Cuando Tony Scott murió hace unos 13 años, el obituario más interesante se lo escribió seguramente Stephen Metcalf. En lugar de limitarse a repasar su carrera entre elogios, Metcalf se centró en una sola de sus películas. Nadie aseguraría jamás que Días de trueno sea el gran triunfo de Scott —de hecho estaría entre lo más fallido de su filmografía—, pero Metcalf aseguraba que era su película más relevante. La considerable taquilla de Días de trueno, protagonizada por Tom Cruise en 1990, no había sido suficiente para rentabilizar las malas críticas ni, muy especialmente, la absurda inversión económica que había requerido por parte de dos productores ebrios de poder.

Estos productores eran Don Simpson y el mismo Jerry Bruckheimer que, 35 años después, impulsa otro film sobre automovilismo, F1: La película. Durante los años 80 Simpson y Bruckheimer habían sido grandes estrellas, los representantes absolutos del cambio de paradigma en la industria que había legado el derrumbe del Nuevo Hollywood: luego de una época anárquica en la que los directores habían ostentado el control creativo, el productor había resurgido con todos los privilegios del periodo clásico de Hollywood, siendo Simpson y Bruckheimer sus pomposos representantes. Pero Días de trueno, con su ridículo fracaso, había devuelto las aguas a su cauce.

“Si Tony Scott hubiera ejercido un mínimo control sobre la dirección, Días de trueno podría no haber sido la catástrofe que fue”, escribió Metcalf. “Al serlo, sin embargo, contribuyó a la muerte de la era antiautor en 1990, al igual que La puerta del cielo había acelerado a su vez la muerte de la era del autor en 1980”. La propuesta de Metcalf tiene lagunas. Observa con demasiada candidez el cine independiente que afloró durante los 90 en EEUU —soslayando el hecho de que Harvey Weinstein, a través de Miramax, no fuera otra cosa que un Simpson/Bruckheimer más perverso—, y aún así es un punto de partida irresistible para contextualizar F1 con respecto a Top Gun: Maverick. Pues Días de trueno, a su vez, había querido replicar la jugada de la primera Top Gun.

De Top Gun a Días de trueno repitieron actor, director y productores, cambiando los aviones por los circuitos de NASCAR. De Top Gun: Maverick a F1 repiten productor (Bruckheimer), guionista (Ehren Kruger) y director (Joseph Kosinski) mientras ahora se cambian aviones por coches monoplaza y reemplazamos a Tom Cruise por el otro actor que le disputa la consideración de “última gran estrella de Hollywood”: Brad Pitt. El compromiso de Pitt con la Fórmula 1, introduciéndose él mismo en los coches y las carreras, podría recordarnos de entrada a otra leyenda como Steve McQueen en Las 24 horas de Le Mans (1971), y no obstante la estrategia tiene bastante menos recorrido. Es el que conecta dos fases de Hollywood equivalentes en su “antiautoría”.

¿Significa esto que F1, como Días de trueno, participa de un régimen donde el productor es el rey y ahoga cualquier voz por debajo de él? No exactamente, pues al veterano Bruckheimer ya le quedan lejos los días en que su nombre —junto al del fallecido Simpson— podía encabezar los pósters. Al mismo tiempo sucede que Pitt es productor de F1 a la estela del susodicho Cruise —la voz creativa central de cada película que protagoniza, de Misión imposible para abajo—, con lo que resulta finalmente inevitable entender la presencia de Kosinski o Kruger como la de simples gestores meticulosos. Al valorar el rol de Kosinski impulsando Twisters nos referíamos a él como “ingeniero cultural”, y de eso va un poco todo. De ingeniería. De cálculo y técnica.

La realización de F1 es impecable, como lo era la de Top Gun: Maverick. La planificación y montaje de las carreras del film certifican a Kosinski como un narrador audiovisual de lo más sólido, al que ya habríamos ascendido a los altares de Hollywood si no fuera por la sospecha —que sobrevuela todo su trabajo— de que solo cumple órdenes. Cada una de sus películas tiene una estética depuradísima, higiénica, que ahoga cualquier tipo de fricción y depara un acabado perfectamente consumible. Desde que Kosinski se hiciera famoso por ambientar un tráiler del videojuego Gears of War con la canción Mad World, parece que no ha hecho otra cosa que dirigir anuncios de Apple. Que, mira tú por dónde, es la gran empresa que auspicia F1. Aparte de la propia FIA.

La vocación publicitaria de Kosinski nos lleva a otra similitud con Días de trueno y es que Scott también venía de la publicidad; Simpson y Bruckheimer le ficharon para la primera Top Gun gracias a un anuncio de coches. Pero Scott quería aprovechar las lógicas publicitarias de rapidez y multirreferencialidad para construir un blockbuster lleno de asperezas y fugas: un blockbuster diametralmente opuesto al que supone F1. Aquí todo está organizado para vender cosas sin disonancias. Cosas como el carisma de Pitt —el actor-productor anda muy necesitado de él en medio de sus acusaciones de violencia machista—, el monumental entramado de Fórmula 1 a lo largo del mundo, y finalmente la idea romántica de lo artesanal, del espectáculo a la vieja usanza.

La artesanía sin duda podrá brillar en medio de este Hollywood agónico, pero dista de ser suficiente para paliar la naturaleza de evento promocional a la que sucumbe F1. El paliducho guion ni se esfuerza en disimular que solo le han pedido inventarse trámites entre carreras u oportunidades para explicar algunos detalles farragosos de la Fórmula 1 —tan imprescindible en este sentido la energía de Javier Bardem como la generosidad de los locutores al comentar los giros de cada competición—, mientras Pitt se limita a posar paciente en un escaparate junto a otras muchas marcas y patrocinios que incluyen a Abu Dabi: ver a los protagonistas compartir champán con jeques árabes da la perfecta medida de cómo han cambiado las cosas desde Días de trueno.

Y es que no se trata, en definitiva, de que el productor haya dejado de ser el rey. Metcalf pecaba de optimista. Tras el simulacro de autoría cinematográfica de los 90 —compartimentado en el tiempo con la externalización del capitalismo yanqui y la expansión de la Fórmula 1 más allá de Europa, algo que describe el film con mucha mayor convicción que su derivativa historia de deportistas temerarios—, lo que sucedió simplemente es que la maquinaria dejó de necesitar nombres propios que pertenecieran a humanos con ganas de crear. El nombre resucitado de Bruckheimer es mucho menos importante en F1 que el de los conductores reales que han apadrinado el artefacto, o el hecho de que el Sonny Hayes de Pitt aparezca en el último videojuego oficial de Fórmula 1. 

Porque los productores siguen importando mucho más que el director o el guionista, por supuesto, solo que en un escenario distinto. Este está marcado por reuniones de comité, accionistas exigentes, e inversores con planes ambiciosos en cuatro dimensiones a quienes no les interesa el cine más que como una prometedora diversificación de su emporio. Es el escenario que ha dado con su creación perfecta, acaso definitoria, en F1: una película cuyo título es literalmente un logo. 

Fue el 23 de enero de este año. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en un acto, junto al presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos; y el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, Ángel Asensio, para presentar el Gran Premio de España, que supondrá la vuelta a la capital de la competición automovilística en 2026. Ya entonces avanzaron que el evento deportivo dejará en la región más de 450 millones de euros anuales, generará 10.000 puestos de trabajo directos, más de 110.000 espectadores, 85.000 turistas potenciales, con una estancia media de 3,6 noches y un gasto medio de más de 1.680 euros. Todo ello a coste cero para las administraciones. Tres meses después no hay proyecto básico que soporte ese gran premio y se puede desmentir que no implicará desembolsos de dinero público.

