La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este jueves una vez más, a instancias de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), la posibilidad de aplicar el tipo de IVA superreducido (4%) a las facturas de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad, así como al transporte público.

Los diputados catalanes Joan Coscubiela y Laia Ortiz, adscritos a Izquierda Plural, firman una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerdan que más de 4 millones de españoles están afectados por la llamada pobreza energética, que genera "sobremortalidad, sobreendeudamiento y aislamiento social y geográfico", en el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más altos por detrás únicamente de Malta y Chipre.

Unos precios que, a pesar de su elevado nivel, no han dejado de subir en los últimos años (+105,1% de media entre 2001 y 2012) lo que, unido a la crisis económica "agrava la dificultad de afrontar la factura energética a las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro".

De hecho, la Izquierda Plural y otras formaciones ya han reclamado con anterioridad en la Cámara Baja una tregua invernal durante la que las compañías eléctricas no puedan cortar el suministro por impago de facturas a causa de una insolvencia sobrevenida, reclamaciones que siempre han sido rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP.

Situación "de emergencia"

"A pesar de que esta situación es de emergencia, el Gobierno se ha negado aportar ninguna solución al respecto. De hecho, la reforma eléctrica del Gobierno empeora la situación de las personas que menos consumen al aumentar el término fijo de la factura un 18%", critican los diputados catalanes firmantes de la iniciativa.

A su entender, sería conveniente aprovechar la reforma fiscal que se presentará antes de que acabe este primer trimestre del año para luchar contra la pobreza energética y la desigualdad con una política tributaria "más justa y progresiva" que incluya una reducción de los tipos del IVA para los servicios básicos.

"Somos conscientes de que no es una solución al problema de fondo pero puede contribuir a reducir las barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades", argumentan Coscubiela y Ortiz.

Además, alegan que el tipo de IVA que se aplica a este tipo de suministros en España se cuenta entre los más altos de Europa. Así, sólo Eslovenia, Portugal y Finlandia gravan la electricidad más cara que España, mientras que en el caso del agua nuestro país es el cuarto con un IVA más costoso, por detrás únicamente de Estonia, Eslovaquia y Finlandia.

En todos los casos, concluye ICV, es posible aplicar un tipo superreducido en virtud de la directiva comunitaria sobre IVA, que permite a los estados miembros esta posibilidad "siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia". "Sólo es una cuestión de voluntad política", insisten.

El Gobierno sólo cumple una de cada seis medidas aprobadas por el Parlamento a favor del desarrollo y contra la pobreza. Es la principal conclusión del Informe Avizor 2013 presentado este jueves por el Proyecto Avizor, que además ha premiado a la representante de la Izquierda Plural Laia Ortiz como diputada del año por segundo ejercicio consecutivo en reconocimiento a su labor en la Cámara.

El texto analiza el grado de cumplimiento de aquellas iniciativas que favorecen cuestiones como la lucha contra el cambio climático, el freno al comercio de armas y la construcción de la paz, la cooperación al desarrollo, la fiscalidad, las migraciones internacionales y el comercio internacional, y censura tanto la opacidad del Ejecutivo como el carácter demasiado genérico de muchas propuestas, algo que impide "fiscalizar su cumplimiento".

Así, de acuerdo con las cifras que contiene el documento, de las iniciativas parlamentarias aprobadas que podrían tener un impacto favorable en la lucha contra la pobreza, el Ejecutivo sólo ha cumplido el 17% en su totalidad. El restante 83% se reparte prácticamente a partes iguales entre aquellas medidas que no se han cumplido en ninguno de sus aspectos y entre las que han registrado un cumplimiento parcial.

Precisamente, y para controlar la evolución de las diferentes iniciativas parlamentarias presentadas, el CIECODE y el Proyecto Avizor han puesto en marcha también la iniciativa ¿Qué pasó con eso que aprobó el Congreso?, con el fin de vigilar el cumplimiento por parte del Ejecutivo de las iniciativas aprobadas por el Parlamento.

El trabajo también destaca que el Congreso de los Diputados suspende claramente a la hora de responder a los retos en esta materia. Los autores aseguran que se ha desaprovechado 63% de actos que podrían haber influido de forma positiva en el desarrollo de terceros países, pues "han sido planteados ignorando este impacto o planteando un enfoque perjudicial para la lucha contra la pobreza y la promoción de un mundo más justo".

En esta misma línea, se apunta que "la mayoría de los diputados y grupos siguen obviando el enfoque favorable al desarrollo en sus iniciativas parlamentarias", aunque de ese panorama negativo el texto salva a la Izquierda Plural y UPyD –únicos grupos que "presentaron más actos prodesarrollo que no prodesarrollo– y a una minoría de diputados comprometidos.

En ese grupo figuran, en los cinco primeros puestos, Antoni Picó (CiU), Irene Lozano (UPyD), Joan Josep Nuet y Gaspar Llamazares (Izquierda Plural) y Laia Ortiz (Izquierda Plural), diputada del año para la organización al igual que en 2012 y que, en declaraciones a infoLibre, asegura: "La lucha contra el desarrollo y la pobreza debería ser transversal. No sólo cuando hablamos de desarrollo, sino también cuando se tocan temas como la energía, el comercio, y la política internacional".

Ortiz también considera que el problema de la Cámara baja es la lentitud: "Las iniciativas se acumulan –apunta–: hay algunas que se presentaron hace más de un año y no hemos podido debatir, especialmente los grupos pequeños". En esa misma línea, la diputada critica que durante esta legislatura la mayoría absoluta del PP hace de "filtro" casi insalvable para las medidas encaminadas a luchar contra el crecimiento de la pobreza y la desigualdad.

Finalmente, y como propuestas para la mejora de la situación, los integrantes del Proyecto Avizor sugieren una reforma del Reglamento del Congreso que abra la Cámara a la participación ciudadana, favorecer la transparencia limitando las materias que son objeto de restricciones en el acceso a la información y fortalecer la Comisión de Cooperación Internacional, para que también pueda evaluar el impacto de las políticas acordadas fuera de ella.

El PSOE ya tiene fecha para elegir un nuevo referente. El PSC confía en salir de su depresión y recuperar uno de sus bastiones históricos, Barcelona. Izquierda Unida implanta un sistema mixto y no descarta abrir una reflexión más profunda. Equo saca las urnas a la calle para dar a conocer su método y consigue que se apunten hasta 70 candidatos. Podemos, la nueva iniciativa de la izquierda, lo sitúa en un lugar preferente. Todo aboca al mismo concepto: primarias. 

Primarias abiertas, cerradas, a la carta, corregidas... De todo hay. Y, en el fondo, todas, sean como sean, remiten a la elección participativa del candidato de un partido a una institución. Un "invento norteamericano", como decía Cayo Lara a principios de esta semana, cierto, pero que se ha extendido al Viejo Continente y que en su modalidad abierta ya se ha ensayado en Francia, Italia y ahora en EspañaItalia , seduciendo cada vez más a la izquierda. Aquí el debate político se ha visto anegado por ese proceso, primarias, en buena medida por la intensa discusión pública en el PSOE y su tortuoso proceso de renovación del liderazgo.

Otros partidos pequeños –el PP ni las contempla– levantan la mano y recuerdan que las tienen, incluso abiertas, caso de Equo. Otros, como Izquierda Unida, recelan en principio de un sistema que permita a todos los ciudadanos elegir a sus aspirantes, aunque se muestran dispuestos a estudiar y ensayar y correr riesgos. Diferencias aparte, todos coinciden en que la sociedad demanda nuevos formatos de participación, y sienten que los partidos, especialmente de izquierda, no pueden quedarse al margen. Y convergen asimismo en otro aspecto sustancial: la apertura de las formaciones políticas no se mide exclusivamente por las primarias, a la elección de los candidatos. Son una pata clave. Aunque no la única. 

