Un equipo de científicos de tres universidades andaluzas ha dado este martes la voz de alarma sobre la reapertura de las minas de Aznalcóllar y Las Cruces, en Sevilla, que llevarían al Guadalquivir al colapso por la acumulación de metales pesados. La Junta de Andalucía ha dado luz verde a su puesta en marcha y da por buenos los exámenes ambientales de las compañías, pero el grupo de expertos califica esa decisión de "inaudita" y avisa de que los vertidos de estas instalaciones pondrán en riesgo a los vecinos, al ecosistema, a la ganadería y a la pesca andaluza.

Para estos expertos, los exámenes ambientales aportados por las mineras (Resource Capital Funds y Grupo México) son "demasiado simplistas" y "no tienen una base científica y técnica" porque minimizan o ignoran los impactos que las nuevas minas tendrán sobre el Guadalquivir.

Este grupo de nueve investigadores, liderados por Jesús M. Castillo, catedrático de Biología de la Universidad de Sevilla, ha realizado sus propias estimaciones de vertidos y calcula que Aznalcóllar verterá en 17 años un máximo de 35 toneladas de aluminio, 27 de hierro y de manganeso, 5,6 de cobre, 2,7 de arsénico, 797 kg de plomo, 67 kg de cadmio y 24 kg de mercurio al estuario del río. Las Cruces, por su parte, volcará en el Guadalquivir 1,6 toneladas de zinc, 421 kg de plomo, 211 kg de arsénico, cobre y níquel y 33 kg de mercurio.

La minería histórica en esa región ya ha contaminado la cuenca, asegura Castillo, pero si finalmente se ponen en marcha estas dos, se abriría la puerta al colapso del ecosistema, que afectaría además al Parque Nacional de Doñana, reserva de la biosfera. "El fondo del estuario del Guadalquivir ya está contaminado y hay un efecto ecotóxico ya demostrado. Si se abren las dos minas, el impacto actual se multiplicaría por diez, o más", advierte el investigador.

Aunque Aznalcóllar lleva sin funcionar desde 1998 –después de que colapsara y causara uno de los mayores desastres ambientales de la historia reciente–, y pese a que Las Cruces cesó la extracción de minerales en 2021, la región sigue sufriendo la contaminación de forma continua. Las Cruces lleva desde 2009 vertiendo aguas con metales pesados al Guadalquivir, mientras que las escombreras de la antigua Aznalcóllar se inundan cuando llueve y arrastran aguas ácidas con metales al río.

Las conclusiones de los investigadores han sido publicadas en una de las revistas científicas de Oxford Academic y en el artículo han participado nueve expertos de la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Granada de diferentes especialidades. Su principal crítica es que las declaraciones de impacto ambiental "no son científicas" porque asumen que los metales pesados llegarán al río, se disolverán y acabarán en el mar.

"No sabemos si es por ignorancia o por mala intención, pero entender así el comportamiento del estuario del Guadalquivir no tiene ni pies ni cabeza", opina Castillo. Explica que este río tiene muchísima turbidez y los metales se adhieren a la arcilla y a otras partículas, se depositan en el fondo y terminan contaminando el suelo, las plantas y los animales. "Es inaudito que no haya un técnico de la Consejería de Medio Ambiente [de la Junta de Andalucía] que no sepa que los metales se unen a estas partículas, es difícil de creer".

Para frenar este daño, los nueve investigadores piden en el estudio una moratoria sobre la apertura de las dos minas hasta que se realicen los análisis necesarios. "Dada la ausencia de estudios de campo exhaustivos sobre las posibles consecuencias de los vertidos mineros en el estuario del Guadalquivir, sumada a la evidencia existente de contaminación por metales en su interior, y de acuerdo con el principio de precaución, recomendamos encarecidamente evitar cualquier vertido minero en el estuario del Guadalquivir", se lee en la publicación científica.