El diputado de Más Madrid en la Asamblea autonómica Pablo Padilla ha preguntado en comisión esta semana por los cálculos del Gobierno regional sobre el impacto ambiental del evento automovilístico, teniendo en cuenta que “un solo vehículo de Fórmula 1 emite entre 230 y 250 kilogramos de dióxido de carbono en una carrera, más o menos lo mismo que un turismo recorriendo 2.000 kilómetros”. Dato que “hay que multiplicar por 20” y no llegaría ni al 1% de las emisiones “que genera un gran premio en circuito urbano”. De acuerdo a la información que manejan, “todo el mundial generará 250.000 toneladas de dióxido de carbono, el 45% ligado a la logística y al transporte, y el 27% a los viajes y el alojamiento de los equipos” implicados. A ello habrá que sumar la contaminación sonora “que sufrirán los vecinos, especialmente los de Valdebebas -zona residencial de Madrid-”, y otros elementos que Padilla quería saber si habían sido analizados por la Administración comandada por Ayuso. 

La encargada de responderle fue la directora general de Transición Energética y Economía Circular de la comunidad, Cristina Aparicio, quien admitió que “ahora mismo no hay un proyecto definitivo en el que analizar ningún impacto ambiental” y que “tiene que haber un procedimiento”. “Cuando llegue el proyecto, miraremos a ver qué exactamente necesita en materia de evaluación ambiental”, reiteró luego, para enlazar que son rigurosos y no hacen “revisiones de proyectos que todavía no existen”. Sí incidió en que el acontecimiento deportivo “traerá mucho valor a la comunidad” y sostuvo que, “a falta” de que les llegue “el proyecto definitivo", en lo relativo a "las emisiones de C02”, el evento será “similar a cualquiera de los grandes proyectos” que tienen en Ifema. Coincidió incluso con Padilla en que “las emisiones grandes vienen de la propia infraestructura y, sobre todo, de la parte logística”.

El diputado de Más Madrid le afeó que el Ejecutivo de Ayuso vete a la oposición “un informe de Deloitte”, que es lo único que soportaría las cifras que lanzan los populares. “A día de hoy no hay nada, al Gobierno de la Comunidad no le ha llegado un proyecto concreto para traer la Fórmula 1 a Madrid”, traslada Padilla a infoLibre. Critica que hayan "comenzado la casa por el tejado". "Han empezado a correr sin atarse los cordones. Han vendido la piel del oso, no digo antes de cazarlo, sino de saber siquiera quién es el oso”, resume.

El diputado de Más Madrid insiste en que “todo lo hacen sobre un informe que está oculto, que no es accesible, y las tareas, tanto del Gobierno autonómico como del municipal, para comprobar los mínimos exigibles que marca la legalidad, no se pueden hacer porque no existe dicho proyecto”. “Ayuso se ha dado mucha prisa, ha corrido tanto como los coches de F1, sin asegurar todo el trabajo previo que tiene que haber detrás”, afea.

Desde Ifema, promotora del Gran Premio de España, reconocen que aún no cuentan con un proyecto básico, pero garantizan que para poder obtener el contrato con los responsables de la Fórmula 1 “se ha desarrollado un proyecto potente que tiene una parte conceptual, otra económica y una más técnica, que está vinculada a la construcción de la pista y a las infraestructuras que serán necesarias”. En relación a la esfera económica sí hay un informe de Deloitte y ligado a la última, existe un anteproyecto llevado a cabo por una empresa italiana del área de la ingeniería especializada en el sector, Dromo.

Las fuentes consultadas indican que están “trabajando a toda velocidad” para convertir ese anteproyecto relacionado con el ámbito constructivo en el proyecto del que “se derivará la aportación de los diferentes informes exigibles por ley para que se inicie el trámite de todo”. Señalan que “se han hecho mediciones” y esperan “no tener inconvenientes para superar el impacto ambiental y otros que haya que pasar”, como en cualquier iniciativa similar. El evento implicará la ejecución de un circuito de 5,47 kilómetros de longitud, aunque incluirá únicamente un kilómetro de vía pública dentro de su trazado.

Padilla recalca que los populares “han estado más preocupados por la foto de Ayuso con un coche de F1 y por empezar a hacer repartos entre empresarios amigos, que por garantizar los mínimos de seguridad, de impacto ambiental, de convivencia, de logística, el plan de transportes… exigibles para un acontecimiento como este. Más allá de que todavía tienen que conseguir todas las licencias”. Su formación no quiere que se repita lo que sucedió en Valencia, donde la Fórmula 1 dejó un pufo de casi 300 millones y un reguero de investigaciones en los tribunales sobre la organización de la carrera.

 “No existe proyecto concreto, es una idea, una ensoñación, sin embargo, sí se puede afirmar que Ayuso ha dedicado recursos públicos a la F1 para el vinilado del metro, los medios públicos y las personas que cubrieron el gran anuncio, su propia agenda… Todo destinado a una cosa que, de momento, es humo”, recalca. Y sí se ha sobrepasado el coste cero al que se han agarrado los populares.

En una respuesta a una petición de información llevada a cabo por Más Madrid a la que ha tenido acceso infoLibre, se recoge que el gasto en publicidad realizado por Metro de Madrid, adscrito a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, para la cobertura exterior del tren de la Línea 8 con propaganda de la F1 fue de 12.475 euros, mientras la colocación de elementos publicitarios en el interior de los asientos supuso unos 2.000, con detalle 1.853 euros, con lo que sólo en esta acción, el gasto para las arcas públicas habría sido de 14.328 euros. Y no será el único, según augura la oposición. 

La llegada a Madrid de la Fórmula 1 (F1) está envuelta en una espiral de opacidad. Para intentar romperla, el diputado de Más Madrid en la Asamblea regional Pablo Padilla ha armado una batería de solicitudes de información que ha reclamado a Ifema, el consorcio constituido por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid e impulsor del Gran Premio. Con detalle, la mencionada formación política quería saber los compromisos adquiridos por la entidad de cara al evento deportivo que arrancará en teoría en 2026, el desglose económico por año, datos de los pliegos contractuales, el plan de negocio previsto e información del “entramado institucional de nueva creación” para “dar cobertura a las necesidades del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid”. Pero la mayor parte de esas peticiones no han sido atendidas.

En una resolución, fechada el pasado 21 de febrero y a la que ha tenido acceso Infolibre, Ifema se agarra al artículo 14 de la Ley 19/2013 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para justificar su negativa a ofrecer los datos demandados, después de agruparlos. Argumenta que “facilitar los compromisos adquiridos” en relación a la Fórmula 1, “los pliegos sacados” para las “licitaciones relacionadas con el Gran Premio” y “el plan de negocio previsto” supondría “permitir el acceso a documentación que podría provocar un perjuicio" para sus "intereses económicos y comerciales" y que está amparada "por la confidencialidad”.

En el documento trasladado por el consorcio a Más Madrid se asevera además que el promotor del Gran Premio de Madrid de Fórmula 1, ha adquirido como tal “compromisos frente a FOWC –Formula One World Championship, el ente que ostenta los derechos de la F1– y FOML –Formula One Marketing Limited–”, por lo que no puede “divulgar información o documentación al respecto, sujetándose en todo momento a estrictas obligaciones de confidencialidad", ya que revelar información "perjudicaría a los intereses de terceros" y sería, asimismo, "un incumplimiento contractual”. A ello suman que, a juicio de Ifema, “datos tan detallados como los que se requieren” constituyen “información sensible" que toda entidad "está obligada a proteger y mantener reservada, por lo que cualquier tipo de difusión de dicha información a terceros, atentaría contra la confidencialidad, lo que directamente incurriría en la afectación de los interés económicos y comerciales" del consorcio, insisten.

Respecto a los pliegos, arguyen que las licitaciones “han sido tramitadas a través de procedimientos negociados sin publicidad precisamente para poder preservar la confidencialidad de la información y documentación, tanto previa a los procedimientos de licitación como en el seno de los mismos”. Y en relación al desglose económico por año, se remiten a las cuentas anuales de Ifema, que “están sometidas a un sistema de verificación y control externo de auditoría, siendo publicada en su propia página web la memoria anual en la que se hace un repaso exhaustivo de los principales hitos”, de la “gestión” y de “los resultados de sus líneas de negocio y actividad”. Traducido: Más Madrid tendría que esperar a que se difundan las cuentas de 2024.

