El canal ultraliberal Negocios TV tiene 2,71 millones de suscriptores en YouTube, emite a través de Movistar+ y llega a millones de hogares en México mediante acuerdos con plataformas de distribución. Google acaba de citarlo como modelo de éxito en la economía de creadores de contenido. Sin embargo, la mayoría de los españoles, en un ecosistema mediático dominado por las cámaras de eco, no sabe que existe. ¿Qué es y de quién es Negocios TV?

El canal se presenta como un medio de información económica y financiera con una propuesta sencilla: explicar la macroeconomía —inflación, tipos de interés, deuda pública, mercados— en un lenguaje accesible, en formato vídeo, de forma gratuita y sin los muros de pago que caracterizan a medios como The Wall Street Journal o Bloomberg, con los que gusta de compararse. La información financiera, viene a decir, no debería ser un privilegio de quienes pueden permitirse una suscripción cara.

Lo opera una sociedad llamada Business Videns SL, constituida en mayo de 2021. Su fundador, presidente y consejero delegado es José Antonio Vizner, periodista económico que también ha desarrollado aplicaciones para Amazon Alexa y que describe su trabajo en términos de misión: la búsqueda de “la verdad que la economía esconde”. Vizner es, además, yerno de Julio Ariza, el empresario que fundó y dirigió el Grupo Intereconomía, referencia histórica de la televisión ultra en España y pieza sin la cual nada de lo que hoy es y representa Vox sería posible. Este dato importa para entender de qué canal estamos hablando.

Cuando Intereconomía desapareció como proyecto televisivo de alcance, dejó un hueco en el ecosistema mediático de la derecha española. Negocios TV ha ocupado parte de ese espacio, aunque con una estrategia radicalmente distinta: en lugar de apostar por la televisión tradicional, ha construido su audiencia casi íntegramente en plataformas digitales, con YouTube como motor principal. Y todo indica que está funcionando.

Business Videns SL tiene cuatro socios fundadores, cada uno con una cuarta parte del capital. El primero es el propio Vizner. El segundo es Dos Mil Palabras SL, la sociedad editora de Okdiario.com, el digital dirigido por Eduardo Inda. Inda, bien conocido por su extremismo, su comunión con la derecha y su mala praxis profesional, no aparece directamente en el consejo de administración, pero su director general, Juan Carlos García Cabrera, sí lo hace en representación de la empresa. 

El tercero es Mercados y Estilos de Vida SL, sociedad vinculada a Alejandro Suárez, figura del periodismo financiero en España y propietario, entre otros medios, de Merca2.es y el pseudomedio ultra Moncloa.com. El cuarto es Civitas Firma SL, sociedad de Julen Ariza Rossy, hijo de Julio Ariza.

El resultado es una constelación en la que conviven el yerno y el hijo de Julio Ariza, el entorno de Eduardo Inda y un periodista financiero de impulsor de proyectos de perfil económico ultra. Entre los cuatro controlan un canal con una facturación declarada de 2,47 millones de euros en 2024 y un beneficio neto de 302.000 euros, según las cuentas depositadas por Business Videns SL. El negocio debe ir bien, porque el salario bruto de Vizner ese año fue de 201.500 euros.

Negocios TV se define como un medio económico, pero su línea editorial tiene una carga ideológica que va bastante más allá del análisis de balances. El canal es un altavoz de la escuela austriaca de economía, la corriente que defiende la mínima intervención del Estado, la desregulación de todos los sectores y la desconfianza hacia los bancos centrales. 

Sus colaboradores, entre ellos el economista Daniel Lacalle, denuncian de forma sistemática la inflación como un “impuesto oculto” generado, según ellos, por la irresponsabilidad de los gobiernos y la emisión descontrolada de dinero. La retórica del canal pivota sobre la idea conspiracionista de que los ciudadanos son víctimas de unas élites burocráticas que les ocultan la verdad económica.

Desde esa posición, el canal ha sido un defensor entusiasta de Javier Milei, el presidente argentino cuyas políticas de ajuste extremo conectan directamente con la doctrina que Negocios TV lleva años divulgando y que ha convertido su países en un gigantesco banco de pruebas de las teorías ultraliberales a costa de los más desfavorecidos. Nada de esto es accidental ni está oculto: es la propuesta editorial del canal, presentada como rigor frente al supuesto “control del relato” de los grandes grupos de comunicación.

Del tono que tiene el canal da idea el repertorio de titulares habitual en sus piezas de YouTube, en las que, además de informaciones, abundan los discursos doctrinarios de Vizner: "Caos militar en EEUU", "Rompe el mercado", "¿Guerra para siempre?", "Pierde la paciencia", "Crisis en Europa", "Cuarteto radical". Expresiones que casi siempre se mueven oscilan entre el anuncio del apocalipsis y el subrayado grosero.

Algunas de las críticas más duras que ha recibido Negocios TV no tienen que ver, sin embargo, con su línea económica, sino con las conexiones que se le atribuyen a uno de sus socios. El Yunque es una organización ultraconservadora de origen mexicano, nacida en los años cincuenta, de carácter secreto y con ramificaciones documentadas en varios países de América Latina y Europa. Su objetivo declarado es combatir el comunismo y, más recientemente, lo que sus miembros llaman la “agenda progresista”. Diversos investigadores y medios han señalado históricamente al Grupo Intereconomía como un entorno con vínculos con esta organización.

La conexión con Negocios TV se establece, según sus críticos, a través de Julen Ariza Rossy. Varios analistas y publicaciones lo han señalado explícitamente como vinculado a El Yunque, siguiendo una línea que ya se trazó sobre su padre. Desde esta lectura, el canal no sería solo un medio de información económica liberal, sino una pieza más de una estrategia cultural más amplia orientada a combatir la Agenda 2030 y los valores del progresismo. Canal Red, el medio que dirige el exvicepresidente Pablo Iglesias y que se sitúa en las antípodas ideológicas de Negocios TV, ha llegado a describirlo, con ese telón de fondo, como un "nido de serpientes libertarias y yunquistas".

Las cifras que maneja Negocios TV son llamativas. El canal afirma tener 20 millones de usuarios a nivel mundial, registrar una media de siete millones de visualizaciones diarias y haber alcanzado puntualmente los 151 millones de visualizaciones mensuales en YouTube, supuestamente por encima de medios como Fox Business y Bloomberg. Dice contar con más de 120 anunciantes internacionales y una pequeña base de 1.300 suscriptores de pago, pese a su vocación de canal en abierto.

Son cifras que proceden del propio canal o de declaraciones de su CEO. La única métrica verificable de forma independiente es el número de suscriptores en YouTube —2,71 millones a fecha de este artículo—, un dato que la propia plataforma hace público. El resto —visualizaciones, usuarios diarios, alcance global— son datos autodeclarados que ninguna fuente externa conocida ha auditado.

Esto no significa necesariamente que sean falsos. El modelo de negocio del canal —publicación masiva, directos de larga duración, saturación del algoritmo de recomendación de YouTube— es perfectamente compatible con cifras de consumo elevadas.

Lo que sí está acreditado es su distribución: se puede ver a través de Movistar+, Samsung TV Plus, Orange TV, Digi, la plataforma estadounidense Distro TV y, en México, mediante Izzi y Total Play, a través de un acuerdo con Vme Digital. Y su expansión continúa: el canal ha abierto una sede en Miami para producir contenido específico para América, donde se le presume una influencia cada vez mayor, y ha anunciado una presencia en Amazon Prime Video, a lo que se suma la audiencia acumulada vía aplicaciones específicamente diseñadas para Apple TV, Android y Amazon Fire TV.

Negocios TV se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo construir influencia mediática en el siglo XXI a partir de recursos en principio modestos, sin licencia de televisión tradicional y sin el respaldo de un gran grupo de comunicación. Desde YouTube se ha erigido en canal de referencia para la batalla cultural del neoliberalismo en español —ese grupo de economistas que se autodenominan “libertarios”— con capacidad de influencia sobre la audiencia hispanohablante, tanto en España como en América Latina, ávida de una narrativa económica y política que se presenta como alternativa.

Ese éxito, sin embargo, no es una casualidad. Es el resultado de una estrategia deliberada de actores con una larga trayectoria en el ecosistema mediático conservador español, que han encontrado en las plataformas digitales el vehículo que la televisión analógica ya no podía darles.

El concurso de acreedores y la posterior liquidación del Grupo Intereconomía han creado un mosaico de piezas sin aparente relación mercantil ni entre ellas ni, en teoría, con su antiguo presidente, Julio Ariza, condenado a pagar 16 millones de euros por negligencias en los concursos. 

Sin embargo, como ha relatado infoLibre, el ecosistema de marcas salidas del extinto grupo está fuertemente conectado a pesar de que su matriz común ya no existe. Además, se ha sumado a la ecuación el grupo mediático Hadoq Media, del que Julen Ariza, hijo de Julio Ariza, tomó las riendas en 2015, año en el que el imperio de su padre entró oficialmente en concurso de acreedores. 

A través de Hadoq Media, Julen Ariza controla medios digitales de varios ámbitos, y desde casi todos ellos divulga noticias sobre la programación y el contenido corporativo de Radio Intereconomía, a pesar de que ya no es su padre quien la dirige. 

Pero la mayor relación de Julen con las antiguas marcas del Grupo Intereconomía se da a través de su emisora Radio Libertad, que comparte programación, administrador, sede, y número de teléfono con Toro TV, el nuevo nombre de Intereconomía TV. 

Radio Libertad, que en origen perteneció a la familia Ruiz-Mateos, entró en concurso de acreedores en 2017 y en febrero de 2023 pasó a pertenecer a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza, tras lo cual el domicilio social pasó a la madrileña calle Modesto Lafuente 43, antigua sede de Intereconomía y actual de Toro TV, y se nombró administrador único a José Hernández de Arce, CEO de la misma cadena. 

El juez concursal fue el magistrado Andrés Sánchez Magro, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid, que además de juez es también crítico gastronómico en varios medios de comunicación, empezando por Radio Intereconomía, donde tiene dos programas, ‘El Gato Gourmet’ y ‘El club de los negocios raros’. 

Los vínculos de Sánchez Magro con las marcas del ecosistema Ariza no acaban ahí, el juez también ha aparecido en Toro TV para promocionar su libro, que está editado por la editorial Almuzara, propiedad de Manuel Pimentel, exministro de Trabajo con José María Aznar. También ha sido entrevistado sobre su libro en varios de los medios de Julen Ariza, como Confilegal o Madrid 365.

