El Consejo de Administración de Indra ha elegido a Ángel Simón, ex consejero delegado de Criteria, como presidente de Indra, con funciones no ejecutivas, en sustitución de Ángel Escribano, según ha comunicado en la madrugada de este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, será el primer ejecutivo de la sociedad. Ángel Simón ha sido elegido consejero con la calificación de otro externo.

Todo ello se ha producido previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, tal como se acordó en el Consejo de Administración, de carácter extraordinario, que se celebró ayer y en el que Ángel Escribano presentó su dimisión.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) propuso que su sustituto fuera Ángel Simón e Indra ha pasado la comunicación a la CNMV a las tres y media de la mañana de este Jueves Santo.

La dimisión de Escribano se produjo este miércoles dos semanas después de que la SEPI pidiera a Indra que resolviera el "conflicto" de interés que existía en la operación que estaba negociando con EM&E, propiedad de Ángel Escribano y de su hermano Javier al 100%.

Tras esta petición, EM&E renunció a la operación.

La SEPI es el principal accionista de Indra con casi un 30% y Escribano el segundo, con algo más de un 14%.

El pasado 25 de marzo, se celebró un consejo de administración de carácter ordinario en el que se especulaba con la posible salida de Escribano de la presidencia de Indra, la cual no se produjo.

Escribano adujo en una carta que mandó ayer a la CNMV que dimitía porque no podía permitir que su continuidad en el cargo pudiera interferir en la estabilidad de la compañía.

Todo ello pese a sus reticencias iniciales a abandonar el cargo, ya que consideraba que tenía el apoyo del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas.

Las funciones no ejecutivas de Ángel Simón coinciden con las que se le dieron inicialmente a Marc Murtra, antecesor de Ángel Escribano en el cargo, cuando relevó a Fernando Abril Martorell en 2021, que sí las tenía.

Por aquel entonces, el consejo de administración de entonces justificó que apoyaba el relevo de Martorell en que el "adecuado desempeño de los cometidos" en Indra requería que en todo momento contara con la plena confianza de su principal accionista" (SEPI) dado que era el principal cliente de Indra y sus decisiones tienen un impacto relevante en su negocio.

SEPI es la que había propuesto entonces el relevo de Martorell por Murtra.

En 2024, Murtra asumió funciones ejecutivas en la compañía, en el ámbito corporativo e industrial, que ejerció en coordinación con el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Ahora, de los Mozos vuelve a ejercer las funciones de primer ejecutivo.

La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos encara el cierre de 2025 en una situación de extrema sensibilidad institucional. El actual presidente de la compañía, Pedro Saura, que aterrizó en el cargo tras su etapa como secretario de Estado de Transportes en el equipo de José Luis Ábalos —un periodo que los últimos informes de la UCO han vuelto a situar en el radar de sus pesquisas sobre la gestión de obra pública—, tiene ante sí la tarea de reflotar una entidad cuya salud financiera es hoy una anomalía en la Unión Europea.

La situación de su matriz, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tampoco invita a la calma. Tras la detención este mes del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, junto a Leire Díez, exresponsable de Relaciones Institucionales de la compañía, Correos se ha convertido en un escaparate que trasciende lo meramente económico. 

El PP ha solicitado al Gobierno una auditoría interna de todos los contratos, adjudicaciones de suministros y operaciones inmobiliarias gestionados durante la etapa de Díez en la entidad. Sin embargo, más allá del ruido político, las cifras de 2024 confirman que el problema de Correos es, ante todo, una crisis de modelo: el gigante español es el último gran operador estatal que no ha logrado transformar su red en un motor de ingresos.

El declive del negocio tradicional de las empresas postales es un fenómeno global que está forzando decisiones históricas. Según los últimos datos de la CNMC, el envío de cartas en España ha sufrido un desplome acumulado del 64% en la última década. Es una agonía que ya ha llevado a otros países a medidas drásticas: en Dinamarca, la operadora PostNord está a punto de repartir su última carta tras 400 años de historia, tras la decisión del Gobierno de abolir el servicio postal universal por su insostenibilidad económica.

En España, la situación se traduce en un déficit que se ha vuelto estructural. Según los balances auditados del ejercicio 2024, Correos registró un resultado neto negativo de 458,5 millones de euros, más de 1,4 millones perdidos al día. Hay un matiz a la cifra: la dirección ha ejecutado un "saneamiento" de balance mediante una provisión extraordinaria de 428 millones de euros destinados al plan de salidas voluntarias de personal. Sin el ajuste, las pérdidas hubieran sido de 138 millones. Este movimiento busca reducir una estructura de costes donde el gasto en personal— con más de 50.000 trabajadores, la mayor plantilla del sector empresarial público — supera los 2.000 millones de euros al año.

Pero es cierto que mientras España fía su futuro a recortes de plantilla e inyecciones de la SEPI, sus vecinos han encontrado la senda de la rentabilidad manteniendo el carácter público del servicio. Al observar los resultados de 2024, la brecha es sangrante.

La clave del éxito en Italia y Francia no ha sido la privatización, sino la diversificación financiera. Poste Italiane batió récords en 2024 no por repartir cartas, sino porque su división de seguros, banca y energía ya aporta el grueso de su rentabilidad. Lo mismo ocurre con La Poste en Francia. Su brazo bancario, La Banque Postale, es hoy el pulmón que permite al grupo público financiar el mantenimiento de su red de oficinas rurales sin que suponga un agujero para el contribuyente.

En el otro extremo se sitúan los países que han apostado por la escala logística global. El Estado alemán, que mantiene un 17,73% en DHL Group a través del banco público KfW, ha visto cómo su antigua operadora de correos se transformaba en una multinacional logística que factura miles de millones en mercados internacionales, dejando el correo doméstico como una división secundaria.

Incluso en modelos de privatización total, como el de CTT en Portugal, la creación de una entidad financiera (Banco CTT) ha sido la llave para presentar un beneficio de 45,5 millones de euros en 2024, cumpliendo a la vez con las obligaciones del servicio postal universal. España, por el contrario, se ha quedado en una "tierra de nadie": una empresa con obligaciones de servicio público masivas pero sin las herramientas de ingresos financieros que sostienen a sus homólogos europeos.

Esta falta de diversificación no es solo una preocupación de despacho; es el núcleo de la estrategia que los representantes de los trabajadores exigen para detener la sangría financiera. Los sindicatos mayoritarios han condicionado la estabilidad de la compañía a un cambio de rumbo que las centrales definen como la implantación de un “modelo de servicio postal público según el modelo francés”.

En este sentido, el acuerdo suscrito por Correos y CCOO a finales de 2024 no solo abordó hitos laborales como la implantación de la jornada de 35 horas, sino que blindó el compromiso de la empresa para asegurar la sostenibilidad económica mediante una diversificación real del negocio. El pacto recoge explícitamente el despliegue de nuevos “servicios económicos” que permitan aprovechar la red de oficinas para compensar el desplome del mercado tradicional, un reclamo que comparte parte de la plantilla.

Pedro Saura ha intentado recoger el guante, y anunció el año pasado su intención de lanzar una banca con "los valores de la Caja Postal", buscando recuperar ese papel de entidad financiera de referencia para la población. Sin embargo, la ambición ha chocado con la realidad regulatoria: debido a la complejidad de obtener una ficha bancaria propia, Correos no podrá crear un banco al uso y tendrá que conformarse con una entidad de pagos digitales.

