El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a diez meses de cárcel que recibió el ex presidente balear Jaume Matas por el caso Son Espases como autor de un delito de tráfico de influencias y como inductor de delitos de prevaricación continuada y fraude a la administración en una sentencia dictada en 2019 por la Audiencia de Mallorca, ha informado Europa Press.

Matas fue condenado a 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitación especial por su actuación para conseguir la adjudicación a una determinada empresa de la construcción de un hospital en Mallorca en la zona de Son Espases durante la legislatura autonómica 2003-2007.

El también exministro solo recurrió al Supremo su condena por el delito de tráfico de influencias —de 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación—, que es la que ha avalado ahora la Sala de lo Penal, con lo que queda confirmado el conjunto del fallo de la audiencia provincial.

La Sala Segunda considera probado que Matas se aseguró la cercanía de personas de su confianza en el proceso de adjudicación de dicho proyecto con el objetivo de beneficiar a OHL con este contrato público.

"A tal fin, para asegurar su control e influir en el proceso de adjudicación de la obra, dio la orden de que se contratara a Global PM, como así se hizo, prescindiendo de las normas de procedimiento y con el fin de que fuera ella quién llevara a la mesa de contratación las valoraciones de las ofertas de los licitadores", explican los magistrados.

Detallan que, "para lograr su propósito de beneficiar a OHL, debía asegurarse de que en los informes a realizar por Global PM se incluyeran a favor de OHL una serie de prescripciones técnicas que justificaran la elección a pesar de ser un proyecto más caro", por lo que "indicó a la asesora externa qué argumentos técnicos harían ganar a OHL".

El alto tribunal señala que, si bien Matas se valió de Global PM, realmente no se influyó sobre la mesa de contratación, sino sobre Joaquín Sergio Beltrán, que era el órgano de contratación. Así, indican que el expresidente balear, "aprovechándose de la ascendencia derivada de su posición jerárquica", le iba transmitiendo sus directrices, bien directamente, bien a través de otros trabajadores de la administración balear.

"Presión moral y jerárquica"

En consecuencia, concluyen que "Matas ejerció su poder o influencia por prevalencia sobre el propio órgano de contratación" para que fuera OHL quien se ocupara de construir el hospital de Son Pases.

Concurre, por tanto, la "presión moral y jerárquica" necesaria para apreciar el delito de tráfico de influencias, una presión encaminada a "obtener una resolución arbitraria o injusta y ajena a los intereses públicos" que "iba dirigida a la obtención de un beneficio económico, en este caso a favor de un tercero (OHL), que además de conseguir los beneficios derivados de la construcción del hospital, obtendría los beneficios procedentes de su mantenimiento".

Por ello, la Sala Segunda desestima el recurso presentado por Matas y le impone el pago de las costas ocasionadas por el mismo. La Audiencia de Mallorca también condenó a Beltrán, a la exconsejera Ana Castillo y a Jesús Peinado, propietario de la empresa contratada para informar sobre las ofertas de adjudicación, si bien ninguno de los tres recurrió su condena al Tribunal Supremo.

Los exdirigentes del PP que han declarado en el juicio por la caja b del PP no se han salido del guión que vienen manteniendo desde que a principios de 2013 se publicaron los llamados papeles de Bárcenaspapeles de Bárcenas. Frente a los intentos de las acusaciones populares, que fueron las que propusieron sus comparecencias en calidad de testigos en esta vista oral, uno por uno han negado que existiera la contabilidad paralela en el partido, o que ellos hubiesen tenido conocimiento de su existencia, o han sostenido que en todo caso sería una financiación oculta que gestionaba el extesorero Luis Bárcenas por su cuenta y riesgo. Una contabilidad que, sin embargo, sí ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en la sentencia de la primera época de la trama Gürtel.

Su aparición en los papeles de Bárcenas como dirigentes del PP que cobraron sobresueldos en negro la achacan a inventos del extesorero y algunos consideran que a pesar de aparecer con nombres y apellidos, Bárcenas se estaría refiriendo a otra persona. Es el caso de Javier Arenas, ex secretario general del partido conservador, quien ha llegado a afirmar que no es "el único Javier que aparece en esos papeles y quizá no el único Javier Arenas de la organización", en referencia a los apuntes sobre cobros en b de un tal "Javier Arenas", "Javier Are" o "J. Arenas".

Francisco Álvarez-Cascos, quien también ejerció como secretario general en el partido durante más de diez años y fue ministro de Fomento en el segundo gobierno de José María Aznar, ha negado igualmente en cobro de sobresueldos, a pesar de que en la contabilidad opaca consta que recibió más de 400.000 euros. En un momento dado, incluso, se ha mostrado ofendido y "perplejo" de que una acusación popular le preguntara si las donaciones de empresarios tenían algún tipo de contraprestación en contratos de obra pública y ha llegado a afirmar que fue el PP y no otro partido el que cuando llegó al gobierno "acabó con prácticas" que pudieran desembocar en contratos amañados.

Álvarez-Casos iba preparado. Ha entrado en la sala de vistas de la Audiencia Nacional con una carpeta en la mano que ha tratado de utilizar cuando un abogado le preguntaba por los estatutos del partido y donde también llevaba una fotocopia de una portada del diario El País de 1991 en la que se leía "Borrell insta a los magnates de la construcción que no paguen comisiones a los partidos", en referencia a Josep Borrell cuando ejercía como ministro de Obras Públicas. Visiblemente molesto por el camino que tomaba el interrogatorio, Álvarez-Cascos ha sacado el político que lleva dentro para dar un pequeño mitin y defender que fue el gobierno del que formó parte el que aprobó "un nuevo reglamento para desarrollar la ley de contratos de las administraciones públicas" con el que "facilitar la transparencia y la eficiencia en la contratación".

Por eso, ha apuntado, es "inverosímil" que durante su etapa al frente de Fomento se pudieran amañar contratos. "Ni el ministro ni el Consejo de Ministros fueron órganos de contratación, por tanto es inverosímil. Es imposible que desde el año 2000 alguien haya intentado siquiera métodos espurios para lograr un contrato. Estoy orgulloso del gobierno que puso fin a estas prácticas, y ahora resulta que estamos bajo sospecha por los que no quieren investigar lo que ocurría antes de que llegara este gobierno", ha insistido ante los intentos de la acusación popular por interrumpir su disertación.

"Esos apuntes no tienen nada que ver conmigo", ha llegado a decir, a pesar de que Bárcenas le situó como la persona que ordenó el sistema de sobresueldos en el PP a principios de los noventa, cuando ascendió a la Secretaría General del PP. Según el extesorero, todas las personas que ocuparon este cargo conocieron la contabilidad b, pero Álvarez-Cascos lo ha negado de plano, igual que cualquier contacto con empresarios para que aportaran fondos al partido: "Ni siquiera he recibido un cita para eso, nadie entra a comprar fruta a una ferretería", ha espetado visiblemente irritado.

La Policía investiga una veintena de contratos

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional no está muy de acuerdo con el exministro y por eso pidió recientemente a la Audiencia Nacional, en el marco de la pieza separada que indaga en las donaciones de empresarios al PP, poder indagar en los más deuna veintena de contratos que fueron firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los constructores que aparecen en los papeles de Bárcenas. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros y se incluyen varios contratos de Fomento, los más cuantiosos. El juez Santiago Pedraz dio luz verde y ya ha empezado a recibir documentación.

Con diferencia, la testifical más larga de este miércoles ha sido la de María Dolores de Cospedal. Casi durante dos horas, la ex secretaria general del PP ha negado conocer la contabilidad opaca y haber cobrado sobresueldos. Su declaración ha comenzado asegurando al tribunal que no tiene ninguna relación de amistad o enemistad con ninguno de los acusados del juicio, una afirmación que choca con el enfrentamiento, judicial y mediático, que mantiene casi desde que llegó a número dos del partido con el extesorero Luis Bárcenas. Luego lo ha aclarado: no tiene "animadversión", aunque sí "desprecio".

Un nombre, el de Bárcenas, que se había propuesto no pronunciar en ningún momento. Hacia el final de la testifical, no ha podido evitar decirlo en unas tres ocasiones, pero el resto del tiempo sólo se ha referido a él como "el extesorero" o "esa persona". "Desde febrero o marzo de 2009 ya no volví a tener relación con esa persona"; "esa demanda terminó con una condena contra esta persona"; o "la caja b es de esa persona, no del PP". Esta última afirmación la ha querido dejar clara en no pocas ocasiones: la caja b era de Bárcenas, no del PP. Posiblemente en respuesta a la propia declaración que prestó el extesorero hace sólo un par de semanas: "Son los papeles del PP".

