomáticas. El Gobierno se escuda en los artículos 6 y 7 de la norma aprobada en 1999.

El primero de esos artículos invocados por Exteriores alude genéricamente al "consentimiento del afectado" para la recogida de datos suyos de carácter personal, y el segundo, a los datos "especialmente protegidos", como la ideología, la religión o las creencias. En el punto 7. 5 –epígrafe expresamente citado por las mencionadas fuentes– se estipula que "los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras". Pero en este caso no se habla de ficheros, sino de que el Gabinete de Mariano Rajoy divulgue los nombres que él mismo recogió en una doble tabla entregada a Marruecos. 

Justicia no sabe la situación de los 29 perdonados por "error"

La justificación gubernamental choca más aún si se tiene en cuenta que el Consejo de Ministros lleva al Boletín Oficial del Estado cada indulto que aprueba, ofreciendo en cada caso el nombre del agraciado, el delito cometido y la pena recibida. ¿Por qué entonces la discriminación? Fuentes diplomáticas ofrecieron como único argumento que el pasado 30 de julio quien perdonó fue el rey Mohamed VI –y no el Ejecutivo español–, y los beneficiarios, reos condenados en Marruecos (y no en España). Sin embargo, fue la propia Embajada la que elaboró la relación de reclusos que se entregó a las autoridades del país vecino, como han recalcado el Gobierno y el PP.

El Gobierno alega hasta desconocimiento de la situación de los otros 29 indultados por "error": ayer, el director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorente, dijo ignorar qué había pasado con ellos. En una charla informal con periodistas, reconoció que no sabía las penas concretas por las que habían sido sentenciadas esas personas, aunque "en más de un 90%" lo son por tráfico de drogas, informa Europa Press. 

La oposición exige saber qué ha pasado con Galván y con los demás. El PSOE, a través de su vicesecretaria general, Elena Valenciano, y su secretaria de Política Social, Trinidad Jiménez, presionó al Gobierno para que facilitase la tabla completa porque, aparte del pederasta, hay "29 errores más". "También nos gustaría saber quiénes son esas 29 personas indultadas por error", aseguró la número dos en la Ser. Horas más tarde, Valenciano exigió de nuevo "toda la información" de los presos indultados en su muro de Facebook. "La lista debe ser pública". Tal y como adelantó la dirigente socialista a este periódico, si el Gobierno no ofrece las identidades de los otros indultados, reclamará la lista a través de una pregunta en el Congreso.

Ricardo Sixto, portavoz de Interior de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y secretario de Comunicación de IU, "no descarta en absoluto" demandar todo el listado. "No es de recibo que Exteriores se ampare en la Ley de Protección de Datos, porque no es una cuestión de datos personales, sino de claridad y de transparencia. ¿Por qué no lo hace el Gobierno? Porque ya van muchas meteduras de pata. Si se pidió el traslado de 30 reclusos, es porque sus delitos eran de cierta entidad. ¿Por qué se les incluyó a ellos y no otros? ¿Con qué criterios se hizo el listado?". 

Sixto reiteró que no tiene "ninguna lógica" que el Gabinete del PP se niegue a dar nombres, cuando en España para pedir indultos "hasta se hacen campañas". Es el caso de Antonio García Vidriel, un camionero preso y enfermo detenido en 2012 y condenado a cuatro años de cárcel por tráfico de drogas. La plataforma Presos Marruecos impulsó la recogida de firmas en Change.org para empujar a favor de su traslado. Él fue el único recluso al que el rey Juan Carlos citó en su viaje a Marruecos del mes pasado, y sin embargo no fue perdonado. Sí obtuvo la gracia real su hijo, Antonio García Ancio. A ambos los arrestaron con casi nueve toneladas de hachís. 

