El Pleno del Congreso ha aceptado este martes por unanimidad tomar en consideración la proposición de ley registrada por el PP para acortar a ocho días la campaña electoral con el fin de que, en caso de tener que repetir los comicios por falta de investidura, la jornada de votación no coincida con el Día de Navidad sino que sea el 18 de diciembre, según ha informado Europa Press.

La fecha del 25 de diciembre vino determinada por la decisión de convocar el debate de investidura de Mariano Rajoy los pasados 30 y 31 de agosto, ya que es la Constitución la que establece que, pasados dos meses desde la primera votación fallida y si nadie logra superar la investidura, las Cortes quedaran disueltas para celebrar nuevas elecciones.

Según figura en la iniciativa, las elecciones generales que se convoquen en cumplimiento del precepto constitucional que fuerza la disolución de las Cortes por falta de investidura, artículo 99 de la Constitución, deben considerarse una repetición de los comicios anteriores y, al ser una "situación anómala", se pueden acortar los plazos y aceptar como válidos trámites realizados para la cita electoral precedente.

Lo que plantea el PP es añadir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular las elecciones que se convoquen en esos casos de repetición de comicios, pero los cambios no se aplicarán al procedimiento ordinario.

Los populares, en contra de frenar las devoluciones en caliente

Por otro lado, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley con la que se insta al Gobierno a derogar la disposición final primera de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que "ofrece amparo normativo a las denominadas devoluciones en caliente" en el territorio fronterizo de Ceuta y Melilla y Marruecos, así como a quitar las concertinas de las vallas, según ha informado Europa Press.

El texto, promovido por Unidos Podemos y pactado con PSOE y EH Bildu, ha recibido también el apoyo del PNV, Esquerra (ERC) y a antigua Convergència, mientras que el PP ha votado en contra y Ciudadanos ha optado por la abstención.

La propuesta votada también incluye una petición al Gobierno para que dicte instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona para que respeten el principio de no devolución y que se garantice el derecho al asilo. Del mismo modo, solicita la retirada de las concertinas instaladas en las vallas de ambas ciudades fronterizas.

Además, se insta al Ejecutivo a dialogar con Marruecos para que, hasta que se reglamente la Ley de Asilo, se facilite el acceso a las oficinas de asilo del puesto fronterizo a todas las personas que deseen solicitar asilo.

La proposición no de ley pide también la retirada de las concertinas en las vallas fronterizas por los "graves riesgos" que suponen para la integridad física de las personas.

"Velar por la seguridad de los españoles"

La diputada de Unidos Podemos, Ione Belarra, ha denunciado durante el debate la actitud del PP en este asunto "escaqueándose de cumplir con el Estado de Derecho" e intentando legalizar las devoluciones en caliente cuando saben que incumple la Constitución española y numerosas legislaciones europeas que España tiene que cumplir.

Ante estas palabras el PP ha defendido que los cuerpos y fuerzas del Estado están cumpliendo con su obligación en Ceuta y Melilla, que es "velar por la seguridad de los Españoles". La portavoz de los populares, Pilar Cortés, ha señalado que la normativa en materia de inmigración tiene que conciliarse con el cumplimiento de la ley, tanto de la española como de la europea, al ser éste un punto de entrada al continente.

Acuerdo por unanimidad sobre las tasas judiciales

Por último, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad instar al Gobierno a modificar el régimen de tasas judiciales incorporando a la lista de sujetos exentos del pago de dichas tasas a las entidades sin fines lucrativos, a las PYMES y comunidades de propietarios, según ha informado Europa Press.

Los diputados han debatido sendas proposiciones no de ley de la antigua Convergència (CDC) y del PSOE sobre el régimen de tasas judiciales que aún se mantiene tras la rectificación del Gobierno del PP y la sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Finalmente, ambos textos se han fundido en una nueva redacción tras la incorporación de una enmienda transaccional de los socialistas.

Así, el nuevo texto pide al Ejecutivo que modifique, en un plazo de tres meses, el artículo siete de la Ley 10/2012 por el que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Hace casi cuatro años el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón impulsó la ley 10/2012 del 20 de noviembre, conocida como ley de tasas judiciales, que prometía una mejora en la financiación del sistema judicial y, concretamente, en la justicia gratuita. A día de hoy, y tras la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de las tasas, el Ministerio de Justicia admite, en respuesta a las cuestiones planteadas por infoLibre, que los más de 500 millones recaudados los ha repartido Hacienda según sus "necesidades" y no han ido a parar al objetivo señalado inicialmente.

El pasado 29 de julio, el TC calificó como inconstitucionales las tasas judiciales a personas jurídicas –que hasta la reforma del 2015 también debían pagar las personas físicas–, que en noviembre del 2012 impuso Gallardón.

Tan sólo un año después de su aplicación, un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo consiguió que la norma fuera modificada para rebajar ciertas cuantías y exonerar el pago de trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En 2015, Rafael Catalá decidió anular la ley respecto a las personas físicas, la última reforma antes de su total desaparición.

Las tasas aplicadas durante más de tres años supusieron una recaudación de más de 500 millones de euros sólo hasta 2015, según datos ofrecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a una pregunta parlamentaria: en diciembre de 2012 fue de 8,7 millones de euros, mientras que en 2013 alcanzó los 316,5 millones y hasta noviembre de 2014 la cantidad fue de 187,1 millones de euros. Es decir, un total de 512,4 millones, sin tener en cuenta todo el año 2015 ni los meses de 2016 en que estuvo vigente.

infoLibre contactó con el Ministerio de Justicia para aclarar el paradero de los millones recaudados. Tras una primera evasiva, fuentes oficiales del departamento de Catalá han confirmado a este periódico que los más de 500 millones recaudados por las tasas han ido a parar al Ministerio de Hacienda, "donde el importe se distribuye entre las necesidades que surjan", en lugar de destinarse a un fin concreto. En este sentido, subrayan que el funcionamiento habitual se basa en "un reparto no finalista" de la recaudación, y que por tanto es "imposible conocer exactamente cuál ha sido el destino de ese dinero" en los últimos años.

La respuesta ofrecida por el Ministerio coincide con la declarada a finales de 2014, cuando el Ejecutivo reconocía desconocer el paradero de los millones ingresados. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, los conservadores aseguraron que "el Ministerio no dispone de información al respecto", y que no corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".

Estas declaraciones contrastan, sin embargo, con la promesa realizada por el Gobierno de Rajoy cuando aprobó las tasas judiciales. En el año 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró que la ley de tasas serviría para "garantizar más la justicia gratuita". Además, en la propia norma 10/2012 se establece que los efectos de la misma derivarán en "mayores recursos que permitirán una mejora en la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita".

Los jueces lamentan la falta de compromisos firmes

Las cuatro asociaciones de jueces a nivel estatal han expuesto, en declaraciones a este diario, su posición respecto a las palabras del Ministerio, después de que algunas de ellas –Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Fiscales y Unión Progresista de Secretarios Judiciales– emitieran el pasado martes un comunicado exigiendo al Gobierno respuestas sobre el paradero de lo recaudado.Raimundo Prado

, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, advierte con cautela que "lo lógico es que una partida presupuestaria como esa, que se ingresaba a través de Justicia, hubiera ido al Ministerio de Justicia para mejorar el sistema".

Prado entiende que, si finalmente no se devuelve el importe a los afectados, tal y como ha dictaminado el Tribunal Constitucional, "por lo menos habría que saber a dónde" se ha dirigido dicha recaudación. "Si dicen que ha ido a Hacienda y se ha difuminado en otros gastos del Estado", continúa el magistrado, "creemos que se ha hecho mal, pero estamos acostumbrados: en Justicia se invierte poquísimo, donde menos", lamenta.

El juez Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente, reconoce que "sí era lo esperado, en el sentido de que se impusieron unas tasas sin reflexión, sin estudio, sin saber qué era lo que se estaba haciendo", y en lo que considera un ejercicio de "muy poco sentido común". Por ello, continúa, "la cosa tenía que acabar mal".

Por otro lado, Gallardo destaca que "los bancos, aseguradoras y grandes empresas son los grandes usuarios de la justicia y los grandes beneficiados", de forma que aboga por "volver a estudiar un sistema que sea acorde con la decisión del Constitucional y a su vez permita recuperar parte del dinero" recaudado con la ley de tasas.

Finalmente, el profesional aprovecha para criticar que "si una persona tiene que pagar, pongamos por caso, 800 euros en tasas, tendrá también que pagar otros 5.000 euros en servicios como un abogado". Por ello, añade, "que se diga que el principal problema son las tasas, resulta hipócrita" porque lo que supone un verdadero obstáculo para que el ciudadano acceda a la justicia son "los servicios profesionales".

El actual portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, explica en conversación con este medio que la actuación del Gobierno responde al "principio de caja única", según el cual todos los ingresos se centralizan en una tesorería única, que tiene a su cargo la gestión y el destino de la recaudación obtenida.