La mina de Aznalcóllar, de hecho, está todavía a tiempo de ser paralizada por el Ministerio de Transición Ecológica. Según Jesús M. Castillo, la mina ya tiene toda la documentación para empezar a funcionar, pero depende de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Gobierno central, para vaciar las cortas de la antigua mina y para disponer de agua para su operación durante los próximos 17 años.

Ante la evidencia de que esos metales pesados también acaban en los peces que luego se pescan –y en las plantas que luego se come el ganado–, los autores piden incluso paralizar la venta de la liza ramada en ese estuario, un pescado muy común en la zona en el que se han encontrado altas concentraciones de cadmio, zinc y magnesio.

"La salud humana podría verse amenazada por el consumo de carne y mariscos contaminados. Se han registrado concentraciones relativamente altas de varios metales (cromo, magnesio, plomo y zinc) en el tejido muscular de la liza ramada en el estuario interior. Esta especie de pescado se consume comúnmente en la zona de estudio, y su consumo debe suspenderse hasta que se analice a fondo esta contaminación", se lee en la publicación.

Remedios Cabrera, una de las autoras del estudio y profesora de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, advirtió en el encuentro con la prensa este martes del riesgo de acabar con toda la pesca en la Bahía de Cádiz. "Todo lo que pasa aguas arriba del Guadalquivir afecta al estuario y afecta a la pesca. Los pescadores de Cádiz ya tienen bastantes restricciones como para que sufran otro castigo, necesitamos una moratoria sobre las dos minas", apuntó la experta. Añadió que esa crisis ecológica ha llegado ya, en realidad, hasta el Golfo de Cádiz y en el Mar de Alborán, puesto que esos contaminantes atraviesan la cuenca, llegan hasta el Atlántico y las corrientes los arrastran por toda la costa andaluza.

Los investigadores proponen también que la Junta de Andalucía constituya un comité de expertos independientes que asesore al Gobierno regional sobre el problema de los metales pesados en el Guadalquivir. El estudio ha sido presentado este martes en Sevilla junto a los alcaldes de Chipiona, Coria del Río, Trebujena y la concejala de Medio Ambiente de Sanlúcar de Barrameda. El de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Andalucía. La organización de consumidores Facua también se prepara para poner una denuncia similar.

El número de muertos en un deslizamiento de tierra ocurrido en una mina de coltán de la localidad de Rubaya, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), han subido a unos 300, confirmaron a EFE un líder de la sociedad civil y un exjefe local.

El derrumbe ocurrió el jueves después de que lloviznara sobre esa mina de coltán, situada en la jefatura de Mupfuni Kibabi, territorio de Masisi, en la provincia de Kivu del Norte, un territorio bajo control del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

"Se recogen cadáveres a cada hora y a cada minuto. Las labores de rescate no están organizadas. Cada uno hace lo que puede para encontrar los cadáveres de sus conocidos. Teniendo en cuenta los cadáveres encontrados desde anteayer, sumamos provisionalmente más de 300", dijo a EFE por teléfono Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe local de Mupfuni Kibabi hasta que fue apartado por los rebeldes, si bien todavía reside en la zona.

Caminos cercanos han quedado sumergidos e intrasitables, detalló Mwabura, así como casas y otras estructuras, que han resultado sepultadas por el lodo.

La mayoría de fallecidos son mineros artesanales, pero también murieron pequeños comerciantes que trabajaban en los alrededores de la mina y residentes de las aldeas circundantes, algunas de las cuales fueron arrasadas por el derrumbe.

Confirmó también la cifra a EFE Telesphore Nitendike, presidente de la sociedad civil de Masisi.

"Ya hemos recuperado varios cuerpos. Ayer, superamos los 200 y ahora nos acercamos a los 300, por lo que debemos pensar en cómo organizar un entierro digno, aunque la población sigue buscando más cuerpos", señaló Nitendike.