Pero la más llamativa de sus vinculaciones es la que mantiene escribiendo artículos en otro de los medios de Ariza: el digital Sivarious, especializado en hostelería. No solo es su colaboración más prolífica y regular, sino que se inició inició en febrero de 2023, mismo mes en que Radio Libertad pasa a pertenecer a Julen Ariza tras terminar el concurso que tramitaba Sánchez Magro. 

Consultado por varias vías sobre la coincidencia que supone comenzar a escribir para este medio al mismo tiempo que su dueño adquiere una emisora de radio mediante un concurso tramitado por él, así como por su relación con la familia Ariza y su ecosistema mediático, el juez no ha respondido a las preguntas de infoLibre. 

Los procesos concursales que afectaron a las sociedades del Grupo Intereconomía se tramitaron en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, del que es titular Manuel Ruiz de Lara desde 2019. Los concursos se habían declarado en 2015, por lo que Ruiz de Lara los cogió ya empezados, pero fue el que firmó las disoluciones de varias de las sociedades más importantes del grupo, y el que calificó como culpables los concursos de Intereconomía Televisión e Intereconomía Corporación, la matriz del grupo, condenando a Julio Ariza a dos multas de más de 16 millones de euros y dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos. 

A pesar de las multas millonarias, la pena de inhabilitación, que como recuerdan las sentencias puede ir de dos a 15 años, fue en ambas ocasiones la más baja que podía imponerse. Esto llama la atención especialmente en la segunda sentencia, ya que la ley concursal establece que, para fijar el plazo de inhabilitación, se tendrá en cuenta si la persona ya ha sido inhabilitada antes en otros concursos. En el caso de Ariza, su anterior inhabilitación había sido dictada solo una semanas antes por el propio Ruiz de Lara. 

Además, en el caso de Intereconomía Televisión, la condena de inhabilitación no afectó a Gabriel Ariza, hijo de Julio Ariza y en ese momento director general de la sociedad, a pesar que la ley concursal también contempla esa posibilidad, y de que Gabriel Ariza, junto a su padre, gestionó las relaciones de la empresa con la administración concursal, como recoge el informe de esta última. 

En 2018, un año antes de tomar posesión del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid y hacerse cargo de los concursos del Grupo Intereconomía, el juez Ruiz de Lara recibió un Premio Confilegal, entregado por el medio del mismo nombre, propiedad de Julen Ariza.  Desde ese mismo año, el juez también escribe columnas de opinión en este medio.  

Ruiz de Lara parece compartir en gran medida las ideas políticas de la familia Ariza: el CGPJ le ha abierto un expediente por sus insultos en redes sociales a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a quienes ha llamado “golpista” y “barbigoña”, respectivamente. A Pedro Sánchez también se ha referido como “psicópata sin límites éticos” y a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, como “la personificación del deshonor”, declaraciones por las que el CGPJ descartó sancionarle. 

Manuel Ruiz de Lara sí ha tenido palabras positivas para dirigirse a una figura política del extremo opuesto: Macarena Olona, a quien calificó como una persona con “principios y honor”. Y la exdirigente de Vox, por su parte, también se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la familia Ariza, su extinto imperio mediático y, específicamente, su relación con Vox. 

En varias entrevistas a medios como El Confidencial o laSexta, así como en un libro publicado en 2023, Olona ha asegurado que el partido de Santiago Abascal está controlado por “el clan de Intereconomía”, como se refiere a Gabriel Ariza, Kiko Méndez-Monasterio y Julio Ariza, y que “Vox no se entiende sin la quiebra” de este grupo.

Según afirma la exdiputada, Julio Ariza es, desde la fundación del partido, el hombre que controla la formación política, y ante el cual Abascal responde en última instancia. Olona define al expresidente del grupo Intereconomía como “el último escalón [en la jerarquía de Vox] antes de la penumbra y la oscuridad”. En esa oscuridad, apunta a la influencia de la secta ultraderechista El Yunque, algo que también han afirmado autores como el historiador Santiago Mata.

Lo cierto es que las relaciones entre la familia Ariza y Vox son públicas y notorias. Algunos ejemplos incluyen al Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP), que funciona como una escuela de liderazgo en la órbita del partido y en la que tanto Julio Ariza como el juez Ruiz de Lara imparten clases. En su patronato coinciden Gabriel Ariza, la ultraderechista francesa Marion Maréchal-Le Pen —nieta de Jean Marie Le Pen y sobrina de Marine Le Pen—, Miguel Menéndez Piñar —nieto de Blas Piñar y administrador de la editorial Homo Legens— , y Kiko Méndez Monasterio. 

La editorial de Menéndez Piñar —que formaba parte del Grupo Intereconomía, se salvó del despiece y fue recuperada en 2017 por Gabriel Ariza, antes de traspasarla al nieto de Blas Piñar— es otro ejemplo de las relaciones entre los Ariza y Vox. A través de ella, por ejemplo, Lidia Bedman, la esposa de Santiago Abascal, ingresó 63.600 euros en 2022, cuando aún pertenecía a Gabriel Ariza, como publicó El Confidencial. 

Méndez Monasterio es otro de los grandes vínculos que unen a Vox con la familia Ariza. Asesor de Santiago Abascal, aunque no tiene cargo orgánico en el partido, Méndez gestiona junto a Gabriel Ariza una empresa de consultoría política, Tizona Comunicación, inspirada en la estrategia comunicativa de Donald Trump, como afirmó en una entrevista al medio Dircomfidencial, que dirige el hermano de su socio, Julen Ariza. Tizona también fue quien registró en 2020 la marca del ISSEP. 

Además de los servicios que prestan a Vox desde Tizona Comunicación, voces internas del partido consideran a la dupla de Gabriel Ariza y Kiko Méndez Monasterio los verdaderos responsables de la organización, con capacidad y mucha predisposición para purgar a los dirigentes que les incomodan, como publicó El Mundo citando ejemplos como los de Juan García-Gallardo, Rocío Monasterio o la propia Macarena Olona. 

Tras varios años vinculado al Grupo Intereconomía, en 2015 Méndez Monasterio pasó a dirigir el diario de referencia del conglomerado, La Gaceta, según informaban entonces, como es habitual, los medios del entorno Ariza. Méndez ocupó el cargo hasta 2017, y en 2019, tras la liquidación de la sociedad Intereconomía Publicaciones, el diario pasó discretamente a pertenecer a Disenso, el think tank de Vox, tras ser adquirido por otra empresa de Gabriel Ariza que “lo cedió gratuitamente” a la fundación que preside Abascal. 

Pero Méndez Monasterio no es el único extrabajador del Grupo Intereconomía que ahora guarda grandes vínculos con la formación de ultraderecha. Empezando por el propio Julio Ariza, que se presentó a las elecciones generales de 2019 cerrando la candidatura de Vox en Barcelona, la lista incluye también al portavoz nacional y actual presidente provincial del partido en Madrid, José Antonio Fúster, que antes fue director de Medios de Intereconomía, o al diputado nacional Juan José Azcorbe, antiguo consejero delegado del grupo.

Durante más de una década, el Grupo Intereconomía fue un imperio mediático que contribuía a marcar la agenda política de la derecha en sus tertulias de radio y televisión. Jóvenes y prometedores líderes políticos —mayoritariamente de derechas, pero también alguno de izquierdas–, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Albert Rivera o Pablo Iglesias, se fogueaban en sus estudios y platós, esperando saltar a la primera plana nacional. Todo el entramado giraba en torno a Julio Ariza, empresario y rostro público de un conglomerado que llegó a tener más de una veintena de sociedades bajo su paraguas.

El modelo se vino abajo a mediados de la década pasada. Los impagos se acumularon y la entrada voluntaria en concurso de acreedores abrió un largo proceso de liquidación. Lo que había sido un imperio se fue desarmando pieza a pieza y la familia Ariza perdió el control sobre él. 

La justicia fue más allá. En noviembre de 2023, un juzgado mercantil de Madrid calificó como culpable el concurso de Intereconomía e impuso a Julio Ariza una inhabilitación como administrador y sendas multas millonarias por haber retrasado la entradada en concurso y empeorado el pasivo de la empresa durante su proceso de disolución. 

Hoy, el panorama no se parece en nada al imperio mediático que fue hace unas décadas. Las tres principales marcas del grupo, Radio Intereconomía, La Gaceta y Toro TV—sustituto de Intereconomía TV— sobreviven con audiencias modestas y por separado, sin un paraguas común, reempaquetadas bajo estructuras distintas tras los procesos concursales y la reordenación societaria. El extinto grupo Intereconomía se ha convertido en un mosaico despiezado y descabezado, sobre el que su fundador, Julio Ariza, ya no tiene control. 

O al menos eso es lo que parece cuando se miran individualmente las marcas que en su día formaban el grupo. Cuando se examina la situación con más perspectiva y detenimiento, las conexiones de las empresas con el líder del clan familiar que las fundó parecen no haberse disuelto a la vez que la corporación que las aglutinaba en sus tiempos dorados. 

En 2012, ya con una deuda superior a los 40 millones de euros y con nóminas impagadas a su plantilla, según la web PR Noticias—hackeada por orden de Ariza, según la Fiscalía, por publicar noticias contra su grupo—, la matriz Intereconomía Corporación se segregó en cinco sociedades, una por cada línea de negocio. Pero la maniobra no fue suficiente para reflotar las cifras del grupo, que había perdido 16 millones de euros en 2011, y en 2015 solicitó el concurso de acreedores, con una deuda de al menos 70 millones de euros. Aún hoy, Intereconomía Corporación sigue debiéndole a la Hacienda Pública más de 12 millones de euros, cifra que aumenta hasta los 20 millones si se añaden las deudas de las secciones de televisión, radio y publicaciones. 

Las tres grandes patas del grupo, radio, televisión y prensa, acabaron desperdigadas. Radio Intereconomía fue a parar a Silicon Media SL, propiedad de Daniel Martin-Escanciano. La Gaceta de los Negocios, que en 2013 ya había dejado de imprimirse en papel, pasó a formar parte del ecosistema mediático de Vox, a través de su fundación, Disenso, renombrada como La Gaceta de la Iberosfera. 

Por último, Intereconomía TV, el antiguo estandarte del grupo, que había perdido su licencia para emitir en abierto en todo el territorio nacional, cambió su nombre a Toro TV y su propiedad a la sociedad Farnesio Ventures SL, del empresario murciano José Luis Hernández de Arce, un expromotor inmobiliario que, como Julio Ariza, fue condenado por el concurso de acreedores de su empresa, Polaris World. Según El País, Hernández había compartido negocios con Ariza antes de hacerse con Intereconomía TV en subasta.

Pero ni el hundimiento formal del grupo ni la inhabilitación del patriarca supusieron la desaparición de la familia Ariza del mapa mediático. Al contrario: mientras los viejos nombres quedaban desperdigados, surgieron nuevas sociedades y cabeceras bajo el control de sus hijos, que heredaron, de forma a veces más directa que indirecta, los resortes del antiguo imperio.