Esta limitación técnica supone un jarro de agua fría para quienes esperaban una verdadera "Banque Postale" a la española. Aunque la entidad de pagos permitirá gestionar cobros, transferencias y tarjetas, carece de la capacidad de captación de depósitos o concesión de créditos que ha hecho de sus homólogas europeas gigantes rentables.

La aerolínea Plus Ultra ha vuelto al foco público tras la detención de su dueño y de su consejero delegado, que ya han sido puestos en libertad con medidas cautelares, en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, una causa que dirige el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y que se mantiene bajo secreto. 

La investigación se centra en el uso posterior de los fondos públicos recibidos por la compañía en 2021 y no cuestiona la legalidad del rescate aprobado entonces por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que ya fue investigado y archivado judicialmente. Más allá de esta percha de actualidad, los datos oficiales permiten medir cuál era el peso real de Plus Ultra en el sistema aéreo español cuando fue considerada una empresa estratégica.

Según las estadísticas oficiales de AENA, en 2021, el año en el que el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea, el conjunto del sistema aeroportuario español movió 119,9 millones de pasajeros. De ese total, solo 34.878 viajaron con Plus Ultra. La cifra equivale al 0,03% del tráfico total: tres de cada diez mil pasajeros.

Ese volumen deja a la aerolínea fuera de los rankings anuales de compañías con más pasajeros que publica el Ministerio de Transportes, tanto en el listado general como en el específico de rutas entre España y países extracomunitarios. En esos informes sí figuran de forma recurrente otras aerolíneas comerciales que también recibieron apoyo público durante la pandemia.

El contraste es especialmente visible si se compara con el resto de aerolíneas comerciales que accedieron al fondo de rescate gestionado por la SEPI. Air Europa, Volotea y Air Nostrum aparecen de forma sistemática en los rankings de AENA por volumen de pasajeros, tanto en el tráfico total como en segmentos específicos del mercado. Plus Ultra, en cambio, no figura en esos listados, pese a haber sido considerada estratégica para la economía española en el momento de la concesión de la ayuda pública.

Los datos muestran que el tráfico de Plus Ultra creció en términos absolutos tras la pandemia, en línea con la recuperación general del sector aéreo, pero su peso relativo se mantuvo en niveles muy bajos en comparación con el conjunto del mercado.

En 2022, la aerolínea transportó 229.454 pasajeros, lo que representó el 0,09% del total. En 2023 y 2024, el porcentaje se situó en torno al 0,11%, y en 2025, según los datos disponibles (que llegan hasta noviembre), alcanzó el 0,12%, con algo más de 345.000 pasajeros frente a casi 300 millones en el conjunto del sistema aeroportuario español. En ningún ejercicio analizado Plus Ultra superó el umbral del 0,15% del tráfico total, lo que explica su ausencia continuada de los listados de las principales aerolíneas del mercado español.

El rescate de Plus Ultra se aprobó en marzo de 2021 en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia para sostener compañías que atravesaran dificultades de carácter temporal derivadas del impacto de la pandemia de covid-19 y que fueran consideradas relevantes para el tejido productivo. En el caso de la aerolínea, el Gobierno argumentó la necesidad de preservar la conectividad aérea entre España y Latinoamérica y evitar una mayor concentración del mercado.

La concesión de la ayuda fue denunciada por PP, Vox y el pseudosindicato Manos Limpias y dio lugar a una investigación judicial que se prolongó a lo largo de casi dos años, durante los cuales uno de los pagos del rescate fue suspendido y posteriormente desbloqueado al no hallarse indicios de delito. Esa causa quedó archivada en enero de 2023, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid —y antes del Tribunal de Cuentas—, sin que los tribunales apreciaran indicios de delito ni irregularidades en la actuación de la SEPI o de la compañía. La investigación actualmente en curso es distinta y se centra en un presunto blanqueo de capitales relacionado con el uso posterior de los fondos, no en la legalidad del rescate ni en los criterios que llevaron a su concesión.

En su propia información financiera, Plus Ultra reconoce que arrastraba pérdidas acumuladas antes de la pandemia, derivadas en buena medida de sus primeros años de actividad y del retraso en la obtención de licencias y certificaciones. La compañía sostiene, no obstante, que en 2020 se encontraba en fase de consolidación, con previsión de resultados positivos, y que fue el impacto del covid —especialmente intenso en el tráfico de larga distancia con Latinoamérica— el que truncó esa evolución.

Ese argumento fue el que permitió encajar el rescate en el marco legal del fondo, que exigía que las dificultades fueran temporales y consecuencia directa de la pandemia, y no de una crisis estructural previa.

Las cuentas más recientes de la aerolínea muestran que, a cierre de 2024, el importe pendiente de los préstamos concedidos por la SEPI seguía siendo de 53 millones de euros, sin amortización del principal. La compañía sí ha venido abonando los intereses conforme al calendario pactado, con pagos acumulados cercanos a los cinco millones de euros.

En ese mismo documento, Plus Ultra identifica el impacto reputacional del rescate público y las investigaciones que lo rodean —que califica como “una campaña de ataque y desprestigio desplegada por un determinado sector político”— como uno de sus principales riesgos operativos y subraya que el proceso de concesión contó con informes favorables de consultoras y autoridades públicas, y que su investigación por posible desvío de fondos públicos fue archivada. 

La investigación judicial en curso ha reactivado el foco sobre las conexiones internacionales de algunos de los implicados en el caso Plus Ultra y, en particular, sobre Venezuela. Según la documentación remitida por autoridades francesas y suizas a la Fiscalía Anticorrupción, y a la que ha tenido acceso El Periódico, parte de las pesquisas apuntan a una presunta red de blanqueo de capitales a gran escala vinculada a fondos de origen venezolano, incluidos recursos procedentes de actos de malversación atribuidos a funcionarios públicos de ese país. En la causa se investiga si el rescate concedido por la SEPI pudo utilizarse para devolver préstamos a sociedades radicadas en el extranjero, en una operativa que estaría siendo analizada como posible blanqueo.

Las diligencias parten de investigaciones abiertas en Francia y Suiza, donde las fiscalías han alertado de movimientos financieros sin justificación económica aparente entre empresas controladas por intermediarios y testaferros, algunos de ellos presuntamente relacionados con personas sujetas a sanciones internacionales. En ese contexto aparecen nombres de empresarios con actividad en varios países y con vínculos con Venezuela, que figuran entre los investigados en la causa española. Todas estas líneas de investigación permanecen abiertas y no han dado lugar, por ahora, a sentencias ni a hechos probados.

En paralelo, el caso ha adquirido una dimensión política por la figura del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Popular ha anunciado su comparecencia en la comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Senado, para que explique su relación con directivos y personas del entorno de Plus Ultra y su papel en el contexto del rescate aprobado durante la pandemia. Zapatero ha negado cualquier intervención en la operación.

Uno de los empresarios detenidos y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares, Julio Martínez, exasesor de la aerolínea, ha reconocido públicamente su amistad personal con el expresidente —con el que fue fotografiado dos días antes su detención—, a la que ha restado cualquier dimensión económica o política, aunque sí ha admitido haber contratado los servicios de Whatthefav, la agencia de comunicación de las hijas de Zapatero. En una entrevista concedida a El Mundo tras su arresto, Martínez afirmó que su relación con el expresidente se limita a un vínculo personal y deportivo y negó actuar como intermediario o testaferro, así como cualquier implicación en decisiones relacionadas con el rescate de la aerolínea a la que asesoraba. 