Cospedal también ha cambiado la forma en que expresó, allá por 2013, la indemnización "en diferido" de Luis Bárcenas con la que justificó que el partido llevara pagándole desde 2009 a pesar de haber sido destituido a mediados de ese año. Ahora, ha optado por una expresión mucho menos dada a polémicas: "Se le pagaba en concepto de indemnización por haber renunciado al cargo y se le pagaba de esa manera".

Hasta seis exdirigentes del PP han comparecido este martes como testigos en la Audiencia Nacional y los intentos de las acusaciones populares han sido en vano. Unos por videoconferencia y otros en la sala de vistas han negado conocer la caja b, una práctica que, según la investigación, se remonta a principios de los años noventa y, según Bárcenas, mucho más atrás, hasta principios de los ochenta. Más que testigos propuestos por las acusaciones, los exdirigentes del partido parecían testigos de las defensas, incluido el propio PP, que está acusado en este juicio como responsable civil subsidiario por el pregunto pago con dinero negro de la sede central de la calle Génova.

El fiscal apenas ha preguntado

La dinámica ha sido parecida en todas las comparecencias: las acusaciones preguntaban sobre caja b y sobresueldos en negro, la Fiscalía Anticorrupción apenas ha dirigido alguna pregunta a los testigos, pero siempre centrada en las obras de la sede y no en la contabilidad opaca, lo mismo que la Abogacía del Estado. Algo parecido ha ocurrido con las defensas de los acusados; por ejemplo, el abogado de Bárcenas no ha formulado una sola pregunta.

Es previsible que la mecánica sea muy similar este miércoles con el plato fuerte de la fase de testificales: los expresidentes del PP y del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Ambos declararán por videoconferencia, como han hecho otros testigos como Arenas o la también ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que se han ahorrado así el paseíllo al tribunal paseílloy tener que sentarse en la mesa de los comparecientes. A pesar de esto, han declarado con mascarilla, lo que ha llevado a algún abogado a preguntarles si estaban solos en la habitación que habían escogido, a lo que han declarado que sí. Por la decoración de la pared que aparecía tras Pío García-Escudero, otro de los dirigentes que aparecen en los papeles de Bárcenas, daba la impresión de que había decidido comparecer desde el Senado, cámara de la que es vicepresidente.

Las videoconferencias le restan ceremonia a un juicio. La entrada por la puerta del fondo de la sala de vistas, la manera de expresarse y el lenguaje corporal dicen mucho de los comparecientes, pero ha habido exdirigentes del PP que han preferido optar por el recurso que les da la pandemia de coronavirus para pedir al tribunal que les permita declarar a distancia y los magistrados se lo han concedido. Esto ha provocado interrupciones, como en el caso del exdiputado Juan Ignacio del Burgo, cuya testifical se ha tenido que posponer a la espera de mejor conexión, y situaciones singulares como que Javier Arenas no mirara a cámara. Sólo Álvarez-Cascos, el también exministro Jaume Matas, el exdiputado Eugenio Nasarre y el periodista Pedro J. Ramírez han optado por la antigua normalidad y han hecho acto de presencia en la Audiencia Nacional.

Las declaraciones de Del Burgo y Nasarre podían parecer en un principio favorables a las tesis de las acusaciones, pero aunque los dos han reconocido que recibieron dinero en efectivo, han apuntado que su impresión es que todo era legal porque firmaron recibís. Ninguno ha cambiado la versión que ya dieron durante la instrucción del procedimiento, pero sí hay un matiz que va a afectar a uno de los testigos más esperados, pues ha declarado que Aznar le autorizó en 1991 el pago de una "compensación económica" en efectivo a Calixto Ayesa, excargo de UCD que asumió la dirección de una consejería en el Gobierno navarro. 

Ayesa, según ha dicho Del Burgo, que fue quien recogió ese dinero en Génova en pequeñas cantidades entregadas periódicamente, recibió esa cantidad como compensación por una deuda que había contraído tras la disolución de UCD por haber adelantado a esa formación el dinero para financiar su campaña electoral en la comunidad foral. El dinero que le dio el PP pudo proceder de donaciones anónimas, según Del Burgo, porque era una de las fuentes de financiación de los partidos políticos, pero rechaza que exista una "conexión con nada que se tratara de un dinero negro". Aznar, que siempre ha negado la existencia de una contabilidad opaca y al que Bárcenas nunca ha señalado a diferencia de Rajoy, deberá dar su versión sobre este asunto.

Instituciones Penitenciaras ha concedido el tercer grado al exministro y expresidente balear Jaume Matas tras cumplir la mitad de la condena de cuatro años y tres meses de prisión por los casos Nóos y Ópera.

La decisión de concederle el tercer grado, en su régimen menos abierto, ha partido de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, donde permanecía ingresado desde junio de 2018, que recientemente dio el visto bueno al cambio de régimen de Matas. Con ello, Matas pasa hoy al Centro de Inserción Social (CIS) de Alcalá de Henares para continuar cumpliendo su condena, han explicado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias y ha adelantado Vozpopuli.

Concretamente, se ha aplicado lo dispuesto en el artículo 82.1 sobre régimen abierto restringido del Reglamento Penitenciario, previsto en casos de penados "clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario".

La disposición establece que la Junta de Tratamiento podrá establecer la modalidad de vida en régimen abierto adecuada para estos internos y restringir las salidas al exterior, estableciendo las condiciones, controles y medios de tutela que se deban observar, en su caso, durante las mismas.

Por tanto, desde Instituciones Penitenciarias han ahondado en que se trata del régimen de tercer grado menos abierto y el que suele ser habitual por primera vez cuando se accede a esa modalidad. Además, el exdirigente balear podrá disponer de 48 días de permiso al año, repartidos en dos semestres, y fines de semana por el acceso al tercer grado.

Matas fue condenado a tres años y ocho meses de condena por prevaricación, fraude y tráfico de influencias en el caso Nóos y, ya en prisión, se sumó otra pena de siete meses de cárcel por el caso Ópera.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al expresidente balear Jaume Matas a 7 meses de prisión, 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de una multa de 211.827 euros por delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos en el encargo que realizó en 2007 al arquitecto Santiago Calatrava para diseñar el teatro de la ópera de Palma de Mallorca. Deberá también abonar a la comunidad autónoma 1,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El Alto Tribunal desestima el recurso de Matas pero recoge parcialmente el de la Fiscalía, y por ello corrige la sentencia de la Audiencia de Palma de Mallorca en el sentido de condenar al expresidente balear, además de por prevaricación, por el delito de tráfico de influencias del que la Audiencia le había absuelto.

La resolución, que afecta a una de las piezas del denominado caso Palma Arena, señala respecto a la responsabilidad civil que los 1,2 impuestos como responsabilidad civil corresponden a la cantidad que facturó Calatrava en mayo de 2007 por el proyecto a la empresa pública balear IBISEC. Según el Supremo dicho pago no lo debe soportar la Administración pública ni, en definitiva, la ciudadanía.

Frente a lo considerado por la Audiencia de Palma en su sentencia de octubre de 2017, el Supremo entiende que sí se cumplen los requisitos del delito de tráfico de influencias en la actuación de Matas, al reclamar a su consejero de Educación que hiciese la propuesta al Consell de Govern para hacer posible la contratación de Calatrava, que el entonces presidente autonómico previamente había acordado de forma verbal y unilateral con el arquitecto.

Así, el tipo penal exige que la influencia ejercida se oriente a conseguir una resolución, pero también que pueda generar al autor un beneficio de naturaleza económica, segundo aspecto que no fue apreciado por la Audiencia, al entender que Matas buscó un beneficio electoral o político aunque sin contenido económico.

El TS destaca que Matas ideó la contratación de Calatrava como propuesta orientada a obtener un mejor resultado en las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2007, mediante la presentación pública del proyecto, una presentación cuyos gastos correrían a cargo de la Administración pública y no de Matas o de su partido político.

"Fueran los beneficios para el propio acusado Jaume Matas, o fueran para el partido político, el requisito del tipo se cumple. Además, dado que todas esas cantidades fueron efectivamente abonadas, ha de entenderse que el beneficio económico fue totalmente obtenido", añade la sentencia.

Por otro lado, la Sala desestima íntegramente el recurso de Matas y confirma que cometió delito de prevaricación: "La resolución es arbitraria pues el contrato se efectuó verbalmente y de forma directa con el profesional, y tanto en ese momento como en el mismo expediente, se hizo sin que concurrieran las condiciones necesarias para acudir al procedimiento negociado sin publicidad, que tampoco se respetaron, ya que la confección del expediente se hizo en momento posterior al acuerdo y solo como forma de dotarlo de apariencia de legalidad. El precio, 1.200.000 euros, se acordó directamente entre el recurrente y el señor Calatrava".

Tampoco estima el tribunal el intento de Matas de revocar la responsabilidad civil de 1,2 millones de euros por el delito de prevaricación, alegando que la Comunidad de Baleares renunció a la acción civil al solicitar el sobreseimiento en la causa, en la que estaba personada como acusación particular.

