La Fiscalía Antocorrupción ha solicitado 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA Francisco González por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario José Manuel Villarejo.

En el escrito de acusación firmado por la fiscal Elisa Lamela el pasado 12 de marzo al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide para el excomisario 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.

Anticorrupción pide también que se impongan a BBVA multas por estos delitos que en conjunto suman 184,3 millones de euros.

El pasado 20 de febrero, la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas a Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, al rechazar todos los recursos presentados.

Además de González, Villarejo y Corrochano, figuran entre los acusados el socio del excomisario Rafael Redondo; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

Sin embargo, Anticorrupción interesa el sobreseimiento de la causa contra el que fuera consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, y del exdirector del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari, que sí fueron procesados por el juez instructor.

El ministerio público también solicita que se indemnice con 20.000 euros a las 43 personas que fueron objeto de las labores de espionaje, entre los que figuran el exministro de Industria Miguel Sebastián y el empresario Juan Abelló.

En su escrito, Anticorrupción explica que las contrataciones expuestas entre BBVA y CENYT, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos".

Todo ello, en un contexto en el que el banco "carecía de un programa de prevención que contemplase la eventual comisión de ilícitos por parte de la presidencia".

Pese a que aquellas contrataciones y pagos "incumplían todas las normas internas de procedimiento relativas tanto a la formalización de servicios como a la tramitación y abono de facturas", los diversos empleados que participaron en su tramitación las aprobaron, añade el escrito.

Esto se debió a la "convicción firme y arraigada de que debían acatar las instrucciones procedentes de la presidencia o de los altos directivos con independencia de que dichas órdenes fueran o no conformes con la normativa interna aplicable".

La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA y de su expresidente Francisco González por la contratación de empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo para realizar encargos supuestamente ilegales entre 2004 y 2016, rechazando así todos los recursos presentados, informa EFE.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma así la decisión del juez Manuel García Castellón, que propuso juzgar por cohecho continuado y descubrimiento y revelación de secretos al BBVA, a González y a otras doce personas, entre directivos de la entidad financiera y mandos policiales.

En línea con la Fiscalía Anticorrupción, la Sala de lo Penal procesa también al banco y avala el argumento del instructor, que estimó que no era creíble el desconocimiento alegado de estos hechos alegado por el banco.

De este modo, se sentarán en el banquillo, además de la antigua cúpula de la entidad, su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo.

También figuran entre los acusados el ex consejero delegado del banco Ángel Cano; el exdirector de los servicios jurídicos del banco Eduardo Arbizu; el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad Joaquín Gortari; y el exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar.

Los magistrados consideran que el sistema de prevención y control del banco para prevenir delitos no era eficaz, ya que dejaba al margen de cualquier normativa de control a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección, que son los que según todos los indicios habrían cometido "los delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del BBVA investigados".

Todo ello debe analizarse durante el juicio oral, cuando se aclarará "cómo deberían haberse hecho los controles que podrían haber prevenido la comisión del delito", dado que "los que había no eran eficaces, ya que la alta dirección estaba excluida del control".

En relación con González, la Sala e lo Penal indica que alguno de los contratos con Cenyt investigados fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, "que ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación por los contratos anteriores", por lo que "no es irrazonable" concluir que por eso la eligió tras no dar ningún resultado con otros métodos de investigación y sí lo dieron con Cenyt.

Por ello, la Audiencia Nacional estima que cabe entender que González participó en los delitos de cohecho y revelación de secretos imputados, y que sabía que la información que Cenyt había obtenido en cumplimiento de los contratos referidos se hizo "sin respetar la legalidad" y sirviéndose de funcionarios policiales.

Fuentes cercanas a Francisco González han señalado a EFE que este "asume la decisión de la sala con tranquilidad, y en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia".

El BBVA, por su parte, recuerda que la prioridad del banco siempre ha sido la plena colaboración con la justicia en el esclarecimiento de los hechos investigados de los que, según sigue defendiendo, no se deriva responsabilidad penal para la entidad.

Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos.

Corrochano puso a disposición del banco este entramado "anómalo e ilegal", garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo; a continuación, el banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, al expresidente del BBVA Francisco González, a la entidad y a varios excargos de la entidad por los presuntos encargos ilegales que habría realizado el policía para el banco cuando estaba en activo.

En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 concluye la investigación que arrancó en 2018 y procesa asimismo al exjefe de Seguridad Ángel Corrochano; el exCEO del banco Ángel Cano o el exdirector de Riesgos Antonio Béjar.

De igual forma, el magistrado propone sentar en el banquillo de los acusados al exjefe de Control Interno Eduardo Arbizu; el actual responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega; el responsable de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el exresponsable de Servicios Jurídicos de España y Portugal José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Además, también procesa al socio de Villarejo, Rafael Redondo, al exinspector de Policía Antonio Bonilla y al agente con carnet profesional 76.738. Por último, el magistrado acuerda el archivo para 11 investigados.

Ni por edad y formación ni por talante debería haber sido César Alierta la persona destinada a dirigir con éxito una compañía tecnológica, convirtiéndola en una multinacional y adaptándola al reto digital. Pero el financiero zaragozano, que acaba de fallecer a los 78 años, llevó a una Telefónica recién salida del monopolio público hasta la máxima capitalización bursátil y el récord histórico de beneficios tras lanzarla a la expansión internacional y situarla como uno de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo. Además, capitaneó con mano firme el barco durante 16 años bregando con habilidad tanto con gobiernos del PP y PSOE.

Pese a que lo suyo eran las finanzas –fue director general de Mercado de Capitales en el Banco Urquijo durante 15 años y fundó la sociedad de valores Beta Capital–, se estrenó a lo grande en la gestión empresarial con Tabacalera, que privatizó y fusionó con la francesa Seita para tansformarlas en Altadis. Nombrado para ese puesto por José María Aznar en 1996, fue también la persona elegida cuatro años más tarde para enderezar Telefónica tras el escandaloso paso de Juan de Villalonga por la compañía, que había dejado de ser pública sólo un año antes.

Y lo consiguió, mediante una mezcla de intuición, talante y una ambición innegable pero, sobre todo, gracias al uso inteligente del poder. Dentro de la empresa y fuera de ella, según coinciden las fuentes consultadas. “No tenía un estilo de gestión, no existe un aliertismo de gestión”, explican. Por el contrario, las claves de su éxito en Telefónica y de su longevidad al frente de ella –sólo sus dos primeros presidentes duraron más que él– fueron su capacidad para las relaciones –“se hacía querer”, repiten– y su habilísimo manejo del poder. Dentro de Telefónica lo monopolizó, dando –y quitando– atribuciones a quienes, a diferencia de él, conocían el campo tecnológico, azuzando así una competencia interna por el éxito que redundaba en beneficio de la organización, detallan fuentes próximas al empresario.

“En Telefónica había ideas, mercado y capital, y Alierta respetó y potenció esos equipos; Alierta dejó hacer”, explica Mariano Guindal, periodista económico autor de El declive de los dioses, sobre los grandes empresarios de la Transición. El zaragozano, por tanto, se dedicó a las “fusiones y las compras, que era lo que sabía hacer, no a la digitalización”, precisa Guindal.

Todo ello estaba al servicio de un objetivo: convertir a Telefónica en una gran compañía. Mientras el mundo pasaba de analógico a digital, Alierta compraba las filiales de la estadounidense Bellsouth en América Latina, la brasileña Vivo, la checa Cesky Telecom y la británica O2, que le permitió acceder también a los mercados alemán e irlandés. Fue con Alierta cuando Telefónica alcanzó su récord de capitalización bursátil, casi 107.000 millones de euros, en octubre de 2007. Ahora sólo suma 21.400 millones, aunque lejos de los mínimos, por debajo de 16.000 millones, en que se hundió en septiembre de 2020. También explotaron con Alierta los beneficios: los 10.167 millones de euros conseguidos en 2010 no han sido aún superados. En 2022 ganó sólo 2.011 millones. A falta de conocerse cómo ha cerrado 2023, hasta el tercer trimestre suma 1.262 millones en ganancias. En el lado negativo, al irse, en 2016, dejó una deuda enorme, de 53.116 millones de euros que, a día de hoy, su sucesor, José María Álvarez Pallete, ha recortado hasta dejarla en menos de la mitad –26.687 millones–.

“El hombre poderoso”, tituló una periodista alemana el reportaje sobre César Alierta que la llevó hace años a Madrid y Zaragoza, la ciudad natal del expresidente de Telefónica. “Es tan poderoso que hasta el jefe de Estado chino le visita”, abría el suyo el diario Die Welt en mayo de 2008 para presentar a los lectores alemanes al empresario español que quería “conquistar” Europa.

Mariano Guindal dice que era “influyente” por su poder sobre los medios de comunicación. Telefónica fue durante años el primer anunciante de España. En 2008, aún con la economía en pleno auge, Telefónica se gastaba 173,8 millones de euros en publicidad, lo que representaba el 2,6% de la inversión, según Infoadex, y una lluvia fundamental de ingresos para periódicos y televisiones. Pero su influencia iba mucho más allá de los medios de comunicación. “Supo mantener los equilibrios mediáticos y también los políticos”, resume Guindal. Para ello, Alierta se dedicó sin disimulo al fichaje de políticos, tanto de PP como de PSOE. La lista es jugosa. “Fue muy hábil, jugando a dos barajas, mimaba a unos y a otros”, admite el periodista.

Del PSOE: el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, la exministra de Exteriores Trinidad Jiménez, el exsecretario de las Juventudes Socialistas Javier de Paz, la mujer de Eduardo Madina, Paloma Villa, y Carlos Escó, marido de la exlíder socialista en Aragón Eva Almunia.

Del PP: el exvicepresidente Rodrigo Rato, los exministros Eduardo Zaplana y Manuel Pizarro; Iván Rojas, marido de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; Vanesa Arriola Villalobos, hija del asesor de Aznar Pedro Arriola y la exministra Celia Villalobos; la expresidenta de Navarra (UPN) Yolanda Barcina, el ex secretario de Estado Alfredo Timermans... También contrató a Iñaki Urdangarín y al exjefe de la Casa Real Fernando Almansa.

Según Guindal, “llevarse bien con todos” le permitía a Alierta “sobrevivir”. Conseguía que “[los políticos] le dejaran en paz”, remacha. Y que la regulación se hiciera “a medida de Telefónica”. Fuentes próximas al expresidente, sin embargo, niegan que la compañía obtuviera ningún trato de favor en ese aspecto, sino más bien al contrario. Con el tiempo, perdió inevitablemente su posición de dominio en el mercado. “Perdió todo lo que tenía que perder”, concluyen. Las puertas giratorias con la política podían tener “cierto efecto externo”, admiten las fuentes, pero Alierta las consideraba más bien “un peaje que tenía que pagar”, sobre todo tratándose de una “empresa regulada”.

Una buena muestra de esta dualidad es la enmienda que lleva el nombre de la empresa y que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para frenar el escándalo que siguió al anuncio de un ERE de 6.500 despidos sólo meses después de haber publicado los mayores beneficios de su historia. Tampoco era el primero. Telefónica se había acostumbrado a ofrecer condiciones de lujo a quienes querían prejubilarse, pero el coste para las arcas públicas –para el Inem de entonces– de esos retiros anticipados era millonario.

Así que ahora las empresas con beneficios que despidan a trabajadores mayores de 50 años deben hacer una aportación al Tesoro equivalente al importe de las prestaciones públicas que recibirán sus exempleados hasta la jubilación. En los últimos 20 años, Telefónica ha recortado en un 65% su plantilla a base de ERE y bajas incentivadas: ha pasado de 60.000 a poco más de 20.000 trabajadores en España. El ERE que acaba de presentar este año, para 3.241 empleados, le costará a la empresa 1.300 millones de euros.