01. EL PSOE Y SU CONFIANZA EN QUE ABRIRÁ CAMINO

Los socialistas suelen repetir que ellos marcaron el camino a finales de los noventa, cuando convocaron primarias entre militantes –o sea, cerradas– para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno, y cuando abrieron la mano a que se extendiera el mecanismo a los grandes municipios y las autonomías. Y ahora asumen otro nuevo salto "histórico", un "antes y un después": las primarias abiertas a los ciudadanos, "la mayor cesión de soberanía que hace el partido", como refrenda la secretaria de Participación, Redes e Innovación, María González Veracruz. 

El Comité Federal, su máximo órgano de dirección entre congresos, aprobó el pasado 18 de enero el reglamento de las primarias abiertas. Podrán inscribirse todos los mayores de 16 años de nacionalidad española que paguen dos euros y firmen una declaración de apoyo a los principios del partido. Lo tendrán que hacer, eso sí, seis días antes de la votación, en urna y, en principio, en las sedes de las agrupaciones socialistas. Podrán competir aquellos militantes que recaben entre un 5% y un 10% de avales. El PSOE celebrará sus elecciones a finales de noviembre de 2014 para elegir a su candidato a la Moncloa. No las tendrá, sin embargo, para designar a su cabeza de lista en los próximos comicios, los del Parlamento Europeo, el 25 de mayo. La responsabilidad recaerá en el Comité Federal. Los cabezas de cartel de las municipales se nombrarán en primarias cerradas –es decir, circunscritas sólo a militantes– sólo si se trata de localidades de más de 20.000 habitantes. Las primarias autonómicas serán igualmente cerradas, salvo si la ejecutiva regional pide abrir el procedimiento a todos los ciudadanos. Los aspirantes locales se elegirán en septiembre, como los autonómicos, excepto si la federación pide a Ferraz salirse del calendario ordinario. 

"Las primarias abiertas caminan a la par de lo que los ciudadanos piden. Una mayor democracia interna fue una de esas demandas que se oyeron en el 15-M. El partido escucha y reacciona. Y no todos los partidos están dispuestos. Nosotros, aun siendo conscientes de los riesgos, somos valientes. Marcamos la diferencia una vez más. El resto de partidos acabarán también implantándolas. Los dedazos como los del PP son anacrónicos", asegura González Veracruz. El PSOE cree tener motivos para sacar pecho incluso frente a Izquierda Unida, cuyo coordinador, Cayo Lara, rechazó el pasado lunes el procedimiento abierto por miedo a que "cualquier empresario" pueda "poner" un candidato, en función de sus intereses. "IU tendría que mirárselo. Hay que ser coherente con el discurso. Que haya riesgos no quiere decir que tengas que estar en el siglo XIX. De cara a la opinión pública es difícil negarse a ellas, porque son el proceso más transformador".

Aplicación "progresiva" y de arriba abajo

El mecanismo aprobado por el PSOE, sin embargo, sí contaría, a ojos de los expertos, con algunas flaquezas, como el censo previo, que podría mermar la participación. González Veracruz, como ha hecho todo el núcleo duro de Alfredo Pérez Rubalcaba, defiende la adopción de un sistema "absolutamente garantista", porque el PSOE, como principal partido de la oposición y como principal fuerza de la izquierda, "no puede equivocarse". Además, los barones territoriales han mostrado serias reservas a extender el método a sus federaciones. Por ahora, sólo Valencia está embarcada en las primarias abiertas, y dos candidatos, Ximo Puig –el secretario general– y Toni Gaspar –alcalde de Faura–, se hallan enfrascados en la recogida de 1.643 avales, el 10% del volumen de afiliados. "Yo no tengo ansiedad. Mejor aplicarlas de forma progresiva y de arriba abajo, para las elecciones que generan una mayor participación, las generales, para después ir extendiéndolas". 

González Veracruz reconoce que las primarias no son el fin último. Ni una panacea. "Son un instrumento importante, necesario, pero no son una varita mágica. La mesa estaría coja si sólo tuviera esa pata. El PSOE ha hecho también un ejercicio de apertura y de debate colectivo para definir su proyecto, que culminó en la Conferencia Política".

02. EL PSC YA TIENE 'FEEDBACK' POSITIVO

El PSC también está inmerso en un proceso de primarias abiertas, en este caso para designar al candidato a alcalde de Barcelona. Ya hay seis aspirantes. Para convertirse en candidatos, deberán recoger avales internos (entre 18 y 25 firmas del Consell de Federació o entre 150 y 200 rúbricas de militantes de la federación, que tiene 3.000 afiliados) y externos (entre 1.000 y 1.500 apoyos de barceloneses mayores de 16 años). Los ciudadanos mayores de 16 años que quieran ya se pueden inscribir en el censo, adhiriéndose a una declaración de principios y pagando un euro, y podrán seguir haciéndolo hasta el mismo día de la votación, el 29 de marzo en primera vuelta. Y, si ningún aspirante logra un 40% o más de los votos válidos y saca diez puntos o más de ventaja al segundo competidor, habrá una segunda ronda, el 5 de abril. Habrá debates entre los aspirantes en ambas rondas, y todos tendrán un tope de financiación de 50.000 euros: 10.000 los podrán aportar de sus propios recursos, el resto procederán de ayudas de un máximo de 500 euros por persona física (nunca empresas). Los que compitan deberán revertir un 5% de lo ingresado en el partido, para contribuir a la organización del proceso. 

Después del registro, el pasado lunes, de los seis precandidatos –el jefe de la oposición en Barcelona, Jordi Martí; la concejala Carmen Andrés; el médico Manel Fernández; la exdiputada Laia Bonet y los parlamentarios autonómicos Jaume Collboni y Rocío Martínez-Sampere–, la federación dice haber recibido "un feedback muy positivo"feedback . "El chat que hicimos en El Periódico de Catalunya, según nos dijeron, fue un éxito total de preguntas, y también se han acercado a pedir información en las sedes. El primer termómetro de esta semana nos permite ver que, como mínimo, hay curiosidad, que suena bien", asegura Lourdes Muñoz, secretaria de Organización del PSC de Barcelona y coordinadora del comité organizador de las primarias. 

Hacia la democracia deliberativa

Los seis candidatos a las primarias abiertas del PSC en Barcelona, Rocío Martínez-Sempere, Jaume Collboni y Jordi Martí, en la izquierda, y Manel Fernández, Laia Bonet y Carmén Andrés, a la derecha, con la responsable del comité organizador, Lourdes Muñoz | EFE

La dirigente, como sus compañeros del PSOE, observa con cierta delectación cómo el resto de partidos "no comentan nada". "Es un debate incómodo para ellos. CiU y ERC, que tanto están a favor del derecho a decidir, eligen a sus candidatos a dedo. Les interesa el silencio". ¿Qué ocurre? ¿Hay reservas en los partidos? "A cualquier organización humana les resultan difíciles de asimilar los cambios. No sólo ocurre en los partidos. Pero estamos en una nueva sociedad. Entre el 'me gusta' que pinchamos en Facebook y el voto cada cuatro años hay demasiada distancia, y hoy las nuevas tecnologías generan demandas sociales y nos ayudan a darles respuesta". 

El PSC barcelonés presume de que su apertura no se limita a las primarias. Está poniendo en marcha su proyecto de partit obert, donde ofrece transparencia sobre sus cuentas, pregunta cómo articular su reglamento, recibe propuestas para el pleno municipal.... "La apuesta es más transversal que la de la elección del cabeza de lista, porque las primarias, por sí mismas, no solucionan todo, son un paso más dentro de la cadena. Hemos de abrir nuestras decisiones, si no, nos equivocaremos. Estamos hablando de democracia deliberativa, de generar canales de participación, sin caer en el populismo de la democracia directa".

03. IU, ABIERTA A "NUEVAS FÓRMULAS"

En los últimos estatutos federales de IU, aprobados en diciembre de 2012, no había rastro de primarias abiertas, aunque el debate ya había aterrizado en España, pues el PSOE ya adquirió ese compromiso meses atrás, en febrero, en el congreso que eligió a Rubalcaba como secretario general. Las normas internas quedaron, en ese punto, más o menos como estaban: las primarias, siempre entre militantes, se reservaban para los casos en los que hubiera competición de candidatos. 

