El Tribunal Supremo ha rebajado este lunes hasta un año y un mes la condena de dos años de inhabilitación que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al expresidente de la Generalitat Artur Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. La iguala así a la que se impuso al exconsejero Francesc Homs.

Asimismo, la Sala de lo Penal ha rebajado el tiempo de inhabilitación inicialmente impuesto la exvicepresidenta, Joana Ortega, quitándoles un año a cada una. Así, Ortega es inhabilitada a nueve meses y la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, a seis meses.

Los magistrados desatienden así la petición de la Fiscalía, que pidió confirmar las condenas. El fiscal Jaime Moreno afirmó durante la vista que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado 7 de noviembre que lo que ocurrió hace cuatro años "fue un desafío a la legalidad".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo integrada por los magistrados Luciano Valera, Alberto Jorge Barreiro, Antonio del Moral, Vicente Magro y Eduardo de Porres celebró la vista de los recursos de los exdirigentes de la Generalitat el pasado 7 de noviembre. Durante la vista, el fiscal recordó que fue el propio Mas quien afirmó en su día ante los medios de comunicación que el "responsable" de la consulta eran él y su gobierno. Aún así, Moreno ha argumentado que la "desobediencia no hace falta que sea expresa, no hace falta que dijeran: 'vamos a desobedecer'".

Por su parte, los abogados de Mas, Ortega y Rigau solicitaron al Tribunal Supremo que deje al margen la causa que próximamente juzgará por el proceso independentista en Cataluña y que revise sus recursos por los hechos ocurrido en noviembre de 2014. De hecho, han señalado que han acudido a esta vista "melancólicos" porque esta misma sala juzgó por el 9N al exconsejero de Presidencia Franscesc Homs, que fue condenado a un año y un mes de inhabilitación, y sobre el que manifestaron que "no es el mismo caso".

Desobedecieron 'consciente y deliberadamente'

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) concluyó en su sentencia que Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau desobedecieron "consciente y deliberadamente" el mandato del Tribunal Constitucional (TC) al mantener la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 pese a la orden de suspenderla. Tras la suspensión cautelar del TC del 4 de noviembre se mantuvo activa la web institucional, la campaña de publicidad, el reparto masivo de correspondencia oficial, se repartió el material para la votación, se instalaron los programas informáticos y se acondicionó un centro de prensa para dar los resultados, señalaba la resolución del tribunal catalán.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado este lunes el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

Según han señalado a Europa Press fuentes de la defensa de los exmandatarios, los bienes embargados se designaron y pusieron voluntariamente a disposición del tribunal como garantía por Mas, Ortega, Rigau, el exconsejero Francesc Homs y el exsenador Vilajoana.

El Tribunal de Cuentas ha ordenado concretamente el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La defensa afirma que Mas y sus excolaboradores están "absolutamente disconformes" con la liquidación fijada por entender que no ha habido infracción contable.

Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto, los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

El Tribunal de Cuentas tiene fijado el 16 de noviembre como fecha tope para que el expresident de la Generalitat Artur Mas y sus colaboradores depositen los tres millones de euros que aún faltanaún faltan de la fianza impuesta por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El pasado 25 de septiembre, el Tribunal de Cuentas impuso una fianza total de 5.251.948,17 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en aquella consulta declarada ilegal, en caso de que sean finalmente condenados.

Esa cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Artur Mas, responsable solidario por ser el presidente de la Generalitat en aquel tiempo, aportó casi 2,2 millones junto con los demás investigados: sus exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y cinco funcionarios del Govern de entonces.

Pero la defensa de los investigados pidió 15 días más de plazo para reunir el resto de la fianza atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y subrayando que con el adelanto se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

Su letrado también aclaró en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

Si no paga, embargo de bienes

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas acreditó el ingreso de esos 2,1 millones de euros y aceptó la prórroga de 15 días hábiles para el resto de la fianza.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución, ese plazo acabará definitivamente el jueves 16 de noviembre; si en esa fecha Artur Mas y los demás no aportan el dinero que falta, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha depositado este lunes 2,2 millones de euros del total de 5,25 millones que le ha reclamado el Tribunal de Cuentas como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014, según el escrito que ha presentado su abogado y al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, el letrado ha pedido al Tribunal de Cuentas que se amplíe en 15 días el plazo fijado para abonar el resto de la fianza, en este mismo escrito que ha enviado en nombre también del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern.

El abogado ha solicitado que se le acepte esta ampliación del plano para abonar el resto atendiendo a "los medios económicos de los presuntos responsables" y ha añadido que con la aportación de este lunes considera que se demuestra la voluntad de depositar la totalidad.

En su escrito, ha anunciado además que, como los 2,2 millones sólo cubren parcialmente el importe reclamado, "se presentarán otros medios de garantía encaminados a la cobertura de la totalidad de la liquidación".

El letrado también aclara en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente "la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente", y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada —5.251.948,17 euros— responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

Reintegro a las arcas públicas

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados.

El tribunal fijó esta semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9N.

El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza solidaria de 5,25 millones de euros al expresident de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este lunes a los representantes legales del expresident de la Generalitat y su exvicepresidenta Joana Ortega, los exconsellers Irene Rigau (Educación) y Francesc Homs (Presidencia), así como a otras siete personas que participaron en la organización del referéndum del 9N la conclusión de la instrucción de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por usar fondos públicos en la consulta soberanista de 2014.

Esta cifra responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la celebración de la consulta hasta el momento, que suponen alrededor de 400.000 euros, según han concretado fuentes de SCC, según informa Europa Press.

El Tribunal de Cuentas ha notificado este lunes a todos los denunciados el dinero que deberán afianzar antes de 15 días para garantizar que puedan hacer frente a una eventual condena. La cantidad de 5,25 millones de euros es el total a la que Mas tendrá que responder de forma solidaria si el resto de exdirigentes no consignan sus respectivas fianzas.