El expresidente de Telefónica, que nunca ocultó su afinidad con el PP, llegó a confesarse “socialdemócrata” en alguna ocasión. Lo cuenta el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, en su libro Al fondo a la izquierda: En un restaurante, en 2016, le contó que había insistido durante “mucho tiempo” a Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, en que debía “subir el salario mínimo un 20% y aprobar una renta básica para los hogares sin ingresos”. “Mi receta es muy clara: crecimiento y solidaridad. Ésa es la clave de lo que necesita Europa, hasta a [Angela] Merkel se lo he dicho. Y los números salen. Les hice los numericos y se los mandé a Rajoy y a Álvaro Nadal [jefe de la Oficina Económica del Gobierno]. Ni puñetero caso. Y la gente, con razón, cada vez más encabronada”, se explayó.

Solidaridad con los de abajo e impuestos a los de arriba. “A quienes más ganamos, a quienes ganamos millones, deberían gravarnos hasta un 65% en la renta personal. Y sin demagogias, ¿eh?”, defendió entonces. César Alierta dejó la presidencia de Telefónica ese mismo año, con un plan de pensiones de 54,2 millones de euros.

Sólo unos meses después, en 2017, se disolvió el Consejo Empresarial para la Competitividad, el lobby de las 15 mayores empresas españolas que presidió César Alierta desde su nacimiento en 2011. La iniciativa corrió a cargo de Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (Caixabank) y el propio Alierta, pero fue éste quien se puso al frente del grupo. El foro se presentó con el objetivo de impulsar la recuperación económica y la marca España, en los meses previos al rescate europeo de la banca española y mientras la CEOE sufría una tremenda crisis por culpa de los negocios y fraudes de Gerardo Díaz Ferrán.

Querían que se les considerara un think tank, un laboratorio de ideas, pero la foto de los empresarios más poderosos de España –Florentino Pérez (ACS), Francisco González (BBVA), Dimas Gimeno (El Corte Inglés), Antonio Brufau (Repsol), Pablo Isla (Inditex), Rafael del Pino (Ferrovial), Juan Roig (Mercadona) e Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), entre otros– proyectaba más bien la imagen de un grupo de presión. El apoyo de esta superélite económica a los sucesivos recortes del Gobierno aquellos años de austeridad tampoco dejaba margen para el equívoco. “Fue fruto de una visión patriótica, pero también interesada: lo que es bueno para el país también será bueno para mi empresa”, interpretan fuentes cercanas a Alierta.

El expresidente de Telefónica contaba además con una agenda de contactos internacionales “restringida pero profunda”, destacan las mismas fuentes. Tomaba cafés con Angela Merkel, que ha enviado un mensaje de condolencia al saber de la muerte de Alierta, y tenía una buena relación personal con el presidente brasileño, Lula da Silva, y con el papa Francisco, e incluso con competidores como el ex consejero delegado de Vodafone, Vittorio Colao, y el principal accionista de Vivendi, Vincent Bolleré.

César Alierta pertenecía a la misma generación de empresarios de, por ejemplo, Francisco González, el expresidente del BBVA. Ambos proceden del mundo de las finanzas –González también fundó su propia sociedad de valores– y de los círculos de amistad políticos del PP –a González y a Alierta los nombró Rodrigo Rato al frente de Argentaria y Tabacalera–, triunfaron en la vida empresarial gracias a las privatizaciones de grandes compañías públicas y llevaron el timón de la expansión internacional y digitalización de Telefónica y BBVA mientras aprovechaban los vientos de los distintos gobiernos. Se fueron casi al mismo tiempo: González en 2018 –tiene un año más que Alierta–.

Además, compartieron problemas judiciales. El zaragozano pasó por los tribunales en el llamado caso Tabacalera, cuando se le acusó –también a su sobrino– de información privilegiada: junto con su mujer habían ganado 1,86 millones de euros al comprar acciones de la empresa poco antes que de que ésta adquiriera en 1997 una compañía estadounidense, una operación que multiplicó el valor de las acciones de la española. En 2010 fue absuelto finalmente por el Tribunal Supremo, que declaró prescrito el supuesto delito. Francisco González, en cambio, sigue aún pendiente de que la Audiencia Nacional decida sobre su responsabilidad en la contratación del comisario Villarejo por el BBVA. La misma camada y trayectorias paralelas.

Pero a Alierta y a González les separaba una diferencia fundamental: el carácter. Según las fuentes consultadas, González es una persona de difícil trato. Hasta José María Aznar reconoció en una entrevista a El País Semanal que el banquero de Chantada (Lugo) “no es demasiado simpático”. Todo lo contrario que el “nacionalista aragonés” –como lo califica Mariano Guindal– Alierta. “Era tímido, pero cercano, tenía una capacidad de relacionarse muy curiosa”, le describen las fuentes. Siempre fue “César, no le gustaba que le llamaran presidente”, recalcan, pero nunca hubo dudas sobre quién ejercía el poder absoluto en la empresa y cuánto poder tenía Telefónica en España.

El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción del 'caso Villarejo' ha acordado prorrogar la investigación sobre los supuestos encargos ilegales que el BBVA habría encomendado al comisario jubilado al tiempo que ha citado a declarar a sede judicial al expresidente de la entidad Francisco González, según informa Europa Press.

En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con el criterio de la Fiscalía y acuerda oficiar a la Unidad de Asuntos Internos para que realicen un ofrecimiento de acciones a 67 personas que podrían ser "posibles perjudicados u ofendidos o víctimas de un hecho constitutivo de infracción penal".

En concreto, el instructor hace suyas las palabras del Ministerio Público y explica que este ofrecimiento busca "poder determinar el interés del BBVA como persona jurídica, o de sus empleados, a título personal, para encargar los trabajos a CENYT –el grupo empresarial de Villarejo– sobre dichas personas".

"Desde el ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica ello adquiere especial relevancia, en la medida que exige que las conductas de los empleados o personal directivo se hubiese cometido en su beneficio directo o indirecto. Al respecto, existen contrataciones en las que el interés de la persona jurídica es manifiesto, tales como las asociadas a los contratos documentados, pero en otras desconocemos apriorísticamente el porqué del encargo, tales como las posteriores del 2018 o la de muchos de los encargos sin contrato", continúa el magistrado.

El ofrecimiento de acciones es, por tanto, "una obligación legal para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas afectadas por un delito, que exige, en muchos tipos delictivos, poner en conocimiento de las mismas la propia existencia del delito".

Y es que, añade, "en el presente supuesto existen acceso a bases policiales reservadas que posteriormente son transmitidas a empleados del BBVA". "Lógicamente tales personas que han visto cercenada su privacidad, sólo podrán ser conscientes de ello si se efectúa el correspondiente ofrecimiento de acciones y se les informa de los hechos", arguye.

De entre el total de 67 personas a las que se ofrecerán acciones destacan, entre otras, el empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

Por otro lado, y siguiendo también lo solicitado por el fiscal, el magistrado cita como investigado nuevamente al expresidente del banco Francisco González, que solicitó declarar de forma voluntaria en un escrito presentado el 8 de julio en el que también pidió que se unieran a la causa una serie de documentos, un extremo concedido por el juez.

Adicionalmente, el juez llama como investigados a la persona jurídica del BBVA y a los empleados del banco Óscar Santos Tuche, Simón Galera y José Manuel Cantero; al que fuese director de operaciones de CENTY, Antonio Bonilla, tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía y a Ana María Encinas.

Accediendo a lo solicitado por el Ministerio Público, el juez cita como testigo a José López o Gómez Herran, que "fue identificado como el empleado del BBVA que realizó los informes de la entidad en contestación a los requerimientos de información del SEBPLAC".

Asimismo, el juez realiza un nuevo emplazamiento al BBVA. En concreto, pide que certifique si existió "la auditoría interna a proveedores externos referida" por uno de los investigados, Ignacio Pérez Caballero, en su declaración del pasado mes de mayo.

La Fiscalía había pedido al magistrado que instase al banco a remitir copia de la documentación recababa en la auditoría a la que aludió el director de Red Banca Comercial y el informe final de la misma. "Tal diligencia adquiere especial relevancia pues está dirigida a determinar el grado de conocimiento y cumplimiento de la normativa interna del banco y, como afirmó el investigado, la normativa de compras que fue aportada hasta la fecha por el BBVA no era la que servía de aplicación para este tipo de encargos a proveedores externos", asegura el juez.

Pero, además, el instructor hace una segunda petición al banco: que identifiquen al personal de la entidad que intervino de forma directa o indirecta en la operación vinculada a la cuenta de crédito relacionada con Villarejo. "La finalidad de la diligencia es constar quién sería el responsable del expediente, a efectos de aclarar quién escribió sobre el mismo, identificó a 'Pepe Villarejo', su grupo empresarial y la concesión del riesgo. Considerando que, hasta la fecha, siempre se ha afirmado que nadie en el BBVA sabía que detrás de CENYT estaba Villarejo", justifica.

Por otro lado, el magistrado acuerda que se testimonien y unan a esta pieza separada una serie de oficios. Se trata de una nueva petición de la Fiscalía, que considera que los mismos "suponen una ampliación de los hechos hasta ahora investigados".

Por último, el juez oficia a la Agencia Tributaria para que aporte al procedimiento los modelos 347 –que recogen una relación de clientes y la facturación a los mismos– de CENYT de los años 2004 a 2017, correspondiente al periodo objeto de investigación.

El que fuera consejero delegado de BBVA y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, ha testificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no intervino en modo alguno en la contratación de CENYT, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, apuntando como responsable al entonces presidente de BBVA, Francisco González.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Goirigolzarri ha explicado que se enteró de que BBVA había contratado a una agencia de inteligencia por una conversación que tuvo hacia 2004 o 2005 con Ángel Cano, también ex consejero delegado del banco que en ese momento tenía otras responsabilidades internas.

Goirigolzarri ha contado que Cano le explicó que se había contratado a una agencia de inteligencia, aunque no recuerda que le mencionara los nombres de CENYT o Villarejo, en relación con la problemática con Sacyr, que en ese momento maniobraba para desembarcar en el accionariado de BBVA.

De acuerdo con su relato, Goirigolzarri entró en cólera porque se había estado ocupando de la supuesta ofensiva de Sacyr y vio como una deslealtad hacia él que se enterara a posteriori de que se habían contratado los servicios de una agencia de inteligencia para este asunto.

Al ser interrogado por las partes sobre quién pudo ordenar contratar a Villarejo, él ha contestado que no siendo él, que en esa época era el número 2, la única persona con capacidad para adoptar tal decisión sin contar con el CEO era el número 1, señalando de este modo a González.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por el ex presidente de BBVA Francisco González contra su imputación por, supuestamente, haber usado recursos del banco para obtener información de una finca que estaba interesado en comprar a título privado, librándole así de un presunto delito de administración desleal, aunque continúa investigado por cohecho y revelación de secretos en el llamado caso Villarejo.

En un auto del 22 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados dejan sin efecto la imputación de González por administración desleal que acordó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, en una resolución del 20 de julio que confirmó meses después, el 22 de septiembre, al rechazar el recurso de reforma del banquero, que finalmente ha visto colmadas sus aspiraciones en apelación.

Tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción apreciaron una posible administración desleal en el hecho de que González encargara a su entonces jefe de Gabinete y actual auditor jefe de BBVA, Joaquin Gortari, que recabara información registral de una finca en El Escorial que estaba interesado en adquirir.

