En 2011, el periodista británico Owen Jones publicó Chavs: la demonización de la clase obrera, un análisis social que sacudió conciencias en el Reino Unido y más allá. Jones observó cómo en la Inglaterra contemporánea, la clase trabajadora había pasado de ser “la sal de la tierra” a convertirse en un blanco recurrente de desprecio, estereotipos y broma fácil. El término “chav” se popularizó para tildar de ignorantes, conflictivos e indignos a jóvenes de extracción obrera, reforzado por los medios, la política y la cultura popular.

Jones identificó tres grandes momentos en este proceso: el asalto neoliberal de Margaret Thatcher en los años 80, que desmanteló sindicatos y sectores industriales; la expansión del discurso meritocrático por parte del Nuevo Laborismo de Tony Blair, que diluyó toda referencia explícita a la clase y abrazó la idea de una sociedad “de clase media”; y el crecimiento de una narrativa donde el fracaso económico se achaca a defectos individuales antes que a consecuencias estructurales.

Ejemplos como la estigmatización mediática de los barrios obreros o el linchamiento público de figuras televisivas procedentes de esos entornos demuestran hasta qué punto el desprecio se ha normalizado y justificado.

Para Jones, este fenómeno no era sólo cultural, sino también político: deslegitima toda alternativa colectiva y allana el camino para que la extrema derecha seduzca a quienes sienten que nadie les escucha.

Aunque el caso británico tiene sus singularidades, en España muchos de estos mecanismos reflejados por Jones son perfectamente reconocibles. 

La demonización de la clase obrera en los medios, las bromas sobre “chonis” y “canis”, la ridiculización de la cultura de barrio o la criminalización sindical son síntomas de cómo la sociedad española ha renegado progresivamente de sus raíces de clase. 

Algunos políticos y medios han extendido la idea de que “todos somos clase media”, invisibilizando desigualdades y achacando la precariedad al fracaso individual. Así, los jóvenes y adultos de origen humilde se distancian de cualquier identidad obrera, mientras los problemas estructurales —el empleo precario, la exclusión social o el estancamiento salarial— se trivializan o transforman en espectáculo.

Esta narrativa ha creado, además, un vacío peligroso: cuando la izquierda evita nombrar la desigualdad y abandona el discurso de clase, deja en bandeja a la extrema derecha el papel de “voz del pueblo”.

VOX y otras fuerzas ultras han explotado ese resentimiento, presentándose como los auténticos defensores de la dignidad popular, aunque sus verdaderos intereses sean ajenos a la justicia social. 

La consecuencia es que sectores marginados, indignados por la falta de alternativas, encuentran en el neofascismo respuestas y pertenencia, mientras la izquierda se queda en la retaguardia del relato.

No todo está perdido. El pensamiento de Owen Jones, lejos de caer en el pesimismo, invita a la acción colectiva y a la recuperación de la legítima dignidad obrera. 

Propuestas como reivindicar el sindicalismo, fortalecer organizaciones vecinales y comunidades, y devolver a la agenda política el reconocimiento de la desigualdad estructural, son vías para restablecer el vínculo perdido.

Los medios deben abandonar la caricatura y mostrar la riqueza y diversidad de la vida popular; las instituciones educativas y culturales pueden poner en valor la historia y los logros colectivos de la clase trabajadora.

Sobre todo, la izquierda tiene la oportunidad de rectificar su deriva elitista: escuchar de nuevo a quienes sufren el paro, la precariedad o la vivienda inasequible, ofrecer proyectos materiales y emocionales inclusivos, y construir una narrativa donde la solidaridad, la igualdad y la acción colectiva sean valores irrenunciables. 

Si algo enseña Jones, es que la lucha de clases —lejos de ser una reliquia— sigue latiendo en las plazas, barrios y fábricas. Basta con devolverle su protagonismo, ponerle cara y voz, y romper el cerco del olvido y el prejuicio.

La esperanza reside en la reconstrucción de la confianza, la solidaridad y el orgullo popular. No es sólo deseable: es imprescindible para que España no sucumba a la fragmentación, al resentimiento y al avance del neofascismo. El futuro pertenece a quienes no olvidan, ni permiten que otros lo hagan.

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José González Arenas es secretario de Medioambiente del PSOE de Córdoba.

“Ella no trató de crearse una imagen con la que las mujeres inglesas pudieran identificarse o aspirar. No […] buscaba crear imitadoras”. Estas dos frases no las ha escrito la historiadora Ramie Targoff para describir a Margaret Thatcher, primera mujer jefa de gobierno británico de 1979 a 1990, aunque podría haberlo hecho. En su libro Shakespeare's Sisters (Las hermanas de Shakespeare, edit. Knopf, 2024), hablaba de Isabel I, la segunda mujer que reinó en el siglo XVI.

El Reino Unido es uno de los países de Europa donde más mujeres han ocupado altos cargos. El Partido Conservador ha llevado a cuatro mujeres a Downing Street 10, los laboristas a ninguna.

Según los analistas, esto se debe a que la derecha ofrece más oportunidades a las personas, mientras que en el grupo predominante de la izquierda, las mujeres tienen menos oportunidades de salir adelante. Cabe señalar no obstante que la laborista Rachel Reeves, que espera ser un modelo a seguir, es la primera mujer ministra de Finanzas.

Rachel Reeves “celebra el precedente que supone ser la primera mujer en el ministerio de Hacienda”, afirma Jill Rutter, ex funcionaria e investigadora del centro de estudios Institute for Government. Pero el presupuesto anual que presentó en octubre de 2024 no trata de corregir las desigualdades económicas, pues sigue habiendo más mujeres que hombres con ingresos bajos, dice la investigadora.

En los últimos años, las figuras femeninas que han destacado en la política han compartido a menudo una falta de sororidad.

La actual líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, criticó en septiembre de 2023 las prestaciones por maternidad, que supondrían una carga “excesiva” para las empresas. Según ella, las madres deben asumir una mayor “responsabilidad personal” en sus finanzas. Badenoch tiene tres hijos y quiere hablar con conocimiento de causa.

También puede ampararse en el argumento de la experiencia cuando critica el movimiento Black Lives Matter, que considera politizado. De origen nigeriano, es la segunda persona racializada que dirige el Partido Conservador. También se define como “feminista crítica con el género”, es decir, TERF (trans exclusionary radical feminist), un término que se utiliza para referirse a las feministas que excluyen a las personas trans de las luchas por los derechos de las mujeres.

“Las mujeres de los partidos conservadores insisten en su dureza y pureza ideológica y la escenifican”, analiza Jennifer Piscopo, profesora de género y política en la Universidad Royal Holloway de Londres. Kemi Badenoch es “muy clara sobre sus valores conservadores, sobre el género, los migrantes, la etnicidad, la diversidad cultural”, añade la investigadora. “Esto corrige cualquier percepción que podamos tener de que, como mujer de color, sería más empática con las poblaciones no blancas y su marginalidad”.

Es una “sobrecorrección” que también han llevado a cabo dos ex ministras del Interior conservadoras, Suella Braverman y Priti Patel, ambas de origen indio. Para “inspirar confianza”, las mujeres pueden ser “más conservadoras que los hombres”, dice la profesora Piscopo.

Antes de ella, Theresa May fue la única jefa de gobierno (2016-2019) que “realmente animó a las mujeres a entrar en política”, explica Jill Rutter. Participó en la fundación del programa Women2Win para animar a las mujeres a presentarse como candidatas, pero su influencia caló sobre todo en la derecha. Pero Theresa May no es una feminista orgullosa. En 2017, dijo en un programa de la BBC que en el hogar había “tareas de chicos y tareas de chicas”.

En la batalla interna por la dirección de su partido, en 2016, fue su rival Andrea Leadsom quien se destacó al decir al Times: “Creo que ser madre significa que tenemos un interés real en el futuro de nuestro país, un interés tangible”. A pesar de disculparse con Theresa May, quien había confesado haber sufrido por no poder tener hijos, tuvo que retirarse.

Jill Rutter ve ahí una señal de que la persona no tiene talento para la política, más que una falta de solidaridad femenina. “Hay muchos hombres mediocres en la política. Quizás hayamos llegado al punto en el que las mujeres mediocres por fin tienen también una oportunidad”. Porque hasta ahora, las mujeres debían ser “excepcionales”, dice la ex funcionaria. Lo vio especialmente durante los ocho años, de 1979 a 1997, que pasó en el Tesoro Público.

Jill Rutter estuvo en primera fila durante la era Thatcher: “Le encantaba ser la única mujer en la sala. Se deleitaba con su excepcionalidad”. Como decía The Guardian en 2013, “Thatcher no rompió el techo de cristal, consiguió entrar y luego retiró la escalera”.

En un discurso de 1982, Thatcher dijo: “La batalla por los derechos de las mujeres se ha ganado sobradamente. […] Odio esos tonos estridentes que escuchamos de algunas feministas liberales”.

Según The Guardian, “Thatcher es uno de los ejemplos más claros de que el éxito de una mujer no siempre es sinónimo de progreso para las mujeres”.

Pero, a pesar de ella, Thatcher ha demostrado que Downing Street estaba abierto a las mujeres.

No obstante, cada una debe tener el derecho a considerarse modelo o no: “Aunque las figuras femeninas históricas han sido excepcionales, eso no significa que puedan representar o llevar sobre sus hombros a todas las mujeres del mundo, ni que fueran perfectas en todos los aspectos”, estima Helen Pankhurst. Ella es “la bisnieta de Emmeline Pankhurst [líder de las sufragistas, el movimiento por el sufragio femenino en el Reino Unido, ndr] y nieta de Sylvia Pankhurst”».

Se identifica con ambas: “Con Emmeline, que se volvió cada vez más conservadora a lo largo de su vida, y con Sylvia”, activista por la interseccionalidad de las luchas sociales. Emmeline Pankhurst tenía posiciones “nacionalistas, apoyando al Imperio Británico, mientras que su hija Sylvia estaba en contra y era anticolonialista”.

Hoy en día, Emmeline Pankhurst es recuperada por las feministas tránsfobas, lo que Helen Pankhurst “entiende pero lamenta”. Ella cree que su antepasada, que “presidía un movimiento en el que participaban mujeres queer”, podría haber apoyado hoy a uno u otro bando en la cuestión del reconocimiento de género.

J. K. Rowling, la autora de Harry Potter, decepcionó a muchos fans al mostrar claramente su postura anti-trans. Varias mujeres políticas del SNP, el partido nacionalista de izquierda de Escocia, se unieron a su lucha, como Ash Regan y Joanna Cherry. Se opusieron a la ex primera ministra escocesa Nicola Sturgeon y ese debate contribuyó a la caída de esta última en 2023, aunque en ello pesaron más las acusaciones de malversación de fondos del partido formuladas contra ella y su futuro ex marido.

A diferencia de muchas mujeres cuya reputación desaparece con el primer paso en falso, Jennifer Piscopo “no cree que Sturgeon haya quedado completamente destruida por esas acusaciones. Lo que logró estando en el poder sigue siendo reconocido y aplaudido”.

Algunas figuras históricas también son revisadas, pero no desdibujadas. Marie Stopes (1880-1958) es reconocida por su contribución al derecho al aborto. La ONG Marie Stopes International, que promueve la salud sexual y reproductiva, había sido bautizada en su honor, pero cambió de nombre en 2020 para “reflejar el malestar que venía de lejos con algunas de las opiniones de Marie Stopes, partidaria de la eugenesia”, según una portavoz de MSI Reproductive Choices.

La historiadora Jane Robinson aplaude ese cambio de nombre que “conserva las iniciales” de Marie Stopes. “Se pueden extraer verdades universales de todo tipo de personajes problemáticos del pasado”.

Jane Robinson ha escrito una biografía de Mary Seacole (1805-1881), una pionera de la enfermería originaria de Jamaica. La historiadora lamenta que todavía esté “confrontada”, incluso “eclipsada”, por Florence Nightingale (1820-1910). Algunos ven ahí una muestra de racismo. Nightingale, aunque se opuso a la esclavitud, es acusada de haber participado en la “colonización de la profesión de enfermería”. En el musical Fantastically Great Women Who Changed the World (Grandes mujeres que cambiaron el mundo), se representa a Seacole, no a Nightingale.

“Sería difícil encontrar un personaje histórico que no sea problemático, en ciertos aspectos, teniendo en cuenta los estándares actuales”, matiza Jane Robinson.

Incluso Virginia Woolf, que teorizó sobre la necesidad de una “habitación propia” para que las mujeres puedan escribir, en su ensayo homónimo*, es cuestionada por Ramie Targoff. Woolf aseguraba que en la época de Shakespeare, una mujer nunca habría podido escribir como él o se habría vuelto loca al intentarlo. Según la historiadora, existieron (el libro Shakespeare's Sisters está dedicado a ellas), pero Virginia Woolf consideró sus escritos “triviales”. La escritora inglesa no era un modelo perfecto (en 1910 participó en una velada en la que se pintó la cara de negro y fingió hablar swahili), pero sigue siendo una pionera. 

* Conocido durante mucho tiempo con el título de Una habitación propia, el texto ha sido traducido de nuevo por Marie Darrieussecq para la editorial Denoël en 2016, reflejando la idea de que las mujeres necesitan un espacio que no puede reducirse a una habitación.

Traducción de Miguel López

Margaret Thatcher, que ha conseguido llegar al diez de Downing Street aupada por el invierno del descontento, se enfrenta a una situación difícil. La crisis económica no mejora y las voces contra su proyecto, basado en el recorte del gasto público, las privatizaciones y la desregulación, se empiezan a escuchar con fuerza incluso dentro de su propio partido. La primera ministra necesita dar un golpe de efecto. El 21 de mayo de 1980 habla en la conferencia de mujeres conservadoras:

“Tenemos que equilibrar nuestra producción y nuestras ganancias. Lo que estamos proponiendo no es demasiado popular, pero es lo que debemos hacer. Creo, sin embargo, que la gente empieza a aceptar que no hay otra alternativa real [...] ¿Cuál es la alternativa? ¿Seguir como antes? Todo lo que conduce a un mayor gasto significa más impuestos, más préstamos, tasas de interés más altas, más inflación, más desempleo".

Thatcher consigue con estas cuatro líneas cimentar la que sería una de las claves de su exitoso discurso: there is no alternative. Junto a “no existe la sociedad” y “no existe el dinero público”, el “no hay alternativa” se convirtió en la base de la restauración reaccionaria que sacudiría el mundo los siguientes cuarenta años. No se trataba de que su modelo fuera deseable o rechazable, se trataba de convencer de que no existía otro. Se daba inicio así al fatalismo de mercado basado en la gran mentira de que las crisis eran provocadas por el elevado gasto público. 

“Debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste”, pronunció Javier Milei en su toma de posesión como presidente de Argentina el lunes 11 de diciembre de 2023. De espaldas al parlamento argentino, de cara a una multitud enfervorecida, insistió: “Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo [...] lamentablemente tengo que decirlo de nuevo: no hay plata”. Pese a que gran cantidad de medios y analistas se apresuraron a aplaudir el discurso de Milei, calificándolo de sincero, valiente y novedoso, casi nadie ha reparado en que es un calco del que pronunció Thatcher a principios de los ochenta.

Desde entonces, la secuencia se produce de una forma muy parecida cada vez que la derecha accede a un gobierno. Mariano Rajoy, que consiguió en 2011 su mayoría absoluta al calor de la Gran Recesión, aplicó otro severo programa de recortes que justificó admitiendo que las medidas eran “duras y difíciles” y que “a mucha gente le hacen daño”, pero aseguró que no tenía “otra alternativa” porque “desgraciadamente no se puede decidir entre un bien y un mal, se tiene que decidir entre un mal y un peor”. Cambian los actores y el escenario pero se mantiene el mismo libreto. Algunos, eso sí, lo interpretaron de manera lamentable.