Mientras tanto, a Rigau se le ha impuesto un máximo de 3 millones de euros, a Homs hasta 2,1 millones de euros y 800.000 euros para Ortega, han precisado las mismas fuentes. Si bien, estas cifras son provisionales, ya que los denunciados están presentado alegaciones tras conocer estas cuantías.

La lista de los cargos encartados en la causa la completan: Lluís Bertran Saura, Josefina Valls Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo Planas, lgnasi Genovés Avellana, Jordi Serra Catalán y Jordi Vilajoana Rovira.

No acuden a la citación

Ninguno de los exdirigentes catalanes han acudido este lunes a la sede del Tribunal de Cuentas para el trámite que ha tenido lugar este lunes, pues no tienen tal obligación y podían enviar a sus abogados para conocer el acta de liquidación provisional donde se especifica la cantidad reclamada.

Los denunciantes reclamaron la devolución conjunta de más de 5 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público y justificaron que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

En concreto, los denunciantes individualizaron una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Inhabilitados por el Supremo

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución, el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

Este lunes viene marcado por la convocatoria de la primera reunión de coordinación de los cuerpos de seguridad del 1-O por el director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, Diego Pérez de los Cobos. Ahí deberá acudir, entre otros, el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Además el expresident Artur Mas y varios ex altos cargos del Govern deberán comparecer ante el Tribunal de Cuentas, tras ser citados para que hagan las alegaciones pertinentes antes de imponerles una fianza por el 9N. Sigue en infoLibre minuto a minuto la recta final hacia el 1-O:

21.30. Los Mossos d'Esquadra han mantenido sus reservas a aceptar la tutela del director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, coronel Diego Pérez de los Cobos, pero han mostrado su disposición a trabajar según lo que disponga el fiscal superior de Cataluña para frenar el referéndum del 1 de octubre, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro celebrado este lunes en la Delegación del Gobierno.

21.10. La ANC y Òmnium han recaudado cerca de dos millones de euros para su Caja de Solidaridad, que debe servir para sufragar las acciones del Estado contra el independentismo que conlleven penas económicas, ha informado este lunes la ANC en un comunicado.

20.25. El director de Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, coronel Diego Pérez de los Cobos, ha transmitido en la primera reunión de coordinación del dispositivo para frenar el referéndum del 1 de octubre que el Ministerio del Interior rechaza convocar la Junta de Seguridad, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro. También ha fijado que la próxima reunión se celebre en la sede de los Mossos d'Esquadra.

19.35. Un total de 13 investigados por clonar webs del referéndum del 1 de octubre han quedado este lunes en libertad con cargos por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) tras declarar este lunes ante las comisarías de la Policía Nacional, Barcelona, Tarragona y Girona, han informado fuentes de la investigación a Europa Press.

19.30. El fiscal superior de Cataluña ha dado instrucciones este lunes a los Mossos d'Escuadra para que procedan a la identificación de los responsables de los centros designados como colegios electorales en el referéndum del próximo 1 de octubre a fin de tomarles declaración como testigos. Además, la instrucción de la Fiscalía solicita la entrega de la documentación que posean en relación con la celebración del referéndum y les apercibe de su obligación de no ceder los centros para la celebración del referéndum. El fiscal superior exhorta igualmente para que se denuncie cualquier tipo de amenaza, coacción o presión a los responsables de estos centros.

19.10. Los Mossos han pedido a Fiscalía que la coordinación de mandos policiales en las actuaciones sobre el 1-O se haga en la Comisión de Coordinación Policial de Cataluña, supeditada a la Junta de Seguridad de Cataluña, lo que supone que todos los cuerpos se coordinen sin perder competencias, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras. Eso es lo que el jefe de la comisaría superior de coordinación territorial de Mossos d'Esquadra, Ferran López, ha transmitido este lunes por la tarde en la reunión de mandos policiales catalanes.

18.00. El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos se reúne este lunes por la tarde con los mandos de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional para coordinar las actuaciones ante el 1-O, han informado a Europa Press fuentes conocedoras. A la reunión no ha acudido el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, que ha delegado en el comisario Ferran López. A las 17.55 ya habían entrado todos los participantes de la reunión en la Delegación del Gobierno, donde el encuentro se convocó para las 18 horas. En nombre de los Mossos ha acudido el comisario Ferran López, jefe de la comisaría superior de coordinación territorial, uno de los principales cargos de la policía catalana por debajo del mayor, Josep Lluís Trapero. Así, Trapero no ha acudido al encuentro de este lunes a diferencia del que convocó el sábado el fiscal jefe de Cataluña con los manos policiales para abordar precisamente la coordinación de actuaciones antes el 1-O.

17.10. El sindicato de mandos del cuerpo de los Mossos d'Esquadra (Sicme) ha mostrado su "apoyo total" al major, Josep Lluís Trapero, poco antes de la primera reunión de coordinación convocada por el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, después de asumir por mandato del fiscal la coordinación de Mossos, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía en las actuaciones vinculadas al referéndum del 1 de octubre.

15.45. La alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos (ICV-EUiA), se ha acogido al derecho a no declarar una vez se ha presentado este lunes en los juzgados de Cerdanyola del Vallès por su colaboración en la organización del 1-O y ha calificado la citación de "intimidatoria".

La alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, junto al coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, a su llegada a los juzgados. EFE

15.00. El Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha una página web con la información sobre las medidas de control que se han impuesto a la Generalitat de Cataluña para evitar la orgnanización del uno de octubre y desde la que se pueden descargar los certificados de legalidad que exige Hacienda para contratar, pagar facturas o cobrar de la administración catalana. Además, se ha creado un correo electrónico para consultas en la que se presenta la documentación pública relativa a las medidas adoptadas.

Captura de la web de Hacienda sobre las cuentas catalanas.

14.30. La plataforma Universitats per la República ha convocado una huelga estudiantil en las universidades catalanas para este jueves y viernes en defensa del referéndum del 1 de octubre, ha anunciado la organización este lunes en su cuenta de Twitter. La organización está integrada por estudiantes, personal docente e investigador y personal de administración y servicios de las universidades públicas catalanas, y estos días ha organizado actos en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) que se encuentra ocupado por estudiantes. 