Sí proporcionan alguna respuesta sobre el aporte institucional que se habría realizado para cubrir el Gran Premio, que tendrá un circuito urbano con 5,47 kilómetros de recorrido que incluye una parte frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, y lo hacen para admitir que Ifema “ha desarrollado este proyecto con personal propio”, al que ha agregado “la incorporación de dos perfiles técnicos”. Es decir, el coste cero de la iniciativa para las arcas públicas que se ha garantizado tanto desde la comunidad como desde el ayuntamiento al menos en materia de personal no sería tal.

Para el diputado de Más Madrid en la Asamblea autonómica solicitante de la documentación, "es de recibo conocer qué contratos se tienen". "Hasta ahora ni existen informes ni conocemos contratos: solo cifras inventadas y palabras vacías", lamenta Padilla, para enlazar: "Los pelotazos del PP nos terminan costando médicos, profesores... La Fórmula 1 va a ser el plató de televisión de Ayuso que terminaremos pagando todos en nuestros servicios públicos", augura.

Desde esa convicción, Más Madrid recurrirá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para intentar obtener la información y formulará peticiones en la Asamblea. Previsiblemente antes de que aquél se pronuncie, el próximo 6 de marzo se votará en la Comisión de Hacienda otra iniciativa impulsada por dicho partido: que la Cámara de Cuentas fiscalice "todos los contratos celebrados desde el sector público madrileño" que tengan relación con el premio de Fórmula 1 de la comunidad.

Al evento automovilístico madrileño le preceden las turbulencias o el aire sucio de otros como el de Valencia, por lo que la oposición ya ha advertido de que exigirá transparencia en todo el recorrido. Ayuso ha proclamado que el evento dejará en la región "más de 450 millones de euros cada año y generará 10.000 puesto de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuevas cadenas de restauración, hoteles y una cantidad enorme de planes de ocio, cultura, compras y espectáculos".

Para unos, como el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio, es una “gran oportunidad" y para otros, la amenaza de un nuevo “pufo”. La Fórmula 1 llegará a Madrid a partir de 2026 para quedarse 10 años y no será al Jarama. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, han oficializado este martes el desembarco en un acto celebrado en Ifema, después de que el promotor del campeonato, Liberty Media, diera el visto bueno. De acuerdo al anteproyecto, pendiente de homologación por parte de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el circuito tendrá una longitud de 5,474 km, 20 curvas, ocho pasos elevados, dos túneles, cuatro puntos de adelantamiento, una curva espectacular, una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos y picos de velocidad de hasta 300 kilómetros por hora.

El trazado utilizaría los viales de Ifema, tanto del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, junto a 1,5 km de vía pública, según consta en un comunicado del recinto madrileño, en el que se avanzan además “espacios inéditos” en la F1, como paddock cubierto y climatizado. Confían en que 140.000 espectadores vean la carrera en el quinto año. Y no sólo eso.

Martínez-Almeida ha cifrado en 8.000 los puestos de trabajo que generará el arribo del Gran Premio de Fórmula 1 a la capital, cantidad que Ayuso ha elevado luego a los 10.000 puestos de trabajo directos, “más todos los indirectos, a través de nuevas cadenas de restauración, hoteles y una cantidad enorme de planes de ocio, cultura, compras y espectáculo”. El evento “va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año”, ha aseverado, tras sacar pecho por la entrada de Madrid en “el prestigioso club de los 23: las 23 ciudades que tienen la fortuna y la responsabilidad de recibir y organizarlo".

Desde las administraciones implicadas han manifestado que no habrá inversión de dinero público, sino una promoción a través del consorcio de Ifema, y que será el organizador privado el que asuma los riesgos. Pero la oposición desconfía con la vista puesta en Valencia, ciudad que acogió cinco grandes premios entre 2008 y 2012, en un empeño del ex president de la Generalitat, Francisco Camps, quien también garantizó que el coste para las arcas públicas sería cero y el Ejecutivo valenciano acabó pagando 66 millones. Es más, tuvieron que pedir un crédito de 60 para poder materializar la construcción del circuito, a los que hubo que añadir 111 millones abonados en concepto de canon anual; la asunción de otra deuda de 44 millones ligada a Valmor, la empresa organizadora; o más de 25 en derechos televisivos que tuvo que desembolsar la desaparecida Canal Nou, según apuntan fuentes de la oposición. Al "desastre" económico hay que enlazar que en espacios del antiguo circuito por el que volaban monoplazas, se ha articulado un asentamiento de chabolas en el que la Policía Nacional ha llegado a realizar detenciones.

A Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, la Fórmula 1 le “suena al pelotazo de Camps en Valencia” y no olvida que los valencianos terminaron “pagando 300 millones de euros”. En la misma línea, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, cree que “es positivo para España y para Madrid” albergar el macroevento, si bien avisa de que se debe “evitar lo que el PP hizo en otras ocasiones", el "caos" y la "ruina económica”. Recuerda los "cientos de millones de los impuestos de las familias valencianas" que fueron "absolutamente desperdiciados en esa mala gestión que se hizo” allí de la competición. Desde esa perspectiva, ha adelantado que su partido “fiscalizará milimétricamente que cada euro que ponga la Comunidad de Madrid en este evento privado se haga con rigor, con total eficacia, y que no se cometan errores que, por desgracia, ya ha habido en otros territorios”.

“La organización de grandes eventos en manos del PP suele acabar en casos judiciales, lo dice la evidencia empírica”, lanza Pablo Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea. Y engarza: “Es evidente que las administraciones públicas van a acabar poniendo dinero porque el circuito se va a producir en Madrid, por lo que es materialmente imposible que las cuestiones de infraestructuras previas, transportes, mantenimiento de la propia calzada… todo lo que tenga que ver con la ruta en sí, no nos vaya a costar un euro. De hecho, sólo en la gala de hoy se han utilizado infraestructuras públicas, o sea, que algo de dinero nos está costando desde ya”. El acto, con más de 500 invitados, se ha desarrollado en el pabellón número dos de Ifema y ha contado con un espectáculo de luces y música electrónica. 

“No sabemos si entidades como el Real Madrid sacarán tajada, pero el trazado tiene unas implicaciones para la vida de los vecinos y es paradójico porque va a llegar antes la Fórmula 1 a algunos barrios de Madrid que una biblioteca, un colegio o un centro de salud”, hace notar Padilla. A juicio del diputado, "Ayuso y Almeida quieren un macroevento que será un simple escenario para los turistas y no están pensando ni de lejos en las necesidades de Madrid. La Fórmula 1 no lo es a día de hoy". "En cualquier caso -pespuntea- hay una promesa de que el gasto va a ser cero y tenemos las sospechas fundadas de que nos va a costar dinero”, incide. Por eso, Más Madrid ha presentado en la Asamblea una batería de medidas ligadas al trasiego del Gran Premio de Fórmula 1, entre ellas las comparecencias del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco; la del vicepresidente del Consejo Rector de Ifema, Ángel Asensio y la de Domenicali. Formularán, asimismo, una pregunta en pleno y otra en comisión y han registrado una iniciativa en forma de proposición no de ley para garantizar la transparencia. Buscan en definitiva, “que haya mecanismos de control, mesas de seguimiento, canales abiertos con los vecinos o auditorías independientes”, resume Padilla, e incorpora un cierre irónico: “Pero mucho nos tememos que Ayuso, con su gran fiesta, no va a estar por la labor”. A su entender, la ecuación es simple, existen “dos modelos” enfrentados: “El ‘Madrid decorado’ para los turistas y los grandes eventos, y el ‘Madrid ciudad’ en el que se atienden las necesidades de la gente en vivienda, sanidad…”.

