La publicación de tres nuevos correos electrónicos pertenecientes a los archivos del pederasta Jeffrey Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, Donald Trump, que niega cualquier cercanía con su exaliado.

Los hallazgos fueron compartidos este miércoles por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.

Esta nueva revelación coincide con el reinicio de sesiones en la Cámara Baja, donde demócratas y varios republicanos han estado presionando para votar sobre la publicación de archivos relacionados con Epstein, procedimiento que el liderazgo republicano ha logrado retrasar de momento.

Unos de los correos, enviado en 2015, ilustra una conversación entre Epstein y el autor y periodista Michael Wolff sobre una próxima entrevista de Trump en la cadena CNN, en la que Wolff aconseja dejar que el ahora presidente se incriminara a sí mismo al negar cualquier relación con el financiero neoyorquino. 

"Creo que deberías dejar que él solo se ponga la soga al cuello. Si dice que no estuvo en el avión ni en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas. Puedes hundirlo de una manera que potencialmente te beneficie, o, si realmente parece que podría ganar, podrías salvarlo, generando una deuda", escribió Wolff.

En otro mensaje de 2011 enviado a Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja del criminal sexual, Epstein califica a Trump como "perro que no ladra" y afirma que este pasó "horas" en su casa con una de las presuntas víctimas de tráfico sexual, cuyo nombre aparece redactado en los documentos publicados.

Esa víctima, cuyo nombre se ha publicado censurado, sería, según aseguraron hoy congresistas republicanos y la propia Casa Blanca, Virginia Giuffre -la mujer que aseguró haber sido objeto de abusos sexuales por parte de Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, y que falleció el pasado abril.

La tercera misiva 'online' incluye otra conversación entre Epstein y Wolff, esta vez fechada 2019, cuando el fallecido magnate aseguró que "por supuesto que él (Trump) sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara". Además, Epstein menciona que Trump le pidió renunciar a la membresía al balneario ligado su residencia en Mar-a-Lago, aunque él insiste en que "nunca" fue miembro.

"Cuanto más intenta Donald Trump encubrir los archivos de Epstein, más descubrimos", dijo en un comunicado el representante Robert García, el legislador demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión. Según el congresista, "estos últimos correos electrónicos y correspondencia plantean serias dudas sobre qué más oculta la Casa Blanca y la naturaleza de la relación entre Epstein y el presidente".

Por su parte, Trump no se ha pronunciado por el momento. La portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, envió hoy un comunicado a medios en el que aseguró que los demócratas han filtrado selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una "narrativa falsa" y difamar a Trump.

También se hizo eco de las declaraciones de los republicanos del Comité de Supervisión, que identificaron hoy a la víctima anónima descrita en los correos electrónicos como Virginia Giuffre, dando a entender que la Oficina Presidencial considera que esa persona es efectivamente Giuffre.

El pasado septiembre, los demócratas de la Cámara Baja publicaron más de 200 páginas de un libro que Trump supuestamente regaló a Epstein por su 50 cumpleaños, entre los que se incluye un dibujo lascivo dibujado supuestamente por el propio presidente, que niega rotundamente la autoría del mensaje con su firma.

La polémica sobre su cercanía con el pederasta ha perseguido a Trump desde que en julio pasado el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el financiero neoyorquino, que se suicidó en 2019 mientras esperaba juicio. Esto incendió a las bases MAGA (siglas de "Hacer grande a EEUU de nuevo"), seguidores acérrimos del presidente republicano, que consideran válidas las teorías, a las que el propio Trump ha dado sustento, que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.

Esto ocurrió poco después de que el empresario y antiguo miembro del partido de Trump, Elon Musk, le acusara a través de la red social X de formar parte de la lista de pedófilos de Epstein.

La semana pasada, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitó a Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, que comparezca para ser entrevistado a cuenta de su relación con Epstein.

Un accidente laboral en el que un trabajador en situación irregular perdió dos dedos de una mano ha permitido destapar una red de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, según ha informado la Guardia Civil de Zamora en un comunicado.

Según informa EFE, el accidente lo sufrió una persona de nacionalidad peruana que perdió dos dedos de la mano el pasado mes de diciembre en Lagarejos, una pedanía sanabresa del municipio zamorano de Asturianos de apenas una treintena de vecinos, y a raíz de ese suceso se inició una investigación que ha permitido destapar esa trama de trata de seres humanos.

En ella se ha identificado a siete personas como posibles víctimas, aunque tres de ellas se han negado a denunciar por miedo a posibles represalias, por lo que a las dos personas detenidas en el caso únicamente se le han imputado delitos de trata de seres humanos por los casos denunciados.

Los detenidos son dos hombres de nacionalidades española y portuguesa y residentes uno de ellos en Madrid y el otro en un municipio de la comarca zamorana de La Carballeda.

Los dos detenidos han sido ya puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria en una operación que sigue abierta.

Las víctimas de la red son en la mayoría de los casos personas de nacionalidad peruana, aunque también hay algunas de otras nacionalidades que presuntamente también eran explotadas laboralmente.

Fruto de la investigación, agentes de la Guardia Civil conjuntamente con integrantes de la Inspección de Trabajo de Zamora accedieron el pasado mes de enero al domicilio y el lugar de trabajo de las víctimas, donde se practicó una de las dos detenciones, del que era el encargado del centro laboral, como supuesto cooperador necesario del delito de trata de seres.

Dos gallegos, un gaditano y un serbio comparten narcolancha cerca de la costa de Matalascañas, en Huelva. Propulsada por cuatro motores fueraborda, transporta más de 600 kilos de cocaína perfectamente empaquetados, probablemente lanzados desde un mercante de ruta regular y recogidos por la planeadora, que pretende acercar la valiosa mercancía a tierra. A plena luz del día. Acaba de empezar el mes de abril y no hay un alma en la playa. Pero sus planes los trastocan un helicóptero y una patrullera de la Guardia Civil que les salen al paso. En el arenal aparece también un todoterreno, del que se apean varios agentes.

Acorralados, los gallegos y el gaditano resuelven arrojar los fardos por la borda, lo que debería permitirles ganar velocidad y escapar. Pero el serbio, que actúa como notario de los dueños de la droga para asegurar su entrega, se opone y saca un cuchillo con el que ataca al de Cádiz. El forcejeo termina con el serbio en el agua… y detenido por la Guardia Civil. Los agentes lo sacaron del mar al mismo tiempo que los paquetes de cocaína que había intentado salvar.

Los agentes no saben si los tres españoles hicieron frente al notario y lo tiraron por la borda o si fue el propio serbio quien se lanzó al agua tras perder la pelea, pero lo cierto es que tanto unos como el otro han terminado en prisión. Aunque los dos gallegos se mantuvieron en el mar durante unos días antes de regresar a Galicia, fueron finalmente detenidos y comparecieron en los juzgados de Caldas de Reis y Cambados (Pontevedra), desde donde fueron enviados a la cárcel de A Lama.

Todos ellos trabajaban para la organización que fue desmantelada el pasado martes en la Operación Grajuela. Según destaca el Ministerio del Interior, se trata de la mayor organización de lancheros del Estrecho de Gibraltar. Liderada por un narco histórico huido de la justicia y residente en una urbanización de lujo a las afueras de Lisboa, Sergio A. M., alias El Bola, tenía su base en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y es la misma que la Policía Nacional y la Guardia Civil sitúan detrás de un narcosubmarino que fue abandonado, también en aguas del Atlántico próximas a Huelva, en mayo de 2023, con seis toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica.

Era el segundo sumergible con droga que, tras cruzar el Atlántico, aparecía en aguas españolas en sólo dos meses. En marzo, el Poseidón fue hallado en Vilaxoán, en la Ría de Arousa, pero sin las cinco toneladas que había transportado desde Brasil. Ambas narconaves, la arribada a Galicia y la de Huelva, además, compartían notario, un colombiano que fue identificado por las fuerzas de seguridad en las dos zonas de descarga. Desde principios de este mes se encuentra en busca y captura internacional.

Con el hallado en Huelva, son ya cinco los narcosubmarinos de cuya existencia tienen constancia la Policía Nacional y la Guardia Civil. El primero se encontró en 2006, tenía sólo 12 metros de eslora, apenas podía transportar una tonelada de droga y había sido construido, de forma casi artesanal, en Vigo. Debería haber servido para alijar hasta la costa la droga transportada en barco desde Sudamérica hasta aguas gallegas. El segundo fue el Che, el primer semisumergible transatlántico capturado en Europa, en noviembre de 2019. De 20 metros de eslora, llevaba tres toneladas de cocaína, que fueron decomisadas en la Ría de Aldán (Pontevedra). Dos años después, la policía halló el tercero, en el interior de una nave de Málaga, donde había sido construido. El Poseidón fue el cuarto; el quinto, el localizado dos meses más tarde en Huelva.

Esta red de relaciones desvela los cambios que ha acometido el narcocrimen en España en los últimos años y su gran capacidad para adaptarse. La cooperación internacional viene de antiguo, desde Colombia hasta los Balcanes, pero, además, se han producido otros movimientos locales que dan idea de la flexibilidad laboral y operativa del sector.

Los lancheros gallegos, curtidos en el pilotaje de planeadoras con hasta cinco motores y driblando bateas de noche en las rías, están ahora en nómina de los narcos andaluces. Un trabajo, en principio, más fácil y muy bien pagado. Uno de los pilotos detenidos por la descarga frustrada de Matalascañas es un lanchero de Barro (Pontevedra) conocido como O Rubio, y el otro es natural de Cambados.

Pero hace ya dos años fue capturado uno de O Grove, Francisco Javier Otero Magdalena. Su planeadora fue embestida desde detrás por una embarcación de la Guardia Civil, lo que causó la muerte de otro narco de La Línea de la Concepción que viajaba con él. Otero Magdalena fue rescatado, detenido e imputado por un delito de contrabando: no había droga en la lancha. “Los gallegos están modificando sus rutas y cada vez alternan más el tráfico de cocaína con el de hachís”, explica Santos Bernal, jefe antidroga de la Policía Nacional en Andalucía.

Además, los narcos han empezado a dedicarse a la construcción naval. Este mismo jueves, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, junto con la Policía Judiciaria de Braga (Portugal), desarticularon una organización que vendía motores fueraborda y construía narcolanchas para los narcos del Estrecho. También blanqueaban dinero procedente del tráfico de droga. La Operación Vodka, que ha implicado a un centenar de agentes, ha terminado con seis detenciones en Ourense y Pontevedra y la declaración de otras cinco personas en calidad de investigados.

El dinero de la droga se empleaba en construir las narcolanchas, que desde el norte de Portugal, donde se montaban los motores, se enviaban al Estrecho. Allí las embarcaciones eran utilizadas no sólo para el narcotráfico, sino también para el transporte ilegal de migrantes desde el norte de África. Los responsables de la organización vivían en Ourense, donde se llevaron a cabo tres detenciones, pero fue en Valença do Minho, en Portugal, donde la policía se incautó de ocho lanchas, 25 motores de gran cilindrada, radares y todo tipo de material náutico.

A diferencia de España, en Portugal no es delito la construcción de planeadoras. Hay que acreditar que se van a emplear para el tráfico de drogas. El Código Penal español, en cambio, considera un delito de contrabando, castigado con penas de prisión de uno a cinco años, el simple hecho de construir, importar, exportar o pilotar una de estas planeadoras superrápidas.

El negocio ha extendido su ámbito geográfico. Las operaciones en Huelva lo prueban. También la aparición de una docena de narcolanchas abarloadas frente a Manilva, en Málaga, hace sólo unos días. Algunas de ellas amagaron con embestir a las patrullas de la Guardia Civil que se les acercaron, en lo que casi se temió una repetición del ataque que mató a dos guardias civiles en Barbate el pasado febrero.

Si la última memoria de la Fiscalía advertía del aumento de las incautaciones de hachís en esta provincia limítrofe con Portugal, hasta el punto de que sólo se han llevado a cabo más en Cádiz, también han saltado las alarmas por las entradas de cocaína. En diciembre de 2023, la Guardia Civil intervino más de 300 kilos del polvo blanco en Punta Umbría tras detener a tres personas. A la inversa, si los gallegos solían ser los reyes de la fariña, ahora tampoco les importa transportar hachís en el sur. En 2022, la policía atribuyó a un clan de O Salnés una descarga fallida de esta resina en Punta Umbría.