En un comunicado este sábado, el Gobierno congoleño ofreció su pésame a las familias de las víctimas y denunció un "sistema organizado de saqueo y explotación ilegal" de recursos naturales por parte del M23.

El Ejecutivo recordó que, antes de que los rebeldes tomaran el control de la zona, el Gobierno la había clasificado como "roja".

"Esta clasificación impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una violación flagrante de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad", aseveró.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Ambas provincias son ricas en minerales como el coltán, fundamentales para la industria tecnológica en la fabricación de teléfonos móviles.

Los accidentes mineros son frecuentes en el país, donde muchas minas se explotan de manera artesanal y sin seguir las regulaciones y medidas de seguridad necesarias, además de que, en muchos casos, están operadas por grupos armados.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

Estados Unidos tiene autorización para enviar tropas casi ilimitadas a Groenlandia, sus empresas pueden invertir todo lo que quieran en la región y sus mineras explotar los recursos naturales de la isla. Pero no es suficiente. Donald Trump quiere más, y sus declaraciones de las últimas dos semanas no dejan espacio para la duda: se prepara para entrar en el archipiélago de una manera u otra, probablemente por la fuerza. Detrás de esta operación, opinan los expertos, están los interesantes recursos naturales que hay bajo el hielo y el control de vías comerciales y militares alrededor del Ártico.

Groenlandia cuenta con enormes reservas de minerales críticos, tierras raras, metales base, petróleo y gas natural, y la inmensa mayoría –prácticamente todo, en realidad– está sin explotar. El motivo principal es que las zonas deshabitadas de la isla son inaccesibles durante buena parte del año debido al clima extremo, y eso conlleva que la exploración minera y la explotación sean más caras que en otros lugares del mundo. Otro factor de bloqueo ha sido la oposición de grupos locales, que temen que la contaminación minera suponga un riesgo para la salud o convierta algunas zonas en inhabitables.

Eszter Wirth, profesora de Economía Internacional en la Universidad Pontifica Comillas, se pregunta de hecho cómo piensa Trump superar estos baches, que estarán presentes tanto si gobierna Dinamarca la isla, como si lo hace Estados Unidos. "Igual que con el petróleo venezolano, por mucho que invada o compre Groenlandia, las empresas no van a empezar a extraer y procesar minerales de la noche a la mañana. Brasil, India o Australia tienen climas más suaves y una mayor accesibilidad a estos minerales raros", subraya la experta.

Los inconvenientes son tantos que todavía hoy la minería en la región es prácticamente inexistente, pese a que es de sobra conocido su potencial. En este momento solo hay dos yacimientos en funcionamiento, uno de anortosita (para producir aluminio) y otro pequeño de oro. Pese a que todo el mundo habla de sus reservas de tierras raras –imprescindibles para construir componentes informáticos, paneles solares o baterías–, todavía no se ha extraído nada en la isla, por mucho que tenga dos de los mayores depósitos del mundo: Kvanefjeld y Tanbreez.

Kvanefjeld, con 11 millones de toneladas de reservas de tierras raras, es el tercer mayor depósito del planeta, pero la presencia de enormes cantidades de uranio en el terreno ha llevado al Gobierno a bloquear el proyecto para proteger a la población local. En Tanbreez, sin el problema del uranio, se estima que puede haber hasta 28 millones de toneladas de tierras raras –el mayor yacimiento del mundo– y la minera estadounidense Critical Metals Corp está en proceso de comenzar su explotación.

Marzio G. Mian, un periodista italiano que lleva años estudiando la geopolítica del Ártico, publicó recientemente Guerra Blanca (Ned Ediciones), donde abordaba la dicotomía en la que se encuentra Groenlandia. Necesita abrir "su caja fuerte", la inmensidad de recursos subterráneos que tiene la isla para poder financiar la separación de Dinamarca –hasta ahora, el sentimiento mayoritario era de independencia, aunque no tienen una economía fuerte para hacerlo–, pero al mismo tiempo teme que la radiación del uranio de las minas contamine el agua, el aire y el suelo de la isla. Esto le contó Klaus Frederiksenm, un pastor de ovejas groenlandés:

"Aquí sopla el viento trescientos días al año", explica. "El polvo radiactivo se dispersará por todo el sur de Groenlandia. En el mundo, nuestra imagen ya no estará asociada al oso polar, sino al uranio".