González alegó que en todo caso se trataría de "una actuación a todas luces esencial para salvaguardar el buen nombre, la reputación y el prestigio de una entidad financiera de primer nivel como es BBVA", ya que si hubiera surgido cualquier tipo de problema en la operación de compraventa -por ejemplo, que el vendedor estuviera implicado en algún delito o que la hubiera comprado con dinero blanqueado- habría impactado de lleno en la reputación del banco trascendiendo la "esfera privada" de González.

La Sala resuelve que no es posible imputar al banquero dicho delito porque no hay denuncia previa de los supuestos perjudicados, que en este caso serían el propio BBVA y sus accionistas, tal y como exigía la ley vigente cuando ocurrieron los hechos, entre 2013 y 2014.

Solo es posible eludir esta denuncia previa "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas", una salvedad a la que se agarró el instructor esgrimiendo que, al ser BBVA "uno de los principales bancos del país", con una multitud de accionistas y que cotiza en el IBEX-35, "el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general".

La Sala, en cambio, considera que esta excepción que permitiría prescindir de la denuncia previa "no tiene un alcance tan amplio", sino que "debe interpretarse restrictivamente".

"El hecho de que BBVA, la sociedad eventualmente perjudicada, sea una de las principales entidades bancaria de nuestro país y tenga muchos accionistas no implica que exista una afectación de los intereses generales o de una pluralidad de personas", afirma.

Además, recalca que, incluso "de resultar acreditada, la conducta que se pretende investigar tendría, dada su escasa entidad, una repercusión nimia en el patrimonio de la sociedad y sería moderado el riesgo reputacional". "Menos aún cabría concebir un perjuicio apreciable para los accionistas o para la economía en general", remacha.

Ya descartada la posibilidad de investigar a González por administración desleal, los magistrados se adentran en los hechos analizados para concluir que no son competencia de la Audiencia Nacional.

En este sentido, recuerdan que las pesquisas sobre el ex presidente del BBVA se enmarcan en una pieza separada dedicada a investigar los encargos que el banco hizo a José Manuel Villarejo a lo largo de los años y que, a su vez, esta pieza separada forma parte de Tándem, una macrocausa que indaga en los muchos y varios negocios del comisario.

En Tándem, señalan, se trata de dilucidar si el grupo empresarial de Villarejo, CENYT, era una organización criminal que prestó a sus clientes "servicios ilícitos consistentes en acceso a documentación restringida, seguimientos a personas o intervenciones de comunicaciones sin autorización judicial, todo ello realizado con aprovechamiento de la condición de funcionario policial" de Villarejo.

"Puesto que el encargo al que se contrae este recurso de apelación fue presuntamente realizado por el presidente de BBVA a un empleado de la entidad (Gortari) y tenía por objeto servicios, a realizar por dicho empleado, relativos a la averiguación de la situación de un inmueble que aquel tenía interés en realizar, parece claro que los hechos, de resultar acreditados, se habrían cometido al margen de la organización criminal investigada y por personas ajenas a ésta", exponen.

Y, por ello, concluyen que las eventuales infracciones penales que pudieran derivarse de este encargo de González a Gortari carecerían de la conexidad que exige la ley para mantener estos hechos dentro de Tándem.

"En consecuencia, deberán ser, en su caso, investigadas en otro (procedimiento) distinto, por el órgano judicial que ostente la competencia para ello, que (...) no es la Audiencia Nacional", zanjan.

La Fiscalía Anticorrupción ha abogado por mantener imputado al expresidente de BBVA Francisco González por un presunto delito de administración desleal en el marco del caso Tándem, al considerar que las supuestas gestiones con recursos de la entidad para obtener información sobre una finca que estaba interesado en comprar a nivel personal podrían resultar algo "baladí", pero revelan una "total confusión" entre lo que eran sus objetivos y los del banco.

En un escrito del 4 de octubre, avanzado por La Información y al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro se oponen al recurso de apelación formulado por González contra la decisión del juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de sumar el de administración desleal a los delitos de cohecho y revelación de secretos por los que ya estaba investigado en esta pieza separada de Tándem.

Anticorrupción fue precisamente quien alentó esta imputación aduciendo que González habría usado recursos del banco "para su uso exclusivamente personal". En concreto, según el relato de la Fiscalía, habría pedido a su entonces jefe de Gabinete, Joaquín Gortari, información registral sobre una finca que estaba interesado en comprar como particular.

El expresidente de BBVA ha combatido esta última imputación en un recurso de reforma donde alegó que las gestiones que pidió realizar a Gortari en relación con dicha finca "se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad", que —argumentó— podría verse afectado si en esa eventual compraventa hubiera algún conflicto de interés. No obstante, este primer recurso fue rechazado por el magistrado, por lo que González ha acudido a apelación.

Los fiscales piden a la Sala de lo Penal que mantenga imputado a González por administración desleal esgrimiendo que, de lo expresado por el propio investigado en su recurso de apelación, se deduce que "existiría una total confusión entre la persona jurídica, su patrimonio y sus recursos, y la figura de su presidente".

"Lógicamente, la operación de la finca, o decir a un empleado de la entidad que haga una gestión sencilla, podrá ser considerado baladí por su presidente, pero lo que pone de manifiesto es que no respeta la distinción entre objetivos de la entidad que preside y los suyos personales", exponen.

Serrano y Cabaleiro subrayan que "la cuestión en un delito de administración desleal no es cuantitativa", sino "cualitativa", "de tal forma que los directivos de una persona jurídica, así como el presidente de la misma, gestionen la entidad en beneficio de los propietarios de ésta, es decir, de sus accionistas".

Requisito procesal

Además, Anticorrupción se agarra a uno de los argumentos aducidos por González en sus escritos para descartar que el hecho de que el presunto perjudicado por estas acciones, BBVA, no haya denunciado los hechos haga imposible perseguir este delito de administración desleal.

Así, señala que si, tal y como razonó González, no solo podía sino que debía hacer esas averiguaciones para evitar que el banco se viera salpicado por una compra privada si resultaba conflictiva, "se está asumiendo que la conducta privada del presidente de la entidad puede perjudicar a la entidad, y recordemos que la entidad es una de los primeros bancos de nuestro país, con lo cual, si perjudica a ésta perjudica no solo a sus accionistas, sino también a economía nacional".

De esta forma, el Ministerio Público ancla esta imputación en el segundo apartado del artículo 296 del Código Penal —que recoge los requisitos para investigar la administración desleal—, conforme al cual se podrá prescindir de la denuncia del perjudicado "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".

No obstante, los fiscales han recordado que "hay accionistas personados que igualmente han asumido la denuncia de los hechos, así como la propia entidad BBVA que fue la que los puso en conocimiento del juzgado, a través de los informes forenses por la misma acordados, encargados, determinados y presentados".

El amplio marco de TándemTándem

En cualquier caso, Serrano y Cabaleiro enfatizan que "la administración desleal es una tipificación jurídica a unos hechos que no se circunscriben, como erróneamente sostiene la defensa, a una actuación puntual en relación con una finca".

"Tal hecho comprende un presunto delito de administración desleal, pero no sería el único, pues lo que se está investigando es que el presidente de una de las principales entidades financieras de nuestro país utilizó recursos del banco para, presuntamente, a través de un policía en activo cometer hechos delictivos, parte y supuestamente en interés del banco y parte, y supuestamente, en interés directo, único y exclusivo del propio presidente", recalcan.

Y es que en esta pieza 9 de la macrocausa Tándem, García-Castellón indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas del entonces comisario José Manuel Villarejo para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos servicios, el banco habría pagado al ahora policía jubilado más de 10 millones de euros.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la macrocausa Tándem, Manuel García-Castellón, ha decidido mantener imputado al ex presidente de BBVA Francisco González por un presunto delito de administración desleal en el que habría incurrido al usar recursos de la entidad bancaria para obtener información registral sobre una finca que estaba interesado en comprar a título privado, ha informado Europa Press.

El magistrado ha desestimado el recurso presentado por González, con el que pretendía que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 revocara su decisión inicial de imputarle un nuevo delito en el marco de esta pieza separada de Tándem. El ex presidente de BBVA ya estaba investigado por cohecho y revelación de secretosinvestigado.

El magistrado achacó a González administración desleal por, supuestamente, haber empleado recursos de BBVA con un fin "exclusivamente personal" -"valorar la adquisición de una finca a título privado"-, accediendo de esta forma a lo que le habían planteado los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro en un escrito del pasado mes de julio. González impugnó esta última imputación alegando que los hechos en cuestión no estaban precisados, que en todo caso habrían prescrito y que, además, al no haber denuncia previa de los supuestos perjudicados -en este caso, el banco- no podrían perseguirse penalmente.

García-Castellón contesta uno por uno a estos argumentos para desmontarlos. Así, recuerda que "nos hallamos en una fase procesal embrionaria" en la que no es necesaria la "plena determinación" de los hechos. Al contrario, apunta, será a raíz de la instrucción cuando se pueda construir un "relato fáctico preciso". Además, subraya que, de lo investigado hasta ahora, "se concreta una precisa operativa sospechosa en relación con la valoración de la adquisición de una finca a título privado".

En este sentido, indica que "el propio recurrente sitúa las gestiones para localizar una finca en los años 2013 y 2014" y "los indicios existentes apuntan a que tales servicios se abonaron con fondos de BBVA". "Por ende, sí que estarían concretados (los hechos), siquiera de modo genérico", afirma.

Frente a las acusaciones vertidas por González hacia la Fiscalía Anticorrupción, a la que reprochó impulsar una "investigación prospectiva" en su contra, el juez responde que no puede considerarse así por cuanto los señalamientos por administración desleal se enmarcan en una instrucción más amplia que abarca "la pluralidad de contrataciones" de BBVA con Cenyt, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo. En este sentido, García-Castellón pone de manifiesto que, del conjunto de las pesquisas en esta pieza separada 9, "se infiere que se han podido cometer hechos con apariencia delictiva, en cuya virtud se habrían llevado a cabo encargos al Grupo CENYT y que tales servicios se habrían sufragado con los fondos sociales".

Es "esencial" que declare 

En cuanto a la caducidad esgrimida por González, el magistrado recalca que al estar en una fase inicial de la investigación "en este momento no es posible acotar temporalmente los servicios interesados por el investigado".

Apostilla en este punto el instructor que "es esencial que se le tome declaración sobre dicho extremo, en orden a completar el relato fáctico", si bien no acuerda citarle para una nueva comparecencia. Anticorrupción lo pidió, pero al imputar a González el delito de administración desleal el juez se limitó a informarle de su derecho a declarar, "si lo estima oportuno".

Por último, sobre la necesidad de que haya una denuncia previa que en este caso no existe, García-Castellón expone que "la denuncia no era necesaria si se afectaba a los intereses generales o a una pluralidad de personas". En este supuesto, aclara el juez, "nos encontramos con que el BBVA es una entidad bancaria de gran relevancia, que cotiza en el IBEX-35, con una multitud de accionistas y que es uno de los principales bancos de este país". En consecuencia, razona, "el riesgo reputacional de semejantes conductas sí que afecta, de modo directo, a los intereses generales de aquéllos, así como al interés general", "por lo que no sería precisa la existencia de una denuncia previa".

Precisamente, el daño reputacional fue uno de los motivos aducidos por González. Según él, las gestiones que pidió realizar a su entonces jefe de Gabinete y actual jefe de auditoría de BBVA, Joaquín Gortari, en relación con dicha finca "se justifican en la salvaguarda del buen nombre de la entidad", que -alegó- podría verse afectado si en esa eventual compraventa hubiera algún conflicto de interés.

