Francisco Gonzalez

Ambas partes, la entidad financiera y el exjefe de riesgos inmobiliarios que implicó a Francisco González en la contratación del comisario, Antonio Béjar, figuran como imputados.

El responsable del departamento de investigaciones internas, los 'forensics', de PwC admitió ante el juez que el banco no les facilitó toda la información sobre las operaciones que hizo allí con el comisario. El silencio aviva las sospechas sobre el alcance de la relación en el país donde el policía gestó la red empresarial de la que luego se valió en España

El fundador de Ausbanc se arriesga a cárcel por extorsión en el juicio que se reanuda el lunes como fruto de una investigación donde jugó un papel clave una denuncia anónima cuya autoría reconoce ahora el BBVA. 

Eduardo Ortega, alto cargo de los servicios jurídicos e imputado, negó haber ideado la denuncia anónima contra la asociación de usuarios de banca Ausbanc. Pero lo hizo con un relato donde sin explicaciones ni detalles introduce un encuentro con “una magistrada de la Audiencia” y “otro del Tribunal Superior de Justicia”.

Los documentos remitidos al juez desvelan que la segunda entidad financiera del país envió el 23 de enero de 2019 al BCE un informe donde ya entonces afirmaba que los contratos con Cenyt SL no habían sido aprobados por ningún organismo directivo.

Un audio intervenido al comisario destapa cómo Julio Corrochano pidió justo tras el encargo de espiar a Miguel Sebastián que se emitiesen tres facturas con el concepto de jornadas de directivos: "Hacedlo como si fuese realmente real".

El banco rehúsa explicar por qué pagó 1,17 millones por dos facturas de 2010 emitidas por una simple marca comercial que, para colmo, era propiedad de otra sociedad del comisario ajena a los contratos firmados con el BBVA.

El jefe del equipo de la consultora PwC, responsable de la investigación interna sobre los contratos con Villarejo, declara que solo se ha ido abordando aquello que pedía Garrigues, el bufete que defiende al banco. Garrigues sostiene en cambio que hubo "peticiones de información a PwC" sobre lo sucedido con Sacyr o el llamado "Grupo Hostil"

La mitad de los 10,28 millones que el banco ingresó a la empresa del comisario fue fruto de la localización de patrimonio oculto o dinero en efectivo de tres empresarios.

Fueron presentadas en 2010 por una marca registrada del grupo del policía, V&V Development, y en ellas no constaba ni el nombre de la firma de detectives que realmente debía emitirlas y cobrarlas, Cenyt SL, ni su NIF, pese a que ambos requisitos son ineludibles.

El informe de gobierno corporativo evita toda mención a la ausencia de controles, que, según el juez y la Fiscalía, es la que permitió contratar a la empresa de un policía que usó medios ilegales y espió a políticos y empresarios. 

Las grabaciones demuestran que Francisco González recibía información puntual del dispositivo de espionaje destinado a abortar el desembarco de Sacyr en el BBVA.

Así lo declaró el representante legal del banco, Adolfo Fraguas, en un interrogatorio sobre un contrato de 2014.

Antonio Béjar, exdirectivo y expresidente de Distrito Castellana Norte, declara que no se sintió extrañado por que fuera el jefe de seguridad quien firmara el contrato con Cenyt: "Existiendo esa línea jerárquica, poco teníamos que hacer".

El excomisario confiesa que el encargo de Corrochano le "venía muy grande" y que "a partir de que tengo ese apoyo del CNI, acepto el encargo"