Donald Trump lleva más de una década jugando con la idea de hacerse con la región para sacar rentabilidad a estos recursos, y hasta ahora había apostado por la vía diplomática, combinada con alguna amenaza que pocos se tomaban en serio. Bajo su primer mandato, en 2019, Estados Unidos firmó un memorando de entendimiento con Groenlandia para estudiar la región y logró que la estadounidense Critical Metal Corp comprase el depósito de Tanbreez, imponiéndose a los competidores chinos, que ya controlan un porcentaje de Kvanefjeld.

Ese es de hecho el motivo que ha empujado a Trump a presionar al archipiélago helado: llegar antes que Rusia o China a Groenlandia para evitar que recursos estratégicos caigan en sus manos. Sin embargo, Paula Adánez, investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, explica que hacerse con las tierras raras del archipiélago solo resuelve la mitad de la ecuación, porque después queda separar y tratar esas tierras para poder darles una salida, y Estados Unidos no tiene una industria preparada para ello.

"Groenlandia es muy interesante por la cantidad de tierras raras y minerales que tiene, que además están en buena concentración, pero lo difícil es su procesamiento, que muchas veces necesita hacerse en China", recuerda. Sobre este problema, Eszter Wirth explica que China controla ahora el 80% del procesamiento de las tierras raras del planeta, y domina el 60% de su extracción.

Además de las tierras raras, Groenlandia es una fuente de combustibles –se estima que tiene unos 32.000 millones de barriles de crudo–, pero sobre todo de minerales críticos, entre los que se incluyen tierras raras y. otros elementos clave como el platino, el níquel, el cobre, el titanio, el cromo o el coltán, así como metales que sirven de base para la industria, como el plomo o el zinc. 

Políticamente, Groenlandia es una región complicada, lo que la convierte en un objetivo fácil de desestabilizar. Es un territorio satélite de Dinamarca, un país de apenas seis millones de habitantes, y los dos territorios están separados por más de 2.000 kilómetros. La isla representa el 98% del territorio de Dinamarca, pero solo concentra el 1% de su población, y hasta 1979 era una provincia del país europeo.

Ese año, Groenlandia consiguió autonomía de Dinamarca y tener un Parlamento independiente que gestiona las competencias de educación, salud o recursos naturales, aunque el Gobierno danés mantiene el poder de decisión en política exterior y de defensa. Groenlandia también abandonó la Unión Europea en 1985, aunque sí está considerado territorio de la OTAN por su relación con Dinamarca. 

El vínculo entre los dos territorios ha tenido momentos de mucha tensión, e históricamente Groenlandia siempre ha mantenido una predisposición a separarse de manera definitiva de Dinamarca. Una encuesta groenlandesa de enero de 2025, cuando Trump ya había hablado de anexionarse la isla, reflejó un apoyo del 56% a la independencia, aunque si la pregunta era si se separarían para unirse a Estados Unidos, la respuesta fue un rotundo "no", con el 85%.

Estas tensiones históricas han dado una excusa a Trump para argumentar ahora que la isla está desprotegida, y que ni la Unión Europea ni Dinamarca serían capaces de repeler un ataque de Rusia o China. En los últimos días, también ha repetido falsamente que la isla está "rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes", una afirmación que ha sido desmentida por expertos en Defensa. El Gobierno danés ha insistido desde que comenzaron las amenazas de anexión que EEUU tiene derecho desde 1951 a desplegar a su ejército en la isla para defenderla –entonces era ante la amenaza soviética–, pero eso no es suficiente para la Casa Blanca.