El Supremo contesta que la comunidad autónoma sufragó con ese importe "los intereses electorales del recurrente", sin adquirir ni siquiera la propiedad intelectual del proyecto, que de acuerdo al contrato se mantenía en poder de Calatrava. Por lo que debe pagar la indemnización "para evitar que sea la Administración pública, y en definitiva, la ciudadanía, quien sufra las consecuencias de una resolución que se ha calificado como prevaricadora".

Asimismo, sobre la petición de sobreseimiento del caso que hizo en su día la comunidad, el alto tribunal señala que aunque se entendiera que la comunidad autónoma había renunciado al ejercicio de acciones penales, ello no supondría la renuncia a la indemnización que pudiera corresponderle.

Se trata de la sentencia referente a la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, conocida como caso Ópera, sobre la adjudicación de un proyecto de palacio de la ópera en Palma al arquitecto Santiago Calatrava.

Un informe de la Guardia Civil sobre la trama Púnica acredita la asistencia de la expresidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, en las reuniones en las que el Ejecutivo Regional decidió favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que había trabajado para el PP en las campañas electorales de 2003 y 2007.

Según publica este viernes el diario El País, el documento policial es el primero que vincula directamente a Aguirre con la trama de corrupción del PP de la Comunidad de Madrid, por la que están imputados sus dos principales colaboradores: Ignacio González y Francisco Granados.

El periódico también adelanta que el informe de la Guardia Civil evidencia cómo Esperanza Aguirre se valió de la publicidad institucional pagada con dinero público para promocionar a determinados dirigentes del PP.

En concreto, los investigadores se centran en la actividad de las sociedades del empresario Daniel Horacio Mercado, imputado en Púnica y en la causa sobre la financiación ilegal del PP balear de Jaume Matas. Se estima que las empresas de Mercado recibieron contratos públicos con un valor cercano a los 7 millones y medio de euros.

Saldar deudas

Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el Partido Popular de Madrid y que "tuvieron un coste de 151.503,35 euros", sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre esta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con estos servicios. "De igual forma, analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización", concluye la UCO.

Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid "no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, por importe de 151.503,35 euros, y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año, por importe de "88.708,68 euros". "Estos trabajos no fueron facturados por Over Marketing al Partido Popular de Madrid y, a juicio policial, se podrían haber compensado con la elevada concesión de contratos públicos adjudicados a las sociedades de Daniel Horacio Mercado. Según la información facilitada por el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, sus distintas unidades y organismos autónomos realizaron pagos a las empresas de Mercado por un importe de 7.459.217,62 euros", explica la UCO.

Por otro lado, Mercado involucró directamente en su declaración en sede judicial a Francisco Granados e Ignacio González como las personas que habrían dado instrucciones al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, para que los trabajos que las empresas hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con dinero en B y mediante la adjudicación de contratos públicos.

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha llegado a un acuerdo en el caso Over, que investiga el presunto uso de fondos públicos para "beneficiar" a la entidad mercantil Over Marketing, que fue la encargada de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007. Al ser preguntado acerca de si reconocía los hechos y aceptaba las penas, el también ex ministro ha dicho que "absolutamente", informa Europa Press.

Así lo ha manifestado este lunes ante el tribunal de este juicio que está teniendo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El propietario de Over Marketing, Daniel Mercado, también ha llegado a un acuerdo, así como otra de las acusadas. El ex conseller de Interior, José María Rodríguez, no lo ha aceptado.

La acusación lanzada por la Fiscalía de que Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, fueron el "motor" y los "instigadores para la corrupción" enjuiciada en el caso Nóos  ha dominado esta mañana la vista de apelación ante el Supremo, donde el ministerio público ha pedido elevar de seis a 10 años la pena de cárcel para el cuñado del rey y de ocho y medio a doce y cuatro meses para su antiguo profesor de Esade.

El Supremo no tiene plazo para resolver los recursos de casación planteados en torno a dos polos: el de las acusaciones, con la Fiscalía en cabeza y que piden un incremento de las penas tanto de reclusión como pecuniarias, así como la condena de cuatro antiguos altos cargos de la Generalitat valenciana que fueron exonerados; y el de las defensas, que reclaman la absolución. Si el alto tribunal confirma o modifica al alza la sentencia dictada hace un año por la Audiencia de Palma, Urdangarin y Torres deberán ingresar en prisión. "La ley es como la muerte, no puede exceptuar a nadie", proclamó durante su alegato la letrada de la Abogacía del Estado, Dolores Ripoll, que ejerce la acusación en nombre de Hacienda.

Urdangarin fue sentenciado hace un año por la Audiencia de Palma por siete delitos. La infanta, a la que solo acusaba -por delito fiscal- Manos Limpias , resultó absuelta. Y nadie ha recurrido esa absolución. Pero su nombre y su título planearon este miércoles sobre la sala de vistas del Supremo cuando el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, negó que el autodenominado sindicato hubiese actuado con "temeridad". Los principales dirigentes del autodenominado sindicato se encuentran camino del banquillo por extorsión.

"Por ser quien es"

Si aquella sentencia de Palma ya puso el foco en cómo el marido de Cristina de Borbón utilizó su "proximidad a la Jefatura del Estado" para delinquir, la vista pública celebrada este miércoles por el alto tribunal ha devuelto ese factor al escenario. El expresidente balear Jaume Matas –destacó en un momento de su alegato la abogada del Govern, María Ángeles Berrocal– ya confesó "que le dio los negocios al señor Urdangarin porque le parecía conveniente por ser quien es". Condenado a tres años y ocho meses, la defensa de Matas pide también la absolución al igual que la de Urdangarin y la de Torres.

Berrocal resumió lo que la investigación del caso ya había constatado: que cuando Jaume Matas decía "hágase", su Gobierno primero hacía y luego preparaba la coartada legal que en forma de expediente diese cobertura a aquello que el todopoderoso político había decidido de antemano. La influencia desplegada por Urdangarin y Torres fue tal, continuó la letrada, que cuando el juzgado pidió al Govern balear que buscase los convenios con Instituto Nóos, "no había ni un solo papel, ni uno". Sin tecnicismos, Berrocal puso el énfasis en un argumento inapelable: "Ni un solo céntimo de dinero público puede quedar sin justificación"

Esa capacidad de influencia que permitió a Urdangarin lograr convenios cuyo interés público negaron las acusaciones durante la vista y manejar cantidades millonarias sin apenas control ha estado presente incluso en la alocución de su propio abogado, Mario Pascual. Si "su vinculación con la Familia Real" le hubiese ayudado a conseguir convenios para Instituto Nóos, "se trataría de una influencia impune por atípica y menos aún que mereciera reproche legal". En otras palabras: no sería perseguible. El letrado sustentó su razonamiento en un auto de la Audiencia de Palma según el cual -dijo- valerse de los vínculos familiares propios para obtener dinero público no es delito.

Pascual jugó la baza de la pena de telediario en favor de su cliente: "Con todo el respeto para este tribunal les pido, fíjense qué temeridad, que absuelvan al señor Iñaki Urdangarin, que a día de hoy ya viene condenado por parte de la sociedad y por determinados medios de comunicación".

Y aunque su trayectoria como defensor de Urdangarin apunta a que sus palabras sobre la ayuda para que Instituto Nóos consiguiera seis millones públicos en convenios buscaban significar que todo eso quedaría excluido de lo que el Código Penal conceptúa como delito, lo cierto es que su apelación a una influencia "impune por atípica" remite a uno de los puntos más calientes y a la vez orillados en el debate que generó la instrucción del caso: la inviolabilidad del rey, consagrada en el artículo 56.3 de la Constitución. La inviolabilidad afloró cuando la investigación destapó que Urdangarin había pedido ayuda a su suegro, Juan Carlos I, para el primer pelotazo de Instituto Nóos, las llamadas Valencia Summit. Distintos documentos, básicamente emails aportados al juez por Diego Torres, indicaban sin ningún género de dudas que el hoy rey emérito estaba al tanto de los negocios de su yerno. 

La Fiscalía sostiene que tanto Urdangarin como Torres deben ver incrementadas sus condenas porque cometieron un delito de malversación continuado al que hay que aplicar la banda alta de las penas previstas. El ministerio público también considera que es necesario recalcular al alza el daño patrimonial que la celebración de las llamadass cumbres turísticas que Baleares y Valencia encargaron a Instituto Nóos -las Illes Balears Fórum y las Valencia Summit- infligieron al erario de esas dos comunidades. Gracias a los convenios a dedo para la organización de esas cumbres, la pretendida ONG obtuvo 5,8 millones que de forma íntegra acabaron en las empresas de Urdangarin y Torres.