14.00. Tres investigados por clonar webs del referéndum del 1 de octubre han salido en libertad con cargos por un presunto delito de desobediencia tras declarar este lunes ante la comisaría de la Policía Nacional en Girona y en Barcelona, han informado fuentes de la investigación a Europa Press. Dos de los investigados han declarado en Girona y otro ha declarado en la capital catalana, donde se esperan más declaraciones a lo largo de la jornada, y ahora deberán ser citados por el juez. En Barcelona, ha declarado el joven universitario Lluís Montabes por replicar la página web del referéndum a través del dominio marianorajoy.cat.

12.51. La Guardia Civil está entregando esta mañana apercibimientos en una treintena de ayuntamientos catalanes gobernados por independentistas, en los que se les requiere que no colaboren con los preparativos del referéndum convocado para el próximo 1 de octubre y que ha suspendido el Tribunal Constitucional, según informaron a Europa Press fuentes de la investigación.

La entrega de estos requerimientos ha sido ordenada por la Fiscalía Superior de Cataluña, y la Guardia Civil está cumpliendo con el mandato desde esta mañana.

12.30. El Tribunal de Cuentas ha impuesto una fianza de 5,25 millones de euros al expresidente de la Generalitat Artur Mas por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Esta cantidad responde a los gastos de la organización del referéndum unos 4,8 millones de euros más los intereses generados desde la fecha de celebración de la consulta hasta hoy, que suponen alrededor de 0,4 millones de euros, han concretado fuentes de Sociedad Civil Catalana (SCC).

12.15. Crue Universidades Españolas ha apelado al diálogo, dentro de la ley, así como al sentido común y al respeto mutuo como "único camino para resolver un problema político" ante la actual coyuntura política en Cataluña. "El diálogo, dentro de la ley, es el único camino para resolver un problema político que debe tener una solución política. Se necesita llegar a un acuerdo basado en el sentido común y en el respeto mutuo", señala la entidad en un comunicado. Los rectores de las ocho universidades públicas catalanas –Autónoma de Barcelona, Girona, Pompeu Fabra, Barcelona, Lleida, Rovira i Virgili, Politècnica y Oberta– reinvindicaron la pasada semana en un comunicado conjunto el diálogo como la "única vía posible" para el entendimiento en democracia, al tiempo que condenaron "los episodios coercitivos de la libertad de expresión" de los últimos días en Cataluña.

12.05. El presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, ha asegurado este lunes que la organización del referéndum había previsto una reacción del Estado de este nivel, y ha reafirmado que el 1 de octubre habrá urnas, papeletas y lo "más importante": votantes.

En una entrevista en la radio francesa France Inter en París, recogida por Europa Press, ha dicho: "Han actuado como si hubiera un estado de excepción y se hubiera suspendido la autonomía sin ningún debate parlamentario".

Ha tachado de "injusto e inaceptable" que el Gobierno central hable de violencia, cuando ésta no ha sido ni será nunca una opción en Cataluña, ha añadido, y ha dicho que el Govern no se plantea ahora mismo una declaración unilateral de independencia (DUI) ante la hipótesis de que no se pudiera celebrar el 1-O.

11.25. La Policía está interrogando este martes como investigadas a diez personas acusadas de crear réplicas de páginas web vinculadas al referéndum de 1-O, después de que las originales fueran cerradas por la Guardia Civil, según El Español.

Los detenidos están acusados de un presunto delito de desobediencia y, tras prestar declaración, está previsto que queden en libertad a la espera de comparecer ante el juez cuando se les cite.

10.45. La Asociación Profesional de Mandos de la Policía de Cataluña (Copcat, por sus siglas en catalán) ha rechazado la imposición de coordinación de los Mossos desde el Ministerio del Interior por ser "inadecuada y crear un precedente peligroso y no merecido".

"Esta decisión puede afectar nuestra trayectoria de superación profesional y convertirse en un elemento desmotivador para la organización", explica el comunicado, donde subrayan que la imposición de la coordinación para impedir el referéndum del 1 de octubre no está justificada.

9.30. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que desde el sindicato "no se ha hecho ninguna afirmación" sobre la convocatoria de una huelga general en Cataluña tras el referéndum. "Esa es una posición que le corresponde a UGT Cataluña y a día de hoy no se ha hecho ninguna afirmación en esa línea", ha señalado en una entrevista en Canal Sur. "Yo estoy en pleno contacto y es verdad que hay sectores en el sindicato más propios a una posición que a otra, pero no me parece que ese vaya a ser el camino", se ha limitado a decir sobre la convocatoria que ha hecho la CUP.

9.00. El Tribunal de Cuentas comunicará este lunes las conclusiones de la instrucción judicial de las diligencias abiertas contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y tres de sus consejeros por usar fondos públicos en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. En ese acta de liquidación se concretará lo que reclaman a cada uno de ellos y las fianzas que se les imponen, aunque aún tendrán un último plazo de alegaciones antes de que las cifras sean definitivas. Los denunciantes, Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes, reclamaban en conjunto la devolución de algo más de cinco millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

El Tribunal de Cuentas tiene en estudio una petición de la Fiscalía para investigar al expresident Artur Mas y otros de sus consejeros y todo apunta a que aceptará el expediente y que en breve nombrará un instructor que se ocupe de dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, lo que podría acabar en una reclamación del dinero público que se gastó, informa Europa Press.

Hace un mes, la Fiscalía presentó un informe pidiendo la apertura de una investigación contra Mas, el exconsejero de Presidencia, Francesc Homs, y las también exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau "para determinar sus responsabilidades por el gasto de 5,12 millones de euros en las votaciones del 9N" de 2014.

Con ese informe el ministerio público apoyaba la denuncia que había sido presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes que consideran que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

Según indicaron a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento está completando las diligencias preliminares y próximamente procederá al nombramiento de un delegado instructor que asumirá el caso. Su labor será contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.

