Un juzgado mercantil de Nanterre estudiará este próximo jueves si valida el acuerdo que pone fin a la breve historia del grupo español Mediapro en Francia. En caso afirmativo, la empresa de Jaume Roures devolverá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa los derechos televisivos que adquirió por 830 millones de euros en mayo de 2018 y pagará 100 millones de indemnización a la patronal gala por el impago de dos de los tres plazos que debería haberle abonado este año.

De esta forma la LFP podrá recuperar los derechos de televisión para ofrecérselos a otro operador e intentar paliar los acuciantes problemas económicos que atraviesan tanto ella como los propios clubes franceses de fútbol. Porque con la subasta de esos derechos, que aumentó nada menos que un 60% el precio de la anterior, en 2015, y alcanzó un precio récord en Francia de 1.153 millones de euros, el fútbol galo confiaba en solventar sus serios aprietos financieros. Al final de la temporada 2018-2019, su déficit alcanzaba los 160 millones de euros, 126 millones sólo de la primera división. Antes de la pandemia. A mediados de este ejercicio, según publicó el pasado mayo el diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, la LFP ya se encontraba en quiebra. La crisis del coronavirus, que supuso la cancelación del Campeonato de Liga en marzo y, por tanto, el cierre de todas las fuentes de ingresos de los clubes, desde la venta de entradas y los ingresos por patrocinio hasta el pago de los derechos de transmisión de los partidos –entonces aún en manos de Canal+–, ha terminado por ahogar definitivamente al fútbol francés.

Así, los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Mediapart mostraban ya entonces que Canal + –por la primera división– y BeIN Sports –por la segunda– habían dejado de pagar 213,2 millones de euros, los ingresos publicitarios se habían reducido 108,3 millones y los procedentes de traspasos de jugadores, otros 209,8 millones, mientras los recibidos por la venta de entradas se habían quedado en cero. En total, el periódico cifraba en 438 millones de euros los números rojos de la Liga francesa.

La respuesta de los directivos de la LFP fue pedir un préstamo de 224,5 millones de euros “para compensar al menos las pérdidas de los clubes relacionadas con derechos televisivos no reconocidos”, explicaba el diario galo. El 90% de esa cantidad cuenta con la garantía del Estado francés. El plan de la patronal consistía en devolver el dinero a razón de 67,2 millones anuales procedentes de los pagos que Mediapro debía abonar por los derechos audiovisuales adquiridos.

Pero estalló la pandemia. La crisis se desencadenó cuando, tras hacer su primer pago, 172 millones, en agosto –compró los derechos de 2020 a 2024–, el grupo de Roures no abonó ni el plazo de octubre ni el de diciembre. Adujo que el coronavirus había dado al traste con el negocio tal y como lo había concebido y pidió a la LFP que renegociara a la baja el contrato. Al mismo tiempo, anunció que la cadena de pago que había creado, Téléfoot, cesaba en sus emisiones. Los empleos de sus 150 trabajadores están ahora en la cuerda floja. Sólo ha conseguido sumar unos 600.000 suscriptores, lejos de los 3,5 millones que necesita para no perder dinero.

Los riesgos “imprudentes” de la Liga y la falta de liquidez de Mediapro

Desde el primer momento, las dudas sobre la solvencia de Mediapro, propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontai propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontaidesde 2018, alcanzaron las páginas de los medios franceses, que ahora han visto confirmados sus temores. En mayo, Mediapart destacaba el hecho de que Roures hubiera creado una “estructura ad hoc” en Franciaad hoc para hacerse con los derechos del fútbol, lo que le hacía sospechar del verdadero “grado de compromiso” de la matriz con el negocio en ese país.