Los hijos de Julio Ariza, Gabriel y Julen—a veces escrito como Yulen—, administran varias sociedades mediáticas, algunas de ellas vinculadas, o directamente herederas de las que pertenecían al disuelto grupo de su padre. 

En esta segunda categoría, la de herencias directas recibidas por la nueva generación de los Ariza entraba—hasta que este año fue traspasada a Miguel Menéndez Piñar, nieto del histórico ultraderechista Blas Piñar— la editorial Homo Legens, una de las cinco ramas en las que la matriz se segregó en 2012. 

La sociedad bajo la que estaba la editorial, Intereconomía Publicaciones SL, antigua editora de La Gaceta, entró en concurso en 2015 junto con las demás empresas del grupo, pero la empresa Editorial IVAT SL, constituida en 2017 por Gabriel Ariza, reclamó la marca Homo Legens ese mismo año y la explota desde entonces. 

En otros casos, los grupos de los Ariza junior no vienen directamente de la antigua Intereconomía, pero sus vínculos con lo que queda hoy de ella son también notorios. Es el caso de Hadoq Media, propiedad de Julen Ariza, y editora de los medios Dircomfidencial, Confilegal, Sivarious y seis ediciones locales (Madrid, Coruña, Navarra, Valencia, Mallorca y Murcia) bajo el apellido y la marca 365. 

La actual Radio Intereconomía, supuestamente separada de la familia Ariza, tiene una sección en su web dedicada al grupo Hadoq, incrusta sus podcasts como si fueran propios, amplifica sus informes y publica su contenido corporativo. 

La relación simbiótica entre la radio y el grupo Hadoq tiene también muestras por el otro extremo: Dircomfidencial, el digital especializado en comunicación, marketing y medios que posee y dirige Julen Ariza, cuenta a su vez con una sección dedicada a Radio Intereconomía en la que publica noticias sobre las audiencias de la emisora, sus cambios de programación o los premios que otorga.

El digital Madrid 365, cuyo contenido consiste mayoritariamente en notas de prensa republicadas y sin firmar, tiene una sección para el CEO de Radio Intereconomía, Daniel Martin-Escanciano, acompañada de un halagüeño perfil. El medio cuenta con dos personas en su equipo, además de Julen Ariza, y también se hace eco de los nuevos programas de la emisora. Incluso Sivarious, especializado en hostelería y también dirigido por Ariza, publica entrevistas y alabanzas a la radio que antiguamente presidía su padre. 

Pero el caso más llamativo es el de Radio Libertad, propiedad, a través de Nature Radio SL, de la sociedad Civitas Firma, administrada por Julen Ariza. El administrador de Nature SL es el mismo que el de Toro TV, José Luis Hernández de Arce. En la misma inscripción del Registro Mercantil, del 17 de febrero de 2023, en el que se nombra administrador a José Hernández de Arce, se establece que, dos días después del fin de su concurso de acreedores, todas las acciones de Nature Radio pertenecen a Civitas Firma SL, propiedad de Julen Ariza.

La emisora emite parte de su programación de forma conjunta con Toro TV, como informa, dentro de la sección dedicada a ella, otro de los medios de Julen Ariza, Dircomfidencial. También Radio Intereconomía compartió en su web, hablando en primera persona y en nombre de Radio Libertad, el anuncio de este programa compartido. 

Radio Libertad y Toro TV comparten también el mismo número de teléfono en su web de contacto —que ha respondido a nombre de Toro TV a las llamadas de infoLibre— y la misma dirección en Madrid, calle Modesto Lafuente 42 —la misma que tenía el grupo bajo el mando de Julio Ariza— a la que Radio Libertad cambió su sede social en octubre de 2023. 

infoLibre ha consultado por varias vías a las dos empresas si la coincidencia entre su administrador, programación, sede, y número de teléfono obedece a alguna relación jurídica entre ambas compañías, a pesar de que esta no consta en el Registro Mercantil, pero no ha obtenido respuesta. 

Por otro lado, Toro TV, sucesora de Intereconomía TV pero en teoría también separada –aunque como en el caso de Radio Libertad, en la práctica no tanto— del clan familiar, mantiene a su patriarca, Julio Ariza, como uno de sus principales colaboradores y opinadores. Al frente del departamento digital de la cadena se encuentra otra de sus hijas, María Ariza, que primero pasó por la antigua Intereconomía TV y después por Confilegal, el digital jurídico de su hermano Julen

Cuando en 2024, Ariza recomendó a la audiencia de su antigua televisión con qué medios de comunicación debían informarse, además de a El Debate y a OkDiario, nombró, por supuesto, a La Gaceta, y, sin olvidarse de ninguno de sus dos herederos, a InfoVaticana y a Confilegal. 

La inclusión de OkDiario en la lista no es casual: el digital de Eduardo Inda también está ligado a los negocios mediáticos que controlan los Ariza tras la caída del grupo Intereconomía. El vínculo se da a través de la cadena de televisión Negocios TV, que pertenece a Business Videns SL. En el consejo de esta sociedad confluyen el yerno de Julio Ariza, José Antonio Vizner, como presidente y CEO del canal; Julen Ariza en representación de su sociedad Civitas Firma SL; y Juan Carlos García Cabrera, director general de OkDiario, en representación de la empresa matriz del digital de Inda, Dos Mil Palabras SL.   

Al yerno y al hijo de Julio Ariza se une también Alejando Suárez Sánchez Ocaña, en representación de Mercados y Estilos de Vida SL, que edita los digitales Merca2, Moncloa y Qué!, entre otros.

El Grupo Intereconomía, el antiguo imperio mediático del empresario Julio Ariza, se encuentra hoy despiezado tras su liquidación mediante concurso de acreedores —por el que Ariza fue condenado a pagar dos multas de más de 16 millones de euros— y sus marcas más reconocibles funcionan bajo nuevos propietarios, y en ocasiones, nuevos nombres. 

Sin embargo, y a pesar de contar con unos modestos datos de audiencia, esta separación mercantil no ha impedido que los que fueron los dos pilares del extinto grupo, Radio Intereconomía y Toro TV —la sucesora de Intereconomía TV—, sigan recibiendo cuantiosos ingresos de publicidad institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

Como ha revelado la investigación de infoLibre Ayuso parte y reparte, Radio Intereconomía, hoy presidida por Daniel Martín Escanciano, es con mucha diferencia la emisora más beneficiada en el reparto de la publicidad del Ejecutivo de Ayuso en 2024 —no en valores absolutos, pero sí en lo relativo a su audiencia—. 

La Comunidad de Madrid destinó 252.861 euros a anunciarse en dicha cadena, un 40,23% más que el año anterior. A pesar de que Díaz Ayuso se refirió a ella como “un faro y una luz para tantos” cuando participó el año pasado en su 40 aniversario, lo cierto es que contaba con un marginal 0,1% de audiencia en 2023 según los datos de la Asociación para la Investigación en Medios de Comunicación (AIMC), que ni siquiera recoge sus oyentes diarios, por ser una cifra demasiado baja.  

De este modo, a la radio antaño presidida por Julio Ariza se destinan más de 250.000 euros por cada décima de audiencia, una cantidad que multiplica casi por 10 la de esRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos, que aparece la siguiente en el ránking y también está desproporcionadamente beneficiada respecto al resto de la lista.

El buque insignia del extinto Grupo Intereconomía era su canal de televisión, Intereconomía TV, que tras el concurso de acreedores fue a parar a la sociedad Farnesio Ventures, propiedad del empresario murciano José Luis Hernández de Arce, y cambió su nombre a Toro TV, conservando la identidad visual y gran parte de la parrilla de su predecesora. 

Hernández de Arce es un expromotor inmobiliario que, como Julio Ariza, fue condenado por el concurso de acreedores de su empresa, Polaris World, y que, según El País, había compartido negocios con él antes de hacerse con Intereconomía TV en subasta. Aunque Ariza, inhabilitado por sentencia judicial para administrar bienes ajenos, ya no tiene vinculación mercantil con la sociedad, continúa formando parte de las tertulias y la programación de la cadena. 

La Comunidad de Madrid destinó 67.440 euros a anunciarse en Toro TV en 2024, de los cuales 39.325 correspondieron a su página web y 28.115 a cuñas en televisión. La suma convierte a la cadena en el tercer medio televisivo que más dinero recibió del Ejecutivo de Ayuso, solo por detrás de las públicas Telemadrid —la gran beneficiada del reparto—, y RTVE. Un canal como laSexta no recibió ni un euro para espacios en televisión y tan solo 18.247 euros para su página web, menos de la mitad que la de Toro TV. 

La AIMC, cuyos datos se han utilizado para medir las audiencias en esta serie de reportajes, no recoge las cifras de Toro TV ni en su informe anual de 2024 —por no encontrarse entre los primeros 30 canales temáticos— ni en su Estudio General de Medios. 

Enrique de Diego, conocido ultraderechista que fue despedido del Grupo Intereconomía en 2011, ahora muy enemistado con Julio Ariza, le ha acusado en varias ocasiones de alzamiento de bienes y afirma que tanto Escanciano, al frente de Radio Intereconomía, como Hernández de Arce, al frente de Toro TV, son los “presuntos hombres de paja” a través de los cuales Ariza y sus hijos siguen controlando las marcas del grupo.

Según afirma De Diego, una pieza clave del supuesto alzamiento de bienes de Julio Ariza es el grupo Hadoqmedia, propiedad de su hijo, Julen Ariza. Hadoq edita los medios Dircomfidencial, Confilegal y Sivarious. También otras seis cabeceras locales bajo la marca Smart Cities 365, todas con el apellido identificativo “365”. 

De estas últimas, la Comunidad de Madrid destinó 32.065 euros—un 32,50% más que el año pasado— a Madrid 365, que según su web cuenta con dos redactoras, además de Julen Ariza como editor, y publica la mayoría de sus noticias sin firmar. En perspectiva, el Ejecutivo de Ayuso asignó a Madrid Diario, otra cabecera digital de información local, 17.545 euros, a pesar de ser más conocido y contar con el triple de audiencia que Madrid 365 en enero de 2024. 

Julen Ariza también controla, a través de Civitas Firma SL, la sociedad Nature Radio SL, administrada por Hernández de Arce, y responsable de la emisora Radio Libertad, que, además de administrador, comparte dirección, número de teléfono y programación con la cadena Toro TV.

El dinero asignado a Radio Libertad por la Comunidad de Madrid en 2024 se ha reducido drásticamente respecto a 2023, disminuyendo un 96,63% desde los 28.647 euros destinados el año pasado hasta los 964 euros del último reparto. 