Son más de cinco millones

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).

Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exmandatarios de facilitar la logística y todoslos medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".

Ya condenados por la vía penal

Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.

En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.

El exportavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ahora inhabilitado, ha denunciado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Tribunal Supremo por supuesta desobediencia de las resoluciones del Tribunal Constitucional, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

Homs se basa en su condena por el 9N: "Si la negativa a acatar una sola providencia ha bastado para condenar a quien suscribe por desobediencia, ¿cómo no habrá de apreciarse delito en el caso de autoridades que se han negado repetidamente y durante años a acatar determinados pronunciamientos de la jurisdicción penal?".

Asimismo, sostiene que el Gobierno central se ha negado abiertamente en varias ocasiones a acatar pronunciamientos de dicho tribunal en materias que afectan a la delimitación de ámbitos competenciales con la Generalitat y expone dos ejemplos recientes: una resolución del TC sobre subvenciones y otra sobre becas universitarias.

"Novedosa doctrina"

Homs sostiene en su recurso que el Tribunal Supremo le condenó por su participación en la organización de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014 con una "novedosa doctrina sobre el delito de desobediencia".

Considera que el fallo, que le condenó a un año y un mes de inhabilitación, hace una nueva interpretación de este delito, por lo que "no se considera necesario ahora que exista un requerimiento o apercibimiento expreso al sujeto obediente".

También, de acuerdo con la nueva interpretación –según sostiene Homs en su denuncia–, ha dejado de ser necesario para apreciar delito la reiteración en la conducta desobediente.

Homs dice en su denuncia que ha decidido dar este paso ante la "sorprendente pasividad" de la Fiscalía ante estos hechos de supuesto desacatamiento de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, para que así el tribunal pueda esclarecerlos.

"Iguales ante la ley"

En este sentido, Homs parafrasea a Rajoy: "En España la Justicia es independiente y todos somos iguales ante la ley, sean quienes sean".

La denuncia también pone de relieve "las negativas de los tribunales de Justicia y de la Fiscalía General del Estado a acatar pronunciamientos de la jurisdicción constitucional".

El exportavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha considerado que el referéndum sobre la independencia de Cataluña debe hacerse antes de septiembre, porque "la política española ahora está débil y no se sabe si estará igual de débil en otoño".

En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha apuntado que en este momento el PSOE "está de mudanza y el PP sigue teniendo una situación de gran debilidad" en el Congreso.

Además, ha afirmado que otro motivo para no retrasar la convocatoria de la consulta es que en Cataluña "el debate está muy maduro ya".

Ha firmado que le parece bien que el referéndum pregunte a los catalanes si quieren que Cataluña sea una "república independiente", como plantea la CUP, porque es una cuestión clara y sencilla.

El exdiputado ha asegurado que el referéndum se podrá celebrar aunque el Tribunal Constitucional considere inconstitucional la partida para la convocatoria que incluye los Presupuestos catalanes, ya que ha dicho que hay otras opciones para afrontar ese gasto.

Asesor de Puigdemont

Sobre el asesoramiento que hará al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en relación al referéndum, ha dicho que será "puntual", porque tras ser inhabilitado dejará la política convencional.

Ha señalado que el presidente catalán le ha hecho ese encargo formal, pero ha matizado: "Evidentemente ahora mi actividad profesional la tengo que centrar en un ámbito que no es el de la vida política convencional".

Aun así, Homs se ha mostrado "encantado" de que Puigdemont cuente con su experiencia y conocimiento de cómo funciona la Generalitat, y ha añadido que le asesorará de forma personal.

Los diputados del PDeCAT, acompañados por los de Unidos Podemos y ERC, han abandonado este jueves el Pleno del Congreso en señal de protesta ante la imposibilidad del parlamentario Carles Campuzano de intervenir en el hemiciclo para defender su "dignidad". Todo ello después que el fuera su portavoz parlamentario, Francesc Homs, haya sido expulsado de la Cámara por la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 13 meses de inhabilitación por la consulta soberanista del 9-N.

Nada más comenzar la sesión plenaria de este jueves, Campuzano ha solicitado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tomar la palabra para defender la "dignidad", ha dicho, de los representantes del PDeCAT después de que la Cámara Baja, en ejecución de la sentencia del Alto Tribunal, haya procedido a expulsar a Homs.

Sin embargo, Pastor ha frenado su pretensión señalando que no procedía concederle la palabra por la cuestión a la que hacía alusión porque, según ha recordado, ya fue discutida en el debate del suplicatorio del propio Homs. "No ha lugar", ha zanjado, tal y como ha informado Europa Press.

El PDeCAT no volverá hasta la próxima semana

Ante esta respuesta, un Campuzano visiblemente molesto avanzaba, aunque los micrófonos no lo han podido recoger, que los parlamentarios del PDeCAT abandonaban el hemiciclo. Con ellos se han solidarizado los diputados de Unidos Podemos y de Esquerra Republicana, que también han salido del Salón de Plenos.

En los pasillos del Congreso, Campuzano ha anunciado que los diputados del PDeCAT no volverían a sus escaños ya hasta el próximo miércoles en señal de protesta. Por su parte, Unidos Podemos y ERC sí han dejado claro que volverían para votar los puntos del orden del día del Pleno este jueves.

El Tribunal Supremo ha remitido este miércoles al Congreso de los Diputados el auto de ejecución de la sentencia que condenó al portavoz en el Congreso del PDeCAT, Francesc Homs, a 13 meses de inhabilitacón por haber apoyado la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 cuando era conseller de Presidencia de la Generalitat, han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal. Homs ha recibido la llamada de la presidenta del Congreso comunicándole que ya había llegado al Congreso el auto de ejecución de la sentencia del Supremo, lo que pone en marcha todo el mecanismo de relevo del escaño.

Homs compareció en rueda de prensa en el Congreso acompañado del resto de miembros de la antigua Convergència y por otros parlamentarios como los portavoces de Esquerra (ERC), Joan Tardà, y del PNV, Aitor Esteban.