Los convenios de Baleares -los de Valencia están en espera de lo que decida el Supremo- son los que la Audiencia de Palma consideró delictivos. Y de ellos se derivan los siete delitos por los que Urdangarin está ya condenado en primera instancia: uno continuado de prevaricación en concurso -es decir en conjunción- con uno de falsedad en documento público y de malversación, que le acarreó la pena de dos años y ocho meses de cárcel; otro de fraude a la Administración -cuando existe un concierto previo para adjudicar a alguien un contrato-, traducido en siete meses de prisión; otro de tráfico de influencias, castigado con un año; y dos delitos fiscales, penados cada uno de ellos con un año de reclusión. Torres fue sentenciado a una pena más alta porque, además de los siete delitos anteriores, la Audiencia le condenó también por blanqueo.

La Audiencia de Palma cifró en 265.088,42 euros la responsabilidad civil que debe afrontar Cristina de Borbón como partícipe a título lucrativo (beneficiaria económica) de los delitos perpetrados por su marido. Ahora, la Abogacía del Estado, que en el proceso representa a la Agencia Tributaria, ha pedido al Supremo que esa cifra se vea aumentada en 35.000 euros. En la práctica, incluso si el Supremo la aceptara, esa subida tendría un efecto nulo dado que, dos años antes de que la Audiencia de Palma dictase sentencia, la infanta ya había depositado en los juzgados de Palma 587.413 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia recalcaba que declarar a la infanta beneficiaria económica de los delitos en absoluto implica que participase en su comisión ni que conociera siquiera su existencia.

Ahora, la nueva entrada en escena de Manos Limpias con un nuevo letrado busca anular la condena en costas que le impuso la Audiencia de Palma por mala fe procesal. Su acusación contra la infanta -sostuvo Bueno durante la vista- no era "infundada" ni "baladí". Entre los imputados de Manos Limpias por extorsión se encuentra la abogada que ejerció la acusación en Nóos, Virginia López Negrete.

"Jurídicamente, no veo factible la absolución ni una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Iñaki Urdangarin ni de Diego Torres". Quien lo afirma, a una semana de la vista donde el Tribunal Supremo escuchará el día 21 los argumentos de todas las partes antes de dictar la sentencia definitiva del caso Nóos, es José Castro, ahora recién jubilado y durante cinco años juez instructor de la causa que zarandeó los cimientos de la monarquía.

En una conversación telefónica mantenida este miércoles con infoLibre, Castro subraya que, en todo caso, "los argumentos jurídicos" operan en favor de un aumento de las penas impuestas hace un año por la Audiencia de Palma en una resolución que el exmagistrado define como "muy benévola": seis años y tres meses de reclusión para el cuñado del rey y ocho años y medio para su antiguo socio, Diego Torres. Ambas condenas, por malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias y delito fiscal –más blanqueo en el caso de Torres–, tienen su origen en los convenios suscritos en 2005 y 2006 con el Gobierno de Baleares por el Instituto Nóos y que reportaron al entramado tejido por Urdangarin y Torres 2,3 millones.

En su recurso, la Fiscalía pide al Supremo que aumente a 10 años las penas para el marido de Cristina de Borbón y a doce y medio las de Torres. El ministerio público también reclama la condena de cuatro ex altos cargos de la Generalitat valenciana absueltos por el tribunal de Palma. "Si la trama balear ha sido condenada, hay argumentos para que también lo sea la valenciana", dice Castro. Y añade algo más al respecto:  "Descarto que la absolución de la trama valenciana juegue a favor de los políticos condenados de Baleares". Los convenios firmados con la Generalitat valenciana aportaron 3,2 millones a la trama Nóos.

Aunque Castro mantiene un discurso granítico, él mismo lanza un aviso: "Creo que el Supremo no le va a dar carnaza a la gente para que la gente no piense mal. Si considera que tiene que absolver lo hará, y así es como tiene que ser: yo no participo de que el Supremo se guíe por el clamor de la calle ni creo que lo vaya a atender. Y si considera que debe absolver le importará un bledo lo que puedan decir los ciudadanos de su sentencia, porque no le importó cuando se condenó a Jaume Matas y esa condena acabó con una pena de nueve meses por un delito menos grave de tráfico de influencias tras excluir un delito de malversación y otro de fraude a la Administración". En 2013, el alto tribunal libró a Matas de la cárcel al rebajar de seis años a nueve meses su condena por el llamado caso Alemany, uno más en el abultado racimo de episodios de corrupción que giran en torno al antiguo líder del PP balear.

"Como el tema de la hermana del rey no se ha planteado..."

Lo anterior no obsta para que a lo largo de la charla Castro recalque una y otra vez que no alberga la menor duda de que con la ley en la mano resultan imposibles tanto la absolución como una rebaja sustancial de penas que permitiera a los dos principales condenados eludir el ingreso en la cárcel. "No veo factible –aduce– una rebaja de penas que evitase la entrada en prisión de Urdangarin ni de Torres porque ya la sentencia de Palma fue muy benévola, estaba al límite de la benevolencia. En todo caso veo factible un incremento. Si estuviéramos en una franja muy, muy límite para que se les pudiera aplicar la remisión condicional de la condena [cuando la sentencia impone un máximo de dos años de cárcel] a lo mejor el tribunal haría un esfuerzo para que, rebajándoles unos meses, se les evitara el ingreso en prisión". 

El exmagistrado introduce en ese punto el elemento que antes y después de la sentencia dictada por el tribunal balear más agrietó la confianza ciudadana en la justicia: Cristina de Borbón. "Con argumentaciones jurídicas no adivino la absolución. Si estuviéramos hablando de la infanta a lo mejor podríamos decir: 'Pues sí, hay argumentaciones extrajurídicas'. Pero como el tema de la hermana del rey no se ha planteado…"

Con esa elipsis Castro alude a que no haya sido objeto de recurso la absolución de la hermana de Felipe VI, que compartió banquillo con su marido acusada de delito fiscal pero solo por Manos Limpias y con la oposición expresa de la Fiscalía. La batalla en torno a la imputación de la infanta dinamitó lo que parecía un tándem indestructible, el que durante años formaron José Castro como juez y Pedro Horrach como fiscal Anticorrupción. Muy afectado por la tormenta de reproches e insultos que le granjeó su estrategia para convencer a los tribunales de que la infanta no había cometido ningún delito, Horrach abandonó la Fiscalía en abril de 2017.

En abierta oposición a la Fiscalía, el autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias ejerció la acusación popular en el proceso. Desarticulado en la práctica en la primavera de 2016, mientras aún se celebraba el juicio de Nóos, sus principales dirigentes aguardan ahora su propio juicio por varios delitos, entre ellos el de la presunta extorsión a los abogados de la infanta para retirar la acusación a cambio de dinero.

Seis casos judiciales, cinco de ellos relativos casi en su totalidad a periodos posteriores a la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del PP en 2004, mantienen la financiación del partido del gobierno bajo la lupa de los investigadores. De las seis, tres siguen en instrucción: Púnica, Lezo –ambas centradas en los manejos del PP madrileño y muy conectadas entre sí– y la valenciana Taula, que ha alcanzado popularidad por su vertiente del pitufeo o presunto blanqueo de pequeñas y múltiples cantidades; una –la de Los papeles de Bárcenas– ha vuelto de manera parcial a manos del juez instructor mientras que el grueso de la causa se encuentra pendiente de juicio; y las dos restantes ya tienen fecha señalada para el inicio de la vista oral: la de la financiación del PP valenciano, que comenzará el 15 de enero en la Audiencia Nacional; y la de la pieza del caso Palma Arena conocida como la de Over Marketing, cuyas sesiones deben arrancar el 5 de febrero tras haber sido pospuesto y centrada en los –supuestos– enjuagues electorales del PP balear durante la etapa de Jaume Matas.

Entre los hechos que han aflorado en la causa que más lejos se remonta en el tiempo –la de los papeles de Bárcenas– y los de la más reciente, la Operación Lezo, hay una diferencia de hasta 25 años: las "anotaciones extracontables" del extesorero Luis Bárcenas reflejan datos desde 1990 y en una de las piezas de Lezo se investigan presuntos delitos vinculados a varias convocatorias electorales y que alcanzan incluso, aunque por ahora de manera colateral, a las de las municipales y autonómicas de 2015. En la pieza de los papeles o de la caja B del PP sigue sin respuesta a efectos penales la gran pregunta que planea sobre el caso desde el instante mismo en que salieron a la luz los manuscritos de Luis Bárcenas: si las "donaciones" de grandes constructoras y concesionarias encubrían en realidad el pago de comisiones ilegales por contratos públicos. Fue la declaración de Francisco Correa al comienzo del primero de los juicios de la serie Gürtel asignados a la Audiencia Nacional el que precipitó la reapertura de esa pieza al asegurar que los empresarios pagaban mordidas de hasta el 3%.