De hecho, la banda de El Bola tenía su base a medio camino entre Cádiz y Huelva, en Sanlúcar de Barrameda, a sólo 30 kilómetros por la costa de Matalascañas. De allí son sus dos lugaternientes detenidos y allí contaba con una “nutrida red de colaboradores”. En Sanlúcar tenía su base de operaciones y un buen número de pequeñas embarcaciones, incluidos pesqueros, con los que suministraban a sus lanchas gasolina y víveres. Porque la casi decena de planeadoras que les fueron incautas estaban siempre en el agua, con sus respectivas tripulaciones.

En realidad, los narcos no han inventado nada. Es la misma operativa que siguen, por ejemplo, los pesqueros piratas, aquellos que faenan sin licencia o en zonas donde está prohibida la captura de determinadas especies: como las autoridades marítimas de todo el mundo están alertadas de su actividad clandestina y conocen su bandera y matrícula, jamás tocan puerto y son abastecidos por otras naves, repostan combustible o descargan la pesca en otros barcos, éstos sí, legales. Algunos, incluso pertenecen al mismo armador.

Hace apenas unos meses, los migrantes subsaharianos eran estigmatizados y señalados en las más altas esferas del gobierno. Ahora se les persigue en Túnez, principalmente en la ciudad costera de Sfax (al sur de Túnez), donde han estallado enfrentamientos en los últimos días. Desde principios de semana, se han organizado grupos de vecinos ebrios de nacionalismo y racismo para denunciar la presencia de migrantes subsaharianos y pedir que se les persiga y se les obligue a abandonar la ciudad.

El lunes por la noche, un tunecino de 42 años murió apuñalado por un migrante en el contexto de esos enfrentamientos. Fueron detenidos tres hombres, "sospechosos de estar implicados en este asesinato, y según las primeras informaciones son cameruneses, ", declaró a la AFP Faouzi Masmoudi, portavoz de la fiscalía de Sfax. En las redes sociales proliferan los llamamientos a la venganza, invitando abiertamente a arremeter contra los subsaharianos para vengar al hombre. Un joven con pasamontañas y el torso desnudo llama a la gente a salir a la calle y unirse a su grupo para "defender sus casas", abogando por la unidad.

Al parecer, los migrantes subsaharianos ya han sido desalojados por esos grupos organizados y entregados a la policía. Un vídeo muestra una veintena de migrantes amontonados en el suelo, rodeados de tunecinos, algunos con palos. Algunas personas resultaron heridas, según informó un médico de urgencias del hospital de Sfax en una página de Facebook, calificando la noche de "inhumana" y "sangrienta". Otros permanecieron encerrados en sus casas, sin atreverse a salir, según varias fuentes locales. El miércoles, más de un centenar de subsaharianos se dirigieron a la estación de Sfax para intentar llegar a Túnez capital y ponerse en contacto con las embajadas para organizar su regreso.

“La situación se ha complicado mucho", confirma Mohamed Wajdi Aydi, abogado y ex teniente de alcalde de Sfax responsable de migración. “Se observa una retórica muy agresiva contra los migrantes y enfrentamientos en varias partes de la ciudad entre inmigrantes y locales". El expolítico se refiere a "redadas policiales" y operaciones de traslado de cientos de subsaharianos a las fronteras terrestres sur y oeste, así como a la capital, "para el retorno forzoso de los inmigrantes" a Libia o a su país de origen. "Es lamentable".

Marc (nombre ficticio), un marfileño que vive en Sfax desde hace cuatro años, dice que hay un clima de "terror". "Ya no somos bienvenidos en Túnez. La gente se presenta en nuestras casas a altas horas de la noche, a veces acompañados por la policía, haciendo comentarios racistas e inhumanos sobre nosotros, dañando nuestras casas y objetos personales, o incluso prendiendo fuego a nuestras viviendas", afirma. Y se pregunta por el Estado de derecho: "¿Qué sentido tiene la ley? Esto no es la jungla". Al parecer, una de sus amigas del África subsahariana, embarazada de ocho meses, fue secuestrada el domingo por la noche y no se sabe nada de ella.

Chris (ficticio), un camerunés que ya habló con nosotros, dice que ya no sale para evitar ser asaltado y devuelto a la frontera. "Estoy estresado y tengo mucho miedo. Dicen que da igual si tienes papeles o no, si te pillan te devuelven a la frontera. Y con estas temperaturas, eso equivale a matarnos...", dice el hombre, que ya ha intentado cruzar el Mediterráneo varias veces para llegar a Lampedusa, sin éxito. Luego encontró un "pequeño trabajo" en una tienda de ropa usada, pero ayer su patrón le pidió el pasaporte, temiendo también la intervención de las autoridades.

"Por un lado, tenemos una campaña de odio y xenofobia desde páginas web locales que ensalzan la identidad sfaxiana, y que dicen que se sienten abandonados por el Estado e invadidos por extranjeros, lo que ha provocado estos ataques a subsaharianos en los últimos días ; y por otro, el asesinato de un hombre en Sfax, del que se rumorea que podría ser un traficante de inmigrantes que los estafaba. La justicia abrirá una investigación", explica Hassan Boubakri, investigador y Presidente del Centro Tunecino para la Migración y el Asilo (Cetuma). 

Según un representante de la red EuroMed Rights, las tensiones ya habían comenzado antes de la muerte del tunecino, en un contexto de muchas llegadas a la ciudad de Sfax, sin que las autoridades ofrecieran ningún apoyo a los afectados. "Había una ausencia total de gobierno, lo que llevó a los migrantes a ocupar los espacios públicos porque no encontraban dónde alojarse, y los ciudadanos salieron a la calle para exigir al Estado que actuara", explica, refiriéndose a una situación de "caos".

El 25 de junio se organizó una manifestación frente a la sede de gobernación, encabezada por el activista Zied Mallouli, para denunciar la llegada de migrantes subsaharianos a la región, bajo el lema "Devuélvannos Sfax", y exigir soluciones a las autoridades. La situación "estalló" entonces, según el representante de EuroMed Rights, con la muerte del ciudadano tunecino. "Ahora se ha desatado ya una verdadera caza de negros".

Según Hassan Boubakri, las imágenes que muestran a grupos organizados acorralando a los migrantes hasta que llega la policía para llevarlos a comisaría o expulsarlos de la ciudad recuerdan el trabajo de las "milicias paralelas". "No ha habido ninguna toma de posición pública ni formal para detener a estos grupos", dice sorprendido. Este investigador, especialista en migraciones, señala también una "caza de africanos" y casos de "deportación" orquestados por las autoridades: "Muchos subsaharianos son subidos a autobuses o camiones y llevados de vuelta a la frontera con Libia para ser deportados. Puede tratarse de cientos de personas, entre ellas mujeres embarazadas y niños".

En un vídeo publicado en las redes sociales, migrantes subsaharianos, entre ellos una mujer y un niño de corta edad, afirman haber sido abandonados en la frontera con Libia, en pleno desierto, y piden ayuda a las embajadas, pidiéndoles que intervengan. "Esto es el desierto, no hay agua, y nos están pegando aquí", dice el hombre que graba la escena. "Llevamos aquí cinco días. Nos han echado de nuestras casas en Túnez y los tunecinos nos han empujado a la frontera con Libia. No sabemos qué hacer", dice un hombre en otro vídeo, que muestra a hombres heridos y bebés sobre la arena.

En un comunicado titulado "Anatomía de una deportación forzosa a Libia", EuroMed Rights denuncia la deportación a Libia de un grupo de unos veinte migrantes y solicitantes de asilo procedentes de Costa de Marfil, Camerún, Malí, Guinea y Chad. Entre ellos hay seis mujeres, dos de ellas embarazadas, y una adolescente de 16 años. La ONG denuncia dos casos de deportación, los días 2 y 4 de julio, en los que la policía primero registró los domicilios de los migrantes, los detuvo, destruyó sus teléfonos móviles y les robó el dinero a algunos, antes de llevarlos a la frontera entre Túnez y Libia para abandonarlos allí.

Y lo peor es que varios migrantes ya han muerto en la frontera, según Human Rights Watch, que calcula que actualmente hay 500 personas allí: "Varias personas entrevistadas sobre el terreno afirman que la guardia nacional y los militares les han disparado o pegado. Además, una mujer guineana embarazada y su bebé murieron al dar a luz. También ha habido casos de agresiones sexuales y violaciones de mujeres en esta zona, por parte de las fuerzas de seguridad tunecinas o de libios, cuando cruzaban la frontera para conseguir comida", informa Salsabil Chellali, directora de la oficina de Human Rights Watch en Túnez, basándose en testimonios contrastados pero sin poder confirmar esta información con las autoridades.

“Me han violado en todas partes", grita una mujer en un vídeo que hemos conseguido. “Necesitamos vuestra ayuda, ¡tenéis que venir a ayudarnos!". Esta mañana se han llevado a más personas a "esta zona militarizada, inaccesible, donde nadie puede acudir en su ayuda", continúa Salsabil Chellali. “Son todos negros, entre ellos solicitantes de asilo y extranjeros con residencia legal, y una treintena de niños". Según el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), otros han sido conducidos a la frontera con Argelia.

Human Rights Watch insiste en que lo más urgente ahora es "que las autoridades tunecinas permitan el acceso de la ayuda humanitaria para socorrer a estas personas, que en ocasiones han resultado heridas durante su detención o durante su traslado a esta peligrosa zona, donde sobreviven sin acceso a agua, alimentos ni atención médica".

Traducción de Miguel López

La Policía de Rumanía ha detenido en la tarde de este jueves en Bucarest al exboxeador y streamer Andrew Tate y a su hermano Tristan Tate, ambos investigados por su presunta comisión de delitos como la constitución de un grupo delictivo organizado, la trata de personas y la violación, según ha informado Europa Press.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (DIICOT) de Rumanía ha emitido una orden de arresto por 24 horas después de que los hermanos Tate fueran acusados por la Fiscalía del país de haber constituido un grupo delictivo organizado con el que reclutaban, alojaban y obligaban a mujeres a crear materiales con contenido pornográfico para su posterior distribución, ha informado Romania TV.

Con ayuda de otros dos ciudadanos rumanos —también detenidos en esta redada—, la presunta organización criminal engañaba a mujeres en Estados Unidos y Reino Unido para llevarlas a Rumanía, fingiendo una reciprocidad amorosa y prometiendo una relación de matrimonio.

Posteriormente, las víctimas eran transportadas y alojadas en edificios en el condado rumano de Ilfov, donde, después de presuntamente sufrir actos de violencia física y coerción mental, fueron explotadas sexualmente por miembros del grupo obligándolas a realizar demostraciones pornográficas para su posterior difusión en redes sociales.

Asimismo, una de las víctimas fue obligada en dos ocasiones diferentes por un sospechoso —y mediante violencia física y presión psicológica— a tener relaciones sexuales.

Hasta el momento, la Policía de Rumanía ha identificado a seis personas víctimas que fueron explotadas sexualmente por el grupo delictivo organizado y en el que habrían participado los hermanos Tate, según ha detallado en un comunicado. Dos de ellas testificaron en abril de 2022, tras lo cual se interrogó a los hermanos, que fueron liberados al poco tiempo, ha informado Adevarul.

Con estas actividades, Andrew y Tristan habrían obtenido importantes sumas de dinero con las que habrían comprado casas, coches de lujo y criptomonedas.

Andrew y Tristan, ambos ciudadanos británicos con residencia ocasional en Rumanía, han sido asaltados en una vivienda en la localidad de Voluntari, en el extrarradio de la capital rumana, después de que la Policía haya podido probar que se encontraban en el país, según ha podido saber el diario rumano Gandul.

Durante nueve meses, los fiscales antimafia habrían recopilado todas las pruebas tomadas de la villa de los hermanos Tate localizada a las afueras de Bucarest, todo ello para poder probar que las acusaciones vertidas durante las audiencias por sus presuntas víctimas eran reales.