Según dijo en su despedida, aunque "algunos crean haber ganado una batalla, no han convencido". Por ello, dijo sentirse "una persona feliz". "Condenado, pero feliz", comentó, subrayando que no piensa pedir el indulto al Gobierno. "Hay una cosa que se llama dignidad".

El auto se ha remitido por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes a la Presidencia del Congreso, Ana Pastor, y supone la puesta en conocimiento de la Cámara Baja de la incoación de la pieza de ejecución de la sentencia.

Ello posibilita la aplicación de la decisión del Supremo y permitirá que empiecen a contarse los meses de la condena desde el momento en el que se produzca de forma efectiva la pérdida por Homs de su condición de diputado.

1/3 Condenar por poner urnas es un error y una debilidad del estado español. Hoy ganamos y seguiremos ganando!

2/3 Sólo me debo al pueblo de Cataluña, que es quien me ha elegido diputado.

3/3 Muchas gracias por las muestras de apoyo, por descontado mucho más allá de mi persona pq responden al compromiso democrático y plural.

Y, entre los tuiteros, hay muchos partir una piña con Homs y otros que se han mostrado enfadadísimos por lo que consideran una condena mínima:

Todo mi apoyo. No podrán con nosotros.

El exconseller y líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha asegurado este miércoles que la condena del Tribunal Supremo (TS) que le inhabilita un año y un mes por la consulta del 9 de noviembre de 2014 es un error y que "lo volvería a hacer", según ha informado Europa Press.

En varios apuntes en Twitter tras conocer la sentencia, ha dicho que "condenar por poner urnas es un error y una debilidad del Estado español: Hoy ganamos y seguiremos ganando".

También ha asegurado que él solo se debe "al pueblo de Catalunya" porque es quien le ha elegido diputado, y ha agradecido las muestras de apoyo.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Govern, Neus Munté, que ha calificado de "injusta" la sentencia de un año y un mes de inhabilitación contra Homs. Asimismo, ha asegurado que defenderán su estrategia de defensa si decide recurrirla al Tribunal Europeo de Derecho Humanos.

"No aceptamos que se puedan inhabilitar ideas, urnas y el ejercicio democrático que llevaron a cabo 2,3 millones personas el 9N", ha recalcado en declaraciones en los pasillos del Parlament, donde ha expresado su apoyo y solidaridad a Homs.

Igualmente, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de "grave" la condena a Homs, afirmando que se le ha condenado "por poner urnas".

"A los señores del Convergencia a lo mejor hay que juzgarles por el 3% y por los casos de corrupción, pero me parece grave que en nuestro país alguien pueda ser inhabilitado por poner urnas", ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Iglesias ha criticado la judicialización de este asunto, porque cree que esta situación "contribuye a separar Cataluña de España". "Nosotros no queremos eso, queremos un proyecto de fraternidad", ha remachado.

"Al rincón de pensar"

El coordinador del PP catalán, Xavier García Albiol, ha celebrado que el Supremo envíe "al rincón de pensar" al exconseller Francesc Homs. En declaraciones en el Parlament, ha dicho que los tribunales están "poniendo a cada uno en su sitio, como hicieron con Artur Mas, y debe quedar claro que no les va a salir nada gratis".

Así, considera que esta sentencia es un precedente del que deben tomar nota la presidenta del Parlament y también los diputados que han votado a favor de financiar el referéndum en los Presupuestos 2017: "Es un claro aviso para ellos. Seguirán los pasos de Homs, Mas y alguno más".

"Buscar salida al conflicto"

La coordinadora de los diputados y senadores del PSC y miembro de la dirección del Grupo Socialista, Meritxell Batet, ha expresado su respeto por la sentencia del Tribunal Supremo, pero también ha reclamado que el Gobierno y la Generalitat busquen una salida al conflicto político planteado por los soberanistas.

En declaraciones en el Congreso, Batet ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo "va en la misma línea" que las condenas que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a Artur Mas y otras dos de sus consejeras, con los tiempos similares de inhabilitación.

Ahora bien, al mismo tiempo que considera "imprescindible" el respeto a la ley y a las resoluciones judiciales, la dirigente socialista ha subrayado que el problema político sigue ahí y sigue "intacto".

A su juicio, en los últimos cinco años no se ha hecho "absolutamente nada" por resolver ese conflicto político, no se ha abierto ningún diálogo y el problema sigue igual, "incluso retroalimentado entre los dos polos que viven del conflicto".

El exconseller y diputado del PDeCat Francesc Homs ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año y un mes de inhabilitación por un delito de desobediencia derivado de su participación en la consulta realizada el 9N de 2014, informa Europa Press.

El alto tribunal le absuelve del delito de prevaricación del que también había sido acusado por el fiscal Jaime Moreno –que había pedido para él una inhabilitación de 9 años– y le impone una multa de 30.000 euros. Al tratarse de una resolución firme, la sentencia será remitida al Congreso de los diputados a través de su presidenta, Ana Pastor, para que ejecute la inhabilitación del diputado nacionalista, han explicado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

La resolución del alto tribunal se produce en la misma línea que la dictada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el mismo delito a dos años de inhabilitación para cargos públicos electivos locales, autonómicos o estatales al entender, al igual que establece ahora el Supremo, que la prevaricación administrativa de la que ambos habían sido acusados quedan absorbidas en el delito principal de desobediencia.

La Sala precisa además que "limita su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se ha formulado acusación" y no se cuestiona "si la aplicación económica de fondos públicos, promovida por el acusado en abierta y franca contradicción con el mandato emanado del Tribunal Constitucional, tiene o no relevancia penal", por lo que no entra a valorar si en este caso existió una malversación de fondos públicos de la que por otra parte no había sido formalmente acusado.