Para las elecciones europeas, ni siquiera estaba prevista esa fórmula, sino la posibilidad de votación de listas distintas en el Consejo Político Federal. Pero algo cambió el pasado 11 de enero. Dada la presión interna, visible en aquella reunión del máximo órgano de poder entre asambleas, la dirección abrió la mano e implantó un sistema a la carta: las federaciones serían las encargadas de hacer llegar a Olimpo, la sede federal, una doble propuesta de hombre y mujer para sumarse a la candidatura, y deberían opinar además sobre el cabeza de cartel. Los territorios podrían elegir a su tándem hombre-mujer de la forma que quisieran. Si querían primarias, pues primarias. Durante el debate, Izquierda Abierta (IzAb), el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, al igual que la corriente EnComún, demandaron un formato de primarias abiertas, pero se desechó. 

La federación es consciente de los inputs que recibe del exteriorinputs . De su militancia y sus cuadros, de las plataformas sociales con las que comparte la elaboración del programa, del proyecto Podemos, de Pablo Iglesias, que pide que el número uno se someta a la votación de la gente, de otras fuerzas políticas. Y sabe que tiene un debate pendiente. 

El lunes pasado, Lara respondió a varias preguntas de los periodistas sobre las primarias abiertas. Recalcó que sería una decisión que tomarán, en su momento, los órganos de IU, pero su opinión de partida era contraria. 

Pero la federación, en palabras de Miguel Reneses, su secretario de Organización, y José Luis Centella, coordinador de la Presidencia y portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, no rehúye la discusión. "Una formación que está en la realidad está atenta a las demandas ciudadanas. ¿Cómo no vamos a ser sensibles? Estamos abiertos a profundizar en la mayor participación de afiliados y ciudadanos. No nos negamos al debate. Lo hemos tenido y lo tendremos. Reticencias, ninguna", afirma el jefe del aparato. "Es momento de experimentar, de ensayar y probar nuevas fórmulas", apuntala Centella. 

Más fuerza a los militantes

Sin embargo, la dirigencia de IU opone varias objeciones a la asunción sin más de las primarias abiertas. Para empezar, porque el modelo de elección de candidatos debe acompasarse, según Reneses, al sistema político. Las elecciones entre las bases son, en consecuencia, "más coherentes" con la arquitectura norteamericana. Para seguir, porque la federación ha primado siempre "lo colectivo y el contenido sobre las personas". El secretario de Organización recuerda los ejemplos de la Convocatoria Social que precedió a las generales de 2011, donde Lara fue ratificado como candidato por fuerzas y colectivos sociales aliados, o la asamblea de refundación de 2010, donde puso en común la reflexión de su proyecto con activistas y movimientos sociales. Por esa razón IU se muestra más proclive a abrir la participación a aquellos simpatizantes y plataformas que colaboran en la redacción de sus programas y sus contenidos, y a que "se realce", primero, "el papel del militante". 

Centella añade que limitar el debate a la celebración de las primarias es "muy parcial". El secretario general del PCE cree que debe hablarse no sólo de designación de candidatos, sino también del modo de revocar sus cargos, o arbitrar la rendición de cuentas periódica. Un conjunto de medidas de control que, para IU, ha de extenderse a las instituciones. El portavoz de IU-ICV-CHA pone el ejemplo de François Hollande. "Lo nombraron en primarias, sí, ¿y ahora qué? No se le puede cambiar". 

Cayo Lara, con un grupo de mujeres de IU, el pasado 11 de enero en la reunión del Consejo Político Federal | EFE

Reneses incide en que no hay "miedo" de la cúpula por perder poder. "Nosotros somos muy plurales y hacemos de ello un valor. El objetivo del aparato es ordenar los debates, no impedirlos". El líder del PCE concede que pueda haber algo de "temor", pero más por la trayectoria historia de la formación y por el vértigo que siempre tiene "la sociedad a los cambios". Y asume la deteriorada imagen de los aparatos, su cierto "déficit" de apertura de cara a la militancia y la ciudadanía. De ahí que defienda que "hace falta empujar, abrir debates y ser audaz, pero no con superficialidad". 

Seis candidatos ya en Izquierda Abierta

Quien presiona desde fuera a IU es Podemos. El proyecto de Iglesias busca una candidatura de unidad de la izquierda alternativa, pero exige que su número uno se someta a votación ciudadana. Por ahí pasaría el acuerdo con IU. Si no transigiera, la plataforma se presentará a los comicios europeos por sí misma. 

Antes de la irrupción de Podemos, la federación había diseñado una confección de su candidatura a partir de tres componentes: sus nombres, los que pusieran los partidos socios (ICV, Anocha, Chunta, Batzarre...) y los elegidos en primarias por los colectivos agrupados en la plataforma Suma, la gente primero –por eso se hablaba de primarias corregidas–. Pero esta última pata fracasó. 

Desde dentro, presiona IzAb. De hecho, está sumergida estos días en sus propias primarias abiertas para elegir a quienes luego se integrarán en las listas de IU. El domingo, 26 de enero, acaba el plazo para que recojan de 50 a 70 avales los candidatos. Se han postulado seis: Marta Ávila, Mar Cambrollé, Pedro Chaves, Juanma García Arcos, Paco González de Tena y Tasio Oliver. El censo para la inscripción de ciudadanos está ya operativo y se clausurará el 22 de febrero. La votación online podrá hacerse del 17 al mismo día 22. Presencial, el 23. "Los aparatos están acostumbrados a funcionar de forma cerrada. Pero ese modo está muy denostado. Nosotros apostamos desde nuestra fundación, en 2011, por las primarias, también para dar más legitimidad a los candidatos", precisa Antonio Cortés, corresponsable de Participación. IzAb, como parte de IU, cree que la federación "no puede estar ajena" a ese debate, y ve "contradictorio abrir la elaboración del programa y no las candidaturas". A diferencia de Equo, el partido de Llamazares y Muñoz defiende unos avales mínimos para que no haya overbooking de aspirantes, porque eso "favorece al más conocido" e impide "la contrastación de ideas". 

04. EQUO: "¿De qué tienen miedo?"

Equo estrena las primarias abiertas de cara a los comicios europeos de mayo. Los 1.898 ciudadanos que se han inscrito, junto con los 15.553militantes y simpatizantes del partido ecosocialista, tendrán hasta el 31 de enero para votar en primera vuelta entre los 70 candidatos –44 hombres y 26 mujeres– que se han presentado a estas elecciones. El alto número de aspirantes se explica porque no había exigencia de avales previos, ni hacía falta para competir ser militante de Equo. La dirección, además, optó por no dar cobertura a ninguno de ellos. Los ciudadanos, para apuntarse, debían hacer constar su nombre, apellidos, e-mail, teléfono, DNI y provincia. De la primera ronda saldrán dos hombres y dos mujeres, y ellos se jugarán en una segunda fase, entre el 1 y el 10 de marzo, la ordenación definitiva de los cuatro primeros puestos de la lista cremallera.

Pepa López, secretaria federal de Comunicación, explica que el criterio adoptado por Equo a partir de ahora es que todas las elecciones a cargos institucionales se harán por el procedimiento de primarias abiertas a los ciudadanos –las anteriores, cuando concurrieron a generales o a las autonómicas andaluzas o vascas, fueron entre militantes y simpatizantes–, y las designaciones de los órganos de dirección, en primarias para afiliados y simpatizantes. Como defiende esta dirigente, que participó del nacimiento del partido, "las primarias están en el ADN de Equo, y no sólo para el cabeza de cartel, sino para toda la lista. Son imprescindibles, aunque no suficientes, porque hay que predicar con la transparencia, las cuentas publicadas, las agendas públicas...". No obstante, la cúpula ya está planteándose mejoras en el método. Por ejemplo, para estas elecciones a las europeas, el censo se cierra en cada vuelta 40 días antes de la votación, porque así lo prescribían los estatutos en su artículo 49. Se discutirá si apurar los plazos o dejar mejor el censo abierto. 