Fuentes cercanas a la investigación, según el citado diario, han relatado que la Policía estaba esperando el momento del regreso de los hermanos a Rumanía para poder dar con ellos, ya que usualmente están fuera del país.

Después de ver, incluso en redes sociales, que estaban juntos en Rumanía, los fiscales de la DIICOT movilizaron a tropas especiales de la Gendarmería y ascendieron, por la fuerza, en su villa, además de en otras direcciones.

La detención ha tenido lugar después de que el exboxeador publicara un vídeo en redes sociales y en el que respondía a una mofa de la joven ambientalista Greta Thunberg, todo ello comiendo pizza de una popular cadena de pizzerías rumana.

En dicho vídeo, en el que Tate arremete contra Thunberg por su defensa de la lucha contra el cambio climático, así como en otros mensajes en Twitter publicados por el influencer, este dejaba claro que se encontraba en Rumanía, todo ello después de haber estado en Estados Unidos y participar en la transmisión en Twitch del también streamer Adin Ross.

LA DISCUSIÓN CON GRETA THUNBERG PREVIA A SU DETENCIÓN

Días antes de su detención, Andrew Tate había escrito un mensaje en Twitter a la ambientalista Greta Thunberg jactándose de tener 33 coches y afirmando que le mandaría una lista completa con las respectivas emisiones de gases de cada uno de ellos.

"Hola Greta Thunberg. Tengo 33 coches. Mi Bugatti tiene un quad turbo W16 8.0L. Mis dos Ferrari 812 tienen 6.5L v12s (...) Proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviarle una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas emisiones", esgrime el tuit.

En respuesta, la activista medioambiental dijo: "Sí, por favor ilumíname. Envíame un correo a energíadepenepequeño@comprateunavida.com".

Tras el mensaje provocador de Thunberg, que alcanzó más de medio millón de retuits y tres millones de me gusta en Twitter, Tate volvió a responder con un vídeo sentando en un habitáculo y fumando un puro.

"Liberando gases de efecto invernadero", inicia el video, mientras expulsa humo al fumar. "De hecho, estoy enfadado con Greta. Por favor, tráeme pizza (le dice a una persona que no aparece en el vídeo), pero asegúrate de que el cartón no haya sido reciclado", esgrime Tate en la contraréplica a la activista.

"Estoy enfadado con Greta porque no se da cuenta de que ha sido engañada y no se ha dado cuenta de que es una esclava de Matrix. Ella piensa que está haciendo el bien. Alguien tiene que bajarla de ahí", continúa, con la caja de pizza de cadena Jerry's Pizza, un indicio de que se encontraba en ese momento en Rumanía.

A todo ello, la activista ha vuelto a contestar desde su perfil de Twitter aludiendo a la reciente detención de Tate: "esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza", ha concluido. 

El compromiso del PSOE en su reciente Congreso para elaborar una ley dirigida a la abolición de la prostitución ha colocado en primera línea este debate tantas veces aplazado con múltiples pretextos. La cuestión es si esta vez será la definitiva o si, por el contrario, se perderá de nuevo la ocasión. Por lo pronto, el Ministerio de Igualdad ha contestado que el tema de la prostitución ya está incluido en su proyecto de ley del solo el sí es sí y que, por tanto, no hay necesidad de una ley específica para ello. Llama la atención esta elusiva respuesta ya que esta ley, pendiente de debate parlamentario, contiene escasamente dos artículos referidos a respetar el consentimiento de la mujer prostituida y a la tercería locativa, por lo que esta tesis más parece un intento de echar balones fuera que una manera de enfocar adecuadamente un asunto de tanta complejidad. Como era de esperar, la explicación del Ministerio ha causado estupefacción en el movimiento feminista, que ve en ella la utilización de un eslogan fácil: “libertad para las mujeres prostituidas de trabajar en lo que quieran”, en lugar de apostar por las valientes políticas que requiere un asunto tan simbólico para el feminismo como este.

El problema es que la prostitución, como ha reconocido recientemente el Tribunal Constitucional, no es un trabajo, sino un lucrativo negocio asentado sobre uno de los ejes más potentes de la desigualdad entre mujeres y hombres. Trabajar, según la RAE, es “ocuparse en una actividad física o intelectual que produce un resultado, o tener una ocupación remunerada en una empresa, institución, etc.” En una definición más clásica trabajar es “la producción de vida y de mantenimiento del proceso vital transformando consciente e intencionalmente las condiciones de la naturaleza” y en otra más marxista sería “la venta de la fuerza de trabajo aplicada a la producción a cambio de un salario.” O sea, hasta hoy ninguna teoría ha considerado que usar el cuerpo de otra persona para su goce particular sea un trabajo, sino un abuso que resta dignidad a la persona que lo sufre. En esta línea falló hace un año la jueza Inmaculada Montalbán acerca del club de alterne El Ejido: “La prostitución, aun consentida queda fuera del tráfico jurídico y no puede calificarse de relación laboral, simple y llanamente porque la persona y la dignidad humana que le es inherente no puede ser objeto de trabajo ni del tráfico mercantil.” Por tanto, la pregunta es ¿qué hay detrás de la expresión “trabajo sexual” que tanto utiliza en estos momentos un sector político, en el que se incluyen Ciudadanos y el PP? Recordemos que Díaz Ayuso declaró hace unos días que abolir la prostitución conllevaría una destrucción de empleo y quitaría libertad a las mujeres que quieran trabajar en ello.

Desafortunadamente, la palabra “trabajo” se ha convertido en un comodín utilizado para distinguir a las mujeres que están en prostitución motu proprio, de las mujeres víctimas de trata. Pero esta diferencia no tiene más sentido que el de “la estetización” de la desigualdad, ya que es evidente que la trata de personas no existiría sin la prostitución. Porque ¿alguien sabe cuál es el porcentaje de las mujeres que dan su consentimiento para seguir en prostitución y cuál el de las que harían cualquier cosa por salir de esa situación? ¿Acaso se ha realizado algún estudio sobre ello? Pues no. Además, como señala Amelia Valcárcel, “no siempre el consentimiento legitima una práctica, ni mucho menos la convierte en trabajo.” Por otra parte, ¿es casualidad que la gran mayoría de las mujeres prostituidas pertenezcan a los sectores más pobres y deprimidos socialmente y/o a aquellos en los que las jóvenes no tienen los apoyos afectivos ni los respaldos familiares suficientes? ¿Es casualidad que el 99% de las personas prostituidas sean mujeres y prácticamente el 100% de los demandantes beneficiarios sean hombres? ¿Como es posible que la opinión pública no perciba la desigualdad en el papel que desempeñan hombres y mujeres en este llamado eufemísticamente “trabajo”? ¿Cómo es que en este caso no se habla de brecha laboral ni de discriminación positiva?

No nos engañemos, la prostitución forma parte de las estructuras más profundas del sexismo y, por ende, es la base de la trata; si la toleramos estamos abriendo la puerta de par en par a que se perpetúe un tráfico que degrada y envilece a toda la sociedad. Sin ir más lejos, en Alemania, país que ha legalizado la prostitución, ha crecido la demanda de la misma y aumentado exponencialmente la trata de mujeres. En España, con una situación de alegalidad y total tolerancia, también ha crecido enormemente el número de mujeres que están en prostitución (según los datos es el primero de Europa) y la mayoría (entre el 70 y el 80%) son inmigrantes llegadas de diferentes maneras. En las últimas décadas, los parques y los burdeles de nuestro país se han llenado de chicas rubias del este de Europa, de morenitas latinoamericanas y africanas y de exóticas asiáticas. Es tan evidente la relación entre una actividad y otra que no me detendré más en ello.

En cuanto a los intereses económicos, los hay y de gran envergadura. En nuestro país, la única aproximación a los datos procede del INE (2018). Entonces, la prostitución representaba el 0.35% del PIB, lo que supone más de 4.000 millones de euros. Tercera actividad alegal más lucrativa junto con el tráfico de armas y de drogas. Aunque estas cifras podrían ser irrisorias comparadas con la masa millonaria que desaparece en la economía sumergida. (Actualmente la ONU calcula que en España el negocio mueve cerca de 10 millones de euros al día y que el 80% de las mujeres ejerce en contra de su voluntad). Las mafias económicas que viven y aumentan sus beneficios con la prostitución constituyen una red enorme que funciona desde el anonimato más perfecto y el apoyo de los sectores más derechistas y liberales. Recordemos que Albert Rivera, líder de Ciudadanos, incluyó en su programa político la legalización de la prostitución. Aseguró que era un tema complicado, pero que había que ser valiente y plantándole cara podríamos recaudar en torno a 6.000 millones de euros gracias a esta actividad.

Con estos datos, hace falta ser cínico para llamar a la compraventa del cuerpo de las mujeres “trabajo sexual”, a los proxenetas y prostituidores “empresarios” y a los puteros “clientes”. Es como si aplicando una terminología de mercado se normalizara y justificara esa esclavitud y violencia que sufren miles de mujeres y niñas en el mundo. Porque la prostitución es violencia, violencia en sí misma por la rebaja que las mujeres prostituidas sufren en la dignidad personal y violencia física y sexual en muchos casos. De hecho, ¿sabemos cuántas mujeres prostituidas han sido asesinadas en el último año? ¿Cuántas sufren malos tratos, presiones psicológicas, humillaciones...? ¿Cómo se puede obviar esto? ¿Cómo se puede llegar a normalizar una explotación así hasta el punto de pedir su legalización? ¿Es que a nadie le importan las miles de mujeres prostituidas? ¿A nadie le avergüenza el agujero ético y moral que la prostitución supone en una sociedad democrática que tiene entre sus valores primordiales la igualdad entre las personas?

Ciertamente, la abolición de la prostitución es una patata caliente tras la cual hay múltiples intereses y poderes en liza, pero es un asunto de Derechos Humanos y despacharlo con dos artículos que hablan de un consentimiento teórico es impropio de un Ministerio que se proclama feminista a bombo y platillo. No es así como lo hacen los países europeos que se han planteado el tema. El modelo nórdico o la ley francesa de 2016, para luchar contra el sistema prostitucional y apoyar a las personas prostituidas, contempla tanto la lucha contra las mafias de proxenetas y puteros como un apoyo efectivo a las mujeres prostituidas. Las medidas para ayudar a las mujeres que expresan su deseo de salir de las redes de prostitución van desde una asistencia médica y psicológica hasta una renta mínima de reinserción, formación, etc., y son fundamentales. Es en ellas donde se debería poner el acento para posibilitar su aplicación durante el proceso de salida (que puede durar varios años) ofreciendo alternativas reales, evitando la estigmatización y paliando en lo posible la precariedad inicial con un buen plan de inserción socio-laboral. Para ello será esencial la colaboración de las entidades municipales y sociales y unos presupuestos que contemplen todas estas necesidades.

El neoliberalismo avanza imparable y su estrategia estrella es la de convencer a la sociedad de que lo que hay es lo único posible y que no puede ser de otra manera, con ello consigue someternos y que aceptemos como normal la explotación y la injusticia. Pero, como decía el filósofo, si no se hace nada para cambiar una situación, se está haciendo mucho para consolidarla.

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Pilar Laura Mateo es escritora y socia de infoLibre. Su última novela publicada es Toda esa luz. Editorial Mira. 2020.

La Guardia Civil ha detenido en Melilla a un ciudadano marroquí de 65 años de edad por llevar oculto en un doble fondo del salpicadero de un vehículo a un menor de origen subsahariano, un chico de 12 años de Guinea Conakry, durante una intervención en la aduana de Beni-Enzar durante un registro rutinario.

Según ha informado este sábado un portavoz de la Comandancia de Melilla y recoge Europa Press, el servicio se ha llevado a cabo en la tarde de este pasado viernes en la frontera principal que separa la ciudad autónoma de Marruecos, por parte de los guardias civiles pertenecientes a la Sección Fiscal de Beni-Enzar cuando realizaban los habituales registros e inspecciones sobre vehículos que entran a esta ciudad procedente de Marruecos.