Aun con diferencias respecto a la materia sujeta a investigación y la envergadura de los hechos, en los seis casos donde asoma la financiación del PP emergen dos pautas comunes: la primera, que entre los aportantes de fondos opacos para la formación conservadora siempre hay beneficiarios de contratos públicos. La segunda es esta: los seis casos arrojan múltiples indicios de que se falsearon facturas para camuflar trabajos al partido que terminaban abonando empresarios afines. De momento, en ninguna de esas seis causas pesa sobre ningún imputado el delito de financiación ilegal, que no entró en vigor hasta julio de 2015.

Que en la última década el PP se benefició de las facturas ficticias que determinados contratistas aceptaban pagar a los proveedores electorales del partido es ya algo más que una presunción. En febrero, nueve empresarios valencianos, todos ellos grandes adjudicatarios públicos, confesaron por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que habían desembolsado 1,2 millones en facturas falsas para las campañas electorales de las municipales y autonómicas de 2007 así como para las generales de 2008. Entre las compañías que se prestaron a ello figura Lubasa, ahora denominada Obinesa.

Y Lubasa hace doblete. Porque no solo aparece entre los financiadores del PP investigados en las llamadas piezas separadas de Gürtel 1,2 y 6, aquellas derivadas de Gürtel donde se examina la financiación del PP valenciano y cuyo juicio conjunto está previsto para el 15 de enero en la Audiencia Nacional. Lubasa también figura entre las 13 contratistas o concesionarias del Ayuntamiento de Valencia que, en los comicios locales de 2007 y según la documentación ya incorporada al sumario de la llamada Operación Taula, desembolsaron 2,6 millones por los trabajos ficticios que les facturó Laterne. Es decir, el proveedor electoral fetiche de la ya fallecida Rita Barberá y su equipo municipal.

El papel de Over Marketing

Pero la entrada en escena de distintas causas no es un fenómeno exclusivo del grupo fundado por Luis Batalla, una de cuyas filiales ya había sido inhabilitada en 2007 por tres años como contratista público tras recibir una condena firme por delito fiscal. Con Over Marketing como mascarón de proa, el conglomerado de empresas de publicidad y servicios electorales creado por Daniel Horacio Mercado y que en la pasada década vivió su propio boom al sumar 32 millones en contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP hace acto de presencia en otros dos de estos seis casos: en aquel al que ha dado nombre y que, derivado al igual que Nóos de la macrocausa del Palma Arena, se juzgará desde febrero en Baleares, así como en la Operación Púnica.

Mimada en las Illes por el Govern de Jaume Matas pero también en la central Madrid por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Over Marketing se ha convertido en paradigma de cómo lo que ahora se conoce como "dopaje electoral" puede borrar la frontera entre lo institucional y lo partidario. En su escrito de acusación sobre el caso balear, Anticorrupción sostiene que Daniel Horacio Mercado y Jaume Matas acordaron en una entrevista previa a las autonómicas de 2003 que una parte de los gastos electorales que debían abonarse en dinero negro "se compensarían con el volumen de contrataciones públicas" que le adjudicarían "desde distintos organismos públicos dependientes del Gobierno balear". A partir de ese año, los encargos de "campañas institucionales" pagadas con dinero netamente público llovieron sobre Over y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Link América y Abanico de Comunicación. Mercado está citado a declarar como investigado –imputado– en Púnica el día 19 ante el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, que también instruye la Operación Lezo.

Esa lluvia de contratos no se ciñó a Baleares. Sobre Over diluvió en otras comunidades del PP, muy especialmente en Madrid, donde solo el Ejecutivo de Aguirre, sin contar lo que desembolsaron varios ayuntamientos de ese mismo partido y las empresas concesionarias de hospitales públicos, le adjudicó casi 10 millones. 

En 2012, Mercado terminó haciendo una confesión de largo alcance ante el fiscal Pedro Horrach, hoy dedicado a la abogacía, y el juez José Castro, ahora a punto de jubilarse: que, en efecto, había obtenido contratos amañados en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué ganaban quienes los amañaban?, preguntó el fiscal. Esta fue su respuesta: "Que quizás el beneficio que pudieran obtener las personas que le contratasen es que no les facturasen las totalidades de los costes de las dos campañas electorales del PP del año 2003 y 2007".  Y prosiguió así: "Que aparte de las campañas electorales Over ha cubierto actos a los que han acudido líderes del PP por los que no ha cobrado absolutamente nada, por lo que entiende el declarante el beneficio lo ha obtenido el Partido Popular".

'Púnica', 'Lezo' y la "línea continua" 

Hace tres semanas, infoLibre publicó cómo nuevos documentos incorporados al sumario de Púnica certifican que una promotora inmobiliaria pagó la campaña para las municipales de 2007 de un alto cargo de Cristina Cifuentes, la directora general de FP, Guadalupe Bragado. Los pagos se vehicularon a través de facturas falsas endosadas por una de las filiales de Over Marketing a esa promotora. Así lo acreditan los correos electrónicos cruzados entre Bragado y el número dos de la hoy extinta Over, los archivos contables internos del grupo Over y las facturas finalmente emitidas.

Cifuentes, que en la campaña de 2007 ocupaba el cargo de responsable de movilización electoral de PP madrileño, no adoptará ninguna medida contra Bragado en tanto no exista una imputación judicial. PSOE y Podemos, que acertaron al dar por hecho que la presidenta eludiría adoptar medidas contra la directora general, creen que en materia de corrupción una "línea continua" enlaza los Gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con el de Cifuentes. 

Tanto si la investigación sobre los contratos que la Asamblea de Madrid otorgó a uno de los grandes donantes de la oscura fundación Fundescam –otro de los grandes canales de financiación del PP madrileño– complica la situación de Cifuentes como si sale indemne, lo cierto es que todo lo investigado hasta ahora en Púnica y Lezo apunta a que, en efecto, había una línea continua. "La única gran diferencia –resume una fuente conocedora de ambos casos– es que en la etapa analizada en Púnica el número dos del PP de Madrid era Francisco Granados y en Lezo ya era Ignacio González".

En otras palabras, y siempre supuestamente, Granados gobernaba la búsqueda de fondos opacos hasta que Esperanza Aguirre lo destituyó como secretario general del PP madrileño en noviembre de 2011. Y a partir de ahí, esa tarea quedó, también supuestamente, en manos de su sucesor y entonces delfín de Aguirre, Ignacio González. Enemigos acérrimos, y además de haber ocupado el segundo puesto en el escalafón del PP madrileño, ambos compartían una segunda característica a la que en su renuente comparecencia ante la comisión del Congreso sobre la financiación del PP se refirió hace dos semanas el jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el coronel Manuel Sánchez Corbí.  "Yo creo –dijo– que cuando mezclamos corrupción con política al final lo que siempre queda es que un dinero va para un sitio y otro va para otro sitio". "Con la corrupción –apostilló– un dinero va para gastos particulares y otro va para gastos de la familia".

El expresidente del Govern balear, Jaume Matas, ha llegado este martes a su primer acuerdo con la Fiscalíaal haber aceptado que ha prevaricado dentro de la pieza número 14 de la causa del Palma Arena.

Durante la vista oral que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial, Matas sólo ha dicho "sí" al ser preguntado por la presidenta del Tribunal, la magistrada Samanta Romero, acerca de si aceptaba la conformidad y asumía la autoría de los hechos.

De esta manera, el también ex ministro de José María Aznar ha aceptado haber prevaricado al tomar una decisión que benefició a la agencia Nimbus Publicidad al otorgarle una transferencia de 350.000 euros sin concurso y saltándose el procedimiento administrativo.

Según ha resaltado la representante del Ministerio Fiscal, Laura Pellón, durante la vista, Matas ha abonado 35.000 euros —que corresponden al 10% de la suma abonada a Nimbus— para reparar "los perjuicios derivados de su resolución prevaricadora".

Por esto, se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño y se le ha impuesto una inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete años, tal como se recoge en el escrito de conclusiones definitivas.

Tras este juicio, el sexto en el que Matas estaba acusado dentro de la macrocausa del Palma Arena, vendrá el juicio del caso Over, previsto para febrero, el de las piezas número 15 y 16, que todavía está en fase de instrucción y el de la pieza principal del caso.

Además de esto, está la investigación relativa al caso Turisme Jove, que la lleva el Juzgado de Instrucción número 5, y el caso de Son Espases, en los que también está implicado el ex presidente.

Debe recordarse que antes de por la pieza 14, Matas se ha sentado en el banquillo por el juicio del caso Nóos, por el de los discursos del periodista Antony Alemany, por el de la contratación ficticia de su mujer, Maite Areal, en el hotel Valparaiso; por el de la contratación de los arquitectos del velódromo y por el del anteproyecto de la Ópera de Calatrava.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público al expresidente del Gobierno balear Jaume Matas por un delito continuado de prevaricación por las piezas separadas número 8 y 9 del caso Palma Arena, relativas a la contratación de los arquitectos.