Otro medio en la órbita de Julio Ariza que recibió dinero en 2024 por publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, aunque la inversión también se redujo considerablemente respecto al año pasado, es el canal Negocios TV. El Gobierno autonómico le destinó 5.309 euros, una bajada del 57,44% respecto a 2023. 

La matriz de Negocios TV es Business Videns SL y en su consejo coinciden el yerno de Julio Ariza, José Antonio Vizner, como presidente y CEO del canal; Julen Ariza en representación de su sociedad Civitas Firma SL; Juan Carlos García Cabrera, director general de OK Diario, en representación de Dos Mil Palabras SL, la empresa matriz del digital de Eduardo Inda; y Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña en representación del grupo Merca2, responsable del digital del mismo nombre, además de Moncloa y Qué!, entre otros. 

También Gabriel Ariza, otro hijo del antiguo dueño del Grupo Intereconomía, consigue dinero del Gobierno autonómico madrileño a través de la publicidad institucional. En este caso, con la web católica InfoVaticana, ultraconservadora y crítica con la Iglesia, a la que acusa de haberse escorado a la izquierda. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso gastó 3.732 euros en anunciarse en ella. 

InfoVaticana mantiene un conflicto jurídico con la Santa Sede por el uso del término "Vaticana" en su nombre y logo, un proceso que ha sido ampliamente cubierto por el medio Confilegal, propiedad de Julen Ariza, que no ha ocultado sus simpatías por el digital. 

En los meses previos al cónclave de 2025, InfoVaticana intensificó su campaña contra el entonces cardenal Robert Prevost, hoy el papa León XIV. Ya en 2024 había intentado vincularlo con encubrimientos de abusos sexuales en su etapa en Perú, unas acusaciones que fueron investigadas y desestimadas por el Vaticano. Aun así, pocos días antes de la elección papal, la web volvió a la carga con un dosier del que se hicieron eco otros medios ultraconservadores y sectores vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana, la congregación peruana disuelta por la Santa Sede, con la ayuda de Prevost, por su implicación en abusos a menores. 

Recientemente, una de las víctimas del Sodalicio ha relatado a El País el calvario personal y mediático que sufrió no solo por los abusos, sino también por la instrumentalización mediática que se hizo de ellos para atacar a León XIV, de quien asegura que recibió comprensión y ayuda.

Metro de Madrid destinó en publicidad entre los años 2011 y 2015 un total de 1.003.918 euros al periódico La Razón, frente a los 49.548 y los 42.127 euros que otorgó a El País y El Mundo, dos cabeceras que cuentan con una mayor difusión, según informa este miércoles eldiario.es. El periódico del grupo Planeta ingresó en este período el 60% de la inversión publicitaria de esta empresa pública.

El diario digital que dirige Ignacio Escolar recuerda que en 2015, cuando Ignacio González dejó la Presidencia de la Comunidad de Madrid, fue contratado como colaborador de La Razón y percibió un sueldo mensual de 4.500 euros por la redacción de dos artículos semanales, tal y como concluyó la investigación de la trama Lezo.

En cuanto a la inversión de Metro de Madrid en cadenas de radio, Intereconomía, de marcado carácter conservador, fue la principal beneficiaria al ingresar 334.612 euros, frente a los 45.425 de COPE, los 38.445 de esRadio, los 37.108 de Cadena 100, los 36.729 de Onda Cero, los 32.823 de Europa FM y los 30.467 de 40 Madrid. La cadena SER, la más escuchada, recibió 26.284 euros.

En la lista de medios con publicidad de Metro figura además Nueva Televisión, una web sin apenas lectores del exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez, que recibió 4.522 euros y que finalmente cerró.

El Ayuntamiento de Valencia repartió 9,7 millones de euros en publicidad entre medios de comunicación desde 2011 hasta 2015, y lo hizo sin atender restricciones: excedió en 653.543 euros las cantidades inicialmente presupuestadas para este capítulo de gasto. Según el listado de facturación para “publicidad y propaganda” a la que infoLibre ha tenido acceso, Onda Cero fue la empresa más beneficiada por los contratos municipales, con un total de 650.622 euros. Le sigue el diario Las Provincias, del grupo Vocento, que ingresó 495.052 euros. A esa cantidad habría que añadir los 108.148 euros que se llevó Radiodifusión Torre SL, la empresa adjudicataria de una licencia de TDT local que Las Provincias ha alquilado a Canal 7 Televalencia, de forma que la cifra final alcanza los 603.200 euros. La Cope, la cadena de radio de la Conferencia Episcopal, contrató 425.149 euros con el Ayuntamiento que entonces dirigía Rita Barberá.

El diario Levante y su grupo, Prensa Ibérica, facturó 374.553 euros entre 2011 y 2015. Si se le suman los 168.620 euros que cobró Levante TV, el grupo presidido por Francisco Javier Moll ingresó un total de 543.178 euros en esos años.

La Razón se llevó 347.408 euros y el diario Abc, 277.320. En la Cadena Ser el consistorio valenciano insertó anuncios por importe de 259.050 euros desde 2011, mientras que El País sólo percibió 10.646 euros en publicidad municipal.

Claro que el ránking cambia ligeramente si se ordena por grupos de comunicación. Así, el mayor contratista publicitario de Rita Barberá resulta ser Vocento. Sumados los contratos de Las Provincias y Abc, el grupo presidido por Santiago Bergareche le facturó al Ayuntamiento de Valencia 880.520 euros en cinco años. En segundo lugar se sitúan los medios propiedad de los obispos españoles. A los contratos de la Cope hay que añadir los 301.570 euros ingresados por Televisión Popular del MediterráneoTelevisión Popular del Mediterráneo y los 137.611 de 13 TV. En total, la Iglesia católica se llevó en anuncios del Ayuntamiento valenciano 799.955 euros. Sin contar con otros 67.543 euros en publicidad que insertó la Fundación Diocesana para las Comunicaciones Sociales (Fundices), dependiente del Arzobispado de Valencia, en su semanario Paraula.

Prensa Ibérica es el tercer grupo más beneficiado –con 543.178 euros–, seguido a distancia por Prisa, con 284.216 euros. Unidad Editorial, que publica El Mundo, Expansión y Marca, percibió 130.635 euros en el periodo analizado.

La agencia pública Efe cobró 108.356 euros en esos años, mientras que la privada Europa Press firmó por 67.149 euros.

Moda, fallas, webs locales

Por debajo de los 100.000 euros facturaron multitud de medios locales. Publicaciones de Moda y Diseño, que edita las revistas Valencia City y Tendencias Fashion Magazine, ingresó 74.088 euros entre 2011 y 2015. Para el anuario de Actualidad Fallera el consistorio de Barberá reservó 32.035 euros y para Vivelasfallas.es, otros 48.801 euros. También un puñado de diarios digitales recibió publicidad municipal. Valencia News, 47.988 euros; El Periodic.com, 22.976; Superdeporte.es, 33.398; Hortanoticias, 31.795; Hello. La Guía de Valencia, 30.233; VLCNoticias, 29.807 euros, y Valencia Plaza, 20.968.

Menos que estos periódicos de internet facturaron los medios públicos autonómicos. Con la Ràdio Autonomía Valenciana el consistorio del PP sólo contrató 17.788 euros, y con la Radio Televisión Valenciana (RTVV), 14.071.

El grupo Intereconomía insertó publicidad el consistorio por importe de 27.140 euros en estos años, mientras que el gratuito 20minutos ingresó 25.124 euros y el digital eldiario.es apenas percibió 4.196 euros.

“Subvenciones encubiertas”

Del total de 9,7 millones gastados en publicidad entre 2011 y 2015 por el Ayuntamiento valenciano, el mayor dispendio corresponde a 2011, cuando desembolsó casi 2,6 millones de euros. El resto de los ejercicios la partida rondó siempre los 1,8 millones de euros, excepto en 2014, cuando se rebajó ligeramente: 1,68 millones de euros. En 2016, el capítulo de publicidad sí que ha sufrido un recorte considerable, al quedarse en 817.330 euros.

“Con el anterior gobierno la publicidad se contrataba de forma totalmente arbitraria, abusando del erario público para pagar anuncios institucionales sin control alguno y con criterios nada objetivos”, aseguran fuentes del consistorio, gobernado desde junio de 2015 por Joan Ribó, de Compromís. Ahora se eligen los medios “según criterios basados en la audiencia y el público objetivo al que se dirigen los mensajes”, añaden las fuentes, que no dudan en calificar de “subvenciones encubiertas” los contratos publicitarios firmados por Rita Barberá. “No hay campaña que no se haga ahora con un plan de medios, renovado trimestralmente de acuerdo con el EGM [Estudio General de Medios, que mide audiencias]”, destacan.

El Canal de Isabel II pagó 597.576 euros en publicidad a nuevatelevision.es, una televisión por internet creada por Miguel Ángel Rodríguez, exportavoz del Gobierno de José María Aznar, entre 2007 y 2015. La web televisiva cobró en anuncios de la empresa pública madrileña de agua más dinero que, por ejemplo, la cadena Onda Cero, que tiene casi 1,9 millones de oyentes y es la tercera emisora de radio de España. En cambio, la audiencia de nuevatelevisión.es ha sido tan pequeña que tuvo que suspender sus emisiones “hace unos meses”, según explica a infoLibre, sin precisar más la fecha, Miguel Ángel Rodríguez.

Por establecer una comparación, la web del ex secretario de Estado de Comunicación del PP facturó en publicidad al Canal de Isabel II más del doble que el periódico económico ExpansióExpansión, y cinco veces más que Marca y MarcaAs, los dos principales diarios deportivos, con una difusión media de 150.000 y 133.000 ejemplares, respectivamente, según OJD, además de 12,4 millones y 5,6 millones de usuarios únicos en internet, según Comscore.

El Canal de Isabel II es una sociedad 100% pública dependiente de la Comunidad de Madrid, que ha saltado a los titulares de los periódicos por su implicación en la Operación Púnica, también por haber contratado a personas afines a altos cargos del PP, como Ignacio González. La Comunidad de Madrid fue gobernada por Esperanza Aguirre hasta septiembre de 2012, cuando le sucedió González, quien dejó el cargo en junio de 2015.

Pioneros de la televisión por internet

nuevatelevisión.es fue creada en agosto de 2006 y se presentó como “la primera televisión española por internet”. “Somos pioneros en España en dar información en vídeo, un portal con diversos canales y también periódico digital”, puede leerse aún en la página web de Splendens Ibérica, la consultora y productora de televisión propiedad del ex secretario de Estado de Comunicación del PP. Ahora, al acceder a la página web de nuevatelevisión.es, un mensaje advierte de que se encuentra en “mantenimiento” mientras se realizan “mejoras en la web”. “He tenido que darle una pausa, hasta que España se recupere, porque suponía mucho gasto y no se podía mantener”, asegura Rodríguez.