La actuación se inició cuando, una vez llegado el vehículo marca BMW modelo X-5 con matrícula marroquí a la altura de la Guardia Civil, se le indicó a su conductor que se apeara y que entregase su documentación personal y la del vehículo, para realizar una inspección documental. Acto seguido se le requirió a su único ocupante que abriera el maletero, no hallándose nada anormal.

Detector de latidos

El portavoz policial ha explicado que, una vez realizada una inspección sobre el turismo mediante el equipo detector de latidos, "un nimio detalle infundió sospechas a la fuerza actuante sobre el vehículo y conductor a la vez que produjo sorpresa a la fuerza actuante al tratarse de un vehículo de alta gama y en muy buen estado de conservación".

Seguidamente efectuaron un registro exhaustivo del interior del vehículo hasta llegar al salpicadero, instante en que, al introducir el guardia civil una mano en su interior, palpó el cuerpo de una persona, tras lo que de forma inmediata se arrancó parte del frontal para poder extraerlo y auxiliar a la persona que se hallaba en su interior.

Tras ser rescatado de un espacio de reducidas dimensiones, resultó ser un niño que presentaba síntomas de sudoración, respiración agitada, entumecimiento y desorientación, al que los agentes practicaron in situ unos primeros auxilios para poder reanimarlo sin precisar asistencia médica.

La persona auxiliada resultó ser un varón de origen subsahariano, indocumentado, y manifestar tener 12 años de edad y procedente de Guinea Conakry.

La Guardia Civil procedió a la intervención del vehículo y detención del conductor, tratándose de un varón de 65 años de edad, de nacionalidad marroquí, como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros que ha sido puesto a disposición judicial de esta ciudad. Por su parte, el menor ha sido trasladado al centro de menores de la Purísima de la Ciudad Autónoma de Melilla para su debida atención, siendo comunicado el hecho a la Fiscalía de Menores.

El portavoz de la Comandancia ha destacado que "las mafias no descansan en su empeño en buscar nuevos modus operandimodus operandicon el único y despreciable objetivo de traficar con los seres humanos a cambio de un lucro económico, utilizando, en este caso, vehículos de alta gama para no infundir sospechas y de este modo llevar al engaño a los guardias civiles de servicio".

La Guardia Civil ha detenido este martes al menos a tres personas en Bizkaia, en concreto en Bilbao y en Barakaldo, en un operativo contra una red que trafica con seres humanos, ha informado Europa Press.

La operación se extiende también a otros lugares del Estado y en ella se podrían llegar a producir más de 20 arrestos y una veintena registros de inmuebles, según han informado a Europa Press fuentes del instituto armado.

La investigación se inició en un Juzgado de Alicante y, en base a ella, se han producido actuaciones de la Guardia Civil en Madrid, Santander, Murcia y Almería. En Bizkaia, se han producido registros en varios barrios de Bilbao, en Barakaldo, Portugalete y Sestao por supuesta trata de mujeres.

La escena es absurda. Tan absurda como los 30.942 desaparecidos que oficialmente reconoce el Gobierno mexicano desde 2007, aunque el número real de desaparecidos bien podría ser, en realidad, dos o tres veces mayor. En una enorme sala, similar a un aula de exámenes, un centenar de personas sentadas en sillas miran en una tableta el retrato de su familiar desaparecido. Estas 46 familias, procedentes de todo el país, se han dado cita en el auditorio de la Policía Municipal de Monclova, una pequeña ciudad del Estado de Coahuila, en el norte de México. En la oscuridad, escudriñan las fotografías de carné que se proyectan en la pared. Estas caras, tristes o sonrientes, corresponden a las 400 prostitutas, registradas por los servicios sanitarios del municipio.

“Vuelva a atrás, su cara se parece a la de una desaparecida”, interpela una madre. El oficial de Policía obedece. La luz de un teléfono móvil hace que surja en la oscuridad el rostro de una chica desaparecida en 2013, a los 18 años. La foto, que pasa de mano en mano, se analiza cuidadosamente, comparándola con el retrato de la joven prostituta proyectada en la pared: “La nariz es similar y los ojos, mirad los ojos, son idénticos”. Tras el debate, el caso será considerado como “posible positivo” por las familias de los desaparecidos. “Notificamos los parecidos al Ministerio Público, que verificará la identidad de esta prostituta para saber si se corresponde con el de la chica desaparecida”, explica Julio Sánchez Pasillas, coordinador de esta caravana de búsqueda de desaparecidos que ha permitido identificar 22 casos.

Su hija Tania desapareció en 2012, a la edad de 23 años, en Torreón. Julio la buscó por todas partes. Incluso bajo tierra: “He participado en todas las brigadas de búsqueda de fosas clandestinas [desde el año pasado]. Buscar huesos es fundamental porque las autoridades no lo hacen, pero tenemos tantas posibilidades de encontrar a nuestros familiares bajo tierra que con vida”. Entonces, dejó la piqueta que usaba para excavar, en busca de huesos, para ponerse el traje de detective. Con las cincuentas familias que participan en la caravana, visita las cárceles de las principales ciudades del Estado de Coahuila para interrogar a los detenidos, analiza fotos de cadáveres en las morgues y disecciona los rostros anónimos de prostitutas catalogadas por los servicios sanitarios.

Redes de prostitución, trabajos clandestinos o reclutamiento forzoso en las redes del narcotráfico, “las autoridades no investigan estas pistas, así que somos nosotros los que intentamos obtener indicios”, asegura Julio Sánchez Pasillas, que durante años investigó, por internet y en los burdeles de la fronteras: “Cuando dos prostitutas, de dos burdeles diferentes, me aseguraron que habían visto a mi hija seis meses antes, me dije que había que poner en marcha esta caravana”. Para la abogada Ariana Denise García, que trabaja en Familias Unidas, un grupo de familias de desaparecidas en el Estado de Coahuila, la relación entre las desapariciones de mujeres y el tráfico de personas es “evidente”. “Hay indicios que sugieren que las mujeres desaparecidas son utilizadas como materia prima por los grupos criminales, ya sea para realizar trabajos forzosos o para ejercer la prostitución”.

En México, según un informe de una investigación parlamentaria de 2014, cerca de 20.000 menores caen cada año en las redes de tráfico de personas, 16.000 son explotados sexualmente, mientras que 108.000 mujeres se ven obligadas a prostituirse. Según los autores del informe, “el aumento del número de desapariciones de adolescentes y mujeres en todas las regiones del país puede estar relacionado con el tráfico de seres humanos”. Por detrás del narcotráfico, la trata de personas es uno de los negocios más rentables del mundo: según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, anualmente, la prostitución forzosa en América Latina mueve 10.000 millones de dólares, lo que reporta a los traficantes alrededor de 3.200 dólares mensuales por víctima.

“Los carteles mexicanos se han dado cuenta de que podían ganar muchísimo dinero con una inversión mínima. En 2006, con el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, empezaron a diversificarse”, analiza Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Menores en América (CATWLAC, por sus siglas en inglés). Desde el 2003, esta organización, que investiga y lucha contra el tráfico de seres humanos, ha puesto en marcha una “alerta roja”, un sistema que alerta a las autoridades y a los medios de comunicación en los casos de desaparición que pueden estar vinculados con la trata de personas.

“Algunas jóvenes caen en una emboscada”, explica Teresa Ulloa. “Desaparecen después de ser seducidas en las redes sociales. A veces, un conocido les ofrece un trabajo bien remunerado”. A otras las invitan a una fiesta y jamás vuelven, como le sucedió a Irma, la hija de Jesús Lama, desaparecida con 17 años en 2008 en Torreón, Coahuila: “A mi hija la invitó a un concierto, en Saltillo, una chica que había conocido en una discoteca semanas antes. Nos negamos a que fuera porque la misma mujer ya le había ofrecido un empleo, que nos hizo desconfiar”.

Pero Irma, “inocente y un poco rebelde”, se saltó la prohibición de sus padres. Jamás llegó a bajarse del autobús que debía llevarla al concierto en Saltillo. “Nunca nos reclamaron un rescate. Nuestra investigación nos llevó a seguir la pista de una mujer, propietaria de varios burdeles de la región. Cuando descubrimos que era sobrina de un diputado local, dejamos ahí nuestras pesquisas facilitándole todas las informaciones a la Policía. Los investigadores confirmaron todo lo que ya sabíamos, pero a día de hoy no han hecho nada”.

En la plaza mayor de Allende, Jesús y otros familiares de desaparecidos distribuyen tarjetas entre los transeúntes. “Disponemos de un teléfono de atención. Si alguien reconoce a un desaparecido o si tiene información de alguno de ellos, pueden llamar de forma anónima”. Las personas de Allende se muestran desconfiados; algunos se acercan, muchos miran hacia otro lado, otros lloran en silencio observando las caras congeladas de los desaparecidos de todo México. A sólo 50 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, esta pequeña ciudad con aspecto de pueblo fantasma, de casas abandonadas, todavía luce las cicatrices de una de las peores matanzas de México. En marzo de 2011, el cartel de los Zetas asesinó a decenas de familias enteras para vengarse de un espía que informaba a las autoridades de Estados Unidos.

“Queremos que los malos se den cuenta de todo el daño que hacen al eliminar a la gente”, añade Jesús, plenamente consciente del peligro que corre al exponerse así. En cada viaje, la caravana de autobuses va escoltada por el Ejército y la Policía Federal. Una protección circunstancial que no sirve de mucho frente a las amenazas de muerte que han recibido varios familiares de desaparecidos o, recientemente, el asesinato durante el Día de la Madre de Miriam Rodríguez, líder de la organización de familiares de desaparecidos en Tamaulipas. En 10 años, 15 personas del entorno de los desaparecidos de México han sido asesinados.

Al lado de Jesús Lamas, Jonathan Reinhardt lleva entre sus manos un retrato gigante de su mujer, desaparecida el año pasado en el Estado de Oaxaca, en el sur de México. Tampoco él “tiene ya miedo de nada” después de que su mujer se haya convertido en “una foto impresa en una lona de plástico”, que despliega cada vez que se le presenta la oportunidad. Este estadounidense, el único extranjero de la caravana, no habla ni una sola palabra de español. Su mujer, Jenny Chen, de nacionalidad china, desapareció en el istmo de Tehuantepec, una de las regiones más castigadas por el crimen organizado. “Denuncié, pero la Policía mexicana no hizo nada de nada, literalmente. Investigué solo, con la ayuda de un detective privado”, explica. Éste último logró una pista de la joven y consiguió identificar a un sospechoso. Confundido por el detector de mentiras y los datos de su GPS, el hombre salió en libertad tras el interrogatorio. “Jenny es joven, bonita y china, pudo resultar de interesés a los proxenetas”, concluye este residente en Seattle, arruinado por meses de investigaciones y de viajes de ida y vuelta a México: “Tengo que investigar allí, pero solo es muy complicado”.

La trata de seres humanos

Elba Hernández Gutiérrez también se sentía muy sola en el calvario para encontrar a su hijo Bryan, desaparecido el año pasado con 17 años en el Estado de Veracruz. “Pero en grupo, bajo los focos de los medios de comunicación, las autoridades están obligadas a abrirnos las puertas”, sonríe esta madre soltera. Así fue como Elba atravesó, junto con otros miembros de la caravana, las puertas de la prisión de Saltillo con la foto de su hijo colgada del cuello. “Un preso lo reconoció enseguida, pero dijo que sólo hablaría en presencia de un sacerdote. Lo notificamos al Ministerio Público e irán a interrogarlo con un cura”, explica Elba. Si el detenido coopera y proporciona información, podría beneficiarse de una reducción de la pena: “No me hago ilusiones, pero esto confirma mis sospechas. Mi hijo ha podido ser reclutado a la fuerza por el crimen organizado”.

Su hijo Bryan fue secuestrado hace poco más de un año en la plaza mayor de Poza Rica, en Veracruz: “Un testigo vio cómo hombres armados lo subían a una camioneta junto con otros cinco chicos. Pero los otros padres dicen que sus hijos fueron al mismo lugar después de recibir una oferta de trabajo”. ¿Una oferta laboral como cebo? Elba está convencida: “Nunca hemos recibido una petición de rescate, ¿por qué se lo llevaron entonces? Durante la investigación, nos dijeron que los Zetas estaban reclutando a la fuerza a jóvenes en Tamaulipas y Coahuila”.