Hasta esta semana, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso ocupaban casillas distintas en el tablero: la operativa política, la alta Administración pública y la gestión empresarial privada. Sin embargo, la operación de la UCO, que los ha detenido en el marco de una pieza —aún secreta— del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, los reúne en una misma fotografía judicial y permite trazar un mapa en el que sus trayectorias se cruzan en varios momentos y a través de estructuras comunes, desde empresas públicas hasta la la privada Servinabar.

El exsecretario de Organización del PSOE aparece en el gráfico por dos razones. La primera, porque es socio al 45% —según la documentación incautada por la UCO— de Servinabar, empresa en el epicentro del caso de presunta corrupción en contratos públicos por el cual Cerdán espera juicio tras cinco meses de prisión preventiva. 

La segunda, porque Leire Díez se presentaba como su “mano derecha” en los audios que investiga el Juzgado 9 de lo Penal de Madrid, lo que sitúa a Cerdán como presunto cabecilla de la operación política para chantajear a fiscales e investigadores, por la que también están imputados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Leire Díez: de las gestiones políticas a la trama de contratos

Hasta ahora, Díez era conocida por su papel en el caso de los audios, donde se atribuía funciones informales dentro del PSOE y buscaba información contra fiscales y mandos de la UCO. Ese frente sigue abierto, pero su detención esta semana la coloca también dentro de la rama económica del caso.

Durante años, Díez circuló por un cinturón de empresas públicas donde coincidieron perfiles próximos al Gobierno y a la estructura orgánica del PSOE, un espacio que ahora examinan la UCO y la Audiencia Nacional. Su paso por varios cargos de responsabilidad en entidades dependientes de la SEPI, o su presencia en órganos de dirección de empresas participadas por el Estado, la colocan en una intersección entre la Administración y el sector privado que hoy adquiere una relevancia inesperada tras conocerse su detención junto a la Antxon Alonso y Vicente Fernández. 

Figura discreta durante años, Antxon Alonso es administrador único y socio de Servinabar, la empresa que la Guardia Civil sitúa como el punto de unión de varias adjudicaciones de obra pública. Su firma aparece en memorandos, contratos de “seguridad y salud” y acuerdos de colaboración que ya estaban bajo lupa en el caso Koldo por las comisiones del 2% que según la UCO habría cobrado la empresa en varios contratos de obra pública adjudicados a Acciona.

El expresidente de la SEPI ocupa el segundo vértice del triángulo. Nombrado en 2018 por María Jesús Montero tras haber sido su interventor en la Junta de Andalucía, dimitió en 2019 por el caso de la mina de Aznalcóllar, en el que fue absuelto este diciembre.

Tras dejar la SEPI, Fernández pasó al sector privado con autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses y fichó por Servinabar en 2021, primero como asesor y después como director comercial. Ese movimiento —del gran holding público a la empresa participada por el número tres del PSOE— es hoy un eje central de la investigación.

La segunda capa del gráfico la forman las empresas públicas —y semipúblicas— que han funcionado durante años como espacios de cruce entre las trayectorias de Leire Díez y Vicente Fernández. El eje central es la SEPI, el mayor holding estatal, de cuya estructura dependen tanto ENUSA —al 60%— como Correos. 

Desde ahí se despliega un recorrido que explica parte de los vínculos que ahora examina la UCO: ENUSA fue la primera parada de Díez, que fue jefa de Comunicación en la etapa de José Vicente Berlanga —ligado a Ábalos—como presidente; en Correos recaló después, como directora de Relaciones Institucionales; y, en paralelo, ejerció como consejera de Cistec Technology, una tecnológica navarra en la que la SEPI tomó un 25% en 2018 cuando el presidente era Vicente Fernández, operación que también investiga la UCO. Los años en que Díez fue consejera de Cistec (entre 2021 y 2023), la empresa recibió importantes ayudas y contratos públicos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que deje en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la fiscal ha solicitado la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado para los tres tras comparecer ante el magistrado en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Al ser la Fiscalía la única parte personada en la causa, que se mantiene bajo secreto, el magistrado ha atendido a su petición y los tres han sido puestos en libertad con esas medidas cautelares y como investigados en una causa por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos.

Leire Díez, que ha salido de la Audiencia Nacional con el rostro completamente cubierto, y Antxon Alonso se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña al estar la causa secreta, mientras que Vicente Fernández ha negado haber participado en ninguna irregularidad en contratos públicos.

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández ha respondido a todas las preguntas, entre ellas algunas sobre supuestas comisiones en las que los investigadores sospechan que podría haberse visto implicado. Él lo ha negado, al mismo tiempo que ha rechazado haber participado en el amaño de ningún contrato.

También ha sido preguntado por su papel en la empresa navarra Servinabar, implicada en el caso Koldo y para la que Fernández trabajó tras dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño del concurso de la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), en el que quedó absuelto.

Servinabar está administrada por el tercer investigado en la causa: Antxon Alonso. A este empresario, que también se ha negado a declarar, los investigadores del caso Koldo lo vinculan con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, quien habría comprado casi la mitad de las participaciones de esta empresa con un contrato al que el exdirigente socialista niega valor jurídico.

La investigación, que arrancó con una querella de la Fiscalía, trata de esclarecer presuntas irregularidades en contratos públicos que podrían remontarse a los años 2021 y 2022 y, con ese objetivo, los agentes de la UCO han practicado esta semana una veintena de registros y requerimientos de documentación en organismos, empresas y domicilios en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Los agentes acudieron a pedir información a la SEPI o a Correos, y registraron la sede de Enusa, empresa de titularidad pública dependiente de la primera y en la que Leire Díez estuvo contratada como responsable de comunicación coincidiendo con la etapa en la que Vicente Fernández presidió la SEPI (2018-2019). En Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia, tuvo varios cargos hasta 2023.

Este viernes, la UCO también acudió a organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, en busca de documentación sobre contratos y subvenciones bajo la lupa de los investigadores.

En concreto, los agentes han requerido información a la Dirección General de Patrimonio del Estado o el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) o la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). También se han personado este viernes en Cofivacasa, perteneciente a la SEPI.

El jueves, la UCO acudió a recabar documentación a las empresas públicas Sepides y Mercasa y también a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital mañana, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla gestionado por la sociedad La Bola Innovación, creada en 2014 por la pareja del expresidente de la SEPI, quien fue administradora hasta junio de 2023, cuando tomó el relevo el propio Vicente Fernández. La UCO se incautó de la contabilidad y dispositivos del local para determinar si pudo usarse para blanquear dinero presuntamente ilícito de la trama investigada.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado este viernes en las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, para requerir documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación a la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez, según recoge EFE.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, estos requerimientos de documentación forman parte de la operación puesta en marcha por el orden del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, considerado socio en la empresa Sevinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirman que los agentes se han personado esta mañana en su sede para solicitar "dos expedientes administrativos" en el marco de la investigación. "No se ha tratado de un registro, sino exclusivamente de una solicitud formal de información", puntualiza. El ministerio "ha facilitado rápidamente y con total colaboración la documentación requerida. Los expedientes aportados fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos", zanjan.

El Juzgado ordenó la practica de 19 registros y requerimientos de información el jueves y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la SEPI o de Enusa, empresa pública en la que Leire Díez trabajó una temporada al igual que en Correos.

Las fuentes han precisado que los agentes se han desplazado a organismos dependientes de esos ministerios, como la Dirección General de patrimonio del Estado o el Tribunal de Recursos contractuales, entre otras.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han indicado a EFE que la Guardia Civil ha solicitado documentación "y el ministerio la ha entregado a los agentes con total colaboración y transparencia".