Y no se queda ahí: “También hay una perversión del concepto de deporte porque la Comunidad de Madrid ha recortado 100 millones de euros en inversión en deporte en una década, estamos a la cola, sólo gastamos 6 euros por habitante cuando Navarra gasta 60, Extremadura 20 o La Rioja 23". En ese contexto, afea que pretendan "presentar" el premio automovilístico "como una gran apuesta por el deporte". "La guinda del pastel podría estar bien, cuando hay pastel, pero es que no lo hay”, sentencia. Distingue, en definitiva y para finalizar, entre “un Madrid a dos velocidades: el de la alfombra roja para entidades privadas que vienen un fin de semana, usan a Madrid como escenario y se van; y el de quienes viven en el territorio durante todo el año y carecen aún de servicios básicos”.

Alrededor del novedoso acontecimiento deportivo madrileño ha surgido incluso una polémica territorial. Hasta ahora, Montmeló alojaba el Gran Premio de España y, en teoría, el Circuit de Barcelona-Catalunya es el titular hasta 2026, con lo que, al menos en su primera edición en Madrid, coexistirían ambos puntos. Ayuso en esta ocasión ha apostado por la armonía al afirmar que no quiere que "ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española". Domenicali no ha descartado ninguna opción: "El hecho de que estemos en Madrid no excluye que podamos quedarnos en Barcelona en el futuro", ha indicado. De momento, sólo él conoce el contenido de sus conversaciones con la Generalitat. Desde allí, el presidente Pere Aragonès, ha anotado que el Govern trabaja para "extender más allá de 2026" la celebración Gran Premio de Fórmula 1. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha reafirmado su "compromiso" con el Circuit, que incluye hasta barajar un alza en su aportación económica actual. El tiempo dirá si la capital condal puede continuar como sede en el calendario de la Fórmula 1.

Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a la capital española más de 40 años después, según se anunció en un evento celebrado en Ifema Madrid este martes y recoge Europa Press.

El acuerdo se oficializó en un acto que albergó uno de los pabellones del recinto madrileño, al que acudieron el presidente y CEO de la F-1, Stefano Domenicali; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos.

Así, tras meses de especulaciones y rumores sobre la carrera de Madrid por ser sede del Mundial de F-1, se confirma la vuelta de la competición a la capital de España. Esta se hará efectiva en 2026, y se extenderá a lo largo de un periodo de diez años, hasta el 2035.

El anteproyecto del concepto del circuito, pendiente de homologación por parte de FIA, contará con una longitud de 5,474 km, 20 curvas, y una vuelta de clasificación de 1 minuto y 32 segundos. El trazado utilizaría los viales de Ifema Madrid, tanto del recinto actual como los futuros de la parcela de Valdebebas, además de apenas 1,5 km de vía pública, según un comunicado del recinto madrileño, que proporcionará "espacios inéditos" en la F-1, como paddock cubierto y climatizado.

El evento del Gran Circo en Madrid estaría financiado en su cien por cien con la aportación de empresas privadas, y supondría un impacto económico para la capital de España de unos 500 millones de euros anuales.

En declaraciones a los periodistas, Ayuso ha respondido a la polémica sobre si la elección de Madrid supondrá que Cataluña pierda su Gran Premio. Según ha detallado la presidenta autonómica que espera que no porque no quiere que "ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española". Asimismo ha recordado que no depende de ellos decidirlo.

"A mí desde luego me gustaría que siguiera Barcelona. No quiero que ningún proyecto de ningún tipo se vaya de ninguna región española. Me gustaría que siguieran los dos pero evidentemente eso no depende de nosotros. Lo que haremos es estar al servicio de las demás regiones para que esto sea una oportunidad para todas", ha trasladado la dirigente madrileña.

La presidenta regional ha compartido que en la autonomía están "muy contentos" con la llegada de la Fórmula 1 y darán "lo mejor" de sí mismos. Empiezan "una etapa desde cero" con "mucha ilusión" y demostrarán que están "preparados".

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones por el contrato por el que el Consell asumió en julio de 2011, en sustitución de Bancaja, la condición de avalista de Valmor, empresa que organizaba la celebración de la Fórmula 1 en la ciudad. En esta causa figuraba únicamente como investigado el expresidente del PP de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y era la última que seguía abierta por presuntas irregularidades en torno a la carrera.

La instructora, que ya archivó con anterioridad en dos ocasiones esta causa, concluye que no puede asegurarse que fuera Camps el que determinara la sustitución de Bancaja por Sociedad Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) "pues ninguna prueba existe respecto a este concreto aspecto", según informa Europa Press. 

El ministerio fiscal también había pedido el sobreseimiento al considerar que no había quedado suficientemente acreditado que los hechos constituyeran infracción penal, al igual que sostenía el propio Camps, mientras que la Abogacía de la Generalitat pedía su procesamiento.

La magistrada coincide con la defensa en que las conversaciones sobre el contrato se remontan con "mucha anterioridad" a la fecha de firma, el 19 de julio de 2011, por documentos contenidos en los correos electrónicos, y que no consta "en modo alguno" que Camps diera "concretas instrucciones" sobre el contenido y redacción de ese acuerdo "ignorándose si es exacta la fecha de la firma el 19 de julio" y sostiene que es "más probable" que fuera una semana antes.

Respecto a si fue Camps quien dio la orden para la firma tras mantener conversaciones con el magnate de la F1, Bernie Ecclestone, de que se firmara y se incluyera a la Generalitat como garante, "no puede asegurarse" ese extremo ni que dos subordinados del expresident dieran esas instrucciones desde el extranjero y que "de manera precipitada" se acordara también por el exjefe del Consell la sustitución de Valmor como avalista.

Además, añade que, según una de las asesoras de Camps que en su día declaró como investigada, en las reuniones sobre el contrato "nunca" estaba el expresident y que realmente no se trataba de un aval sino de la sustitución de garantía de los derechos comerciales.

Reabierta por la Audiencia 

En octubre de 2019 la sección segunda de la Audiencia de Valencia ordenó revocar parcialmente el sobreseimiento de la causa abierta por la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en la capital del Turia, a través de Valmor Sports, para investigar "la indicación u orden de firma de la asunción por la Generalitat Valenciana de la condición de avalista en el convenio, acta o documento de fecha 19 de julio de 2011". De este modo, estimaba parcialmente el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat al archivo de este procedimiento.

En este caso, el fiscal rechazaba tanto la existencia de prevaricación administrativa como malversación al alegar que no toda ilegalidad administrativa debe reconducirse al procedimiento penal; que las obligaciones contenidas en el contrato de 19 de julio de 2011 no contemplan obligaciones financieras a cargo de la administración sino "obligaciones de hacer" dirigidas a asegurar la cesión de los derechos comerciales.

En esta línea, entendía que la garantía firmada en el contrato de 19 de julio de 2011 "no generó ninguna consecuencia económica para la administración"; que nunca entró en vigor o tuvo una eficacia muy corta y no hubo perjuicio para el patrimonio público y tampoco lo generó la compra de Valmor en marzo de 2012 por parte de Circuito del Motor, que asumió directamente la organización del evento y las obligaciones de los contratos firmados con la organización de la F1.

Por contra, la Abogacía entendía que no se podía descartar que Camps obrara "no ya sin la debida prudencia" a la hora de "comprometer" a la Generalitat sino "ejerciéndola sin valorar de forma deliberada y consciente si jurídicamente era factible" llegar al compromiso alcanzado; que debería haber solicitado informes a los órganos correspondientes; que se prescindió de los procedimientos previstos legalmente y que Camps sabía que "era inviable económicamente" esa negociación.

Además, sostenía que el contrato de derechos surtió efectos "de manera inmediata y retroactiva" y que, por muy limitada que fuera su eficacia en el tiempo, una vez firmado, era "suficiente" para atribuir a la Generalitat la obligación de responder "cualquiera que fueran las vicisitudes que sufriera Valmor".