Según el informe parlamentario sobre la trata de personas, 30.000 menores pueden estar “implicados, de una manera u otra, en el crimen organizado”. “El tráfico de seres humanos para someterlos a trabajos forzosos y la venta de menores por parte de la delincuencia organizada han aumentado en el país, sobre todo en los Estados del norte”, recoge el documento. Manos de jóvenes que el crimen organizado puede entrenar con facilidad hasta “convertirlos en halcones”, los dedicados a vigilar una posición controlada por el narcotráfico, a las mulas, para el transporte o la producción y venta de estupefacientes. “Puesto que se les obliga a cometer delitos o crímenes, los traficantes los mantienen sometidos bajo su yugo, amenazándolos con entregarlos a las autoridades o amenazando a sus familias”, lamenta Iliana Rubalcaba, directora de Pozo de Vida, una organización que lucha contra la trata de personas en México.

Ana Lilia Jiménez también está convencida de que su hijo fue reclutado a la fuerza por el cartel de los Zetas, en Orizaba, en el Estado de Veracruz. El propio crimen organizado se lo dijo. En 2012, Yael sólo tenía 15 años. Este adolescente soñaba con convertirse en diseñador gráfico y pasaba su tiempo libre dibujando en su habitación: “El 1 de septiembre se fue al centro de la ciudad y nunca volvió”. Unos días más tarde, su mejor amigo, de 14 años, también desapareció. Su madre descubrió que muchos adolescentes, de entre 13 y 17 años, habían desaparecido en esa época: “Muchos padres no se atreven a denunciar, pero sabemos que los Zetas tenían retenidos en aquella época a un grupo de jóvenes en un hotel de la ciudad. Un cartel enemigo pudo haberlos raptado a posteriori para enviarlos a un campo de entrenamiento de las montañas durante tres meses”.

Ana Lilia solicitó entonces a los investigadores del Estado de Veracruz que hackearan la cuenta de Facebook de su hijohackearan para ver “si había sido reclutado de esta manera”. “Al cabo de varios meses, ¡la Policía me escribió para pedirme la contraseña de mi hijo!”, cuenta. Meses más tarde, la cuenta desapareció misteriosamente. Y, en febrero, “una persona me abordó en la calle para decirme que dejara de buscar a mi hijo porque se había alistado, pero que se había resistido y que estaba muerto, que había sido calcinado. También me dijo que, ante todo, no debía contárselo a las autoridades”.

La investigación sobre la desaparición de Yael la lleva en estos momentos la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público Federal. “Pero no avanza”, explica la madre. Con un presupuesto irrisorio, para 2017, de 26 millones de pesos (1,2 millones de euros), el servicio de la Fiscalía Federal especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, sobrepasado por la magnitud del problema, no es capaz de realizar trabajo de campo, de investigación y de búsqueda.

Coordinación deplorable entre los Ministerios Públicos regionales y el Ministerio Federal; lentitud burocrática y poco efectiva, crónica; evidente falta de sensibilidad; servicios de medicina legal de otros tiempos; falta de medios de la Policía Científica; inexistencia de una base de datos federal de ADN... la lista de quejas manifestadas contra las autoridades, por parte de los colectivos de los familiares desaparecidos, es interminable. “Estamos ante un fracaso colectivo. El sistema policial y judicial no funciona en México”, denuncia la abogada Ariana Denise García, del colectivo Familias Unidas.

De modo que el Gobierno reembolsa los gastos en los que han incurrido las familias de los desaparecidos en las búsquedas para que ellos mismos investiguen. “Nunca habría imaginado que tendría que hacer cursos de antropología forense, que me enseñarían un esqueleto o fotos de cadáveres para saber cómo reconocerlos”, cuenta Ana Lilia. Esta abuela, antigua maestra de escuela, se ha convertido, desde la desaparición de su adolescente, en toda una experta de lo macabro. En compañía de las 46 familias de la caravana, se ha sentado en todas las morgues del Estado de Coahuila para ver las fotos de los nomen nescio, los “sin nombre”, los cuerpos no identificados que llenan los frigoríficos de los servicios de medicina legal de México antes de que las autoridades locales los arrojen, algunas veces, de forma ilegal, a fosas clandestinas.

Sólo en el Estado de Coahuila, donde el Estado admite la existencia de más de 1.600 casos de desaparecidos, “hay 458 cuerpos no identificados”. “Se trata de una prioridad porque entre ellos hay, sin duda, personas desaparecidas”, explica la abogada Ariana Denise García. “Es insoportable ver las imágenes de cadáveres calcinados o en pedazos y tener que buscar un tatuaje o reconocer unos pantalones o una nariz familiar, pero debemos hacerlo”, asegura la madre de uno de los desaparecidos y que prefiere permanecer en el anonimato por miedo a represalias.

Vivos o muertos, da igual. Hay que buscarlos. Por todas partes. En la cárcel del Saltillo, un preso desliza, con total disimulo, hasta la mano del cura que va en la caravana, un papel arrugado. Sobre el papel, garabateadas palabras de esperanza: “Durante 20 años, me alejé de mi familia para protegerlos del mal, 20 años en los que no sabían dónde me encontraba. Pensaban que estaba muerto cuando volví. No perdáis la esperanza. Los que están vivos volverán algún día”. ________________

  Traducción: Alba Precedo

Leer el texto en francés:

Considerada como la esclavitud del siglo XXI, la trata de seres humanos constituye una problemática que afecta especialmente a mujeres y niños en un contexto donde la pobreza y la precaridad deriva en explotación. Según el último informe de la ONU, elaborado a finales de 2016, un tercio de los casos identificados se corresponde con menores, y el 71% de las víctimas son mujeres y niños. Este domingo 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata, con un horizonte que revela avances pero plantea importantes retos aún por afrontar.

El Ministerio del Interior afirma, en su balance de 2016, que España llevó a cabo 2.586 inspecciones administrativas y detectó 12.419 personas en riesgo de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las que finalmente se identificó formalmente a 591 víctimas –148 por trata de seres humanos sexual y 443 víctimas de explotación sexual–. Respecto a la trata con fines de explotación laboral, fueron impulsadas un total de 4.582 inspecciones administrativas y se detectaron 11.427 personas en riesgo de las que finalmente se identificaron 435 víctimas: el 38% en sector de hostelería, 30% en comercio y 32% en el sector agrícola. Fueron localizadas asimismo cuatro personas víctimas de matrimonio forzado, quince respecto a la comisión de actividades criminales y una persona víctima de trata para la mendicidad.

Antonio Rivas, coordinador de Gestión y Formación en Proyecto Esperanza, advierte en conversación con infoLibre las lagunas a la hora de detectar y tratar a las víctimas. El ministerio "identifica a nueve menores víctimas de explotación sexual pero sólo por nuestra organización han pasado cuatro veces más", denuncia. El experto lamenta que "todo el mundo da cifras de vulnerabilidad, pero no sabemos cuántas identifican realmente, se regularizan, integran o encuentran trabajo", porque "al final toda la arquitectura de derechos se queda en anécdota". Estas son algunas de las principales aristas en la lucha contra la trata:

Abordar todas sus formas

Las entidades especializadas inciden, en sintonía con lo expuesto por el informe mundial de la ONU, en la importancia de contemplar todas las formas de explotación que configuran las muchas vertientes de la trata. El organismo internacional habla de "prácticas análogas a la esclavitud" para referirse a fenómenos como la servidumbre por deudas, los matrimonios forzados o la entrega de niños para su explotación.

A día de hoy, la explotación sexual es la forma más habitual de trata de personas, una práctica por la que la víctima es "manipulada u obligada a ejecutar actos de contenido sexual que involucran su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de otras personas, con o sin remuneración por ello". En el ámbito laboral, la trata también puede perseguir fines de trabajo forzoso, "una amplia categoría que incluye, por ejemplo, los sectores de fabricación, limpieza, construcción, restauración, trabajo doméstico y producción textil, que ha aumentado de manera incesante en los últimos años".

La mendicidad forzada es otra de las ramas que incluye el problema de la trata. La ONU indica que, en materia de trata, "muchas personas son obligadas a ejercer la mendicidad bajo coacción, amenaza, abusando del estado de indefensión de las víctimas, utilizándolos como medios para obtener un beneficio".

Otra de las caras que adquiere la trata y que se encuentra intrínsecamente relacionada con la pobreza es el tráfico de órganos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta, sino que también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de donantes vivos no emparentados con los receptores". De hecho, continúa, "las pruebas de la existencia de ese comercio, y del tráfico de seres humanos que lo acompaña, se han hecho más evidentes en los últimos decenios". La OMS cifra en un 10% los trasplantes que se realizan en el mundo bajo alguna forma de comercialización, la mayor parte de las veces como turismo de trasplantes.

Protección de los menores

En la lacra de la trata de seres humanos, los menores son las víctimas más débiles y las que requieren, por ello, mayor protección. El Grupo de Expertos sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) recomendó en su informe de 2013 la creación de un mecanismo de derivación específico en España para los niños víctimas de la trata involucrando a especialistas en infancia.

Estas recomendaciones implicaban priorizar el estatus de víctimas menores de edad con respecto a los niños no acompañados posibles víctimas de la trata y, por otro lado, con relación a los hijos menores a cargo de mujeres que son presuntas víctimas de trata.

El organismo también instaba a garantizar la acogida de emergencia en centros especializados en su atención integral, pero no en aquellos que pertenecen al sistema de protección general, "que no están preparados ni cumplen los requisitos para dar una atención adecuada". Asimismo, llamaba a garantizar el derecho a la identidad y la nacionalidad de los bebés nacidos en el tránsito migratorio y perfeccionar los procedimientos y pruebas de identificación de la edad.

La misma importancia tiene, según los expertos, el desarrollo de protocolos de actuación a todos los niveles para su atención integral en coordinación con las entidades especializadas, y la garantía de velar por la reagrupación familiar.

Colaboración con las entidades especializadas

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos coinciden en resaltar los problemas que acarrea el procedimiento de identificación de las víctimas. GRETA observó en 2013 que el papel de las ONG se limitaba a informar de posibles casos de trata a la policía, ofrecer asesoramiento jurídico y aportar información a tener en cuenta en la toma de decisiones sobre la identificación. Por ello, el organismo recomendó la participación formal de los actores de primera línea desde el primer momento y a lo largo de todo el proceso de identificación.

Aunque Proyecto Esperanza reconoce que "se ha producido un avance en la sistematización de dicha colaboración", denuncia también que el papel asignado en la práctica a las entidades especializadas durante la entrevista formal de identificación "es en muchos casos el de meras observadoras, sin dejarles intervenir ni preguntar a la víctima, ni hablar con ella con carácter previo". Por este motivo, la organización propone la puesta en marcha de un seguimiento y evaluación sobre la implementación práctica de la Instrucción 6/2016 respecto a actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra la trata y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia de las víctimas.

Antonio Rivas insiste en que, además, el modelo financiación destinado a entidades especialidades "es un modelo muy precario". A su juicio, un compromiso claro por parte del Estado en derechos humanos implica promover e invertir en el trabajo de las organizaciones. "Las víctimas necesitan abogados, psicólogos, redes de acogida, traductores... y eso requiere inversión", apunta.

Avances legales: necesidad de una Ley Integral

En el año 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy elaboró un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual que cuenta con una serie de herramientas para acabar con la problemática. Se trata, no obstante, de una acción finita: estará vigente sólo hasta el 2018.

Por este motivo, las organizaciones especializadas en el asunto llevan años reclamando una Ley Integral que impulse los mecanismos necesarios para acabar con la trata sin limitaciones temporales. "Un plan es una declaración de principios, pero cada administración puede cumplirlo o no y está sujeto a temas presupuestarios", señala Rivas, quien recalca que la acción no es más que una "declaración administrativa muy limitada". La principal consecuencia, recalca, es que "se legisla pero de forma muy dispersa". El experto subraya asimismo que "la explotación no tiene que ver con la extranjería, aunque seguimos con un enfoque de orden público y de control de inmigrantes". A su parecer, la situación requiere de "una caja de herramientas bien ordenada, una ley, un instrumento que sea ineludible".