Mientras, fuentes de Correos han señalado que el organismo está atendiendo los requerimientos recibidos, pero no han querido aportar más información a EFE por respeto al secreto de sumario.

El jueves la UCO requirió documentación a las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa y realizó algunos registros, también en domicilios, de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

Además de a esas empresas públicas, los agentes acudieron a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal.

También registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

El juez investiga en esta operación posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, según han informado fuentes jurídicas.

Los tres detenidos por la UCO serán puestos este sábado a disposición judicial y se encuentran desde el miércoles en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid).

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha garantizado este viernes la "absoluta colaboración" de los ministerios con la UCO para trasladarles la información que requieran dentro de la investigación que están llevando a cabo "para llegar al esclarecimiento de la verdad".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero se ha referido a la operación puesta en marcha por orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional en la que han sido detenidos Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha desvinculado este jueves del expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, detenido por presuntas irregularidades en contratos públicos, y ha asegurado que no tiene contacto con él desde que dejó el cargo hace seis años. "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente año y pico en SEPI (...) y, por tanto, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor", ha explicado en declaraciones en el Congreso.

Fernández ha sido detenido miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez. Ambos han sido arrestados debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

Montero ha asegurado que no ha tenido "ningún contacto de WhatsApp, ni llamadas, ni reuniones con él, ni un entorno que compartamos, ni amigos de amigos". Además, ha subrayado que el "perfil profesional" de Vicente Fernández "avalaba su nombramiento" al frente de la SEPI, porque había sido interventor general de la Junta de Andalucía y miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta.

"Tiene toda una trayectoria trabajando en la Junta de Andalucía, su perfil profesional avala su nombramiento", ha incidido la vicepresidenta, tras apuntar que, dado que el sumario del caso Leire Díez es secreto, no sabe ni las actividades ni el periodo que investiga la Guardia Civil.

No obstante, ha recordado que, según lo publicado en prensa, "todo lo de (la empresa) Servinabar (propiedad del empresario Antxon Alonso, también detenido) es posterior a su salida de la SEPI". Montero ha reiterado que el Gobierno esta colaborando con la justicia y respondiendo rápido a todos los requerimientos para que "respondan ante la justicia todos los que estén implicados en una trama o hayan cometido un delito".

Fernández presidió la SEPI desde junio de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que dimitió tras ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación de la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso del que fue absuelto al igual que el resto de acusados. 

Este martes ha tenido lugar la segunda reunión entre los representantes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) y Telefónica, después de que la compañía de telecomunicaciones plantease un expediente de regulación de empleo (ERE) que, según las informaciones conocidas hasta la fecha, afectaría a 6.088 trabajadores, un 35% de la plantilla total de las filiales implicadas en el proceso. Tras constituirse las primeras mesas de negociación, fuentes sindicales señalan a infoLibre que la empresa ha justificado el proceso “por la competencia del mercado, la reducción de márgenes y la automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA)”.

Cuestiones como “los menores márgenes por venta de fútbol” o la transición del cobre a la fibra óptica también aparecen entre las causas que alega la empresa. “Esto se ha llevado muchos puestos de trabajo, sobre todo en operaciones, porque antes teníamos muchas averías todos los días —si hacía mal tiempo mucho más— y ahora la fibra es prácticamente inmune a cualquier acontecimiento climático y no tiene averías”, señalan fuentes de la negociación.

En cuanto a su negocio audiovisual, la operadora compró recientemente los derechos de la Champions para emitir el fútbol hasta 2031, aunque pagará un 14% más por ellos respecto al contrato actual. Otros puntos que también aparecen son la competencia de las empresas low cost o una reducción de sus márgenes por los rivales en el mercado.

La digitalización de los procesos y la irrupción de la inteligencia artificial son dos de los puntos que abordan. “Lo que alegan es que les sobra personal. Además, estiman que en el corto plazo, van a poder hacer muchas otras tareas con inteligencia artificial”. De hecho, a este punto se ha referido UGT en la nota de prensa publicada en la mañana de este miércoles: “reclamamos a Telefónica apostar por estrategias que permitan abrir nuevas oportunidades de negocio aprovechando la IA, no utilizarla para hacer despidos”, señalaban.

Por su parte, desde CCOO, afirman que la información que han recibido es “incompleta y contradictoria en algunos casos”. Solicitan más datos relativos a las personas afectadas y que se aclaren unos plazos de salida que no son claros: “Si bien se establece que la mayoría de ellas se realizará en 2026, también mencionan el año 2027 y hasta diciembre de 2028”, concluyen.

“No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, ha calificado la operación de “indecente”, alegando que “el dinero público no está para despedir a nadie”. Desde la cartera de Economía, el ministro Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que estarán “encima” para que el proceso se haga “de la mano de los sindicatos”.

Telefónica es una de las empresas españolas consideradas como estratégicas y está participada por el Estado. Entre su accionariado, una parte importante, el 10,06% es público y está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). A continuación aparece Criteria Caixa, con un 10,05%; Saudí Telecom, con 10,03%; BBVA Asset, con el 5,05% y el fondo de inversión estadounidense Black Rock, con un 3,6%.

El despido afecta a siete filiales de la compañía y aunque los números suelen bailar en las primeras fases de estas negociaciones, las más golpeadas serían tres: Telefónica España, con 3.649 puestos afectados; Telefónica Móviles España, con 1.124 afectados, y Telefónica Soluciones, con 267 afectados. Todas estas sociedades, que suman 5.040 trabajadores, están unidas bajo un convenio conjunto (CEV) que les permite negociar como un bloque, pero además hay otras cuatro filiales más afectadas.

Telefónica Sociedad Anónima, Telefónica Global Solutions, Movistar Plus y Telefónica Innovación Digital suman a la cuenta 1.048 personas más, hasta llegar a la cifra propuesta por la empresa de 6.088. Desde la compañía, han declinado hacer declaraciones mientras tiene lugar el proceso de negociación.

La empresa es un gigante del sector de las telecomunicaciones, con una capitalización bursátil que supera los 21.000 millones, según los datos del gestor de bolsa BME. La multinacional emplea a nivel internacional a una plantilla de 100.800 trabajadores y opera en 10 países, aunque recientemente se desplomó en bolsa un 13%, su tercera mayor caída de la historia en una jornada. Las causas: una menor retribución a los accionistas y un plan estratégico que busca ahorrar hasta 3.000 millones de euros anuales en costes.

En esta primera ronda de contactos apuntan a que han comenzado a tantear la forma de reducir “el volumen de despidos” y buscar acuerdos en lo que tiene que ver con las indemnizaciones. “Todo esto nos llevará hasta Navidad”, señalan fuentes sindicales. Entre las peticiones está que no haya ninguna adhesión forzosa y que no se produzca “discriminación en relación con el sesgo de edad”.

Además, piden que algunas salidas se enlacen con la jubilación y que para ello se tenga en cuenta que la edad de jubilación va a subir en España. “Hay que tener en cuenta el impacto de la ley que actualiza el sistema de Seguridad Social elevando la edad a 66 años y 10 meses en 2026 y a 67 años en 2027, lo que condiciona cualquier medida que pretenda vincularse a la jubilación anticipada”, concluyen desde CCOO.

Además, piden que el plan de salida se vincule a medidas para mejorar las condiciones laborales: revisiones salariales, incremento del importe para dietas y kilometraje, permisos retribuidos, aumentar el teletrabajo, jornadas flexibles bonificadas, mejorar las pólizas de salud o los avales de vivienda, entre otras.