No obstante, González Vega censura que, de este modo, la promesa de Gallardón enfocada a "mejorar la asistencia jurídica gratuita no se haya cumplido, y el dinero ni siquiera se haya invertido en el servicio público de justicia". Por tanto, a juicio del portavoz, "los compromisos en su día adquiridos han quedado en papel mojado".

Por su parte, Celso Rodríguez, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, admite que su organización "no tiene una opinión formada al respecto porque todo el dinero que se recauda a través del acuerdo de la legislación española se invierte en esa caja general llamada tesoro público, y los Presupuestos Generales determinan la aplicación concreta en función del gasto", por lo que, incide, "no es posible establecer ninguna tasa con una finalidad concreta".

Pese a ello, Rodríguez entiende que "si en su momento se anunció que se destinaría en exclusiva o preferentemente a justicia, tendría que haberse hecho". El magistrado observa, en este sentido, que "todo parece indicar que no se ha producido en los niveles necesarios una inversión suficiente para satisfacer el trabajo ejercido diariamente por los profesionales de justicia". Finalmente, el portavoz de la asociación judicial subraya que "con independencia de que la recaudación hubiera ido a parar al tesoro público, sí que se necesita una inversión mucho mayor en el capítulo de la justicia gratuita", concluye.

En noviembre de 2012 el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobaba la ley 10/2012, según la cual el acceso a los procesos judiciales quedaba cercado por la imposición de tasas a personas físicas y jurídicas. Pero era una legislación con fecha de caducidad.

Tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo en 2013, la norma se sometió a una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago en trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo. En 2015, el actual ministro de la cartera, Rafael Catalá, fue más allá y eliminó las tasas judiciales para personas físicas. El último paso lo dio el pasado 29 de julio el Tribunal Constitucional, al declarar las tasas impuestas a las personas jurídicas como inconstitucionales.

A finales de 2014, el Ejecutivo reconocía desconocer el paradero de los millones recaudados, pese a la promesa inicial de emplearlos para mejorar la asistencia jurídica gratuita. En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís Joan Baldoví, los conservadores aseguraron que "el Ministerio no dispone de información al respecto", y que no corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa".

En otra respuesta parlamentaria, los conservadores explicaban que la recaudación en 2012 –entró en vigor en diciembre– fue de 8,7 millones de euros, mientras que en 2013 alcanzó los 316,5 millones y hasta noviembre de 2014 la cantidad fue de 187,1 millones de euros. Es decir, un total de 512,4 millones. A falta de datos sobre lo recaudado en el último año y medio, Justicia ha esquivado las cuestiones de infoLibre sobre el destino de dicho dinero. 

Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio de Justicia por diferentes vías –telefónica en reiteradas ocasiones y a través del correo electrónico– a lo largo del martes. La preguntas formuladas, sin embargo, se quedaron sin respuesta.

Jueces y fiscales exigen saber

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) hicieron público este martes un comunicado para exigir al Gobierno que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" acerca del destino de los 306 millones recaudados durante el primer año de la entrada en vigor de la ley de tasas.

En la nota, los firmantes recuerdan que el grupo parlamentario Socialista interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la ley. Sin embargo, tal y como denuncian las asociaciones, el Constitucional no se pronunció sobre varios de ellos –los preceptos 2, 5, 6 y 11–, "bajo el argumento de falta de justificación de la demanda". El presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García, aclara en conversación con este diario que, al poner en entredicho esos artículos, "se cuestionaba todo el sistema de las tasas, la imposición de las mismas para acceder a la justicia". En este sentido, continúa, el TC se escuda en que "las demandas constitucionales tienen que estar planteadas de una manera muy concreta" para que sean estimadas. Hacerlo habría sido, a juicio de García, "una buena oportunidad para ver la opinión del TC sobre la justificación, el ámbito de aplicación, la competencia y otras cuestiones de las tasas". 

Tampoco se pronuncia el TC sobre los artículos referidos a personas físicas. El Constitucional emplea en este caso el argumento de "pérdida de sobrevenida de objeto tras la reforma" del 2015. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, explica que el Constitucional entiende que las cuestiones sobre las personas físicas ya habían sido resueltas con anterioridad. Sin embargo, la consecuencia es que aquellas personas físicas afectadas por la ley de tasas hasta la reforma, sólo podrán solicitar una compensación a través de un recurso de amparo, es decir, de forma individual, lo cual supone "dejar la validez constitucional de una ley al esfuerzo personal y económico de cada persona".

Esta es, según Álvaro García, "una de las mayores críticas" a la sentencia del TC, ya que resulta "complicado que cada persona vaya al Constitucional en amparo" con los costes que ello supone –buscar un abogado, procurador, etc–. En todo caso, el resultado si el recurso de amparo es estimado, será a priori la declaración de "nulidad del acto y el derecho a resarcimiento", según apunta García.

En cuanto al importe ingresado por el Gobierno a lo largo de los años de vigencia de la norma, los expertos consultados por este medio entienden que lo idóneo sería una devolución de las cantidades a los afectados. Sin embargo, tanto González Vega como García coinciden en que de no ser así, el Ejecutivo debería cumplir la promesa inicial de dedicarlo a la mejora de la asistencia jurídica gratuita. "En España sólo el 0,4% PIB va destinado a Justicia", subraya García, quien añade que "de ese 0,4%, más del 90% es para los sueldos", por lo que la cantidad restante para "inversiones en Justicia es absolutamente ridícula". Por ello, insiste en la importancia de que el equipo de Mariano Rajoy dé explicaciones sobre el paradero de los cientos de millones recaudados y cuyo destino se desconoce.

Las asociaciones Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) exigen al Gobierno en funciones que "explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones" al destino de 306.091.358,50 euros que el Estado recaudó, solo en el primer año de vigencia, con las tasas judiciales, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional el pasado viernes. 

En un comunicado conjunto, las organizaciones señalan que el Estado ingresó ese dinero "pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia" y recuerdan que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero recaudado de las tasas. 

La nota argumenta que la declaración de inconstitucionalidad "tiene efectos limitados" porque "no tiene efectos pro futuro", por lo que no obliga al Gobierno a devolver las cantidades recaudadas. "(La sentencia) no palía los perniciosos efectos causados a los justiciables durante estos años. Éstos o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo", consideran los juristas, que opinan que el sistema de garantías constitucionales "queda dañado en su contenido" por la decisión del tribunal. 

El Tribunal Constitucional decidió el pasado viernes por unanimidad estimar parcialmente el recurso presentado por el PSOE y anular las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas y aprobadas por el Gobierno del PP en 2012. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, eliminó mediante decreto las tasas para personas físicas, tras una modificación en la que se rebajaban ciertas cuantías y se exoneraba de pago a ciertos trámites como los divorcios de mutuo acuerdo. 

Tras esta derogación, el titular de la cartera de Justicia descartó que el Gobierno fuera a devolver el dinero recaudado por las tasas judiciales a personas físicas. "No entiendo cómo sería posible devolver algo que durante el tiempo que estuvo en vigor fue plenamente legal", dijo.

El Ministerio de Justicia no sabe dónde está el dinero

Jueces, fiscales y letrados cifran en 306 millones de euros el dinero recaudado por las tasas judiciales, pero inciden que es un dato relativo al primer año de vigencia del gravamen. En noviembre de 2014 el Gobierno estimó, en respuesta a una pregunta parlamentaria, en más de 512 millones de euros la recaudación. En otra respuesta de febrero de 2015, el Ministerio de Justicia reconoció que desconoce el destino de los ingresos, asegurando que "no dispone de información al respecto" y agregando que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria determinar qué se hace con la recaudación de la tasa o informar sobre ello.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, rechaza eliminar las tasas judiciales que aún se mantienen, y que afectan por ejemplo a las personas jurídicas, incluidas pymes y ONGs, y además no descarta que éstas puedan incluso sufrir un incremento durante la próxima legislatura tras analizarse los costes reales que el uso de la Justicia por estos colectivos está generando.

Según ha manifestado Catalá en una entrevista concedida a Europa Press, el objetivo es que las tasas se adecuen en lo más posible "a su concepto natural que es la financiación por un particular de un servicio público del que hace uso singularmente".

"A nadie se nos ocurre pensar que las autopistas de peaje las paguemos con los impuestos de los que no pasan por las autopistas, pagan los que las usan –explica el titular de Justicia–. Si uno va a bañarse a una piscina municipal paga una entrada, no se paga con los impuestos municipales de los que no usan las piscinas, por citar dos ejemplo coloquiales".

Por ello, la eliminación de estas tasas no entra dentro de la agenda de reformas del PP para la próxima legislatura. Catalá se opone a que los impuestos de los españoles financien al 100% la Justicia, "más allá del servicio público de la justicia que tiene un elemento de tutela de derechos".