Proyecto Esperanza marca los requisitos que a su juicio debe cumplir la norma, y señala entre ellos la necesidad de "poner en el centro a las personas y consolidar el enfoque de asistencia y protección integral", así como abordar "de manera integral el fenómeno de la trata en todas sus formas" y consolidar los avances producidos con el fin de construir un "marco de obligaciones estables". La organización también apuesta por "establecer un mandato a todas las administraciones, en sus diferentes niveles, asegurando la coordinación y la coherencia de las mismas". Al mismo tiempo, considera necesaria la corrección de todas las prácticas que "imponen barreras y obstáculos al disfrute de los derechos humanos reconocidos las víctimas de trata" y la responsabilidad de "dar seguimiento y evaluación del cumplimiento de las obligaciones por parte de las administraciones".

El recién aprobado Pacto de Estado contra la violencia de género acordado en el Congreso contempla medidas encaminadas a luchar contra la trata, aunque las propuestas no abarcan las peticiones de las entidades en su totalidad. El acuerdo apuesta por la aprobación de una ley de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sin incluir el amplio entramado que implica la trata de seres humanos. La norma planteada persigue la puesta en marcha mecanismos adecuados para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito, la eliminación de publicidad de contenido sexual y el impulso de servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas. El pacto también prevé modificar la Ley de Protección de Testigos para mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata e intensificar la cooperación internacional en materia de trata de personas con fines de explotación sexual, aumentando los fondos de cooperación internacional.

El fiscal jefe de la ciudad siciliana de Catania, Carmelo Zuccaro, encargado de iniciar una investigación tras acusar a las ONG que operan en el Mediterráneo de ser cómplices de las mafias del tráfico de personas, ha reconocido ante la comisión de Defensa del Senado de Italia que no dispone de pruebas que se puedan utilizar ante un tribunal, si bien ha señalado que se investigará el caso.

Zuccaro aseguró desde el principio que tiene pruebas que demuestran que miembros de las mafias han tenido un contacto directo con las ONG. Este miércoles, ante la comisión de Defensa, ha reiterado que existen "contactos" a través de la emisora y "comunicaciones" entre traficantes y miembros de algunas PNG.

"He pedido a los servicios de Inteligencia que obtengan los datos, porque entonces podría usarlos" ante el tribunal, ha explicado, según recoge el diario italiano 'La Repubblica'. El magistrado ha matizado que son datos que proceden de Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de la Armada italiana, en particular de los dispositivos implicados en la misión europea bautizada como EUNAVFOR MED.

En este contexto, el fiscal italiano ha subrayado que el foco de la atención de esta investigación no es, en concreto, el conjunto de las ONG, sino los traficantes. Así, ha señalado que en algunas organizaciones, entre ellas Save the Children y Médicos Sin Fronteras (MSF), tienen entre sus filas "perfiles de dudosa relevancia" que no son, exactamente, "filántropos".

En febrero, el tribunal de Catania creó un grupo de trabajo para analizar los posibles lazos financieros entre los traficantes y las ONG. La semana pasada, Zuccaro aseguró ante la televisión estatal italiana RAI que las organizaciones están tratando de desestabilizar la economía del país trasladando a los inmigrantes a Italia.

El director de la misión del Mediterráneo Central de la ONG española Proactiva Open Arms, Gerard Canals, ya recordó recientemente que a pesar de que el barco 'Golzo Azzuro' con el que operan supone "una ayuda" para la Guardia Costera italiana, que gestiona los rescates que llegan desde el Mediterráneo, ésta --como otras organizaciones-- está "teniendo problemas con Frontex".

"Nos están vinculando con el tráfico de seres humanos, nos acusan de traficar con personas cuando son ellos los que nos dicen dónde hay que trasladarlos", lamentó Canals en una entrevista concedida en la cadena neoyorquina de televisión en castellano NY1 poco antes de recibir el Premio ALBA al Activismo de los Derechos Humanos, un galardón dotado con 100.000 dólares considerado de los más prestigiosos del mundo.

En este contexto, el fundador de Proactiva, Óscar Camps, recordó que la ONG es un "testimonio incómodo" porque ven la situación y denuncian los abusos de los Derechos Humanos.

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reforzar el control de las nuevas sustancias psicotrópicas y también más esfuerzos para recabar pruebas sobre la conexión potencial entre el narcotráfico y la financiación de grupos terroristas, crimen organizado y el tráfico de inmigrantes en el marco del nuevo plan de acción contra las drogas para el periodo 2017 y 2020, según ha informado Europa Press.

Se trata de algunas de las nuevas áreas prioritarias identificadas por el Ejecutivo comunitario en el nuevo plan de acción para reforzar la respuesta contra los nuevos desafíos emergentes para la salud y la seguridad vinculados al consumo de drogas y al narcotráfico, tras evaluar la estrategia contra las drogas de la UE que cubre el periodo 2013 y 2020 y el plan de acción para el 2013-2016.

Más de un tercio de los grupos criminales activos en la UE están implicados en la producción, tráfico o distribución de diversos tipos de droga, según la evaluación de Europol sobre el crimen organizado serio de 2017.

El mercado de las drogas sigue siendo un negocio de lo más lucrativo y dinámico. Los ciudadanos europeos gastan unos 24.000 millones de euros al año en drogas ilícitas, mientras que al menos 83,2 millones de europeos han consumido al menos una vez cannabis en su vida, 17,1 millones han consumido cocaína y 12 millones, anfetaminas y 1,3 millones de adultos consumen heroína, aunque el consumo de drogas están en general más extendido entre los jóvenes de entre 15 a 34 años (unos 17,8 millones consumieron el año pasado), según cifras del Ejecutivo comunitario.

Aumento de las muertes por drogas

Al menos 6.800 personas murieron de sobredosis en la UE en 2014. "Ha habido un aumento en las muertes relacionadas con las drogas desde 2013 y no se ha registrado una caída en el uso de las drogas", alerta Bruselas en su evaluación.

El Ejecutivo comunitario ve prioritario por ello reforzar el control y la vigilancia sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (NSP), que plantean enormes amenazas para la salud pública y que han crecido en los últimos cuatro años en el mercado, entre otros, facilitados por su comercio en Internet. También defiende sanciones alternativas a la cárcel para castigar el consumo de drogas.

Un total de 98 nuevas sustancias psicotrópicas fueron detectadas en 2015. En total, más de 560 nuevas sustancias son vigiladas en la UE, el 70% de las cuales apenas han sido detectadas en el mercado en los últimos cinco años.

El comisario del Interior, Dimitris Avramopoulos, ha alertado de que el consumo de drogas sigue siendo "un desafío considerable" que afecta a "millones de personas en Europa y en todo el mundo" y tiene un coste social, humano y económico "muy alto" y ha defendido que dado que se trata de un mercado en constante cambio "reducir el uso de las drogas y la demanda requiere una respuesta adecuada y eficaz, con acciones coordinadas, tanto a nivel de la UE y en los Estados miembro".

El nuevo plan de acción plantea acciones y objetivos precisamente "para atajar los nuevos desafíos para la salud y la seguridad del futuro", ha resumido.

La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación para la prevención del abuso de las drogas y campañas de concienciación especialmente dirigidos a los jóvenes para reducir el consumo es otra de las nuevas áreas prioritarias señaladas por el Ejecutivo comunitario en el nuevo plan, que debe ser aprobado por los Veintiocho y la Eurocámara. También piden medidas para los consumidores de mayor edad y comunidades vulnerables.

El Ejecutivo comunitario también plantea en el nuevo plan de acción la participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas para atajar el consumo y la demanda de las drogas, reforzar la capacidad de las delegaciones de la UE en el exterior para fomentar la cooperación contra el narcotráfico a nivel internacional y explorar nuevas formas de cooperar con países con un problema serio y analizar las políticas contra el consumo de cannabis y su impacto.

Las políticas restrictivas de la Unión Europea han provocado 1.600 devoluciones ilegales de refugiados e inmigrantes desde Hungría y Croacia a Serbia, según ha denunciado la ONG Save the Children, que ha alertado de que los niños sufren abusos y maltrato por parte de las fuerzas de seguridad a lo largo de la ruta de los Balcanes.

La organización ha señalado que al día se producen en la zona una media de 30 casos de devoluciones, las cuales ponen de manifiesto la falta de acceso por parte de los inmigrantes a las solicitudes de asilo.

El descenso de las temperaturas y la precaria situación en la que se encuentran los refugiados e inmigrantes ha provocado que la ONG habilite centros de acogida y ofrezca servicios de ayuda principalmente para los niños sin acompañantes, según informa Europa Press.

Casi la mitad de los refugiados que llegan a Serbia, un 46 por ciento, son menores, según la organización, que ha manifestado que el 20 por ciento de ellos han realizado el viaje solos. "La policía nos pegó, nos quitó la ropa y las botas y nos devolvió a Serbia", ha aseverado Aalem, un niño afgano de doce años.

En Miksaliste, el centro de ayuda de Belgrado, la capital de Serbia, Save the Children está trabajando junto a otras organizaciones benéficas para ofrecer la asistencia necesaria a los más afectados. Varios adolescentes han denunciado malos tratos por parte de la Policía en la frontera.

Aumento del peligro

"La crisis de refugiados no ha disminuido. Simplemente la ruta se ha vuelto mucho más peligrosa, especialmente para los niños. El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía ha dado a los contrabandistas un control más firme sobre un negocio enormemente rentable", ha señalado la portavoz de la ONG en Serbia, Jelena Besedic.

"Estamos observando cómo personas heridas por maltratos o por mordeduras de perros están siendo devueltas a Serbia", ha aseverado Besedic, que ha indicado que los refugiados e inmigrantes se ven forzados a permanecer en la clandestinidad, a menudo alentados por traficantes de personas.

La organización ha alertado de que cada vez resulta más complicado acceder a la población más afectada y ha resaltado que más de 1.000 personas continúan durmiendo a la intemperie en el centro de la ciudad, donde los refugios están desbordados.

La semana pasada, la ONG Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad de Croacia están obligando de forma violenta a decenas de solicitantes de asilo a regresar a Serbia sin ofrecerles la posibilidad de presentar reclamaciones.

Según Save the Children, los traficantes han generado un miedo al procedimiento oficial difundiendo falsas creencias e información errónea sobre el sistema de asilo para que los inmigrantes accedan con mayor fácilmente a sus redes de tráfico.

Medidas insuficientes

A pesar de que las autoridades serbias han puesto a disposición de los más vulnerables refugios temporales, la medida resulta insuficiente. Las ONG y los servicios sanitarios han registrado casos de congelación y enfermedades respiratorias provocadas por las bajas temperaturas y la humedad.

El Gobierno de Serbia ha solicitado a las organizaciones humanitarias que no repartan comida, ropa de abrigo y zapatos a los refugiados que están fuera de los centros oficiales, pues esto podría suponer la ocupación de edificios abandonados en Belgrado.

La organización ha solicitado un aumento de los fondos para crear refugios de emergencia y ha instado a las autoridades de Serbia a asistir y trasladar a los inmigrantes y refugiados que se encuentran a la intemperie.

Además, la ONG ha señalado que es necesario establecer rutas seguras y legales para la migración, apoyar la reunificación familiar, el reasentamiento, y los programas de becas para estudiantes.

Europa Press informa que la embarcación, que se hundió frente a Burg Rashid, una localidad de la provincia de Beheira, se dirigía a Italia con unas 450 personas a bordo, según varios testigos, a pesar de que la capacidad máxima era de unas 150 personas.

Desde entonces, las autoridades confirmaron el rescate de 164 personas, unos 117 egipcios y 43 inmigrantes de otras nacionalidades, según publicó el diario 'Al Ahram', que informó de que la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.

Después del hundimiento del barco, los supervivientes permanecieron en el agua durante unas siete horas antes de ser encontrados y rescatados. La Fiscalía egipcia ordenó la detención de las cuatro personas que viajaban con los inmigrantes por posibles delitos de tráfico de personas.

Durante los últimos años, miles de refugiados e inmigrantes han intentado cruzar el Mediterráneo a través de Egipto con la esperanza de encontrar trabajo y tener una mejor calidad de vida en Europa. Según las autoridades, muchos de ellos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad egipcias.