Thatcher, Rajoy o Milei llegaron a sus respectivos gobiernos impulsados por el descontento provocado por crisis de diferente naturaleza pero con un nexo común: ninguna de ellas tenía que ver con el gasto público. Los tres, sin embargo, aseguraron no tener más remedio que aplicar recortes como única solución posible a los problemas que enfrentaban. La realidad es que el objetivo de esos recortes nunca es mejorar la economía, sino imponer un modelo en extremo beneficioso para la minoría más rica de sus sociedades. Los cirujanos de guerra nunca amputan a los generales o, peor, a los que han provocado las guerras.

La crisis que nuestro país sufrió a partir de 2008, una de naturaleza mundial, tuvo su origen en el gigantesco sector inmobiliario utilizado por la banca para obtener incontables beneficios especulando con el suelo, pese a que todo el mundo sabía que esta forma de crecimiento tarde o temprano provocaría un desastre que arrastraría al resto de sectores. Aunque el golpe fue duro, las medidas de intervención del Gobierno de Zapatero absorbieron parte del impacto. Hasta que en 2010 los bancos estadounidenses, afectados del mismo problema que los españoles, qué hacer con aquella cartera de activos tóxicos, decidieron recuperar su dinero apostando contra la deuda soberana de los países del sur de Europa.

Se nos contó que recortar nuestro gasto público daría confianza a los inversores, pero la realidad es que los inversores estaban demasiado ocupados llenándose los bolsillos a costa de nuestros bonos. La situación mejoró sólo desde que intervino el Banco Central Europeo comprando parte de esa deuda, algo que se pudo haber hecho mucho antes, si el deseo no hubiera sido desmantelar unos Estados del bienestar que se juzgaban sobrantes y, de paso, disciplinar a unas poblaciones que nunca hubieran aceptado esos recortes de otra manera.

La prueba es que con la crisis del coronavirus se actuó de manera muy diferente, tanto a nivel europeo como en la propia España. En vez de utilizar como coartada aquella contingencia contándonos que no había más horizonte, se exploraron todas las posibilidades y por primera vez en cuarenta años se puso al Estado a funcionar en beneficio de la mayoría. Y funcionó. Ampliando el gasto salimos antes de la crisis, sin perder empleo, sin recortar servicios públicos y creciendo a un buen ritmo. Las políticas de izquierdas valían para algo. Siempre se supo, por eso se nos contó que no había alternativa.

La Confederación Europea de Sindicatos ha reunido este martes en Bruselas a 15.000 personas provenientes de 30 países para protestar contra los planes de austeridad que la UE pondrá de nuevo en marcha en 2024. Tras casi cuatro años de suspensión, se pretende reactivar el mal llamado Pacto de Estabilidad, un corsé que limita el gasto por Estado y que no tiene mayor sentido aplicar en un momento donde la transición energética y digital requerirán de inversión pública para evitar sus efectos adversos sobre la mayoría. Un descontento que, además, será capitalizado por el populismo de extrema derecha. ¿También se nos dirá esta vez que no hay alternativa?

La era está pariendo un corazón

No puede más, se muere de dolor

Y hay que acudir corriendo

Pues se cae el porvenir

Silvio Rodríguez

Hace décadas, cuando tuve que decidir qué estudios quería emprender al terminar la educación secundaria, dudaba si podría aguantar cinco años de carrera sin aportar recursos económicos a la familia. En aquellos momentos dudaba entre estudiar Magisterio, Historia, Psicología, Filología, Filosofía.

Muchos amigos del barrio habían elegido ya irse a trabajar, ganar dinero y gastarlo en ropa, tabaco, discotecas, o todo a la vez. Otros se habían decantado hacia la Formación Profesional y aprendían un oficio, con el cual después les fue casi siempre bien. Como cualquiera, como la mayoría a esa edad, como muchos jóvenes ahora mismo, tenía la cabeza hecha un lío.

No había orientadores en aquel entonces. Fue mi tutor el que resolvió mis dudas. Un buen día me dijo: "Haz magisterio, son tres años, ponte a trabajar, prepara las oposiciones y luego, ancha es Castilla, estudia una carrera, o no, ya lo verás". Así lo hice. Tres años de magisterio, trabajé un año en la enseñanza privada, luego en la pública y más tarde, terminé estudiando la carrera de Geografía e Historia.

Si hoy tuviera que tomar esas mismas decisiones no lo tendría tan fácil, porque el mundo ha cambiado mucho y todo lo que era sólido, el magnífico título de una hermosa novela de Antonio Muñoz Molina, se ha convertido en líquido.

El sociólogo Zygmunt Bauman, fallecido en 2017 en Leeds, donde fue profesor de Sociología tras ser expulsado de la Universidad de Varsovia y después de un breve paso por Tel Aviv, ha reflexionado mucho sobre ese carácter líquido de la vida, la cultura, la modernidad, el empleo, la política y hasta del amor.

Hace cincuenta años el mundo cambiaba a un ritmo aún comprensible para la mente humana, mientras que hoy un adolescente de 13 años puede considerar viejuno a un joven de 19 que ha perdido el tren de la última red social, o que no sabe manejar las nuevas terminologías de moda.

¿Qué ha pasado en los últimos 40 años, pocos en términos históricos, pero muchos en términos de una vida humana?

Ha ocurrido que la primera crisis del petróleo, la del 73, determinó el final del modelo de sociedad surgido tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años 70 y 80 del siglo pasado, las ideas del libre mercado y de la libertad económica absoluta, se hicieron con las riendas de la economía y de la política.

Las bases económicas del llamado neoliberalismo fueron sentadas por economistas como el austriaco Friedrich Von Hayek y el profesor de la Escuela de Chicago Milton Friedman, ganadores del Premio Nobel en Economía en 1974 y 1976, respectivamente.

En política, los grandes impulsores del también llamado ultraliberalismo han sido personajes tan conocidos como Margaret Thatcher, Primera Ministra de Gran Bretaña de 1979 a 1990, o Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos de 1981 a 1989.

El 9 de noviembre de 1989, cayó el muro de Berlín y aquel hecho marcó el principio del fin del Bloque del Este, el inicio de un proceso que terminaría con la descomposición de la antigua Yugoslavia, que daría origen a la guerra de los Balcanes entre 1991 y 2001, o con la disolución de la URSS que se encuentra en la base de numerosos conflictos como el de Ucrania.

Cayó el muro y sus pedazos se convirtieron en souvenirs para turistas, junto a uniformes del ejército rojo, cascos, gorras, medallas o pequeñas estatuillas de los líderes que presidían el santuario soviético. Cayó el muro, cayó el sistema soviético y estalló la economía de mercado. El mundo había cambiado de golpe y por completo.

Aún vivimos las consecuencias de aquellos cambios, de todas aquellas transformaciones que nos han conducido hasta este mundo que parece caminar en todo momento en el filo de una navaja. La política, la sociedad, el empleo, la cultura, el mundo todo, parecen vivir ese momento que Gramsci, aquel comunista italiano muerto entre las garras de la dictadura fascista de Mussolini, nos describió tan magníficamente: "La crisis consiste en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno aparecen los fenómenos morbosos más variados".

Así vivimos el morboso devenir de los acontecimientos, el renacer de los monstruos, las perturbadoras alucinaciones que acompañan una patológica, enfermiza y siempre doliente desdicha. Así vivimos, cada día, la urgente necesidad de acudir corriendo para apuntalar un porvenir que se nos niega, que nos rehuye.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Ciertos temas no son sólo materia de controversia política recurrente sino también científica. Sucede con asuntos candentes como los impuestos. ¿Subirlos o bajarlos es beneficioso o perjudicial? Para contestar a la pregunta existen multitud de estudios elaborados por economistas que no ayudan gran cosa puesto que sus conclusiones no pueden ser más dispares. Probablemente se trata de uno de esos casos en que, como decía Yanis VarufakisYanis Varufakis, la economía es “ideología con ecuaciones”. Así, hay estudios que demuestran que las rebajas fiscales a las rentas más elevadas estimulan la iniciativa económica de los beneficiados, mientras que subirles los impuestos frena la inversión, reduce la productividad, desalienta el emprendimiento y entorpece la acumulación del capital. Pero también se encuentran otros tantos que prueban cómo las exenciones fiscales y los beneficios extraordinarios no impulsan a los sujetos económicos a trabajar más y emprender mejor, sino que más bien les animan a negociar con mayor agresividad para aumentar esas ganancias. O constatan que la recaudación obtenida incentiva el crecimiento económico al permitir un aumento del gasto público productivo.

Un economista alemán, Sebastian Gechert, del Instituto de Política Macroeconómica de Düsseldorf, y otro austriaco, Philipp Heimberger, del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, han analizado 441 estimaciones incluidas en 42 estudios sobre los efectos de las rebajas fiscaleslos efectos de las rebajas fiscales. En ellas, se sostiene que un recorte de un punto porcentual en el impuesto de sociedades produce, de media, un crecimiento del PIB “moderado pero estadísticamente significativo” de 0,02 puntos porcentuales. Sin embargo, Gechert y Heimberger han encontrado un “sesgo” en la literatura que relaciona el impuesto de sociedades y el crecimiento económico, que favorece ese resultado positivo. Una vez eliminada esa desviación, los autores concluyen, por el contrario, que las rebajas fiscales a las empresas “no tienen efectos económicamente relevantes o estadísticamente significativos en el crecimiento económico”.

Además, mantienen que los estudios publicados aumentan los efectos positivos de los recortes de impuestos cuando alguno de sus autores resulta ser colaborador de la OCDE. En este club, integrado por las naciones más ricas del planeta, los tipos máximos del IRPF se redujeron de media desde el 65,7% en 1981 hasta el 50,6% en 1990, para continuar bajando de forma más moderada hasta el 41,7% en 2010, según sus propios datos. Otros dos investigadores, británicos, de la London School of Economics, David Hope y Julian Limberg, han calculado que entre la década de los 60 y la de los 90, la tributación soportada por el 1% más rico en los países de la OCDE se desplomó más de un 30%. En el paquete fiscal incluyen el IRPF, el impuesto de sociedades, el de sucesiones y los impuesros sobre los dividendos, el patrimonio y el capital.

El 1% de los españoles poseían el 12,7% de la renta en 2006

Hope y Limberg han comprobado datos de 18 países de la OCDE desde 1965 hasta 2015, la huella de medio siglo de impuestos sobre el 1% más rico de la población. Y han llegado a la misma conclusión que sus colegas de Düsseldorf y Viena: los favores fiscales a los más pudientes no hacen crecer el PIB per cápita. Tampoco reducen la tasa de desempleo. Ni en el corto ni en el medio plazo. Pero sí tienen un efecto: aumentan la desigualdad. De media, y tras una rebaja fiscal a los más ricos, la renta del 1% situado en los más alto de la distribución crece en 0,6 puntos porcentuales a los tres años, y hasta 0,8 puntos a los cinco años, lo que destacan como un “efecto estadístico muy significativo”.

En España, pertenecen a ese 1% de ultrarricos quienes poseen 1,1 millones de euros de patrimonio, al menos según el Wealth Report 2021 elaborado por la consultora inmobiliaria británica Knight Frank. Pocos, en realidad, comparado con los 6,46 millones necesarios para ingresar en esa categoría en Mónaco o los 4,19 millones de Suiza. En Estados Unidos hacen falta 3,6 millones y en Francia, 1,71 millones.

Ese selecto club poseía el 12,7% de la renta nacional en 2006, en plena etapa de euforia económica, cuando en 1981 sólo le correspondía el 7,6%. En 2012 bajó al 8,6%. Son datos proporcionados por la base de datos del Laboratorio Mundial sobre la Desigualdad, creado en la Paris School of Economics y codirigido por Thomas Piketty, el economista que ha puesto la desigualdad en el centro de debate internacional. El Laboratorio aún no ha publicado datos sobre cómo ha podido afectar a ese 1% de ultrarricos la crisis posterior y la reforma fiscal de Cristóbal Montoro.

Rebajas de tipos desde el 65% hasta el 45% en España

Pero Piketty sí ha estudiado los efectos de las grandes rebajas fiscales a las rentas más altas en otros países. Como Estados Unidos, donde la renta del 1% más que se duplicó, del 9% en 1976 al 20% en 2011. En comparación, la renta de los más pobres sólo creció tres puntos porcentuales. Hay que recordar las dos reformas fiscales ejecutadas por los gobiernos de Ronald Reagan en 1982 y en 1986. En Estados Unidos, los tipos del IRPF para los más ricos superaron el 70% en los años 20 y el 60% hasta los años 80. Donald Trump los dejó en el 37%. Un efecto de intensidad similar tuvo también el recorte fiscal de Margaret Thatcher en 1979 en Reino Unido. En los mismos años Australia y Canadá siguieron su ejemplo. Como resultado, la renta del 1% más rico se duplicó en la isla continente y se disparó un 76% en el país norteamericano.

En España, los tipos máximos se situaban en el 65,51% –para quienes ingresaban más de 9,8 millones de pesetas, 58.889 euros– en 1978, tras la reforma que creó el IRPF tal y como lo conocemos. Hoy está en el 47%, tras subirlo este año el Gobierno desde el 45% en que llevaba desde 2002, a excepción del 52% en que lo elevó el ministro Montoro entre 2012 y 2014.

El IRPF sufrió sucesivas modificaciones en 1985, 1989 y 1990, hasta que en 1991 se redujo el tipo máximo del 56% al 53%. Una rebaja que duró poco: al año siguiente volvió al 56% debido a la crisis económica desencadenada tras los fastos de 1992. En 1998 bajó al 48% y en 2002 al 45%. La penúltima reforma fiscal se aprobó en 2014. Devolvió el tipo máximo del IRPF al 45% y bajó el de sociedades del 30% al 25%.

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara otra para el próximo año que, al igual que las más recientes, contará con la asesoría de un comité de expertos, 17 en este caso. Deberá presentar sus conclusiones en febrero de 2022. Y uno de los puntos principales será, precisamente, la fiscalidad de la riqueza, en el foco de atención no sólo de España sino de todo el mundo, embarcado en una costosa recuperación de la pandemia económica. En Estados Unidos, Joe Biden ya ha propuesto subir los impuestos a los más ricos para financiar sus programas sociales y de recuperación tras el coronavirus. Tras recortar Donald Trump el tipo máximo de la renta al 37%, el presidente demócrata quiere elevarlo hasta el 39,6%. Y el impuesto sobre el capital pretende aumentarlo del 20% al 39,6% para quienes ingresen más de un millón de dólares anuales. Los vientos fiscales soplan ahora en esa dirección y tienen en la urgencia de resucitar la economía su mejor fuelle.

Un necio es un peligro que se multiplica según el número de oportunidades que tenga de demostrar que lo es, cuánto lo es y lo orgulloso que está de serlo. Y cuando llega arriba del todo, suele provocar una catástrofe. Hitler era ridículo, cómico, pero sus actos fueron monstruosos; Mussolini era un payaso, pero llevó a Italia a la indignidad; Franco era patético, inculto, vulgar, la perfecta imagen del imbécil por los cuatro costados, pero también fue un carnicero sádico que hundió España en un mar de sangre durante cuatro décadas; Stalin jugaba a campesino, a hombre llano, elemental, pero disfrutaba asesinando a inocentes y desató un terror cuyas cifras millonarias producen vértigo. Ese póquer de miserables tiene más cartas en su baraja siniestra, pero también tiene un mensaje: los cuatro disfrutaron de un enorme apoyo popular en sus países, donde algunos los jalearon y otros los añoran todavía, o al menos los justifican, hacen matices sobre ellos. A nivel local, las colas en la capilla ardiente del Funeralísimo, como lo llamaba Rafael Alberti, lo explicaban todo en 1975; y que continúe disfrutando de una eternidad impune en su vergonzoso monumento funerario del Valle de los Caídos, lo sigue dejando muy claro todo, a día de hoy.

El mundo ha involucionado desde que el veneno del neoliberalismo se hizo con el timón. Esa disciplina disfrazada de teoría económica es una forma de totalitarismo, una vulneración de la democracia como todas las que pretenden organizar las sociedades con un sistema de castas donde los que lo tienen todo cada vez tienen más y el resto son sus esclavos; sus métodos son menos violentos en la superficie pero tienen el mismo resultado en el fondo, la diferencia es que ahora sus jefes hacen una reforma laboral como antes sacaban los tanques a la calle, pero el abuso, la desigualdad y el clasismo son el pan suyo de cada día. Son otras armas, pero es la misma guerra.