Ahora, tras desvelarse el fiasco, los periódicos galos han puesto el foco en las “dificultades financieras” del grupo hispano-chino. Le Monde, que cita a Moody’s, cifra en 920 millones de euros la deuda de Mediapro. También señala la rebaja de rating que además de Moody’s, S&P y Fitch aplicaron en octubre a la compañía de Roures. Las agencias consideran que el riesgo de crédito del grupo es “muy alto” y sus títulos, “de baja calidad”. S&P atribuye a Joyce Media, la matriz de Mediapro, “una estructura de capital insostenible, dado su alto nivel de deuda en relación con su débil generación de liquidez”. De ahí que no pudiera hacer frente a los pagos debidos a la Liga de Fútbol francesa. En junio su liquidez era de sólo 147 millones de euros. El grupo audiovisual, no obstante, había cerrado 2019 con un resultado bruto de explotación de 224 millones de euros.

Es más, el vespertino francés asegura incluso que Mediapro puede enfrentarse a las demandas de los cuatro operadores que distribuyen Téléfoot: Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom.

Si, como parece, Mediapro no paga su deuda a la LFP y ésta tarda en vender de nuevo los derechos televisivos –que además tendrán que recolocar con un precio mucho más bajo–, el agujero en las cuentas de la patronal francesa va a ser considerable. Y puede igualmente poner en peligro la devolución del préstamo. Como ha sido avalado por el Estado en un 90%, existe el riesgo cierto de que, a la postre, la deuda termine siendo pagada por los contribuyentes franceses. La LFP replicó entonces que el préstamo “no supone ningún riesgo económico”. Los reembolsos de Mediapro “no representan más del 5% de los ingresos de la LFP y no involucran a los contribuyentes franceses de ninguna manera”, explicó en un comunicado.

“No se pueden contraer esos riesgos y luego pedir ayuda al Estado como a un bombero, eso sería demasiado fácil”, declaró el ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer antes de que se conociera el cese de actividad de Mediapro en Francia. Pero, cuando se le preguntó si el Estado va a dejar entonces que los clubes quiebren, respondió que no. “Hay un margen”, añadió, “entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren”. Aun así, fue crítico con los riesgos “imprudentes” que a su juicio han asumido ciertos “actores privados”. “En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien”, se quejó en una entrevista al canal BFMTV.

Conflictos legales también en Italia y Estados Unidos

En Italia, Mediapro también pujó por los derechos audiovisuales de la Primera División y también ha terminado con un conflicto legal. En 2018 se quedó con esos derechos por una cantidad similar a la francesa, 1.050 millones de euros. Pero como no presentó garantías, la Liga italiana le rescindió el contrato. Después, ambas partes se enzarzaron en los tribunales a cuenta de un adelanto de 52 millones abonado por Mediapro y de sendas indemnizaciones.

En Estados Unidos le fue incluso peor. Acaba de reconocer que tres directivos de la empresa pagaron sobornos para adquirir los derechos televisivos de la fase de clasificación en Centroamérica y Caribe para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Los tres altos cargos, asegura, fueron despedidos en diciembre de 2015. En 2018, el grupo de Roures tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros por este caso, cuya investigación fue llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York.

Mientras, en España, Movistar tiene también desde 2018 los derechos de LaLiga, que hasta ese momento estaban en manos de Mediapro. El precio del paquete completo alcanzó el récord de 3.421 millones de euros, de los que la compañía de José María Álvarez-Pallete se quedó con 2.940 millones, correspondientes a los ocho partidos por jornada y El Partidazo, mientras que Mediapro consiguió los derechos de transmisión a los bares y los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones. En el anterior concurso fue Movistar la que se hizo con El Partidazo –750 millones– y Roures con los ocho partidos –1.900 millones–. La guerra del fútbol con Prisa se cerró el año pasado después de 12 años con el pago por el grupo editor de El País de una indemnización de 51 millones a la compañía de Roures.

La independencia catalana tendría implicaciones negativas para el perfil de crédito de España debido al tamaño de la región, de forma que su secesión debilitaría la fortaleza económica del país, según la agencia crediticia Moody's, que prevé no obstante que Cataluña seguirá formando parte de España, ya que existen muchos obstáculos para se pueda hacer efectiva su salida.