"Pero insisto en que hay muchas entidades que acuden a la Justicia y que tienen pleitos de volúmenes económicos muy importantes de litigios entre empresas, por ello tiene sentido que existan las tasas de personas jurídicas", añadió.

Cuestión diferente, según Catalá, es que puedan discutirse otros aspectos como el concepto de la temeridad para ser condenado en costas o las cuantías concretas que se cobran. "Pero creo razonable en términos democráticos que con los impuestos de los ciudadanos no se esté pagando un sistema de cobros que tienen las empresas a través de las reclamaciones judiciales", insistió.

Comunicación telemática

Sobre la obligatoriedad de las comunicaciones telemáticas entre los operadores judiciales a partir del próximo 1 de enero, el ministro reconoce la existencia de "inquietud" en el sector por el hecho de que el plazo lo haya fijado la Ley, lo que lo convierte en algo de obligado cumplimento.

"Es un paso importante, sin duda, pero tampoco es un paso extraordinario en términos de tecnología, hoy usamos todos el correo electrónico con naturalidad", apuntó el titular de Justicia.

"Lo que nos está pasando es que los profesionales del mundo de la justicia somos todos ciudadanos digitales, utilizamos las tecnologías en nuestra vida cotidiana, compramos por Internet, mandamos correos, mandamos archivos electrónicos como cualquier ciudadanos del año 2015 y cuando vamos a trabajar, llegamos al juzgado y nos dejamos al ciudadano digital en la puerta y entra el funcionario del siglo XIX", explica Catalá.

Por ello cree que la entrada en vigor de la ley no supondrá más que "convertir, dentro de la oficina digital, lo que es normal en la sociedad española". Apunta además que las tecnologías están en proceso de implantación en los juzgados desde hace años, que en 2015 se ha redoblado el presupuesto de la Justicia hasta 51 millones para dedicarlo a cuestiones tecnológicas y el año próximo se ampliará esta dotación.

Preguntado sobre qué se hará con el papel acumulado todos estos años Catalá explicó que hay que custodiarlos, si bien en la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se ha incorporado un artículo que habilita a las Administraciones Públicas, comunidades autónomas y al Estado a llevar a cabo lo que se denomina el expurgo de los documentos, es decir, la destrucción de los que ya no estén vigentes.

"Lo que hemos hecho ha sido agilizar esa operación que lleva a la destrucción de muchos documentos que se refieren a procesos que están terminados, que ya están superado un plazo que impide que haya ningún tipo de recurso, evidentemente", señala.

Se archivarán como "elementos históricos" los que "por su naturaleza tiene algún carácter singular", pero todos los procedimientos ordinarios se irán destruyendo. "Creo que también ganaremos en mucha eficacia y no tendremos el coste, que en muchas veces es un coste altísimo, de alquiler de almacenes para tener guardados papeles que no tiene ningún valor", apunta el titular de Justicia.

Las tasas judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana pueden darle al Gobierno más de un dolor de cabeza ante Europa. Y es que el informe que han presentado este martes las organizaciones Rights International Spain (RIS) y Jueces para la Democracia ante la Comisión Europea denunciando las últimas reformas legislativas del Ejecutivo podría acarrearle una investigación por parte de la Comisión Europea, que tendría la capacidad incluso de exigirle la modificación o derogación de algunas leyes.

Este martes, la ONG Rights International Spain y la asociación judicial Jueces para la Democracia remitieron un informe acompañado de un escrito a la Comisión Europea denunciando el recorte que, a su juicio, ha sufrido el Estado de derecho en España a causa de la aprobación de normas como la Ley de Tasas Judiciales o la Ley de Seguridad Ciudadana. En este documento, los colectivos critican además que con la nueva Ley de Justicia Gratuita el número de personas que podrán beneficiarse del derecho a un abogado de oficio descenderá, y censuran la falta de medios y las interferencias políticas de las que, a su juicio, sufre la Justicia.

En su duro informe, RIS y Jueces para la Democracia piden al Ejecutivo comunitario que intensifique "su escrutinio sobre la situación" en nuestro país y apelan a la existencia de "un nuevo mecanismo europeo para salvaguardar el imperio de la ley contra amenazas sistémicas". La herramienta a la que se refieren fue aprobada por la UE en marzo de 2014 y plantea una serie de pasos a seguir para investigar a un país miembro cuyas actividades supongan "una amenaza sistémica para el imperio de la ley y, por ende, para el funcionamiento de la UE como un área de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores".

Tres fases

La intención de estas organizaciones es que la Comisión Europea ponga en marcha este mecanismo "por primera vez" desde que fue aprobado, tal y como remarca Lydia Vicente, directora de RIS. Y la carta enviada a la Comisión va en esta dirección, ya que propone acciones concretas para cada una de las leyes denunciadas, como la derogación de la Ley de Tasas Judiciales, la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal o la retirada del proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El procedimiento consta de tres pasos, si bien la potestad de abrirlo está sólo en manos de la Comisión Europea si considera que el Gobierno está "tomando medidas o tolerando situaciones que puedan afectar sistemáticamente la integridad, la estabilidad y el buen funcionamiento de las instituciones", así como perjudicar al Estado de derecho. Si una vez recibido el informe el Ejecutivo comunitario considera que debe abrir una investigación, el mecanismo de la UE señala que deberá "recopilar y examinar toda la información relevante y evaluar si hay indicaciones claras" de infracción.

Estos datos a estudiar provendrían, principalmente, del Consejo de Europa –una organización de 47 Estados europeos que vigila la defensa de los derechos humanos en el continente– y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Si una vez recogida y analizada la información la Comisión viera indicios de amenaza al imperio de la ley, elaboraría un informe confidencial que remitiría a España para que realizase alegaciones sobre lase leyes por las que se le interpelase.

"Ataques frontales clarísimos a los valores de la UE"

Una vez superada esta primera etapa, habría dos opciones. Si la Comisión quedase satisfecha con las explicaciones de las autoridades españolas, el proceso quedaría cerrado y no se haría público; por contra, si el Ejecutivo comunitario considerase que existen amenazas contra el Estado de derecho que España no está tratando de solucionar, debería elaborar un nuevo escrito –que esta vez sí estaría a disposición de los ciudadanos– con una serie de "recomendaciones", que podrían incluir medidas concretas a tomar en un plazo de tiempo determinado.

Estas medidas deberían ser implementadas por el Gobierno bajo la supervisión de la UE, que tendría capacidad sancionadora en caso de que no se cumpliese su mandato. El mecanismo permite a la Comisión, llegado este momento, activar "uno de los mecanismos recogidos en el Artículo 7 del Tratado de la UE", que contempla la suspensión de "determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto". En cualquier caso, Lydia Vicente asegura que esta medida sólo se tomaría en una situación muy extrema, si bien critica que España "ha hecho caso omiso" de las críticas de la ONU, que mostró hace unos meses su "frontal rechazo" a Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y la reforma antiterrorista aprobadas por el Gobierno.

En cualquier caso, la directora de RIS explica que también han remitido su informe al Consejo de Europa y la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, y se muestra convencida de que –si la Comisión se decide a abrir una investigación– la información que proporcionen estas instituciones provocará que el Ejecutivo comunitario mantenga abierto el proceso, ya que a su juicio las leyes que denuncian "son ataques frontales clarísimos a los valores de la UE". En este sentido, Vicente asegura que RIS y Jueces para la Democracia también han pedido a la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo que dedique una sesión monográfica a la posible violación de estas libertades en España.

Jueces para la Democracia (JpD) y Rights Internacional Spain (RIS) han remitido un informe a la Comisión Europea en el que denuncian las últimas reformas legislativas del Gobierno español, que consideran que atacan principios básicos del Estado de Derecho, e instan a esta institución a "intensificar su escrutinio sobre la situación en España" y a adoptar medidas para evitar que esta situación se siga produciendo. Este mecanismo, según informan ambas organizaciones en un comunicado, se activa ante graves amenazas al estado de derecho y otros valores esenciales para la Unión Europea.

Ambas organizaciones solicitan que se derogue la ley de tasas judiciales y que la reforma de la Justicia Gratuita no vulnere el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos.

Según ambas organizaciones, con la crisis más personas han tenido que acudir a los abogados de oficio y este derecho se verá limitado con la nueva reforma, teniendo en cuenta además que en los últimos años, y hasta su derogación, entre el 25 y el 35 por ciento de los ciudadanos se ha visto privado de su derecho de acceso a la justicia por las tasas impuestas al principio de la Legislatura.

Reformas en curso

También consideran los colectivos que debían retirarse la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) y la de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim) en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.

Denuncian asimismo la falta de medios de la justicia debido a la disminución progresiva del presupuesto para este departamento y la existencia de "interferencias políticas" y que ambas cosas tienen fuerte impacto en la independencia judicial.