Equo tiene una posición crítica respecto a las "reticencias" de otras fuerzas, especialmente de IU. "¿De qué tienen tanto miedo? De la participación de la gente. No de los trolls. No nos confundamos. Tienen miedo a perder control, a que se cambien los equilibrios internos. Igual que ocurre en el PSOE. ¿Qué es eso de que no se haga en todos los territorios? Es inaudito", opina. López cree que al final la ola de las primarias abiertas acabará llegando a todos, por la "obligación social", porque el debate está poniendo a los renuentes "contra la espada y la pared". 

05. ICV, COORDINADORES ELEGIDOS POR LAS BASES

Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), partido socio de IU, designa a sus cabezas de lista y a sus coordinadores nacionales por primarias cerradas entre militantes y "amigos" –simpatizantes–. El último ejemplo es la designación del representante ecosocialista para las europeas: venció el joven diplomático Ernest Urtasun frente al diputado Salvador Milà, por un 64,4%. 

"Aplicamos la democracia participativa en todo, en las nominaciones, pero también en las cuestiones de referendos, por ejemplo. No hay que confundir métodos con contenido, porque si los primeros están vacíos de contenido son poco útiles. Por ejemplo, en las europeas es fundamental implicar a la ciudadanía en el combate a las políticas contra la troika. También soin importantes la rendición de cuentas o el compromiso ético de los ciudadanos, el no incumplir los programas, porque eso crea también desafección en la gente", reflexiona Laia Ortiz, portavoz de ICV y diputada en el Congreso. 

Los ecosocialistas tampoco "descartan" adoptar procesos de primarias abiertas en el futuro para designar al número uno. Otra cosa es el resto de la lista, donde Ortiz comprende que haya que jugar con equilibrios "territoriales y de género", para montar "un equipo plural y especializado en áreas". Ortiz, por cierto, destaca una paradoja: las primarias tienen un "riesgo de confrontación", sí. Pero si no lo hay, "si hay buen rollo entre los candidatos, resulta que no interesa a la prensa". Pero eso es ya otro debate. 

"Las primarias abiertas del PSOE... Habrá que verlas cuando las hagan, pero nosotros ya las tenemos". Equo saca pecho. El joven partido verde ya tiene sus primarias completamente abiertas, y no para las generales de 2015, como planifican los socialistas, sino para las europeas de 2014. Y el proceso, a dos vueltas, ya está en marcha. 

El pasado martes, 19 de noviembre, la formación de Juan López de Uralde y Reyes Montiel inauguró un camino que concluirá en marzo del año próximo. La primera fase, que se extiende hasta el 12 de diciembre, es la apertura del censo. Es decir, que se pueda inscribir todo ciudadano mayor de 16 años que quiera participar en las votaciones, ya que no hará falta ser ni militante ni simpatizante. Bastará con que entre en la página https://unete.partidoequo.es/primarias/ y rellene un formulario donde se le pide nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, código postal y teléfono. Equo no pide ni firmar un compromiso de adhesión a los principios ideológicos del partido ni tampoco una contribución económica –como sí demandará el PSOE–, aunque sí admite donativos voluntarios. Los dirigentes harán campaña en la calle –este viernes estarán en el mercado de Fuencarral, a las doce de la mañana– para dar a conocer las primarias e intentar que más ciudadanos se sumen. 

Los candidatos se deberán presentar entre el 1 y el 15 de diciembre. Podrán concurrir afiliados (Equo tiene 2.000) o simpatizantes (16.000) sin necesidad de ningún tipo de aval, y también ciudadanos sin carné que recaben el apoyo de la dirección territorial a la que se encuentren adscritos. ¿Y se presentará López de Uralde, el principal referente de la formación? Él no quiere desvelar sus cartas aún, ni decir siquiera si le gustaría o no. "Eso no toca por ahora. Ya lo diré en su momento", aseguraba ayer jueves a este diario. Quienes en principio no competirán son Inés Sabanés, coportavoz en Equo Madrid, y Pepa López, secretaria federal de Comunicación. 

La votación, en primera vuelta, será entre el 22 y el 31 de enero de 2014, tanto por Internet como en mesas electorales alojadas en las sedes del partido, y podrán participar sólo los inscritos antes del 12 de diciembre. Con ese primer escrutinio saldrán elegidos los nombres que compondrán la lista a partir del puesto número 5. ¿Y qué pasa con los cuatro primeros sitios? Pues se los disputarán los dos hombres y dos mujeres más votados en primera vuelta. Estos podrán hacer campaña durante un mes, del 1 al 28 de febrero, "en igualdad de condiciones". 

La segunda vuelta se celebrará entre el 1 y el 10 de marzo. Con este escrutinio, como indica el reglamento, se conocerá el orden de los cuatro candidatos, dos hombres y dos mujeres, en cabeza de la candidatura. El resultado debe ser, según mandatan las normas de Equo, una lista cremallera. El PSOE, sin embargo, nominará en sus primarias a la Moncloa a un solo candidato, sea hombre o mujer. 

"Otra forma de hacer una política más abierta"

Los que se inscriban en el censo antes del 12 de diciembre pueden participar en las dos fases. Pero aquellos que lo hagan entre el 13 de diciembre y el 19 de enero, fecha tope, sólo podrán votar en la segunda vuelta. El partido, una vez que pasen las primarias, destruirá esa base de datos. Los socialistas, en cambio, pretenden que aquellos que se apunten se registren, si quieren, como simpatizantes, con lo que pretende así "ampliar" su base social. 

"Lo importante de este proceso, más allá de los candidatos, es el proceso en sí. Porque no hay listas cerradas ni bloqueadas ni aspirantes que vayan avalados por la dirección. Nosotros hacemos primarias abiertas totalmente, y nunca las habíamos hecho", señalaba ayer una dirigente federal. En las convocatorias anteriores en las que Equo ha concurrido, a partir de las generales de 2011, sus candidatos eran elegidos en primarias entre militantes y simpatizantes. Ahora da un paso más y se abre a la participación de los ciudadanos, aunque no quiere hablar de cifras estimadas de cuántos se pueden sumar al proceso. Equo quiere hacer valer que está construyendo un "espacio que trabaja por otra forma de hacer una política más abierta y alejada de la opacidad que caracteriza a los partidos tradicionales". 

Las primarias abiertas remiten, ineludiblemente, a las que va a organizar el PSOE para designar a su candidato a la Moncloa, previsiblemente, en el otoño de 2014. Pero los socialistas no tienen ni calendario ni un reglamento (lo aprobará el Comité Federal de enero) aunque sí unos principios generales básicos: podrán votar los mayores de 16 años (y todos los militantes de Juventudes Socialistas, que tienen carné desde los 14), que firmen un compromiso con el ideario del partido y abonen entre uno y tres euros, se fijará un mínimo de un 5% de avales para los aspirantes y se celebrarán probablemente a una vuelta. Este proceso también se asemeja, lógicamente, a las primarias que en todo el continente está haciendo el Partido Verde Europeo para promover a un hombre y una mujer a la Presidencia de la Comisión Europea. Equo, a diferencia de European Greens, no requerirá avales a los que se postulen.

¿Y qué pasa si Equo concurre a las europeas en coalición con otros partidos, caso de IU, con la que sigue conversando? No pasaría nada, explican en la dirección. Lo que está haciendo la formación verde es designar a sus candidatos, de modo que si luego hay una alianza, pondrá sobre la mesa a esos hombres y mujeres, para que sean incorporados a esa lista única y global. Por ahora, por cierto, no hay novedades respecto a la última reunión con la dirección de Cayo Lara, celebrada el pasado 29 de octubre. La labor de negociación seguirá. Y en ella está implicada Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). El mismo 29 de octubre, según pudo confirmar este diario, la diputada nacional y secretaria de Relaciones Políticas de los ecosocialistas catalanes, Laia Ortiz, almorzó con López de Uralde para convencerle de la bondad de un frente unitario de toda la izquierda alternativa. 