Figura regulada en España por una ley de 1870

La fundación ciudadana Civio, a través de su proyecto El indultómetro, ha venido denunciando la "arbitrariedad" que pesa sobre la figura del indulto. Y no es una cuestión privativa del soberano alauí, claro. "En Marruecos y en España funciona de forma parecida. Quitado el detalle de que en España el indulto no es revocable y en Marruecos parece que sí, no hay muchas diferencias", asegura el cofundador y director de la plataforma, David Cabo. Aquí, el Ejecutivo tiene la obligación de publicar en el BOE el nombre del perdonado, el delito, la pena que recibió y el tipo de indulto, pero ahí se acaban las explicaciones, porque "no tiene que decir por qué concede una medida de gracia al reo, ni hacer caso al informe del juez. Es una medida, por tanto, discrecional, y regulada por una ley de 1870. La diferencia es que ahora el Ejecutivo del PP se niega siquiera a proporcionar esos mínimos detalles. "La Ley de Protección de Datos es la que se usa para todo, la que siempre se invoca para no dar información, o directamente no se contesta. Y no hay forma de obligar a la Administración, menos aún cuando todavía no existe una Ley de Transparencia". 

En números absolutos, tampoco es tan excepcional la cifra de agraciados por el último perdón real de Mohamed VI, el pasado 30, con motivo de la Fiesta del Trono: 1.044 reclusos en total, 48 de ellos españoles. Como recogió Civio, el 1 de diciembre de 2000 recibieron la medida de gracia 1.328 presos de una tacada –entre ellos, el exjuez Javier Gómez de Liaño, hoy abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas–, un indultazo indultazoque el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes, justificó por la cercanía del fin del milenio y porque aquel era un año jubilar.

10.158 indultos desde 1996, unos 600 al año

Desde 1996, según los cálculos de la fundación, se han decretado en España 10.158 indultos, unos 600 por año (1,64 al día). En todos estos años, se ha perdonado todo tipo de delitos: contra el medio ambiente, prevaricación, malversación o delitos cometidos contra la libertad individual. Y a veces el Gobierno ha indultado contra el criterio de los jueces, como ocurrió con cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturar, amenazar, golpear y meter una pistola en la boca a un hombre detenido por error. Tras un primer perdón, las penas se redujeron a dos años y así, se evitaba teóricamente la cárcel, pero la Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió su ingreso en prisión. El Gobierno de Rajoy volvió entonces a perdonarles. 

El indulto es una prerrogativa tan exclusiva del Gobierno que ni siquiera los tribunales pueden oponerse a ella más que por cuestiones formales, por que el Ejecutivo se haya saltado algún paso, como ocurrió con el perdón que el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero otorgó al banquero Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander hasta el pasado abril. Como resume Cabo, "hay casos de sobra por los que indignarse: terroristas de estado, corruptos, policías torturadores, kamikazes, funcionarios prevaricadores, más de 1.000 indultos de una vez...".

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, afirmó este martes que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, expliquen en el Parlamento la "desastrosa" gestión del Gobierno que permitió que un español condenado en Marruecos por abusos a menores fuera excarcelado. Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, pidió además la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz, para aclarar el "inmenso desbarajuste" de la liberación de Daniel Galván Viña. 

En declaraciones a la Cadena Ser, en el programa Hoy por hoy que presenta Aimar Bretos, Valenciano dijo que en este caso se ha cometido "un error grave e incomprensible que merece una explicación un poco más exhaustiva" por parte del Ejecutivo, "que hasta ayer ha estado escondido y dando versiones off the record muy poco claras". En este sentido, la dirigente socialista acusó al Gobierno de intentar responsabilizar a las autoridades marroquíes por haber concedido la libertad a Galván y a otros 29 reclusos que también fueron "indultados por error". "No puede desentenderse y cargar sobre Marruecos toda la responsabilidad porque son presos españoles", subrayó.

A su juicio, lo que ha ocurrido "merece una explicación" y que el Ejecutivo "se haga responsable de resolver ahora la situación", es decir, de que Galván, que fue detenido este lunes en Murcia, "acabe en la cárcel". Horas después, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba el ingreso en prisión provisional e incondicional del pedófilo, que fue conducido después a Soto del Real (Madrid). 