La Policía Nacional detuvo a dos personas en Madrid y otras seis en Murcia de una organización que captaba a mujeres nicaragüenses con la promesa de trabajar en servicio doméstico en España a las que, una vez aquí, explotaba laboralmente y obligaba a mantener relaciones sexuales con los cabecillas de la organización, informó Europa Press.

Los detenidos, entre los que figura el cabecilla de la trama, habrían llegado a explotar a un total de 185 personas, 44 de las cuales serían víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y 75 habrían contraído deudas con las organización a través de préstamos usureros. Además, un total de 45 personas habrían sido explotadas sexualmente y aparecen en vídeos de contenido sexual intervenidos en la operación.

La organización proporcionaba billetes y documentación a las mujeres para llegar de forma fraudulenta a España como turistas a cambio de contraer una deuda que las víctimas avalaban con sus únicas posesiones, incluida su vivienda, y que, según la Policía, "se incrementaba progresivamente hasta hacerse, en ocasiones, imposible de pagar" y que a partir del octavo mes llegaba a un interés del 10% mensual.

"Dicha situación obligó a algunas de las víctimas a mantener relaciones sexuales con el cabecilla de la organización, quien a cambio prometía rebajar su deuda", explican los responsables de la operación.

Además, los encuentros eran presuntamente grabados por los detenidos, de forma que las mujeres que accedían a mantener relaciones sexuales a cambio de una reducción de la deuda después eran amenazadas con la publicación de los vídeos si no pagaban "lo que debían".

Las mujeres víctimas de la organización eran obligadas también a vivir en inmuebles alquilados por los cabecillas y por los que pagaban 70 euros semanales por convivir compartiendo habitación con varias personas "en unas deplorables condiciones higiénicas y de hacinamiento" que además hacían que su deuda "se incrementara continuamente".

"El máximo responsable controlaba a las víctimas de forma obsesiva, aconsejándoles que no se fiasen de nadie salvo de él, obteniendo copias de todos los documentos de las víctimas e incluso exigiéndoles los pasaportes originales para asegurarse así de que pagarían su deuda y llegando, incluso, a abrir su correspondencia sin su consentimiento", explica la Policía.

La investigación comenzó gracias a una llamada confidencial al teléfono gratuito contra la trata de seres humanos (900 10 50 90) que alertó a la Policía de las actividades de una persona que, presuntamente, se estaría dedicando a traer mujeres desde el país iberoamericano para trabajar en el servicio doméstico a cambio de dinero.

Las pesquisas de la Policía sirvieron para comprobar la veracidad de los hechos e identificar a posibles víctimas de la organización para su protección además de a los responsables del delito, que fueron detenidos y puestos a disposición judicial, que llevarían actuando de esta forma desde 2009.

Durante el registro practicado en el domicilio en Murcia del principal investigado, los agentes incautaron numerosos dispositivos electrónicos que contenían material pornográfico consistente en imágenes de relaciones sexuales que el propio detenido mantenía con chicas –entre ellas las de al menos 19 víctimas de trata, de las traídas por la organización para trabajar en el servicio doméstico– y que habían sido obtenidas sin su consentimiento. Entre el material intervenido, los agentes encontraron imágenes en las que el responsable de la organización aparece abusando sexualmente de alguna de sus víctimas.

El último informe al respecto elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), advierte de que las "cifras oficiales sólo constituyen la parte visible del fenómeno", mientras que "las cifras reales sean mucho más elevadas". El documento denuncia además el aumento de la impunidad ante este fenómeno, y lo avala con datos: sólo cuatro de cada diez países comunicaron –entre 2010 y 2012– el registro de diez o más fallos condenatorios por año, y casi el 15% no había registrado ninguno en absoluto.

En España, la información más reciente publicada por el Ministerio del Interior respecto al año 2015 [consultar documento aquí] evidencia la disparidad de las cifras. A lo largo del pasado año las autoridades efectuaron 3.007 inspecciones administrativas y detectaron a 13.879 personas en situación de riesgo. Las detenciones por trata de seres humanos fueron de 152, y el número de detenidos por explotación sexual fue de 319. Respecto a las víctimas, fueron identificadas 133 por trata de seres humanos, y 650 por explotación sexual, sumados a los 22 menores que fueron registrados como tal.

En relación a la trata con fines de explotación laboral, fueron detectadas 10.835 personas en situación de riesgo. Un total de 79 fueron detenidos por trata en este ámbito, y 267 por explotación laboral, mientras que las víctimas atendidas fueron 134 por trata y 676 por explotación.

Ante este panorama, infoLibre ha consultado con diversas expertas cuáles son las demandas actuales de las organizaciones especializadas en la lucha contra la trata de personas.

1: Ley Integral contra la tratA

La abogada Gema Fernández, miembro de la organización Women's Link Worlwide, que busca perseguir delitos de trata desde una perspectiva legal, repasa en conversación con este diario los pasos en España hasta la legislación vigente. "Lo primero que se hizo fue modificar la Ley de Extranjería en el 2009", de modo que la trata era entendida como un problema que afectaba "únicamente a extranjeros extracomunitarios", recalca la experta. Tras las demandas de las asociaciones, continúa, "se añadió una salvedad a la ley, de modo que se aplicara también a los ciudadanos de la Unión Europea".

Fernández reconoce que la evolución desde entonces "ha sido significativa". A su juicio, "se ha ido avanzando, pero sigue habiendo grandes lagunas, retos y cuestiones problemáticas". Con ella coincide Rocío Mora, coordinadora de Apramp, asociación que trabaja para prestar asistencia integral a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Mora considera que, respecto a la trata con fines de explotación sexual, "se han producido muchísimos avances, pero hay que seguir avanzando".

Para ello, las expertas consultadas señalan a un cambio fundamental. Consideran que un Plan integral, como el existente hoy día, no es suficiente, sino que es necesaria una Ley integral que contemple esta lacra. "Es primordial una Ley que perdure en el tiempo, que no sea sólo un objetivo de partido político, sino un mandato que tratara de aplicar las medidas necesarias" sin fecha de caducidad, sostiene Mora. El plan desarrollado por el Gobierno de Mariano Rajoy cuenta con una serie de herramientas en la lucha contra la explotación, pero se trata de una acción finita: estará vigente sólo hasta el 2018.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, coincide con la tesis de sus compañeras, que asume como la "posición defendida por la mayor parte de las asociaciones. La experta añade, además, la pretensión de "una nueva legislación europea en la que se perfecciones la lucha" contra la explotación de personas.

2: Contemplar todo tipo de explotación

El informe mundial de la Unodc incide en la mayor frecuencia con la que se detectan otras formas de explotación, además de la sexual. Menciona la trata con fines de trabajo forzoso, "una amplia categoría que incluye, por ejemplo, los sectores de fabricación, limpieza, construcción, restauración, trabajo doméstico y producción textil, que ha aumentado de manera incesante en los últimos años".

Gema Fernández y Rocío Mora van más allá. Ambas expertas recuerdan otros tipos de explotación, como la mendicidad forzosa o el tráfico de órganos. "Nos preocupa un poco el foco exclusivo en la explotación sexual", observa Fernández, quien entiende que el resultado es la "segmentación de la realidad de la trata, poniendo parches aquí y allá en lugar de abordarla de manera integral y holística". Mora señala igualmente la necesidad de que la Ley "aborde e implique un enfoque integral de todas las formas".

Este foco tendría, además, que incluir a todas las víctimas, "mayores, menores, extranjeras, europeas, españolas...", continúa Fernández, que no resta importancia a la protección de género, pero que a su vez rechaza "los parches a la protección de las víctimas".

3: Equipos multidisciplinares para la identificación

Gema Fernández incide en la importancia del trabajo y la formación para identificar a las víctimas. "Sí que existe más o menos un consenso en sus derechos, pero la cuestión de a quién se considera víctima de trata, que es como la puerta de acceso a todos esos derechos, no está tan clara", relata la abogada.

Denuncia la "disparidad" en cuanto a la fase de identificación, y recalca que "se está identificando al 10% de las víctimas". El motivo, señala, "que es competencia exclusiva de la Policía Nacional". Fernández apunta Italia como ejemplo de buena praxis, "donde existe un equipo multidisciplinar compuesto por una abogada, miembros de organizaciones no gubernamentales, una psicóloga... y están mucho más preparados", remacha.

En España "las autoridades pueden colaborar con las asociaciones, nos pueden escuchar, pero es tan sólo una opción y no siempre ocurre", remata. Rocío Mora coincide con su compañera al demandar un "enfoque multidisciplinar y proactivo" en cuanto a la identificación de las víctimas.

4: Mayor incidencia en la infancia

El documento elaborado por la Unodc aborda asimismo el aumento de la trata de niños a nivel mundial. "En todo el mundo, los niños representan actualmente casi una tercera parte de las víctimas de trata detectadas", señala, de las cuales dos de cada tres son niñas. 

Para Rocío Mora, las medidas destinadas a las menores "tienen que seguir unas pautas muy contundentes". En esta línea, considera que "los niños y niñas víctimas de trata no pueden ser considerados como menores no acompañados, sino como víctimas de trata, y como tal deben tener una serie de recursos centrados en ellos, porque son especialmente vulnerables y eso es algo a tener muy en cuenta". 

La experta destaca que, "cuando se pone el foco en un menor, ese bien superior del menor tiene que ser una medida que se tome de inmediato y que sea duradera". Es necesaria, en este contexto, una asistenta que englobe todas las etapas, "desde que son detectados hasta que son reinsertados".

Existe, además, otra problemática en cuanto a las jóvenes adolescentes. "Se las identifica como mayores de edad cuando realmente son menores a las que les corresponde una protección reforzada", señala Gema Fernández. Por otro lado, "los bebés o niños de corta edad hijos de víctimas" también suponen una particularidad que requiere de actuaciones rotundas, porque a día de hoy "las autoridades están fallando en identificar y ver el problema", considera Fernández. "Los niños son usados para extorsionar a las madres, y a veces los sistemas de protección llevan a medidas que no son garantistas, como la retirada de los menores por parte de los Servicio Sociales", lamenta la letrada.

5: Incremento de la protección

En cuanto a la fase de protección de las víctimas y a las medidas enfocadas a garantizarla, las expertas también sugieren una serie de mejoras. "Es fundamental el apoyo de personas que hayan pasado por esa misma situación y que les cuenten el proceso y las acompañen en él, de forma que la víctima vea qué alternativas tiene a su lado", entiende Rocío Mora.

La coordinadora de Apramp denuncia que "si sólo s persigue el delito y no se da asistencia integral, la víctima no va a colaborar", de modo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, porque "no sabe qué realidad es la que le espera y no va a seguir ningún proceso de ayuda". 

Por ello, reclama la experta, es imprescindible una protección integral que englobe "planes sanitarios, jurídicos y sociales desde el primer momento, antes de tener en cuenta si va a colaborar o no", zanja.

6: Cambio de perspectiva y concienciación

Para que las demandas abanderadas por las asociaciones sean realizables, no obstante, es imprescindible un cambio de perspectiva por parte de las autoridades y de la sociedad civil. Gema Fernández critica que "a la hora deanalizar la legislación y la práctica, vemos que el enfoque aplica una visión sesgada, porque les interesa la persecución del delito". El marco habitual es, según la abogada, que las víctimas "sean vistas como migrantes en situación irregular que deben ser deportadas".

Y en este sentido, sucede que "el asilo para las víctimas de trata es prácticamente inexistente", continúa. "No se les concede el estatuto de refugiada a prácticamente ninguna porque la trata se entiende como un delito pero no como una forma de persecución".

El cambio de perspectiva vendrá, consideran las expertas, con una mayor participación de las organizaciones en todas las fases, de forma que exista además una coordinación con toda la sociedad civil. Rocío Mora apuesta por "visibilizar una realidad que no todo el mundo entiende: si el ciudadano ve claro qué indicadores le marcan que una mujer está siendo esclavizada, se pondrá en contacto con organizaciones especializadas, porque no es un problema, es un delito internacional reconocido y aquella persona que mira hacia otro lado es cómplice de un delito".