En esta pieza 9 de Tándem, García-Castellón indaga en los trabajos que BBVA encargó a las empresas de Villarejo para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos servicios, el banco habría pagado al ahora policía jubilado más de 10 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado, informa Europa Press.

En un escrito presentado el pasado jueves 8 de julio, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro requerían al juez que citase a declarar al exdirectivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del caso Tándem, en la que se investigan los contratos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público han solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que prorrogue la instrucción de la causa por un plazo de seis meses para continuar con la investigación.

El juez acordó la imputación de Francisco González en noviembre de 2019 por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en relación a los contratos con el ex alto mando de la Policía investigado en la Audiencia Nacional.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha denegado a uno de los imputados en la pieza sobre los contratos con el BBVA el acceso a todos los emails recibidos y enviados desde sus antiguas cuentas de correo corporativo. Quien lo solicitó fue Antonio Béjar, exjefe de riesgos inmobiliarios y la persona que tras anunciar que colaboraría con la investigación judicial implicó al expresidente del BBVA, Francisco González, en la contratación de la empresa usada por el comisario para labores de espionaje, Cenyt SL.

Su solicitud de acceso a sus propios correos electrónicos, a la que se opuso el banco, obtuvo el respaldo de Anticorrupción: el derecho de defensa de Béjar –escribieron los fiscales– "en modo alguno puede hacerse depender de la voluntad de los letrados del BBVA", que se encuentra igualmente imputado, este en su condición de persona jurídica. Pero en un auto dictado este martes el magistrado desestima la petición aduciendo que el banco "tiene el derecho a no facilitar nada que pudiera resultarle incriminatorio".

El juez sí accede a demandar al banco que identifique de forma clara y detallada el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde 2004 y hasta ahora. Y, aunque sin fijar fecha, anuncia que Antonio Béjar declarará de nuevo como investigado. 

El nuevo auto fue recibido con satisfacción por el BBVA, que a media tarde emitió un comunicado de elogio. La resolución, sostiene la nota, "destaca la colaboración del banco y subraya que “BBVA ha aportado todos los resultados relevantes para la Instrucción entre los miles de archivos y correos electrónicos facilitados por la entidad”. Igualmente –prosigue el texto– el auto sostiene que “la representación de la entidad BBVA ha puesto a disposición de este Juzgado Central de Instrucción todos los hits (2,3 millones) obtenidos por PwC [la consultora encargada del forensic o investigación interna] al aplicar las palabras clave, para despejar cualquier duda de que lo aportado por BBVA al procedimiento sea el resultado realmente obtenido de la investigación". "Precisamente –añade García Castellón– eso permitió que sobre todas ellas fuera extensamente interrogado el representante especialmente designado de BBVA”.

En el mismo auto, el juez acuerda asimismo poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por PwC para el informe forensic que preparó para la entidad en relación a los contratos que reportaron a Villarejo 10,28 millones de euros entre 2004 y 2017.

Pineda, la oferta de 12 millones y el hotel en el Pirineo oscense

El juez también ha denegado otra diligencia requerida en este caso por uno de los espiados por Villarejo, Luis Pineda, fundador de la asociación de banca Ausbanc. Pineda sostiene que en las Navidades de 2012 y mientras se encontraba con su familia en un hotel del Pirineo oscense, Francisco González le ofreció 12 millones "por abandonar el asunto de las cláusulas suelo", origen de una denuncia que Ausbanc acabó ganando en el Tribunal de Luxemburgo. Lo que ahora reclamaba a García Castellón es que solicitara al hotel  y al BBVA datos que permitiesen verificar que el entonces presidente del BBVA se alojó allí en aquellas fechas.

La Fiscalía no se opuso a la práctica de esa prueba "ya que dicho supuesto encuentro es objeto de investigación en la presente causa". El magistrado entiende lo contrario: el requerimiento al hotel es "innecesario e inútil, pues nada aporta, tratándose de un dato periférico, circunstancial e irrelevante". En paralelo a su papel como acusación particular en esta pieza de la también denominada Operación Tándem, Pineda se sienta en el banquillo en otro proceso acusado de extorsión.

En el mismo auto, el juez acuerda asimismo poner en manos de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional los documentos recabados por la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) para el informe forensic que preparó para la entidad en relación a los contratos que reportaron a Villarejo 10,28 millones de euros entre 2004 y 2017. 

La relación que el BBVA mantuvo con el comisario Villarejo en Uruguay al menos desde 2007 ha abierto nuevas incógnitas en la Operación Tándem. El interrogatorio judicial al socio responsable del departamento de forensics o investigaciones independientes de PwC (Price Waterhouse), Javier López Andreo, dejó este lunes al descubierto otro hecho de los que en el último año han ido resquebrajando la versión del banco sobre su “colaboración con la justicia”. Y ese hecho es que PwC, encargada del forensic encargado por el BBVA sobre los contratos con Villarejo, nunca ha llegado a disponer de toda la información sobre qué operaciones efectuó la segunda entidad bancaria española con el policía en el país sudamericano.

Abogados presentes en el interrogatorio aseguran que López Andreo admitió que si PwC carece de todos los datos de lo ocurrido en Uruguay se debe a que el banco no se los facilitó. ¿Por qué? Por cuestión de normativa sobre el blanqueo, vino a decir el testigo. Este periódico preguntó a los portavoces del BBVA por qué omitió ante PwC todo lo que estaba en su poder sobre las operaciones con Villarejo en Uruguay. No hubo respuesta. Imputado como entidad desde julio de 2019, la negativa del banco a poner sobre la mesa los documentos que ha ido pidiendo el juez resquebraja el que en el último año ha sido su mensaje primordial: que mantiene una “colaboración plena” con la justicia.

La ausencia de información completa sobre los negocios con el comisario en el país americano forma parte de una extensa red de agujeros negros en el mapa que el análisis forensic de PwC debería haber dibujado hace ya meses. El juez ha dado a la consultora una semana de plazo para que aporte nada menos que 223 emails y otros documentos. Y Anticorrupción avisó a López Andreo de que la investigación penal no pueden dirigirla los abogados del banco. Es decir, el bufete Garrigues, que es el que marca el rumbo de PwC y ante el que los autores de la denominada "investigación interna" rinden cuentas.

Lo que respondió PwC sobre Uruguay hace aflorar una palabra que podría resultar clave en este flanco incipiente del caso: blanqueo. Porque Villarejo utilizó ese país para crear la red empresarial de la que luego se valió en España. En cabeza de esa red se sitúa Cenyt SL, heredera de otras dos compañías constituidas en Montevideo y a través de la cual cobró 10,28 millones del BBVA por trabajos de seguimientos y espionaje.  En Uruguay, el policía ocultó fondos multimillonarios de hasta 15 millones que comenzó a repatriar una vez que la OCDE sacó en diciembre de 2011 al país de la lista de paraísos fiscales. Qué conexiones mantuvieron allí Villarejo y el banco que hasta hace poco más de un año presidía Francisco González continúa siendo un secreto desvelado solo en parte.

Como ya publicó infoLibre, un email interno de la entidad atestigua que Villarejo había abierto en marzo de 2007 una cuenta en el BBVA en Uruguay. Su autor, un directivo de la entidad en la República Oriental narra en su correo electrónico que había recibido instrucciones para tratar a Villarejo “lo mejor posible". "Le recibí –narra– y hablamos sobre el apoyo que el BBVA puede darle en su actividad”. Y el policía abrió una cuenta.

Pero de esa cuenta no aparece ni una palabra en la amplia respuesta que el banco ofreció en julio de 2017 al requerimiento enviado entonces por el Sepblac, la máxima unidad de inteligencia financiera española contra el blanqueo de capitales. El Sepblac le demandó a la segunda entidad financiera del país información de diversas cuentas pero, también, "datos de conocimiento que se tenga" de sus titulares y autorizados. Aunque esa petición equivalía a solicitar todo lo que el banco supiera sobre Villarejo y su grupo, la cuenta de Uruguay ni siquiera fue mencionada.

A las cuatro de la tarde, juicio. A las 10 de la mañana, interrogatorio a un testigo del caso Villarejo/BBVA. Leído así, lo anterior parecen simples anotaciones en la agenda de un abogado. Pero ese abogado es Luis Pineda, fundador de la durante años conocida asociación de usuarios de banca Ausbanc. El lunes por la tarde tomará parte en un juicio que se reanuda tras el parón por el estado de alarma, pero lo hará desde el banquillo. Exactamente, como acusado por extorsión y organización criminal. Y es ese mismo Luis Pineda quien horas antes se estrenará interrogando como acusación particular a un testigo de gran relevancia para desbrozar la jungla en que se ha convertido la pieza del caso del comisarioVillarejo sobre sus trabajos para el BBVA. La madeja se enreda aún más con otro cabo: el proceso donde Pineda se enfrenta a una petición de 119 años de cárcel es fruto de una investigación que comenzó en 2015 con una denuncia anónima como base. Ahora, el BBVA reconoce su autoría. 

La secuencia arriba descrita –Pineda como abogado de una acusación particular que ya ha comunicado al juzgado su asistencia al interrogatorio y Pineda como acusado en el banquillo por la tarde– se repetirá salvo imprevistos el martes. Porque los dos primeros días de la próxima semana están citados a testificar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dos altos responsables en España de la consultora PwC (Price Waterhouse) en el área de lo que se conoce como análisis forensic. Es decir, de investigaciones internas encargadas por empresas a expertos independientes para averiguar qué, cómo, cuándo y en qué condiciones ocurrieron hechos irregulares o directamente delictivos. En el caso del BBVA, el forensic de PwC para averiguar qué y cómo y a petición de quién hizo Villarejo para el BBVA a cambio de 10,28 millones aparece plagado de dudas y agujeros negros desde el punto de vista de la instrucción judicial. A tenor de lo que ya ha declarado la consultora, sus expertos seguían en el forensic la ruta marcada por Garrigues Walker. Y Garrigues es el bufete que desde el inicio del caso asumió la defensa de la segunda entidad financiera del país, sobre la que pesa una imputación penal desde julio de 2019.

Sin precedente conocido, el doble papel de Pineda como acusador y acusado ilustra la complejidad de dos causas cada vez más entrelazadas: la Operación Tándem, cuyo protagonista principal es Villarejo; y la Operación Nelson, donde el jefe de Ausbanc ocupa el centro del escenario con el líder del seudosindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernad,  como principal copartícipe.  Una fuente que conoce muy de cerca la evolución del caso Villarejo definía este jueves la situación de Pineda con tres palabras: "Un poco freudiana". ¿Terminará la pieza del BBVA, la 9 de Tándem, por disolver como un azucarillo la Operación Nelson? En eso confía el creador de Ausbanc, que pasó tres años en prisión preventiva y a quien defiende el bufete de Miguel Durán. 

Con nada menos que 25 piezas que brotan del mismo tronco, la Operación Tándem gira en torno a la frenética actividad privada y supuestamente delictiva del comisario Villarejo mientras continuaba ejerciendo como policía sin obstáculos oficiales. Comunicador de relieve como demuestran los audios incorporados a la causa, auténtico filón informativo para múltiples periodistas y mayorista de secretos ajenos  –los archivos incautados suman "cientos de miles", dice el sumario–, Villarejo se dedicó durante al menos dos décadas a espiar, extorsionar, usar ilegalmente medios policiales y parapoliciales y a afianzar un imperio económico floreciente con ramificaciones en paraísos fiscales. Luis Pineda figura en la lista de espiados por encargo del BBVA. El policía permanece encarcelado, como preso preventivo, desde noviembre de 2017.