No es la primera vez que la compañía pasa por un proceso de despidos tan amplio. En el periodo 2023-2024, bajo el mandato de José María Álvarez‑Pallete, la multinacional pactó con los sindicatos un ERE que supuso la salida de 3.421 trabajadores. Un plan que costó a la compañía 1.300 millones, pero que estaba destinado a ahorrar en costes de personal. De hecho, la sospecha de un nuevo expediente de regulación de empleo ya llevaba sonando un tiempo, desde que en la presentación de su plan estratégico deslizaran que ahorrar y simplificar la estructura de la firma serían los objetivos primordiales y que estimaban una reducción del 25% en costes operativos.

Alberto Núñez Feijóo es el líder de la oposición que mejor ha sistematizado el cuestionamiento permanente de todas las instituciones que no tiene bajo su control. Es una estrategia que comenzó negando legitimidad a entidades intermedias que dependen del Ejecutivo, como el Centro Nacional de Inteligencia, por el hecho de que sus máximos responsables sean de la confianza del Gobierno —como ha ocurrido también con el PP en el poder, pero que la derecha sólo cuestiona cuando está en la oposición—. Y que a lo largo de esta legislatura ha escalado en intensidad hasta incluir, sucesivamente, al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía General del Estado al propio Congreso y a organismos reguladores como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas.

Feijóo deja fuera de esa denuncia al Senado, una cámara de control exclusivo del PP con la que trata de suplantar la labor del Congreso, gracias a que es la única que se elige mediante un sistema electoral muy distinto del que rige en el Congreso y que es capaz de dar mayoría absoluta a un partido aunque sólo tenga el 33% de los votos, como sucedió el 23J. También deja fuera al Tribunal Supremo o al propio Consejo General del Poder Judicial. En el primer caso, sus salas han vehiculizado durante años diferentes iniciativas contra actuaciones del independentismo o contra iniciativas del Gobierno, mientras que la presidencia del CGPJ, con Isabel Perelló al frente, se ha alineado varias veces con los vocales conservadores a pesar de pertenecer al sector progresista, el mismo sector que ahora lidera una rebelión contra el TC en Bruselas.

El PP lleva cuestionando al Constitucional desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados —antes de esa fecha, los conservadores consideraban cualquier crítica como una intromisión en la justicia—. Todos ellos cumplían las condiciones de idoneidad establecidas en la ley que regula la institución, pero para Feijóo el Alto Tribunal perdió en ese momento toda legitimidad y quedó sometido al Gobierno porque la mayoría conservadora que había dictado sentencias en los últimos nueve años pasó a ser progresista. Y porque el perfil de dos de los nuevos magistrados no le gustaba, aunque su trayectoria, de acuerdo a la ley, no afectase a su idoneidad para el cargo. Desde entonces, el cuestionamiento del TC ha ido en aumento. Hasta el punto de considerarlo “un tribunal de parte” e intentar desacreditar cualquier decisión que suponga dar la razón al Gobierno y quitársela a sus adversarios.

El líder del PP resume todas estas descalificaciones en la acusación genérica de que el Gobierno "ha ocupado las instituciones". La elección del término "ocupación" ya implica una intención deliberada de deslegitimación. A pesar de que los miembros y responsables de todas ellas han sido elegidos y llevan a cabo su labor de acuerdo con la Constitución y las leyes, como demuestra el hecho de que Feijóo no haya encontrado el modo de llevar a los tribunales a ninguna y de que tampoco haya conseguido convencer a la Comisión Europea de que se pronuncie contra los "asaltos" a las instituciones del Gobierno de Pedro Sánchez, como intentó en el caso del Fiscal General, que también ha convertido en otra pieza de caza clave.

El último ejemplo data de esta misma semana a raíz de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear. El Gobierno quiere tratar de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto del consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular con un consejero, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años, un asunto en el que el PP está dando ya la batalla. La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, calificó la propuesta de renovación de "anomalía democrática" y aseguró que se estaba repitiendo el mismo modus operandi de "colonización" que en organismos como el Centro de Investigaciones Sociológicas, Radio Televisión Española o el Banco de España: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", afirmó.

La norma no escrita establece que, para la elección de la cúpula del Banco de España, debía haber un acuerdo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Sin embargo, con las relaciones institucionales prácticamente rotas, el Gobierno propuso en verano del pasado año al entonces ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, que tomó posesión del cargo en septiembre. Desde el PP lo calificaron como otro "manoseo" de Sánchez en su estrategia de "ocupación" de las instituciones y se negaron a negociar el nombre del subgobernador pese a que el Gobierno estaba dispuesto a aceptar a la persona de su elección. Desde el PP habían previsto que fuera Eva Valle, jefa de la oficina económica de Moncloa con Mariano Rajoy, la que ocupara ese cargo, pero renunciaron a la negociación tras la elección de Escrivá.

La Ley de Autonomía del Banco de España establece que el cargo de gobernador lo designa el rey a propuesta del presidente del Gobierno, entre quienes tengan reconocida competencia en asuntos monetarios o bancarios, que el Gobierno consideró probada en el caso de Escrivá por su amplia experiencia en el ámbito financiero y su paso por instituciones como el propio Banco de España, el Banco Central Europeo, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En los últimos meses los conservadores han seguido criticando a Escrivá por no ser "un gobernador independiente" pero le han solicitado información sobre "el impacto del cupo catalán" en las arcas del Estado y han demandado su colaboración para "poder esclarecer los hechos destapados" por el empresario Víctor de Aldama, investigado actualmente por el Supremo.

La elección de Marc Murtra como presidente de Telefónica se saldó con graves acusaciones por parte de Feijóo y su dirección contra el Gobierno que culminaron, la semana pasada, con la petición de su comparecencia en el Congreso. "Si actúa como un miembro del Gobierno, que dé explicaciones como si fuese un miembro del Gobierno", señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado. La propuesta de su nombramiento partió de la SEPI, el brazo industrial del Estado y primer accionista de Telefónica, pero contó con el visto bueno del resto del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones, entre los que están La Caixa y el BBVA. Para los conservadores, sin embargo, se trató de una operación dirigida a "controlar" las instituciones pese a que tanto el Ejecutivo de José María Aznar como el de Mariano Rajoy promovieron ceses y nombramientos en empresas participadas por el Estado en las que, incluso, situaron a amigos, familiares y miembros del partido en puestos clave.

La SEPI también cuenta con una participación en Indra, la multinacional española de tecnología y defensa, de casi un 30%. El Estado mantuvo una participación mayoritaria tras su nacimiento hasta que el Gobierno de Aznar la incluyó en su plan de privatizaciones. Tiempo después el Gobierno de Rajoy decidió volver a tener participaciones, que se mantienen en la actualidad. El vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, llegó a sugerir que Sánchez quería controlar empresas para influir en las elecciones del 23J. Sus críticas iban destinadas hacia Indra, la empresa que gestiona desde hace más de dos décadas los datos del escrutinio. Más tarde, tuvo que pedir perdón por sus palabras.

El Congreso de los Diputados aprobó en enero de este año los nombramientos de cuatro consejeros y el vicepresidente propuestos por el Gobierno para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo que vela por la libre competencia y regula los mercados. El Ejecutivo culminó así la renovación de los organismos reguladores tras la falta de candidatos propuestos por Génova para su renovación, al igual que sucedió con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, encargado de la supervisión e inspección de los mercados de valores españoles. Ambos organismos, según el PP, también forman parte de esa "colonización" que, sin embargo, no aplica cuando se trata de ellos.