Y la táctica es igual, por supuesto: los poderes en la sombra, las manos que mecen la cuna y saben la combinación de la caja fuerte, gobiernan desde lejos, sin dar apenas la cara, y buscan una mujer o un hombre de paja que arda en su nombre si las cosas se ponen feas. El problema es que esas marionetas que dan la cara siempre tienen algo que decir y según se afianzan en sus despachos van ganando terreno, no quieren sólo su parte del pastel, también quieren cortarlo y servirse su ración con su propio cuchillo. Eso fue Margaret Thatcher, cuyo apodo, dama de hierro, debió dar miedo y sin embargo provocaba admiración; eso fue Ronald Reagan, de puertas para fuera otro granjero campechano que salió de sus películas del oeste sin quitarse la pistola de la cadera; eso son el FMI o la Europa del inenarrable Salvini y sus fronteras selladas; eso es Donald Trump, a quien nada define mejor que el título de una novela de Chester Himes, Un ciego con una pistola, pero que no sólo ha llegado a la Casa Blanca con millones de votos respaldándolo, sino que será reelegido en las próximas elecciones; eso sería un Albert Rivera si le dejasen y eso han sido y son todos los jefes del PP, cuyo patriotismo del todo a cien consiste en que lo que hacen con las manos le lleve la contraria a lo que dicen con la boca, es decir, en saquear el país por el que juran estar dispuestos a dar la vida, empobrecerlo y llevarse los millones a un paraíso fiscal a la vez que ondean una bandera cada vez más grande porque hacen falta muchos metros de tela para hacer tantas vendas para los ojos de los incautos o los cómplices.

Y eso es Jair Bolsonaro, el ultra que está llevando Brasil al desastre y al mundo al mismo sitio, con la destrucción de la Amazonia, uno de los pulmones de este planeta contaminado pos sus propios habitantes, que al destruir el ecosistema del que viven demuestran que se puede ser al mismo tiempo el más listo y el más estúpido de los animales de la Tierra. La deforestación de esas selvas se multiplica bajo el Gobierno de ese individuo al que han hecho presidente las urnas y que ha flexibilizado los controles ambientales, algo que ya anunciaba en su programa, ha reducido el presupuesto dedicado a la prevención y el control de incendios un 38,4% y el de la llamada agenda climática, un 95%; está ultimando una ley que permita la extracción minera en las tierras indígenas y, naturalmente, se ha rodeado de un grupo de ministros a su altura, que cuestionan el calentamiento global con cuatro frases que les aplauden cientos de miles de inocentes, en el peor sentido de la palabra. Entre el 1 de enero y el 22 de agosto de este año se han registrado 76.720 focos de incendio, un 85% más que en el mismo periodo de 2018, pero esa gente baila alrededor de las llamas, como si fuesen hogueras de San Juan.

La pregunta está clara: ¿Ser presidente de Brasil te hace dueño de la Amazonia? La respuesta es obvia: lo es igual que lo sería considerar propietario del Museo del Prado al inquilino de turno de la Moncloa, así que el puesto no faculta a quien lo ostenta ni para quemar Las Meninas ni los bosques de un mundo que se ahogará sin ellos. Francia ya ha propuesto, en la reunión del G7, crear un fondo mundial para salvar los árboles, pero los famosos líderes del primer mundo reunidos en Biarritz no dicen nada de los culpables de que esa hecatombe se haya desmandado y amenace el futuro de todos, no sólo del necio de turno con mando en plaza, ni el de sus guardaespaldas o sus seguidores. Ayudar está bien, reforestar, lo mismo. Pero el problema de fondo es otro y no tiene otra solución que declarar intocable aquello que sea patrimonio medioambiental de la humanidad. La maquinaria sin embargo es perversa, porque el neoliberalismo, cada vez más racista y con más manga ancha para las nuevas expresiones contemporáneas del viejo y temible fascismo, ha invadido la democracia, actúa desde dentro de ella y en su nombre mientras la devora, como esos parásitos que se comen poco a poco al insecto del que se alimentan, lo vacían desde su interior, lo convierten en una cáscara y después del último bocado, lo abandonan.

¿Quién es (era) Stuart Hall? Sería difícil hacerse una idea si se buscan referencias en los medios españoles más allá de los escasos obituarios a su muerte, el 10 de febrero de 2014, a los 82 años. Bastaría con decir que el sociólogo de origen jamaicano, nacido en 1932, fue uno de los impulsores de los estudios culturales en el Reino Unido, y uno de los fundadores de la New Left Review, la publicación que desde los sesenta recoge a los principales pensadores de la nueva izquierda europea que le da nombre. Pero fue también uno de los responsables de imbricar la teoría marxista aplicada al análisis cultural con las luchas feministas y de las personas racializadas. 

En España, sin embargo, no se publicada ninguna obra suya desde 1970, cuando Anagrama editó Los hippies: una contracultura. Y ahora Lengua de Trapo, en su nueva etapa, lanza El largo camino de la renovación. El thatcherismo y la crisis de la izquierda, una colección de ensayos en la que analiza cómo la Dama de Hierro utilizó los puntos flacos de la socialdemocracia para, explica el sello, "levantar una ideología populista-autoritaria y crear una nueva hegemonía". Los textos abarcan desde los disturbios en las ciudades hasta la Guerra de las Malvinas. "Hemos elegido este volumen en particular", dicen los editores, "por su potencial para explicar el momento de rearme del pensamiento conservador y neoliberal que vivimos en nuestro país".

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  Un triste consuelo (1985)1

En los días posteriores a los disturbios de Tottenham, si querías captar durante horas la atención de cualquier periodista, bastaba con tratar asuntos tan esenciales como la localización exacta de las pasarelas en el Broadwater Farm Estate, quién fue realmente el que difundió primero la noticia de que Cynthia Jarrett había muerto, o cuál es el precio exacto en la calle de la cocaína tras la que iba la policía cuando empezó a cercar la zona hace unas semanas. Pero nadie mostró el más mínimo interés por conocer el contexto social y político.

Solo llegaron a plantearse algunas cuestiones más amplias varios días después de que volviera la calma. Para entonces, sin embargo, ya se había asentado firmemente la visión dominante de los disturbios. En lo que toca al gobierno, el asunto redundó en su beneficio en cuanto fue asimilado como una cuestión relativa a la ley y el orden. Al igual que con la huelga minera, en cuanto prevalece la perspectiva de la-ley-y-el-orden, el resto de cuestiones más complejas se debilitan hasta la insignificancia. A cualquiera que las plantea se le coloca el sambenito de ser un «buenista ingenuo» o, peor, un secreto simpatizante de la violencia. Todo se concentra en una pregunta en blanco y negro: «¿quién infringió la ley?».

Detrás de esa pancarta se reúnen los justos y los moralistas. Bajo ese lema, se anuncia el recrudecimiento: la fuerza ya puede salir a relucir legítimamente. Los representantes de la Policía Metropolitana y los jefes de policía regionales pueden asustarse entre ellos y asustar a los espectadores aireando sus fantasías privadas por televisión. Los carros lanza-agua y las pelotas de goma han podido incorporarse silenciosamente al repertorio habitual de la vigilancia policial. Podemos oír en la radio y ver en televisión a personas inteligentes como Sir Kenneth Newman convenciéndose a sí mismas de que esa es una respuesta adecuada al problema del malestar social en las ciudades británicas.

Puede que durante unas pocas horas la policía no supiera cómo reaccionar en Tottenham. Pero en el país en su conjunto, donde estos problemas están ya instalados de una forma u otra, el gobierno, la derecha y la causa del racismo han ganado por goleada. Otra lucida victoria.

Los medios, conscientemente o no, han jugado un papel esencial a la hora de garantizar esa victoria. Los días posteriores a los sucesos de Brixton y Tottenham, me contactaron distintos periodistas para decirme: «Por supuesto que hay desempleo, pero todo eso ya lo hemos oído antes. Tiene que haber otras razones». Nadie puede vencer la infatigable ignorancia de los medios cuando van en busca de novedades. Incluso los periodistas serios parecen presa fácil de la ilusión de que porque hayan aparecido una o dos veces en portada noticias sobre las causas sociales y económicas subyacentes de la tensión en las ciudades del interior, se puede decir que se ha hecho algo al respecto.

Parece entonces que es una simpleza decir que, ya que en realidad no se ha hecho nada en absoluto –de hecho, las cosas han ido a peor, no al revés, desde que la reticente mirada periodística apuntó en esa dirección–, la posibilidad de una explosión es más próxima en lugar de hacerse más remota.

Repito el juicio sumario que he hecho más arriba. La derecha, en un sentido amplio, ganó en Tottenham, independientemente de las victorias simbólicas que la gente crea que se consiguieron por la noche. Y con «derecha» me refiero, específicamente, al gobierno presidido por Margaret Thatcher y su equipo de toque popular; a las fuerzas dentro de la policía (y no toda la policía, por cierto) desencadenadas por las políticas y el tono de ese gobierno, impulsadas por un puñado de simplificaciones racistas simples y ciegas, que llevaban esperando desde el informe Scarman2 a tener otra vez su oportunidad; a los silenciosos –y no tan silenciosos– ocupantes de los bancos traseros de los torys que han aprovechado todas y cada una de las ocasiones que han tenido en los últimos años para dirigir a sus electores hacia posturas más abiertamente antinegros y a favor de la repatriación; al núcleo duro de los racistas callejeros, que han estado abriéndose camino como gusanos por las grietas y fisuras de una estructura social que se desintegraba rápidamente, y a las reservas latentes de xenofobia inglesista que el thatcherismo ha estado espoleando y alentando desde la guerra de las Malvinas.

Esta coalición, o formación, compleja, es el núcleo social del racismo en el país. Y lejos de haber estado escondido bajo tierra hasta las últimas semanas, ha venido experimentando un aumento de popularidad y un crecimiento de su alcance estable e implacable durante todo el gobierno de Thatcher. Independientemente de que Thatcher y sus colegas lo quieran reconocer como propio, se trata del rostro inaceptable del thatcherismo y una parte tan central de sus valores y el clima y la influencia que ejercen sobre el país como los filetes de ternera con zanahoria, o lo que sea que se coma ahora los domingos en Finchley. En el único sentido en que importa –el sentido político–, el thatcherismo provocó los disturbios; tan claramente como produjo los altercados de los skinheads en las gradas de fútbol hace unos meses, ansiando dar su merecido a los italianos igual que la flota ansiaba dar su merecido a los argentinos. Todos envueltos hasta la cabeza en la bandera británica.

Lo digo de esta forma cruda y simple porque, incluso entre los comentaristas negros, la tendencia ha sido la de señalar a la policía antes que a sus jefes políticos. Ruego no se me malinterprete. Existe la policía racista. En ciudades del interior, a pesar del Informe Scarman y de la policía comunitaria, poco a poco se ha convertido en lo más habitual. Cualquier hombre o mujer negra al que se vea cerca de un policía, sea cual sea la razón, se lo ve inmediatamente como alguien bajo sospecha, y como alguien que probablemente va a estar en problemas, por no decir que será víctima del abuso policial, antes de ser puesto en libertad.

Apenas importa que él o ella sea, de hecho, una de tantas personas interceptadas e interrogadas por el simple hecho de que, siendo negros, tienen que ser sospechosos de algo. Podrían estar simplemente preguntando, o, lo que parece impensable, denunciando un crimen o tratando en vano de convencer a la policía de que haga algo al respecto. No importa. Un incidente de ese tipo será interpretado inmediatamente por la comunidad negra como un problema, porque problemas de ese tipo son ahora la norma; la habitual y rutinaria experiencia del control policial cada día y cada noche en los barrios negros.

La pura verdad es que, en las comunidades negras, ahora mismo el control policial está fuera de servicio. El hecho de que un ejemplo de negligencia ocasional en una parte de Londres desencadenara una revuelta no parece que en ninguna medida haya hecho que la policía –aunque fuera mirando por su propio interés– se haya comportado de una forma más prudente en otras partes de la ciudad durante la semana siguiente. La ética policial en estas zonas se ha vuelto impenetrable, impermeable a cualquier influencia exterior. Parece que han olvidado que existen otras formas de entrar en la casa de una persona negra que no pasan por echar la puerta abajo.

Aislados de la realidad por todo el clima de la-ley-y-el-orden, con el aumento considerable de su poder, con un Ministerio del Interior a su servicio que justifica cada movimiento que hacen, con un ritmo y unos objetivos de trabajo impuestos por los jefes de la policía regional más matones y justicieros, sencillamente se han pasado de la raya; son fanáticos. Cada uno de sus movimientos se empapa en las aguas efímeras de la adulación servil de la Primera Ministra. Se han convertido, como muchos previmos hace diez años, en los chicos de Thatcher: la vanguardia de la crisis en las ciudades británicas.

Cualquier periodista que busque un relato de los disturbios podría dedicarse provechosamente a recomponer el patrón de qué es exactamente lo que, en las últimas semanas, hizo que uno de tantos actos policiales racistas fortuitos prendiera los materiales inflamables que se acumulaban en nuestras ciudades del interior.

Por lo tanto, no hay duda del lugar central que ocupa en todo este relato el historial terrorífico y aún sin concluir de las acciones policiales racistas. Pero desde mi punto de vista, la culpa de que los disturbios se hayan extendido rápidamente por las ciudades del interior en los últimos meses no puede ser única y exclusivamente de la policía.

Lo cierto es que Inglaterra tiene una historia larga y distinguida de revueltas rurales y urbanas. Y esa historia sigue un patrón inconfundible. Ocurre entre un sector de la población excluido de la vida política, económica y cultural de la sociedad. Es el resultado de un periodo largo y penoso de creciente pobreza y abandono, hasta que la gente empieza a sentirse como si fueran invisibles para la sociedad en su conjunto: viviendo en la espalda del mundo.

Cuando se aprietan las tuercas, se sueltan los frágiles lazos que unen débilmente a esas comunidades con la sociedad dominante. Aquellos que no tienen interés para la sociedad, no le deben nada a esta. Lo único que pueden perder es su pobreza y su exclusión. En ese momento, los disturbios ya han comenzado aunque nadie haya lanzado todavía ningún ladrillo; ya está a punto la fuerza que crea revueltas y disturbios, la explosión espontánea de ira, enfado y frustración que fluye imparable como la lava cuando todo comienza. Nadie, ni el mejor historiador, analista social o comisario general de policía, puede predecir exactamente qué acontecimiento concreto desencadenará esa explosión. Pero el hecho es que, un día o una noche, algo –importante o trivial–, pondrá en marcha el proceso con la inevitabilidad con que la noche sigue al día.

Esa es la posición a la que los desposeídos, que se acumulan en las grietas de la recuperación del Ministro de Hacienda, Nigel Lawson, han sido arrastrados sin remordimientos durante los últimos años. Siempre han sido pobres y desfavorecidos. Pero ahora, en la Inglaterra de Thatcher, que sean pobres, es lo correcto y apropiado, porque, si no, ¿de qué otra forma van a endurecer su fibra moral, adquirir autosuficiencia, dejar de apoyarse en el estado del bienestar, subirse a la bici y bajarse de la lista de parados de Norman Tebbitt, «hacer que Inglaterra vuelva al trabajo» o «emprender un pequeño negocio»?