Aunque de menor envergadura, también Pineda construyó un sólido patrimonio. Y los asemeja otro elemento: Villarejo se proclama víctima de una cacería y de sus enfrentamientos con altas instancias como el ex director del CNI Félix Sanz Roldán, que le costará en septiembre su primer juicio, este por calumnias y denuncia falsa; Pineda se declara igualmente objeto de una persecución cimentada sobre mentiras. Esa es su tesis de defensa. Una conspiración –continúa su tesis– urdida por el BBVA y canalizada a través de Villarejo para aniquilar a Ausbanc por los constantes golpes que infligía en los tribunales al banquero Francisco González y su equipo. De momento, sigue sentado en el banquillo por una acusación que cabe resumir así: que durante años su asociación colocó a bancos y empresas ante el dilema de firmar jugosos convenios publicitarios o ver sus reputaciones destruidas con denuncias en los tribunales y campañas de desprestigio.

En la relación de supuestos chantajeados figuran el BBVA pero el entorno de Cristina de Borbón, a quien la Fiscalía nunca acusó por delito fiscal en el caso Urdangarin y que acabó en el banquillo con Manos Limpias como única acusación: el supuesto chantaje planteaba de nuevo un dilema, o dinero o la acusación contra la infanta sigue adelante.  Ni el BBVA, que dio un paso atrás, ni el entorno empresarial –la Caixa– o más personal de la infanta –el bufete de Miquel Roca– ejercen la acusación en Nelson. Sí lo hace Unidas Podemos. Personada en la pieza del BBVA y salvo viraje de última hora, su abogado coincidirá el lunes con Pineda.

Una comida a la que asistieron "una magistrada de la Audiencia Nacional", uno "del Tribunal Superior de Justicia" y otros dos comensales. Y esos otros dos comensales eran Julio Corrochano, entonces jefe de Seguridad del BBVA y figura relevante en el caso Villarejo, así como el autor de los entrecomillados anteriores: Eduardo Ortega, actual directivo de los servicios jurídicos de la entidad y también imputado en la causa. Los cuatro aparecen en el párrafo más enigmático del escrito con que Ortega se defendió en julio de 2019 ante el banco de las acusaciones internas sobre su participación en la denuncia "anónima" del BBVA contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc, que acabó sentando en el banquillo a su presidente, Luis Pineda. La denuncia contra Ausbanc se presentó el 2 de febrero de 2015. Y el almuerzo cuyo porqué omite Ortega tuvo lugar ocho meses antes. Quiénes eran aquellos dos jueces, para qué se reunieron con ellos y por qué metió con calzador ese episodio en un escrito redactado como pliego de descargo son preguntas abiertas. El viernes, infoLibre intentó obtener a través de los portavoces del BBVA la respuesta de su responsable jurídico y la del propio banco. No la hubo. 

Lo único que demuestra al respecto el escrito de Ortega incorporado al sumario de la denominada Operación Tándem o caso Villarejo es lo siguiente: que en sus 20 páginas, que condujeron al inmediato cierre del expediente interno, introdujo una referencia expresa al encuentro que, siempre según su versión, Corrochano y él mismo mantuvieron con dos jueces de identidad desconocida. Sin explicaciones ni detalles ni más nombres que el suyo y el del entonces jefe de seguridad del BBVA, el responsable de los servicios jurídicos contenciosos incorporó a su texto del 31 de julio de 2019 dos datos exactos sobre aquella cita gastronómica: la fecha –14 de mayo de 2014– y el nexo que había entre Corrochano y los dos magistrados.Todos ellos –escribió– se conocían como consecuencia del trabajo de la esposa del señor Corrochano [letrada de la Administración de Justicia] en los tribunales".  Hasta que desembarcó en enero de 2014 en el equipo directivo del BBVA, Ortega había presidido como juez la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Y antes de asumir la dirección de seguridad del banco, Corrochano había coincidido con el comisario José Manuel Villarejo en la Policía.

¿Se refirió Ortega a ese almuerzo para reforzar el mensaje de que "tampoco en aquella época había sombra de duda con respecto al señor Corrochano"? Es una incógnita. "Obviamente –escribe–, ninguno de los magistrados (como yo mismo) conocía nada de las posibles ilegalidades [en] las que podía haber incurrido el señor Corrochano. De otro modo esa comida no se habría celebrado nunca".

Es a renglón seguido cuando su narración aborda un segundo almuerzo donde, siempre según su relato, arrancaron los preparativos para la denuncia contra Ausbanc. De nuevo él mismo y Corrochano compartieron mantel. Y esta vez lo hicieron, el 25 de julio, con el entonces comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio. Fue ahí donde, según Ortega, comienzan "los hechos relativos a la gestación de la denuncia contra Ausbanc".

Aun así, no fue ese el episodio definitivo en la preparación del ataque jurídico contra Ausbanc, cuyo juicio ha quedado interrumpido por el estado de alarma y sobre cuyos procesados pesan graves acusaciones por supuestos delitos de extorsión. Lo que cerró el círculo de la estrategia para la denuncia del BBVA camuflada como anónima fue un tercer almuerzo, este fechado el 7 de enero de 2015 y con el centro neurálgico de la Policía –el Complejo de Canillas– como escenario. Fue en esa tercera comida, con el entonces presidente del banco, Francisco González, y la cúpula policial presentes, donde se tomó la decisión definitiva contra la asociación fundada por Pineda.

Ausbanc le había ganado pleitos de gran importancia al banco. Pero lo que llevó a su jefe máximo y a parte de su equipo al banquillo fueron acusaciones de extorsión: contra el BBVA y contra el entorno de Cristina de Borbón, que había llegado al banquillo del caso Urdangarin por la acusación a la que se opuso la Fiscalía y sostenida solo por Manos Limpias, el seudosindicato ultra con el que Ausbanc mantenía un estrecho acuerdo de colaboración.

Según la Fiscalía, Ausbanc amenazó de manera constante al BBVA con hundir su reputación si no se ajustaba a sus exigencias económicas en forma de publicidad. Y Manos Limpias ofreció a la defensa de la hermana del rey un pacto, también con dinero por medio, a cambio de retirar su acusación. 

Ausbanc niega de forma tajante que las afirmaciones del BBVA sean algo más que una farsa destinada a hundir a Pineda, cuyo mandato al frente de su asociación se entreveró con el nacimiento de un importante grupo de empresas y propiedades inmobiliarias. Una vez estalló el caso Villarejo se conocieron los contratos por los que el banco pagó 10,28 millones a su empresa Cenyt SL para espiar e investigar a políticos, empresarios y periodistas.

En julio de 219, el BBVA dejó de ejercer la acusación contra Ausbanc. Ese mes terminó con el auto judicial por el que Manuel García Castellón, juez instructor del caso Villarejo, imputó en la causa al banco como persona jurídica.

Un informe de Anticorrupción sobre el proyecto de espionaje del BBVA contra Luis Pineda, el llamado "Proyecto Pin", resulta demoledor: "Constan incorporados múltiples documentos relacionados con la obtención de información con vulneración de derechos fundamentales de Luis Pineda Salido y su familia y las actividades de Ausbanc, como tráficos de llamadas y análisis de cuentas corrientes, abarcando varios años". Durante ese periodo, supervisaron "el proyecto" cinco directivos del BBVA: Francisco González y cuatro de sus subordinados.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE), máxima autoridad monetaria de los países del euro, de entregar a la Audiencia Nacional papeles hasta ahora clasificados como confidenciales ha dejado en evidencia al BBVA. Los documentos remitidos en las últimas semanas al juez de la Operación Tándem demuestran que ya en enero de 2019 la segunda entidad financiera de España aseguró en un informe dirigido al BCE que los contratos con Cenyt SL, la empresa matriz del comisario Villarejo, se habían firmado sin que los autorizasen ni el comité de dirección del banco ni ninguna instancia dependiente.

Es más –esa al menos fue la versión que sostuvo el BBVA– ningún órgano directivo había sido tampoco informado de la existencia de tales contratos ni de cuáles fueron los servicios prestados. En total, el banco pagó por ellos 10,28 millones de euros. Sirvieron para espiar a políticos, empresarios y periodistas a los que el banco consideraba rivales y enemigos. 

El documento, cuya remisión a la Audiencia hizo efectiva el BCE el 18 de febrero a través del Banco de España invocando normas que le permiten levantar el secreto profesional en caso de procedimientos penales, iba firmado por Eduardo Arbizu. Es decir, por el hombre que desde 2003 había dirigido el área legal, luego también la de cumplimiento normativo y finalmente, la de control  y regulación interna. En otras palabras, los departamentos que en una gran empresa conjuran los riesgos de desorden y desbarajuste contable, financiero y jurídico. 

En el momento de rubricar la extensa misiva donde daba respuesta a las preguntas del BCE, todas ellas formuladas cuando ya habían saltado datos relevantes sobre la relación entre el BBVA y Villarejo, Arbizu dirigía el departamento de supervisión, regulación y cumplimiento normativo o compliance. El directivo mantuvo intactos sus galones varios meses. Los perdió una vez que la Fiscalía Anticorrupción pidió el 23 de julio la imputación del BBVA como persona jurídica por haber contratado servicios parapoliciales con un policía en activo que, supuestamente, controló llamadas, hizo seguimientos y buscó puntos débiles capaces de destruir la reputación de aquellos a quienes espiaba para el banco. Una semana después de  aquella petición, el juez García Castellón dictó el 29 de julio un auto por el que imputaba al banco como persona jurídica. En noviembre, Arbizu pasó a engrosar la lista de personas físicas imputadas, lista que capitanea el expresidente Francisco González: FG para el mundo financiero.

Coincidencia de fechas

La fecha en que Arbizu respondió al férreo cuestionario del BCE –23 de enero de 2019– coincide con la elegida por el BBVA para responder al segundo requerimiento de información de la CNMV. Doce días antes, el 11 de enero, el organismo supervisor se había visto obligado a enviar una segunda carta al banco después de que la cursada en octubre de 2018 se hubiera saldado con una respuesta donde la entidad que aún presidía FG omitió los contratos que habían reportado a Villarejo nada menos que cinco millones de euros.

O sea, omitió en aquella primera respuesta a la CNMV la mitad de lo pagado. Y ocultó así la existencia de todos los encargos efectuados a Cenyt SL entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2012. Entre ellos estaba el primero y más relevante de la serie por lo que hasta ahora ha trascendido: el que buscaba dinamitar el desembarco accionarial en el BBVA del grupo inmobiliario Sacyr. Para ello, Villarejo y los suyos espiaron a políticos y cargos públicos como el socialista Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica de Zapatero y luego ministro, y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas. Y a empresarios como Luis del Rivero, de Sacyr.

En su carta y en los anexos enviados a la CNMV, el BBVA obvió también referirse a la ausencia de autorizaciones y controles de los contratos. En el cuestionario del BCE aparecía una pregunta inequívoca destinada a averiguar "qué órgano del BBVA" los había aprobado. En el de la CNMV ese punto quedaba en el aire. 

La letra de los contratos suscritos por el BBVA con Cenyt SL hablaba de asesoramiento y otras gestiones legales. En algunos casos, como el de las averiguaciones sobre el fundador de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, Luis Pineda, ni siquiera existieron. Las investigaciones de Villarejo sirvieron al BBVA para presentar una "denuncia anónima" que tras un rápido informe policial derivó en la apertura de unas diligencias que culminaron en un juicio por extorsión todavía a medias. Inicialmente, el banco ejerció la acusación particular pero se acabó retirando para "evitar cualquier duda de una eventual estafa procesal". 