La formación de Feijóo también ha llegado a cuestionar la legitimidad del Tribunal de Cuentas, el órgano supremo de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas en España. Su renovación, en abril de 2021, también se convirtió en objeto de polémica por parte del PP. Su presidenta, Enriqueta Chicano, fue duramente cuestionada por los conservadores y también por Vox por no ser capaz de detectar ni prevenir la corrupción con respecto a la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha rechazado la declaración como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la exvicepresidenta y exministra de Economía Nadia Calviño en relación con el rescate de la compañía Air Europa, informa EFE.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Dos de la Audiencia Nacional, en línea con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, rechaza la práctica de estas y otras diligencias que habían solicitado las acusaciones populares Hazte Oír y Justitia Europa.

Entres esas diligencias, tampoco ve pertinente el instructor la declaración del exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos, puesto que, según señala, carece de interés para el objeto del procedimiento determinar su relación con el investigado Koldo García.

En su resolución, el magistrado explica, en relación con las testificales de Sánchez y Calviño, que el objeto del presente procedimiento es la determinación de las eventuales irregularidades de carácter penal que hubieran podido existir en la concesión a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL del suministro de mascarillas por parte de distintas administraciones publicas.

Por tanto, aclara, no se investigan las posibles irregularidades que hubieran podido existir en las ayudas concedidas por la SEPI para el rescate de Air Europa.

Las declaraciones testificales del presidente de Gobierno y de la que fuera vicepresidenta y ministra de Economía, dice el juez, “nada nuevo van a aportar a los efectos que se indican en el escrito de Hazte Oír, ya que la verdadera trascendencia o intervención ante otras instancias de la Administración General del Estado o de otras administraciones públicas y su verdadera capacidad para determinar actuaciones administrativas ajenas a lo que era su estricta esfera de competencia, se deberá ir determinando a la luz de la información que vaya obteniendo la unidad policial investigadora"

Esa es la vía correcta, afirma el magistrado, para avanzar en la investigación de los hechos objeto de las diligencias.

En cuanto a la testifical de Javier Hidalgo, rechaza su declaración para saber si en su aerolínea viajaban alguna de las personas investigadas en esta causa.

Por todo ello, concluye el juez, se rechaza la práctica de las diligencias interesadas por las acusaciones “sin perjuicio de lo que pudiera acordarse, en su caso, si se estimara pertinente en un momento posterior, la práctica de alguna de ellas como consecuencia del avance, desarrollo y resultado de la investigación”. 

Sidenor, la empresa vasca que acaba de sentarse a negociar la compra de Talgo, lleva tiempo postulándose como novio de grandes operaciones corporativas en el maltrecho sector industrial español. Figuraba entre los candidatos a hacerse con una participación minoritaria, hasta un 25%, del capital de Celsa, el fabricante de acero catalán, y su nombre sonaba entre los interesados por comprar la factoría de la multinacional estadounidense Alcoa en San Cibrao (Lugo). Su presidente, José Antonio Jainaga, ha sido además uno de los impulsores de la idea, hasta ahora fallida, de crear un gran grupo siderúrgico vasco, uniendo las fuerzas de industrias locales como Tubos Reunidos, Tubacex, Aceros Olarra y la propia Sidenor.

Ahora, la empresa con sede en Basauri (Bizkaia) ha puesto el ojo en Talgo, el constructor ferroviario cuya compra por la compañía húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon) fue vetada por el Gobierno. Una operación que permitirá a Sidenor diversificar su negocio, el objetivo en el que está embarcada la siderúrgica vasca para escapar de su excesiva dependencia en la industria del automóvil: casi el 70% de su negocio son ventas al mercado europeo del motor. En su última memoria de sostenibilidad, la empresa advierte de la “incertidumbre extrema” que pesa sobre la demanda de automóviles por la evolución económica del continente –Sidenor exporta la mitad de su producción a la UE–, los desafíos que le suponen la transición energética y la competencia del coche eléctrico –cuya fabricación no requiere acero–.

Una diversificación que no sólo pretende aplicarse al “negocio operativo del acero”, sino también a la “parte más corporativa”, mediante “alianzas y adquisiciones de otras empresas en la búsqueda de sinergias”. Sidenor ya fabrica aceros especiales destinados al ferrocarril.

Además, Jainaga se ha especializado en comprar industrias a través de Mirai Investments –Mirai significa futuro en japonés–, cuyo plan es completar una cartera de hasta una quincena de empresas en 2026, invirtiendo 200 millones de euros. De momento ha entrado en 19 empresas, de las que se mantiene en 17. En diferentes sectores: Innometal, Naivan, Fervilor, Modelmetal, Afarvi –transformación metálica–, Técnicas Electrónicas Reunidas, Coycavi y Tectron –electrónica–, Isfa, Provesa Grupo Omega –agroindustria y salud animal– e incluso una inmobiliaria –Uztagroup– y un laboratorio de cosmética como Coper.

Sidenor facturó 938 millones de euros en 2023, un 12% menos que el ejercicio anterior, y ganó 23 millones, un 62% menos que en 2023, cuando sus beneficios alcanzaron los 62 millones de euros. Cuenta con una plantilla de 1.840 empleados repartidos entre sus factorías de Basauri (Bizkaia), Azkoitia (Gipuzkoa), Vitoria y Legutiano (Araba), Reinosa (Cantabria) y Polinyá del Vallés (Barcelona). Desde el pasado abril, los trabajadores de Reinosa y Aizkoitia se encuentran en ERTE, que se prolongará hasta abril de 2025. Durante la pandemia, la siderúrgica tuvo que solicitar las líneas de crédito del ICO y en 2021 detuvo su producción durante 20 días para hacer frente a la subida del precio de la electricidad.

De ahí procede una de las pocas batallas públicas que ha librado José Antonio Jainaga hasta el momento. Como presidente de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), se enzarzó con Iberdrola por la escalada del precio de la luz ese otoño: mientras la siderúrgica advertía de que las elevadas tarifas eléctricas llevarían al cierre de las empresas electrointensivas en seis meses, la compañía de Ignacio Sánchez Galán le pedía que bajara el precio del acero para hacer competitivos los parques eólicos marinos.

Poco más ha dado que hablar Sidenor en su historia, que se remonta a 1990. Cierto que en 2022 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la multó, junto a Arcelor Mitall y AG Siderúrgica Balboa por formar un cártel en el mercado de compra de chatarra férrica: se intercambiaban información “comercialmente sensible” que restringió la competencia. A Sidenor le cayó una sanción de 10,55 millones de euros.

En efecto, el negocio de Sidenor hace la magia industrial de convertir la chatarra en aceros especiales, productos como forjados, barras o bobinas que luego se utilizan para fabricar engranajes, ejes, rodamientos… O aleaciones especiales destinadas a la industria aeroespacial. Cada año transforma 800.000 toneladas de chatarra en acero de primera calidad.

Primero lo hizo como empresa pública, surgida de la fusión de Forjas y Aceros de Reinosa y el grupo vasco Acenor. Fue en plena reconversión industrial en España, y bajo el paraguas del Instituto Nacional Industrial (INI), el predecesor de la actual SEPI, que agrupa a las empresas propiedad del Estado. Cuando los vientos de la política industrial pública cambiaron, Sidenor fue privatizada. En 1995 la compró el empresario vasco Sabino Arrieta. En sus manos estuvo hasta 2005, cuando éste la vendió a la multinacional brasileña Gerdau por 443 millones de euros. Le había costado 13 millones 10 años antes.

