Operación Tándem

El Banco Central Europeo desclasifica para el juez del 'caso Villarejo' papeles que dejan en evidencia al BBVA

La sede central del BBVA en Madrid.

La decisión del Banco Central Europeo (BCE), máxima autoridad monetaria de los países del euro, de entregar a la Audiencia Nacional papeles hasta ahora clasificados como confidenciales ha dejado en evidencia al BBVA. Los documentos remitidos en las últimas semanas al juez de la Operación Tándem demuestran que ya en enero de 2019 la segunda entidad financiera de España aseguró en un informe dirigido al BCE que los contratos con Cenyt SL, la empresa matriz del comisario Villarejo, se habían firmado sin que los autorizasen ni el comité de dirección del banco ni ninguna instancia dependiente.

Es más –esa al menos fue la versión que sostuvo el BBVA– ningún órgano directivo había sido tampoco informado de la existencia de tales contratos ni de cuáles fueron los servicios prestados. En total, el banco pagó por ellos 10,28 millones de euros. Sirvieron para espiar a políticos, empresarios y periodistas a los que el banco consideraba rivales y enemigos. 

El documento, cuya remisión a la Audiencia hizo efectiva el BCE el 18 de febrero a través del Banco de España invocando normas que le permiten levantar el secreto profesional en caso de procedimientos penales, iba firmado por Eduardo Arbizu. Es decir, por el hombre que desde 2003 había dirigido el área legal, luego también la de cumplimiento normativo y finalmente, la de control  y regulación interna. En otras palabras, los departamentos que en una gran empresa conjuran los riesgos de desorden y desbarajuste contable, financiero y jurídico. 

En el momento de rubricar la extensa misiva donde daba respuesta a las preguntas del BCE, todas ellas formuladas cuando ya habían saltado datos relevantes sobre la relación entre el BBVA y Villarejo, Arbizu dirigía el departamento de supervisión, regulación y cumplimiento normativo o compliance. El directivo mantuvo intactos sus galones varios meses. Los perdió una vez que la Fiscalía Anticorrupción pidió el 23 de julio la imputación del BBVA como persona jurídica por haber contratado servicios parapoliciales con un policía en activo que, supuestamente, controló llamadas, hizo seguimientos y buscó puntos débiles capaces de destruir la reputación de aquellos a quienes espiaba para el banco. Una semana después de  aquella petición, el juez García Castellón dictó el 29 de julio un auto por el que imputaba al banco como persona jurídica. En noviembre, Arbizu pasó a engrosar la lista de personas físicas imputadas, lista que capitanea el expresidente Francisco González: FG para el mundo financiero.

Coincidencia de fechas

La fecha en que Arbizu respondió al férreo cuestionario del BCE –23 de enero de 2019– coincide con la elegida por el BBVA para responder al segundo requerimiento de información de la CNMV. Doce días antes, el 11 de enero, el organismo supervisor se había visto obligado a enviar una segunda carta al banco después de que la cursada en octubre de 2018 se hubiera saldado con una respuesta donde la entidad que aún presidía FG omitió los contratos que habían reportado a Villarejo nada menos que cinco millones de euros.

O sea, omitió en aquella primera respuesta a la CNMV la mitad de lo pagado. Y ocultó así la existencia de todos los encargos efectuados a Cenyt SL entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2012. Entre ellos estaba el primero y más relevante de la serie por lo que hasta ahora ha trascendido: el que buscaba dinamitar el desembarco accionarial en el BBVA del grupo inmobiliario Sacyr. Para ello, Villarejo y los suyos espiaron a políticos y cargos públicos como el socialista Miguel Sebastián, entonces director de la Oficina Económica de Zapatero y luego ministro, y el vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas. Y a empresarios como Luis del Rivero, de Sacyr.

En su carta y en los anexos enviados a la CNMV, el BBVA obvió también referirse a la ausencia de autorizaciones y controles de los contratos. En el cuestionario del BCE aparecía una pregunta inequívoca destinada a averiguar "qué órgano del BBVA" los había aprobado. En el de la CNMV ese punto quedaba en el aire. 

La letra de los contratos suscritos por el BBVA con Cenyt SL hablaba de asesoramiento y otras gestiones legales. En algunos casos, como el de las averiguaciones sobre el fundador de la asociación de usuarios de banca Ausbanc, Luis Pineda, ni siquiera existieron. Las investigaciones de Villarejo sirvieron al BBVA para presentar una "denuncia anónima" que tras un rápido informe policial derivó en la apertura de unas diligencias que culminaron en un juicio por extorsión todavía a medias. Inicialmente, el banco ejerció la acusación particular pero se acabó retirando para "evitar cualquier duda de una eventual estafa procesal". 

Lo sorprendente de las facturas vinculadas a esos contratos es que dos de ellas fueron emitidas no por la empresa Cenyt SL sino por una marca comercial (V&V Development) que carece de CIF y por tanto de capacidad para realizar operaciones de ese tipo. En el BBVA nadie detectó semejante anomalía. Abonadas en 2010, esas dos facturas reportaron a Villarejo 1,2 millones. Ningún departamento del banco puso trabas a que la marca comercial que actuó como emisora ni siquiera pertenecía ya a Cenyt sino a otra firma de la constelación mercantil del comisario.

El BBVA supo que Villarejo estaba siendo investigado por blanqueo tres meses antes de su detención

El BBVA supo que Villarejo estaba siendo investigado por blanqueo tres meses antes de su detención

Más sobre este tema
stats