Espionaje a políticos y empresarios

'Caso Villarejo': el BBVA subraya ante la CNMV que no se ha "comprobado" que delinquiera y omite el porqué de su imputación

El comisario Villarejo en el programa Salvados de La Sexta

El actual presidente, Carlos Torres, no está imputado, ni ninguno de los miembros del consejo de administración. La documentación aportada a la Audiencia Nacional constituye "la base del sumario instruido" sobre los contratos con la empresa del comisario Villarejo. Y no "se ha comprobado la comisión de actividades delictivas por parte del Banco". Esas tres afirmaciones, con las que el BBVA se presenta casi como motor de la investigación judicial sobre los contratos que encargó a Villarejo, trazan la línea dibujada por la segunda entidad financiera del país en el informe de gobierno corporativo de 2019. Pero el informe, que este miércoles hizo público la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que explica la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la sociedad, omite por completo los argumentos que el 29 de julio convirtieron al banco como persona jurídica en otro imputado de la lista.

El documento evita así mencionar que, según el auto judicial de julio y los informes previos de la Fiscalía Anticorrupción, fue la radical ausencia de controles y la vulneración del código de conducta del banco lo que permitió contratar entre 2004 y 2017 a la empresa (Cenyt) de un policía en activo  y por tanto incompatible, un policía que usó medios ilegales para espiar a políticos y empresarios y recibió a cambio pagos por 10,28 millones. De aquellos contratos, sostienen los investigadores, se deriva un presumible beneficio. Y es eso lo que explica su imputación.

Fue el "análisis de la documentación incautada", señala la resolución judicial, lo que hizo "evidente  la necesidad de citar en calidad de investigado al banco por los citados delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secreto". Un tercer delito, sobre el que el auto plantea mayores dudas, se añade a continuación a esa lista: el de corrupción en los negocios. Y la posible duda, explica el texto, la suscita el hecho de que "la presunta corrupción de alguno de sus directivos" –entre los que ya se cuenta el expresidente, Francisco González– pudiera considerarse perjudicial para el banco.

De existir, ese perjuicio –agrega el auto– fulminaría el requisito esencial que el artículo 31 bis del Código Penal establece desde 2010 para imputar a una persona jurídica: haber obtenido un "beneficio" de los delitos perpetrados por las personas de carne y hueso que trabajan dentro de la organización. El articulo 31 bis suma otro requisito de relevancia para que la organización quede exonerada: que el órgano de administración haya "adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas" para prevenir delitos o reducir "de forma significativa el riesgo de su comisión". Y según el auto, nada de eso ocurrió en el BBVA mientras Villarejo trabajó para la entidad.

Más adelante, el juez se extiende sobre ese punto: "En la documentación que obra en poder de este juzgado se observa que la persona jurídica BBVA pudo beneficiarse de las presuntas actividades ilícitas cometidas dentro de la propia compañía por miembros de su equipo directivo". Y beneficio o provecho –agrega de modo didáctico– "hace alusión a cualquier clase de ventaja, incluso de simple expectativa o referida a aspectos tales como la mejora de posición respecto de otros competidores". No es el magistrado, Manuel García Castellón, instructor de todas las piezas del caso Villarejo –la del BBVA es la 9– quien articula ese concepto. Lo que hace el juez con esas palabras es, simplemente, invocar la doctrina del Tribunal Supremo. 

El "beneficio" del banco

El banco ya ha enviado al juez escritos que buscan desmontar la tesis del "beneficio". Y lo que sostiene en ellos es que no ha logrado recuperar "ninguna cantidad" a través de las investigaciones de Cenyt, que también escudriñó e investigó el patrimonio oculto de morosos que adeudaban millones al banco. Por ejemplo, Fernando Martín, propietario de la primero boyante y luego ruinosa Martinsa. 

¿Se benefició el BBVA de la llamada Operación Trampa, puesta en marcha en diciembre de 2004 para dinamitar el desembarco del grupo inmobiliario Sacyr en su accionariado y que implicó el espionaje y hostigamiento de, entre otros, políticos como el socialista Miguel Sebastián, el entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, y quien en aquel momento manejaba las riendas de Sacyr, Luis del Rivero? Los investigadores creen que sí. Como creen que también el banco se valió de las actuaciones ilegales de Villarejo y su guardia de corps para librarse del fundador de Ausbanc, Luis Pineda, mediante la presentación de una "denuncia anónima" que dio pie a un informe policial de la Udef en tiempo récord: siete días con un fin de semana por medio.

El expresidente del BBVA, Francisco González, se refirió durante su interrogatorio a aquella denuncia –anónima pero elaborada por el BBVA, admitió– como la reacción justa a una extorsión sostenida que obligaba al banco a financiar a Ausbanc con la publicidad que exigía Pineda. Pineda, ahora en el banquillo justamente por extorsión y que espera que el levantamiento del secreto de la pieza sobre Villarejo y BBVA dé un giro copernicano a su caso, sostiene lo contrario: que el BBVA le investigó y acabó presentando a través de Villarejo aquella "denuncia anónima" en venganza por las demandas de Ausbanc contra la cláusula suelo. En julio, El País publicó que la entidad había cobrado 100 millones por cláusulas suelo que no figuraban en los contratos de sus hipotecas. 

¿Queda exonerado el banco de todo lo relacionado con la Operación Trampa por cuanto se llevó a cabo años antes de que el Código Penal ampliase el espectro de imputaciones a las personas jurídicas, es decir, las empresas e incluso –aunque esto llegó más tarde– los partidos políticos? El interrogante existe. Y, de hecho, el informe de gobierno corporativo del BBVA recuerda que, si bien su representante legal ya defendió ante el juez y los fiscales "la inexistencia de responsabilidad penal alguna de la Entidad", debe "señalarse, además, que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sólo es exigible legalmente desde el año 2010".

Pero la relación del BBVA con Villarejo, de quien oficialmente ignoraba su pertenencia a la Policía hasta que en marzo de 2015 un reportaje desveló el imperio privado con que compaginaba su puesto de funcionario, se prolongó mucho más allá de 2010. Y el auto habla de ello: "Asimismo debemos recordar que desde el año 2010 hasta el año 2017 se mantuvo una estructura organizativa en el seno de la misma [entidad, el BBVA] que, en ausencia de mecanismos de control y supervisión adecuados, permitió la posible comisión de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios antes señalados y, que por haber sido cometidos por personas que actuaban en nombre de la sociedad". 

El BBVA pagó a Villarejo 1,17 millones con dos facturas opacas en las que ni siquiera figura la empresa con que el comisario cobró por espiar

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