Los brasileños, apurados por una enorme deuda en un mercado local por entonces hundido, se deshicieron de la siderúrgica vasca con prisa: se la vendieron por 155 millones –un tercio del precio de compra— a José Antonio Jainaga, que llevaba en la empresa desde 1998, y su equipo directivo, agrupados en el hólding Clerbil SL.

Así pues, la de Sidenor es una historia de éxito. No sólo por la salud financiera de la empresa, sino también porque, gracias a ella, su presidente se ha convertido en uno de los hombres más ricos de España: según la clasificación que confecciona El Mundo cada año, es el número 153, con un patrimonio neto de 400 millones de euros, en una lista de 200 personas. Ingeniero industrial de Bilbao, tiene 70 años y antes de Sidenor fue ejecutivo en Sener y Michelin. Como a Sarrieta, que fue viceconsejero de Interior en el primer gobierno vasco de José Antonio Ardanza, se le adjudican buenas relaciones con el PNV. De hecho, el Ejecutivo de Imanol Pradales apoya la compra de Talgo, a la que puede contribuir a través de Finkatuz, el fondo público que ya ha invertido en la aeronáutica ITP Aero y en la ferroviaria CAF, competidora de Talgo.

Además, Sidenor lleva ya un tiempo vistiéndose de gala. En julio de 2023, anunció la entrada en su consejo asesor de Luis Atienza, exministro de Agricultura en el último Gobierno de Felipe González y antes consejero de Economía en el segundo Ejecutivo vasco de coalición del Partido Socialista de Euskadi que encabezó José Antonio Ardanza. También de José Vicente de los Mozos, consejero delegado de la semipública Indra.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido explícito sobre su respaldo a la oferta de Sidenor. “El Gobierno va a estar ahí, apoyando y acompañando para que la operación llegue a buen puerto”. Según reveló Talgo en su comunicado a la CNMV, la única duda que queda por despejar es si la siderúrgica vasca comprará el 100% del fabricante ferroviario o adquirirá sólo una parte del capital. Según publica Cinco Días, Sidenor aspira a un mínimo del 29,9%. 

La defensa de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha opuesto a que el juez que la investiga pida a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) información sobre el rescate a Air Europa porque "procesalmente las ayudas otorgadas por el Gobierno" a la compañía "no constituyen el objeto del presente procedimiento".

En su recurso, recogido por Europa Press, su representación asegura que "carece de fundamento la diligencia que ha sido acordada" por el magistrado Juan Carlos Peinado porque "si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe pedir una documentación que tiene que ver con la concesión de unas ayudas aprobadas en Consejo de Ministros". "Que, dada la condición de los integrantes de este, ni siquiera estaría dentro de la competencia del juzgado para investigar los mismos", añade.

En este contexto, la defensa de Gómez afirma que "no tiene conocimiento de que se haya dictado un auto ampliando el objeto de la investigación en los términos en que quedó delimitado por la Audiencia Provincial".

"Hemos de reiterar lo que ya hemos señalado en escritos previos con relación a la prohibición en nuestro sistema procesal penal de las investigaciones prospectivas contra el investigado. Es decir, aquellas en las que, con la excusa de investigar un determinado hecho delictivo, en realidad, lo que se busca es inspeccionar en la vida del investigado para ver si otros delitos pueden ser descubiertos", critica.

Por último, el letrado de Gómez ha incidido en que "el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre las causas generales, afirmando que someter a una persona a una investigación prospectiva es 'del todo incompatible con los principios de un Estado democrático de Derecho'".

Cabe destacar que ha sido esta misma semana cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha librado oficio a la empresa pública para que aporte documentación relativa a las ayudas otorgadas a la aerolínea por el fondo de solvencia a empresas estratégicas.

En concreto, ha reclamado "los expedientes completos por los que se otorgaron las ayudas, en cualquiera de sus fases, así como la documentación e información que, en relación a los mismos, permitan conocer su inicio, desarrollo, ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto".

CriteriaCaixa, holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación la Caixa, ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha alcanzado una participación del 9,99% del capital social de Telefónica mediante la adquisición de un bloque de acciones que representan el 4,91% del capital social de la teleco, según ha informado Europa Press. Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), del 10%.

El holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01% del capital social de la operadora, adquiriendo acciones adicionales cuando se obtengan las autorizaciones administrativas requeridas para la adquisición de una participación indirecta en ciertas filiales reguladas de Telefónica.

CriteriaCaixa realizó su última operación de inversión en Telefónica el pasado mes de abril, cuando alcanzó un 5,01% de su capital, aunque dicho porcentaje pasó a ser del 5,08% después de la reciente reducción de capital de la operadora. "Este nuevo incremento de participación se ajusta a la política de inversión de CriteriaCaixa, caracterizada por una gestión eficiente y prudente de su portafolio, focalizado en compañías con una atractiva política de dividendos, como Telefónica", defiende el holding.

Para CriteriaCaixa, la participación en Telefónica "tiene carácter estratégico y de largo plazo". En este sentido, CriteriaCaixa considera que su inversión "contribuirá a dotar de mayor estabilidad accionarial a la operadora, compañía esencial tanto para el país como para el sector a nivel internacional".

La relación de La Caixa con Telefónica se remonta a 1987. Desde entonces, tanto La Caixa primero, como posteriormente CaixaBank y ahora CriteriaCaixa, han mantenido su presencia en los órganos de gobierno de la compañía. Actualmente, esa representación la tiene Isidro Fainé, que es vicepresidente de Telefónica, y que este año ha superado los 30 años continuados de servicio como consejero de la compañía.

CriteriaCaixa, el holding de la Fundación Bancaria la Caixa, duplicará su participación en Telefónica desde el 5,007% que posee actualmente hasta el 10%, es decir, la situará al mismo nivel que la que tiene el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según han confirmado a Europa Press fuentes financieras y adelanta el diario El Confidencial. A esta participación aspira también la operadora saudí STC, que cuenta con una posición directa del 4,9% y otra indirecta del 5% mediante derivados financieros (9,9% en total).

En ese sentido, cabe recordar que CaixaBank cuenta con una posición del 2,51%, si bien no es posible que esta entidad transfiera directamente a CriteriaCaixa su posición en la teleco dado que ambas entidades operan de forma independiente en el mercado por imperativo legal. Sin embargo, sí que se prevé que CaixaBank continúe con la tendencia de reducir su posición en Telefónica, aunque tampoco se puede dar por sentado ese escenario.

En cuanto al motivo de que CriteriaCaixa haya decidido duplicar su posición en Telefónica, las fuentes consultadas han subrayado que la intención de la entidad es apoyar la estabilidad accionarial de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete y también "mantener su nivel de influencia" en la empresa, en la que llevan casi 40 años. CriteriaCaixa ha declinado a consultas de Europa Press hacer comentarios acerca de este asunto.

En este contexto, cabe recordar que el presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, cumplió el pasado enero 30 años como miembro del consejo de administración de Telefónica, del cual es vicepresidente en calidad de dominical. Fainé desembarcó en el consejo de administración de la operadora el 26 de enero de 1994 y es el miembro del máximo órgano de decisión de Telefónica que lleva más tiempo en el asiento.

En ese sentido, la SEPI —que ostenta un 10% de Telefónica— ya cuenta con Carlos Ocaña Orbis como miembro del consejo de administración de la teleco, si bien desde el Gobierno se ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de solicitar un segundo asiento en el máximo órgano de decisión de la operadora.