En relación con el delito de desobediencia, la sentencia explica que la providencia del TC, de 4 de noviembre de 2014, en la que se acordaba la suspensión de las actividades relacionadas con el proceso de participación, era de fácil comprensión y ordenaba a Francesc Homs que se paralizaran las actividades ya puestas en marcha y que se abstuviera de promover otras acciones dirigidas a la celebración de la consulta del 9-N.

En este sentido, indica que Homs sabía perfectamente cuál era el objeto de la impugnación y sabía que en el contenido de la providencia se aludía a todas aquellas actividades, presentes o futuras, que estuvieran dirigidas a hacer realidad la votación. "La idea de que la excesiva amplitud del mandato oscurecía el ámbito de lo prohibido encierra un inaceptable sofisma. Entender que cuando el mandato lo abarca todo, en realidad no abarca nada, carece de sentido", afirma la Sala en su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena.

Asimismo, añade, la ruptura de las bases constitucionales y del marco normativo que hace posible el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, no puede resultar indiferente al derecho penal. Sobre todo, cuando el legítimo restablecimiento de la legalidad, expresado cautelarmente a través de la providencia de suspensión del TC fue desatendido por sus principales destinatarios.

"Y la claridad de esta idea, llamada a actuar como presupuesto de la convivencia pacífica, no puede ser oscurecida mediante la voluntarista alegación hecha valer por el acusado de que fue él, en cumplimiento de su deber como gobernante, quien asumió el juicio de ponderación y decidió hacer caso omiso al requerimiento del TC.

Prevaricación absorbida por desobediencia

La sentencia argumenta que no se dan los requisitos exigidos para dictar una condena por un delito de prevaricación, con fundamento en las omisiones del acusado que permitieron el desarrollo del proceso de participación. Razona que cada una de esas omisiones son secuencias de una desobediencia más amplia, la que impulsó a Francesc Homs a menospreciar el mandato del Tribunal Constitucional.

En este sentido, indica que condenar por un delito de prevaricación, tomando como acción típica las conductas omisivas del acusado, supondría fragmentar artificialmente una conducta omisiva que solo se explica por su unidad.

"Las distintas omisiones no son sino manifestaciones de la contumacia del acusado, de su resistencia a someterse al mandato del TC. Si bien se mira, la injusticia de esas omisiones -elemento insustituible del tipo objetivo del delito de prevaricación- solo podría apoyarse, en su caso, en la conducta desobediente que ya ha sido objeto de punición", asevera la Sala.

Además de esas omisiones, precisa la sentencia, en el caso del acusado, existió una acción positiva claramente individualizada en el relato de hechos probados. Se trata de la carta, de 6 de noviembre de 2014, en la que respondió a las dudas suscitadas por un directivo de T-SYSTEMS que exigía saber si los trabajos encomendados a esta empresa estaban afectados por la prohibición del Tribunal Constitucional.

Para el Tribunal Supremo, no basta acreditar la existencia de una resolución administrativa para condenar por un delito de prevaricación, sino que, además, se precisa que ésta sea injusta. En este sentido, detalla que la carta, si llegara a tildarse como una resolución injusta, lo sería porque mediante su contenido se desobedece lo resuelto por el Tribunal Constitucional.

Pero eso es precisamente, indica la sentencia, "lo que ha servido a la Sala de presupuesto para el juicio de tipicidad que permite la condena del señor Homs como autor de un delito de desobediencia".

Sobre la participación de voluntarios en el proceso, la Sala no cuestiona su protagonismo, pero señala que su presencia no se puede invocar como argumento exoneratorio para convertir lo que fue un proceso tutelado y dirigido desde el Gobierno de la Generalitat en un espontáneo movimiento ciudadano ajeno a toda vinculación pública o institucional.

Además, la sentencia se refiere a la propuesta de la defensa de anteponer el criterio de la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al criterio asumido por la Fiscalía General del Estado de interponer una querella. Ello supone, según la sentencia, "voltear el diseño constitucional del Ministerio Fiscal e implica confundir el principio de dependencia jerárquica con un extravagante formato asambleario en el que la opinión de los Fiscales del TSJC se impone a la de la Fiscal General del Estado".

Respecto de las valoraciones ofrecidas por el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) y actual responsable del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Sunyer, la sentencia señala que "más allá de su irrelevancia por lo que tienen de meras opiniones jurídicas que nada añaden a la realidad de los hechos", resulta especialmente llamativo que quien ha desempeñado el cargo de vicepresidente del TC albegue alguna duda"y pueda transmitirla a quien le consulte" acerca del efecto automático de la suspensión asociada a la interposición del recurso que presentó el Abogado del Estado ante el tribunal de garantías.

Al término del juicio celebrado contra él entre los pasados 28 de febrero y 1 de marzo el representante del Ministerio Público defendió que el denominado "proceso participativo" celebrado en Cataluña "no fue más que un desafío a la legalidad y un pulso al Estado de Derecho y señaló la existencia en el caso de Homs de indicios suficientes para condenarle. Por su parte, el diputado insistió por su parte en que el Govern decidió mantener la consulta soberanista, convencido de no incurrir en ilegalidad, tras ser suspendida por el Tribunal Constitucional del 4 de noviembre.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha registrado varias preguntas parlamentarias en el Parlamento catalán para saber cómo se pagan los gastos de los cargos públicos que han acompañado al exconseller y portavoz parlamentario en el Congreso de PDeCAT, Francesc Homs, en sus comparecencias judiciales en Madrid. En concreto, pregunta si la Generalitat los paga con fondos públicos, algo que, a su juicio, sería "difícilmente justificable".

El pasado lunes, varios miembros del Gobierno catalán y de la antigua Convergencia acompañaron a Homs en su declaración ante el Tribunal Supremo que juzga la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014. El propio exconseller afirmó la víspera que una sentencia condenatoria sería el "fin del Estado español" y habló de "juicio político".

En sus preguntas a la Mesa del Parlamento catalán, a las que ha tenido acceso Europa Press, Levy quiere saber cuántos miembros del Gobierno acudieron a Madrid el pasado 27 de febrero y cuál fue la agenda de esos consejeros en ese viaje. También pregunta si se desplazaron a Madrid más personas al servicio de la Generalitat, así como si se pagó ese viaje a periodistas, según ha informado Europa Press.