Otra de las reformas que critican son las del Código Penal y la Ley de Seguridad ciudadana, incluidas las disposiciones que, a su juicio", legalizan las "devoluciones en caliente" de ciudadanos extranjeros.

Para ambas organizaciones, es importante que las reformas legales se hagan respetando un procedimiento democrático adecuado y transparente, llevando a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.

Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado este viernes que en estos últimos España ha sido un "paraíso legal" para las entidades bancarias, pues la legislación "sigue siendo muy favorable" para ellas. Además, ha criticado "el fraude político" que a su juicio ha supuesto "la no reinversión de las tasas judiciales".

Así lo ha indicado el portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, en la rueda de prensa celebrada este viernes en Valencia, en la que ha expuesto las conclusiones a las que han llegado los magistrados durante la celebración del Congreso Anual de Derecho Privado de Jueces para la Democracia. Bosch ha asegurado que durante el congreso ha habido una cuestión central: la regulación contractual en el ámbito bancario español, una regulación que considera "tremendamente desregulada" y que, a su juicio, "provoca serios problemas en la protección del consumidor y desequilibrios a favor de las entidades financieras".

Para Bosch, la actual legislación española "apenas se adapta" a la situación económica y social "mas que cuando está obligando de manera continuada en los últimos años por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". "Nuestras leyes siguen estando muy por debajo de los estándares europeos en materia de protección del consumidor", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado la "preocupación" en los juzgados por la "enorme cantidad de cláusulas abusivas que tienen que ser anuladas" pues, a su parecer, "los casos que llegan a los juzgados deben de ser la punta del iceberg".

Es por esto que Jueces para la Democracia ha propuesto una serie de medidas. Entre ellas, establecer controles mediante inspecciones preventivas en materia de consumo por parte de los poderes públicos, fijar por ley tipos máximos de interés moratorio para "evitar cláusulas abusivas" y crear un auténtico fondo social de viviendas para personas desalojadas.

Por otra parte, Bosch se ha referido a la conocida como ley de segunda oportunidad como "una ley necesaria", pero ha destacado que "llega con casi un siglo de retraso" y que, además "es muy insuficiente" comparada con las existentes en el resto de países de Europa.

"Pone muchas trabas y tiene requisitos de muy difícil cumplimiento" por lo que "mucha gente se queda fuera" y, además, "no supone la congelación todas las deudas", ha explicado Bosch. A su juicio, el procedimiento por el que se realizó la ley "fue rápido y sin un estudio, es puro marketing electoral" y ha lamentado que "temas tan serios" se utilicen con tal fin.

Por este motivo, plantean "medidas de protección real" pues, a su entender, "con sólo el dos por ciento de morosidad, el sistema bancario se podría permitir medidas" que permitan a los desahuciados conservar su vivienda.

"Fraude político" de las tasas

Respecto a la decisión de eximir a las personas físicas de la tasas judiciales, Bosch la considera "positiva" pero, a su juicio, "no se entienden que si no eran necesarias, dejaran a tanta gente fuera del sistema".

Bosch ha destacado que en Jueces para la Democracia tampoco "están contentos" porque la reforma "deja fuera a las pymes" que quedan, a su juicio, "en situación de inferioridad" frente a multinacionales y aseguradoras, y ha enfatizado que "seguirán reclamando que la reforma se amplíe a las pymes".

Además, Bosch considera un "fraude político" que "las tasas no se hayan reinvertido en nada que mejore la justicia" pues a pesar de que "la vicepresidenta del Gobierno se comprometió a mejorar" la justicia, "lo cierto es que las partidas se han reducido". "No se sabe dónde ha ido el dinero, ni el Gobierno sabe dónde ha llegado", ha apostillado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado este jueves la devolución del dinero recaudado a través del cobro de tasas judiciales a las personas físicas, que quedaron exentas de su pago tras la aprobación de un decreto ley publicado en el BOE el pasado lunes. "No entiendo cómo sería posible devolver algo que durante el tiempo que estuvo en vigor fue plenamente legal", ha dicho.

Durante su participación en un desayuno informativo, Catalá ha precisado que no conoce "ningún antecedente" por el cual, como consecuencia de una rebaja o de una supresión de impuestos, "se haya hecho un enfoque revisionista hacia atrás durante el tiempo que se han devengado".

El titular de Justicia ha puesto de manifiesto que durante el periodo en que las personas físicas abonaron tasas ha habido "un marco normativo" y "plena legalidad".

El Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre cinco recursos presentados contra el gravamen. Catalá ha concretado a este respecto que habrá que esperar a que una tome una decisión y ver en qué términos lo hace.

El ministro también ha contestado durante el encuentro a una pregunta en la que se le reprochaba que no acostumbre a "dar titulares" a la prensa y ha asegurado que el responsable de Justicia no está "para abrir telediarios". "No quiero ser un ministro estrella, cuando dicen que soy un tecnócrata o un político me alegro", ha agregado.

nefasto

El Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados a través del cobro de las nuevas tasas judiciales impuestas por el extitular de la cartera Alberto Ruiz-Gallardón en el año 2012.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de Compromís-Equo Joan Baldoví al respecto, Justicia asegura que "el Ministerio no dispone de información al respecto".

Agrega que tampoco corresponde a la Agencia Tributaria "la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa". En este sentido explica que este organismo interviene en la gestión o recaudación del gravamen, pero queda fuera de su "ámbito competencial" cualquier otra cuestión, como puede ser dar información sobre su importe o destino.

"Así las cosas, no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico, puesto que lo que existe es una vinculación pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa", especifica Justicia.

Baldoví registró ante la Mesa del Congreso de los Diputados una pregunta en la que solicitaba información sobre el destino otorgado por el Gobierno a esta recaudación. El diputado de Compromis también quería saber si el Ejecutivo ha procedido a transferir el dinero a las comunidades autónomas con competencias de Justicia.

512 millones de euros

En otra respuesta enviada el pasado mes de noviembre al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno cifró en más de 512 millones de euros la recaudación por este gravamen, aprobado a finales de 2012 y que está a punto de ser reformado por el Ministerio dirigido por Rafael Catalá.

La polémica Ley de Tasas Judiciales cumple este jueves dos años habiendo recibido en este periodo hasta cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional, una modificación legislativa a los cinco meses de entrar en vigor y con el horizonte de experimentar una nueva reforma en lo que queda de legislatura.

La ley 10/2012 de las tasas judiciales fue de las pocas que logró aprobar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el voto en solitario del PP en las Cortes Generales y con la oposición unánime de profesionales, sindicatos y consumidores, que llegaron a unirse en la Plataforma Justicia para Todos en su contra.

La norma, aprobada la jornada de la huelga general de 2012, fue suavizada a través de un real decreto-ley en abril del año siguiente tras las recomendaciones de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien evitó recurrirla ante el Constitucional como requería el sector. Ese decreto reducía el tramo variable de la tasa, adelantaba la entrada en vigor de los efectos de la ley de justicia gratuita pero no tocaba la parte fija de la tasa.

1.200 euros por ir al Supremo

Esta cuantía fija lleva aparejada el pago de 800 euros por recurrir en apelación y hasta de 1.200 euros por acudir a casación ante el Tribunal Supremo. Y es que las tasas de Gallardón se extendieron más allá de las personas jurídicas –como bancos o grandes empresas– para alcanzar a las personas físicas en todas las jurisdicciones, salvo la penal.

Gallardón justificó las tasas en que financiarían la justicia gratuita pero lo cierto es que los profesionales y las comunidades autónomas denuncian que la recaudación de más de 500 millones de euros no se ha destinado al turno de oficio y su gestión corresponde a Hacienda y no Justicia.

Precisamente, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, está recopilando datos sobre el impacto que las tasas han tenido en la litigiosidad para estudiar si un "ajuste" aunque no su derogación. Y se verá condicionado por el proyecto de ley de justicia gratuita, íntimamente relacionado con las tasas, cuyos efectos entraron en vigor aunque todavía en tramitación como proyecto en el Congreso de los Diputados.

Los abogados siguen batallando contra esta norma desde el día de su aprobación y para este jueves se reunirán con grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, UPyD y Ciudadanos, leerán un manifiesto y pondrán el broche final a la jornada con la campaña #NocheAntiTasas en las redes sociales.

Muchos juristas activos en las redes sociales han formado la Brigada Tuitera, que ya consiguió que las tasas fueran tendencia –trending topic– en tan solo cuatro minutos el día en que Catalá presentó sus líneas de actuación en el Congreso, denunciaban la barrera que suponía para el acceso a la Justicia y la desigualdad entre ricos y pobres.

Otras instituciones han demostrado también su rechazo a la norma y prueba de ello son los cinco recursos que el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

Hecha la ley, hecha la trampa. Tal y como explican varios jueces, desde hace algunos años es habitual que personas que sufren accidentes de tráfico que conllevan lesiones leves utilicen un truco para evitar tener que hacer frente al pago de las tasas judiciales y los honorarios del médico que certifique sus daños: denunciar el incidente a través de la vía penal en lugar de por lo civil, un mecanismo a través del cual ahorran varios miles de euros, que corren a cargo de la Administración.