Lo sorprendente de las facturas vinculadas a esos contratos es que dos de ellas fueron emitidas no por la empresa Cenyt SL sino por una marca comercial (V&V Development) que carece de CIF y por tanto de capacidad para realizar operaciones de ese tipo. En el BBVA nadie detectó semejante anomalía. Abonadas en 2010, esas dos facturas reportaron a Villarejo 1,2 millones. Ningún departamento del banco puso trabas a que la marca comercial que actuó como emisora ni siquiera pertenecía ya a Cenyt sino a otra firma de la constelación mercantil del comisario.

"Hacedlo como si fuese realmente real". Lanzado el 23 de diciembre de 2004 por el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, a José Manuel Villarejo, aquel consejo se refería a cómo el comisario debía enmascarar las tres primeras facturas que su empresa Cenyt SL libraría contra el banco. BBVA acababa de encargarle al policía la operación de espionaje contra el político socialista Miguel Sebastián y el empresario Luis del Rivero para impedir el desembarco de Sacyr. Aquella fue la primera de una larga serie de operaciones parapoliciales que reportaron 10,28 millones a Villarejo hasta un mes después de que en noviembre de 2017 fuese encarcelado como preso preventivo por los graves delitos de corrupción y extorsión que se le atribuyen en la Operación Tándem.

Como desveló infoLibre, en el listado de facturas giradas por Villarejo al BBVA aparecen dos que directamente incumplen todos los requisitos legales: fueron emitidas en febrero de 2010 por una marca comercial sin capacidad jurídica para ello, no aparecía por tanto un CIF ni tampoco domicilio fiscal. Para colmo, aquella marca –V&V Development– ni siquiera pertenecía ya a Cenyt SL. Es decir, la empresa con la que el BBVA firmó los contratos.

¿Son las únicas facturas falsas esas dos, que suman nada menos que 1,17 millones de euros y fueron satisfechas sin un pero por el banco? Las palabras de Corrochano apuntan en la dirección contraria. Pero lo ocurrido con las tres primeras facturas de Cenyt, cada una de ellas cuantificada en 90.000 euros más IVA, encierra un doble misterio: porque el banco las pagó dos meses antes de que el "centro de grabación de facturas" las sellara, circunstancia inédita que no volvió a repetirse; y porque Villarejo y su equipo no siguieron las indicaciones del jefe de seguridad del banco, que les había dado instrucciones precisas para presentarlas como el pago relativo a la organización de tres jornadas para directivos del BBVA celebradas en octubre, noviembre y diciembre. Muy al contrario, en el concepto figura lo siguiente: "Trabajos de asesoramiento, análisis e inteligencia con tareas de información e investigación, según contrato de 02/12/04".

Las facturas que constan en el paquete remitido a la Audiencia Nacional muestran varios datos peculiares sobre las tres citadas: fueron fechadas el mismo 23 de diciembre de 2004, es decir, el día en que Villarejo grabó la conversación con Corrochano a que se refiere el párrafo inicial; fueron abonadas, como se esbozó en el párrafo anterior, el 8 de enero de 2005 pero –y aquí emerge el elemento peculiar–, no fueron selladas por la entidad pagadora hasta el 9 de marzo de aquel año, es decir, hasta dos meses después de que 313.200 euros –90.000 por factura más IVA– hubiesen llegado a manos de Villarejo y su equipo.

¿Ocurrió algo que obligase al policía a renunciar a las facturas hechas según el molde recomendado por Corrochano y a modificarlas manteniendo la fecha pero no el concepto porque algún empleado ajeno al pacto de espionaje hubiese detectado su falsedad por la inexistencia de tales jornadas de directivos? infoLibre preguntó a los portavoces del BBVA sobre por qué las facturas fueron pagadas dos meses antes de su contabilización. No hubo respuesta.

Azafatas y punto, que "todos hablamos inglés"

Pero el jefe de seguridad del BBVA, que en más de una ocasión proclamó que recibía órdenes directas del presidente, Francisco González, buscaba ocultar el motivo real de las facturas. El diálogo entre Corrochano y Villarejo, transcrito por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía en uno de los informes incorporados a la causa y al que pertenece la siguiente secuencia, no ofrece dudas:

Corrochano (C): (ininteligible) vamos a utilizar solamente Cenyt... vamos hacer tres facturas de... tres de 90.000 en los mismos términos... que son reuniones, de octubre, noviembre y diciembre que os las vamos a pagar ahora...

Villarejo (V): vale, vale.

C: entonces luego...

V: ¿abrimos una cuenta mañana mismo no?

C: mañana mismo... no en Julián Camarillo... si no en Castellana 81...el código postal es el que varía.

V: el NIF es el mismo, es correcto.

C: el NIF es el mismo, en el desglose... ponéis igual... tal tal... y luego no pongáis esto de regalo de promoción.

V: nada.

C: este es el concepto para cuadrar de alguna forma me entiendes... este no es... entiendes...

V: sí, sí.

C: esto no pasa nada... pero hacerlo como si fuese realmente real...

V: que sí, que sí

C: es que varía un poco... por ejemplo...tema azafatas... bilingües nada... azafatas punto. Que como somos directivos todos hablamos inglés.

Las dos facturas opacas por las que, como ya publicó infoLibre, el BBVA pagó al comisario Villarejo 1,17 millones en 2010 no solo incumplían las normas legales elementales de facturación sino que rizaron el rizo con lo que podría llamarse usurpación de marca. Fechadas el 5 de febrero de aquel año, en esas dos facturas [puedes verlas pinchando aquí] no solo no figuraba Cenyt SL, la firma de investigación contratada por la entidad que presidía Francisco González, ni su CIF sino que aparentaban haber sido emitidas por una simple marca comercial. Pero, para colmo, esa marca –V&V Development– ya no pertenecía a Cenyt en febrero de 2010. Los portavoces del BBVA rehusaron este martes ofrecer explicaciones sobre el asunto, a preguntas de este periódico.

Un año antes de febrero de 2010, V&V Development había pasado a ser propiedad de Servicios de Investigación y Detección SL, otra pieza del entramado empresarial del policía.  Oficialmente al menos, Servicios de Investigación y Detección SL es por completo ajena a los contratos por los que el segundo banco del país abonó 10,28 millones entre 2004 y 2017 a cambio de servicios de investigación y espionaje a políticos y empresarios. 

Pero hay más, porque de la madeja cuelga otro cabo que alimenta los interrogantes: Servicios de Investigación y Detección SL es la mercantil de José Manuel Villarejo que cobró de la Oficina Antifraude de Cataluñacobró de la Oficina Antifraude de Cataluña por hacer barridos electrónicos en octubre de 2013. Es decir, un año antes de que alguien grabase los audios donde se oye cómo el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, animaba al director de la Oficina Antifraude de aquel momento, Daniel de Alfonso, a recabar material contra los líderes independentistas. "Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión" es la frase que, tras desvelar el diario Publico aquella conversación en 2016, quedó grabada en la memoria. Y en la hemeroteca, que ya en aquella fecha acumulaba una extensa batería de noticias sobre la denominada Operación Cataluña, la policía patriótica y las cloacas del Estado.Operación Cataluña, policía patriótica

Como ha subrayado Anticorrupción en informes e interrogatorios, un documento en poder del BBVA define así a V&V Development: "V&V Development es la división de inteligencia empresarial de Cenyt... es una organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad...singularmente especializada en metodología de análisis de información..." Lo anterior –sostienen los fiscales– apunta como un dardo a que el bancó sí sabía que Villarejo era un policía en activo y, por tanto, incompatible para efectuar investigaciones privadas.

La normativa legal sobre facturas impone de manera taxativa que en ellas figuren el "nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones" [puedes consultar aquí el artículo 6 del Real Decreto que regula la facturación]. Cualquier contable, sea cual sea la dimensión del negocio para el que trabaje, lo sabe. Pero al banco no solo le pasó eso inadvertido sino que tampoco se percató de que en 2010 V&V Development había dejado de estar registrada a nombre de Cenyt SL. ¿Podía haber averiguado con facilidad ese segundo dato y sin necesidad de recurrir a despachos especializados? Sí. La web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no solo ofrece de manera automática un historial de cada marca sino que permite el acceso al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), equivalente al BOE de todo lo patentado en España.

Historial de la marca

Es en el BOPI donde cada cambio relacionado con una determinada marca queda reflejado. En el caso de V&V Development, hay dos grandes hitos: el primero, que apareció publicado en el BOPI del 1 de octubre de aquel año, acredita que Cenyt SL, acrónimo de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL, solicitó la inscripción de la marca V&V Development el 17 de julio de 2007. El 12 de enero de 2009, y por razones que la OEPM no aporta ni en este caso ni en ninguno, la marca fue transferida a Servicios de Investigación y Detección SL. El traspaso de la marca –la M 2783005– se publicó en el boletín del 1 de febrero de aquel año. Desde entonces y según la información extraída por este periódico, V&V Development no ha experimentado más cambios de titularidad.

Las dos facturas que nada menos que por 1,17 millones de euros abonó el BBVA en las condiciones reseñadas se integran en el lote de contratos y facturación que obra incorporado a la causa. Es decir, a la pieza separada 9 del conocido como Operación Tándem o caso Villarejo, donde el juzgado de instrucción central 6 de la Audiencia Nacional investiga los (supuestos) delitos de corrupción y extorsión por los que el antaño poderoso José Manuel Villarejo permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

La causa incluye un análisis policial de los movimientos de distintas cuentas bancarias de Cenyt SL. Y ese análisis indica dos cosas: la primera, que la Policía señala a Villarejo como "titular real" de Servicios de Investigación y Detección SL aunque es su hijo, José Manuel como el padre, quien consta como administrador único desde 2014; la segunda información relevante sobre este punto consiste en que Cenyt SL transfirió de inmediato a esta segunda sociedad 261.000 euros a los cinco días de haber cobrado del BBVA 1.171.600 euros por la provisión de fondos para los contratos del 5 de febrero.

Uno de esos dos contratos iba dirigido a localizar bienes ocultos de Fernando Martín, presidente entonces de Martinsa. El otro perseguía el mismo objetivo con Luis Portillo, cabeza de la inmobiliaria Colonial. Ambos adeudaban grandes cantidades al BBVA. El banco asegura que los trabajos de localización de patrimonio encargados a Villarejo no le han permitido recuperar ni un euro. Pero la información remitida al juez por la entidad financiera cuantifica en 5,3 millones la cuantía de lo que el comisario percibió en concepto de "primas de éxito". En virtud de los contratos con Cenyt, esas primas solo eran pagaderas si, como mínimo, los bienes ocultos –patrimonio inmobiliario o dinero– resultaban localizados y plenamente identificados.

La redacción de los dos contratos suscritos por BBVA y Cenyt el 5 de febrero de 2010 sitúa a quien lo lee en una posición confusa. Porque un párrafo que se repite luego en contratos posteriores se presta a concluir que quien realmente va a ejecutar los trabajos pactados es V&V Development y no Cenyt SL. Ese texto dice lo siguiente: que Rafael Redondo, socio del comisario José Manuel Villarejo, suscribe el contrato "en nombre y representación de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL, sociedad titular de la marca de servicios V&V Development, sociedad anónima de duración indefinida, domiciliada en Madrid”.

La versión oficial del BBVA, que ha hecho bandera de su "colaboración plena" con la justicia en el caso donde se investigan los contratos privados por los que durante 14 años el comisario Villarejo espió a políticos, empresarios y periodistas, ha sufrido este jueves otro golpe. Y este, severo.