La diputada catalana solicita datos concretos sobre el coste de ese viaje en concepto de transporte, pernoctación y manutención de esos miembros del Gobierno catalán que acudieron a Madrid, así como si recibieron algún tipo de dieta o compensación por arropar a Francescs Homs en su comparecencia ante el Supremo.

La responsable de Estudios y Programas del PP pregunta también cómo se pagan los gastos de los cargos públicos que acudieron con Homs a Madrid para sus comparecencias judiciales del pasado 19 de septiembre y 23 de noviembre de 2016. El objetivo de estas preguntas, según el PP, es saber si el gasto de esos desplazamientos a Madrid va a cargo de fondos públicos de la Generalitat, ya que, a su juicio, es una cuestión "ajena al interés de los catalanes" y "difícilmente justificable".

Mas se ha explicado de este modo durante su declaración como testigo en el juicio que se sigue contra el exconseller de Presidencia y actual diputado del PDeCat Francesc Homs, para quien la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

La única similitud entre dicha convocatoria y el proceso participativo, según ha explicado, es que ninguna de las dos tenía consecuencias jurídicas, "aunque evidentemente sí consecuencias políticas".

A partir de ahí todo lo demás eran diferencias entre una convocatoria y otra, según ha explicado el expresidente, que ha añadido que desde un punto de vista político las dos perseguían la finalidad de conocer cuál era la opinión de la gente.

A preguntas de la defensa de Homs, Mas ha denunciado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, respondió con "desprecio y burla en términos despectivos" al conocer la suspensión de la convocatoria inicial en septiembre de 2014.

El fiscal no le pregunta 

Antes de que comenzara a hablar, el presidente del tribunal Manuel Marchena ha advertido a Mas que aunque venía como testigo, y dado que ha sido juzgado por los mismos hechos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estaba eximido de prestar juramento y podía evitar contestar a las preguntas que considerara que podían perjudicarle en su estrategia de defensa.

Mas ha comparecido como testigo de la defensa, que ejerce la abogada Eva Labarta. El fiscal Jaime Moreno, por su parte, ha rechazado preguntarle "por su respeto a su situación procesal" por lo que su intervención en este juicio ha durado apenas 22 minutos.

Sólo recibieron un correo

El expresidente de la Generalitat ha hecho un recorrido por las fechas clave de la deriva soberanista recordando con especial hincapié en que, en relación a la consulta, tan solo recibieron un correo electrónico del TC dirigido a él mismo y en el que se invocaba la aplicación del artículo anteriormente citado.

Mas, que ha sido juzgado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también por la organización de la consulta del 9-N, ha mostrado su sorpresa de que la providencia del TC recibida al día siguiente por correo ordinario fuera la única notificación que les llegó en el plazo de un mes pese a conocer su intención de poner en marcha el proceso participativo. "Nadie nos requirió nada en más de un mes de tiempo", ha asegurado.

Mas también ha denunciado que el Ejecutivo popular actuó con "claro abuso de poder" al invocar al artículo 161.2 del Código Penal sobre la suspensión de leyes autonómicas en el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional y que fue admitido a trámite por unanimidad del Pleno del alto tribunal.

"Nosotros reaccionamos ante la providencia y acordamos presentar un recurso delante del Tribunal Supremo porque entendíamos que el Gobierno había hecho un claro abuso de poder al invocar al artículo ese que le permite suspender cualquier norma. Además formulamos recurso de súplica ante el Constitucional para que nos aclararan qué es lo que había que suspender", ha expuesto ante el tribunal. Informa Europa Press.

En relación a los antecedentes de la consulta, el expresidente de Cataluña ha asegurado que el Parlament catalán hizo un primer intento "de entenderse con el Estado español" al tratar de negociar los términos de la consulta con la intervención de tres de sus diputados en el Congreso.

"No se tomaron decisiones unilaterales, el pacto fue desoído y a partir de ahí se empezó a crear un marco legal para promover una consulta", basada, según ha explicado, en el respaldo popular al derecho a opinar.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que juicios "políticos" como el que celebrada el Tribunal Supremo contra el actual diputado del PDeCAT, Francesc Homs, provocan grietas profundas en la democracia. "Se remueve la Fiscalía de tal forma para que al final no se creen problemas en determinados sitios", ha acusado poco después de la entrada de su exconsejero en el alto tribunal, ha informado Europa Press.

Mas, que ha acompañado a Homs en un recorrido en el que un centenar de personas han mostrado su apoyo al diputado, ha descrito los motivos que provocan estas grietas. Además de vistas orales como la de hoy –"promovida simplemente por escuchar a la gente y poner la urnas", ha dicho– se hace una operación Cataluña para perseguir "a la gente por sus ideas. "Hoy somos nosotros, otro día puede ser otros por otros motivos", ha destacado.

En opinión de Mas, este juicio no debería haber existido. "Por eso no se debería juzgar a nadie y menos por la vía penal", ha defendido y ha confiado en que los jueces apliquen estrictamente "lo que es el cuerpo jurídico" ya que desde el punto de vista técnico no hay motivos para una condena.

"Hicimos lo que teníamos que hacer que era hacer caso de los mandatos del Parlamento de Cataluña del voto de la gente y escuchar a la gente que querían manifestarse sobre el futuro político de Cataluña", ha defendido.

También ha destacado respecto a su actuación en la consulta soberanista del 9N que volvería a hacer "exactamente lo mismo" porque no fue malo. "Lo hicimos con la cara bien alta y lo volveríamos a hacer", ha agregado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido "normalidad" ante el proceso judicial que afronta por la consulta del 9 de noviembre el portavoz del PdeCAT, Francesc Homs, ya que, según ha dicho, está sometido a la ley como los 46 millones de españoles. Además, le ha recordado que España tiene "muy buena salud", después de el diputado de la antigua Convergencia pronostique "el fin del Estado español" si es condenado en ese juicio.