"Bienvenida y suerte". Mensaje no desprovisto de cierta retranca del PSOE a Alicia Sánchez-Camacho. "Bienvenida" por haberse "sumado" a aquellos que, como los socialistas, "defienden diálogo y propuestas" para dar una salida a la escalada de tensión con Cataluña. Y "suerte" para convencer a Mariano Rajoy, que hasta ahora había "escondido la cabeza y mirado para otro lado", como "el avestruz". Fue la respuesta de Óscar López, el secretario federal de Organización, a la líder del PP catalán, que esta mañana en la Ser (antes lo había adelantado El País) había apostado por una "revisión profunda" del modelo de financiación autonómica, modificando aquello que no funcione y buscando un mejor encaje para Cataluña. El número tres del PSOE compareció en rueda de prensa sin que se conociera aún el portazo con que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, despachó la propuesta de su compañera de partido. 

López recordó que hasta ahora existían tres posiciones: la de Artur Mas, "el viaje a ninguna parte"; la de Rajoy, la del "avestruz", la que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han tildado de "inmovilismo"; y la del "diálogo y la propuesta", línea defendida por "el PSOE, el PSC, y el señor Duran". Dos veces recordó el secretario de Organización que esa tercera vía comprende al líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC, socio menor de CiU), con quien el primer secretario del PSC, Pere Navarro, se vio la semana pasada. 

¿Pero hay disposición de negociar?, se le preguntó. López fue menos explícito. Volvió a celebrar las declaraciones de Sánchez-Camacho, pero prefirió esperar a "conocer en profundidad" la propuesta de la líder de los conservadores catalanes, porque hay aspectos "poco claros". Fuentes de la dirección explicaron que la defensa de Camacho a que se tenga en cuenta el principio de ordinalidad –que las comunidades que más aportan a la caja común no pierdan posiciones en el ranking– había sido algo "confusa". Los socialistas hicieron suya la reivindicación del PSC de que la nueva Constitución federal –el corazón de la Declaración de Granada que los barones territoriales pactaron el pasado julio– recoja ese principio tal y como lo definió el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatut de Cataluña de 2010. "Veremos cómo le va en el día de hoy", acabó con sorna, casi anticipando el portazo de Génova. 

También el coordinador federal de IU, Cayo Lara, dio la "bienvenida" horas antes, y en una comparecencia ante los medios en el Congreso, a cualquier solución que vaya dirigida a "tender puentes y no romperlos", si bien puso por delante una cautela: que toda propuesta sea dialogada y debatida con todos los agentes políticos y sociales. La diputada Laia Ortiz, portavoz de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y diputada nacional, que estaba con él en la Cámara baja, tachó sin embargo la alternativa de Camacho de "hipócrita", por querer erigirse ahora en portavoz del diálogo, cuando es algo que el PP no ha querido. Las propuestas de financiación, dijo, no pueden ser "unilaterales" ni nada "que se saque alguien de la manga", aparte de que Cataluña ya no demanda sólo una mejora en la financiación, sino "un reconocimiento a su diferencia y exigiendo respeto al autogobierno". 

En esto último coincidió, desde Cataluña, el portavoz del PSC, Jaume Collboni: "La propuesta llega tarde y es excesivamente tibia, pero es un signo, un movimiento del que el Govern de CiU debería sacar provecho", afirmó en rueda de prensa. Collboni señaló que su partido juzga "imprescindible" una mejora de la financiación catalana, pero advirtió al Ejecutivo de Rajoy de que el conflicto con Cataluña ya no se resolverá únicamente con dinero, informa Europa Press. 

Las tareas de la Conferencia Política de noviembre

El resto de la rueda de prensa de López estuvo colonizada por la Conferencia Política que los socialistas celebrarán del 8 al 10 de noviembre en Madrid. Ahora comienza la última fase preparatoria: la recepción de las enmiendas de los más de 1.000 participantes, plazo que se cerrará el 27 de octubre. De ellos, 450 proceden de las federaciones y ya han sido elegidos. Otros 275 son natos, de los órganos federales. Y otros 250, miembros de organizaciones sociales, serán invitados y tendrán "voz y voto". 

Previa a este fase de enmiendas, se abrió una etapa, en septiembre, de envío de aportaciones de ciudadanos y militantes. El número tres contó que hasta ahora "lo más enmendado" había sido el capítulo de economía y empleo y el de calidad democrática, pero no detalló en qué sentido caminaban esas modificaciones. Ambos asuntos, economía y democracia, serán tratados monográficamente en dos comisiones de la Conferencia Política. Las dos restantes serán Estado del bienestar y cambios en el PSOE. 

En este último punto es donde se concentra buena parte de la discusión del partido. López volvió a dejar claro que las cuestiones de propuesta política se llevarán después al programa electoral, pero las puramente orgánicas se traducirán en recomendaciones que irán a un Comité Federal –máximo escalón de poder–, que "desarrollará reglamentariamente aquello que apruebe la Conferencia". La razón es que en el foro de noviembre participan delegados que proceden de la sociedad civil, y por tanto algunos dirigentes no tolerarían que desde fuera se impusieran los ritmos de trabajo al PSOE. 

El secretario de Organización insistió en que del cónclave de noviembre no puede salir una fecha de las primarias abiertas, las que decidan el candidato a la Moncloa. Quien fija el calendario es el Comité Federal, y lo decidirá "en su día", como lo ha hecho "siempre". Se le preguntó a López expresamente si será en el Comité Federal de diciembre o principios de enero. Él, deliberadamente, esquivó la concreción: "El Comité Federal, cuando decida, decidirá los calendarios del partido". Después, Ferraz explicó que no tiene por qué ser en los siguientes meses cuando se tase la hoja de ruta y se ponga fecha a las elecciones internas. Por lo pronto, se "mantiene" la idea inicial: que sean después de las europeas de mayo de 2014 y lo más cerca posible de las generales. 

Sin "problemas" con Patxi López

El número tres, por otra parte, negó que haya "problemas" con el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, también secretario de Relaciones Políticas de la ejecutiva federal (el número cinco). Este lunes, La Razón informaba de que el exlehendakari, considerado el delfín de Rubalcaba, se sentía engañado y preparaba la ruptura con su jefe, y consideraba que había que proceder a la elección del candidato sin demora, tras la Conferencia Política. El propio aludido intentó desmentirlo públicamente, como era previsible: en declaraciones en los pasillos del Parlamento vasco, aseguró que no había "fractura" con Rubalcaba y adelantó que lo seguiría apoyando "sin ningún tipo de condición ni condicionante". "Todo es falso", afirmó taxativo. 

Esta tarde se espera a su vez que José Antonio Griñán, anuncie la convocatoria de un congreso extraordinario del PSOE andaluz para finales de noviembre, en el que ceda la Secretaría General a la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz. López apuntó que Ferraz acoge el proceso con "toda normalidad" y que no tendrá su correlato en una desestabilización de la cúpula federal, porque Griñán seguirá manteniendo el puesto de presidente federal del PSOE. "No tiene nada que ver", abundó. "El PSOE de Andalucía está marcando bien los tiempos. Lo ha marcado en el relevo de la presidencia de la Junta y ahora en el partido. Respeto a los calendarios del PSOE de Andalucía. Se está notando que lo está haciendo bien". Ha sido el PSOE andaluz, y Griñán en particular, quien hasta ha sofocado los conatos de rebelión de los barones, quien ha dejado claro que no quiere que se adelanten las primarias, que esa tarea no toca. Y Andalucía es la que tiene la llave. 

La diputada de Iniciativa per Catalunya Verds Laia Ortiz ha presentado este viernes una solicitud de datossolicitud de datos para que el Gobierno facilite a su grupo el informe de la Abogacía del Estado por el cual el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, argumentó que no estaba obligado a inhibirse en las decisiones que se tomasen en Consejo de Ministros sobre el bunkering, pese a que presidió una empresa (Petrolífera Ducar) con intereses en la materia hasta el mismo día que fue nombrado ministro. InfoLibre solicitó hace dos semanas dicho documento a Agricultura, pero un portavoz de Cañete respondió que no era público.

En su petición, Ortiz resalta el eventual "conflicto de intereses" en que ha podido incurrir Cañete, que el pasado 30 de agosto declaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que no se había inhibido en las decisiones que se tomaron sobre el bunkering en Gibraltarbunkering . El ministro aseguró que tomó esta decisión porque el informe que había solicitado a la Abogacía del Estado señalaba que "no siendo consejero de la empresa y siendo un simple accionista minoritario", no tenía por qué hacerlo.