Miles de esas personas a lo largo y ancho del país no han tenido un trabajo de ningún tipo, ni lo tendrán en los próximos cinco años. ¿Qué interés, me pregunto, se supone que pueden tener en el país, que les haga sentirse atados a sus leyes y costumbres o percibir estas como irrompibles? Muchos de ellos son jóvenes, y ya que el trabajo duro ha sido durante años la disciplina de las clases trabajadoras, no es difícil imaginar por qué su compromiso con la «Inglaterra obrera» es tan débil. Cuando Inglaterra haga algo por ellos, se les podrá convencer de que hagan algo por Inglaterra. Hasta entonces…

Y, en la parte baja de este montón, están los negros. Los desposeídos, los excluidos, la «brecha de lo ajeno» de Thatcher. He aquí la receta de Norman Tebbit para poder dar un empujón a esa brecha con el otro: cortar cualquier gasto del gobierno que sustente a las ciudades del interior y destruir las frágiles asociaciones y actividades que proveían a estas zonas de una débil posibilidad de actividad autónoma; castigar a las autoridades locales que podrían ser presionadas para que hicieran algo y matar de hambre a sus redes de apoyo material mediante la limitación del gasto. Después, ampliar los poderes de la policía, situándolos virtualmente como una fuente alternativa de autoridad moral y social en esas zonas, y empezar a penetrar en la comunidad, en las casas de la gente, en una persecución implacable de los criminales…

En la situación actual ya no es posible luchar contra el racismo, en la medida en que tiene su propia dinámica social autónoma, situada entre la gente blanca y la policía de un lado, y los negros del otro. El problema del racismo emana de todas y cada una de las decisiones políticas que se han tomado en Inglaterra desde que surgió la nueva derecha.

Los propios negros han intentado aislar a veces el asunto de la raza de cuestiones más amplias de la política social británica; como si la gente negra no tuviera nada que ver con los impuestos, la limitación del gasto público, el monetarismo y el factor Malvinas hasta que afecta directamente a las comunidades negras. Si alguna vez existió esta separación, hace mucho que desapareció. En Policing the Crisis, un libro que escribimos algunos de nosotros cuando el thatcherismo no era más que un resplandor diminuto en el ojo de Sir Keith Joseph, defendimos que la raza estaba profunda e íntimamente interconectada con todas las facetas de una crisis social británica que incluía a todos; y que ya no era posible que los negros tuvieran una estrategia política vinculada a la dimensión de ese proceso que les afectaba sin tener también una política para la sociedad como un todo. Este argumento ha adoptado una fuerza inconmensurable a lo largo de los años. Los disturbios de 1985 lo han colocado directamente delante de cada puerta.

Sigue siendo extraordinariamente difícil pronosticar las formas exactas en que se dará la respuesta política negra. Pero me parece innegable que la crisis de Tottenham es ahora también una crisis de y para los políticos negros. Mantener la fe en aquellos que, atenazados por una opresión incesante, resisten espontáneamente, acabará mereciendo la pena. Pero no es suficiente cuando amanece al día siguiente, porque lo único que eso significa es que, tarde o temprano, las tropas al frente de la lucha, con sus armas superiores y sus respuestas sofisticadas, acorralarán en una noche oscura a algunos de nuestros jóvenes en algún punto de una de esas pasarelas peatonales y se vengarán de lo ocurrido en Tottenham.

Desde mi punto de vista, nunca ha sido tan urgente la necesidad de una respuesta política negra radical y minuciosa como ahora, cuando empieza el contragolpe por los sucesos de Broadwater Farm Estate y la maquinaria de la-ley-y-el-orden vuelve a estar a punto.   1. El título original, «Cold Comfort Farm», hace referencia a Broadwater Farm, un área de Tottenham, en Londres Norte, que incluye un complejo residencial, el Broadwater Farm Estate, inspirado en las viviendas sociales de Le Corbusier y construido en 1967, con una planta baja no residencial (por los riesgos de inundación por la crecida del río Moselle) y un sistema de pasarelas que unen los distintos bloques de edificios a la altura de la primera planta. Durante los años 70, la crisis azotó con especial dureza a esta zona y el Broadwater Farm Estate pasó a ser conocido por sus índices de criminalidad, por lo que se propuso en varias ocasiones su demolición, provocando una abierta y continuada confrontación entre los residentes y las autoridades. Desde 1981 hubo distintos intentos de rehabilitar la zona, todos ellos baldíos. El 5 de octubre de 1985, la ciudadana afrocaribeña Cynthia Jarrett murió de un ataque al corazón durante un registro policial en su domicilio; al día siguiente, se convocó una manifestación a la puerta de la oficina de policía de Tottenham que derivó en una noche de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, y que se sumaba a los disturbios de la semana anterior en Brixton tras la muerte de otra mujer negra por un disparo durante otro registro policial. (Nota del t.)

2. Tras los anteriores disturbios en Brixton, que se extendieron durante tres días de abril de 1981, el Ministro del Interior encargó al juez Leslie Scarman un informe sobre la actividad policial, publicado en noviembre de ese año, en la que señaló un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza policial contra la población negra y la interrelación entre los factores económicos y las protestas violentas. Como consecuencia última de este informe, en 1984 se promulgó una ley para regular los códigos de conducta de la policía y limitar los abusos. (Nota del t.)

El largo camino de la renovaciónStuart HallTraducción de Carlos Pott

Lengua de Trapo23,50 euros19 de octubre de 2018

La editorial

Fundada en 1995, la editorial inependiente Lengua de Trapo publicó en sus inicios autores en español tan rebeldes como Rafael Reig o Iban Zaldua, y luego a escritores que serían adoptados por sellos más grandes, como Héctor Abad Faciolince o Ricardo Menéndez Salmón. Tras unos años de crisis hacia 2008, motivados en parte por el crack económico, el sello renace ahora de la mano de Jorge Lago, uno de los fundadores de Podemos y socio del sello desde hace una década, administrador ahora de la editorial. En esta nueva etapa, Lengua de Trapo se arrima al ensayo político con títulos como La superioridad moral de la izquierda, de Ignacio Sánchez-Cuenca, o el rescatado libro de Hall. 

Este discurso, el de "no hay alternativa", que inventó Margaret Thatcher, es el que crispa a una sociedad harta de trilerismos y de ver cómo los ricos son cada vez más ricos y pagan menos impuestos, mientras los demás somos cada vez más pobres y con menos derechos sociales.

Es esta hartura la que ha aupado a Corbyn al liderato de un partido de 115 años de historia que lleva dos derrotas electorales consecutivas, eso sí desde un discurso moderado, comprensivo con el ajuste, con el "esto es lo que hay".

A la revista The Economist, liberal en el sentido más amplio y británico del término, es decir más de centro que de derecha y bastante inteligente, no le gusta Corbyn. En uno de sus tuits le sentencia como “inelegible”, no tanto por sus posiciones políticas sino porque, dice, es aburrido. Tampoco al conservador Telegraph, que ya dijo en agosto que Corbyn debe ser frenado, supongo que democráticamente.

Esta opinión no coincide con la del joven gurú de la izquierda británica, Owen Jones, ni con la de los 251.417 votantes (el 59.5%) que han elegido a Corbyn. Le consideran un tipo honesto con un historial de decencia que ha estado en todas las causas posibles: contra el apartheid en Sudáfrica, contra la guerra de Irak, contra las políticas que generan pobreza.

En sus 32 años de diputado ha votado 500 veces contra su partido, algo común en el Reino Unido; los parlamentarios dependen de los votantes de su circunscripción y de un hacedor de listas. En el escándalo de los excesivos gastos de los diputados, que publicó el Telegraph, Corbyn aparecía como el parlamentario que menos dinero público gastaba, el más austero. Eso es una virtud en estos tiempos.

Otra de las informaciones del Telegraph -que como se puede leer está más empeñado que Esperanza Aguirre en deponer a Manuela Carmena-, apunta la posibilidad de un golpe de Estado interno en el laborismo contra Corbyn. A no ser que el nuevo líder cometa algún error de bulto en los próximos meses, esto supondría un suicidio del partido. Es lo que busca Cameron.

Su ascenso ha sido meteórico. Logró la nominación minutos antes del cierre del plazo para inscribir a los candidatos. Necesitaba el apoyo de 35 diputados y partía con 22, incluido el suyo. Fue una sorpresa. Ha recogido el descontento y el desencanto dentro de su partido. Le ha beneficiado que saliera contra él Tony Blair y su troupe de la Tercera Vía, que resultó una estafa mayúscula para la izquierda. Tony Liar, como le llaman sus enemigos, es posiblemente el político mas desprestigiado del Reino Unido.

Blair movió el partido al centro, alejándolo de la tradición unionista y de los últimos líderes como Neil Kinnock y Michael Foot, con el fin de ganar las elecciones. Venció en los comicios de 1997, arrasó más bien, pero traicionó a sus votantes en 2003, al sumarse a la aventura de Irak. Hay una escena en la película The Queen que explica la transformación. Cuando el joven Blair, reciente ganador de las elecciones, entra en el palacio de Buckingham y se deslumbra ante el poder de siglos. Esto no le va a pasar a Jeremy Corbyn.

Uno de los argumentos más repetidos es que Corbyn no va a ganar las elecciones generales. Lo más curioso es que este argumento procede de las filas conservadoras. Es posible que así sea, ya se verá. La clave será recuperarse en Escocia donde casi han desaparecido del mapa. De momento, su discurso sirve para agitar la política del Reino Unido. Las próximas elecciones generales están previstas en 2020. Hay tiempo.

Su primer reto será la elección del alcalde de Londres, el 5 de mayo de 2016. Frente al conservador y populista Boris Johnson, que aspira a medio plazo a la silla de Cameron, el partido Laborista presenta a Sadiq Khan, de origen paquistaní e hijo de un conductor de autobús. Lleva 10 años de parlamentario; ya fue ministro con Gordon Brown. Corbyn y Sadiq están en el mismo barco.

¿Es tan peligroso Corbyn? ¿Qué es lo que piensa? The Guardian, responde. Lo que más temen los conservadores y la City son propuestas económicas, que incluyen algunas nacionalizaciones y subidas de impuestos. La nacionalización de algún banco suena bien en una crisis originada por su apetito voraz; en España sonaría bien lo mismo, pero con las eléctricas.

Esta es una canción compuesta y cantada por un taxista que resume bien todo lo anterior: Corbyn, un hombre como nosotros. Esa es la clave.

House of Cards (en novela y serie británica) es un ejemplo. Hay más.

Todavía proyectan en algunos cines una película deliciosa ambientada en la misma época. Se llama Pride y habla de una deliciosa historia real: gays y mineros apoyándose (con toda la reciprocidad y la convicción posible) en sus reivindicaciones. "Tenemos tres enemigos en común, decían: la Thatcher, la policía y los periódicos sensacionalistas".

(para seriéfilos, sale en un papel desternillante Dominic West, prota de The Wire y de The Affair)

Los mismos enemigos que protagonizan una novela: La línea de la belleza, de Alan Hollinghurst. Como Henry James pero en los años 80 (los años crueles del sida): un lenguaje maravilloso y una ironía extremadamente sutil en el subsuelo para contar la historia de Nick y sus veinte años entre novios, amigos y personajes fascinantes.

Ahora que el paralelismo con la Thatcher está tan cerca, ahora que vivimos embarrados en la política, conviene recurrir al humor y a la distancia; conviene, sobre todo, acercarse a la verdad de la ficción.

Por eso van más recomendaciones más allá de Ian McEwan y Martin Amis: Menudo reparto, de Jonathan Coe, simplemente desternillante; El buda de los suburbios, de Hanif Kureishi, imprescindible; y, por supuesto, todo el cine de Ken Loach.

Sin embargo, las elecciones las han ganado los consevadores, y eso que tienen algo de Thatcher, como contaba el jueves Jonathan Coe en El País: "…Hace falta poner el freno a la austeridad. Parar de penalizar a la gente pobre. Vivimos en una sociedad asombrosamente desigual". Como hace treinta años.

Por eso, y para terminar, una pregunta: ¿quién escribirá la ficción de estos años tan crueles, tan críticos, tan nuestros?

P.D.: la semana pasada murió Ruth Rendell, otra autora británica, una de ésas que en una novela aparentemente fácil explica lo complejos que somos todos. Y me gustó mucho lo que recordaba El País de Ramón de España: “…en los libros de la señora Rendell había más y mejores reflexiones sobre la conducta humana que en todas esas novelas ambientadas en pueblos de León durante la posguerra que pasan por ser las perlas de la literatura contemporánea". Hay una generación de mujeres (P.D. James, Patricia Highsmith, Ruth Rendell…) que, desde la novela negra, han sabido contar al ser humano. Y hay que agradecérselo.

El desplome de la economía ha despertado una profunda desafección de los ciudadanos hacia la política. Frente a los que piensan que se trata de una crisis institucional, Ignacio Sánchez-Cuenca, profesor de Ciencia Política, director del Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales y colaborador de infoLibre, sostiene que la raíz del mal está en la impotencia democrática del poder político ante los problemas de la economía. infoLibre ofrece un adelanto de su último libro, La impotencia democrática, un relato sobre la crisis política en España que Libros de la Catarata publica el próximo viernes:

"La crisis económica, a veces llamada la Gran Recesión, comenzó en el otoño de 2008. En aquellos momentos era impensable que en 2014 tuviéramos niveles de paro por encima del 25%, jóvenes españoles con formación yéndose al extranjero a buscarse la vida, una tasa de crecimiento anémica, la Administración y el Estado de Bienestar en proceso de desguace, una deuda pública cercana al 100% del PIB y el mayor nivel de desigualdad de la Unión Europea.

También era difícil imaginar que la clase política y, sobre todo, los dos grandes partidos, iban a ser rechazados por buena parte de la ciudadanía. Para un segmento mayoritario de la opinión pública, los bancos pueden tener un alto grado de responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis, pero son los políticos quienes no son capaces de sacarnos del agujero en el que estamos sumidos. Este juicio es tanto más llamativo cuanto que en marzo de 2008, en las elecciones generales celebradas justo antes de la crisis, el PSOE y el PP obtuvieron entre ambos el 83,8% del voto válido, el máximo de nuestra historia democrática reciente. En aquel año, la opinión pública española era una de las que más alta valoración tenía de los partidos políticos en las encuestas europeas, y era también una de las más satisfechas con su democracia.

Da vértigo echar la vista atrás y comprobar lo mucho que ha cambiado el país. En 2008 España era todavía un país admirado internacionalmente. Estábamos viviendo un ciclo de crecimiento económico muy prolongado, iniciado en 1994, que nos llevó a superar a Italia en renta per cápita y a aproximarnos a Francia. Habíamos fortalecido la red de infraestructuras, con inversiones masivas en autovías, trenes de alta velocidad, puertos y aeropuertos. Nuestro país era una potencia mundial en energías renovables. Algunas de nuestras grandes empresas tuvieron una expansión internacional impresionante. A partir de 2004, con la formación de un gobierno del PSOE, se inició un periodo de crecimiento enorme del gasto público en I+D. Por lo demás, la deuda pública llegó a estar por debajo del 40%, en cifras muy inferiores a las de la media europea, y el Estado tuvo superávit fiscal por primera vez en democracia. España se puso a la vanguardia en materia de derechos civiles y sociales. Fuimos uno de los primeros países en aprobar una ley de matrimonio homosexual. El país recibió, entre 1990 y 2010, cinco millones de inmigrantes, que venían atraídos por la prosperidad sin fin, y consiguió integrarlos, de una u otra forma, evitando el surgimiento de movimientos xenófobos. El paro bajó del 10%. Los españoles cosechaban grandes éxitos internacionales en deportes, cine, gastronomía, literatura e incluso en ciencia. En fin, el país iba como un cohete.

El 24 de septiembre de 2012, TheNew York Times publicaba una crónica sobre la vuelta del hambre a EspañaTheNew York Times, acompañado por un reportaje fotográfico escalofriante con el título Hambre y austeridad en España. Ese mismo periódico, el más influyente del mundo, colocaba en su portada el 4 de mayo de 2013 una historia sobre La Muela, un municipio de 5.000 habitantes a menos de 25 kilómetros de Zaragoza. La periodista Suzanne Daley eligió La Muela como muestra de todo lo que había ido mal en España. La alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, su marido, su hijo, un concejal y 16 técnicos y empresarios fueron detenidos en 2009, en la llamada Operación Molinos. Pinilla y su familia habían amasado una fortuna de más de 20 millones de euros en una gestión disparatada de especulación urbanística. El caso llamó la atención de la periodista norteamericana por los excesos que se cometieron: la corporación municipal de La Muela se embarcó en proyectos faraónicos como la construcción de una plaza de toros cubierta, un centro deportivo con capacidad para 25.000 espectadores, un aviario y dos museos, uno sobre el aceite y otro sobre el viento. Alguno pensará que hay algo de justicia poética en la decisión de la alcaldesa de dedicar un museo al viento.