Asimismo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, y recogido Europa Press, se condena al ex director general de Deportes José Luis Ballester por un delito continuado de prevaricación a la pena de cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Los magistrados consideran que los hechos probados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, que castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años.

En cambio, el tribunal les absuelve del delito de fraude a la Administración del que venían acusados y por el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión y diez de inhabilitación para Matas.

La Sala apunta que dada la prueba de cargo practicada les "impide alcanzar la convicción, fuera de toda duda razonable, acerca de la participación del acusado en la producción de los hechos justiciables que han sido objeto de acusación, por lo que resulta insuficiente como para desvirtuar la presunción de inocencia de ambos acusados".

Los magistrados consideran que "no se recogen suficientemente en los hechos objetos de acusación, los elementos del delito del art. 436, al no desprenderse de ellos la existencia de un mecanismo orquestado por los acusados para defraudar a la Administración, actividad finalista que es la que se tipifica en el mencionado tipo penal".

En la sentencia aseguran que "en este caso, ni se ha probado esa actividad finalista resultante de ese artificio denunciado por las acusaciones, ni el efecto perjudicial para el erario público que se buscaba con ese artificio".

Por ello, los magistrados han concluido que no pueden tener por desvirtuado el derecho a la presunción de inocencia a los efectos de imponer una condena penal a los acusados, sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, se pudieran declarar en el ámbito administrativo.

Estas dos piezas del caso Palma Arena giran entorno a la contratación de los arquitectos del velódromo. La resolución no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El ex secretario general de la Conselleria de Cultura y Educación en el segundo Govern balear de Jaume Matas ha admitido este martes que sacó de Wikipedia un "párrafo" para incluirlo en el acuerdo del Consell de Govern sobre el proyecto de la ópera de Palma, de forma que "encajara" con el perfil del arquitecto Santiago Calatrava.Santiago Calatrava

Según el ex secretario general de la Conselleria, fue el entonces conseller de Educación y Cultura, Francesc Fiol, quien le indicó que buscara una fórmula para poder definir en el acuerdo del Consell de Govern las características del proyecto para que encajaran con Calatrava sin mencionar expresamente al arquitecto.

Así lo ha manifestado en su declaración como testigo durante el juicio por la tercera pieza de la macrocausa del Palma Arena, que versa sobre el encargo presuntamente irregular de un proyecto de palacio de ópera al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros en 2007.

Por estos hechos se acusa al ex presidente del Govern, Jaume Matas, de prevaricación y tráfico de influencias y se le pide un año y tres meses de prisión y una multa de 120.000 euros.

El impacto mediático de la petición formulada el 26 de julio, y denegada definitivamente esta semana, para que el tribunal de Gürtelsometiese a careo a Mariano Rajoy y Luis Bárcenas dadas sus contradicciones sobre si el PP pagó o no sobresueldos opacos ha eclipsado un hecho relevante: que el funcionamiento de un circuito contable paralelo ya ha sido admitido en Baleares –primero por un proveedor del Govern y del PP ahora también investigado en Madrid, y luego por el exgerente regional del partido– así como en Valencia por nueve empresarios, todos ellos grandes adjudicatarios de contratos públicos de la Generalitat y financiadores electorales del PP.

En Madrid, la poderosísima organización territorial que durante una década gobernó Esperanza Aguirre con mano de hierro, otros papeles por completo ajenos a Bárcenas –los de Francisco Granados y los del exgerente regional del PP– apuntan en la misma dirección: la de que la formación conservadora manejó durante años fondos ajenos a los canales establecidos para la financiación electoral y, por utilizar un término en boga, acudió a los comicios "dopado".

¿A cuánto ascendió el dopaje? No se sabe. Y la magnitud de las cifras del supuesto trucaje oscilan con la virulencia de un sismógrafo. En Baleares, el exgerente del PP durante la etapa de Jaume Matas –Fernando Areal, su cuñado– aceptó en octubre de 2015 una condena de año y medio de cárcel previa confesión de que encargó a una empresa de publicidad, Nimbus, encartar publicidad de la campaña autonómica de 2007 con 80.000 euros en negro de origen desconocido, aunque los investigadores siempre han sospechado que la cifra de dinero opaco empleada fue muy superior.

En Valencia, en cambio, la aguja del sismógrafo se dispara: los nueve empresarios que en febrero de este año admitieron por escrito ante la Fiscalía Anticorrupción haber pagado actos del PP mediante facturas falsas endosadas por Orange Market, la filial levantina de Gürtel, aportaron con esa fórmula 1,2 millones a los campañas electorales del partido en 2007 y 2008.

También en Valencia, el juez de la Operación Taula, la que destapó cómo el grupo municipal del PP se había valido de una cuenta bancaria opaca, recibió en diciembre documentos según los cuales el partido firmó para las elecciones de 2007 un contrato de campaña por 150.000 euros pero gastó en realidad tres millones de procedencia aparentemente irregular. Y en Madrid, la UCO calcula que el "exceso de gasto" en las campañas electorales de 2007 a 2011 alcanzó nada más y nada menos que los cinco millones de euros. La supuesta utilización de empresas a las que el Gobierno autonómico había encargado campañas de publicidad "institucional" y la facturación de actos a través de la oscura fundación Fundescam, cuya investigación dejó de lado Anticorrupción en 2010 bajo el argumento de que los eventuales delitos de 2003 y 2004 habían prescrito, se van perfilando ahora como las dos grandes vías de financiación paralela. 

Así que lejos de afianzarse como una especie de quimera tejida durante 20 años por Luis Bárcenas a base de anotaciones manuscritas falsas, el concepto de caja B y de financiación opaca –la financiación ilegal como delito con entidad propia no quedó tipificada hasta 2015– aparece hoy como el denominador común en las distintas tramas de corrupción que afectan al partido del Gobierno. El propio Bárcenas lo resumió el 10 de abril de 2014 cuando en una de sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz explicó el asunto con estas palabras: "Suponíamos que en todos los sitios tenían. Ni supervisábamos ni queríamos saber". En resumen, la caja B no era una solitaria mina colocada por Bárcenas bajo los cimientos de Génova 13 para dañar al partido sino una bomba de racimo que ha ido explotando por fases allá donde la UCO o la UDEF han analizado papeles y pendrives vinculados al PP.

En el auto por el que dio por concluida la investigación sobre la pieza de los papeles de Bárcenas, hoy reabierta tras la declaración judicial de Francisco Correa sobre supuestas comisiones del 3%, Ruz consideró acreditada la veracidad de la caja B. Pero la realidad parece haber ido más lejos en línea con lo que Bárcenas dijo aquel 10 de abril de 2014, cuando todavía no había optado por la estrategia del silencio. Lo que, siempre según el Bárcenas de entonces, suponían en la sede central de Génova que tenían "todas las provincias y regiones" era una caja B propia para sus gastos. ¿Se nutrían siempre esas cajas B con aportaciones de empresarios interesados en agradecer contratos públicos o en abonar el terreno para que esos contratos llamaran a su puerta? Hasta la fecha no hay ningún indicio de que la mecánica de captación de fondos se rigiese por un manual de instrucciones pautado. Pero es a la existencia de esa pauta a lo que apunta lo sucedido en Baleares y Valencia. Y es también eso lo que dibujan las pesquisas sobre financiación del PP de Madrid abiertas en los casos Púnica y Lezo

Con Púnica enlaza justamente la primera confesión de Baleares. La hizo un empresario de publicidad, Daniel Mercado, que en noviembre de 2012 admitió ante el entonces fiscal anticorrupción Pedro Horrach y ratificó luego ante el juez José Castro dos cosas: que su empresa Over Marketing y otras tres igualmente de su propiedad habían recibido contratos públicos amañados en distintas comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Baleares; y que había hecho "actos gratis" para el partido.

¿Y qué ganaban los cargos públicos que le otorgaban esos contratos amañados? "Quizá el beneficio que pudieran obtener” era que “no les facturasen las totalidades" de las campañas electorales. Esa fue su respuesta. Pendiente de un juicio que comenzará en Palma en febrero, Mercado está siendo ahora investigado en Madrid dentro de la Operación Púnica. Proveedor electoral del PP, solo los contratos otorgados por la Comunidad de Madrid, sin tener en cuenta los adjudicados por ayuntamientos del PP o por las concesionarias de hospitales privatizados, reportaron a Over Marketing y sus empresas satélite casi 10 millones. 

"Game over". La partida ha terminado. Jaume Matas no piensa hacer ninguna confesión que perjudique al PP ni al empresario Juan Miguel Villar Mir en el caso donde se investiga el supuesto amaño –finalmente abortado– para adjudicar en 2006 la construcción del mayor hospital de Baleares, Son Espases, a OHL. Así lo asegura el entorno del expresidente balear, quien en los dos últimos años ha amagado con declarar que el PP le ordenó beneficiar al grupo de Villar Mir, cuyo nombre figura en los papeles de Bárcenas como donante de fondos opacos.