"La región de Cataluña aporta aproximadamente el 19% del PIB español y representa el 16% de la población total del país, siendo además su PIB per cápita superior a la media nacional, de forma que su salida debilitaría la fortaleza económica de España y, por tanto, tendría implicaciones negativas sobre el perfil de crédito", según apuntan la vicepresidenta senior de Moody's Sarah Carlson y la analista Marisol Blázquez, ambas coautoras del informe, del que se hace eco Europa Press.

No obstante, señalan que, según sus pronósticos, "Cataluña seguirá formando parte de España", ya que existen muchos obstáculos para que la independencia pueda consumarse. Entre las dificultades que la agencia de calificación ve figuran "la oposición firme y continua" del Gobierno central, la existencia de una serie de herramientas de las que el Estado dispone para afrontar el desafío y las encuestas, que muestran que "el apoyo popular es inferior a la mayoría".

De igual forma, asegura que en el caso de que el referéndum del 1 de octubre finalmente se lleve a cabo y diera como resultado un apoyo a la independencia, la inexistencia de una base legal y la ausencia de un umbral mínimo de participación "probablemente minarían su legitimidad".

Ceder una mayor descentralización

La relación política entre el Gobierno central y las autoridades catalanas "se mantendrá muy tensa", vaticina Moody's en su informe publicado este lunes, lo que considera que podría complicar los esfuerzos para llegar a un compromiso que responda al deseo de Cataluña de una mayor autonomía.

"Una mayor descentralización de Cataluña respecto a España es probable dadas las presiones independentistas", aseguran Carlson y Blázquez en el estudio. En este sentido, creen que la mejor solución sería satisfacer algunas de las principales demandas de Cataluña, como las relacionadas con mayores recursos fiscales y la reforma del marco de financiación regional, pero siempre respetando la legalidad de la Constitución española.

España es uno de los países más descentralizados de la Unión Europea en términos de gastos del sector público, aunque es uno de los que más 'poder' ostenta en lo que respecta a la fiscalidad.

El control sobre las finanzas de los gobiernos regionales ha sido una debilidad notable en la estrategia de reducción del déficit del Gobierno de España en los últimos años, a pesar de que el Estado tiene mayor capacidad para compeler legalmente la consolidación fiscal a nivel regional tras la aprobación en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pérdida del apoyo financiero

Por otro lado, Moody's advierte de que las continuas tensiones también presentan implicaciones potencialmente negativas para el Gobierno de Cataluña, cuya nota de solvencia actual es 'Ba3' con perspectiva "negativa", lo que implica un grado de solvencia de calidad cuestionable y con opción de empeoramiento de la calificación.

En este sentido, aunque hasta el momento el debate político sobre la independencia no ha afectado al apoyo de liquidez del Gobierno central al regional mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la calidad crediticia de Cataluña "podría verse afectada negativamente si las tensiones políticas se intensifican aún más, provocando dudas sobre la voluntad del Ejecutivo central de continuar proporcionando apoyo financiero".

La pasada semana, el Parlamento regional catalán aprobó la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república (LTJ) que contempla la celebración del referéndum de independencia de España el próximo 1 de octubre. Según los términos de la ley, la asamblea declararía la independencia a un nuevo Estado 48 horas posteriores al plebiscito.

Aunque esta ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional de España, la evolución de este escenario "marca una nueva escalada en las tensiones entre ambos gobiernos".

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acaba de repetir su anhelo por un Gobierno “estable” en España. Hace una semana pidió un Ejecutivo “lo más estable posible” y este viernes recalcó que debe formarse “cuanto antes”. Aunque dice que no quiere “interferir en la composición detallada” de ese Gobierno, ni comentar el anuncio de ruptura de Cataluña, sí que reclama a España que “se muestre a la altura”. Tras descartar los “consejos en público”, el luxemburgués reconoce haber comunicado la necesidad de “estabilidad” en “despachos más cerrados”.