Por su parte, la defensa del expresident alegaba que permaneció al margen "de la tramitación, sustanciación, negociación y redacción" de la forma por no ostentar ni asumir las competencias propias y por la propia aplicación de la Ley de Gobierno de la Generalitat, y apuntaba a que la propia Abogacía y abogados fueron quienes dieron la redacción al documento.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia decretó recientemente el sobreseimiento provisional de las diligencias previas de la causa relativa a los contratos con proveedores adjudicados por la empresa pública Circuito Motor para la organización del Gran Premio de Fórmula 1. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las defensas también habían pedido el archivo.

La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido archivar la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en Valencia, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y en contra del criterio de la jueza instructora del caso.

En un auto de este pasado lunes, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia sigue la línea de Anticorrupción y ve prescrito, en caso de que lo hubiera, el posible delito de prevaricación.

Dicho delito, continúa la resolución, únicamente sería perseguible todavía en virtud de su conexidad con una malversación de caudales públicos agravada, algo que, al no acreditarse un "perjuicio económico directo para la Generalitat Valenciana", "no ha sido posible constatar de forma fehaciente".

"No basta para alcanzar diferente conclusión el coste elevado del circuito de Fórmula 1, cosa previsible pese a las manifestaciones del señor Camps en el sentido de que el coste del mismo sería 'cero'", agrega el tribunal.

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps;Francisco Camps al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconsejero de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en Valencia, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial.

Además de estos ex altos cargos, el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del ente GTP y los empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconsejero de Infraestructuras) y dos de Ayesa.

Además, figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados papeles de Bárcenas como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según consta en el auto.

Asimismo, se procesa a los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ya condenados por conformidad por la Audiencia Nacional por facturas falsas por reflejar servicios inexistentes prestados por Orange Market para pagar actos del PP (hasta 172.000 euros) y al presidente de Construcciones y Estudios (Cyes), Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market bajo el concepto de El Príncipe, en septiembre de 2007. En ambos casos se infiere correlación temporal entre esas actuaciones y las adjudicaciones de que fueron objeto para el circuito.

Trato de favor

Sobre Camps, la jueza sostiene que "ideó, planificó, impulsó y dirigió" la construcción del circuito urbano de la F1 -"con la única intención de proyectar su imagen" como máximo representante de la Comunitat- "al margen de las funciones propias" de su competencia de presidente; de la legislación y "utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares".

De Rambla, la magistrada subraya que intervino "activamente" en el proyecto y realizó labores de "control directo", con un papel "director" en grandes eventos, y de Flores que tuvo un papel "relevante", aprobando resoluciones hasta en domingo.

En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas, al considerar que si bien intervinieron y participaron en el proceso su actuación no tiene relevancia y trascendencia penal.

La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado que adopta esta decisión tras las diligencias practicadas; las declaraciones de investigados y testigos (entre ellas, las del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa o del resposnable de Orange Market, Álvaro Pérez); informes de Guardia Civil y Policía; documentos de los registros o de la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios "suficientes, sólidos, razonables y consistentes" contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

No fue a "coste cero"

De hecho, según señala la magistrada, a pesar del anuncio publicitado por Camps de "coste cero" para la Generalitat del evento, lo que sí hubo fue "una merma para las arcas públicas, con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente", el GTP, designado para ello mediante el Decreto 3/2007 del propio jefe del Consell.

Por este decreto se asignó a la Consejería dirigida por Flores la competencia para, a través de ese ente, desarrollar las actuaciones necesarias para ejecutar las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, Alameda y Puerto y la construcción del circuito urbano. En total, según un informe de Intervención, este órgano, por asignación de competencias de Camps, licitó, adjudicó y ejecutó la totalidad de las obras del circuito urbano entre 2007 y 2008, con un coste total que ascendió a 88.829.624 euros.

20 expedientes analizados

La jueza explica que, de acuerdo con Intervención, se analizaron 20 expedientes de contratación que tramitó GTP relacionados con el circuito, de los que 19 fundamentan su actuación y necesidad "de manera explícita" en ese Decreto 3/2007, y el primero, el E07/4, de soluciones para las vías de acceso y conexión a la ciudad desde el Puerto, vino motivado por encargo de la Consejería sin establecer criterios de adjudicación, ni informe de servicios jurídicos de los pliegos, ni fórmula para determinar la oferta más ventajosa.

En relación a las empresas adjudicatarias, consta en la resolución que a Tysa y Ayesa, en UTE, se les adjudicó las tres primeras fases del proyecto de construcción del circuito urbano, y trabajaron y realizaron labores y actuaciones antes de las fechas de licitación y adjudicación de sus cometidos, en sucesivos meses de 2007; adelantándose a fechas de apertura de ofertas y admitiendo algún responsable la "presión" de la administración para que el circuito estuviera listo en agosto de 2008.

Se da la circunstancia que en uno de estos expedientes -el E07/6 que modificaba un contrato inicial para añadir un importe adicional de 1,3 millones de euros-, fue firmado por el consejero Flores un domingo, el 15 de julio de 2007, lo que para la magistrada evidencia el "actuar precipitado y a contrarreloj" en el que se movían.

Por su parte, FCC fue adjudicataria del expediente E07/23 -relativo a la conexión Alameda-Avenida Francia y Puerto, que ascendió a más de 57 millones de euros y que acabó divido en dos- que fue cuestionado por la Intervención por faltar facturas u órdenes de pago, entre otras, y del que la UDEF hizo mención a esa división.

En la adjudicación a Cyes, adjudicataria de las obras de jardinería y mobiliario urbano de infraestructura de conexión Alameda-Avenida Francia-Puerto y acondicionamiento de la Marina Real, la magistrada refleja también modificaciones de contrato y que la Intervención apreció igualmente falta de facturas u órdenes de pago y la UDEF irregularidades por discrepancias en fechas así como puntuaciones con "consideraciones genéricas".

En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia archiva la causa de los grandes premios de Fórmula 1 entre 2008 y 2012. En este pieza del caso Valmor, solo quedaba como investigado el expresident de la Generalitat Francisco Camps, informa la Cadena Ser.

El caso Valmor está dividido en cuatro piezas. De ellas, Francisco Camps estaba siendo investigado en dos: la causa referida a la organización de los grandes premios de Fórmula 1 de los años 2008 a 2012, recién archivada por el Juzgado de Valencia; y la pieza relacionada con el diseño y construcción del circuito.

A pesar del decreto de archivo de esta pieza, al que la Fiscalía no se ha opuesto porque el plazo máximo de instrucción estaba vencido después de que la causa se iniciase hace cuatro años, Camps sigue como investigado en la cuarta pieza del caso, el que se refiere a las adjudicaciones de la entidad pública de la Generalitat GTP para el diseño y construcción con sobrecostes del circuito en los años 2007 y 2008.

Asimismo, tiene dos causas judiciales más abiertas. La pieza del caso Gürtel, sobre supuestas irregularidades de contrataciones de la Generalitat y sociedades vinculadas a la trama; y una investigación sobre las irregularidades en los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en 2006.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se procese únicamente al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la pieza uno del llamado caso Valmor, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en València, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación, según han podido saber Europa Press.

De este modo, el Ministerio Público pide el sobreseimiento con respecto a los otros investigados en esta pieza, la exconsellera de deporte Lola Johnson, el expiloto de motos Jorge Gaspar, su mano derecha en lo relativo a la F1, Belén Reyero, así como del exresponsable de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana Nicolás Figueras.

La causa Valmor está dividida en tres piezas: esta primera, formada por la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor, la empresa de Jorge Martínez Aspar, y en beneficio del expiloto, también investigado; una segunda con los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor y la tercera relacionada con la absorción de Valmor por parte de la empresa pública Circuito del Motor.

La primera incluye también el aval del Consell sobre la Fórmula 1 a través de un contrato firmado el 19 de julio de 2011 "por orden directa" de Camps tras un viaje a Londres realizado días antes. El expresident dimitió de su cargo el 20 de julio por la conocida como causa de los trajes derivada del caso Gürtel.