El procedimiento es muy simple. El accidentado que tenga un golpe con su vehículo y sufra daños leves debería, en la mayoría de los casos, presentar una demanda por el orden civil para que la Justicia dirima si tiene derecho a cobrar una indemnización del seguro por los daños que ha sufrido. Para iniciar este proceso tendría, antes de nada, que abonar entre 150 y 300 euros –dependiendo de si se inicia un juicio verbal o uno ordinario– en virtud a la ley de tasas aprobada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en 2012.

No es el único gasto que tendría que afrontar el denunciante: también debería sufragar de su bolsillo los servicios de un médico forense que reconociese sus lesiones, unos honorarios que pueden ascender a varios miles de euros en función de la gravedad de los daños sufridos, según explica Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD). El precio final a pagar por el accidentado, contando con que no sean necesarios otros informes que apoyen su denuncia, se situaría en torno a los 1.500 euros, aunque depende de los casos puede alcanzar cifras considerablemente más altas.

El examen médico y las tasas, gratis por lo penal

Todos estos costes, sin embargo, desaparecen si el denunciante acude a la vía penal en lugar de a la civil. Los litigios que se llevan a cabo en este orden jurisdiccional están exentos de pagar tasas judiciales, y además a través de la vía penal la Justicia se hace cargo de los honorarios del médico forense que examina al accidentado. En la mayor parte de los casos, explica Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, este tipo de juicios son archivados o se absuelve al acusado porque las lesiones ocasionadas no son tan graves como para suponer una infracción penal, pero el denunciante ya se ha ahorrado el informe médico –que conlleva el coste más elevado– en caso de que quiera iniciar un nuevo proceso por la vía civil.

Y, además de todo esto, si el juicio penal es archivado o finalmente se celebra pero el juez absuelve al acusado, el demandante puede solicitar un título ejecutivo: un auto en el cual el magistrado, basándose en el informe de lesiones que ha redactado el forense, fija una cantidad máxima que el accidentado tendría derecho a percibir en concepto de indemnización. Con este documento –que según explica Bosch el juez "no suele denegar" si considera que ha habido una infracción, aunque esta no sea penal– el demandante puede acudir a la vía civil y solicitar a la aseguradora el abono de la indemnización.

Si la compañía aseguradora se opusiera al pago de esta cantidad, sería ella quien debería pagar una tasa de 200 euros y se iniciaría un nuevo proceso, esta vez por la vía civil. En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia explica que el hecho de presentar este título ejecutivo no supone que automáticamente el demandante vaya a ganar el juicio y a recibir la indemnización, pero sí que consigue agilizar los trámites. Y, además, el accidentado puede utilizar el documento como un argumento más a su favor.

Sexmero y Bosch explican que estas prácticas llevan utilizándose ya desde hace años para esquivar los costes derivados del proceso judicial. Sin embargo, el portavoz de la Francisco de Vitoria hace hincapié en que, si bien se ha registrado un "ligero" aumento en el número de ciudadanos que incurren en ellas tras la aprobación de la ley de tasas judiciales en el año 2012, lo que más se ha incrementado es la litigiosidad de los demandantes a la hora de recurrir las decisiones de los jueces que no les dan la razón por la vía de lo penal y les instan a presentar sus alegaciones por el orden civil.

Juristas, letrados y asociaciones han puesto el grito en el cielo ante al proyecto de ley de Justicia Gratuita impulsado por Alberto Ruíz-Gallardón. Diversos expertos denuncian que la nueva norma supone un menoscabo del derecho de defensa de los ciudadanos. "Más trámites burocráticos", "menos calidad", "desconfianza hacia los ciudadanos" y "menosprecio a la labor de los abogados del turno de oficio", son algunas de las críticas lanzadas contra la polémica normativa. 

Pero, ¿qué es la justicia gratuita? ¿Qué cambios introduce la reforma del ministro Gallardón? ¿Por qué letrados y juristas condenan la nueva norma? ¿Cómo afecta a los ciudadanos? ¿Cómo justifican desde el Ministerio este cambio? Juristas y abogados explican a infoLibre los puntos más controvertidos del proyecto de ley. 

¿Qué es la justicia gratuita?

"La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", reza el artículo 119 de la Constitución española. Por lo tanto, la justicia gratuita es un derecho constitucional para aquellas personas que, por motivos económicos, no pueden hacer frente a los gastos originados en el proceso: los honorarios de los abogados, los derechos arancelarios de los procuradores y las tasas judiciales. "Deben sufragarse los gastos procesales a quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar", reconoce el Tribunal Constitucional en la sentencia 16/1994.  

El alto tribunal considera la justicia gratuita como un derecho "de carácter social que pretende evitar la indefensión y la desigualdad de armas procesales que puede originarse en el acceso al proceso [judicial] de las personas que carecen de recursos económicos para litigar". Así, el Estado se hará cargo de los gastos ocasionados en los pleitos de aquellos ciudadanos –españoles, miembros de la UE y extranjeros que se encuentren en España– que acrediten la falta de medios. Además, según la ley 1/1996 del 10 de enero, que hasta ahora regula la justicia gratuita, las "asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas en el Registro Público" que acrediten insuficiencia de recursos también serán sujetos de este derecho. 

La misma norma establece que "con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita [...] a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato". Este mismo estatus se extiende "a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual [...] cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos". 

La justicia gratuita es un derecho constitucional, prestacional y de configuración legal. En definitiva, el artículo 119 de la norma suprema garantiza el acceso a la Justicia, un derecho universal, para que nadie, por razones económicas, pueda quedarse sin defensa jurídica. 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 61,47% de los litigios amparados por la justicia gratuita y, por tanto, asignados a abogados del turno de oficio corresponde a la defensa de ciudadanos ante la jurisdicción penal. "La atención desde el servicio de guardia de 24 horas, a personas detenidas o imputadas en procedimientos penales, así como a las víctimas de violencia de género, supone que el 58% de las designaciones de turno de oficio deriven de la prestación de este importante servicio", recalca el CGPJ.

¿En qué consiste la reforma de ley impulsada por el Ministerio de Justicia?

El 21 de febrero el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el proyecto de ley de Justicia Gratuita. La reforma de la norma, aún en plazo de enmiendas, despertó las críticas de juristas, abogados y organizaciones internacionales. El Ministerio de Justicia alega que la nueva normativa moderniza la caduca ley de 1996 que, "si bien ha cumplido un importante papel", debe "adecuarse a la realidad actual". La cuestión es: ¿qué cambios introduce la polémica reforma? 

Umbrales más altos

Tras la decisión del Ejecutivo de aumentar las tasas judiciales, lo que encarece el coste de los litigios, el ministerio de Justicia apuesta ahora por aumentar "los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que pueda verse limitado el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos".

El anterior umbral, a partir del cual se considera si un ciudadano tiene derecho o no al acceso a la justicia gratuita, se establecía en dos veces el salario mínimo interprofesional –14.910 euros al año–. El proyecto de ley eleva el umbral a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –15.975 euros al año–, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar sean cuatro –19.170 euros al año–. Para aquellos ciudadanos que no formen parte de una unidad familiar –solteros, viudos o divorciados–, el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.

Por lo tanto, en lo que se refiere a ingresos, la nueva norma eleva el umbral de renta mínima para la mayoría de los casos, menos para las personas que viven solas. Hasta ahora, en estos casos se valoraba el salario mínimo; con la entrada en vigor el proyecto de Gallardón se pasará a tener en cuenta el indicador de renta, por lo que este colectivo se verá perjudicado con respecto a la ley anterior.

Víctimas exentas de tasas

La nueva normativa establece que los beneficiarios de la justicia gratuita, colectivos que tienen acceso a la misma con independencia de su capacidad económica –víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad psíquica víctimas de abuso o maltrato–, no deberán abonar los gastos generales ocasionados por el acceso a la justicia. "Hasta ahora se les garantizaba la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero el acceso a la justicia gratuita seguía los requisitos generales, por lo que, si no se les reconocía el derecho, debían abonar después los gastos generados –recoge la nueva norma–, sin embargo, a partir de ahora siempre serán beneficiarias de justicia gratuita, lo que supone también quedar exento del pago de tasas".

Trabajadores y asociaciones

El proyecto de ley reconoce, como venía haciendo la normativa vigente, el derecho a la justicia gratuita de determinados colectivos. Por lo tanto, Cruz Roja, las asociaciones de víctimas del terrorismo o en defensa de las personas con discapacidad, las de consumidores y usuarios, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo tendrán derecho a la justicia gratuita siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos –en todos estos casos no se tendrá en cuenta su poderío económico–. 