La diputada ha asegurado en declaraciones a infoLibre que la opinión de su grupo es que "esta información debería ser pública", y ha hecho hincapié en la paradoja que para su partido supone que, tras la reciente aprobación de la Ley de Transparencia, estos documentos sean de carácter secreto. "La actitud del Gobierno ha sido toda la legislatura la de poner palos en las ruedas", ha asegurado Ortiz, que no obstante se ha mostrado confiada en que finalmente el Ejecutivo les facilitará el documento ya que, según ha dicho, "legalmente no se pueden negar". Asimismo, la representante ha afirmado que conocer el informe les ayudará a aclarar la implicación de Cañete en el tema del bunkering, un asunto que, asegura, les "genera dudas".

El número de acciones de la empresa es irrelevante

De expresarse el informe de la Abogacía en los términos que declaró el ministro, esto supondría una interpretación restrictiva de la Ley 5/2006 de Regulación de Conflictos de Intereses, que en su artículo 7 asegura que "quienes desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos [...] en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público". 

Esta definición afectaría a Cañete, ya que según la leyel número de acciones que se posean en la empresa es irrelevante, y lo que se tiene en cuenta son los cargos que se hayan desempeñado en ella hasta dos años antes del nombramiento. Según la declaración de actividad del ministro –realizada cuando entró en el Gobierno–, abandonó la presidencia de Petrolífera Ducar el 22 de diciembre de 2011, el mismo día que tomó posesión de su cargo.

El ministro también argumentó para no abstenerse que la disposición aprobada no era un real decreto, que tiene efecto directo sobre terceros, sino de un proyecto de ley, que no lo tiene: "Son las Cortes las que son soberanas y las que elaboran la ley. El Gobierno pone en marcha un proyecto, pero a partir de ese momento no tiene un efecto normativo respecto a terceros; por lo tanto, no hay un acto que pueda perjudicar a un tercero en el que me deba inhibir", defendió Cañete.

Cañete sí se inhibió en 2012

No obstante, llama la atención que Cañete sí se inhibió el 30 de noviembre de 2012, cuando se aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto 1620/2012, que declaraba como Zona de Especial Conservación (ZEC) las aguas limítrofes al Peñón y prohibía el bunkering en ellas. Ante una pregunta de la diputada del PSOE Meritxell Batet, el Ejecutivo aseguró el pasado junio que Cañete se había inhibido en la votación por una cuestión de conflicto de intereses, y la propuesta tuvo que ser elevada y defendida no por él, sino por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.

El contexto marca la impronta de la iniciativa, lógicamente. Porque hablar del derecho a decidir remite inevitablemente a Cataluña, al apoyo a la consulta soberanista. ICV y EUiA la defendieron desde el principio, sin que crease ninguna zozobra interna, como sí ocurrió en el PSC. El propio Lara también la respaldó, siempre añadiendo que la federación reivindica una España federal en la que quepan todas las comunidades y no haya desgajamiento de ninguna de ellas. Dicho de otro modo: IU no está de acuerdo con la independencia de Cataluña, sí con avanzar hacia un modelo federal. 

Sin embargo, IU, ICV y EUiA siempre manifestaron que no se podía circunscribir el derecho a decidir al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Que había que hablar del derecho a decidir sobre muchas otras cuestiones. Que se pudiera preguntar a los ciudadanos, por ejemplo, sobre las imposiciones de la troika o sobre los recortes. 

Por eso el texto, que se hará público mañana, habla del "derecho y la libertad de los pueblos de decidir libremente su encaje" con el Estado. Facultad que las tres fuerzas reconocen a Cataluña o a cualquier otra comunidad de España. Y se concibe ese derecho a decidir como el mayor exponente de "radicalidad democrática", resaltan fuentes de ICV. "No hay que concebir el texto en clave de independencia de la vieja cultura nacionalista, sino como un empoderamiento de la ciudadanía, también para la construcción del Estado", señalan desde IU. 

Las tres formaciones confieren una enorme importancia a la presentación del documento –avanzada ayer por Nuet y Herrera en Barcelona– porque en la práctica se solemniza por primera vez que una fuerza de carácter estatal, IU, se suma a la propuesta de consulta a los catalanes. Nuet lo reseñó en la comparecencia en la capital condal: la federación de Lara, enfatizó, se consagra como un "espacio amigo" de las demandas catalanas y una apuesta inequívoca a favor del derecho a decir, exigencia que ya no tiene vuelta atrás, informa Europa Press. 

Un trabajo "compartido" y a tres bandas

La negociación se ha llevado a cabo en los últimos meses. Pero el origen hay que buscarlo, explican a infoLibre fuentes de ICV, en una conferencia en Madrid el año pasado, en plena precampaña de las elecciones catalanas, cuando Herrera emplazó a IU a hacer suya la propuesta del derecho a decidir e incidió en que es importante defender el Estado federal más allá de Cataluña. IU, como cuentan los colaboradores de Lara, siempre reivindicó la España federal y ya estaba sumida en el debate sobre el modelo territorial. De hecho, en su X Asamblea, el pasado diciembre, ya se conjuró para discutir largo y tendido de este asunto en un foro monográfico que finalmente se celebrará el próximo otoño. IU, por tanto, no era ajena a la reflexión sobre la articulación territorial de España, que en su configuración actual "está agotada", y al desafío soberanista planteado por Artur Mas.

"El modelo de Estado es una cuestión nodal en estos momentos. Y hay comodidad total con lo que propone ICV. Hay una coincidencia natural, un reconomiento mutuo, un trabajo compartido en el grupo parlamentario", relata un miembro de la Ejecutiva federal. De modo que las tres formaciones comenzaron a trabajar. Primero se produjo una reunión en Madrid entre Joan Herrera, Laia Ortiz y Joan Coscubiela por ICV; José Luis Centella por IU y Joan Josep Nuet por EUiA. Allí se comprobó que "merecía la pena ir andando ese camino juntos", y que esa declaración conjunta iba en la línea de las alianzas que la federación de Lara quiere seguir tejiendo. Luego, los órganos de dirección de cada una de las tres formaciones dieron el visto bueno a un primer borrador y delegaron la redacción en Coscubiela, Centella, Nuet y Josep Vendrell, el nuevo secretario general de los ecosocialistas catalanes. La última versión es la que se conocerá mañana miércoles, presentada por Herrera, Lara y Nuet. 

El propio ministro Miguel Arias Cañete daba las cifras: "Si no se hubiera aprobado esta ley, tendrían que desaparecer más de 1.300 industrias que están ubicadas desde antes de 1988 en el litoral español, tendríamos que demoler más de 25.000 viviendas. Desde luego, lo que esta ley persigue es dar seguridad jurídica a los ciudadanos y proteger el litoral". Pero con las cifras daba también algunas claves que sirven para interpretar la controvertida nueva Ley de Costas, que aprobó ayer jueves ya definitivamente el Congreso. Texto que, como corean unánimemente todos los contrarios a él, servirá para "privatizar" la costa, al reducir las zonas de dominio público y bajar de 100 a 20 metros la superficie de servidumbre de protección en algunos núcleos. 

Porque, como denuncian los movimientos ecologistas y la oposición –todos los grupos votaron en contra, salvo CiU, que se abstuvo–, esas 1.300 industrias que calcula el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que se hallan al borde del mar se salvarán del derribo. Industrias en muchos casos contaminantes cuya concesión vencía y que ahora verán su vida prorrogada 75 años más. Un ejemplo que sale de boca de todos: la papelera Ence, en Lourizán, en la ría de Pontevedra, cuya autorización finalizaba en 2018. La factoría, de hecho, celebró el miércoles, por anticipado, la aprobación de la nueva ley –se reconoció "más tranquila"– y el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), aseguró que el traslado de la fábrica a otro punto era "inviable". 