También en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se hizo eco inmediato del mensaje en incluso entró en el detalle: el nuevo Gobierno debe integrar a PP, PSOE y Ciudadanos. Así, recalcó, se mantendrá “lo conseguido en los últimos meses”.

Las llamadas a un Ejecutivo “estable”, precisando o no cuáles deben ser sus ingredientes, se han sucedido desde el 20-D, cuando las urnas conformaron el Parlamento más fragmentado desde 1982. Bruselas fue de los primeros en pronunciarse a favor de un Gobierno que pueda seguir trabajando con las instituciones comunitarias en la reducción del déficit y en nuevas reformas. Ese mismo día Fitch y Moody's ya hablaron de los riesgos de una “incertidumbre política prolongada” para la economía española. Además, advirtieron de que un Gobierno de coalición “débil” o integrado por “partidos radicales” amenazará las reformas ya aprobadas o la política fiscal.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se limitó entonces a pedir un “Gobierno de coalición”, tal y como habían dejado claro los españoles en las urnas el día anterior, apuntó. Pero la víspera de Reyes la patronal ya instó a los partidos políticos a formar un Ejecutivo que permita un “entorno estable” para avanzar en la recuperación económica. El Círculo de Empresarios se ha sumado también a las voces en favor de un Gobierno “sólido” que proporcione “seguridad jurídica”, y exige para ello un “pacto urgente” entre los partidos, porque unas nuevas elecciones no son “lo que más conviene al interés general”, según explica su presidente, Javier Vega de Seoane en un artículo publicado por el diario Expansión.

Los bancos Goldman Sachs y Julius Baer se unieron al coro coincidiendo en destacar el “punto muerto” en que, a su juicio, se encuentra el país tras el 20-D. Ambos alertan de que la incertidumbre política afectará a la confianza de inversores y consumidores. Hasta el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, se ha pronunciado a favor de un Gobierno “estable”, integrado por fuerzas “moderadas, constitucionalistas y respetuosas con las leyes”, porque es lo que dicta “la razón y el sentido común”.

La recuperación no peligra aun con nuevas elecciones

Pero también hay quien relativiza el protagonismo de la estabilidad gubernamental en el ciclo económico. Deutsche Bank pronostica que la economía española crecerá este año un 2,5% con independencia de lo que ocurra con el Gobierno. “Incluso en un escenario de nuevas elecciones, no se esperan subidas de la prima de riesgo significativas y, en todo caso, serán temporales, con lo que no se pondrá en peligro la actual recuperación”, destaca la economista jefe del centro de inversiones del banco alemán, Rosa Duce.

Con ella coincide el economista José Moisés Martín Carretero. “La prima de riesgo está anestesiada por el Banco Central Europeo (BCE)”, explica, por lo que no se repetirá la situación de 2012, cuando el diferencial con el bono alemán escaló a máximos históricos –632 puntos, hoy está en 127– antes del rescate comunitario a la banca española.

Tampoco cree Adam Posen, director del Instituto Peterson y exmiembro de la Reserva Federal de EEUU, que las dificultades para formar Gobierno en España vayan a generar tensiones en los mercados. En una entrevista publicada por El Mundo, aseguraba que los fundamentales de la economía española –productividad, inflación, PIB– “no son tan malos como los alemanes y como otros pretenden presentarlos”. A su juicio, “no hay razón para que España vuelva a tener problemas”, gracias a las inyecciones de liquidez del BCE y a la “fatiga” de los inversores, que no parecen dispuestos a vender deuda española. Martín Carretero está de acuerdo. “Los fundamentales no se ven afectados por los gobiernos que elegimos”, apunta.