Salvo en la improbable hipótesis de que Matas cambie de estrategia, su silencio rebajará el calado del caso Son Espases, cuyo plazo de instrucción finaliza en junio.  Y alejará también de Villar Mir el peligro de verse forzado a declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional en la pieza los papeles de Bárcenas, reabierta el 1 de marzo. La exconsejera de Sanidad de Jaume Matas ya confesó en 2015 que recibió la directriz de manipular el concurso. Pero la investigación –y así lo reconocen las fuentes consultadas por este diario– ha encontrado un camino cegado a la hora de probar que el apaño contractual se habría planteado como pago a OHL por su apoyo financiero al PP.

Si distintas fuentes conocedoras de los distintos casos que afectan a Matas confiaron largamente en la posibilidad de un acuerdo que despejara la ruta de las pesquisas en Son Espases a cambio de que el político recibiera una condena más laxa, ese escenario parece hoy desinflado. Este lunes, la fiscal Laura Pellón ha sido tajante: Anticorrupción no ha alcanzado un "pacto global" con Matas en las distintas ramas del caso Palma Arena y ha precisado que se irá "pieza por pieza y delito por delito".

Pellón ha tomado ya en algunas causas el relevo de Pedro Horrach, quien a final de mes dejará la Fiscalía. Su anuncio se produjo después de que Matas se negara a suscribir lo que se conoce como un acuerdo de conformidad en la pieza del Palma Arena abierta por el encargo al arquitecto Santiago Calatrava  de otro proyecto falido, el de la Ópera de Palma, así como en otras dos piezas relacionadas. Matas está dispuesto a hacer un reconocimiento "parcial" de los hechos, pero eso no basta para evitar el juicio. Ni para lograr la aplicación de atenuantes, y así lo ha avisado la fiscal.

"Contactos informales"

La investigación sobre Son Espases no pertenece al bosque procesal –27 piezas, alguna de ellas con subpiezas– en que terminó convertido el tronco común del Palma Arena, cuya ramificación más conocida es el caso Urdangarin. Pero Matas –y en esos términos lo han confirmado en distintas ocasiones fuentes de la investigación– aspiraba a una negociación en bloque que le librara de pisar otra vez la cárcel. O de pisarla al menos durante mucho tiempo seguido. 

"Nunca ha habido amago sino contactos informales con la Fiscalía", sostiene ahora el círculo del exdirigente conservador. Pero trátese de amagos o "contactos informales", el propio Matas le facilitó con lujo de detalles a la Fiscalía Anticorrupción durante una reunión celebrada en Madrid en septiembre de 2015 el siguiente relato: que en la primera mitad de 2006 se había visto con el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, en la sede central del PP un día en que había acudido para una reunión ordinaria del partido. Fue Javier Arenas, dijo Matas, quien le comentó que pasara por el despacho de Lapuerta porque el tesorero quería verle.

Y según las fuentes que transmitieron a este diario el resumen de lo que Matas le contó a Anticorrupción, el expresidente balear afirmó que Lapuerta quería verle para darle instrucciones sobre el concurso de Son Espases. Octogenario y ya por completo retirado de la vida pública, Lapuerta se ha librado de sentarse en ninguno de los banquillos del caso Gürtel. ¿Por qué? Porque sufre "demencia sobrevenida".

Pero aquel amago de confesión quedó en nada: el mismo día en que debía declarar como imputado, el 16 de septiembre de 2015, el equipo de Jaume Matas transmitió una nueva condición, la de que el acuerdo también beneficiase a los directivos de OHL involucrados en la causa, el propio Villar Mir entre ellos. La Fiscalía se negó en redondo. Y la posibilidad de acuerdo desapareció de la escena hasta que en septiembre de 2016 afloró como un nuevo Guadiana. Tampoco entonces se fraguó ningún pacto. Porque lo que Matas ofreció esa vez fue confesarse culpable de los delitos de prevaricación y fraude a la Administración pero sin implicar a nadie más. Es decir, dejando a salvo al PP y a OHL. La Fiscalía se negó en redondo a aceptar sus condiciones.

La fiscal Anticorrupción, Laura Pellón, ha asegurado este lunes que "no hay ningún pacto global ni nigún acuerdo" con los diferentes casos de presunta corrupción en los que está encausado el expresidente del Govern, Jaume Matas, dentro de la causa del Palma Arena.

Tras las vistas previas celebradas en la Audiencia Provincial de Palma, Pellón ha dicho que se está "yendo pieza por pieza y delito por delito" y que "hoy se ha intentado llegar a una conformidad en términos legales" por la pieza separada número 3 pero "no ha sido posible" porque no ha habido acuerdo por "el abono de la responsabilidad civil".

El expresidente del Govern, Jaume Matas, realizará un "reconocimiento parcial" de los hechos por los que se le juzga en la pieza separada número 3 del caso Palma Arena, relacionados con el encargo de un proyecto de ópera al arquitecto Santiago Calatrava, que no se llegó a construir.

Así lo ha anunciado su abogado defensor , José Zaforzeta, este lunes durante una visita previa que ha tenido lugar en la Audiencia Provincial de Palma, donde también se ha determinado que este juicio se celebre el 10, 11 y 12 de julio.

El pasado 9 de marzo, el juez instructor del caso, José Castro, elevó las piezas para que se señalaran sus juicios. En concreto, se trataba de esta pieza número 3, que investiga el proyecto del palacio de la ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza 3 investiga el anteproyecto del palacio de la ópera que el expresidente del Govern encargó a Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según explicaron entonces a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se dio por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso.

El juez instructor del caso Palma Arena, José castro, ha elevado este jueves dos piezas del mismo ante la Audiencia Provincial de Palma, donde han quedado pendientes para que se señalen sus juicios. En concreto, son las piezas número tres, que investiga el anteproyecto destinado al palacio de la Ópera, y la pieza número 11, sobre la maqueta del velódromo.

En concreto, la pieza tres investiga el anteproyecto del palacio de la Ópera que el expresidente del Govern, Jaume Matas, encargó al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros y que nunca se realizó.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, de esta manera se da por terminada la instrucción de ambas piezas separadas de este macro caso y ya solo queda que se señale el juicio.

Además, este martes, Castro también ha elevado a la Audiencia la pieza número 10 que investiga la adjudicación de la demolición de unas naves, accesos viales y cerramientos del velódromo.

El expresidente del Govern balear, Jaume Matas, ha sido condenado a 3 años y 8 meses de prisión y 7 años de inhabilitación especial, según recoge la sentencia del caso Nóos e informa Europa Press.

La sentencia hecha pública este viernes indica que Matas ha sido declarado autor responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos. Por esto, ha sido condenado a 3 años de prisión, multa de 7 meses y 17 días a razón de una cuota diaria de diez euros y 3 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

Además, el exministro es condenado a un delito de fraude a la administración, por el que se le condena a 8 meses de prisión y a 4 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público estatal, autonómico o local.

La Audiencia falla que la contratación de la mercantil Nóos Consultoría Estratégica por parte de la administración balear para la realización de los eventos denominados Illes Balears Fórum 2005 y 2006, se llevó a cabo prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral de Matas, "debido a la influencia ejercida por Urdangarin, concertado con su entonces socio, Diego Torres".

Según recoge la sentencia, Urdangarin se sirvió de la "íntima relación de amistad" que tenía con el entonces director general de Deportes, José Luis Ballester, "y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas".

Así, las decisiones adoptadas por Matas fueron trasladadas por Ballester, al gerente del Ibatur, Juan Carlos Alía, y, éste a su vez, al asesor jurídico de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, y al gerente de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, quienes, "trataron de revestir de legalidad las decisiones unilateralmente adoptadas por Matas, simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas en las que se hacían constar reuniones de la Comisión Ejecutiva o del Patronato de la Fundación, que nunca se celebraron".

Asimismo, según el fallo, la Fundación Illesport se hizo cargo del pago de 174.000 euros que no debía haber satisfecho puesto que tal importe debió ser abonado por la mercantil Abarca Sport, y, de la cantidad de 445.000 euros, correspondientes a los servicios relativos al Observatorio y al Plan Estratégico, incluidos en el convenio relativo al evento denominado Illes Balears Fórum 2006, que no llegaron a ejecutarse. Esta última cantidad, se abonó como consecuencia de la "reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado".

Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, "eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros".

La sentencia recoge que Torres, a través de un entramado societario internacional, radicado en Belice y en el Reino Unido, ocultó la cuota defraudada al erario público, transformándola, para retornarla al circuito legal mediante la realización de sucesivos traspasos de fondos, hasta que acabaron depositados en cuentas su titularidad.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, cree que lo importante de que se conozca este viernes la sentencia del caso Nóos, en el que están acusados la Infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, es que "al final la justicia llega" y "el que la hace la paga, y si alguien lo ha hecho lo tiene que pagar".