¿Qué hace la nueva norma, pues? Permitir que sigan en pie las viviendas y construcciones en la playa 75 años más, que se suman a los 30 o 60 que ya les dio la ley socialista hasta ahora vigente, de 1988. Como dice Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, "se amnistía la destrucción", se deja vivir a papeleras, refinerías, metalurgias, balsas de fosfoyesos... "que no tienen que estar en la ribera del mar", que son muy contaminantes y que tienen "pocas garantías sanitarias". Asimismo, los concesionarios de las casas que están en zona de dominio público podrán realizar reformas (siempre que no impliquen aumento de volumen, altura o superficie) y podrán venderlas, cosa que hasta ahora no podían hacer. –se posibilita la transmisión intervivos, y no sólo legar a la muerte, mortis causa–. Y la "seguridad jurídica" que invoca el ministro es, para los ecologistas y la oposición, una "mentira", ya que los propietarios de las casas que fueron demolidas para cumplir con la ley de 1988 podrían recurrir ahora, augurar, al considerarse perjudicados por la nueva legislación, más permisiva. 

Los 75 años de vida extra que se conceden a miles de construcciones no son el único agujero negro del texto de Cañete. Hay varios más, según PSOE, Izquierda Plural, Equo, Greenpeace o WWF. Tantos como para hacer de esta nueva ley "el mayor intento privatizador de la historia del país", como lo describe el diputado socialista José Luis Ábalos. Juan López de Uralde, coportavoz de Equo, lo expresa de forma más plástica: "El ministro deja la Ley de Costas como un queso gruyère. No elimina por completo la norma de 1988, pero sí le hace tantos rotos, tantos agujeros, que permite que prevalezcan los intereses privados sobre los públicos". ¿Qué intereses? Greenpeace los señaló en su informe Amnistía a la destrucción, donde desgrona los vínculos de dirigentes del PP con empresas del sector urbanístico. Documento que llevó a los demonios a María Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, porque apuntaba directamente a su marido, Ignacio López del Hierro. 

LA DESPROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES

Una de las novedades que puso en guardia a Greenpeace fue el caso de las salinas y los acuíferos. La ley dice que "no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público". Marcos tiene grabadas a fuego unas declaraciones del exministro de José María Aznar Abel Matutes, dueño del Grupo Matutes, en las que se atribuía parte de la autoría del texto: "Es una ley en la que yo he trabajado mucho". La empresa tiene concesiones en 25 salinas de la bahía de Cádiz de las que ahora puede pasar a ser propietario. Terrenos que podría "urbanizar", según se teme la organización ecologista. 

"Las salinas, las marismas... son espacios de gran valor ecológico, los últimos espacios que quedan por ser invadidos por el ladrillo en varios puntos de España. Hay muchos municipios que ya no tienen suelo urbano, y que ahora verán que se abre una vía para la construcción", prevé López de Uralde. El Gobierno dice que no es así, que las salinas y los establecimientos de cultivos marinos serán considerados zonas de servidumbre, lo que significa que no se podrán construir ni "viviendas ni hoteles". 

Los peores pronósticos también se extienden hacia las playas urbanas. La ley anuncia que en el posterior desarrollo reglamentario se diferenciará entre los tramos de playas urbanos –contiguos a suelos urbanizados– y los tramos de playas naturales –contiguos a espacios protegidos o suelo rural–. Estos últimos gozarán de un "nivel de protección alto" y se restringirán las ocupaciones.

NÚCLEOS AMNISTIADOS

La reforma de Cañete excluye 12 núcleos de viviendas que dejarán de ser de dominio público marítimo-terrestre. Son zonas como El Palo y Pedregalejo (Málaga), Moaña (Pontevedra), la ría Punta Umbría, el casco urbano de Isla Cristina y Caño del Cepo (Huelva), Platja d'Aro y Empuriabrava (Girona), Oliva (Valencia), Xilxes (Castellón) y Serra Grossa y Puerto de Santa Pola (Alicante). Todos ellos eran de dominio público hasta ahora, pero Medio Ambiente consideró que no tenía ningún sentido que zonas bastante pobladas y consolidadas durante décadas fueran todavía propiedad del Estado. El Ejecutivo alega que estos núcleos de población que dejan de ser de dominio público "son innecesarios para la protección de la costa" y afectan mayoritariamente a "barriadas populares, no a hoteles o empresas". Se calcula que son 3.400 las viviendas afectadas. 

"No hay informes técnicos que digan por qué esos núcleos urbanos sí y otros no. Lo cierto es que se legalizan miles de construcciones que hasta ahora eran ilegales", tercia López de Uralde. En palabras de Laia Ortiz, diputada de ICV, se consagra la "arbitrariedad". 

EL DESLINDE ESPECIAL DE FORMENTERA

La ley establece, "con carácter excepcional" y debido a su "especial configuración geológica", un deslinde especial –el trámite que delimita la zona pública y privada de playa– para la isla de Formentera. No se considerará de dominio público la zona hasta donde llegó el mar en los mayores temporales conocidos, sino hasta donde alcanzan los temporales ordinarios. Ello supone, según Ortiz, "que pase a uso privado el 90% de la isla, una barbaridad". Se rubrica el "todo urbanizable que tanto le gusta al PP", añade Uralde.

Algo especialmente sangrante si se tiene en cuenta que el litoral de Formentera es uno de los mejor conservados de España, de los más vírgenes. La justificación que esgrimió Medio Ambiente es que si se llevase a cabo un deslinde convencional la mayor parte del territorio sería público y sus ocupantes, concesionarios. 

SERVIDUMBRE DE 100 A 20 METROS

La franja de protección del litoral (la llamada zona de servidumbre) se rebaja de 100 a 20 metros en algunas circunstancias. Por una enmienda introducida por el PP en el Senado, la reducción de la servidumbre se podrá producir respecto de núcleos costeros que en 1988, a la entrada en vigor de la ley, no estaban clasificados como urbanos, pero que sí tenían algunos requisitos para ser considerados como tales, como el abastecimiento de agua, la evacuación de aguas residuales y el suministro de energía eléctrica. Según alega el departamento de Cañete, no se autorizarán nuevas construcciones dentro de los núcleos delimitados. "Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa". "No se va a poner un ladrillo más", alegaba anoche en El debate de La 1 de TVE el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. 

Según los cálculos dados a conocer por el PP, el permiso para hacer obras en la zona de servidumbre beneficiará a 125.000 construcciones. 

PERMISOS PARA CHIRINGUITOS MÁS LARGOS

Según la ley de 1988, los chiringuitos y demás instalaciones desmontables que ocupaban la playa tenían una autorización de un año. Ahora, recibirán un permiso cada cuatro años, lo que según el ministerio dará "más seguridad" a los propietarios de estos establecimientos, tanto en plazos como en condiciones. 

Sin embargo, el socialista Ábalos y otros portavoces consideran que el PP ha intentado vender a machamartillo las ventajas para los titulares de chiringuitos, cuando los cambios de la ley son mucho más profundos y no se hallan en este punto. 

CAMBIO CLIMÁTICO... PARA DENTRO DE DOS AÑOS

En el Senado también se introdujeron modificaciones en el articulado relativas al cambio climático. En concreto, el Gobierno se da dos años "para elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos". Entre ellos, la subida del nivel del mar y la regresión de la costa. 

Los portavoces y los grupos ecologistas se extrañan de una enmienda colada a rastras y con vistas hacia el futuro, cuando las conclusiones de organismos supranacionales, como el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), están bastante consolidadas y asentadas en la comunidad científica. Juzgan, por tanto, que los estudios deben ser previos, no a posteriori. En ese sentido, denuncian que la ley nazca sin ningún tipo de memoria económica. 

'CLÁUSULA ANTI-ALGARROBICOS'

El horror del hotel de 14 plantas construido en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), sirvió al Gobierno para bautizar a una de sus medidas como cláusula anti-Algarrobicoscláusula anti-Algarrobicos. En síntesis: los delegados del Gobierno en cada comunidad podrán suspender los planes aprobados por los Ayuntamientos que invadan el dominio público o la zona de servidumbre e infrinjan la ley. 

Sin embargo, como dice Marcos, de Greenpeace, "si una zona se quiere declarar urbanizable, se considerará dado el permiso si hay silencio administrativo". Dicho de otro modo, "por primera vez se recoge el silencio administrativo positivo, y eso es un coladero para un articulado que desmonta pieza a pieza la protección del litoral". 