Tras una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, esta ventaja se extenderá a las entidades medioambientales.

Nuevos tiempos, nuevos sujetos

El proyecto de ley hace referencia a los imputados y a los reclamados por euroórdenes. La norma actual sólo menciona a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos son inferiores a los umbrales establecidos.

El Ministerio de Justicia explica que el nuevo texto incluye la posibilidad de que el beneficiario de la justicia gratuita elija qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener. Por ejemplo, señala el organismo público, "en el caso de las mujeres maltratadas, estas podrán evitar el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean". 

Presunción de fraude 

Se trata de uno de los puntos más polémicos. La futura norma "prevé la creación de un comité de consultas en el seno del Ministerio de Justicia para asegurar una interpretación homogénea de la misma –explican desde el gabinete de Justicia–; si en el plazo de cuatro años el beneficiario viene a mejor fortuna, la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos". 

El proyecto de Gallardón "establece una presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal", recalcan desde el Ministerio. Por lo tanto, un ciudadano que recurra por cuarta vez a su derecho de justicia gratuita será investigado con lupa por presunto "abuso".  "Se comprobará si [el requerimiento] está justificado y sólo en ese caso se atenderá la solicitud". En el caso de que el órgano judicial aprecie "la existencia de abuso de derecho" por parte del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, esta será revocada y podrá ser condenado en costas.

¿Cómo afecta al ciudadano?

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Colegio de Abogados de Madrid, la organización Jueces para la Democracia, así como la ONG Rights International Spain (RIS), denuncian que la norma supone un retroceso importante en el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y perjudicará a amplios sectores de la ciudadanía. Mientras el Ejecutivo asegura que el proyecto de ley "representa una mejora no sólo cuantitativa sino también cualitativa" de la justicia gratuita, expertos en derecho desmienten las promesas del Ministerio de Defensa. 1. No garantiza la financiación pública ni el acceso a todos los ciudadanos

"Globalmente –recalca RIS–, la nueva ley conduce a una reducción del número de personas que puede acceder a la justicia gratuita". Si bien pudiera parecer "positivo desde los umbrales, la realidad es que hay un colectivo muy amplio que se verá perjudicado: solteros, viudos, separados; mucha población será privada de este derecho", añade la ONG. 

"El umbral aumenta –reconoce Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, a infoLibre– pero se deja fuera a determinadas personas; en lugar de aumentar las partidas, se recortan y se aumentan los requisitos para conseguir un abogado de oficio". En definitiva, denuncia, el nuevo proyecto de ley sacará "a mucha gente del ámbito de justicia gratuita, como ya lo hizo la imposición de tasas judiciales".

Además, desde el Colegio de Abogados de Madrid denuncian que el nuevo texto contiene "importantes carencias" en lo que respecta a la posibilidad de asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso judicial. Desde los asuntos "referidos a la mediación, la asistencia de intérprete, la defensa en la vía administrativa previa, así como en el nombramiento de contador partidor o de administrador concursal".  

2. Dificulta el acceso: burocratización

El texto del Ministerio de Justicia establece nuevos requisitos para acceder a un abogado de oficio y evitar las tasas judiciales. "Se perjudica al ciudadano al establecer trámites de todo tipo", explica Bosch. En muchos casos, de manera general por falta de conocimientos, se niega el acceso a la justicia gratuita por errores en los trámites, porque los documentos no son correctos o porque se ha rellenado mal un formulario, afirma Jueces para la Democracia. No es que estas personas no tengan derecho a asistencia gratuita de un letrado, sino que por errores burocráticos no pueden disfrutar de este derecho. Por lo tanto, advierten, más requisitos supondrán más trámites, y más trámites, menos justicia. 

3. Desconfía y sospecha de los ciudadanos

"Se introduce la presunción de fraude contra el sujeto de derecho, contra el ciudadano", recalca Rights International Spain. La nueva normativa sospecha de toda persona que solicite el acceso a la Justicia Gratuita tres veces en un mismo año. "Se presupone que está abusando de este derecho, lo que es inaceptable", recuerda la ONG. Para la organización, lo único que pone de manifiesto que una persona recurra a la Justicia de manera frecuente "es una situación muy complicada por varios frentes: un divorcio, un desahucio, un despido...". En este sentido, el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, advierte que esta desconfianza supone "la estigmatización" del ciudadano, lo que es "humillante" y va en contra de "los derechos fundamentales".

Además, el proyecto de ley recoge que, si en el transcurso de un año no se ha resuelto el proceso judicial, la persona que solicitó y recibió el derecho a acceder a la justicia gratuita tendrá que solicitar de nuevo este beneficio, apunta Carnicer. "Tendrá que demostrar que sigue siendo pobre". 

4. Discriminación

"El proyecto –denuncian el colegio de letrados madrileño– crea desigualdades al reconocer la justicia gratuita a algunos ciudadanos, colectivos y personas jurídicas, aunque cuenten con recursos suficientes". En este mismo sentido, Rights International recuerda que "el beneficio de este derecho sólo puede basarse en criterios económicos". Para la ONG, el esquema que configura la justicia gratuita "está ahí para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho recogido en la Constitución basado en principios económicos y sociales". Por lo tanto, "la calidad de la víctima o el hecho de ser miembro de una asociación determinada debería ser indiferente".

"Permitir que asociaciones de víctimas, con beneficios muy elevados, queden exentas de tasas y pagos judiciales; y obligar a un trabajador con un sueldo de 1.070 euros al mes y con un patrimonio 'suficiente' a pagar todas las tasas judiciales, un abogado y un procurador por denunciar un posible despido improcedente no es justo", ejemplifica la organización no gubernamental. 

¿Cómo afecta a los abogados?

Desde que el ministro de Justicia hiciera público el proyecto de ley que modifica el acceso a la justicia gratuita, jueces y letrados han condenado firmemente el texto. No sólo por cómo afectará a los ciudadanos, sino por cómo afecta al propio cuerpo de jueces y letrados al servicio de este derecho constitucional. 1. Menosprecia la labor de los abogados del turno de oficio al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones

Letrados de toda España se reunieron el pasado jueves en Madrid para condenar la reforma de Gallardón y manifestar su rechazo absoluto al nuevo texto. "No es admisible que la reforma no haga ninguna referencia ni a los abogados ni a los colegios", denuncia el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, a infoLibre. En algunos de los documentos presentados con posterioridad, hay que recordar que la norma está aún en plazo de enmiendas, "se utiliza un concepto volátil en lo que al aumento de retribuciones se refiere", explica Carnicer. "Se utiliza el término subvención, lo que supone que el pago a los abogados de oficio dependerá de que haya recursos suficientes".

Ante las críticas, el ministro de Justicia aseguró que las quejas de estos colectivos tienen su origen en que la reforma de la justicia gratuita no aumenta sus honorarios. Por su parte, el CGAE recuerda que en el manifiesto publicado el pasado jueves, "no se hace ninguna referencia a los honorarios, a pesar de que en 12 años no se han subido los módulos". 

A través de dicho comunicado, 83 colegios de abogados, que representan a más de 250.000 letriados, instan al Ejecutivo a que la nueva norma recoja la obligación del Estado de "hacerse cargo de la totalidad de los gastos que la gestión del servicio suponga para los Colegios de Abogados, así como para la prestación de los servicios de orientación" necesarios para dar cobertura a la justicia gratuita. Así, explican, se asegurará el buen funcionamiento de este derecho. 

Para los letrados, es necesario que la nueva ley asegure que "la intervención de profesionales designados de oficio será retribuida en todo caso digna, suficiente y puntualmente con cargo a los fondos públicos actualizando los módulos vigentes". Pues la realidad es que, hasta ahora, los honorarios de estos profesionales oscilan entre los dos y seis euros la hora. 

2. La cuestión territorial

El CGAE argumenta que la supresión de la obligación de residencia del letrado del turno de oficio en el ámbito de su domicilio profesional y de su Colegio de Abogados "atenta gravemente a la tutela judicial efectiva" de las personas, y es que el proyecto de ley establece que cualquier abogado, de cualquier Colegio, podrá darse de alta en el turno de oficio, con los consiguientes problemas técnicos que esto supone.

"No tiene sentido –afirma Carnicer– que un letrado de A Coruña asista a una persona en Jeréz; no respeta el principio de proximidad entre el servicio de justicia y el justiciable". Además, los ínfimos honorarios que recibe un abogado de oficio no permiten hacer frente a estos desplazamientos, recuerda. 

3. ¿Más tasas, más justicia?

"Ahorrar costes a costa de limitar el derecho de justicia a los ciudadanos es inadmisible", denuncia Rights International. Mejorar el sistema pasa por dotar a la administración de los recursos necesarios para ahorrar costes, no por limitar el acceso al ciudadano a la justicia imponiéndole unas tasas judiciales e impidiéndole acceder a un abogado de oficio, añade. Y es que, jueces y abogados recuerdan que Gallardón justificó la subida de las tasas judiciales alegando que estas serían invertidas en la mejora de la justicia gratuita. Sin embargo, "no sabemos donde está el dinero de esas tasas; no han ido a parar a Justicia, sino que han acabado en el sumidero de impuestos de Hacienda", enfatiza Carnicer. En este sentido denuncian "el cambio de modelo de un servicio público íntegramente subvencionado por impuestos, a un modelo de servicio financiado por impuestos y recaudación de tasas judiciales". 

Lo único que ha conseguido el aumento de las tasas "es reducir el número de asuntos en los juzgados, impedir que la clase media acceda a la Justicia", afirma el presidente del CGAE. Miles de personas no acceden a los tribunales por miedo a las tasas, por verse arruinados ante un proceso judicial, explican. 

¿Cómo justifica el Ejecutivo la reforma de la justicia gratuita?

"Con el texto aprobado se da un impulso al modelo español de justicia gratuita gracias no sólo a la incorporación de nuevos recursos fruto de la aplicación y vinculación del nuevo régimen de tasas judiciales, que garantizan su viabilidad, sino que también se pone coto a posibles abusos mediante sistemas de seguimiento en el que participan todas las partes que hacen posible la prestación de este beneficio". Se trata de las palabras del Ministerio de Justicia tras la aprobación del proyecto de ley en el Consejo de Ministros. 

El gabinete de Justicia asegura a infoLibre que la polémica reforma supone una renovación y actualización de la norma del 1996 que, a su parecer, está anticuada y no se adecua "a la realidad". Ante la coyuntura actual, el Ministerio defiende que la "reducción del déficit público" exige a "las Administraciones la máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos". Justifica así la introdución de la presunción de abusos por parte de los ciudadanos que soliciten en tres ocasiones su derecho a justicia gratuita.

"Las nuevas tasas judiciales suponen un incremento de los costes procesales" por lo que "se ha considerado oportuno elevar los umbrales hasta ahora vigentes". De esta manera, justifican un proyecto que "mejorará" el servicio a nivel "cuantitativo y cualitativo". Ante las críticas de los colectivos de juristas y letrados, Gallardón les restó importancia alegando que sus quejas se deben únicamente a la negativa del Ejecutivo a aumentar sus honorarios. Desde su gabinete apuntan que la ley aún está en plazo de enmiendas y no descartan la reforma de alguno de sus controvertidos puntos. 

Los colectivos de juristas y letrados, por su parte, afirman que "en estas reuniones con el Ejecutivo se ha podido comprobar que el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita está basado en principios netamente económicos y en objetivos estrictamente presupuestarios, inscritos en el plan de recuperación económica del Gobierno de España, y en claro detrimento del derecho constitucional a la tutela efectiva, al tratarse de un servicio público en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos económicos".

Activistas de la organización ecologista Greenpeace han desplegado una pancarta de más de 100m² en la Puerta del Sol de Madrid para reivindicar que "la protesta también es democracia". En la pancarta, colocada en un edificio entre las calles Montera y Alcalá, se puede ver un signo de admiración con el que la organización quiere denunciar "el intento de recorte de las libertades de los ciudadanos por parte del Gobierno", según han confirmado a Europa Press un portavoz de Greenpeace.

Coincidiendo con las elecciones europeas, el colectivo pretende con esta acción "recordar a los políticos que la democracia es más que votar cada cuatro años y que todos los días del año hay que permitir a la ciudadanía ejercer los derechos de manifestación, expresión y reunión" que, en su opinión, "se encuentran amenazados".

Para Greenpeace, el Gobierno pretende recortar estos derechos con "la reforma del Código Penal, la ley de tasas y el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana". Por este motivo, la organización insta con esta acción a los ciudadanos a "defender la democracia con la protesta" y al Gobierno a retirar los proyectos legislativos "que intentan socavar los derechos de expresión, manifestación y reunión recogidos en la Constitución".

Esta protesta se suma a otras realizadas por parte de Greenpeace en lugares emblemáticos de Madrid para hacer públicas sus reivindicaciones. Hace unos meses activistas se encaramaron en el Congreso de los Diputados para protestar contra la Ley de Costas y amordazaron a los leones en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Greenpace ha llevado ahora a Sol la nueva acción al considerar este espacio el lugar más emblemático de la capital para la protesta.

El proyecto de ley de justicia gratuita que promueve el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no gusta a muchos juristas. La asociación Jueces para la Democracia ha emitido este martes un comunicado criticando una norma que "supone un retroceso importante en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y va a perjudicar a amplios sectores de la ciudadanía", mientras que el Consejo General de la Abogacía Española señala que los abogados de oficio quedarán en una situación precaria de aprobarse la legislación.

"En lugar de adecuar este servicio público a las necesidades reales y a las demandas de nuestra sociedad, el Gobierno ha optado por nuevos recortes que van a dejar fuera de nuestro sistema judicial a muchas personas por razones económicas, lo cual agravará aún más los efectos discriminatorios de las tasas judiciales", denuncia Jueces para la Democracia. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley eleva los umbrales de renta a partir de los cuales los ciudadanos tienen derecho a un abogado gratuito: en el caso de hogares de una sola persona, por ejemplo, los ingresos máximos pasan de 12.780 euros anuales a 14.910, mientras que en el caso de las familias de dos a cuatro miembros sólo se ha rebajado el corte en 80 euros.

"Esta medida resulta bastante grave en una situación económica especialmente difícil", señala la asociación, que tacha de "contradicción" que el Ejecutivo "renuncie a adoptar en este ámbito medidas de protección social y que impulse una ley para que menos gente acceda a la justicia gratuita, en unos tiempos en los que se ha incrementado el número de personas que la necesitan".

De igual forma, Jueces para la Democracia también acusa a Gallardón de incumplir de forma "manifiesta" su promesa de que la recaudación extra conseguida al aumentar la cuantía de las tasas judiciales serviría para financiar la justicia gratuita. "La realidad es que dicha partida se ha visto reducida en los últimos años, con lo que el turno de oficio no se ha visto incrementado en un solo euro de lo ingresado por las tasas", relata la asociación. Y ofrece datos: "Desde 2009 el gasto en justicia gratuita ha disminuido en 43 millones de euros", una reducción a la que se suma que el proyecto de ley "impone nuevas trabas burocráticas que tendrán el efecto de dificultar el acceso" a este derecho.

Los abogados también protestan

Y la asociación judicial no ha sido la única en criticar la norma que promueve el Ministerio de Justicia. También el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha publicado una entrada en su blog en la que protesta porque la norma, a su juicio, "lacera a los más de 42.000 abogados [de oficio] que en cualquier lugar, 24 horas al día, 365 días al año, defienden los derechos de los más desfavorecidos", una reivindicación que ha apoyado Jueces para la Democracia asegurando que "sus discrepancias no tienen carácter corporativista, sino que se centran en la mejora del servicio público".

Los abogados se quejan por las, en su opinión, exiguas retribuciones que la ley asigna a los letrados "que vocacionalmente –sus retribuciones muchas veces no superan los dos euros por hora trabajada– están adscritos al Turno de Oficio, a lo que deben añadirse los numerosos perjuicios que están sufriendo por las demoras en los pagos y por las consignaciones económicas insuficientes". "Puedo añadir", señala Carnicer, "que las retribuciones de los abogados del Turno de Oficio llevan congeladas más de 10 años y, en casos como la Comunidad Valenciana, recortadas un 40%".

En cuanto a las consecuencias de la norma, el Consejo ya mostró su desacuerdo el pasado abril con un proyecto de ley que "vulnera los derechos fundamentales", según aseguró entonces el presidente de la Comisión de Turno de Oficio del CGAE, Francisco Javier Lara. Los abogados, que no descartaron incluso llevar la norma –de aprobarse finalmente– ante el Tribunal Constitucional, criticaron aspectos como que el Servicio de Orientación Jurídica pierda su carácter gratuito –si una persona quiere obtener información sobre si puede acceder al servicio jurídico gratuito y se determina que no cumple los requisitos, se le cobrará esa consulta– o la no obligatoriedad de que el abogado de oficio tenga despacho o domicilio cerca del juzgado al que tenga que acudir.

El rechazo al proyecto de ley ha llegado incluso desde las ONG. En este sentido, Rights International Spain (RIS) –una organización conformada por juristas especializados en Derecho internacional– ha iniciado la campaña #sinjusticia, en la que denuncia algunas de las últimas actuaciones del Ejecutivo asegurando que "restringen derechos y libertades y reducen las garantías de los ciudadanos ante la Justicia". Del endurecimiento de los requisitos para acceder a la asistencia jurídica gratuita, RIS explica que "los que más salen perdiendo son los ciudadanos sin familia porque más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo puesto a los que convivan en pareja, aún sin hijos".

En este sentido, ejemplifican que si "una persona quiere recurrir una multa que le han puesto por acudir a una manifestación, o pone una demanda para que le paguen una factura que le deben pero tiene unos ingresos de más de 1.065 euros al mes y no tiene familia, no tendrá derecho a un abogado de oficio, así que tendrá que pagar un abogado, un procurador y, por supuesto, las tasas judiciales". Y esto no es todo, ya que si estima que el demandante tiene "patrimonio suficiente" para hacer frente a este gasto tampoco podrá acceder a este derecho, un enunciado que RIS considera confuso, ya que "no se dice cuánto es suficiente, más allá de no incluir como tal la vivienda habitual".

La ONG Rights International Spain (RIS) comienza este miércoles la campaña #SinJusticia, en la que pretende denunciar lo que considera un sentimiento general de indignación ciudadana ante las políticas de “restricción de derechos y de libertades” llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Valiéndose de estudios jurídicos propios, vídeos divulgativos y análisis de diferentes expertos, la organización analiza las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, del Código Penal, de la Justicia gratuita, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Tasas judiciales que entró en vigor a finales de 2012.

Según RIS, la intención de esta campaña informativa es que cualquier persona pueda tener acceso a los citados análisis para informarse –e informar a otros a su vez– de las reformas que el Ejecutivo español ha promovido en los últimos tiempos.

Ley de Seguridad Ciudadana

La ONG ejemplifica un caso en el que la llamada “ley mordaza” podría recaer sobre un ciudadano: “¿Qué pasaría si se difunde por las redes sociales el mensaje: 'Todos a la Plaza Mayor contra la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tráete tu propia mordaza'?”, se preguntan.

“Primero –continúan–, la Policía podría parar y pedir la identificación a cualquier persona que fuera tapada con un pañuelo a modo de mordaza simbólica. Segundo, podría sancionarse a todos los participantes por acudir a una concentración no comunicada. Tercero, a quienes hayan difundido la convocatoria, se les podrá sancionar como autores por la difusión, y como inspiradores de la concentración”, concluyen desde RIS.

Código Penal

La reforma del Código Penal es presentada como una modificación innecesaria, que restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y que no incluye los delitos que según la organización sí deberían contemplarse.

“El Estado puede legítimamente restringir algunos derechos de la ciudadanía con el fin de proteger valores tales como la seguridad y el orden público. Pero las restricciones deben ser proporcionadas y verdaderamente necesarias. De lo contrario, se convierten en ilegítimas e inadmisibles en una sociedad democrática”, aseguran en uno de sus análisis jurídicos.

Creen que la reforma incluye numerosas modificaciones de los delitos contra el orden público que se puede traducir en criminalización de la protesta social y “puede poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, reconocidos por la Constitución y por las normas protectoras de los derechos humanos”.

Tasas judiciales

“Parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja”, comienzan. A continuación, exponen que estas tasas vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales y denuncian que “el acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan recursos” dado que las tasas no tienen en cuenta los recursos que tienen los ciudadanos a la hora de introducirse en un proceso judicial.

Justicia gratuita

Desde la organización no gubernamental creen que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado febrero por el Consejo de Ministros supondrá que menos personas podrán beneficiarse de este derecho.

“Los que más salen perdiendo –aseguran– son los ciudadanos sin familia”, ya que más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo puesto a los que convivan en pareja, aunque no tengan hijos.

De este modo, según RIS, una persona que quiera recurrir una multa y que cuente con unos ingresos de más de 1.065 euros al mes sin nadie a su cargo, no tendrá derecho a un abogado de oficio.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Entre otras medidas, esta reforma significaría “herir de muerte” el mecanismo de la acción popular, que quedaría limitado. Ante este hecho, la ONG recuerda que el caso Nóos, el juicio a Miguel Blesa o la investigación de los papeles de Bárcenas se iniciaron gracias a ciudadanos que ejercieron la acción popular y que, de verse acotada esta opción, muchas causas quedarían sin justicia.

Ley Orgánica del Poder Judicial

RIS se vale del testimonio del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, para cargar contra una modificación que, según la organización, está diseñada para impedir las quejas y críticas por parte de los magistrados, “limitando el derecho a la libertad de expresión de las asociaciones de jueces y fiscales y su derecho a participar en la vida pública”.

Ponen sobre la mesa las quejas del colectivo, que denuncia un total colapso de la justicia. Pese a ello, añaden, “al Gobierno le pareció oportuno prescindir de unos 1.200 jueces diciendo que resultaban innecesarios”.

Esta reforma trae consigo la supresión “de un plumazo” de la justicia universal, que paralizará los casos abiertos en esta materia en la Audiencia Nacional.

Las tasas judiciales aprobadas por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón y que entraron en vigor en diciembre de 2012 mostraron durante 2013 tener un impacto mínimo en la litigiosidad en España, al conseguir únicamente un descenso del 3,8% en los asuntos que ingresaron en los Juzgados y Tribunales, una bajada en línea con las caídas registradas en los dos ejercicios anteriores.

Según datos hechos públicos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la Justicia española se iniciaron 8.636.016 nuevos asuntos el año pasado, un 3,8% menos que en 2012. En 2012 se registró una reducción interanual del 0,7% y en 2011 la tasa fue del -3,8%, idéntica a la conocida ahora.

Por juridiscciones, fue la contencioso-administrativa la que experimentó una caída mayor, del 15,5%. En el extremo opuesto, las causas de lo social subieron un 2,1%. Por su parte, los asuntos de lo civil se redujeron un 9,2% y los de lo penal bajaron un 2,1%, pese a que estos últimos representan casi tres de cada cuatro nuevos asuntos (73%).

En su comunicado, el órgano de gobierno de los jueces ha destacado además que se resolvieron más asuntos de los que se iniciaron a lo largo del pasado año. En concreto, el saldo positivo fue de unos 240.000 (8,8 millones de asuntos resueltos frente a 8,6 millones de iniciados). A pesar de ello, al cierre del pasado ejercicio aún restaban 2.680.933 asuntos por resolver.

Nuevamente por jurisdicciones, fueron los jueces de lo contencioso-administrativo los que más asuntos resolvieron en relación a los iniciados –solventaron 1,36 asuntos por cada nueva causa en sus juzgados–, mientras que los de lo social fueron los únicos que resolvieron menos asuntos que los ingresados durante 2013 –0,86 asuntos resueltos por cada nueva causa–.

En el desglose por Comunidades Autónomas fueron Andalucía, Madrid y Baleares las comunidades cuyos habitantes más recurrieron a los tribunales, con 215, 201 y 196 asuntos por cada mil habitantes respectivamente frente a una media nacional de 183. En el extremo opuesto se situaron La Rioja (115 asuntos por cada 1.000 habitantes), País Vasco (131) y Extremadura (141).

Demandas por despido

Los datos hechos públicos por el CGPJ también incluyen una referencia específica a las demandas por despido, que cayeron un 0,4% durante 2013. El órgano de gobierno de los jueces destaca que esa tendencia a la baja se acentuó en el último trimestre del año, con 31.506 nuevas demandas, un 17% que en el mismo periodo del año anterior.

En este tipo de demandas, Madrid, Cataluña y Andalucía encabezaron la estadística, si bien destacan los aumentos de Cantabria y País Vasco, con un aumentos interanuales del 36% y el 25% respectivamente, que se vinculan a los casos de despido en Sniace y Mondragón.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido de forma unánime la improcedencia de la tasa judicial que se exige para interponer demandas de revisión de sentencias firmes. Se trata de un recurso que sólo cabe ante el alto tribunal, en el que se solicita la revisión de un procedimiento por aparecer hechos nuevos que no han podido ser tenidos en cuenta en resoluciones anteriores.

La decisión del Supremo dada a conocer este jueves tiene fecha del pasado 4 de marzo y en ella los diez magistrados que conformaban el Pleno de la Sala Primera estiman el recurso presentado por la empresa Pradul, a quien se había exigido el pago de una tasa para poder solicitar la revisión de una sentencia dictada en noviembre de 2010 por un juzgado de Vera (Almería).

La resolución del alto tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Marín Castán, recuerda que la vigente Ley de Tasas configura como hecho imponible la interposición de demandas en toda clase de procesos declarativos –los que resuelven definitivamente un litigio–, lo que a primera vista parece que podría afectar a los procedimientos para la revisión de sentencias firmes.

Para el Supremo, sin embargo, los recursos de revisión deben incluirse entre los denominados "declarativos" dada su naturaleza "extraordinaria y excepcional" y, en consecuencia, la tasa no resulta exigible para estos supuestos. La estimación de este recurso determina la devolución al recurrente del depósito que realizó en su día para poder recurrir.

Además, el Supremo tiene en cuenta que las tasas creadas por el Departamento de Alberto Ruiz-Gallardón son un tributo, y ello determina que se siga con ellas "un criterio de interpretación restrictiva" conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General Tributaria.