También dice que ni siquiera sabía que el Canal de Isabel II “había metido ese dinero” en su web televisiva. Y que, en cualquier caso, no fue una cantidad muy elevada. “Teníamos publicidad de todo tipo, sobre todo de empresas”, añade. Pero no la suficiente como para mantener el proyecto, que llegó a contar con un plantilla de más de 30 personas, entre periodistas y comentaristas, apunta Rodríguez.

“Cuando al mismo tiempo producía televisión normal, podía balancear los ingresos de un lado con los gastos del otronormal, hasta que en los últimos años eso se fue cayendo”, se lamenta el ex secretario de Estado, quien dio por terminada la conversación telefónica con este periódico cuando se le preguntó por la audiencia de nuevatelevisión.es.

Anuncios por importe de 111.360 euros en 2008

En 2007 la web televisiva facturó 52.200 euros en publicidad con el Canal Isabel II, una cifra que se duplicó el año siguiente –111.360 euros–. En 2009 recibió 78.300 euros en anuncios y en 2010, 95.949 euros. La cifra se rebajó a 35.940 euros en 2012, pero volvió a doblarse el siguiente ejercicio, hasta alcanzar una factura publicitaria de 72.600 euros. En 2014, la web de Miguel Ángel Rodríguez ingresó del Canal 60.500 euros. En 2015 fue cuando menos dinero percibió de la empresa madrileña, sólo 18.150 euros.

Como publicó infoLibre, el Canal de Isabel II repartió entre 2006 y 2015 casi 55 millones de euros entre medios de comunicación. Además de Telemadrid, que se llevó 10,87 millones en publicidad, los medios más beneficiados fueron el periódico Abc, que le facturó 2,31 millones de euros en 10 años, La Razón, con 1,87 millones; El Mundo, que ingresó 1,54 millones, y el Grupo Intereconomía, con un total de 1,38 millones de euros en anuncios. La información fue proporcionada por el Gobierno de Cristina Cifuentes al diputado de Podemos en la Asamblea regional Hugo Martínez Abarca en su respuesta a una pregunta parlamentaria. 

Los 10 medios que más contrataron con el Canal de Isabel II superaron el millón de euros en facturación. De los que no llegaron a esa cifra, el que más dinero ingresó de la empresa pública madrileña fue precisamente nuevatelevisión.com.

'Las aventuras del tripartito catalán'

Se trataba de “un proyecto muy personal”, destaca el exportavoz de José María Aznar. Entre sus programas pudo verse en 2007 una producción propia de humor titulada Las aventuras del tripartito catalán, en cuyo primer capítulo tres amigos planificaban “la obligatoriedad de que los niños hablaran catalán en el patio del colegio y merendasen pan con tomate”. Los protagonistas de la serie estudiaban luego si ponían “torretas con hombres armados en los colegios para disparar a quienes tengan la ocurrencia de hablar español”, según la reseña que la agencia Europa Press difundió en su día sobre la nueva serie.

nuevatelevisión.es también emitía Cocina para torpes, donde se preparaban recetas de cocina sencillas con las que “hasta un ejecutivo agresivo de cualquier empresa” podía “salir airoso”. Completaban la parrilla vídeos de humor, secciones dedicadas al espectáculo y la astronomía, informaciones periodísticas y análisis con comentaristas de la actualidad. Además, contaba con un canal dedicado al cómic, Spain Cómic. Y en ella podía encontrarse igualmente el blog del propio Miguel Ángel Rodríguez, Mar Brava.

“Internet pronto será un gran televisor”, publicitaba Miguel Ángel Rodríguez en 2007 su nuevo proyecto en la web Periodista Digital, del también periodista Alfonso Rojo. No ha sido así, a tenor de los resultados de nuevatelevisión.es.

El Canal de Isabel II pagó 54,93 millones de euros en publicidad a medios de comunicación entre 2006 y 2015. De esa cifra, la parte del león se la llevó Telemadrid, la cadena pública regional, con 10,87 millones de euros en anuncios. Pero, entre los medios privados, el más beneficiado en el reparto de publicidad del Canal es el periódico Abc, que le facturó 2,31 millones de euros en 10 años. Le siguen en el ránking La Razón, con 1,87 millones; El Mundo, que ingresó 1,54 millones, y el Grupo Intereconomía, con un total de 1,38 millones de euros en anuncios.

Según explica el Gobierno de Cristina Cifuentes en su respuesta a una pregunta formulada por Hugo Martínez Abarca, diputado de Podemos en la Asamblea regional, la empresa pública que gestiona el suministro de agua en Madrid llegó a repartir 10,5 millones de euros en 2008 entre periódicos, emisoras de radio y cadenas de televisión, el año con mayor gasto. Durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, hasta 2012, el gasto medio del Canal de Isabel II en publicidad destinada a los medios de comunicación superó los siete millones de euros. En los dos ejercicios con Ignacio González al frente de la Comunidad, el presupuesto descendió hasta casi los 2,5 millones de euros.

En cualquier caso, además del cambio en la presidencia, la crisis económica y los recortes de gasto público se reflejaron automáticamente en el presupuesto publicitario del Canal. En 2011, pasó de 8,98 millones de euros a 2,53 millones. En 2012, el tijeretazo fue aún mayor: el gasto se quedó en 822.215 euros. Aunque la llegada de Ignacio González el Gobierno madrileño se tradujo en 2013 en un repunte del gasto. Casi se triplicó, hasta alcanzar los 2,2 millones de euros. Al año siguiente subió un poco más: 2,76 millones de euros. Con Cristina Cifuentes, en 2015, el gasto en publicidad de la empresa pública se redujo a su mínimo: 489.052 euros.

Sólo después de los tres periódicos y del grupo propiedad de Julio Ariza que, como queda dicho, ocupan el podio publicitario del Canal, aparece en la lista El País, que insertó anuncios por importe de 1,37 millones de euros, pese a que su tirada es superior a la de esas cabeceras. También recibe menos que Intereconomía –grupo integrado por La Gaceta, una emisora de televisión, otra de radio, Radio Intercontinental y Radio Interpop– la Cadena Ser –1,02 millones–, aunque es la emisora líder en audiencia en la comunidad.

TVE cobró del Canal de Isabel II un total de 1,32 millones de euros sólo entre 2006 y 2009; a partir de ese año desaparece de la cartera de medios de la empresa madrileña. Sólo un poco menos, 1,24 millones de euros, fue la cantidad contratada por Libertad Digital y EsRadio, los medios propiedad del periodista Federico Jiménez Losantos. La COPE, la cadena de la Conferencia Episcopal, facturó 1,03 millones de euros a la compañía pública en los últimos 10 años.

Prisa, Vocento, Unidad Editorial, Atresmedia

La lista de los 10 medios de comunicación que percibieron del Canal más de un millón de euros desde 2006 cambia si la suma se hace por grupos empresariales. Así, Prisa pasa a ser el segundo que más facturó a la empresa pública si se agrupa la publicidad pagada a El País, Cadena Ser, As, Cinco Días, 40 Principales, Cadena Dial y Localia TV: 2,65 millones de euros.

El tercero resulta ser Vocento, pues a los anuncios insertados en Abc hay que sumar los contratados en Punto Radio hasta que desapareció en 2012, así como en el resto de las cabeceras y diarios digitales del grupo: 2,55 millones de euros. Unidad Editorial le pisa los talones, con 2,21 millones en publicidad repartidos en El Mundo, MarcaMarca –166.083 euros–, Radio Marca, Expansión –255.409 euros–, Actualidad Económica, La Aventura de la HistoriaLa Aventura de la Historia y Veo TV.

Antena 3 cobró casi 1,33 millones de euros sólo entre 2006 y 2008; después desaparece de la lista de medios del Canal. Si se añade la facturación de Onda Cero –550.791 euros– y La Sexta –65.208 euros en un único año, 2008–, Atresmedia ingresó de la empresa de agua madrileña un total de 1,94 millones a lo largo de 10 años.

Naranjo, Rojo, Beaumont, Anson

Entre los que facturaron por debajo del millón, el más beneficiado por el reparto de publicidad institucional es Diario de Alcalá, del periodista Antonio Naranjo, que suma 554.229 euros desde 2006. Inmediatamente después se sitúa en el ránking la revista Interviú, con 413.040 euros ingresados desde 2009 hasta 2015. Y Popular TV, que cobró 281.017 euros.

A partir de ese puesto, los principales contratistas son medios digitales. Prnoticias, un portal dedicado a informar sobre los medios de comunicación, percibió 283.787 euros. Le sigue Periodista Digital, la web del periodista Alfonso Rojo, con una factura de 232.462 euros. También Semanaldigital, de otro periodista, Antonio Martín Beaumont, incorporó anuncios del Canal de Isabel II, por un importe de 183.700 euros. El Economista, tanto su versión de papel como la página web, sumó 110.588 euros en publicidad de la compañía pública desde 2010. El diario Público recibió 36.689 euros del Canal entre 2007 y 2010.

En la cartera de medios de la empresa madrileña aparecen igualmente, aunque con cantidades más modestas, otras cabeceras digitales como El Imparcial, propiedad de Luis María Anson, exdirector del Abc y La Razón, que se apunta unos ingresos publicitarios de 76.457 euros desde 2009; El Confidencial, con 61.930 euros; Voz Populi, con 42.024 euros; El Confidencial Digital, que percibió 25.776 euros, y eldiario.es, con 7.260 euros en 2014 y 2015. Incluso las emisoras del Real Madrid en FM y Onda Media insertaron anuncios del Canal: 43.096 euros.

Los contratos de la empresa de agua madrileña incluyen también a las agencias de prensa. La pública Efe ingresó 137.169 de euros entre 2009 y 2015, sin contar el IVA. Y la privada Europa Press, 145.915 euros, también sin IVA. Ambas por sus servicios de noticias.

María Dolores de Cospedal pagó más de 38 millones de euros en publicidad a medios de comunicación durante los cuatro años en que gobernó Castilla-La Mancha. Según la información a la que ha tenido acceso infoLibre, desde 2012 hasta 2015, el Gobierno del PP en esa comunidad autónoma se gastó al menos 37,83 millones de euros en anuncios tanto en prensa como en televisión, radio e internet. La cifra total es superior, si se añaden las cantidades gastadas en 2011 –Cospedal ganó las elecciones en junio de ese año–.