Además, afirmó que el PP "ha pasado página hace muchísimo tiempo" en relación con otro de los acusados, el expresidente balear Jaume Matas, que "hace muchísimo tiempo ya no forma parte del PP". Para Matas la Fiscalía pide cinco años de cárcel. Para Urdangarin pide 19, y 16 para el que fuera su socio, Diego Torres. En el caso de la Infanta es la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, quien pide ocho años de prisión.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha evitado especular sobre la sentencia y, en todo caso, se mostró convencido de que alguna de las partes recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Así, prefirió destacar que "el mensaje que hay que dar a los ciudadanos es que la justicia llega" y que, dentro de lo "doloroso que supone ver a una Infanta en el banquillo" y de que se pueda o no comprender su situación en relación con su esposo, "al final, el que la hace la paga, y si alguien lo ha hecho alguien lo pagará".

En cuanto a Matas, dijo que "es una pena" la suma de condenas y procedimientos judiciales que tiene alguien que fue presidente autonómico y sólo ha pedido que "se haga justicia cuanto antes".

La sentencia del caso Nóos se hará pública este viernes y, por tanto, se conocerá el dictamen del tribunal sobre la infanta Cristina, para quien Manos Limpias pide ocho años de prisión, y sobre su esposo, Iñaki Urdangarin, para quien la Fiscalía mantiene 19 años y medio de cárcel.

Así, esta semana se hará pública la resolución judicial más esperada del año, después de que el 22 de junio el juicio quedara visto para sentencia.

La magistrada encargada de redactar la resolución, Samantha Romero, ya ha finalizado dicha tarea tras solicitar un periodo especial para asumir en exclusiva este trabajo, que solicitó en noviembre y que fue prorrogado hasta marzo.

Cabe recordar que la Fiscalía mantiene los 19 años y medio de cárcel para el ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por no mostrar arrepentimiento. Por otro lado, para el ex socio de Urdangarin, Diego Torres, la Fiscalía pedía 16 años y medio, por presuntamente liderar una trama empresarial con la que se apoderaron de hasta 6,2 millones de euros de forma ilegal, ha informado Europa Press.

Tras el juicio, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach no modificó su petición de cárcel después de que estos dos acusados no mostraran arrepentimiento ni devolvieran la cantidad supuestamente defraudada.

17 acusados pendientes de la sentencia

En total hay 17 acusados que esperan la resolución judicial que se conocerá este viernes al mediodía. Originalmente eran 18, pero el cuñado de Diego Torres, Miguel Tejeiro, fue absuelto y pasó a ser testigo en el procedimiento.

Para el ex presidente del Govern, Jaume Matas, rebajó la petición de condena de once a cinco años por los delitos relacionados con los contratos entre el Govern y el Instituto Nóos, tras aplicar el atenuante de reparación de daños ya que Matas entregó 900.000 euros de la venta de su palacete.

También solicitaba 11 años de cárcel para el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; ocho años para el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela, su ex directora de gestión, Elisa Maldonado, y para el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón.

Para el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar, pide seis años de prisión; para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 (que depende del Ayuntamiento de Madrid), cinco años y tres meses; y para el abogado Salvador Trinxet, que presuntamente ayudó a planear la red de evasión fiscal internacional, tres años.

Para la mujer de Diego Torres, Ana María Tejeiro, el fiscal pide dos años de cárcel, así como para el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.

Por su parte, José Luis Pepote Ballester, ex director general de Deportes con Matas, y el ex gerente de la fundación Illesport, Gonzalo Bernal, afrontan sendas peticiones de dos años de cárcel a sustituir por 12.600 euros de multa.

Otros acusados del Govern, el ex director del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exasesor legal de esta empresa pública, Miquel Àngel Bonet, afrontan peticiones de un año de prisión, a sustituir por 6.750 euros de multa en el caso de Alía y de 4.050 euros en el de Bonet.

Por tercera vez en dos años, la Fiscalía Anticorrupción ha señalado al PP como beneficiario directo de operaciones corruptas desarrolladas en torno a administraciones bajo su gobierno. En esta ocasión, ha sido otro de los casos protagonizados por el expresidente balear Jaume Matas, para quien el ministerio público pide ahora cinco años de cárcel, el que ha llevado a Anticorrupción a definir al PP con esa fórmula: "beneficiario" y responsable civil directo, figura equivalente a la del partícipe a título lucrativo subrayaron este lunes a infoLibre fuentes de la investigación balear.

Los dos precedentes en que el PP figura como partícipe a título lucrativo se inscriben en dos piezas del caso Gürtel: la de la llamada Primera Época, que es la que ahora juzga la Audiencia Nacional, y la de relativa al municipio madrileño de Boadilla del Monte, pendiente de fecha para la vista oral. En lo que algunos observadores consideran una paradoja, el partido solo figura en el caso de la caja b, la de los papeles de Bárcenas, como responsable civil subsidiario. Es decir, tendrá que pagar en caso de condena no por haberse beneficiado directamente sino como responsable último de las personas físicas acusadas, Luis Bárcenas en cabeza. Es todavía una incógnita si el PP logrará mantenerse en la condición de responsable civil "subsidiario" en el supuesto de que la investigación sobre los papeles de Bárcenas se reabra tras la petición de la Fiscalía.

En el caso de Baleares, la carga económica que tendrá que asumir el PP en caso de condena es lo de menos: el pago de 18.000 euros por dos facturas sin IVA detectadas durante las pesquisas sobre cómo el PP utilizó dinero público para financiar las campañas autonómicas de Jaume Matas en 2003 y 2007. La clave, subrayan las fuentes consultadas en el caso, es que la investigación ofrece sólidos indicios de que se lucró de los delitos atribuidos a Matas, a su entonces conseller de Interior y a los otros dos acusados. Las pruebas practicadas indican dos cosas: que el PP utilizó en Baleares dinero b y se valió de una empresa con contratos del Govern que se avino a poner en marcha una operativa de facturas falsas con la participación de diversas empresas hoteleras, entre ellas una que pertenecía al antaño presidente de la CEOE, el ahora encarcelado Gerardo Díaz Ferrán.

Esa empresa que ayudó al PP a financiarse de manera ilegal se llamaba Over Marketing. El caso, para cuyo juicio dará ahora los últimos pasos el juez José Castro, es probablemente uno de los últimos cuyo escrito de acusación lleve la firma del fiscal Pedro Horrach, quien el 30 de abril abandonará el ministerio público.

Los métodos de Over Marketing y el resto de las marcas con que operaba la trama eran prácticamente idénticos a los de el grupo de Gürtel. De hecho, sus respectivos jefes, Daniel Mercado y Francisco Correa, mantenían un abierto enfrentamiento. Ambos competían por el mismo espacio. Mercado, que finalmente confesó a cambio de peticiones de pena más benévolas en esta pieza del llamado caso Palma Arena -germen del caso Urdangarin- y en otra en que estaba igualmente involucrado, llegó a declarar que Correa le había amenazado. Over Marketing no solo trabajó en Baleares. En toda España obtuvo de administraciones gobernadas por el PP 32 millones de euros en adjudicaciones entre 2003 y 2008.

Los hechos que centran el escrito de acusación de esta pieza se cometieron antes de que la reforma de 2012 permitiera la persecución penal de los partidos políticos. 

El partido y no los grupos municipales

En enero de 2015, el ministerio público ya situó a la formación conservadora como partícipe a título lucrativo de los manejos atribuidos a la trama Gürtel en la pieza denominada Primera Época, que es la que ahora está juzgando la Audiencia Nacional. Y bajo esa denominación lo incluyó el juez Pablo Ruz en el auto de apertura de juicio. En octubre pasado, las fiscales encargadas del caso remarcaron al inicio de la vista que fue el partido como tal y no sus grupos municipales el que se benefició de los más de 245.000 euros que reportaron las actividades ilegales presuntamente desarrolladas por quienes durante la etapa examinada (1999-2005)  ocupaban la alcaldía de Majadahonda y la de Pozuelo de Alarcón, los acusados Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.

Año y medio más tarde, Anticorrupción endosaba esa misma definición -"partícipe a título lucrativo"- por segunda vez al partido de Rajoy en otra pieza del caso Gürtel, la que analiza los rentables y supuestamente fraudulentos contratos adjudicados a la trama en el municipio madrileño de Boadilla del Monte por otro alcalde a quien su apelativo convirtió en uno de los personajes más conocidos del caso desde sus inicios, Arturo González Panero, también conocido como El Albondiguilla. Y, de nuevo, el auto de apertura de juicio oral le asignó a la organización esa categoría y una cifra representativa del presunto lucro: 204.198 euros.