Reyero, durante su declaración ante el juzgado que investiga esta causa, aseguró que todo el proyecto y las decisiones que se adoptaban sobre él venían dadas por Camps, tanto en la gestión de la prueba como en el hecho de que estuviera Valmor en su organización.

En el escrito de Anticorrupción, presentado el jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, se asevera que Francisco Camps llegó a un acuerdo verbal con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone, "al margen de cualquier procedimiento administrativo", para celebrar en València un Gran Premio de la F1. Tras varias reuniones entre el exjefe del Consell y Ecclestone, el primero habría decidido "de manera personal" que se celebrara en la capital valenciana el evento "pensando en el beneficio electoral que le generaría en la selecciones autonómicas de mayo de 2007". De hecho, recuerda que la iniciativa se presentó por el propio Camps y el magnate el 10 de mayo de aquel año, lo que supuso una denuncia ante la Junta Electoral.

Para llevar a cabo las pruebas deportivas, Camps solicitó a José Luis Olivas, entonces presidente de Bancaja, que organizara el evento garantizándole que la Generalitat Valenciana asumiría las pérdidas, "comprometiendo fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo".

El escrito incluye varias de las fichas sobre el evento que elaboraba la considerada mano derecha de Camps en lo relativo a este asunto, Belén Reyero, y alude a las declaraciones de testigos como el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla o José Luis Olivas, que manifestaron que era Camps quien trataba "directamente" los temas con Ecclestone.

En esta línea, el escrito de fiscalía apunta que Camps llegó a negociar en nombre de Valmor Sports SL condiciones económicas del evento, según consta en un informe anexo a un correo electrónico incorporado a la causa.

Pérdidas

El fiscal señala asimismo que, tras la celebración del Gran Premio de 2008, los socios de Valmor Constataron que el Gran Premio de València era económicamente inviable y generaba una gran cantidad de pérdidas, por lo que acudieron al gobierno valenciano —en concreto a Vicente Rambla— para exponerle que no podían continuar. Este, tras consultar con Camps, les dijo que la Generalitat, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos, pagaría el canon anual de 26 millones de dólares, principal obligación financiera de Valmor.

Pese a que las pérdidas de Valmor eran conocidas por la administración (en 2009 por ejemplo se cifraron en 13,5 millones de euros) —tal y como recocieron Reyero, Rambla y también Camps en sus declaraciones—, en 2010 nuevamente el entonces presidente del Consell y Ecclestone llegaron a un acuerdo verbal para prorrogar 10 años más el contrato y para que la Generalitat fuera avalista de Valmor, todo ello "al margen de procedimiento administrativo".

Esta negociación, según Anticorrupción, "la dirigió directamente Francisco Camps, contrariamente a lo que declaró él el pasado mayo de 2018, cuando manifestó no tener constancia de ese contrato hasta julio de 2011.

A partir de ese momento, prosigue el relato fiscal, Camps dirigió un proceso de negociación con Ecclestone, "de tal manera que llegó a explicar el procedimiento administrativo para que la Generalitat Valenciana se constituye como avalista, siempre utilizando a Belén Reyero como intermediaria a través de correos electrónicos y que, finalmente, a sabiendas, no realizó".

"Todo esto —incide— sabiendo que era inviable económicamente, comprometiendo los fondos públicos e incumpliendo los procedimientos administrativos necesarios. De esta forma, ordenó que por parte de Dolores Johnson y Belén Reyero se firmara el contrato de 19 de julio de 2011 diciéndoles que sería ratificado por el Consell sabiendo que no sería así".

Camps culminó el acuerdo en una reunión en Londres con el magnate el 13 de julio de 2011 donde personalmente llevó el contrato y sus copias. La decisión implicó que "la Generalitat, a instancia de Francisco Camps, garantizaba ante la F1 cualquier incumplimiento de Valmor en el contrato de derechos comerciales", según el fiscal.

El Juzgado de Instrucción número 2 de València ha vuelto a citar como investigado a Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, por las presuntas irregularidades en la gestión de diversas ediciones de la Fórmula 1 en Valencia tras suspenderse su declaración prevista en enero.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la magistrada cita a Camps el día 18 de mayo, a las 10 horas. Tenía que haber prestado declaración el 24 de enero pero su testimonio se tuvo que suspender por problemas en la notificación a las partes de varios correos electrónicos.

Junto a Camps, tendrán que declarar también como investigados Belén Reyero —la que fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana— el día 15 de mayo; Nicolás Figueras —exdirector de esta entidad— el 16; y el expiloto Jorge Martínez "Aspar" el 17. Todos ellos a las 10 horas.

Por otro lado, la jueza ha citado a diferentes testigos, tal y como reclamaba el ministerio fiscal, para el próximo 23 de mayo. Se trata de Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat; el abogado Manuel Broseta; y Silvia Pelufo —trabajadora del Aspar Team—.

Este juzgado investiga por separado en dos piezas las negociaciones para que València acogiera el Gran Premio de Fórmula 1 en diferentes ediciones y la absorción de la deuda por parte de la Generalitat. Las declaraciones previstas en mayo se circunscriben a la primera pieza.

En la primera pieza se investigan las negociaciones previas para traer a Valencia el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la pieza 2 se instruye la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

Hay una parte de la causa que la jueza rechazó investigar inicialmente y la mandó a otro juzgado. Se trata de contratos entre Circuito del Motor y la mercantil vinculada al exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, entre otros. El órgano judicial al que le recayó, se la devolvió.

Hace unas semanas, Francisco volvió a nosotros de la mano de un trío famosísimo, The Bee Gees a la española. Correa sería Barry, el líder, Crespo y El Bigotes serían los mellizos, Robin y Maurin.

En su afán por seguir vivos “Ah, ah, ah, ah, Staying alive, staying alive”, estos hermanos de business decidieron cantar ante el juez algunos temazos populares. Actuaron por separado, pero todos repitieron el mismo estribillo: “Camps, Camps, Camps” como responsable de la Tragedy...

Y llegó el momento cumbre, Ricky Costa se dejó poseer por el arte de su homónimo, Ricky Martin, y se acercó al micrófono para cantar a todo pulmón: “¡Sube, sube que la bomba va!” y la soltó, vaya que sí...

Costa coincidió con el trío en afirmar que Camps era el piloto en aquellos tiempos de esplendor de serie B. Aquellos maravillosos años en los que el partido daba un pasito pa’lante y la honestidad un pasito pa’traspa’lantepa’tras. Ricky también señaló a su exjefe, Francisco Camps, como el patrón de aquella etapa de Livin' la vida loca en el PP valenciano.

El pasado miércoles, cuando todavía resonaba el eco de las voces de los cuatro cantantes ante el juez –reforzadas en la comparecencia de Francisco Correa ante la comisión sobre la financiación ilegal del PP en el Congreso: “Ha quedado claro en el tema de Valencia cómo nos abonaban”–, Camps fue citado a declarar como investigado en otra causa secreta, relacionada con la Fórmula 1 pero distinta al caso Valmor. ¡Virgen de los desamparados, Francisco es un rebelde con causas...!

Camps acudió al Juzgado de Instrucción de Valencia trajeado y sorprendido por la citación ya que, según él, en la construcción del circuito “se hizo todo fenomenal”.

Rafael Hernando, compañero de militancia, coincidió con su lectura de los hechos: “Estoy seguro de que no ha cometido ninguna irregularidad, el proceso fue supervisado”. Añadió Hernando que la gente es muy libre de perder el tiempo comentando lo que pasó hace once años, en vez de comentar lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas sobre la financiación de Ciudadanos, como poseído por Karina: “Volver la vista atrás es bueno a veces, uh, uh, uh, mirar hacia delante es vivir sin temor”.

Pero volvamos al retorno de Camps a los juzgados. Tras dos horas y media de declaración ante la jueza, aseguró que tiene “tranquilidad absoluta” por la “conciencia de haber hecho algo extraordinario para Valencia”. Y en eso tiene razón, a juzgar por el sobrecoste en la construcción del circuito, 16’5 millones de euros, aquello fue algo extraordinario*.