Valenciano criticó la "desastrosa" gestión del Gobierno en este asunto y le preguntó por qué no supervisó la excarcelación de los 48 presos españoles a los que Marruecos puso en libertad la semana pasada. El Ejecutivo, por ahora, ha explicado que fue la Embajada la que elaboró una doble lista: en una solicitaba a Marruecos el indulto de 18 reclusos; en la otra, requería que otros 30 (entre ellos, Galván) fueran trasladados a España para cumplir el resto de su condena. Rabat en cambio fusionó ambos estadillos y excarceló a lo 48. 

Valenciano señaló que Ruiz-Gallardón y García-Margallo deberían aclarar lo ocurrido con el pederasta, por ejemplo si cumplía los requisitos para estar incluido en las listas, y decir también "quiénes son esos 29 restantes indultados por error". En el mismo sentido, Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, reclamó posteriormente en rueda de prensa en Ferraz al Ejecutivo que aclare si entre los demás perdonados existen "sospechas" o delitos de "tanta gravedad o más" que el de Galván. Delitos de los que, a su juicio, debiera informarse porque esas personas "ahora están en la calle".

Valenciano instó asimismo a los ministros a explicar por qué cuando se enteraron de que habían sido liberados todos no advirtieron a las autoridades marroquíes. Si lo hubiesen hecho, "tal vez" Galván "no habría conseguido un pasaporte en el consulado español", añadió. Según explicaba ayer Exteriores, lo que concedió el Consulado General fue un salvoconducto para que pudiera salir de Marruecos. 

La diputada socialista expresó su deseo de que las conversaciones que el Gobierno mantiene este martes con dos altos funcionarios marroquíes que han viajado a Madrid contribuyan a que "se resuelva la situación". En cualquier caso, descartó que este asunto vaya a dañar las relaciones bilaterales con Rabat, que "son sólidas y buenas".

Preguntas de los portavoces de Justicia e Interior de IU

Lara, por su parte, y como ya adelantó infoLibre, tiene ya registrada la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Según un comunicado lanzado por IU, el coordinador considera necesario aclarar "cuanto antes" lo que ha pasado, en vista de la gravedad de los crímenes cometidos por Galván, y "determinar las causas de la excarcelación del pederasta y su posible relación con los servicios de inteligencia". 

Además, los portavoces de Justicia e Interior de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y Ricardo Sixto, han registrado una batería de preguntas. El primero inquiere por la posible negociación con Marruecos para que Galván cumpla su condena en España, por la posible pertenencia de este al CNI o por qué se le concedió la nacionalidad española. Sixto, también secretario federal de Comunicación de IU, requiere al Ejecutivo que le diga los posibles seguimientos a Galván por parte de la Guardia Civil mientras vivió en Torrevieja y si fue arrestado por delitos sexuales u otro tipo de causas durante su estancia en la ciudad alicantina.

Al PSOE no le ha gustado nunca la actual configuración del plan Prepara, la ayuda de 400 euros que el Estado concede a los parados que ya han agotado la prestación de paro y no tienen derecho a ningún subsidio de desempleo más. El Gobierno, decían, había dejado fuera a más familias al endurecer las condiciones de acceso. Era "insuficiente". Así que los socialistas se han propuesto darle una vuelta al programa, inyectando más dinero, hasta 2.500 euros al año, y ampliando la cobertura de beneficiarios, hasta unos 500.000.