El grupo que más dinero recibió de Cospedal es Promecal (Promotora de Medios de Castilla y León), propiedad del polémico constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, que fue condenado por corrupción en 1994 y se convirtió en el centro de las protestas de los vecinos de Burgos por las obras del barrio de Gamonal en 2014. A través de las diferentes sociedades de Promecal, el empresario recibió en publicidad la suma de 9,41 millones de euros, la cuarta parte del gasto total en cuatro años. Promecal publica en Castilla-La Mancha los diarios La Tribuna de Toledo, La Tribuna de Cuenca, La Tribuna de Ciudad Real, La Tribuna de Guadalajara y La Tribuna de Albacete.

En segundo lugar de la lista aparece otro empresario, José Luis Alguacil, dueño de Televisión Popular de Guadalajara, del periódico gratuito GuadanewsGuadanews y del diario digital Guadapress. Por la publicidad insertada en estos tres medios, le Cospedal pagó 6,04 millones de euros. El Abc ingresó 2,69 millones por el mismo concepto en estos años. Y la Cadena Cope, 3,1 millones. Además, la Fundación Radio SantamaríaFundación Radio Santamaría, que preside el arzobispo de Toledo, recibió de la Junta de Castilla-La Mancha un total de 386.080 euros para su Canal Diocesano de radio. A la televisión de la Conferencia Episcopal, 13 TV, Cospedal destinó 361.360 euros más.

También figura entre los principales receptores de la publicidad institucional del Gobierno manchego La Regional TV, con 1,79 millones de euros, que emite desde Toledo. Onda Cero facturó 1,52 millones en los cuatro años de gobierno de Cospedal. Y Antena 3, 483.935 euros.

En ese tiempo a la Cadena Ser se le abonaron 474.642 euros por inserciones publicitarias. Telecinco sólo percibió 29.838 euros en un año, 2013, y 60.000 euros por publicitar una exposición sobre la moda en el Siglo de Oro patrocinada por Bankia en 2015.

De Periodista Digital a Jiménez Losantos

También recibieron cantidades menores medios de internet como Periodista Digital, la web de Alfonso Rojo (245.725 euros) o El Semanal Digital, de Antonio Martín Beaumont, autor de La reina de la torre de marfil, una biografía de María Dolores de Cospedal. Su diario online recibió 69.398 euros entre 2012 y 2015 en publicidad. Las emisoras de la cadena de Federico Jiménez Losantos en Albacete y Guadalajara, Esradio, (17.852 euros), Unidad Editorial (editor de El Mundo, Expansión y Marca), La Razón, Intereconomía y La Gaceta o Libertad Digital son algunos de los medios que también figuran en los listados de gasto publicitario del Gobierno manchego en estos años, aunque con cantidades menores. La Fundación de Víctimas del Terrorismo insertó igualmente publicidad para promocionar el cuarto centenario del Greco en 2014 y el del Quijote en 2015, por un importe de total de 8.000 euros.

En cualquier caso, la empresa que se llevó la parte del león del presupuesto de Cospedal en publicidad fue Beta Comunicación y Diseño en 2012. Esta agencia de comunicación se adjudicó los 2,36 millones de euros de la campaña de difusión del Plan de Inversión y Creación de Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. En los años posteriores, recibió 231.366 euros en publicidad institucional del Gobierno manchego.

Además, María Dolores de Cospedal ha repartido grandes cantidades de dinero entre una multitud de medios locales, desde televisiones hasta páginas web: Cable TV Albacete o Daimiel TV y Tele Hellín, Lacerca.com, Entomelloso.com, Lacronica.netLacerca.comEntomelloso.comLacronica.net…

A través de una fundación

La mayor parte de este presupuesto lo gestionaba el Ejecutivo autonómico no directamente, sino a través de la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha.

Una portavoz de la expresidenta Cospedal ha rehusado explicar a infoLibre cuáles eran los criterios utilizados para repartir este presupuesto entre los diferentes medios de comunicación. En cambio, aseguró que el socialista Emiliano García Page "gastó 170 millones de euros en publicidad desde 2007 hasta 2011" [el presidente en aquellos años fue José María Barreda]. Y destacó que “sólo cinco medios acaparaban más de 41 millones de euros”. Se refiere, siempre según datos del PP, a la televisión Canal Regional de Noticias (CRN) y al periódico El Día de Ciudad Real (11,12 millones); Canal Continuo de Noticias (CNC) y El Día de Castilla-La Mancha (17,5 millones); La Tribuna (11,69 millones); el diario Público (1,02 millones) y el digital El Plural (125.203 euros).

Con los 37,8 millones de euros gastados de 2012 a 2015, Cospedal promocionó desde “los valores de Castilla-La Mancha” hasta la caza, los alimentos o la artesanía de la comunidad autónoma. También, como queda dicho, los centenarios del Greco y del Quijote. Para publicitar este último evento, destinó un total de 1,14 millones de euros el año pasado, de los cuales correspondieron 283.665 euros a un convenio de patrocinio firmado con Bankia. Según explica el banco, a cambio de que apareciera su imagen corporativa en publirreportajes sobre una exposición de la moda del Siglo de Oro en Toledo en los diferentes medios, éstos cobraron hasta 60.000 euros en algunos casos –Antena 3 y Telecinco– o 40.000 euros –el diario Abc–.

El pasado miércoles salieron a subasta las instalaciones de la 7 TV, la televisión autonómica murciana. Los locales, situados en el municipio de Molina de Segura, pertenecen a una sociedad en liquidación, Tecnoproducciones Multimedia, cuyos bienes pone a la venta al mejor postor el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia. En esas instalaciones vive de alquiler y realiza sus programas desde abril de 2015 la 7 TV, que gestiona la productora audiovisual Secuoya Secuoyaa través de su filial Central Broadcasting Media (CBM). Sólo pujó uno de los acreedores, Banco Santander, pero por la mitad del precio fijado por el juez, que era de 600.000 euros. Así que la oferta fue rechazada y los locales siguen a la venta. La murciana es la única televisión autonómica cuya gestión ha sido privatizada íntegramente. Y sus adjudicaciones han estado siempre rodeadas de polémica.

En esta última están batallando en los tribunales algunas de las principales productoras audiovisuales del país: un bocado de 10 millones de euros anuales para un contrato de tres años prorrogable por otros tres; 60 millones en total. Mediapro, la empresa de Jaume Roures; Tres60, propiedad del fondo HIG, y la murciana GTM, anterior adjudicataria de la televisión murciana, han presentado recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM). Acusan al Gobierno autonómico de favoritismo hacia Secuoya.

Además, un abogado local, Diego de Ramón, tiene previsto presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por prevaricación. Finalmente, el consejo de administración del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia ha debatido ya dos denuncias sobre los supuestos incumplimientos del contrato por parte de Secuoya, y las ha remitido a la Asamblea regional para su debate.

El Gobierno murciano sacó a concurso la televisión autonómica en marzo de 2014 y recibió las ofertas en abril, pero la mesa de contratación no abrió los sobres con las ofertas hasta el 1 de agosto y no adjudicó el contrato hasta febrero de 2015. Tardó casi un año en completar el procedimiento, pese a que los pliegos estipulaban que las nuevas emisiones debían comenzar el 1 de mayo de 2014, apenas una semana después de terminar el plazo para concursar.

Las productoras alegan en sus recursos que la mesa de contratación la presidió el actual vicesecretario de Organización del PP murciano, Fernando López Miras. Y que uno de sus vocales y dos de sus técnicos trabajan para el ente público, por lo que no eran “imparciales” y sus valoraciones resultaron “arbitrarias”. Además, ponen el acento en la situación irregular de las instalaciones alquiladas por Secuoya. Los recursos judiciales repiten los argumentos que las productoras ya esgrimieron contra la adjudicación ante el Tribunal de Recursos Contracturales, que depende del Ministerio de Hacienda. Y que desestimó sus demandas.

Una de las denunciantes, GTM, no ha dudado en asegurar públicamente que la productora “ocupa” los locales desde los que transmite. Haberlos alquilado a Secuoya le costó el puesto el pasado mes de noviembre al primer administrador concursal de Tecnoproducciones, que autorizó el contrato de arrendimiento sin el permiso del juez del concurso. Fuentes de GTM explican que el titular del Juzgado número 1 de lo Mercantil ha instado a Secuoya a abandonar las instalaciones por carecer de título válido para ocuparlas.

El pasado miércoles, en cualquier caso, la productora estaba invitada a la subasta y pudo pujar por los locales. No lo hizo. “Seguiremos con nuestro contrato de alquiler”, han asegurado a infoLibre fuentes de Secuoya. También niegan cualquier tipo de irregularidad en sus emisiones. “Cumplimos escrupulosamente las condiciones del pliego del contrato”, zanjan. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Mediapro como con Tres60, pero no ha conseguido una respuesta a sus preguntas.

Noticias repetidas, programa canadiense de humor

Tampoco el Gobierno murciano se queja del desempeño de Secuoya en la 7 TV, asegura un portavoz de la Consejería de Economía. Las productoras que han recurrido la concesión alegan que la oferta de la adjudicataria era la que menos horas de servicio pública proponía. Las denuncias presentadas en las consejerías de Economía y Cultura por la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) advierten, además, de que entre abril y septiembre del pasado año, Secuoya ha emitido 857 horas, 27 minutos y 44 segundos de servicio público menos de las comprometidas en el contrato. De ellas, casi el 90% corresponden a programas informativos. Debería emitir 73,5 horas de producción de servicio público a la semana.

También aseguran que los informativos repiten noticias –hasta cuatro veces en un mismo programa– o alargan entrevistas hasta los 20 minutos para prolongar la duración de estos telediarios. Los informativos de medianoche y de primera hora de la mañana se graban el día anterior, para ahorrarse los pluses de nocturnidad que deberían pagarse a los trabajadores si se hicieran en directo. Los informes explican que las horas de redifusión –programas cuya emisión se repite– alcanzan el 40%: “Una media de 11 horas diarias de redifusión”.

La 7 TV, añaden, tampoco emite el número de las retransmisiones deportivas y acontecimientos socio-culturales a que le obliga el contrato de adjudicación. Pero sí programa en horario de servicio público emisiones que no lo son. Por ejemplo, un programa canadiense de humor llamado ACHO y La 7 Motor, que los informes describen como de “publicidad de la industria automovilística”.

De 13TV a Sáenz de Buruaga

Fuentes del consejo de administración del ente comparten las denuncias sobre el incumplimiento de la programación de servicio público y la repetición de noticias en los informativos. Añaden las de “sectarismo” a favor del PP y del Gobierno regional. El Partido Popular perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, el pasado mes de mayo, y desde entonces está pendiente el nombramiento del director general del ente público televisivo.