Y ya, si tenemos en cuenta que en su momento Camps dijo que el circuito les iba a salir gratis a los valencianos, que no iban a pagar “ni un duro”, aquello más que extraordinario fue estratosférico.

En fin, Camps no ha regresado, es que nunca se fue, como aquel tormento amoroso que te complicaba la vida y vuelve, de vez en cuando, para que no olvides que un día fue importante....

Ahí sigue, sentado en el Consell Juridic Consultiu (CJC) como le corresponde a un exmandatario que se precie. Acude a bordo de su coche oficial –no es un modelo Fórmula 1, pero lo pilota un chófer– y en su despacho le espera su secretaria personal. Francisco cobra más de 4.100 euros al mes, excepto en junio y en diciembre que cobra el doble porque le dan la extra, qué menos.

Las Cortes valencianas ya aprobaron la moción de Compromís para instar a Francisco a que abandone el CJC. Y si se anima a hacerlo, dejará de percibir ese sueldo público, “ni un duro”, lo mismito que iban a pagar los valencianos por el proyecto extraordinario...

Así es él, un personaje fascinante que representa la resistencia, acabe como acabe su historia. Porque si se demuestra que no dijo la verdad, quedará patente su increíble resistencia a reconocer los hechos y a la presión. Y si él tiene razón, habrá hecho una exhibición extraordinaria de resistencia ante una confabulación –casi planetaria– contra él, algo muy cercano al martirologio.

Por cierto, me ha dado por revisar la letra de TragedyTragedy, la canción de The Bee Gees que cito más arriba y dice así: “Tragedia, cuando pierdes el control y no tienes alma”. Qué cosas cantaban The Bee Gees...

*Extraordinario (según la RAE): poco común, que sale fuera del orden...

El juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha citado a declarar como investigado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en una causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción del Circuito de la F1 en Valencia.

Este procedimiento, que está declarado secreto, lo lleva Fiscalía Anticorrupción de Valencia, según ha podido saber Europa Press. En la causa hay al menos ocho investigados más, la mayoría cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas. Además de Camps, se encuentran investigados el ex conseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma consejería y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

El exjefe del Consell tiene que acudir este mismo miércoles al juzgado a declarar, al igual que Flores y Sánchez Barcaiztegui. En esta causa se han llevado a cabo otras diligencias como un registro reciente en la vivienda del Flores (PP). El pasado mes de mayo salió a la luz pública que agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil se personaron en la sede de la actual Consejería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio con sendos oficios de la Fiscalía en los que se pidió documentación relativa a los expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP para la contratación de obras de acondicionamiento para la realización del Gran Premio de la F1.

Asimismo, reclamaban información del viaje que realizó el exconseller de Infraestructuras y Transportes Mario Flores a Dubai y Bahrein del 30 de marzo y 2 de abril de 2008. Los oficios los firmaba inicial la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía, aunque posteriormente, al parecer, el caso ha derivado a Anticorrupción.

La documentación solicitada hacía referencia a los expedientes adjudicados por el anterior gobierno del PP en el año 2007 por el entonces Ente Gestor de la Red de Transporte y de Puertos de la Generalitat (GTP) para la contratación de la asistencia técnica y del apoyo a la dirección de obra relativas a las obras ejecutadas para la conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real, dentro de los trabajos para la realización del Gran Premio de Fórmula I.

Asimismo, se reclamaba por la Fiscalía toda la información de que se disponía en la Consejería sobre el viaje que realizaron a Dubai y Bahrein el exconseller Mario Flores y el que en ese momento era secretario autonómico de ese departamento y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui.

En su día la Consejería informó que ya remitieron al juzgado toda la documentación relativa a los expedientes de contratación y facturas tramitadas por la GTP (absorbida el año 2013 por la actual EIGE), relativa a las obras realizadas por la Generalitat en el ámbito de la zona donde se realizó el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 entre los año 2007 y 2012.

Por otro lado, Camps ya está siendo investigado en el juzgado de Instrucción número dos de València que instruye una causa presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de F1, a raíz de una querella formalizada por la Fiscalía y está abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Su declaración estaba prevista para el mes de enero pero tuvo que suspenderse sine die por unos problemas en la notificación de unos correos electrónicos.

La Fórmula 1 ha anunciado que a partir del próximo mundial desaparecerán las tradicionales azafatas en las carreras del campeonato, al entender que esta práctica está "claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales", informa Europa Press.

"Aunque la práctica de emplear azafatas ha sido un elemento básico de la Fórmula 1 durante décadas, creemos que esta costumbre no resuena con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula 1 y sus aficionados, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo", argumentó el director comercial de operaciones de la Fórmula 1, Sean Bratches.

El ejecutivo explicó que ésta es una más de las decisiones planeadas para cambiar la F1. "Durante el año pasado analizamos una serie de áreas que sentimos que era necesario actualizar para estar más en sintonía con nuestra visión de este gran deporte", explicó en un comunicado. El próximo Mundial comenzará el 25 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Así consta en una providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y dictada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, en la que también se cita como investigados en este procedimiento a Belén Reyero —la que fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana— y a Nicolás Figueras —exdirector de esta entidad—.

Estas dos personas no figuraban como imputadas en la causa. Ahora, con estas citaciones, el procedimiento suma cinco investigados: Camps, Aspar, Reyero, Figueras y la exconsellera de Cultura Lola Johnson.

En la nueva providencia, además, se ha citado a diferentes testigos, tal y como reclamaba el Ministerio Fiscal, para el próximo 27 de diciembre. En concreto, tendrán que acudir al juzgado Isabel Villalonga, exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat; y el abogado Manuel Broseta, según ha podido saber Europa Press.

Por otro lado, el juzgado ha dictado otra resolución en la que acuerda investigar por separado, en dos piezas distintas, las negociaciones para que València acogiera el Gran Premio de Fórmula 1 en diferentes ediciones y la absorción de la deuda por parte de la Generalitat. El objetivo es simplificar y agilizar el procedimiento.

La jueza ha adoptado esta medida después de que Anticorrupción solicitara la división de la causa en tres apartados. El fiscal reclamaba que en la primera pieza se estudiara la negociación previa llevada a cabo por Camps a favor de Valmor; en la segunda, los contratos celebrados por Circuito del Motor, empresa pública encargada de la organización del Gran Premio, y determinados proveedores que resultaban adjudicatarios por orden de Valmor; y en la tercera, el proceso de absorción de Valmor por parte de Circuito del Motor.

La magistrada ha decidido finalmente dividir la causa en dos piezas: "La instrucción de la causa, que ha sido declarada compleja y cuyos plazos han sido prorrogados, puede resultar complicada a la hora de averiguar los hechos concretos y los autores de los mismos, así como cualquier otro participante, por ello se considera conveniente la separación de la causa en dos partes".

En la primera pieza se investigarán las negociaciones previas para traer a València el Gran Premio y la decisión de gestionarlo a través de la empresa privada Valmor. En la segunda se instruirá la absorción de Valmor por Circuito del Motor y la asunción de la deuda por parte de la Generalitat.

Respecto a la segunda pieza que solicitaba el fiscal, la jueza rechaza instruirla y acuerda que sea otro juzgado el que decida si hay que investigar los contratos entre Circuito del Motor y la mercantil vinculada al exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, entre otros.

En concreto, el Ministerio Público englobó en esta parte contratos celebrados por Circuito del Motor con determinados proveedores, al parecer designados por Valmor. Uno de ellos fue con una mercantil del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, investigado en otro juzgado dentro del caso Imelsa. Este extremo, advierte la jueza, no ha sido "en ningún momento" objeto del procedimiento y no ve "relación directa" entre la investigación de Imelsa y la de Valmor.

"Sin justificación"

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha criticado que en su citación como investigado por las presuntas irregularidades en la gestión de la Fórmula 1 no se realice ninguna "justificación" y ha avanzado que recurrirá y volverá a pedir el sobreseimiento de la causa, según ha podido saber Europa Press.