Sobre ello, las fuentes financieras consultadas por Europa Press han señalado que "sería lógico" que si la SEPI llegase a tener dos consejeros en Telefónica con el 10%, CriteriaCaixa pudiese pedir una igualdad de condiciones en ese sentido, si bien han recalcado que todo ello sería un proceso complejo que podría implicar un cambio en los estatutos del consejo de la operadora, por lo que todavía es "precipitado" hablar de estos escenarios.

A esa complejidad se le añade también la situación de STC, que todavía no ha indicado si su intención es optar a un puesto en el consejo de administración de Telefónica o no. Según la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras y debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, el Gobierno debe dar el visto bueno a que una firma extracomunitaria tenga más del 5% del capital social de una compañía española de este tipo.

Así, STC debe remitir al Ejecutivo -concretamente al Ministerio de Defensa- sus intenciones en Telefónica y detallar si entre sus objetivos figura, entre otras cuestiones, entrar en el consejo de administración de la empresa o no. Se desconoce si STC ha remitido al Ejecutivo ese documento, aunque desde el Gobierno se ha trasladado en varias ocasiones que no hay constancia de ello.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, ha alcanzado el 10% del capital social de Telefónica y ha culminado el mandato del Gobierno trasladado a finales del año pasado, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la SEPI ha adquirido un total de 567.016.155 acciones con un precio medio de 4,0295 euros por acción, por lo que el importe de la operación asciende a casi 2.285 millones de euros, si bien a ese paquete accionarial hay que sumarle 541 títulos que la SEPI ya tenía en cartera y que elevan el número total a 567.016.696.

"La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera", ha detallado la entidad pública.

"Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa", ha añadido.

En esa línea, la participación de la SEPI en el capital de Telefónica tiene "vocación de permanencia" y busca aportar una "mayor estabilidad accionarial" a la compañía para la consecución de sus objetivos, al tiempo que contribuye a la "protección de sus capacidades estratégicas", ha indicado SEPI.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha superado el umbral del 9% en el capital social de Telefónica y se acerca así al mandato que le dio el Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora española. En concreto, según la información que la SEPI ha facilitado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), la participación de la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda en Telefónica asciende al 9,038%, con un total de 512.467.150 acciones, según ha informado Europa Press.

Asimismo, la información remitida al regulador estadounidense especifica que el precio medio que el Estado ha pagado por cada acción de Telefónica es de 4,0177 euros, por lo que la inversión del Gobierno en la compañía española asciende a casi 2.059 millones de euros.

Si se tiene en cuenta la cotización de Telefónica al cierre de la jornada bursátil de este miércoles, que finalizó en 4,152 euros, el paquete accionarial del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de unos 2.127,7 millones de euros, es decir, unos 62,7 millones de euros más que el importe desembolsado hasta el momento.

El pasado 25 de marzo la SEPI afloró una participación del 3,044% en el capital social de Telefónica; el 15 de abril elevó su posición hasta el 5,034%: el 26 de abril se dio a conocer que la incrementó hasta el 6,169%; el pasado 8 de mayo la entidad pública comunicó el aumento de su posición en la teleco hasta el 7,079%, y hace sólo dos días, el 14 de mayo, difundió que había alcanzado el 8,53%.

De este modo, la SEPI ya se aproxima al mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica —un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros— en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

El consejo de administración de Telefónica acordó el pasado 8 de mayo, por unanimidad, aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombró por cooptación como consejero a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.

Apenas un día después de acordarse el nombramiento de Ocaña, el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, dejó abierta la puerta a la posibilidad de que el Gobierno pueda nombrar un segundo consejero en representación de la SEPI cuando cumpla su objetivo de llegar al 10% del capital de la teleco.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el pasado 9 de mayo superó el umbral del 8% en el capital social de Telefónica. De este modo, la SEPI sigue avanzando en el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica —un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros— en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

El pasado 8 de mayo, la SEPI informó a la CNMV de que había sobrepasado el 7% del capital de la operadora. En concreto, informó de que su participación en Telefónica era entonces del 7,079%, con un total de 407.050.664 de acciones.

El mismo 8 de mayo, el consejo de administración de Telefónica acordó por unanimidad aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombró por cooptación como consejero a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el pasado 3 de mayo superó el umbral del 7% en el capital social de Telefónica, según informa Europa Press.

De este modo, la SEPI sigue avanzando en el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre.

En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica —un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros— en una operación valorada en 2.100 millones de euros.

Asimismo, la SEPI ha informado este miércoles al supervisor de que ha dado traslado a la operadora de su solicitud para incorporar al consejo de administración a Carlos Ocaña Orbis como consejero dominical en representación de sus intereses accionariales.

En concreto, el consejo de administración de Telefónica ha acordado por unanimidad aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y ha nombrado por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que se sentará en el máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI. García de Andrés ocupaba el puesto de consejera independiente en el máximo órgano de decisión de Telefónica desde el 4 de mayo de 2017 y su último nombramiento se produjo el 23 de abril de 2021.

Según la información remitida por Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés ha sido por "motivos personales y con el fin de contribuir al proceso de la renovación ordenada del consejo de administración" de la compañía, que ha agradecido a la ya exconsejera sus servicios prestados. "Con el fin de cubrir la vacante reseñada anteriormente, y previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, el consejo de administración de la sociedad ha acordado nombrar consejero de Telefónica, por el procedimiento de cooptación, a Carlos Ocaña Orbis, con el carácter de consejero dominical, en representación del accionista Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", añade el documento.

Asimismo, el consejo de Telefónica, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, ha decidido nombrar vocal de la Comisión Delegada y de la Comisión de Auditoría y Control a Carlos Ocaña Orbis.

Carlos Ocaña Orbis se desempeña actualmente como adjunto al director general en el Real Madrid, donde también participa en el comité ejecutivo, en el económico y en el de compras. Además, es miembro del comité de transformación digital del grupo Prisa y miembro del consejo asesor del Instituto Hermes.

Entre junio de 2008 y diciembre de 2011 fue miembro del consejo de administración de Red.es, entidad pública adscrita actualmente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y entre mayo de 2008 y diciembre de 2011 fue director general del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Asimismo, entre 2008 y 2010 fue miembro del consejo de administración de Paradores y entre mayo de 2004 y abril de 2008 fue jefe de gabinete adjunto en la oficina económica del presidente del Gobierno, que en ese momento era José Luis Rodríguez Zapatero.

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) ha informado este viernes a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) que ya ha superado el 6% en el capital social de Telefónica.

"Por la presente comunicamos que en el curso de la operación de adquisición de acciones de la compañía Telefónica, que en ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 2023 está llevando a cabo la SEPI, esta entidad ha superado el 24 de abril de 2024 el umbral del 6% del capital social de dicha compañía", apunta el comunicado remitido a la CNMV.

La anterior información ha sido facilitada a la Securities And Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos en cumplimiento de la normativa vigente en dicho país. "Esta información se comunica mediante el presente escrito de forma voluntaria en aras a evitar la asimetría en la información a difundir respecto de Telefónica de acuerdo con la normativa aplicable en otras jurisdicciones y la que resulta de la normativa española", añade la SEPI.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su participación en el capital social de Telefónica ha alcanzado ya el 5%, la mitad del objetivo establecido.

De este modo, SEPI lleva a cabo el acuerdo de Consejo de Ministros que ordena la compra de acciones de Telefónica hasta un 10%, "minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa", señala el holding público en un comunicado.

"Con vocación de permanencia, la participación de SEPI aporta una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos y contribuye a la protección de las capacidades estratégicas de una compañía clave en el sector de las telecomunicaciones y determinante en la mayor parte de las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional", concluye el comunicado de la sociedad presidida por Belén Gualda.