¿Cómo reconciliar las dos Españas de estos últimos años, la que quería comerse el mundo y la que hoy es incapaz de consensuar un proyecto de futuro? Hemos pasado de una etapa de euforia a otra de depresión, de una fase de extroversión orgullosa a otra de introversión vergonzante y melancólica.

Una forma muy tentadora de encajar ambas percepciones del país pasa por concluir que la fase de crecimiento fue un espejismo, una pompa de jabón que tenía que explotar. España, según esta tesis, ha despertado del ensueño y se ha dado de bruces con la realidad. Y se ha encontrado con que nada aprovechable queda de todo aquello. Urbanizaciones fantasma, aeropuertos sin uso y trenes de alta velocidad que atraviesan el país sin apenas pasajeros: ese es el desangelado legado de los años del dinero fácil. Este tipo de análisis ha dado lugar a un resurgimiento del regeneracionismo de factura “noventayochista”. Lo que la crisis ha dejado al descubierto, según esta visión, son caracteres nacionales que nos impiden tener las instituciones y las economías de los países europeos avanzados: una ilustración insuficiente, el cainismo hispánico, la primacía de los particularismos, una pesada herencia católica, el desprecio a la legalidad, etcétera. Se trata de explicaciones que recurren a la cultura y a la moralidad para dar cuenta de nuestro desgraciado presente. Su manifestación más emblemática es el reciente libro de Antonio Muñoz Molina Todo lo que era sólido, que ha cosechado gran éxito de público y crítica (Antonio Muñoz Molina, Todo lo que era sólido, Madrid, Seix Barral, 2013. Publiqué una crítica dura de este libro, con el título Ideas gaseosas sobre la solidez, en la revista tintaLibre, 5, julio-agosto, 2013, pp. 50-51. El libro defiende algunas tesis verdaderamente sorprendentes, como la de ligar la crisis económica a la memoria histórica y a la descentralización territorial del país). Una característica general de este tipo de enfoques es su profundo “provincianismo”, en el sentido de que se abren y se cierran con España, sin pararse a considerar, ni por un momento, que otros países, con sociedades e instituciones muy distintas de las nuestras, están sin embargo sufriendo dificultades parecidas a las que tenemos aquí.

A partir de este discurso noventayochista sobre los males seculares de la patria, han surgido multitud de propuestas regeneracionistas: basta asomarse a las páginas de opinión de El País para encontrarse con ellas a diario. El formato se repite cansinamente: el autor comienza realizando un diagnóstico sombrío del estado de la nación para, a continuación, presentar una letanía de reformas que España “tiene que” acometer si quiere superar sus problemas (Entre otros muchos posibles, valgan estos dos ejemplos: Guillermo de la Dehesa, ¿Una segunda transición?, El País, 2/2/2013; Jonás Fernández, España está por reformar, El País, 24/12/2013). “Hay que” reformar la administración, “hay que” reformar la justicia, “hay que” reformar el sistema educativo, “hay que” reformar la estructura del Estado, “hay que” reformar el funcionamiento de los partidos, y así hasta el agotamiento.

Muchos de los regeneracionistas parten de un relato común sobre las razones que nos han llevado hasta aquí. En síntesis, dicho relato es este: tras la muerte de Franco, las fuerzas políticas del régimen y de la oposición pactaron unas reglas de juego que favorecían la estabilidad de los gobiernos, según queda reflejado, entre otros aspectos, en el fuerte componente mayoritario de nuestro sistema electoral, que propicia un bipartidismo imperfecto, y en la naturaleza constructiva de la moción de censura, en la que el primer ministro solo cae si un candidato alternativo obtiene apoyos suficientes. La apuesta por la estabilidad suele explicarse como una reacción comprensible ante la fragilidad de los gobiernos que se formaron durante el periodo de la Segunda República. A causa del diseño constitucional de 1978, en España se consolidaron dos grandes partidos, que han tenido un poder enorme en el sistema. Esos partidos han ido “colonizando” nuevos territorios, lo que ha generado un elevado grado de politización de muchas instituciones del Estado, incluyendo los niveles superiores de la Administración, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y muchos de los organismos reguladores, así como las cajas de ahorros. Todo ello ha favorecido prácticas corruptas, pues el sistema funciona con poca transparencia y no hay instrumentos adecuados de control de la acción de los partidos. Al mismo tiempo, el proceso de descentralización ha generado patologías similares en cada una de las 17 comunidades autónomas, con sus correspondientes elites regionales. La crisis económica, continúa el argumento, ha sacado a relucir las limitaciones de las instituciones nacionales y del Estado autonómico. Si a todo esto se suma la crisis de legitimidad del sistema, tal y como se manifiesta en la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y los partidos, no queda más remedio que decretar el fin de una etapa.

Llegados a este punto de inflexión (no otra cosa quiere decir el término “crisis”), son legión quienes optan por una refundación del régimen democrático de 1978. Tales empeños adoptan dos formas. En sus versiones más extremas, frecuentadas por el movimiento 15-M y por los partidos a la izquierda del PSOE, se concluye que nada tiene arreglo en el seno del régimen vigente, por lo que hay que poner el contador a cero, es decir, hay que ir a una situación constituyente en la que se definan unas nuevas reglas de juego que superen para siempre el régimen de la transición, el de la Constitución de 1978. En sus versiones más moderadas, la apuesta consiste en someter al país a un tratamiento de choque mediante reformas institucionales y económicas (las famosas “reformas estructurales”), siempre dentro del terreno de juego que define la Constitución, que debe ser modificada, pero de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto. Entre tales reformas institucionales se incluirían la del sistema electoral, la del funcionamiento interno y financiación de los partidos, la de la independencia de la justicia y la de la modernización de la Administración.

En este libro soy más bien escéptico sobre muchas de las propuestas regeneracionistas. No es que no crea que la corrupción es un problema gravísimo de la democracia española: desde luego que lo es. Igualmente, estoy convencido de que hay margen para mejorar la racionalidad del sistema autonómico. Ahora bien, tiendo a desconfiar de las reformas institucionales que circulan en el debate público sobre la crisis por varias razones. En primer lugar, muchos de los análisis que he podido leer pecan del “provincianismo” al que me he referido antes con respecto al libro de Muñoz Molina: hacen una lectura exclusivamente española de los problemas políticos que quieren corregir, sin sacar consecuencias ni extraer lecciones de la experiencia comparada. Es crucial, sin embargo, y así voy a insistir una y otra vez en las siguientes páginas, entender que si otros países atraviesan problemas parecidos de insatisfacción con la democracia y desconfianza hacia los partidos, la causa no puede estar en lo que es específico de cada país, sino, más bien, en aquello en lo que son similares. Resulta imprescindible, para caracterizar con precisión nuestra crisis, elevar la vista más allá de nuestras fronteras. Con todo, el debate en España sigue siendo, en lo esencial, un debate introspectivo, con muy pocas referencias a lo que sucede en otros países europeos. Curiosamente, esto no sucede en los análisis económicos, pues todo el mundo da por supuesto que la evolución de las principales magnitudes económicas solo puede interpretarse a la luz de lo que sucede en el resto de Europa.

En segundo lugar, buena parte de los problemas que sufre el país no depende tan solo, ni siquiera principalmente, de las reglas institucionales. Hay algo de ingenuo en la idea de que basta cambiar las reglas para que las personas modifiquen su comportamiento. La historia está llena de ejemplos de reformas institucionales que no tuvieron efecto alguno o que tuvieron efectos muy distintos a los previstos originalmente. Las patologías políticas españolas pueden proceder en parte de un mal diseño institucional, pero hay también otros factores, de naturaleza social, que se pasan por alto en las propuestas regeneracionistas. Por poner una ilustración que desarrollo en el capítulo 2, en el caso de la corrupción hay explicaciones institucionales, relativas al funcionamiento de los partidos y la politización de la Administración, pero hay también explicaciones sociales: sabemos que aquellos países cuyos ciudadanos tienen bajos niveles de información política tienden a desarrollar mayor corrupción. La información política de la gente, medida por ejemplo a través de la circulación de periódicos en la población, no es algo que pueda determinarse a golpe de BOE. El cambio en una variable como esta solo puede producirse de forma gradual, en el medio y largo plazo.

En tercer lugar, es frecuente en las propuestas regeneracionistas encontrar un elemento de oportunismo político: se trata de aprovechar la crisis económica para justificar reformas institucionales que no guardan una relación clara con dicha crisis. Puesto que toda crisis es una oportunidad para el cambio, son muchos quienes en este contexto pretenden conseguir apoyos para moldear el país según sus principios ideológicos. Es como si en los malos momentos todo el mundo buscara arrimar el ascua a su sardina. De hecho, algunas de las reformas que se propugnan son perfectamente razonables, pero lo eran también hace 10 años, cuando todavía no había llegado la crisis económica. Lo que resulta intelectualmente deshonesto es presentar las reformas políticas como la condición necesaria para superar la crisis. Quien desee que las reformas políticas se lleven a cabo debería justificar su posición con razones políticas, sin apelar de forma tramposa a las supuestas consecuencias milagrosas que tendrán sobre la economía.

Finalmente, creo que los diagnósticos de los que parten los regeneracionistas, aun siendo correctos en buena medida, resultan insuficientes y parciales. Por una parte, llama la atención que rara vez presten atención a la dimensión distributiva de la crisis económica, perdiendo de vista que esta crisis tiene consecuencias muy distintas sobre los países y, dentro de cada país, sobre las distintas clases sociales. Por otra, debe recordarse que hay una dimensión específicamente europea en la crisis política. Uno de los problemas principales, si no el principal, es que la pertenencia al euro estrecha muchísimo el margen de maniobra de los gobiernos, lo cual no puede sino generar una enorme frustración en la ciudadanía. A mi juicio, la impotencia de los gobiernos en el área euro es una de las causas del descrédito de la política en estos tiempos. Y eso, me temo, es algo que no cabe arreglar mediante la clase de reformas que defienden los regeneracionistas.

Frente a las lecturas regeneracionistas de la crisis, en este libro trato de ofrecer una interpretación distinta, que parte de un principio absolutamente obvio, pero que, sorprendentemente, suele pasarse por alto en muchos análisis: la crisis política está estrechamente ligada a la crisis económica. La naturaleza exacta de esa relación, no obstante, es muy compleja de analizar, pues los vínculos entre ambas crisis se dan a varios niveles. En el nivel más básico de todos, la gente rechaza la política tradicional por los malos resultados económicos. No hace falta suponer un razonamiento muy sofisticado por parte de los ciudadanos, en virtud del cual estos atribuyen una responsabilidad directa a los políticos por la tasa de paro y la ausencia de crecimiento económico: sencillamente, cuando la tasa de paro se dispara y hay tanta gente sin ningún horizonte laboral, cunde el desánimo y la irritación, que se canalizan hacia los políticos. Los ciudadanos, desde este punto de vista, no toleran que el paro se desborde, da igual si está en manos de los políticos o no solucionar el problema. Y lo mismo vale para el empobrecimiento de amplias capas de la población, los desahucios, la pobreza energética, la desnutrición infantil y otros problemas sociales que han surgido durante la crisis: todos ellos constituyen una razón muy poderosa para que el ciudadano se sienta fuertemente decepcionado con la política.

En un segundo nivel, la crisis económica tiene un efecto indirecto sobre la política: no son ahora los resultados económicos, sino la manera insatisfactoria en la que el poder político aborda el problema lo que acaba generando una crisis de legitimidad del sistema. Como argumento, en el capítulo 3 de este libro hay una percepción muy extendida, que cruza todo el espectro ideológico, de que la distribución de costes y sacrificios durante la crisis ha sido profundamente injusta. No todo el mundo ha pagado igual: la crisis se ha cebado con los más vulnerables. Y no solo eso: quienes mayor responsabilidad han tenido a la hora de desencadenar la crisis no son precisamente quienes más han pagado por ello.

Por un lado, los trabajadores que han perdido su empleo han sido, sobre todo, los de menor cualificación (en los primeros años de la crisis, fundamentalmente del sector de la construcción, luego ya en todos los demás). Se ha producido asimismo una disminución importante de renta disponible que ha afectado más a quienes menos ingresos tenían. Ha habido además subidas fiscales importantes que han repercutido especialmente en los asalariados. En el otro extremo, tenemos que ha aumentado el número de millonarios en España; no se ha reducido el fraude fiscal, el grueso del cual corresponde a grandes empresas y grandes fortunas; y el Estado ha perdido del orden de 40.000 millones de euros en ayudas al sector financiero que no recuperará jamás, mientras que no ha habido rescate alguno a las familias en bancarrota o a las víctimas de las preferentes.

Quizá la ilustración más lacerante de la injusticia de la crisis sea la de los desahucios. Los bancos son asistidos o rescatados por el sector público mediante préstamos blandos del Banco Central Europeo (BCE), avales del Estado e inyecciones de capital, pero esos mismos bancos se muestran inmisericordes con la situación desesperada de muchas familias que no pueden seguir pagando la hipoteca al perder el trabajo uno o varios de sus miembros, procediéndose al desahucio de sus viviendas ante la pasividad de los gobiernos, primero el de José Luis Rodríguez Zapatero y luego el de Mariano Rajoy. El divorcio entre la ciudadanía y sus representantes es máximo en este caso. Es importante subrayar que el gobierno de turno no puede refugiarse en constricciones económicas o en imposiciones por parte de instituciones supranacionales: dentro del pequeño margen de acción que conservan los ejecutivos europeos, la regulación de la ley hipotecaria es uno de ellos. Por eso mismo resulta tan desmoralizador, desde un punto de vista democrático, la ceguera y falta de sensibilidad de PP y PSOE ante esta cuestión.

La percepción de injusticia tiene un efecto deletéreo sobre el sistema político. El contrato social gracias al cual funciona la política democrática queda cuestionado cuando los ciudadanos consideran que la otra parte, el Estado, no ha actuado en el interés general de la población, sino en el interés de los poderosos y las grandes corporaciones. En otros tiempos, una injusticia tan manifiesta podía provocar la rebelión de la ciudadanía y la quiebra del sistema político. En tiempos más pacíficos, sin embargo, la gente se desentiende de la política institucional, generándose un clima de desafección como el que se observa en los países europeos que han sufrido más con la crisis.

Hay un tercer nivel en el que la crisis económica se traslada a la política: la crisis ha sacado a relucir la impotencia del poder político ante los intereses financieros, las fuerzas de la globalización y, en el caso específico de la Unión Europea, la pérdida de soberanía de los gobiernos en beneficio de instituciones no representativas de naturaleza tecnocrática. Desde que la crisis global de los países desarrollados mutó en una crisis de deuda en la Unión Europea, hemos visto las consecuencias dramáticas del conjunto de decisiones equivocadas que tomaron los gobernantes europeos a propósito del euro en los años noventa. El euro, lejos de promover la convergencia de las economías europeas, ha provocado más bien su divergencia, produciéndose una ruptura en dos bloques: el de los países acreedores (con Alemania a la cabeza) y el de los países deudores (los países mediterráneos más Irlanda). Las políticas de ajuste que se han impuesto a los países deudores para satisfacer los intereses de los acreedores han sido un rotundo fracaso. Tras años de recortes y reformas estructurales, la economía se ha hundido, produciéndose una caída de los ingresos públicos superior en muchos casos al monto de los recortes, lo que ha provocado que los déficit apenas bajen o incluso suban (como en España), que se dispare la deuda pública, que el paro esté en niveles altísimos y que aumente la pobreza y la desigualdad.