Camps tendrá que acudir a declarar como investigado al Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia el próximo 24 de enero junto al expiloto Jorge Martínez Aspar a partir de las 10.00 horas, según consta en una providencia dictada por la jueza. Así, ha criticado que se le haya citado a declarar como investigado tras tres años de investigaciones "sin ninguna justificación", ni en el escrito del fiscal ni en el de la jueza.

El Juzgado de Instrucción número 2 de València ha rechazado la petición del expresidente de la Generalitat Francisco CampsFrancisco Camps y ha decidido mantener abierta la investigación de la Fórmula 1 al haber pruebas por practicar. "Si esta instructora apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado con la mayor premura la causa", ha manifestado.

Así se recoge en un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a Europa Press, en relación con la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 que acogió la ciudad. En este procedimiento, junto a Camps, están investigados la exconsellera de Deportes Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Una de las últimas medidas adoptadas por el juzgado fue la de prorrogar esta causa y fijó un nuevo plazo para concluir la instrucción: 18 meses. Esto es hasta diciembre de 2018. En el procedimiento hay una pieza declarada secreta.

Francisco Camps presentó en junio un escrito en el juzgado en el que realizó varias alegaciones. Una de ellas era que la instructora revisara, "ya y sin más dilación", si las causas que servían para dictar el secreto —de una pieza— tenían amparo legal; y que los requerimientos de información remitidos a la UDEF se cumplieran o, en su defecto, fueran anulados.

Además, reclamaba que mientras pendiera la declaración de secreto, se tuviera por suspendido el plazo máximo de instrucción acordado y, por último, señalaba que de no existir la conexión suficiente entre la parte de la causa no secreta y la secreta, se procediera a la declaración de separación de piezas, interesándose de la no secreta la resolución de las peticiones de archivo y sobreseimiento que están desde hace un año por dictar.

Tras estudiar las alegaciones, la magistrada recuerda a Camps, en primer lugar, que el motivo de la existencia del secreto de una pieza de la investigación se debe, "como se ha expresado en reiteradas ocasiones", a la "necesidad" de que la UDEF, encargada de la investigación de los distintos correos, pueda realizar su trabajo "con rigor y seguridad".

"Debe ser completada"

En cuanto a la solicitud de archivo del procedimiento o, por lo menos, de la causa original, la magistrada señala que es "todavía temprano". "La causa —añade— debe de ser completada y las investigaciones pendientes terminadas sin que quepa en este momento procesal un pronunciamiento de ese calibre cuando faltan diligencias de prueba por aportar".

Por parte de Camps se recuerda que existen resoluciones de la Audiencia de Valencia que se refieren a la innecesariedad de mantener una causa abierta cuando se tienen datos objetivos de la falta de responsabilidad de los investigados. Al respecto, la jueza le indica: "Si esta instructora apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado con la mayor premura la causa. Siendo que penden pruebas por practicar es por lo que no resulta posible el archivo, la no declaración de complejidad".

Respecto al secreto que ha sido prorrogado en la pieza separada, la instructora indica que siempre cabe la posibilidad de que una vez sea solicitado nuevamente la prórroga del mismo por el ministerio fiscal, si se observa que no existen motivos que justifiquen continuar en esta situación, se podrá levantar el secreto.

Con todo, la jueza desestima las peticiones de la representación de Camps a excepción de lo relativo a la interrupción de los plazos de instrucción. Y la decisión sobre la prórroga del secreto de la pieza, decisión que se difiere al momento en que el ministerio público interese una nueva prórroga.

La querella

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centró en cuatro aspectos fundamentales, entre ellos, el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que la mercantil no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos, y la orden para que la Generalitat se constituyera como avalista de ValmorGeneralitat sin seguir el procedimiento administrativo fijado en la Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011.

Los otros dos son, según la querella, la orden que Camps dio a Johnson,Camps pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

...a las que los tuiteros les han encontrado parecidos más que razonables:

El patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone ha vuelto a destacarse con unas declaraciones polémicas, en este caso contra las mujeres, que "no deberían ser tomadas en serio" como pilotos porque no cree que sean "físicamente capaces" de conducir un coche con la velocidad requerida en la máxima competición mundial de automovilismo, tal y como informó Europa Press.

Durante su aparición en una feria de publicidad que se está celebrando en Londres, Ecclestone volvió a dejar una palabras polémicas. "Yo no conozco a ninguna mujer que sea físicamente capaz de conducir un coche de Fórmula 1 con la velocidad necesaria. No deberían ser tomadas en serio", dijo en declaraciones recogidas por la BBC.

La última mujer con protagonismo en la Fórmula 1 fue Susie Wolff, quien ejercía como piloto probadora del equipo Williams y que se retiró al final de la pasada temporada sin haber logrado debutar en una carrera.

Además, el máximo mandatario de la Fórmula 1 señaló que le presidente de Rusia, Vladimir Putin, debería "dirigir Europa" y expresó su apoyo a la candidatura de Donald Trump para presidir Estados Unidos. El inglés de 85 años añadió que, en su opinión, los inmigrantes no han aportado nada al Reino Unido.

El juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha ordenado investigar la compra de Valmor (la empresa encargada de organizar la Fórmula 1 en Valencia) por parte de Generalitat. La jueza encargada del caso pide a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que estudie posibles contrataciones irregulares, teniendo en el centro de la investigación al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, la exconsellera Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez, Aspar.

En este juzgado de Valencia recayó la causa de Valmor tras perder el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la competencia al quedarse el procedimiento sin personas aforadas porque el expresidente Camps perdió esa condición.

Ahora, en un auto fechado el 18 de junio, el órgano judicial cree que procede abrir diligencias para "averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos" por si fueran constitutivos de delito.

Asimismo, admite como hechos a investigar los que figuran en la querella de Fiscalía y relativos a hechos posteriores al 19 de julio de 2011, es decir a la absorción y compra por parte de la Sociedad Pública Circuito del Motor de la mercantil Valmor Sports S.L. y Contrataciones Anejas.

También pide a la central de blanqueo de capitales de la UDEF que investigue las relaciones entre la mercantil Avega con Valmor y Circuito del Motor y la posible adjudicación irregular de este y otros contratos.

Por último, traslada al fiscal la petición del PSOE de Valencia para personarse como acusación popular y también acepta los escritos presentados por Francisco Camps y la Fiscalía Anticorrupción reclamando la práctica de varias testificales. La resolución no es firme y cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.

Prevaricación y malversación

Junto a Camps, en este caso figuran como investigados la exconsejera, exsecretaria autonómica de comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Jonhson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y societario.

La querella de Fiscalía Anticorrupción que dio origen a esta causa se centra en cuatro aspectos: el contrato firmado entre Valmor y la empresa pública Circuito del Motor para organizar la Fórmula 1, por el que Valmor no pagó "ni un euro", en perjuicio de los fondos públicos; la orden que dio Camps para que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento legal; la orden que el expresidente dio a Johnson, pese a que no tenía competencia para ello, para que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa; y la asunción por parte del Consell del canon anual de 19 millones de euros "sin asumir ningún derecho".

El TSJCV perdió la causa

A principios de junio se conoció que la causa de Valmor, relativa a presuntas irregularidades en la gestión y contratación de la Fórmula 1 en Valencia, recaía en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia tras perder el TSJCV la competencia al quedarse el procedimiento sin personas aforadas.

Inicialmente, la investigación de la causa se inició en el alto tribunal valenciano por figurar entre los investigados un diputado, Francisco Camps, pero el pasado mes de mayo se declaró no competente tras disolverse las Cortes de cara a las elecciones y al no figurar Camps entre los miembros de la Diputación Permanente del órgano legislativo.

Así, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV remitió al Decanato de los Juzgados de Valencia el procedimiento, y tras entrar en reparto, le correspondió seguir con la instrucción al Juzgado número 2 de Valencia.