A su juicio, los mensajes de las autoridades comunitarias e instituciones nacionales en favor de un “Gobierno estable” son “más políticos que de impacto económico”. Y el color del próximo Ejecutivo no va a ser determinante para las cuestiones prioritarias, como la negociación con Bruselas para aplazar el compromiso de reducción del déficit, que José Moisés Martín considera inevitable. “Está en los programas electorales del PSOE y Podemos, y se encuentra implícito en los Presupuestos Generales, que el Gobierno del PP aprobó a sabiendas de que no se cumplirán”, explica. Esa negociación se va a llevar a cabo “con independencia del Ejecutivo que haya”.

Además, las reformas pendientes “afectan al largo plazo”, por lo que no es determinante si se aprueban ahora o dentro de unos meses, indica. Martín Carretero, miembro de Economistas frente a la Crisis, cree que la incertidumbre en torno al próximo Gobierno puede afectar al “clima de negocios” que, precisa, “es algo muy difícil de medir”, pero descarta que el PIB español vaya a caer dos décimas porque no haya Gobierno”.

La amenaza global

Juan Ignacio Crespo, matemático y analista financiero, advierte de que es mucho más preocupante “lo que viene de fuera”, la amenaza de una crisis global que está empezando a barruntarse. La caída de los mercados de materias primas, el desplome del precio del petróleo, el parón de los países emergentes y de la economía china, los números rojos de las bolsaseconomía china rojos… dibujan un panorama sombrío tras el que algunos ya adivinan una segunda recesión mundial. El inversor estadounidense George Soros no duda en comparar la situación con los momentos previos a la crisis de 2008, cuando cayó Lehman Brothers. El profesor de la Universidad Carlos III Juan Laborda está convencido de que la economía mundial va directa a una nueva recesión, una crisis “estructural”, que va más allá del frenazo chino e incluye una deuda impagable en Occidente y un sistema financiero insolvente, todo ello generado por una políticas económicas equivocadas. Al lado de ese tsunami, la incertidumbre en torno al nuevo Gobierno le provoca a Laborda “carcajadas”, confiesa.

El economista secunda el análisis que el estratega de Société Générale Albert Edwards hizo hace sólo unos días en una reunión con inversores en Londres y que reprodujo el diario The Guardian. Según predice, el mundo se dirige hacia una crisis financiera tan grave como la de 2008 y que se llevará por delante a la eurozona. Edwards asegura que los países occidentales van a ser golpeados por “una ola de deflación” procedente de las economías emergentes y que los bancos centrales ni se han enterado. El analista del banco francés critica el “increíble engreimiento” de los responsables de los supervisores bancarios nacionales, “que no han aprendido la lección de la burbuja inmobiliaria”.

Albert Edwards predice que caerá la demanda de crédito en Europa y EEUU, como ya ha ocurrido en China, porque “los ciudadanos han perdido la confianza en que los políticos saben lo que hacen”. Si se produce una segunda recesión, advierte, países como Francia, España e Italia no podrán asumir el aumento del paro que se producirá. “El euro ha sido un desastre, una máquina del fin del mundo a favor de la economía alemana”, concluye.

Pero Edwards no es el único que ve negros nubarrones acechando la economía mundial. El Royal Bank of Scotland (RBS) también recuerda el crash de 2008 y ya ha aconsejado a los inversores que “vendan todo, excepto los bonos de mayor calidad”, ante la inminencia de un “año catastrófico” en el que las bolsas caerán hasta un 20% y el barril de petróleo se desplomará hasta los 16 dólares –ahora está en 30, el nivel de hace 12 años–.

Vientos a favor y en contra de la economía española

Martín Carretero apunta que, ante semejantes amenazas, “un Gobierno estable sirve de bien poco”. Y Juan Ignacio Crespo añade que la economía española “va muy bien sola sin necesidad de Gobierno”. Cree que no se debe “meter miedo” con la inestabilidad, aunque tampoco pueden descartarse los efectos económicos de la vacilante situación política. En cualquier caso, España tiene ahora “a su favor el bajo precio del petróleo y unos tipos de interés casi a cero”, por lo que quienes tienen un empleo pueden ahorrar. Por eso el consumo privado está tirando del PIB, concluye.