"Esto son cosas que ha dicho el señor Homs probablemente sin pensarlo demasiado. Aquí lo importante es que los tribunales actúen y todos acatemos sus resoluciones", ha declarado Rajoy al término del desayuno informativo organizado por Europa Press con el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno.

Así se ha pronunciado al ser preguntado expresamente por las palabras de Homs afirmado que si el proceso judicial del 9-N acaba con condenas, será "el fin del Estado español" porque, en su opinión, se constatará que "la democracia puede ser castigada con el Código Penal". Además, el que fuera consejero de Presidencia de la Generalitat cuando se celebró la consulta dijo que cree que se trata de un "juicio innegablemente político".

Pide "normalidad"

Rajoy ha dicho que espera que "las cosas se produzcan con normalidad" y ha recordado que el Supremo pidió un suplicatorio a las Cortes Generales para ese juicio, que se va a celebrar ahora. Según ha añadido, él acatará y respetará las decisión que adopte el alto tribunal "sean las que sean" y le parezcan "más acertadas o menos".

"El señor Homs está sometido a la ley como estamos sometidos a la ley los 46 millones de españoles. Lo único que espero es que se produzca una situación de normalidad, que el señor Homs se defienda, tiene perfecto derecho a hacerlo y que el Tribunal Supremo haga justicia a su leal saber y entender", ha enfatizado.

A lo largo de toda su declaración, Homs ha insistido en que reconoce todos los hechos expresados en el escrito de la Fiscalía "y otros más" porque son "pura evidencia" y ha centrado sus esfuerzos en calificar de "poco clara y definida" la providencia del TC que suspendió también el denominado "proceso participativo" –el tribunal de garantías ya había prohibido inicialmente en septiembre la celebración de la consulta por la Gereralitat–. Ha subrayado, en todo caso, que el Gobierno autonómico nunca pretendió vulnerar la ley.

"La consulta no se podía suspender porque no se puede suspender aquello que no se hace", ha apuntado el exconseller. "Lo que hacíamos era un proceso participativo, con voluntarios y esas cosas, porque estaba en juego el ejercicio de derechos fundamentales como la participación política y la libertad de expresión e ideológica. Un Gobierno tiene que tomar decisiones en un marco de obligaciones que tienen que son la Constitución, las obligaciones contraídas en el Parlament de Cataluña" , ha añadido ante la insistencia de fiscal Jaime Moreno.

La Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 que había sido suspendida por inconstitucional.

Homs ha señalado que se enteró de la decisión del tribunal de garantías primero por los medios de comunicación porque la decisión del TC "era pública y notoria" y después por un correo , si bien la providencia no se notificó personalmente. "Después esto ha cambiado según el tipo de providencias", ha apuntado, en relación con resoluciones posteriores del Tribunal Constitucional.

El Ministerio Público, que ejerce la única acusación en el proceso, pidió sentar en el banquillo al portavoz del PDECat en la Cámara baja al entender que su participación resultó "crucial" y que puso los servicios jurídicos de su departamento a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

"Es público y notorio lo que hicimos"

"Es público y notorio lo que hicimos", ha señalado Homs al inicio de su declaración, en la que también ha reconocido que el departamento que dirigía participó en el desarrollo de la publicidad institucional para informar a la población "de que había un ámbito deliberativo y también que había la posibilidad de pudieran ejercerlo en función de sus derechos de libertad de expresión y participación política".

Después de que Homs se haya quejado de que el fiscal Jaime Moreno le interrumpía en sus declaraciones ha tomado la palabra el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, para señalarle que esta no era "su casa, es el Tribunal Supremo", y que no debía tratar de "hacer glosa de la pertinencia o impertinencia" de las preguntas del representante del Ministerio Público.

"Siempre tuve el encargo del presidente y del Govern de ajustarme a los términos de la legalidad", ha señalado, para indicar que cuando conoció el informe de la junta de fiscales de Cataluña contrario a la interposición de una querella contra el expresident Artur Mas y otros dirigentes por estos hechos tuvo la "lógica satisfacción".

"El todo y nada son sinónimos"

En otro momento, tras preguntarle el fiscal si desde el Ejecutivo autonómico hicieron algo tendente a dar cumplimiento a la providencia del TC, Homs ha señalado que entendieron que dicha resolución no ordenaba nada en concreto dada su poca claridad. "El todo y el nada son sinónimos, si lo mandaba todo también mandaba nada", ha contestado el exconseller.

También ha lanzado un dardo contra el Ejecutivo popular al manifestar que no entendía por qué siendo todo "público y notorio, nadie hiciera nada, ni tan siquiera la Fiscalía". "No se le puede exigir ahora al Govern que era la única institución que podía para la consultar y que en el resto de instituciones del Estado español nadie hiciera nada. Hubiéramos estado fuera de la Ley si hubiéramos hecho las cosas de otra manera", ha respondido.

El exconseller ha acusado al Ejecutivo de "haber hecho abuso de derecho" en relación con el artículo 161.2 de la Constitución sobre la suspensión de leyes autonómicas y ha reconocido que dieron instrucciones para preparar un recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional en el caso de que no fuera atendida la petición de medidas cautelarísimas presentadas ante el Supremo.

Pidió a T-Systems que siguiera adelante

Homs también ha reconocido que advirtió a la empresa de telecomunicaciones T-Systems, contratadada para organizar el 9N, de que siguiera adelante pese a la suspensión del TC porque tenían un acuerdo con la Generalitat y debían cumplirlo, ya que de lo contrario, él "tenía capacidad de actuar" ante una posible negativa de la compañía.

Por otra parte, ha reconocido que "lógicamente" dio las instrucciones para sancionar a diversos medios como la Cope, Onda Cero y la Ser porque se negaron a difundir anuncios sobre la consulta, porque si hubiera hecho lo contrario hubiera incurrido en "prevaricación" en función de los contratos de explotación del espacio radioeléctrico.