Para Mora, el mensaje fundamental que urge propagar este 30 de julio es claro: "Una mujer no puede ser esclava sexual, en pleno siglo XXI no tiene que existir la esclavitud".

El Ministerio del Interior de Níger ha anunciado este miércoles que las autoridades localizaron la semana pasada los cuerpos de 34 migrantes, entre ellos 20 niños, en una zona desértica cercana a la frontera con Argelia, según ha informado la emisora Radio France Internationale.

El titular de la cartera, Bazoum Mohamed, ha indicado que todos ellos habrían muerto de sed tras ser abandonados por el traficante de personas encargado de llevarles hasta la frontera con el país árabe. Asimismo, ha dicho que entre los catorce adultos hay nueve mujeres y cinco hombres

En su comunicado, el Gobierno ha detallado que los cuerpos fueron localizados cerca de la localidad de Assamakka, el único paso fronterizo oficial entre ambos países, tal y como ha recogido la cadena de televisión británica BBC.

Níger es parte de una de las principales rutas de migraciónmigraciónentre África subsahariana y Europa, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que unas 120.000 personas atravesaron la región nigerina de Agadez durante 2015.

Un tribunal turco ha condenado este viernes a cuatro años de prisión a dos ciudadanos sirios por la muerte de cinco personas en el naufragio de una embarcación, incluido el pequeño Aylan Kurdi, cuya imagen fallecido en la playa causó una ola de indignación internacional por el drama de los refugiados.

El niño de tres años falleció en una playa de Turquía junto a su hermano (de cinco), su madre y varios inmigrantes más cuando intentaban llegar a bordo de una embarcación hasta la costa de Grecia.

Según informa la agencia de noticias turca Dogan y recoge Europa Press, los dos ciudadanos sirios han sido condenados por tráfico de personas a cuatro años y dos meses de prisión por tráfico de personas y han sido absueltos del cargo de causar la muerte de los refugiados por una negligencia consciente.

Desde la muerte de Aylan, la Unión Europea ha afrontado una creciente crisis por la gestión de la llegada de cientos de miles de personas de Siria y de otros países en conflicto, una crisis que amenaza a la unidad del bloque comunitario.

Elogiada por acoger a unos 2,5 millones de refugiados de Siria, Turquía, que es candidata a acceder a la Unión Europea, está siendo presionada para que frene a los inmigrantes y refugiados que intentan llegar desde sus costas a Grecia.

Solo en los dos primeros meses de 2016, según las estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 130.000 inmigrantes y refugiados han llegado a Europa cruzando el Mediterráneo. En la travesía hasta alcanzar el viejo continente han perdido la vida en este periodo al menos 417 personas.

Lo malo es cuando estás solo. Un padre solo con un hijo único. El niño no sabe estar sin hacer nada y quiere el móvil para jugar. El padre (o la madre) se siente entonces mal padre (no sabe entretener a su hijo, que es el mayor pecado, mucho peor que no saber educarlo) y lo que es aún más mezquino: se conoce y sabe que tendrá celos. El padre, quiero decir, tendrá celos del niño. Ambos enamorados de la misma pantalla.

Porque si el padre cede el móvil, ya sabe lo que le espera: será él quien se aburra y no pueda pasar ese rato actualizando una y otra vez su TL, su Facebook, sus whatsapps, su gmail. El padre no tendrá forma de sentirse importante/conectado/buscado/vivo. El hijo, además, ignorará los whatsapps que lleguen y el padre sabe, lo siente en los huesos, que cuando el niño tenga el móvil los mensajes no serán del grupo del colegio (necesito un disfraz de gato/qué día hay extraescolares/sois ya del club de las malas madres/la tutora parece una bruja) sino de la gente que (le) importa.

Ya ha pasado otras veces y el niño, para torturar al padre, lee en alto, sólo, los mensajes que no son aptos para menores:

– Eva que si puedes dormir en su casa mañana. Ha escrito mal mañana, lo ha escrito sin “ñ”. Mañana no puedes, que estás conmigo.

– Carlos, que te acuerdes de su fiesta. Es hoy. También le digo que no puedes.

– Kandinsky. El mensaje de Kandinsky no lo entiendo. No sé por qué quieres tanto a Kandinsky, la verdad.

Al padre no le gusta el mote que su hijo ha puesto a Kandinsky, pero se le ha pegado. Kandinsky, el del móvil y el pintor ruso, es imprescindible. Y entonces, inspirado, el padre propone un pacto (el móvil se guarda y no es para nadie) e inventa un juego. 

El niño protesta, protesta, protesta.

Y el padre no cede. El juego se llama “prueba de atención” y aprovecha el presente, el viaje en autobús, la paz.

“A ver, tenemos que fijarnos los dos y encontrar…”

– El anuncio de la peli que vimos ayer y el de la que vamos a ver esta semana en alguna parada de autobús.

– Una bici que vaya por la acera (“¡Pero si no se puede!”). Da igual, siempre hay bicis que van por la acera.

– Tres perros. Y aquí, variamos según el barrio. En Malasaña buscamos dos galgos (adoptados) y un perro cualquiera. En los barrios del norte (Chamartín, Salamanca), un teckel, un Beagle y un perro sin la bandera de España en la correa (“¿Por qué llevan la bandera en la correa?” No lo sé, no lo entiendo yo tampoco).

– Una adolescente que no lleve shorts vaqueros (esta prueba puntúa doble).

– Un señor con sombrero (“¡Pero si es de noche!”). Un señor con sombrero.

– Un hombre con bermudas rosas y una mujer con camisa amarilla (cuanto más improbables los colores, más puntos).

– Una pareja discutiendo (no falla, siempre hay una pareja discutiendo. Y el padre se plantea si el hijo se volverá un escéptico, pero no hay riesgo: cuando el hijo esté en edad de discutir con su pareja, habrá una app para evitarlo. Para evitar las discusiones o para evitar el amor; o, mejor, para evitar el deseo de estar enamorado y la necesidad de sentirte deseado y acompañado).

– Un chico (no valen mujeres, que es más fácil) leyendo (no vale, tampoco, si es un libro de texto). “Imposible”. Que no, que yo ayer vi a un chaval leyendo Ébano, de Kapuscinski. “¿De Kandinsky?”. Nooo.

– Alguien (da igual la edad, el sexo, el color de pelo) que no tenga ninguna carta que escribir sobre Cataluña, que no tenga una certeza sobre esa nueva frontera (“yo”, dice el niño; “y tú”. No, nosotros no valemos).

Los primeros días el niño se frustra. No distingue las razas de perro, y pierde. Ve desde más abajo, y pierde. No entiende el nacionalismo, y pierde. Tiene síndrome de abstinencia del móvil, y pierde.

Pero luego el niño empieza a ver y ve más que nadie. Ve, desde luego, muchísimo más que el padre. Ve tanto que, en el autobús, distingue, en el Twitter de otro pasajero, la foto de otro niño, más pequeño, muerto en la playa.

Con esa foto se acaba el juego y viene el ruido. Lo que antes eran murmullos ahora es un clamor: los pasajeros del 40 gritan ofreciendo sus casas a los refugiados sirios (¿sólo a los sirios?).

La gente quiere ayudar y no saben dónde, ni cómo.

– ¿A quién hay que decirle que en casa tenemos un cuarto para un niño sirio, de tres años, un niño al que no hayamos ahogado, un niño que no se vaya a ahogar nunca?

– ¿Dónde nos apuntamos?

– Es un cuarto sin dolor, aunque nosotros también tenemos miedo.

Eso escuchaba el padre en el autobús esta semana en la que los niños de la ciudad vuelven a sus mochilas, sus legañas y sus nervios. Y es que esta semana, los autobuses se han vuelto a llenar de uniformes.

Los colegios concertados y privados obligan a los niños a llevar pantalones y a las niñas a llevar falda, siempre de tela inexplicablemente sintética, incomprensiblemente incómoda. Los niños aún no saben que el algodón no pica; las niñas sí saben que preferirían llevar pantalones. Han vuelto los autobuses escolares y el tráfico se ha parado otra vez, otra eternidad, hasta el verano; han subido los precios y ni siquiera han llamado de El Corte Inglés para recoger los libros de texto.

Pero en Madrid esta semana no se oyen quejas: estos niños uniformados, estos niños nuestros, son niños vivos. 

P.D.: hay dos películas españolas en la cartelera que merece la pena ver. “Un día perfecto”, de Fernando León de Aranoa, y “Anacleto”, de Javier Ruiz Caldera. Dos formas inteligentes de reírse sabiendo que vivir es doloroso.

Aunque en un primer momento se barajó la cifra de entre 20 y 50 personas, el Gobierno austríaco ha anunciado que serían más 70 los inmigrantes y solicitantes de asilo hallados muertos, según ha indicado el portavoz del Ministerio del Interior, Alexander Marakovits, a la agencia oficial APA.

Según el diario Krone, el camión estaba aparcado en el arcén y fueron los empleados del servicio de la autovía quienes lo localizaron, aunque se cree que llevaba allí bastante tiempo. Tras alertar a la policía, los agentes hicieron el macabro hallazgo. Las autoridades austríacas tienen la sospecha de que las personas podrían haber muerto antes de llegar al país ya que el camión fue visto el miércoles cerca de Budapest.

Este mismo diario señala que serían en concreto 71 los fallecidos, entre los que hay hombres y mujeres pero no niños. Ahora está previsto que los cuerpos sean trasladados al instituto forense en Viena una vez completada la investigación.

El camión fue trasladado el jueves por la tarde a un antiguo puesto fronterizo veterinario en Nickeldorf, donde se procedió a la extracción de los cadáveres. "Mis compañeros han estado toda la noche trabajando y han recuperado los cuerpos", ha indicado este viernes el portavoz policial Helmut Marban a APA.

Por su parte, la ministra del Interior, Johanna Mikl-Leiner, no dudó en hablar de "día negro" y asegurar que "esta tragedia nos afecta a todos". "Los traficantes de personas son criminales. Y quien ahora todavía siga pensando que son apacibles personas que ayudan a huir, esto no les va a ayudar", añadió.

La ministra subrayó que lo ocurrido ha puesto de manifiesto "los métodos despreciables de la mafia de traficantes en toda su fealdad en Austria". Asimismo, defendió "tolerancia cero" hacia los traficantes de personas que "deberían estar entre rejas".

Igualmente, consideró necesario que la UE actúe para poner fin al tráfico de personas y pidió "una rápida decisión acerca de quién es un refugiado que huye de la guerra y quién es un inmigrante por razones económicas".

Desde Berlín, la canciller alemana Angela Merkel reconoció que todo el mundo está "conmocionado" por la noticia. "Esto nos recuerda que debemos afrontar rápidamente la cuestión de la inmigración y en un espíritu europeo, es decir en un espíritu de solidaridad, y encontrar soluciones", añadió.

Búsqueda del conductor

Según informó el jefe de gabinete del primer ministro de Hungría, Janos Lazar, el vehículo tenía matrícula húngara y la policía del país se encuentra trabajando con la austríaca para localizar al conductor.

Lazar aprovechó nuevamente para criticar a la Unión Europea por no ser capaz de controlar la entrada de inmigrantes y solicitantes de asilo. "Los acontecimientos de los últimos días (...) han demostrado que la UE es incapaz de defender sus fronteras", afirmó en rueda de prensa.

Hungría ha registrado un considerable incremento en la llegada de refugiados e inmigrantes a su territorio hasta el punto que el Gobierno, liderado por el conservador Viktor Orban, aprobó la construcción de una valla en su frontera con Serbia para intentar frenarlas. Asimismo, ordenaron desplegar al Ejército en la frontera para controlar la situación.

Otros casos

La Policía había informado previamente, según Krone, de que el martes se habían apresado tres camiones en la localidad de Bruck an der Leitha. En uno de ellos viajaban 34 inmigrantes y refugiados que habían cruzado la frontera.

Los supervivientes, entre los que había diez niños, relataron que "apenas tenían aire para respirar" en el interior. Pese a sus ruegos, el conductor les ignoró y siguió conduciendo sin descanso desde la frontera de Serbia hasta Austria. Esto supone que habrían cruzado en su viaje también Hungría.