Crespo no subestima la importancia de un Ejecutivo afianzado para cumplir los compromisos con Bruselas y aplicar los recortes que se avecinan: el déficit de 2015 alcanzará el 4,7%, cinco décimas por encima de lo previsto y el de este año se elevará hasta el 3,6%, ocho décimas más de lo acordado. Es decir, el tijeretazo no será inferior a los 9.000 millones de euros. Y para ejecutarlos, destaca Juan Ignacio Crespo, es necesario un Gobierno “con mayoría sólida”. Si finalmente no es posible un pacto, unas nuevas elecciones dentro de sólo dos meses aparecen como una complicación añadida: el resultado será muy parecido al del 20-D. Por eso, el matemático y analista es de los que preferirían “un gobierno de tecnócratas” durante un año. De esa forma, no habría que repetir las elecciones y se podría ejecutar el Presupuesto ya aprobado para este ejercicio. “Debería estar presidido por un técnico próximo al PP, con el apoyo de éste y la abstención de PSOE y Ciudadanos”, explica en su blog.

El Departamento de Justicia de EEUU investiga a la agencia Moody's por inflar la calidad de los activos hipotecarios que dieron lugar a la crisis financiera de 2008, según publica este lunes el diario The Wall Street Journal.

La investigación se ha conocido poco antes de que las autoridades federales anunciasen una multa récord de 1.300 millones de dólares a la agencia Standard & Poor's por prácticas similares. El Departamento de Justicia lleva meses interrogando a antiguos empleados de Moody's para investigar cómo se hacían las calificaciones de esos activos hipotecarios antes de la crisis, según el diario estadounidense.

El Gobierno presentó en 2013 una demanda civil contra S&P por haber engañado a los inversores sobre la calidad crediticia de los activos hipotecarios, las hipotecas basura, en los años previos al estallido de la burbuja financiera. Una vez que se confirme, será la primera gran sanción a una de las agencias de calificación por la crisis de 2008, ya que, hasta ahora, las multas se habían concentrado en los grandes bancos de Wall Street.

La agencia de calificación Moody's considera en un informe conocido este martes que la decisión del president de la Generalitat, Artur Mas, de sustituir la consulta original del 9-N por otra informal "reduce la incertidumbre política a corto plazo tanto para Cataluña como para España". En un comentario sobre la coyuntura política catalana, la agencia que ahora el debate sobre la independencia puede "desplazarse hacia una discusión" respecto a un "mayor traspaso de competencias en materia fiscal" desde España hacia esta comunidad.

Moody's sostiene que, según las últimas encuestas, la primera opción entre los votantes es que Cataluña siga en España, pero con una mayor autonomía fiscal, más que la independencia. La agencia argumenta además que si el president es capaz de integrar una candidadtura soberanista unitaria que le permita obtener mayoría absoluta en el Parlament y esta gana las elecciones, la posición para negociar con el Gobierno sería "fuerte" y Cataluña podría estar en condiciones de satisfacer algunas de sus demandas de obtener mayores recursos "dentro de las posibilidades legales de la Constitución", una hipótesis que Moody's cree probablemente sería "positivo" en términos crediticios para Cataluña y potencialmente negativo para España.

En caso de no ser posible una candidatura conjunta, un escenario que Moody's ve menos probable que el anterior, esta agencia entiende que habría más confrontación política en Cataluña, dado que los partidos catalanes tratarían de diferenciarse unos de otros, y todo ello sería "negativo" en términos crediticios tanto para Cataluña como para España.

Actualmente, esta agencia da a Cataluña un rating de Ba2, equivalente a bono basura, y otorga a España una nota de Baa2, equivalente a un aprobado.

La agencia de calificación de riesgos Moody's publicó este lunes un informe en el que mantiene la perspectiva negativa para el sistema bancario español, que permanece así desde el año 2008.