En su declaración judicial como testigo, Javier López Andreo, jefe del equipo de PwC encargado del forensicforensic, la investigación interna del BBVA que implicaba el examen de miles de documentos, ha asegurado que en ningún momento se ha incluido nada relativo al espionaje al que en 2004 y 2005 fueron sometidos, entre otros, el político socialista Miguel Sebastián, el entonces presidente del grupo inmobiliario Sacyr, Luis del Rivero, y quien en aquel momento ocupaba la vicepresidencia de la CNMV, Carlos Arenillas.

Los tres formaban parte de lo que los papeles de Villarejo llamaban "Grupo Hostil". Con el objetivo de impedir el desembarco de Sacyr en el accionariado del banco, el policía y los suyos los siguieron, vigilaron, tuvieron bajo control telefónico y buscaron puntos débiles para destruir su reputación. Para impedir, en suma, el desembarco de Sacyr en el accionariado. Pero nada de aquello fue objeto de informes o análisis dentro del forensic, ha dicho López Andreo. Y no lo fue porque Pricewaterhousecoopers (PwC) solo examinó los documentos que le pidió Garrigues. Es decir, el bufete que defiende en esta causa al banco, imputado como persona jurídica desde julio por los supuestos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indicaron que López Andreo afirmó que la consultora planteó que la llamada Operación Trampa, la lanzada contra el "Grupo Hostil" fuese objeto de una línea de investigación interna pero que su propuesta topó con la negativa de Garrigues.  El testigo llegó más lejos durante su comparecencia ante el juez. Tanto que puso cifras al trabajo que PwC logró realizar: solo el 10% de lo que propuso porque al resto Garrigues dijo no.

Antes de publicar la información, infoLibre contactó pasadas las tres y media de la tarde con el departamento de comunicación de Garrigues por si sus responsables desearan matizar, corregir o desmentir a López Andreo. La respuesta llegó casi cinco horas después y fue casi idéntica a la que minutos antes había ofrecido el BBVA. Con un solo añadido: según Garrigues, el bufete "nunca dejó fuera del forensic la línea de investigación de Sacyr, que de hecho se investigó".

A raíz de esa respuesta, este periódico preguntó de nuevo a sus portavoces. Esta vez para saber si, en contra de lo que sostuvo Javier López Andreo en su declaración de la mañana, existe algún informe dentro del forensic sobre el espionaje sufrido por el llamado "Grupo Hostil". O sea, un informe que confirme que la Operación Trampa sí se incluyó en la investigación interna del banco y desmienta el testimonio de López Andreo. Garrigues respondió ahora así: "Hay peticiones de investigación a PwC sobre Sacyr", es decir, "sobre el llamado “Grupo Hostil". 

El resto de los argumentos esgrimidos por el bufete coincidieron al milímetro con los difundidos también a última hora de la tarde por el BBVA. El banco señaló que, al inicio de la investigación, PwC ofreció a los abogados de la entidad "un mapa de calor con todas las líneas de investigación que proponían realizar y que suponía la revisión de un total de 2,3 millones de hits (ítems)". Según las estimaciones proporcionadas por PwC al banco, esta revisión tardaría en realizarse dos años. "En este contexto y ante la necesidad de dar respuesta a los requerimientos judiciales, los abogados de la defensa [Garrigues & Uría] proporcionaron a la firma forensic unos criterios de priorización que maximizaban la posibilidad de obtener información relevante para el caso. Esto suponía dar prioridad en la revisión a unos 205.000 hits". 

En ningún momento se descartó, se subrayó desde el BBVA, la revisión del resto del material. "De hecho, la investigación sigue en curso –se explicitó–, es más se han añadido líneas adicionales como consecuencia de peticiones del propio juez instructor, lo que avala el rigor del procedimiento seguido que es verificable". Y destacó el banco: "En un ejercicio de transparencia, BBVA ha liberado a PwC del secreto profesional para que pudieran prestar declaración en el día de hoy".

Con la exfiscal Helena Prieto al frente, Garrigues dirige desde el primer momento la investigación interna anunciada en enero de 2019 por la segunda entidad financiera del país con el objetivo declarado de averiguar qué ocurrió con los contratos con Villarejo. La serie iniciada en 2004 por su espionaje al "Grupo Hostil", también llamado GH en algunos de los papeles incautados al policía, se prolongó hasta diciembre de 2017. La empresa con que Villarejo articuló su vínculo de proveedor con el BBVA, Cenyt SL, cobró su última factura en diciembre de 2017, un mes después de que José Manuel Villarejo hubiese ingresado en prisión como sospechoso de graves delitos de corrupción y extorsión.

En total, Cenyt SL cobró del BBVA 10,28 millones. Más de la mitad, 5,3 millones, se correspondían con contratos que oficialmente perseguían la recuperación de bienes ocultos por grandes morosos de la entidad. Pero, según el banco que entonces y hasta enero de 2019 presidió Francisco González, FG, también imputado, nada de lo que hizo Villarejo le sirvió para recuperar ni un solo euro.

Más de la mitad de los 10,28 millones que el BBVA pagó entre 2004 y 2017 al comisario José Manuel Villarejo se correspondía con "primas de éxito" por la localización de patrimonio o dinero en efectivo de tres grandes morosos. En total, y atendiendo al listado de facturas remitidas a la Audiencia Nacional, la entidad transfirió a la empresa Cenyt SL 5,36 millones por ese concepto. Pero lo que viene a sostener el banco en un documento remitido en julio a la Audiencia Nacional es que tal éxito no existió: "BBVA –dice el documento– no ha recuperado ninguna cantidad gracias a los informes elaborados por Cenyt en relación con estas investigaciones".

Los contratos para la búsqueda de bienes de los empresarios Fernando Martín (Martinsa), Luis Portillo (Colonial) y de la inmobiliaria Prasa –en ese no figura ningún nombre con apellidos–, todos ellos grandes deudores del BBVA, asignaban distintos porcentajes al apartado "prima de éxito" en función de lo que consiguiera Cenyt. Pero, como mínimo y aplicando la fórmula de cálculo de menor alcance, la firma de detectives del comisario localizó y trabó –embargar o inmovilizar legalmente por otra vía– bienes ocultos por más de 80 millones de euros. El escrito enviado en julio a la Audiencia no menciona la existencia de las citadas "primas" ni aborda qué factor explica semejante desfase entre el dinero que estas le costaron al banco y su proclamada ineficacia.

Los contratos incorporados al sumario de esta pieza de la conocida como Operación Tándem o caso Villarejo muestran que aquellos que se focalizaron en la investigación patrimonial de los morosos citados estipulaban una "provisión de fondos" –hasta más de medio millón de euros– e introducían una cláusula sobre primas de éxito adicionales. En los tres casos –los contratos sobre Fernando Martín, Luis Portillo y Prasa– la prima iba escalonada. 

Si Cenyt lograba localizar e identificar "plenamente" el bien, recibiría un porcentaje (el 1,5% en lo que concernía a Fernando Martín y Luis Portillo y el 2,5% en lo relativo a Prasa) del valor total de los bienes localizados tanto si se encuadraban en la categoría de patrimonio inmobiliario o mobiliario o si se trataba de dinero en efectivo. Si Cenyt triunfaba en el segundo paso y se trababan los bienes, Cenyt adquiría derecho a un segundo porcentaje: el 3,5% en las investigaciones sobre los dueños de Martinsa y Colonial y el 2,5% en la de Prasa. Y si la operación se cerraba de forma que el BBVA hiciese "efectivo su control" sobre el bien localizado, la firma del comisario obtenía un tercer porcentaje, este último el más alto de todos: el 7,5% en Fernando Martín y Portillo y el 5% en Prasa. Con los contratos que tenían por objeto investigar al dueño de Martinsa y para el de Colonial, Cenyt podía aspirar así al 12,5% del valor de los bienes. En el de Prasa, al 10%.

Según el banco, ninguno de los informes de Villarejo y su grupo permitieron recuperar ni un euro. Pero, incluso si no ya un euro sino un solo céntimo fue finalmente recuperado, lo sorprendente es el volumen de los bienes localizados por Cenyt. Si las facturas se corresponden de manera escrupulosa con la realidad y se ajustan a la letra de los contratos, la hipótesis de que en todos los casos hubiese logrado localizar y trabar los bienes, la cantidades cobradas del BBVA indicarían que el valor total de esos bienes se sitúa en 81 millones de euros. Pero si la mayor parte de los pagos se correspondiese en cambio solo con la primera fase escalonada de la "prima de éxito" –la localización e identificación de bienes, que daba a Cenyt derecho a un porcentaje muy inferior– el valor total del patrimonio aflorado se dispararía por encima de los 200 millones de euros.

Este martes, infoLibre preguntó a los portavoces del BBVA qué explicación hay para el dramático salto entre lo elevado de los pagos por "primas" y el absoluto fracaso de que habla el escrito que el 19 de julio de 2019 envió el banco al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso. No hubo respuesta.

En ese escrito de julio, el banco expone que la suma de las facturas abonadas a Cenyt por los contratos de investigación patrimonial "alcanzan el 70% del total", lo que sería  "7,5 millones de euros" dado que a la prima de éxito hay que añadir las provisiones de fondos, aunque ese extremo no aparece mencionado. A renglón seguido, la entidad despliega su queja: "Habiendo desembolsado una suma tan relevante sería esperable que estos encargos hubieran servido para conseguir la recuperación de activos provenientes de los deudores investigados en favor del banco y lo cierto es que esto no ocurrió". "BBVA –y aquí aparece la almendra de sus afirmaciones– no ha recuperado ninguna cantidad gracias a los informes elaborados por Cenyt en relación con esas investigaciones patrimoniales de acreditados y clientes".

Diez días después de la fecha en que aparece datado el documento, el juez dictó el auto por el que el BBVA quedó imputado en la causa por tres delitos: cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. La clave de esa triple imputación: haber recibido durante 13 años servicios privados de un policía en activo que, supuestamente, se valió de medios ilegales para espiar a políticos, empresarios y periodistas. En noviembre, la lista de imputados se amplió con quien presidió el banco durante toda la etapa en que Villarejo fue un proveedor habitual de la entidad: Francisco González, FG.

Firmados en febrero de 2010, los dos contratos sobre Fernando Martín y Luis Portillo fueron modificados en lo que respecta a la cláusula sobre las primas un año después de su firma. La primera versión resultaba menos ventajosa para Cenyt, por cuanto solo podría cobrar un porcentaje por éxito si cubría de manera inseparable el trámite de "localización e identificación" de bienes y el siguiente, es decir, su trabado para impedir que el dueño se lanzase a una operación meteórica de venta o camuflaje para volver a sumergirlo. La segunda versión, plasmada en sendos anexos idénticos y datados en marzo de 2011, fue la que abrió la puerta a Villarejo a cobrar por la simple localización de patrimonio o dinero oculto.

Esos dos contratos constituyen los cimientos de las dos facturas opacas que BBVA pagó al comisario en febrero de 2010 pese a que habían sido emitidas como si el beneficiario del contrato fuese un ente denominado V&V Development –una marca comercial del grupo de Villarejo y sin capacidad para operar por sí misma en el marco jurídico– y no Cenyt SL. Las dos facturas, cuyo importe suma 1,17 millones, se referían a la "provisión de fondos" de los dos contratos, firmados ambos el 5 de febrero de 2010 aunque una tercera factura abre la duda: la de si en realidad uno de ellos se firmó el día 16 de ese mes o si la aparición de esa fecha en una factura constituye otro eslabón en una larguísima cadena de errores inusual en empresas de la envergadura del BBVA, el segundo banco del país. En otro documento cursado a la Audiencia hace un año, la entidad financiera expone su creencia de que esa factura de 16 de febrero obedece a "un simple error material" y que en realidad se deriva de los ya referidos contratos del 5 de febrero.