Los países deudores han sido intervenidos (Grecia, Irlanda, Portugal, Chipre) o se han impuesto soluciones de gobierno tecnocrático (como en Italia con Mario Monti). El episodio más elocuente sobre el respeto al principio democrático durante la crisis de la deuda europea tuvo lugar en los primeros días de noviembre de 2011, cuando Yorgos Papandréu convocó un referéndum popular sobre las condiciones de un nuevo préstamo a Grecia: los centros de poder europeos reaccionaron con verdadera indignación por el atrevimiento, que ponía en cuestión toda la arquitectura política de la austeridad, y al poco tiempo Papandréu se vio obligado a retirarse y dar paso a un nuevo gobierno. En España no ha sido necesario ni el rescate ni la interferencia política, pues los dos gobiernos, el del PSOE primero y el del PP después, han cumplido como alumnos aplicados las exigencias procedentes de las instituciones europeas, con los resultados económicos que a la vista están.

Quizá lo más humillante en términos políticos haya sido que países que, al menos en teoría, son soberanos y se organizan democráticamente, dependieran enteramente del favor del BCE, institución no democrática que se ha erigido durante la crisis en el verdadero soberano europeo. Los gobiernos nacionales de los países con mayores necesidades de financiación externa han sido marionetas en manos del BCE, que decidía si les ayudaba o no en función de una extraña mezcla de dogmatismo ideológico e intereses económicos de los países acreedores. De forma muy esquemática: el BCE ha interpretado los problemas de la prima de riesgo en los países endeudados como resultado de desequilibrios internos de estos países, sin tener nunca en cuenta los incentivos que el diseño defectuoso del área euro generaba para que los inversores financieros atacaran la deuda pública de los Estados con mayor déficit de cuenta corriente.

Los Estados afectados, al haber cedido toda la competencia monetaria al BCE, se han encontrado inermes para hacer frente a los ataques. Sin un prestamista de última instancia que apoyara sus deudas públicas, los gobernantes se han visto obligados a realizar penosos sacrificios económicos (los famosos recortes) con la intención de calmar a los mercados: dichos recortes no han servido para arreglar el problema de la prima de riesgo y, en cambio, han hundido las economías nacionales de los países periféricos. Solo cuando el colapso del área euro parecía un peligro real, el BCE se decidió a actuar, mostrando a las claras que ha utilizado el problema de la prima de riesgo para imponer las políticas de la austeridad, pues el BCE, si hubiera querido, podría haber resuelto mucho antes el problema. De hecho, bastaron unas palabras contundentes del gobernador Mario Draghi en el verano de 2012 para que la presión sobre la prima de riesgo se relajara automáticamente.

La ciudadanía de los países más afectados por la crisis de la deuda se ha revuelto no solo contra sus gobiernos, sino también contra sus propios sistemas democráticos y, además, de forma muy acusada, contra la Unión Europea, que pasa por una crisis de legitimidad comparable en magnitud a la de los sistemas políticos de los Estados periféricos. Los sindicadores de confianza en la Unión Europea se han hundido. En la actualidad, en un país tradicionalmente europeísta como España, la proporción de gente que confía en una institución como la Comisión Europea es incluso más baja que en el país euroescéptico por antonomasia, Gran Bretaña.

Aunque muchos ciudadanos tengan un nivel bajo de información acerca del funcionamiento del euro, que es un asunto técnicamente bastante complejo, la gente entiende que la capacidad de los gobiernos nacionales para hacer política económica se ha reducido de forma muy notable en la unión monetaria. El actual presidente, Mariano Rajoy, fue especialmente claro en su intervención en el Congreso el 11 de julio de 2012:

"Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo; o rechazar los sacrificios y renunciar a todo" (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, X Legislatura, 2012, nº 47, p. 12).

En esas circunstancias, que Rajoy describe con tanta crudeza, son muchos quienes se preguntar acerca del valor del voto en unas elecciones: si sabemos de antemano que quienquiera que sea el partido vencedor se va a ver obligado, con independencia de su ideología, a poner en práctica los “sacrificios”, ¿para qué votar? Si, además, esas políticas son claramente perjudiciales para el país, condenándolo a deshacer un camino recorrido con grandes esfuerzos durante muchos años, es lógico que se forme una corriente poderosa en la opinión pública de decepción profunda con la democracia, las instituciones y la política más en general.

La impotencia democrática que se ha instalado en los gobiernos españoles no puede explicarse únicamente a partir de factores nacionales. Es preciso tener en cuenta la inserción de España en el área euro y, más general, en la Unión Europea. Lo curioso es que mientras que la opinión pública, según revelan múltiples encuestas, ha revisado sus convicciones europeístas y hoy muestra una posición muy crítica hacia la Unión Europea, las elites españolas, tanto económicas como políticas, continúan defendiendo un europeísmo incondicional y acrítico que les aísla cada vez más de la sociedad en la que viven. Así como en Portugal o en Grecia ha habido vivos debates sobre las ventajas e inconvenientes de permanecer en el euro, en España ese debate no ha llegado a surgir. Impresiona leer las palabras finales de José Luis Rodríguez Zapatero en su libro sobre la crisis:

"La Unión Europea y el euro son proyectos irrenunciables, y más aún en la era de la globalización. La fuerza de los valores que inspiran la unidad europea es superior a cualquier circunstancia, por muy adversa que esta sea. No podemos ignorar que los progresos de los 30 años de democracia en España se han logrado de la mano de Europa, por Europa y con Europa, y por muy duras que sean ahora las consecuencias y las limitaciones del euro, no deberíamos ni pensar por un momento en la renuncia al euro" (José Luis Rodríguez Zapatero, El dilema. 600 días de vértigo, Barcelona, Planeta, 2013, p. 377).

La adhesión absoluta a un proyecto técnico e instrumental como el del euro, al margen de las consecuencias que tenga para un país, responden a un cierto tipo de rigidez intelectual que está muy extendida en España. Y el hecho de que nuestro país se haya beneficiado más o menos en el pasado por su pertenencia a la Unión Europea no justifica que ahora o en el futuro España pueda ser castigada sin límite. Más valdría admitir el daño que el euro está haciendo a la sociedad española y luchar para evitarlo, buscando coaliciones con partidos y gobiernos de otros países para hacer frente a los dictados perjudiciales del BCE y de la Comisión, estableciendo así un límite a lo que un país puede aguantar antes de abandonar el club.

Curiosamente, la única manera de que el sistema del euro se reforme en una dirección que lo haga aceptable para los países más débiles consiste en que estos exijan esa reforma en los términos más duros posibles. Mientras los gobiernos y los establishments de los países del Sur porfíen en esa actitud de sumisa aceptación de todos los sacrificios en nombre de un ideal europeo que los propios países del Norte no respetan, estamos condenados a no tener futuro.

Aunque soy consciente de que defiendo una opinión minoritaria, me provoca sumo desconcierto que el debate público en España se centre en la reforma del modelo autonómico, el cambio en la financiación de los partidos y la modificación de la ley electoral y apenas hablemos del autoritarismo del BCE, de la insolidaridad de Alemania, que se niega a la mutualización de la deuda pública europea (los eurobonos), del apoyo de la Comisión a las políticas de austeridad y del limitado espacio democrático que queda en el seno de la unión monetaria. Por supuesto que los economistas hablan de estos asuntos con frecuencia, pero su debate es esencialmente técnico. Lo que estoy reclamando en estas páginas es más bien un debate político, en el que se ponga sobre el fiel de la balanza los costes sociales y políticos (democráticos) de permanecer en el área euro.

Como ya he indicado anteriormente, estoy de acuerdo con todos aquellos que defienden que en España hay un problema grave de corrupción, que los partidos funcionan realmente mal y que hay graves patologías en el sistema autonómico. Pero esos problemas existen desde hace tiempo y no explican el hundimiento de los indicadores de legitimidad del sistema político español. Para dar cuenta de ese hundimiento, resulta imprescindible hacerse cargo de los terribles resultados sociales de la crisis económica y de la impotencia de los gobiernos para hacer frente a los mismos. Aunque tenga matices propios y características específicas, la crisis política española, como se verá en el capítulo primero, es también portuguesa, griega o italiana: todas ellas están relacionadas en última instancia con los errores de diseño del euro y con el déficit democrático de la Unión Europea (se estrecha la democracia nacional mientras que no se abre paso una democracia supranacional).

¿Qué tipo de país será España cuando supere la doble crisis económica y política en la que se encuentra? Si no hay ningún cataclismo institucional, como la ruptura del área euro, lo más probable es que el país salga con una fractura interna muy fuerte, que se traduzca en niveles de desigualdad elevadísimos. Habrá una minoría que se beneficie de las ventajas de la globalización y del euro y una gran mayoría de perdedores, con dificultades cada vez mayores para encontrar trabajos no ya estables, sino simplemente dignos. El Estado de Bienestar español, que siempre ha estado muy por debajo de la media europea en cuanto a financiación y provisión de servicios, será aún más débil: las pensiones públicas solo asegurarán un mínimo de subsistencia y los servicios públicos irán quedando reservados para los más pobres. En general, el país se volverá más liberal y anglosajón en su forma de organizar las relaciones entre mercado, sociedad y Estado.

Desde un punto de vista político, es más difícil anticipar el futuro. Sabemos, por un lado, que en las democracias desarrolladas no se producen derrocamientos violentos. Esto, en principio, nos permite descartar episodios insurreccionales o revolucionarios que acaben con el sistema. Otra cosa es que si la situación sigue deteriorándose, en algún momento pueda haber saqueos o reacciones espontáneas de violencia, pero este tipo de sucesos no suele provocar grandes cambios políticos. Por otro lado, muchos creen que el régimen que se inició con la Constitución de 1978 está agotado y que la única manera de relegitimar el sistema político pasa por una fase constituyente, en la que todo se cambie de forma pacífica. Es harto improbable que algo así ocurra, aunque si el Parlamento se fragmentara mucho, los partidos pequeños y medianos, que serán esenciales para formar gobierno, podrían forzar una revisión constitucional profunda.

Quisiera, sin embargo, situarme en un plano más abstracto para especular sobre las consecuencias más generales que tendrá la crisis en el mundo desarrollado. Para ello, creo que vale la pena volver la mirada hacia la crisis de los años setenta. Dicha crisis tuvo un impacto duradero, pero no porque hubiera revoluciones o grandes cambios políticos en el mundo desarrollado, sino más bien porque se modificaron las reglas de juego. Fueron unos años en los que se habló mucho de crisis de la democracia y de crisis del Estado de Bienestar. Tres autores conservadores, Michel Crozier, Samuel Huntington y Joji Watanuki, escribieron, por encargo de la Trilateral, el libro The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies (1975). A su juicio, los regímenes políticos de los países desarrollados estaban en peligro por un “exceso de democracia”: los sistemas eran demasiado permeables a las demandas procedentes de la sociedad civil, lo cual los volvía ingobernables y excesivamente burocráticos. En esas condiciones, los gobiernos carecían de autoridad para llevar a cabo las políticas anticrisis y no podían establecer planes estratégicos a medio y largo plazo. Desde la izquierda, James O'Connor publicó The Fiscal Crisis of the State en 1973, defendiendo la tesis de que el Estado de Bienestar era insostenible, pues la dinámica democrática conducía a un aumento constante del gasto social que no se veía compensado por un aumento equivalente de los ingresos. Ese mismo año, JürgenHabermas publicó su libro Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, en el que argumentaba que el capitalismo destruía los valores precapitalistas que lo embridaban y lo hacían aceptable ante la ciudadanía. La destrucción de dichos valores morales llevaba a la erosión de la legitimidad del Estado en su intervención en el sistema económico, de manera que o bien el Estado renunciaba a su papel activo o bien actuaba en un sentido meramente tecnocrático, no político.

A pesar de todas estas advertencias, las democracias desarrolladas consiguieron sobrevivir a las demandas sociales, los Estados de Bienestar no entraron en quiebra y el capitalismo, tras el hundimiento de la URSS y el socialismo real, se convirtió en el único sistema económico posible. A medida que la economía mejoró durante la década siguiente, la de los años ochenta, las preocupaciones de los setenta fueron quedando en el olvido. No obstante, ya nada fue igual después: el consenso keynesiano o socialdemócrata de la posguerra empezó a perder fuerza ante el embate del neoliberalismo representado por Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.

La crisis actual también está transformando el terreno del juego. Al igual que con lo ocurrido en los setenta, creo que en esta crisis se está produciendo un cambio de gran alcance en la naturaleza de la democracia. La crisis ha acelerado algunos procesos de transformación que amenazan con convertir las democracias representativas que conocemos en algo muy distinto.

El problema general es el de la impotencia al que antes me he referido. Los gobiernos nacionales han ido perdiendo margen de maniobra, en parte debido a las fuerzas de la globalización, que generan mayor dependencia de la política con respecto al capital, y en parte debido al proceso de vaciamiento de la capacidad de autogobierno. En los países desarrollados, se ha ido delegando el poder de decisión sobre materias esenciales, fundamentalmente económicas, a instituciones independientes o supranacionales que no tienen responsabilidad democrática alguna, y en muchos casos se han constitucionalizado reglas que atan las manos de los gobiernos (como la reforma constitucional española de 2011 que obliga a un déficit estructural nulo y que establece la prevalencia del interés de los acreedores sobre el de los deudores). De esta forma, las decisiones colectivas sobre asuntos económicos ya no se toman en función de las preferencias de los ciudadanos (principio básico del autogobierno democrático), sino en función de lo que establecen agencias y reglas sin base popular.

La Unión Europea es, en este sentido, el proyecto más radical en el proceso de adelgazamiento democrático que están viviendo muchos países. Señala la dirección en la que evolucionarán las democracias en el futuro. En el epílogo del libro presento algunas reflexiones (un tanto sombrías) al respecto. Según lo veo, el porvenir político que dibuja la crisis es el de un régimen liberal y tecnocrático, con formas residuales de democracia (a nivel local o regional en todo caso), en el que las libertades y los derechos fundamentales estarán garantizados gracias al Estado de derecho, pero en el que no habrá autogobierno político. No nos dirigimos, por tanto, hacia nuevas formas de autoritarismo, sino hacia un Estado liberal y tecnocrático sin autogobierno. Habrá libertad personal, sí, pero no se ejercerá políticamente. El papel de los ciudadanos consistirá en controlar la honestidad y la capacidad de los gestores públicos, no en elegir entre alternativas políticas o ideológicas. En un orden tecnocrático, el poder lo ejercerán expertos al servicio de los grandes intereses corporativos. Podrá haber formas de resistencia ciudadana cuando se cometan graves abusos, pero no habrá un debate auténtico sobre programas alternativos de gobierno.

Si estoy en lo cierto y estamos entrando en una nueva fase política, caracterizada por el liberalismo y la tecnocracia, no debería sorprender que la opinión pública de los países que más están sufriendo en esta gran transformación muestre actitudes de gran decepción con la política y la democracia. Sin duda, son claves los malos resultados económicos, pero parece que muchos ciudadanos han empezado a entender también que el vínculo representativo se está deshaciendo: de ahí la profunda insatisfacción democrática que se observa en la mayoría de los países de la Unión Europea. La crisis política es, ante todo, resultado de la impotencia de los gobiernos".

Mito uno: aquellas palabras crearon un clima nuevo en las relaciones raciales en Estados Unidos. Tendemos a escribir la historia en función de acontecimientos concretos y bien acotados en el tiempo, y sobrestimando el papel de los líderes políticos que los protagonizan. En realidad, el cambio hacia la igualdad de derechos civiles de negros y blancos en Estados Unidos fue un proceso acumulativo, de unas tres décadas de duración, y especialmente intenso desde 1954 y 1955, una década antes del famoso “I have a dream”. Algunos de los hitos previos de extrema relevancia fueron la muerte a manos de un blanco del niño Emmett Till, la sentada de Rosa Parks en el autobús de Montgomery, el intento de la dulce Autherine Lucy de ir a la Universidad a pesar del boicot de algunos alumnos y profesores blancos, y de la propia dirección de la Universidad, las sentadas ya muy numerosas de los negros en lugares reservados para los blancos, y, por supuesto, las imágenes aterradoras del Ku Klux Klan, o de los perros de los policías acosando a los manifestantes afroamericanos…

El discurso de King, por tanto, ayudó sin duda a consolidar un clima que ya se había estado creando muchos años antes. El discurso logra pasar a la historia de manera nítida por el contexto en el que se produce, no sólo ni fundamentalmente por su fuerza intrínseca. Por las décadas de preparación que le precedieron y, también, por el mágico momento en que se pronuncia: una marcha sobre la capital del país controlada minuciosamente por miles de policías, en medio de una tensión extrema, y que culmina con una combinación de música negra y de protesta y luego una decena de discursos uno detrás de otro. De hecho, según cuentan las crónicas del momento, como la cobertura del día siguiente en The York Times, la sociedad americana del momento no está segura de que la Marcha de Washington vaya a tener efecto en la larga lucha por los derechos civiles.