La iniciativa formará parte del debate monográfico sobre bienestar que el partido mantendrá mañana domingo en Albacete, el sexto foro temático previo al broche de la Conferencia Política del otoño. Aparece recogida en su documento de base, desmenuzado ayer en un encuentro con periodistas por Trinidad Jiménez, secretaria federal de Política Social, y los portavoces de Economía y Sanidad en el Congreso, Valeriano Gómez y José Martínez Olmos. El exministro de Trabajo explicó que la duración de la crisis está haciendo que el número de familias con todos sus miembros en paro siga creciendo (hoy está en dos millones) y también el subconjunto de hogares que no disponen de ningún ingreso conocido (ahora, 500.000). Sin embargo, el número de perceptores, por los mayores requisitos impuestos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, ha descendido hasta los 70.000, según los cálculos de los socialistas, ya que "no se publican los datos mensualmente". 

El PSOE plantea entonces una "extensión paulatina y extraordinaria" de la protección por desempleo. ¿Cómo? Se trataría de pasar del cobro actual durante seis meses a recibir la ayuda 18 meses, pero no de golpe. Los beneficiarios recibirían la ayuda de 400 euros durante seis meses, y después se interrumpiría la paga otros seis meses, para luego reanudar la prestación, y así consecutivamente. El programa duraría en total tres años: año y medio cobrando la ayuda y año y medio sin ella. Además, para acceder al subsidio, los socialistas quieren que se vuelva al planteamiento inicial, el que ellos implantaron, que se tenga en cuenta la renta individual, no la de toda la unidad familiar. Creen que debe extenderse a todos los desempleados con experiencia laboral previa, sin necesidad de que el agotamiento de las prestaciones se haya producido justo antes de la solicitud de la ayuda. 

Con estos parámetros, Gómez estimó que el gasto anual sería de unos 2.500 millones de euros (400 euros por 12 mensualidades y 500.000 parados de larga duración beneficiarios al mismo tiempo). El presupuesto actual del Ejecutivo para el plan Prepara, dijo, no llega a los 300 millones. La financiación del programa se haría vía impuestos con cargo a un fondo específico dotado en el capítulo de protección por desempleo y su gestión se concertaría con las comunidades. Los socialistas siempre remarcan que todas sus propuestas, en este y otros temas, tienen en cuenta su modelo de reforma fiscal, que estima posible la recaudación de 40.000 millones de euros en cinco años. 

Blindaje de la sanidad pública en la Constitución

La "tremenda desigualdad" que existe, según Jiménez, entre las comunidades autónomas en la prestación de servicios sociales obliga a que el Estado tome la iniciativa para homogeneizar la oferta. Hasta ahora, decía, se habían considerado los servicios sociales como "la maría" del sistema. Para ello, los socialistas quieren que, dentro de la reforma de la Constitución que llevan exigiendo en los últimos meses, se incluyan las políticas sociales, que se refleje en la Carta Magna el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a sanidad, educación y pensiones. Posteriormente, se garantizaría por ley un catálogo "básico", de "mínimos", de políticas sociales que todos los territorios deberían ofrecer. Un "marco estatal de referencia". ¿De qué prestaciones se habla? La ayuda a domicilio, las becas de comedor, la atención residencial, la ayuda al alquiler... En cuanto a la dependencia, el PSOE reivindica mantener la inversión que existía en su tiempo de Gobierno, porque además la ley genera un "nicho importante" de puestos de trabajo (en 2010-2011 supuso la creación de 185.000 empleos directos y 65.000 indirectos). 

El PSOE no se atreve a proponer por ahora una renta mínima de inserción para todo el Estado, un subsidio mínimo para los hogares sin ingresos, para garantizar su subsistencia. Hoy algunas comunidades lo contemplan, pero no existe una normativa general. Jiménez alegó que implantarla para todos los españoles entrañaría un volumen de gasto muy alto para unas arcas escuálidas. "Pero es una aspiración razonable para que se incluya en el futuro. No lo planteamos ahora por la coyuntura", excusó. La exministra subrayó que su partido ha sido muy cauteloso en sus propuestas, cuidando que no entrañasen un fuerte gasto adicional. Lo que sí se pretende es la reversión de los recortes operados por el PP. 

El resto de medidas ya estaban avanzadas en el documento colgado desde el martes en la web del partido. Aquí se reflejan las más significativas: