¿Quiénes forman el nuevo comité de sabios de Hacienda? Defensores del federalismo fiscal o de la armonización autonómica

"Un poco de federalismo, por favor". En abril de 2010, en plena crisis financiera, el catedrático de Hacienda Pública por la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, publicó esta tribuna en El País en la que, desde una defensa del Estado de las autonomías, criticaba que las regiones "siguen ancladas en un comportamiento gregario en materia fiscal" con la Hacienda estatal a pesar de haber "asumido con entusiasmo la autonomía en la vertiente competencial y del gasto". Y también opinó sobre la supresión en 2008 del Impuesto de Patrimonio, rescatado después por Mariano Rajoy: "Que en 2008 (¡con una crisis económica que se venía encima y hacía presagiar un notable aumento del déficit!) el Gobierno central haya suprimido el Impuesto de Patrimonio (que, recordémoslo, era un impuesto cedido a las comunidades autónomas con competencias normativas casi plenas) y seguidamente los gobiernos autonómicos hayan aceptado sin rechistar una medida que atentaba contra su autonomía fiscal y sólo se hayan preocupado de conseguir compensaciones financieras, es algo que contrasta con el entusiasmo dedicado a, por ejemplo, defender las competencias en materia de cajas de ahorros".

Monasterio es uno de los 17 expertos designados por el Ministerio de Hacienda para diseñar la reforma fiscal que, en el corto-medio plazo, el Gobierno debe presentar a Bruselas a cambio de los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, la mitad transferencias directas y el resto créditos. Analizando la trayectoria, publicaciones y cargos ocupados por varios de los 17, es posible hacer vaticinios de la reforma que vendrá: igualar los impuestos estatales que se recaudan y bonifican a nivel regional, esto es, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones; un respaldo con matices del actual sistema de financiación a pesar de las quejas de algunas comunidades autónomas; una mayor progresividad, que viene a decir que paguen más los que más tienen; revisar las bonificaciones fiscales, como las que gozan los propietarios de las viviendas en alquiler; la creación de tributos propios pertinentes en cada autonomía; impuestos verdes; y en definitiva, un mayor federalismo fiscal, ora simétrico (impuestos estatales) ora asimétrico. 

La competencia fiscal entre regiones fue advertida por Jesús Ruiz-Huerta hace menos de dos años. Designado por la ministra María Jesús Montero como parte de los 17, Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y ex director del Instituto de Estudios Fiscales la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, se expresaba así en septiembre de 2019: "Bajar los impuestos para atraer bases de otros territorios y evitar que las nuestras se desplacen a aquéllos. Así ha pasado con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España, la rebaja de los tipos del impuesto sobre la renta que deciden las comunidades autónomas o el crecimiento de las deducciones fiscales autonómicas". Al igual que Monasterio, Ruiz-Huerta delibera sobre cambios necesarios en la España autonómica. "Este último argumento, además de cuestionar el principio de lealtad institucional, tiene el serio inconveniente de que la competencia fiscal genera una tendencia a medio o largo plazo a la disminución de la recaudación o incluso la desaparición de algunos tributos".

"El avance de descentralización en materia de gasto es incomparable, pero cuando las comunidades tienen algún tipo de déficit, acuden al papá Estado para cubrirlo", respondía en 2005 también a El País el profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Sevilla, Francisco Adame, otro de los expertos de Hacienda. "Si usted quiere más fondos para mejorar los servicios, tiene que dar la cara ante sus ciudadanos y crear tributos".

"Los impuestos patrimoniales no deberían estar en manos autonómicas". La frase es muy reciente: de este 14 de abril, formulada por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, Santiago Lago, a La Voz de Galicia, con ocasión de una entrevista por su nombramiento como experto ministerial. Con todo, Lago pide un debate en el seno del grupo sobre por qué la mayoría de países occidentales ha suprimido o rebajado el alcance del Impuesto del Patrimonio y España lo mantiene. "Sin duda, los impuestos patrimoniales no son buenos candidatos para estar descentralizados, porque acaban generando situaciones de competencia fiscal. Lo vimos en su día en Australia o Canadá y lo vemos ahora en España. Por otro lado, la realidad internacional del impuesto sobre el patrimonio, en claro desuso en la esfera internacional, es muy diferente a la del impuesto sobre sucesiones, cuya existencia es la norma en los países de nuestro entorno".

Celebrar que España tiene Patrimonio y otros no

En este sentido, difiere sobre la relevancia de Patrimonio Laura de Pablos, catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y una de las siete expertas del grupo nombrado por Montero. "Actualmente existen problemas sociales que hacen difícil prescindir casi totalmente de la riqueza personal como base tributaria directa y, en España, lo hemos hecho", celebraba De Pablos en 2011. "Es difícil encontrar en Europa países en esta misma situación. En este sentido, es importante reconsiderar, de forma seria, el papel que podría jugar el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones en nuestro sistema impositivo. Se debería plantear una reforma profunda de estos impuestos, actualmente con defectos técnicos muy importantes, y evaluar sus posibles impactos en la equidad y la eficiencia, al margen de precipitaciones. Los impuestos sirven para algo más que recaudar. No hay buenos y malos impuestos, todo depende de su configuración técnica, y no parece sensato un rechazo radical de la riqueza personal como base tributaria".

La armonización no solo se queda en Patrimonio o las herencias. Y no solo se reduce a España. La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, Marta Villar, veía una oportunidad con el Brexit para igualar impuestos entre los Veintisiete estados miembros. En un artículo en Cinco Días en junio de 2016, Villar recordaba que "la armonización fiscal de los impuestos en materia energética ha encontrado siempre la resistencia de Reino Unido". Por tanto, "vuelcos políticos, como el brexit, plantean ahora si los procesos de armonización fiscal y de política energética común pueden salir reforzados".

Banca pública e impuestos verdes

Es innegable que los 17 tienen una visión progresista o social de la fiscalidad y la macroeconomía. Una de ellas, Antonia Agulló, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu Fabra y ex miembro del Consejo Consultivo catalán, cargaba en 2019 contra el Pacto de Estabilidad europeo en un artículo de 2019 firmado junto a Emilio Ontiveros y a Antón Costas. Y además, "para evitar la japonización definitiva de la Eurozona, bajo crecimiento, ausencia de inflación, insensibilidad a la política monetaria, será necesario una más amplia y cuantitativamente más ambiciosa apuesta por estímulos y, desde luego, por la inversión pública". 

Santiago Díaz Sarralde, profesor de Economía de la URJC, presentaba en 2015 junto a CCOO y UGT sus Propuestas progresistas para salir de la crisis, que contemplaban una banca pública y mayor participación de los trabajadores en la gestión empresarial. Formará parte de los 17. Y muchos de los citados anteriormente predican igualmente una sensibilidad por la fiscalidad medioambiental, así como la necesidad de más impuestos verdes. Esto es lo que proponía en una entrevista de diciembre pasado Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y otro de los que asesorará a Hacienda. "Podemos introducir impuestos sobre el carbono, mercados de comercio de emisiones. También el sector empresarial puede jugar un papel importante. El cambio de nuestro stock de vehículos, de sistemas de producción eléctrico…".