Mito dos: se trata de la pieza de retórica más bella de nuestro tiempo. Es la más citada, pero es exagerado decir que sea la más bella. En realidad, el discurso de King tiene una parte que ha pasado más bien desapercibida a la historia. Se trata de los primeros dos tercios del discurso, que King leyó del papel sin demasiada emoción. El texto es muy bello, sin duda, y se ve la pericia del pastor experimentado y del líder espiritual y político que King era. Abundan las metáforas (“las cadenas de la discriminación”, “el valle de la desesperación”,“el verano del descontento” que llevará “al otoño de la libertad y la igualdad”, el “palacio de la Justicia”, el “cheque” que es “devuelto por insuficiencia de fondos”…). Hay, cómo no, anáforas recurrentes, rítmicas y sonoras (“Ahora es el momento… ahora es el momento… ahora es el momento…” o “no podemos estar satisfechos mientras… no podemos estar satisfechos… no podemos estar satisfechos…”). Hay antítesis eficacísimas (“No satisfagamos nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio”).

Pero la parte que más citamos, y la que nos sigue hoy emocionando, es la que corresponde a los últimos cinco minutos del discurso, de los 16 y medio que dura en total. Es en el momento de cerrar cuando el pastor nota que al discurso le falta una suerte de cierre fuerte, y que sus palabras no están alcanzando el tono que correspondía a la épica del evento. La cantante Mahalia Jackson, cuentan, le susurra a King: “Háblales del sueño, Martin”. Y entonces King recurre al discurso que ha pronunciado decenas de veces en sus actos religiosos y políticos por el país. Y vuelve a la anáfora (“tengo un sueño… tengo un sueño…”, “que suene la libertad… que suene la libertad…”) y a la metáfora (“hijos de antiguos esclavos e hijos de antiguos propietarios de esclavos serán capaces de sentarse en la mesa de la hermandad”, el propio sueño o el sonido de la libertad, o el “oasis de libertad”) y a la tríada prestada con la que cierra, técnica también abundante a lo largo de todo el texto (“libres al fin, libres al fin, gracias Dios todopoderoso, somos libres al fin”).

Más que una preciosista composición retórica, el discurso de King es, en su parte más conocida, la del sueño, una muestra formidable de sermón hipereficaz. Podríamos escucharlo en cualquiera de los templos de Harlem que los domingos reciben entre canciones de Gospel a los feligreses negros con sus elegantes trajes, sombreros y tocados. Esto no resta ni un ápice de mérito y de valor a las palabras de King. Pero no sería justo equiparar la calidad del texto con otros textos más minuciosamente construidos de la tradición anglosajona, como los extraordinarios discursos de Churchill, Kennedy, Thatcher u Obama, por poner ejemplos varios.

Mito tres: el discurso fue un éxito. En gran medida fue un éxito, sí, y por eso hoy lo rememoramos. El discurso fue impactante. Y The New York Times llevó el sueño a la portada en su literalidad. Pero hubo división de opiniones en cuanto a la eficacia política y social. Los otros nueve oradores habían optado por mensajes generalmente más fuertes y radicales de lucha. Entre los asistentes y los activistas negros del momento, abundaban quienes creían que había que elevar la amenaza del movimiento para presionar con más fuerza. Uno de los organizadores de la marcha, John Lewis, lo expresó así décadas después en sus memorias del Movimiento, Walking With the Wind: “En los días que siguieron, demasiada prensa nacional, en mi opinión, se concentró no en la sustancia del día, sino en la escena. Sus historias retrataron el evento como un gran picnic, una guardería combinada con el espíritu de una reunión renovadora de oración. Demasiados comentaristas y periodistas suavizaron y trivializaron los duros bordes de dolor y sufrimiento que provocaron este día en primer lugar, ignorando los duros asuntos que debían resolverse, los temas que habían despertado tantos problemas en mi propio discurso. Fue revelador que las citas que lograron de los líderes del Congreso en el Capitolio no eran sobre las posiciones de los legisladores sobre los derechos civiles, sino que, en su lugar, se concentraron en alabar la 'conducta' y la 'pacífica actitud' de los manifestantes en la masa”.

Sin duda, la Marcha de Washington y el “I have a dream” fueron hitos muy relevantes en la escenificación de la causa afroamericana del momento, pero hay que recordar que en esos momentos había ya en el Congreso dos leyes que serían finalmente aprobadas en los dos años siguientes: la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos de Voto en 1965. Los congresistas a los que los reporteros preguntaron tras la Marcha, se mostraron más bien ajenos a su eficacia, dando a entender que el proceso estaba ya en camino de cualquier modo. Y no todo está logrado, ni mucho menos, ni siquiera con un presidente negro en la Casa Blanca. Aún hoy, cincuenta años después, menos de la mitad de los estadounidenses creen que “se ha avanzado mucho” en el camino del sueño de Martin Luther King, según cuenta Pew Research en una encuesta reciente.

Mito cuatro: el discurso es patrimonio de la Humanidad. Bueno, en sentido metafórico lo es. Pero también es patrimonio de los herederos de King, que han defendido los derechos de autor de la pieza y siguen haciéndolo con mucho cuidado. En Internet resulta muy difícil ver el discurso íntegro por esa limitación. Como recuerda The Atlantic en un artículo sobre la cuestión, el propio Martin Luther King reclamó los derechos del discurso para evitar su comercialización ajena, justificando su defensa en la protección de los recursos del movimiento. En 1999 la familia King se querelló y ganó contra CBS por una reproducción no consentida, y en 2009 los derechos del discurso fueron adquiridos por EMI. Con todo, el discurso se puede ver íntegro en Internet aún, y hay gente interesada en que se libere su distribución.

Mito cinco: el sueño de King ayudó a restañar las heridas de la división entre los blancos y los negros. Sí, pero no solo eso. El discurso y la marcha entera fue la constatación, quizá por vez primera de manera general y masiva, de que la defensa de los derechos civiles ya no era cosa solo de unos cuantos activistas negros en el remoto Sur. Por vez primera, Estados Unidos curaba otra fractura: la que separaba al arcaico, rural, conservador y embrutecido Sur, del Norte ilustrado, tolerante y progresista. El hecho de que entre los 200.000 asistentes a los eventos de aquella mañana hubiera un tercio de blancos era un fenómeno muy sintomático. Como lo fue también la muy abundante cobertura de los medios masivos blancos, la televisión en particular. La presencia y el apoyo de Marlon Brando, Joan Báez, Bob Dylan, y otras muchas celebridades blancas, ayudó a generar entre la población media estadounidense, dos efectos imprescindibles: primero, interés. Hasta hacía pocos años, los asuntos raciales no habían despertado demasiada inquietud entre la población general. Solo cuando los líderes de opinión blancos (medios de comunicación incluidos) empezaron a contar el problema y a apoyar a los líderes negros, la sociedad americana empezó a despertar. Y, segundo, la sensación de que la división entre blancos y negros era ya algo del pasado. Cuando Martin Luther King empieza a contarnos su sueño, el sueño ya lo habían estado cumpliendo él y cientos de valientes más. Martin Luther King sonreiría hoy con ironía ante quienes sobrestiman la fuerza de sus palabras, sin comprender que su sueño era en realidad la culminación de un proceso mucho más arduo, arriesgado, comprometido, largo y acumulativo, que esos brillantes y míticos 16 minutos y medio.

Margaret Thatcher's death on 8 April provoked strong reactions amongst her supporters and opponents alike. While the former hailed her as the greatest peacetime Prime Minister of the 20th century, who saved Britain from terminal economic decline, the latter (including a minority who openly celebrated her death) condemned her as deeply divisive and reactionary. But on one point, all agreed – nobody questioned the decisive impact, for better or for worse, that Thatcher has had on the course of contemporary British politics during her eleven years in power.

While the 1945-1951 Labour government laid the foundations for the postwar consensus of Keynesian economic management, expanded public services, substantial state intervention in the economy, and full employment, Thatcher sought to undermine them. Swept to power in 1979 following the “winter of discontent” in which public sector strikes had destroyed the credibility of the incumbent Labour government, Thatcher's assault on union power and determination to curb the role of the state via a radical programme of privatization were popular, even amongst substantial numbers of working class voters. The effects of both these strategies have proved enduring. After brutal clashes in the early 1980s with the steelworkers and miners, Thatcher's governments introduced restrictive legislation which undermined unions in the workplace. Union membership declined from its historic peak of 13.2 million in 1979 to only 9.8 million in 1990 (and to 7.5 million by 2004). In 1978, the last full year before Thatcher was elected, the number of working days lost to strikes averaged a staggering 1.2 million per month. By 1990, her last full year in power, this had declined drastically to only 160,000 per month. Meanwhile, the privatization of state enterprises and monopolies not only boosted share ownership amongst the population, but ensured that nationalization is no longer regarded as a credible economic strategy, except in the most exceptional cases. Privatization was even extended to public housing, where legislation enabling tenants to buy their properties proved extremely popular – at least amongst those who could afford to do so.

Certainly, there were limits to popular support for such measures. The Conservative vote share in the 1979 election was a relatively modest 43.9%, and within two years, with the unemployment rate having doubled, the party stood third in the polls. In October 1981, Thatcher herself became the most unpopular Prime Minister since polling records began, with an approval rating of only 24%. Even after the Falklands War, which transformed her political fortunes, the Conservative vote share declined further in the two subsequent elections, from 42.4% in 1983 to 42.2% in 1987. It was only the peculiarities of the British electoral system, combined with a disastrous split within the opposition between a radicalized Labour Party and the breakaway SDP, which delivered huge parliamentary majorities for her. Moreover, public support for key institutions of the welfare state remained robust (the National Health Service never became the object of privatization), while the vociferous opposition to the deeply regressive poll tax - which proved her political undoing - reflected continuing attachment amongst voters (including some who had voted for her) to basic notions of fairness and social solidarity.

However, in terms of social and economic inequality, Thatcher's legacy has been devastating. Public spending in Britain as a proportion of GDP declined significantly during her years in power, from 45.1% in 1978-1979 to 39.1% in 1989-1990. Conversely, unemployment soared. The rate of 5.3% she inherited in May 1979 had risen to 11.9% by mid-1984. From February 1983 to June 1987, more than three million people were without work in Britain. While the unemployment rate had fallen to 7.5% by the time she left office in late 1990, rates thereafter, while fluctuating, have remained generally much higher than before she won office, standing at 10.7% in February 1993, 8.3% in September 2011 and 7.9% in February 2013. As such, the Thatcher years marked a genuine watershed with respect to the abandonment of what had been since 1945 a consistent, bipartisan, commitment to full employment.

The notion of the Thatcher era as a watershed holds for other social and economic indicators. In general, Britain in the 1980s became a much more unequal society and has remained so ever since. Taking the standard Gini coefficient measure of inequality, Britain stood, with a coefficient of 0.239, at its most egalitarian in 1977, midway during the much maligned 1974-1979 Labour government. Thereafter it rose to 0.339 by the time Thatcher left office in 1990, before falling slightly to 0.333 in 1996-1997. The same can be said for poverty levels, which, largely as a result of high unemployment and severe cuts to social benefits, skyrocketed under Thatcher. Her government proved especially vindictive with respect to the most vulnerable sectors of society, who suffered grievously. Old people reliant on the state pension were treated abominably. The proportion of pensioners living in households with income less than 60% of the median rose from 28% in 1979 to 39% in 1988-89. Children fared even worse, as the 1980s bore witness to a shocking increase in the child poverty rate. The proportion of children in households with incomes less than 60% of the median rose from 14% in 1979 to 31% in 1990-91 (and to 34% in 1996-97). Such targeting of the vulnerable was nowhere better seen than in housing policy. Almost one million council houses were sold under Thatcher (followed by a further 316,000 under the government of John Major). This, however, was not offset by the construction of new homes for those who could not afford to buy their own. In 1979, 91,100 council houses had been built, accounting for 43.5% of all houses built in Britain. In 1991, only 23,400 council houses were built, amounting to a mere 15% of total construction. Whereas in 1979 public housing represented 31% of the total housing stock (an historic peak), by 1991 it accounted for only 23%. One of the most brutal consequences of this deliberate shrinkage of accessible housing was homelessness, which increased massively during the 1980s. The number of households accepted by local authorities as being unintentionally homeless more than doubled from 72,210 in 1980 to 163,809 in 1990. These figures do not even include people sleeping on the streets, though it is widely accepted that their numbers increased drastically in the course of the decade, especially in London and other major cities. Overall, the poverty rate almost doubled under Thatcher and Major: the proportion of people living on 60% of median income (after housing costs) rose from 13.7% in 1979 to 25.3% in 1996-1997.

It is worth emphasizing that the 1997-2010 Labour government did little – if anything – to reverse these deeply regressive trends. Despite some initial success in tackling child poverty (subsequently undermined by the economic crisis), the overall poverty rate in 2008-09, at 22.2%, was not much lower than when the Conservatives had left office. More shockingly, Britain became even more unequal under Blair and Brown: the Gini coefficient in 2009-10, at 0.357, was higher than when Thatcher was ousted in 1990. Not for nothing have Blair's three successive election victories been described as the ultimate confirmation of Thatcher's long-term, and utterly malign impact on the course of British politics and society. Whether current Labour leader Ed Miliband is able to forge an electorally successful platform based on the party's more progressive traditions remains to be seen. -----------------------------

Andrew Richards es investigador senior en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Doctor por la Universidad de Princeton, es autor del libro 'Miners on Strike' (Berg, 1996). En la actualidad está escribiendo una biografía de Salvador Allende.

Versión en inglés  

La muerte de Margaret Thatcher el pasado 8 de abril provocó fuertes reacciones tanto entre sus seguidores como entre sus oponentes. Mientras que los primeros la ensalzaron como el mejor Primer Ministro en tiempos de paz de todo el siglo XX, sobre todo por su papel decisivo en salvar a Gran Bretaña de la decadencia económica, los segundos (entre los cuales se cuenta una minoría que celebró ruidosamente su muerte) la condenaron por reaccionaria y divisiva. Hubo un aspecto, no obstante, en el que todos se pusieron de acuerdo: durante sus once años en el poder, Thatcher tuvo un impacto enorme, para bien o para mal, en la política británica contemporánea.

Durante el periodo 1945-1951, el Gobierno laborista puso los cimientos del consenso de posguerra basado en el keynesianismo económico, la expansión de los servicios públicos, una intervención sustancial del Estado en la economía y el pleno empleo. Thatcher se propuso erosionar dichos cimientos. Alcanzó el poder en 1979, tras el “invierno del descontento” en el que las huelgas en el sector público arruinaron la credibilidad del gobierno laborista. Su ataque a los sindicatos y su determinación de reducir el papel del Estado mediante un programa radical de privatizaciones tuvieron un apoyo popular importante, incluso entre un número considerable de votantes de clase trabajadora.

Los efectos de estas estrategias han sido duraderos. Tras los conflictos brutales con los mineros y los trabajadores del acero a principios de los ochenta, los Gobiernos de Thatcher introdujeron una legislación restrictiva que disminuyera el poder de los sindicatos en los centros de trabajo. La militancia en los sindicatos se redujo desde el máximo histórico de 13,2 millones en 1979 a solo 9,8 millones en 1990 (y 7,5 millones en 2004). En 1978, el año anterior a la elección de Thatcher, el número de jornadas perdidas por las huelgas llegó a ser de 1,2 millones al mes. En 1990, su último año completo en el poder, dicha cantidad había bajado a solo 160,000 al mes. A su vez, la privatización de empresas y monopolios estatales no sólo contribuyó a que mucha gente se hiciera accionista, sino que también dejó fuera del juego político la estrategia de las nacionalizaciones.