¿OTRA VEZ EL DESLINDE?

La activista de Greenpeace recuerda que el deslinde que impulsó la ley de 1988, que ahora queda derogado en parte, ha tardado muchos años (y mucho dinero) en completarse –hoy está en torno al 98% terminado–. Ahora, tras la aprobación de la reforma, cree que esa separación de la parte pública y privada de la costa deberá revisarse, un proceso "costoso" y que hace temer una "avalancha de quejas" de aquellos que vieron demolida su vivienda y ahora se encuentran con que otras serán perdonadas. "Con el agravante de que el Estado ha ganado la inmensa mayoría de los pleitos". 

¿PRIVATIZACIÓN O PROTECCIÓN?

PSOE, Izquierda Plural y Equo, al igual que Greenpeace o WWF, se ven venir otra burbuja inmobiliaria, y alertan de los efectos nocivos de la ley. Básicamente, creen que con la reforma cambiará sustancialmente el litoral, se "privatizará" en la práctica. "Para el Gobierno la costa es sólo un espacio económico para el que lo importante es la rentabilidad de las inversiones y la seguridad jurídica de los negocios", aseguraba ayer por la tarde Ábalos a infoLibre. "El litoral recibirá mucha más presión urbanística, y perdemos todos los ciudadanos parte de nuestro patrimonio, que queda privatizado", añadía Ortiz. Marcos se quejaba del "nulo proceso de consulta" del ministerio con las organizaciones ecologistas a la hora de elaborar la ley. Los ecologistas calificaban de "día de duelo" la jornada de ayer. Recordaban además que la normativa "beneficia" a los empresarios "amigos" del PP. 

En camino puede estar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que están estudiando PSOE e Izquierda Plural, por violación del artículo 132 de la Carta Magna. Socialistas e ICV coinciden en que la reforma de Cañete vulnera directivas europeas y convenios internacionales, señalan la falta de memoria económica y auguran que podría generar otro boom inmobiliario en la costaboom . Equo apoya los argumentos, pero no tiene representación en el Parlamento más que la de Joan Baldoví, diputado compartido con Compromís. 

El ministro despreció ayer todas las críticas. Enfatizó que su ley está "muy trabajada". "Cuando se lee en su integridad, se ve que aumenta la protección y que va a proporcionar instrumentos más potentes para combatir las barbaridades urbanísticas al amparo de la ley de 1988, como El Algarrobico", dijo, además de apuntalar la idea de la "seguridad jurídica" y de abundar en la necesidad de dar una solución a aquellos ciudadanos que habían adquirido su casa antes de 1988 y que en 2018 iban a enfrentarse a la demolición masiva de infraestructuras. 

"Absolutamente sí". 

Dos palabras bastan a Fran Pérez para responder si espera "manifestaciones masivas" hoy, en el 82º aniversario de la proclamación de la II República. Pérez es uno de los coordinadores de la Junta Estatal Republicana, la plataforma que agrupa a más de 50 organizaciones en defensa de la III República. La JER nació hace poco más de un año, a principios de 2012, con el fin de "articular un espacio de convergencia plural para los republicanos". En el segundo encuentro, en enero de 2013, se incorporó Izquierda Unida, se avanzó en la "unidad de acción" y se convocó la marcha en Madrid del 14 de abril con un llamamiento a "desbordar las calles". Hoy es el día, a las 12.30 horas, en la plaza de Cibeles de la capital.

Los hechos, en estos meses han superado las expectativas. Este 14 de abril llega en el momento de mayor deterioro de la Corona, con la imputación de Cristina de Borbón por el caso Nóos y el recuerdo de la herencia suiza de Juan Carlos I muy frescos en la memoria colectiva. 

IU y el PCE aportan el músculo de la JER. Los tres defienden la necesidad de un "nuevo proceso constituyente" que acabe con la monarquía y la Carta Magna de 1978, objetivo que comparten partidos ubicados de la plataforma, como Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y Equo. Todos pretenden impregnar las luchas sociales de la reivindicación de la III República.

"Estamos en un momento en el que debemos pasar de la resistencia identitaria, de la defensa de la II República, a la construcción de la Tercera", esgrime José Luis Centella, secretario general del PCE y número dos de IU. Levantar ese edificio supone asentar tres pilares: concienciar a la juventud e implicar al movimiento obrero y los sectores "dinámicos de la sociedad", hablar de la III "y no sólo de la II República" y, por último, intentar trenzar una alianza política y social con otras fuerzas y colectivos. Es decir, reeditar el Pacto de San Sebastián, que en 1930 asfaltó el camino hacia el 14 de abril.

"Serio problema para España"

Centella, como Laia Ortiz, portavoz de ICV, creen que la Corona ya venía arrastrando una gran erosión, al tiempo que las generaciones más jóvenes sienten un mayor desapego hacia la monarquía. Pero reconocen que la suma de escándalos y, sobre todo, la semilla de corrupción que ha crecido en la Zarzuela a la sombra de Nóos ha despertado a muchos más sectores. "Ahora bien, la izquierda no debe esperar a que la monarquía se pudra, los cambios profundos hay que ganárselos. Deslegitimando la institución, exigiendo más control, transparencia... Ahí está el resultado", asegura Ortiz. Los dos diputados rememoran cómo, hace no tantos años, sus propuestas de mayor vigilancia a la Casa Real eran vistas como "folclóricas, lunáticas, exóticas". Pero cuajaron.

El salto cualitativo que falta por dar es ligar "las reivindicaciones de la izquierda, las mareas, las cruzadas de los ciudadanos, con la república". Dígase así: "Aprovechar toda la energía que hay en la sociedad que apuesta por derrotar el régimen actual para apostar por la república, incorporando a más gente. Sumando las luchas, no fragmentándolas", recomienda la portavoz ecosocialista.

Otra receta: no entrar a discutir en si conviene o no la abdicación. Lo dice Ortiz: "Entrar en eso es hacerle el juego a los que quieren cambiar algo para que todo siga igual. El debate es de modelo, no de personasmodelo". Lo dice Centella: "Siempre lo he repetido. Que renuncie o no son cuestiones de familia. Nosotros planteamos la república, y que haya referéndum". Lo dice también Nino Torre, líder de Juventudes Socialistas de España (JSE), la organización juvenil del PSOE.

República "ciudadana, sostenible, social, laica y federal"

Construir, insisten, un país distinto desde abajo. IU lo escribe en su manifiesto a favor de la Tercera República, difundido ayer: necesidad de un nuevo proceso constituyente que democratice "la economía y la vida pública", que edifique un "Estado federal, laico y republicano". La monarquía, alega la federación "no es hoy un factor de estabilidad", sino "un serio problema para España y su credibilidad internacional".

La proclama de Equo es bastante convergente: "Al margen de reivindicaciones históricas, el clamor por una república viene acrecentado por los escándalos que rodean a la Corona: el caso Urdangarin y la Infanta Cristina, los millones en Suiza del monarca o el papel desempeñado por Corinna [zu Sayn-Wittgenstein]. Por otra parte, la monarquía forma parte de un sistema político anquilosado en la Transición e incapaz de dar soluciones a la presente crisis económica, social y política", señala en su texto colgado en su web. Una situación de emergencia, sigue la formación verde de Juantxo López de Uralde, que exige un plebiscito vinculante y un "proceso constituyente" que siente las bases de una república "ciudadana, sostenible, social, laica y federal". República ha sido, por cierto, la propuesta más valorada en su portal en Internet: 

¿Si no se mueve el PSOE, costará más la república? "No, no le concedo tanto poder al PSOE –responde Ortiz–. No hay que olvidar que lo que también está en cuestión es el bipartidismo, y que parte de la crisis de los socialistas es atribuible a su alejamiento con las aspiraciones de la ciudadanía". Centella: "El PSOE está atrapado en una contradicción permanente. Sus bases son republicanas, por eso intentan jugar a quedar bien manteniendo al mismo tiempo la monarquía. En algún momento tendrá que resolver esa paradoja". Puede, pero por el momento esa pieza no encaja en el puzle de Alfredo Pérez Rubalcaba.