Dos facturas opacas que ocultaron el verdadero nombre de la empresa que las emitía así como su identificación fiscal – el CIF/NIF– y aparentaron haber sido presentadas por lo que en realidad es solo una marca comercial sin actividad mercantil propia reportaron en 2010 al comisario Villarejo 1,17 millones pagados por el BBVA. Esa cuantía –1.171.600 euros en cifras exactas– la percibió a cambio de los servicios de investigación privada de aquel año. En este caso, las dos facturas se correspondían oficialmente con  sendos contratos para “rastreo y detección” de bienes de dos empresarios del sector inmobiliario que mantenían grandes deudas con el banco: Fernando Martín, entonces dueño de la luego ruinosa Martinsa; y Luis Portillo, que era presidente de Colonial. 

La entidad financiera ha confirmado a este periódico que ambas facturas –emitidas como si los servicios los hubiese prestado un ente denominado V&V Development– fueron contabilizadas y pagadas a nombre de Cenyt SL, acrónimo de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL. Pero el banco elude explicar por qué aceptó que ni la denominación social de Cenyt SL ni su ‘DNI tributario’ –tampoco su domicilio fiscal– figurasen no ya en el encabezamiento sino ni siquiera en una línea a pie de página de dos facturas cuyo importe conjunto superó el millón de euros. 

Esa fórmula, la de reservar la letra pequeña de la factura para plasmar el nombre, CIF/NIF y dirección de su verdadero emisor –Cenyt SL–, había sido utilizada en las cuatro facturas repartidas entre diciembre de 2004 y el 1 de marzo de 2005, relativas al espionaje para abortar el desembarco de la inmobiliaria Sacyr en el accionariado del BBVA y en cuyo encabezamiento también figuraba V&V Development. En realidad, esa vistosa denominación en inglés que incluye dos letras V, la misma con la que comienza el apellido Villarejo, es solo una marca registrada por el grupo empresarial del policía y así se hacía constar en la citada letra pequeña. V&V Development no puede, por tanto, firmar contratos ni emitir facturas. 

En 2010, todo lo que cobró Cenyt le llegó gracias a las dos facturas opacas citadas. Los ingresos habían de producirse en una cuenta bancaria, abierta también en el BBVA pero distinta a la que utilizaba hasta entonces, y así lo acreditan los cuatro primeros dígitos de su numeración. A cualquier observador ajeno a la operativa pactada con Villarejo, el hecho de que se tratase de una nueva cuenta habría dificultado aún más o impedido inferir que su auténtico emisor era una empresa que ya prestaba servicios al banco: Cenyt SL.

A partir de febrero de 2010, el camuflaje de V&V Development no volvió a repetirse: fue Cenyt SL la que constó en las restantes 32 facturas libradas contra el BBVA, la última de ellas datada el 12 de diciembre de 2017, cuando el comisario llevaba ya un mes en prisión preventiva acusado de graves delitos de corrupción y extorsión. En esas 32 facturas, quedó visible de manera clara que era Cenyt la que facturaba: la factura iba a su nombre, quedó anotado su identificador fiscal (el que se sigue conociendo como CIF, que es lo mismo que el NIF) y su domicilio social. ¿Ocurrió algo en 2010 que llevó a Villarejo a camuflar el nombre de Cenyt SL? Este periódico lo ignora. En total,  Villarejo cobró del BBVA 10,28 millones entre 2004 y 2017.

V&V, "dirigida y coordinada por miembros de la Seguridad del Estado"

Remitidas en noviembre a la Audiencia Nacional por la CNMV dentro de un importante lote de documentación e incorporadas al sumario, las dos facturas de 2020 aparecen encabezadas por "VV Development” con un cuerpo de texto muy superior al resto. En realidad, su denominación oficial es V&V Development, dado que incluye el signo que representa la conjunción “y”.  La CNMV recibió del BBVA los contratos y facturas abonadas a Villarejo que el banco afirmaba haber encontrado pero necesitó para lograrlo hacer dos requerimientos y no solo uno.

En el primer requerimiento, lanzado en octubre de 2018, la entidad que aún presidía Francisco González remitió al organismo supervisor una escueta lista de los pagos hechos a partir de 2013 y sin detallar el número de facturas satisfechas en cada ejercicio. Cuando en enero de 2019 vieron la luz noticias sobre el espionaje a políticos como el socialista Miguel Sebastián dentro de la Operación Trampa, esto es, la destinada a impedir que Sacyr se hiciese con el control de la segunda entidad financiera del país, la CNMV mandó un segundo escrito al BBVA para que se lo suministrase todo. Quería "verificar si pudiesen haberse suministrado a esta Comisión datos inexactos o no veraces u omitido aspectos o datos relevantes". Las facturas de 2010, como las de 2004 y 2005 vinculadas a la Operación Trampa, no aparecían en la primera tanda de documentos. En la segunda, ya sí.

Entre marzo de 2005 y febrero de 2010 el banco asegura no haber localizado ninguna factura pero sí su “reflejo en los sistemas informáticos” sobre la contabilización de los pagos efectuados a Villarejo. Las facturas que sí conservaba la entidad –todas ellas muestran la marca de las anillas de un archivador clásico– más los pantallazos muestran que la contabilización de esos trabajos y su pago se interrumpen en mayo de 2007 y no regresan hasta febrero de 2010. Y es en esa fecha donde V&V Development alcanza su máximo protagonismo a tenor de los hechos.

El informe donde en noviembre la Fiscalía pidió al juez que citase como imputado al expresidente del BBVA, Francisco González, conocido como FG en el mundo financiero, habla de manera expresa sobre V&V Development. Y la sitúa en el epicentro de su razonamiento sobre por qué Anticorrupción considera que los contratos con Villarejo tuvieron desde el inicio una "naturaleza ilícita" que ya en diciembre de 2004 "sería conocida por BBVA".

El informe dice lo que se transcribe a continuación: "Desde el primer contrato con Cenyt del 2 de diciembre de 2004 ya sería conocida por BBVA la naturaleza ilícita de todas las contrataciones, ya que en el documento "V&V Developments" que se adjuntaba a ese contrato y a los de 3 de enero de 2005, 5 de febrero de 2010, 14 de marzo de 2011, 12 de febrero de 2012, y 17 de febrero de 2014 como carta de presentación de las actividades de dicha marca, se dejaba constancia de que: "V&V Developments es la división de inteligencia empresarial de Cenyt... es una organización dirigida y coordinada por miembros de Seguridad del Estado en situación administrativa de disponibilidad...singularmente especializada en metodología de análisis de información..."

¿Por qué una entidad de la envergadura del BBVA toleró que una empresa a la que iba a pagar nada menos que 1.171.600 euros por dos contratos fechados el mismo día que cada una de las dos facturas emitidas incumpliese los trámites de facturación que cualquier empresario o profesional autónomo conoce? ¿Por qué les dio curso en su circuito de contabilidad y pago en lugar de devolverlas, pedir a Cenyt que las anulase y las presentara correctamente? ¿Qué ventaja, si existe, obtenía Cenyt camuflando su nombre hasta hacerlo desaparecer si, como sostiene el representante legal del BBVA, el banco ignoró hasta 2014 que su titular real era Villarejo y sus directivos, salvo por lo visto el entonces director de Seguridad y firmante de los contratos, Julio Corrochano, tampoco sabían que se trataba de un policía en activo? Este periódico carece de respuesta.

Que las facturas fueron contabilizadas como emitidas por Cenyt es lo único que las fuentes oficiales del BBVA accedieron el viernes a confirmar. A primera hora del día, infoLibre hizo llegar a sus portavoces copia de las dos facturas de 2010, incorporadas al sumario y a las que ha tenido acceso este periódico, así como la primera página de uno de los dos contratos (el relativo a Fernando Martín y el que colocaba en el foco a Luis Portillo) en que se sustentan. Las facturas enviadas a los portavoces del BBVA son fotocopias exactas de las que, remitidas por la CNMV al juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, obran ya en la causa. O sea, su contenido es, de arriba abajo, el que figura en las diligencias abiertas sobre la llamada pieza 9 de la Operación Tándem o caso Villarejo. Salvo el número de cuenta a la que el BBVA debía transferir el dinero, puedes ver íntegras ambas facturas pinchando aquí.pinchando aquí

Este periódico recordó también al banco que en ninguna de esas dos facturas entregadas a la CNMV e incorporadas al sumario aparece tampoco el "concepto de gasto" ni el "centro de coste" asignados a cada pago, presentes de manera manuscrita en otras facturas.

Asimismo, no figura ningún sello o firma que permita identificar quién autorizó el pago ni en qué partida se subsumió. Tan solo -y prácticamente borrado en la primera de las dos facturas de 2010- aparece un recuadro donde en letras de imprenta consta el nombre de Julio Corrochano, entonces director de seguridad de la entidad y hoy uno de los imputados junto con el expresidente Francisco González. Debajo de ese recuadro hay en ambas facturas una rúbrica.

"No hay nada irregular y así lo ha corroborado PwC"

La respuesta del BBVA a la solicitud de información de este medio fue la siguiente: “V&V Development es una marca comercial, no es una empresa” y “el CIF que aparece en los contratos (firmados 5 días antes de que se contabilicen esas facturas en nuestros sistemas) es el de Cenyt”. En efecto, así es. Pero lo que este periódico intentaba averiguar no guarda relación con los contratos sino con las dos facturas físicas de 2010, donde el CIF/NIF de Cenyt no consta.

“El importe de dichas facturas –prosigue la respuesta oficial– se corresponde con las provisiones de fondos previstas en los contratos. Y las facturas, por tanto, se pagaron a la entidad con el CIF de Cenyt. No hay nada irregular aquí y así lo ha corroborado PwC en el informe sobre la revisión de los procesos de facturación y contabilización y pago de los servicios prestados por Cenyt a BBVA (aportado también a la causa, está en el sumario)”.

Este periódico no ha tenido acceso al informe de Pricewaterhousecoopers (PwC) mencionado por el banco en su respuesta. De la mano de Garrigues, bufete que ejerce la defensa del banco en su calidad de imputado dentro del caso Villarejo, PwC es la consultora encargada de la investigación interna para el BBVA. Es decir, lo que se conoce como forensic, un análisis que por definición han de efectuar expertos independientes y ajenos a la empresa que solicita sus servicios. La consultora, que invocó el secreto profesional, ni siquiera ha identificado a las personas que han realizado el informe. El juez ha citado como testigos para el día 20 a tres de sus directivos.

La redacción de los dos contratos suscritos por BBVA y Cenyt el 5 de febrero de 2010, al igual que el suscrito en diciembre de 2004, sitúa a quien lo lee en una posición confusa. Porque un párrafo que se repite luego en contratos posteriores se presta a concluir que quien realmente va a ejecutar los trabajos pactados es V&V Development y no Cenyt SL. Ese texto dice lo siguiente: que Rafael Redondo, socio del comisario José Manuel Villarejo, suscribe el contrato "en nombre y representación de Club Exclusivo de Negocios y Transacciones SL, sociedad titular de la marca de servicios V&V Development, sociedad anónima de duración indefinida, domiciliada en Madrid”.

A continuación, el texto señala el domicilio social –el de Cenyt y buena parte de las otras empresas de Villarejo– y su CIF –es decir, el actual NIF-. Pero el que aparece es, claro, el NIF de Cenyt. Porque V&V Development, esa supuesta “sociedad anónima de duración indefinida”, carece de ‘DNI tributario’ por cuanto no es una sociedad: ni anónima ni limitada. Nadie que hubiese querido conocer el historial mercantil de V&V Development lo habría logrado. Porque, sencillamente, no existe ni ha existido como empresa.