No todo el mundo apoyó las reformas. El porcentaje de voto conservador en 1979 no fue excesivamente alto, el 43,9%, y en tan sólo dos años, cuando la tasa de paro se había doblado, el partido aparecía tercero en las encuestas. En octubre de 1981, la propia Thatcher era la política más impopular desde que las encuestas guardan registro, con una tasa de aprobación del 24%. Incluso tras la guerra de las Malvinas, que fue crucial para su carrera política, el voto conservador bajó en las dos siguientes elecciones, al 42,4% en 1983 y al 42,2% en 1987. Fueron las peculiaridades del sistema electoral británico, así como la escisión dentro de la oposición entre el partido laborista y el nuevo partido socialdemócrata, lo que le permitió tener amplia mayoría parlamentaria. Por lo demás, el apoyo popular a instituciones clave del Estado de bienestar se mantuvo fuerte (el Servicio Nacional de Salud nunca fue privatizado) y la oposición al “poll tax”, un tributo local extremadamente regresivo, reveló que muchos votantes (entre ellos también conservadores) mantenían intactas ciertas nociones básicas de justicia y solidaridad social.

En términos de desigualdad económica y social, el legado de Thatcher ha sido tremendo. El gasto público en Gran Bretaña se redujo significativamente durante su mandato, pasando del 45,1% del PIB en 1978-79 al 39,1% en 1989-90. Por su parte, el paro aumentó espectacularmente. La tasa de paro del 5,3% con la que se encontró en mayo de 1979 había subido al 11,9% en 1984. Entre febrero de 1983 y junio de 1987, más de tres millones de personas estuvieron sin empleo. Si bien el paro había bajado el 7,5% cuando abandonó el poder a finales de 1990, la tasa posterior ha permanecido, con ciertas fluctuaciones, en niveles muy superiores a los que hubo antes de su llegada al Gobierno: 10,7% en febrero de 1993, 8,3% en septiembre de 2011 y 7,9% en febrero de 2013. Los años de Thatcher, por tanto, supusieron el abandono definitivo de lo que había sido el compromiso firme y consensuado entre los dos grandes partidos de mantener el pleno empleo.

La tesis de que la era Thatcher marcó un punto de inflexión puede confirmarse con otros indicadores sociales y económicos. En general, la Gran Bretaña de los ochenta se transformó en una sociedad mucho más desigual y ha permanecido así desde entonces. Gran Bretaña registró la puntuación más igualitaria en 1977 (índice Gini de 0,239), en medio del difamado gobierno laborista del periodo 1974-79. Cuando Thatcher abandonó el poder en 1990 había subido a 0,339 (en 1996-97 se mantenía prácticamente igual, 0,333). Algo similar puede decirse sobre los niveles de pobreza, que aumentaron espectacularmente durante su etapa de gobierno como consecuencia del paro masivo y de los recortes a los beneficios sociales. Su Gobierno se ensañó con los sectores más vulnerables de la sociedad. El trato que recibieron los ancianos que dependían de las pensiones públicas fue especialmente abominable. La proporción de pensionistas que vivían en hogares con unos ingresos inferiores al 60% del ingreso mediano aumentó del 28% en 1979 al 39% en 1988-89. Con los niños aún fue peor: hubo un aumento pasmoso de su tasa de pobreza. La proporción de niños en hogares con ingresos menores al 60% del ingreso mediano pasó del 14% en 1979 al 31% en 1990-91 (y al 34% en 1996-97).

El encarnizamiento fue especialmente visible en la política de vivienda. Casi un millón de viviendas protegidas se vendieron bajo el mandato de Thatcher (a las que hay que sumar 316.000 más en el periodo de John Major). Esta venta no fue contrarrestada mediante la construcción de nuevas viviendas protegidas para todos aquellos que no podían permitirse acceder a la propiedad. En 1979, se construyeron 91,000 viviendas protegidas, un 43,5% de todas las viviendas nuevas de ese año. En 1991, en cambio, sólo se construyeron 23,400 viviendas protegidas, un mero 15% del total de casas construidas. Si en 1979 la vivienda pública representaba el 31% del stock total de viviendas, en 1991 el porcentaje había bajado al 23%. Una consecuencia brutal de esta política de reducción de viviendas accesibles fue el aumento masivo de personas sin techo durante los ochenta. De acuerdo con las propias autoridades municipales, el número de familias expulsadas de sus hogares y que necesitaba acceso a viviendas de acogida aumentó más del doble entre 1980 y 1990 (pasando de 72.210 a 163.809 en ese periodo). En conjunto, la tasa de pobreza casi se multiplicó por dos durante la etapa de Thatcher y Major: el porcentaje de gente que vivía con menos del 60% del ingreso mediano pasó del 13,7% en 1979 al 25,3% en 1996-97.

Es importante señalar que el Gobierno laborista del periodo 1997-2000 no hizo mucho para revertir estas tendencias tan regresivas. A pesar de los éxitos iniciales de los laboristas en la lucha contra la pobreza infantil (luego difuminados por la crisis económica), la tasa global de pobreza en 2008-09, en el 22,2%, no era mucho más baja que la que dejaron los conservadores al abandonar el poder. Más sorprendente incluso es que Gran Bretaña se volviera aún más desigual con Blair y Brown: el coeficiente Gini en 2009-10, 0,357, era superior al del año en que Thatcher fue expulsada del Gobierno. No en vano se han descrito las tres sucesivas victorias electorales de Blair como la confirmación definitiva del impacto maligno y de largo alcance que tuvo Thatcher sobre la política y la sociedad británicas. Habrá que ver si el actual líder laborista, Ed Miliband, es capaz de formular un programa electoral de éxito basado en las tradiciones más progresistas del partido. --------------------------------

Andrew Richards en investigador senior en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Doctor por la Universidad de Princeton, es autor del libro 'Miners on Strike' (Berg, 1996). En la actualidad está escribiendo una biografía de Salvador Allende.

El funeral de la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher que se celebró en Londres el pasado día 17 supuso para los contribuyentes británicos 3,6 millones de libras (4,1 millones de euros), según la estimación que ha hecho pública Downing Street.

Medio millón de libras fueron a parar a los actos en sí, como por ejemplo la ceremonia en la catedral de San Pablo y las recepciones a autoridades tras el funeral, ha informado la radiotelevisión pública británica BBC. Sin embargo, la mayor parte del dinero invertido en el cortejo fúnebre y los actos oficiales del pasado 17 de abril se destinó a seguridad. En concreto, según los datos de Downing Street, el despliegue policial –de 4.000 agentes– costó 3,1 millones de libras (3,7 millones de euros), aunque dos de estos millones corresponden al pago de policías que habrían trabajado de todas formas.

La familia de Thatcher se hizo cargo del pago de las flores y de los gastos derivados por la gestión de toda la jornada, cifras que no han trascendido públicamente. Algunos medios británicos habían calculado en 10 millones de libras el coste total del funeral, en el que se rindió homenaje a la 'Dama de Hierro' con honores militares.

Miles de británicos han despedido en las calles de Londres el carruaje de caballos con el féretro de la exprimera ministra Margaret Thatcher en su camino desde el Palacio de Westminster, sede del Parlamento, a la Catedral de San Pablo, donde se celebrará el oficio religioso.

La dama de hierro ha sido honrada con una salva desde la Torre de Londres a cada minuto del recorrido, mientras que las campañas del Big Ben han guardado silencio en su memoria.

La banda de música del Ejército ha tocado piezas de Beethoven, Mendelssohn y Chopin para acompañar el mayor funeral para un político británico desde el héroe de Thatcher, Winston Churchill, en 1965.

"Fue la primera mujer primer ministro, la que más estuvo en el cargo en 150 años, logró cosas extraordinarias en su vida", ha destacado el primer ministro, David Cameron, también líder del Partido Conservador de Thatcher.

"Lo que está ocurriendo hoy es absolutamente adecuado y correcto", ha defendido, desestimando así las críticas por el coste y la pompa del acontecimiento por parte de los detractores de la dama de hierro.

Patidarios de Thatcher han aplaudido al paso del féretro, cubierto con la Union Flag, por las calles de la capital desde el Palacio de Westminster, donde ha pasado la noche, hasta la catedral de San Pablo. Sobre el ataud se ha colocado un ramo de flores blancas con una nota manuscrita en la que se lee: "Querida madre, siempre en nuestro corazón".

Más de 700 efectivos militares a los que llevó la victoria en la Guerra de las Malvinas en 1982 también estaban alineados en las calles de Londres, al igual que un agente de policía apostado cada cinco o diez metros del recorrido para garantizar la seguridad.

Durante el recorrido también se han podido ver pancartas de todo tipo, algunas de ellas críticas con la obra de Thatcher y con el coste de su funeral. Asimismo, además de aplausos, en algunos puntos se han podido escuchar también abucheos.

"Nos diste a millones de nosotros esperanza, libertad, ambición", rezaba una de las pancartas de un hombre, mientras que en la de otro apostado cerca de él se podía leer "Más de diez millones de libras para el funeral de un tory".

Al funeral en la catedral de San Pablo asistirán más de 2.300 personas, entre ellas once jefes de Gobierno de todo el mundo, el Ejecutivo británico en pleno, dos jefes de Estado y 17 ministros de Exteriores, entre ellos el español José Manuel García-Margallo.

También habrá ausencias notables, como la del exdirigente soviético Mijail Gorbachov y la de Nancy Reagan, viuda del principal aliado de Thatcher, el presidente estadounidense Ronald Reagan, a los que su salud no les ha permitido acudir.

Tampoco está prevista la presencia de ningún representante de la Administración de Barack Obama, mientras que Argentina, que mantiene una tensa relación con Reino Unido por las islas Malvinas, tampoco contará con representación, tras rechazar acudir al funeral la embajadora del país en Londres.

Con las mismas, la doctora Aguirre ha aprovechado la ocasión para anunciar que asistirá mañana a los funerales por Margaret Thatcher. "Todo un privilegio" para ella.

Soy muy fan de ti desde siempre, pero ahora mucho más. Brillante idea la de dedicar una calle a Margaret., ¿fue tuya o de alguno de los 213 asesores que te atribuyen?, esa mujer tan ligada a Madrid por... por...por... porque sí, porque lo estaba y no hay más que hablar. ¿Quién mejor que ella para dar nombre a alguna de las calles de la ciudad donde tienen lugar la mayoría de las protestas de éste, nuestro convulso país? Con la cantidad de manis que vivió en sus propias carnes, in her own skin...

Y claro, como no podía ser de otro modo, has elegido a Margaret como inspiradora del primer post de tu blog. ¡Que te nos has hecho bloguera, Ana! Nos esperan grandes alegrías con tus entradas plagadas de tus salidas ocurrentes. Y te has estrenado con Thatcher porque te gusta, porque la admiras, porque representa todo lo que tú quisieras ser, una Dama de Hierro. Para tu satisfacción te diré que estás en ello, no creas, hay que estar hecha de un metal a prueba de golpes para irse a un spa en Portugal en los días que siguieron al suceso del Madrid Arena y no fundirse al calor de la sauna. Y allí, entre burbujas y vapores, no dejar de pensar ni un minuto en lo que había sucedido y en todos nosotros, Ana, que tú no descansas ni bajo el agua.

Leo en tu post que nos remites a la web de la Fundación Thatcher para acceder a los discursos de la ex primera ministra y así poder disfrutar de su –reconocida hasta por sus detractores– capacidad para la oratoria y la dialéctica. Y, claro, no puedo evitar imaginarte imitando su estilo inconfundible frente al mirror –lo que viene siendo el espejo– al más puro estilo My Fair Lady: “The rain in Spain stays mainly in the plain” y tratando de traducir a su temperamento aquel memorable y frutícola momento tuyo acerca de la suma de peras y manzanas –“pears and apples, never!” habría dicho ella con contundencia– para dejar boquiabiertos a tus compañeros y oponentes en los plenos municipales. Big fan.

Ahora ya estoy nerviosita perdida pensando en qué lugar pondrás la calle, si en un barrio deprimido, como el norte de Inglaterra, o tal vez en la milla de oro de la capital que tiene un rollito más Bond street de London. Si, junto a alguna peluquería de renombre, como homenaje al celo con que Margaret cuidaba su peinado o, tal vez, haciendo esquina con la calle Chile, una buena zona para tan augusta lideresa. Da igual, lo que decidas con tu mayoría absoluta estará bien decidido, porque como dijo Thatcher: “No me importa lo mucho que hablen mis ministros, siempre que hagan lo que yo les digo”.

Ah y a los que te vengan con el cuento de que eres alcaldesa, no porque te eligieran los ciudadanos sino porque a Alberto Ruiz-Gallardón lo nombraron ministro y corrió el turno, ni caso, que la gente es muy quisquillosa, ya sabes. Y si se ponen cansinos, les contestas lo que afirmaba Margaret “No tuve suerte, me lo merecía” y End of story!

   Los más viejos del lugar recordarán a Sampedro de los tiempos de la lucha antifranquista, cuando dejó su cátedra de Estructura Económica en la Universidad Complutense en protesta por las destituciones de José Luis Aranguren y Enrique Tierno Galván. Los que atraviesan hoy el medio siglo guardarán imágenes de finales de los años 70 y de los 80, cuando Sampedro compaginaba su actividad como economista y la de escritor de novelas de una sensibilidad exquisita: “Octubre, octubre” o “La sonrisa etrusca”. Y los más jóvenes no podrán ya olvidar a ese sabio de barba blanca que unió su voz a la de Stéphane Hessel (también recientemente fallecido) para dar cobertura intelectual al 15-M y al Movimiento de los Indignados. Sampedro no quería ruido. El mejor homenaje a un escritor-pensador-profesor-humanista crítico es sin duda leer sus textos y escuchar su voz, grabada en entrevistas imprescindibles para conocer su legado.

   En el prólogo de la edición española de “¡Indignaos!”, José Luis Sampedro denunciaba: “Los financieros, culpables indiscutibles de la crisis, (...) apenas han soportado las consecuencias de sus desafueros. Es decir, el dinero y sus dueños tienen más poder que los gobiernos”. Y hacía un llamamiento explícito: “Luchad, para salvar los logros democráticos basados en valores éticos, de justicia y libertad prometidos tras la dolorosa lección de la segunda guerra mundial”. Sampedro (como Hessel, como Chomsky, como Saramago o como Tony Judt) consideraba que el peligro totalitario no ha desaparecido, aunque “la invasión de un país por tropas fascistas es más evidente que la dictadura del entramado financiero internacional”.

Respuestas colectivas

   En ausencia de Sampedro, cabe preguntarse por los referentes intelectuales o morales de la izquierda y no resulta fácil personalizarlos. La desorientación provocada por la caída del Muro de Berlín y la apropiación por el neoliberalismo de valores como la libertad o la solidaridad empezaba a ser superada a principios de siglo con la confianza en la sociedad del bienestar y en la idea de una Europa social y solidaria. El estallido de la burbuja financiera, que en buena lógica debería haberse llevado por delante los paraísos fiscales, la desregulación bancaria y la voracidad en los beneficios empresariales, ha puesto en evidencia la cruda realidad del inmenso poder del dinero y el fracaso de la política a la hora de someter ese poder al de los ciudadanos.

   No surgen fácilmente nombres propios que alienten un pensamiento alternativo al 'discurso único' de la globalización financiera y sus derivados. Quizás porque la respuesta ya no puede ser personalizada ni de una 'escuela' intelectual concreta. La propia globalización provoca respuestas colectivas, en forma de movimientos pacíficos sin liderazgos definidos. Sampedro era para esos movimientos un referente moral, un ejemplo de actitud cívica, de fortaleza ética, más que el autor de un ideario político o filosófico.

   El credo personal de José Luis Sampedro le impedía imaginarse a sí mismo cruzándose con nadie en un imposible 'más allá', pero el destino ha querido que su último viaje coincida precisamente con el de Margaret Thatcher, alguien que representaba casi todo aquello contra lo que él luchó con la fuerza de la palabra: ese “capitalismo salvaje” que Sampedro consideraba “un sistema agotado, dure lo que dure”.