El responsable de la 7 TV es Alejandro Samanes, anterior responsable de 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y su director de informativos es Antonio Peñarrubia, hasta su nombramiento en Murcia asesor del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. De 2011 a 2014 fue consejero de Secuoya Miguel Ángel Rodríguez, exdirector de Comunicación de José María Aznar.

Aunque tampoco su antecesora en la concesión y ahora denunciante, GTM, está exenta de vínculos con el PP, el partido que gobierna Murcia desde 1995. Detrás de la productora figuran algunas de las principales empresas de la región, desde Embutidos El Pozo hasta la constructora Terrapilar o Golosinas Vidal. Se hizo con la televisión murciana en 2006: un sustancioso contrato de siete años a cambio de 36 millones de euros anuales. Entonces figuraba como asesor de GTM Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de RTVE con José María Aznar. También figuran entre sus accionistas el grupo Intereconomía.

En la concesión a Secuoya también se mezclan las convulsiones políticas. La salida de Ramón Valcárcel de la presidencia de la región, su sustitución por Alberto Garre y la dimisión del consejero que firmó el contrato con Secuoya, Juan Carlos Ruiz, imputado por el caso Púnica. Fuentes consultadas por este periódico mencionan igualmente la intervención a favor de Secuoya de Vicente Martínez-Pujalte, que fue comisionado de Asuntos Económicos para la Región de Murcia en el Congreso de los Diputados hasta que Garre, con quien estaba enfrentado, suprimió ese puesto en marzo de 2015, apenas un mes después de que fuera adjudicada a Secuoya la televisión autonómica. La concesión a la productora, aseguran, se decidió en Madrid.

Los problemas de GTM

En 2007 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia llamó a declarar como testigo a Sáenz de Buruaga, tras haber abierto diligencias por un posible delito de prevaricación en el concurso público que adjudicó a GMT la televisión autonómica. La investigación no prosperó. Pero la crisis y los recortes de gasto público fueron reduciendo los importes que el Gobierno murciano le pagaba cada año: 30 millones de euros en 2011, 15 millones para 2012. Ese año se rescindió de forma anticipada el contrato con GTM, que aún cuenta con unas enormes instalaciones –9.000 metros cuadrados de platós– y entonces poseía una plantilla de 264 trabajadores.

Tras cambiar el modelo de gestión, el Ejecutivo murciano licitó la televisión por sólo 12 millones de euros, la tercera parte de lo que le costaba en los tiempos de euforia económica. Secuoya se la quedó con una quita del 10%: 10 millones. Si antes se acusaba a GTM de hacer una televisión demasiado cara, ahora el problema es que Secuoya no alcanza a cumplir las obligaciones del contrato con el presupuesto comprometido.

La batalla por la televisión murciana no es más que un episodio más de la guerra que libran las productoras audiovisuales por el sector de las cadenas autonómicas desde que cambió la ley audiovisual en 2012 y se permitió la privatización, total o parcial, de los entes públicos. Secuoya presta servicios en las televisiones canaria y balear, asturiana, manchega y aragonesa. También en TV-3, TVG y Canal Sur. Tres60 se ha hecho con contratos en la balear IB3, TV Canarias y Aragón TV. Pero los dos botines más deseados, Telemadrid y la valenciana Canal Nou, siguen aún a la espera.

El Ayuntamiento de Madrid pagó 20,27 millones de euros entre 2013 y 2015 a los grupos de comunicación españoles a cambio de publicidad. Así lo demuestran los presupuestos municipales de publicidad institucional a los que ha tenido acceso infoLibre.

En 2013, el consitorio entonces presidido por Ana Botella consignó una partida de 9,41 millones de euros para insertar anuncios en medios de comunicación. Pero finalmente gastó 6,85 millones de euros en empresas nacionales y 1,68 millones más en medios internacionales.

El año siguiente, el Ayuntamiento madrileño pagó 7,44 millones de euros sólo a medios nacionales. Y en 2015 el presupuesto de publicidad institucional ascendió a 9,03 millones, de los cuales gastó finalmente 5,09 millones de euros en medios nacionales y 2,42 millones en internacionales.

Este último ejercicio quedó sin ejecutar 1,5 millones de euros, según fuentes municipales, después de que el nuevo equipo de gobierno decidiera cambiar el sistema para repartir la publicidad institucional. El equipo de Ana Botella hacía una predistribución anual entre los distintos grupos de comunicación del presupuesto; el actual encabezado por Manuela Carmena reparte el dinero en función de las campañas que quiere llevar a cabo, explican las mismas fuentes. Es el objeto de la campaña, añaden, el que determina qué tipos de herramientas y de medios se van a utilizar.

Entre Prisa y 'La Razón'

Entre 2013 y 2015 fue Prisa el grupo que más dinero recibió del Ayuntamiento de la capital; también es el que cuenta con mayor número de medios y cabeceras: desde El País, Cinco DíasCinco Días y As, con sus correspondientes páginas web, hasta las emisoras Cadena 40, Cadena Dial, Cadena Ser o las revistas Cinemanía y Rolling Stone. En total, el grupo que preside Julián Luis Cebrián facturó con Ana Botella 2,22 millones de euros esos tres años. Le sigue Unidad Editorial, propietario de El Mundo, Expansión, MarcaExpansiónMarca y Telva, que recibió 2,03 millones. Vocento, el editor del periódico Abc, es el tercero de la lista e ingresó 1,86 millones en esos tres ejercicios.

Pero las jerarquías se alteran cuando se pone la lupa sobre qué periódicos prefería el Ayuntamiento de Madrid para insertar sus anuncios. La cabecera a la que más dinero pagó esos años fue La Razón, por encima de las cantidades abonadas a diarios de mayores ventas, como El País, El Mundo y Abc. En 2013, por ejemplo, el periódico dirigido por Francisco Marhuenda recibió 268.780 euros del consistorio madrileño, mientras que El País ingresaba 118.925 euros;Abc, 124.129, y El Mundo, 153.487 euros.

También los superó los dos años siguientes, pese a que su difusión, tanto nacional como en Madrid, es muy inferior a la de los otros tres grandes diarios. El primero del ránking es El País, seguido de Abc y El Mundo, que mantienen una dura disputa por el segundo puesto. La Razón es el cuarto en ventas. Según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), El País tiene una difusión media de 238.560 ejemplares; El Mundo, de 139.549; Abc, de 93.325, y La Razón, de 33.239.

'Abc' y '20minutos', entre los que más publicidad facturan

La Razón fue la cabecera con más publicidad institucional del Ayuntamiento de Ana Botella también en 2014 y 2015, 223.272 y 197.704 euros, respectivamente. Pero si al periódico diario se le añaden los suplementos y revistas que edita cada uno de ellos, el más beneficiado resulta ser Abc. En gran parte, debido a la publicidad insertada en el dominical, XLSemanal, que publica el grupo Vocento para todas sus cabeceras y es el de mayor tirada de España. Sólo este suplemento se ha llevado 776.162 euros en tres años.

El periódico de Bieito Rubido es el líder en publicidad institucional del Ayuntamiento: en 2014 le facturó un total de 686.842 euros, incluidos los anuncios de su página web. Buena parte de esa inversión fue a parar no al Abc de Madrid, sino a su edición de Sevilla y a otros tres periódicos del grupo Vocento: El Norte de Castilla, Las Provincias y el diario Sur. En total, 1,8 millones de euros de 2013 a 2015. El Mundo, pese a tener cifras de difusión por debajo de El País, recibió del consistorio más inversión publicitaria: 1,4 millones frente a 1,37 millones del periódico de Unidad Editorial, siempre contando con suplementos y página web.

También el diario gratuito 20minutos20minutos aparece en el presupuesto publicitario municipal. En 2013 sólo insertó anuncios por importe de 59.605 euros, pero al año siguiente ya ingresó 247.990 euros y en 2015 más, 299.199 euros; es decir, por encima incluso de La Razón. El Confidencial es el único medio digital puro que albergaba publicidad institucional del Ayuntamiento: nada en 2013 pero un total de 82.257 euros en 2014 y 2015.

Cope, EsRadio y 13TV

Por lo que a las emisoras de radio se refiere, la mayor beneficiaria es la Cadena Cope, con 681.922 euros en tres años, seguida de Onda Cero, que ha recibido 531.689 euros, y la Cadena Ser, 391.118 euros. El pasado año, era esta última emisora la primera en audiencia en la Comunidad de Madrid, detrás figuraba Onda Cero y la Cope era la tercera, según el Estudio General de Medios (EGM).

También reciben sumas considerables EsRadio, la emisora de Federico Jiménez Losantos –180.628 euros–; el grupo Intereconomía –222.187 euros–, y 13TV –12.100 euros–.

La alcaldesa se lo ha tomado a broma y ha contestado que de eliminar la campaña de Navidad, nada de nada:

Los tuiteros han aplaudido el zasca de Colau, por filonazis, claro.

Aviso a navegantes, si estáis a tiempo, salid corriendo:

¿Y eso de ser nazi, cómo lo ve Intereconomía?

El tribunal señala que los acreedores del concursado comunicarán sus créditos en el plazo de un mes desde el día que en que se les realice la comunicación por la administración concursal o en el caso de que no se haya realizado, desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración de concurso.

Recuerda además que Intereconomía conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio, pero sometidas a la intervención de la administración concursal.

Asimismo, el juzgado indica que los acreedores y demás interesados en personarse en el concurso lo deberán realizar por medio de abogado y procurador presentando escrito de forma separada al de comunicación de crédito ante el tribunal.

El concurso voluntario es en el que el deudor presenta la solicitud dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que se hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

La dirección de Informativos de TVE ha trasladado al Comité de Empresa una propuesta de contratación de 11 periodistas, que justifica en la "extraordinaria circunstancia de que se acumulen cinco elecciones en un año". Se trata de seis contratos de interinidad (que estaban vacantes desde hace muchos meses) y cinco eventuales, se supone que por este periodo inconcreto de acumulación de trabajo. De todos ellos, sólo uno de los candidatos propuestos (en este caso para un contrato eventual) estaba en el banco de datos, según la propia comunicación realizada por Recursos Humanos al Comité.

Es llamativo que, en el breve curriculum vitae que aporta la dirección sobre los elegidos, la empresa de procedencia anterior más repetida sea Intereconomía.

La dirección, según fuentes sindicales, ni siquiera justifica su intención en que no ha encontrado personal suficientemente preparado en el banco de datos, aspecto que denuncia en redes sociales CGT cuando escribe: "Unos 1.000 periodistas en plantilla y 4.000 en el banco de datos, pero ninguno les vale. Ahora Gundín quiere contratar de golpe a 10 afectos".