En su informe, dedicado a la banca española, la agencia admite que han mejorado las condiciones macroeconómicas, la liquidez y la capitalización, pero ha advertido de que el nuevo marco financiero en Europa (Mecanismo único de resolución, Directiva de Resolución y Recuperación bancaria y Directiva sobre sistemas de depósitos, los tres elementos que conforman la Unión Bancaria) eleva los riesgos e impulsa la perspectiva negativa para el sistema.

Moody's también ha destacado que el sector inmobiliario español seguirá pesando sobre el funcionamiento del sistema bancario, ya que el exceso de oferta de viviendas residenciales continúa empujando a la baja los precios.

La agencia señala además que la recuperación europea sigue siendo "frágil", por lo que los tipos de interés seguirán estando a niveles "excepcionalmente bajos" durante un tiempo.

En su opinión, estas condiciones, unidas al amplio stock de activos improductivos y al menor volumen de préstamos, limitarán la capacidad de los bancos españoles para aumentar su margen de intermediación, que es su fuente más importante de ingresos.

La negociación de las acciones de Banco Espirito Santo (BES) ha sido suspendida en la Bolsa de Lisboa a la espera de la comunicación de información relevante sobre la entidad, cuyo desplome alcanzaba el 17% en la sesión, según anunció este jueves la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal y recoge Europa Press. "El Consejo Ejecutivo de la CMVM ordenó la suspensión de la negociación de las acciones de Banco Espirito Santo hasta que sea comunicada información material sobre el emisor", indicó el supervisor luso.

Las acciones de BES, que acumulan un desplome superior al 50% desde finales de mayo, llegaron a hundirse este jueves más de un 17%, después de que las acciones de su principal accionista, Espirito Santo Financial Group (ESFG), que controla un 25,1% del banco, fueran suspendidas también horas antes, cuando bajaban más de un 8%. En este caso, fue la propia ESFG la que solicitó la suspensión de sus acciones y bonos cotizados "debido a las actuales dificultades materiales" de su accionista de referencia, Espírito Santo International (ESI), y su exposición a esta compañía.

Este miércoles, la agencia de calificación Moody's decidió recortar en tres escalones la nota de solvencia de la deuda a largo plazo de ESFG, desde 'B2' a 'Caa2', lo que implica una calidad muy pobre. Asimismo, la agencia mantiene los ratings de la entidad lusa en vigilancia para una posible rebaja.

ESI podría declararse en suspensión de pagos 

La petición de suspensión de la negociación de las acciones de ESFG coincide con la publicación este jueves por parte de Diario Económico de la posibilidad de que ESI solicite protección frente a sus acreedores declarando una suspensión de pagos que le permita avanzar en el plan de reestructuración de su deuda. Según el periódico, la entidad radicada en Luxemburgo podría plantear esta cuestión en la junta general de accionistas que celebrará el próximo 29 de julio.

La prensa portuguesa informaba este miércoles de que la entidad prepara un plan de reestructuración de la deuda de ESI consistente en ampliar los plazos de vencimiento en vez de reducir el valor de la misma, así como la opción de un canje que contemplaría el cambio de un 85% de la deuda por acciones y el 15% restante por deuda a largo plazo.

La agencia de medición de riesgos otorga una calificación a la deuda a largo plazo de Italia un peldaño por encima a la de la española. En concreto, concede a Italia un rating 'Baa2' y a España una calificación 'Baa3'.

En su argumentación, Moody's asegura que tanto el déficit estructural como el coyuntural son "significativamente" inferiores en el caso del país transalpino. También alega que la deuda pública de Italia apunta a una estabilización "más temprana".

"Italia ha logrado mantener relativamente bajo su déficit en un prolongado periodo de bajo crecimiento", subraya, para después asegurar que España ha registrado uno de los "más pronunciados" deterioros en sus finanzas públicas durante la crisis.

"Las finanzas españolas se han visto lastradas por la debilidad de las cuentas regionales y la necesidad de apoyo a parte del sistema financiero", concluye.