Por su parte, CCOO ha propuesto que se reúna de inmediato la comisión permanente del Comité de Madrid. la intención de este sindicato, tal y como ha declarado a infoLibre, es "denunciar inmediatamente las contrataciones a la Inspección de Trabajo y valorar de manera urgente la convocatoria de movilizaciones".

Mientras, UGT en RTVE "condena este acto, y en unos minutos pedirá una reunión extraordinaria del Comité Intercentros para proponer paros parciales en toda la plantilla". En comunicación con infoLibre, afirma que "esta decisión pretende sustituir la voz de nuestros profesionales por voceros del Gobierno, de un modo salvaje ante los malos datos que arrojan las encuestas para el Gobierno en todas las elecciones a celebrar. Y para ello necesitan convertir RTVE en la RTV Popular, una empresa sometida y al servicio del Partido Popular".

"La maniobra –continúa en su escrito– se remata trasladando a los compañeros de la redacción que son la voz de denuncia a programas, creando así una redacción a su imagen y semejanza, a la imagen de la ultraderecha más rancia. Esta decisión, junto con la falta de financiación y la desaparición de los platós de Prado [del Rey], acerca aún más a nuestra empresa a una línea sin retorno. Pero todavía es más escandalosa esta decisión cuando supuestamente está prohibida la contratación en empresa pública, lo es más cuando en la Estructura Territorial no se cubre ni una sola baja, dejando redacciones a la mitad de su dimensión. Esto demuestra el nerviosismo y la verdadera intención que tienen estas contrataciones, crear una redacción paralela, meter miedo a la redacción propia de RTVE, y poner aún más la empresa al servicio de Génova y Moncloa".

Consejo de Informativos: "No tiene ninguna explicación"

En la redacción de Informativos en Torrespaña "cunde la indignación y el recelo" tras estas contrataciones, según ha podido confirmar infoLibre; por su parte, el Consejo de Informativos, a través de fuente autorizad confirma que "esta ola de contrataciones sigue, como venimos denunciando hasta hoy, la senda de Telemadrid: arrinconar a los profesionales con trayectoria y sustituirlos por personas sin experiencia en la empresa y afines ideológicamente, comprometiendo así la independencia de TVE. Es lo que en Telemadrid o Canal Nou se conoció como "redacción paralela".

Para el órgano de representación de los periodistas, "es sumamente sospechoso que se recurra a contratar a once profesionales que no están en nuestro banco de datos, cuando en él existen personas que en algún momento (y en algunos casos muy recientemente) han estado desarrollando su labor aquí de forma muy satisfactoria. Aunque legalmente esto pueda hacerse (algo que no sabemos con exactitud al tratarse de un asunto laboral), no tiene ninguna explicación profesional o empresarial. Nos parece extraño que en un entorno económico complicado se recurra a contrataciones cuando, tal y como vienen denunciando los sindicatos de nuestra empresa, las bajas en los centros territoriales no se están cubriendo. Todo parece indicar que, con el dinero de todos los españoles, se pretende crear un aparato de propaganda al servicio del Partido Popular".La redacción de TVE da la espalda a la dirección de Informativos

El anuncio de las nuevas contrataciones ha provocado la repulsa de la redacción central de los Informativos de TVE. Los periodistas se han puesto en pie al finalizar la emisión del Telediario 1 y han dado la espalda a la dirección mientras guardaban un minuto de silencio. En gráfica descripción del ambiente entre los periodistas, uno de ellos confesaba a infoLibre: "¡La redacción echa humo!". Mientras, en los correos internos aparecían decenas de mensajes con el lema Noalaredacciónparalela, expresión de un descontento que supera al de anteriores cambios: "Ya no es que traigan directivos, muchos de ellos ignorantes de las técnicas de televisión; es que ahora fichan redactores de la competencia, al margen del banco de datos, donde hay miles de periodistas, que ya han trabajado aquí, y a los que se margina."

El paso de lo público a lo privado se realizará lo más pronto posible, en cuanto esté lista la nueva programación. 

Esta decisión no afecta a todo el territorio español, ya que tanto la Comunidad de Madrid como la Valenciana seguirán tendiendo acceso a Intereconomía a través de la TDT.

Parece ser que el grupo de Julio Ariza ha tenido que cortar por lo sano, ya que el cierre de la cadena viene después de haber tenido que cerrar previamente el diario en papel del grupo Intereconomía La Gaceta, además de haberse visto sacudido por varios Expedientes de Regulación de Empleo.

El periodista y tertuliano Eduardo García, así como la cadena Intereconomía, han sido condenados a pagar más de 21.000 euros a la socialista Marina Geli por "injurias graves" pronunciadas contra ella en el transcurso de un programa de televisión en junio de 2010, cuando era consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, según ha informado El Periódico de Cataluña.

En concepto de responsabilidad civil, Intereconomía y el contertulio deberán indemnizar "conjunta y solidariamente" a Marina Geli con 18.000 euros por los perjuicios sufridos, con los intereses legales correspondientes. Además,el grupo de comunicación deberá divulgar la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación.

Los hechos se remontan al año 2010, cuando, durante la emisión del programa de debate El Gato al Agua, García criticó la campaña de educación sexual para adolescentes de la Consejería de Salud, de la que entonces era responsable Geli, y para ello empleó frases como "esta tipa es una zorra repugnante. Es una guarra. Es una puerca, y está fabricando degenerados". 

En el juicio, celebrado el pasado mes de octubre, el condenado afirmó que sus insultos se dirigieron siempre hacia la gestión del departamento y no hacia la propia responsable del mismo. Mientras tanto, Geli aseguró que las palabras de García la ofendieron "como mujer y como persona", y pese a que aceptó las disculpas del tertuliano afirmó que "el perdón no redime el atentado contra honor y difamación".

El diario La Gaceta dejará de salir a partir de este viernes en los quioscos, según han informado a Europa Press fuentes de la redacción, que han explicado que la dirección se ha puesto en contacto con ellos para anunciarles que la versión impresa de la cabecera no saldrá mañana y que está previsto que se abra una mesa de negociación con los trabajadores.

Fundado en 1989 como La Gaceta de los Negocios, perteneció al Grupo Negocios hasta 2009, cuando fue adquirido por Intereconomía. Durante los primeros tres años de esa etapa, en la que la cabecera pasó a llamarse La Gaceta y se convirtió en un medio generalista, el diario fue dirigido por el periodista Cárlos Dávila.

Tras él, han sido directores del diario Eduardo García Serrano, José Javier Esparza y José Antonio Fúster, que asumió el puesto en mayo de este año con el objetivo de acometer una renovación del periódico. Las mismas fuentes de la redacción han indicado que la intención de la dirección podría ser mantener la cabecera digital.

Las redes sociales se han hecho eco de un descuido ocurrido en Intereconomía TV, donde la presentadora del Telediario, Carmen Baños, aseguró este jueves con el micrófono abierto que se encontraba en "total desacuerdo" con la entradilla a una información que acababa de leer, en la cual se ponían en cuestión las motivaciones de la huelga educativa.

Baños, estaba presentando la información sobre la huelga educativa que sacó a la calle a cientos de miles de personas en toda España. La presentadora planteó que la huelga podía responder a "motivos políticos", y aseguró que la cadena había sacado su "detector de banderas". "Y adivinen: la mayoría de las que hemos encontrado eran banderas republicanas", remachaba.

El problema vino cuando dio inicio el vídeo con la crónica de la protesta. En ese momento Baños, aún con el micrófono abierto, pidió que constase su "total desacuerdo leyendo esta entradilla". En poco tiempo, el vídeo ya se encontraba colgado en Internet y ha generado multitud de comentarios en las redes sociales.

Pocos han parecido entender correctamente el mensaaje, con lo que la bola no ha dejado de crecer, amplificado como sucede en estos casos, por la retroalimentación inherente a las redes sociales:

La Junta de Castilla y León restringe el acceso a la red a la mayoría de sus empleados a través de un servicio de intranet que divide las páginas en dos listados: listado de categorías denegadas y listado de acceso básico. En el primero se encuentran aquellas de acceso prohibido como son las páginas de contenido pornográfico, de juegos de azar, P2P o de piratería informática. En el segundo, en el que se encuentran las páginas en las sí se puede navegar libremente, además de recoger categorías genéricas como páginas de Salud, de Educación o de Arte/Cultura, incluye una categoría final de Otras páginas. En este último apartado sólo había un medio de comunicación abierto para todos los empleados públicos de la Junta: Intereconomía.

Miguel Álvarez, trabajador del cuerpo de inspectores de la Junta y miembro de PLADEPU, explica que la inmensa mayoría de los empleados públicos de la Junta accede a la red a través de Intranet excepto altos cargos como algunos jefes de sección. Asimismo, asegura que la decisión de otorgar el acceso libre a Internet es "arbitraria", un hecho que confirman fuentes de la Junta, que explican que es el secretario general de cada consejería quien decide qué personas tienen acceso a la red, según las “necesidades” que conlleva cada puesto de trabajo. Ante esta situación, Álvarez denuncia que Intereconomía era hasta este jueves el único medio abierto para todos, “desde el conserje al director general”,y se pregunta: “¿Quién toma la decisión de restringir o admitir páginas?”.

"No se le tiene que moldear desde la Administración"

Fuentes de la Junta de Castilla y León declararon en un primer momento a infoLibre que se trataba de un "listado antiguo", pero no desmintieron que estuviera en vigor. Sin embargo, a mitad de la tarde de este jueves, la Junta anunció que “ya se había subsanado el error” tras “revisar y depurar la lista” y eliminó a Intereconomía del listado ya que desde la Junta, según declararon, “no hay intención de primar a un medio de comunicación sobre otro”.

Lo cierto, no obstante, es que éste no es el primer “error” del Gobierno regional relacionado con Intereconomía. Tal y como explica Miguel Álvarez, en 2010 ya se eliminó el sitio del mismo listado tras una denuncia similar. Sin embargo, el dominio volvió a aparecer en la lista de acceso básico sin que Álvarez y PLADEPU sepan quién y cuándo lo decidió.

La Plataforma en Defensa de lo Público presentará este viernes una denuncia para pedir explicaciones ya que creen que “al empleado público no se le tiene que intentar moldear ideológicamente desde la Administración, al facilitarle en exclusiva un único medio de información”. Álvarez considera que pese a la rectificación de este jueves, la Junta debe explicar lo que en su opinión era una situación “sectaria y anacrónica”. La Plataforma, junto a sindicatos y otros empleados públicos, lleva más de un año concentrándose todos los viernes en Burgos en lo que llaman Viernes de negro para protestar contra los recortes de gasto público. Este movimiento se formó de manera espontánea por los empleados públicos con la participación de los sindicatos y el Comité de Empresa en Burgos y de la Plataforma en Defensa de lo Público.