Mariano Aguirre, investigador no residente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) cree que lo que quiere el presidente de Estados unidos es usar la isla como una excusa para "dinamitar" la OTAN. "Trump necesita psicológicamente tener la propiedad de Groenlandia, tener el control total, como en la época colonial. Además, odia la Unión Europea y esto supone un desafío gigante. Si mañana ataca Groenlandia, la OTAN quedaría inmovilizada, la dinamitaría por dentro", opina el analista.

La primera central de carbón de España comenzó a funcionar en Barcelona en 1881, en unos antiguos telares junto al puerto de la ciudad, y la última en hacerlo podría ser la térmica de Soto de Ribera, en Asturias, aunque no está claro cuándo se apagará del todo. El Gobierno estimaba que 2025 sería el último año con producción eléctrica de carbón, pero en 2026 todavía permanecerán activas dos instalaciones para evitar problemas puntuales de suministro. Una será la asturiana, que produjo energía hasta mediados de diciembre, y la segunda será la mallorquina Es Murterar, que lleva casi un año sin encenderse.

De esta manera, en 2026 se producirá probablemente el culmen de un proceso que comenzó en 2018, y que llevó en 2025 al cierre de dos importantes centrales, la asturiana Aboño (al grupo I y II) y la gaditana de Los Barrios, ambas de la compañía EDP. En realidad, la clausura de Aboño II y de Los Barrios no ha sido aún formalizada porque están a la espera de recibir el permiso del operador del sistema, Red Eléctrica, pero ninguna produce electricidad desde julio.

Quienes llevan años luchando por el fin del carbón, la tecnología más contaminante de producción de energía, aguardan ahora a conocer el futuro de Soto de Ribera, la central más activa de las que quedan en pie en el país. Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, "todavía no se puede cerrar por seguridad de suministro esa zona", de manera que la instalación lleva varios meses operando de forma intermitente porque tiene la orden de generar energía por restricciones técnicas, un mecanismo que activa el operador de la red cuando calcula que puede haber picos locales de consumo.

El Gobierno recogió en su Plan Nacional de Energía y Clima 2023-2030 que "en torno a 2025 tendrá lugar el cierre completo" del parque de carbón, pero añadió que ese hito "estará sujeto a la evaluación por parte del Operador del Sistema del cumplimiento de criterios de seguridad de suministro del sistema", como finalmente ha ocurrido.

Paco Ramos, experto en energía de Ecologistas en Acción, lleva décadas estudiando la industria asturiana y asume que 2026 será el primer año sin carbón para la economía española. "Entiendo que Soto de Ribera tiene la garantía para funcionar, pero que no lo hará, salvo que haya una necesidad puntual. Aunque todavía no nos dejen hacer una fiesta de cierre definitiva, creo que es una medida razonable", opina el activista.

Ramos explica que la red de transporte y distribución asturiana está colapsada en los polos industriales, y llevan desde 2020 esperando unas inversiones que Red Eléctrica prometió en el plan de infraestructuras 2020-2025 y que ahora ha ampliado en su propuesta 2026-2030. Mientras llegan las nuevas líneas de alta y media tensión, los transformadores y las subestaciones para eliminar los cuellos de botella, Soto de Ribera seguirá funcionando de manera indefinida.

La duda que tiene el experto es de qué manera será retribuida la central asturiana, que tendrá que seguir pagando salarios y cubriendo el mantenimiento de la planta sin generar electricidad o produciendo una cantidad mínima. La manera habitual de subvencionar la operación de estas instalaciones imprescindibles son los pagos por capacidad, un pequeño porcentaje de la factura de la luz que se destina a costear instalaciones que no son rentables. "El problema es que ahora la Unión Europea no permite pagos por capacidad a centrales que emiten más de 550 gCO2/kWh, y eso deja fuera al carbón. Habrá que ver qué acuerdan", opina el experto de Ecologistas.

La central de Es Murterar, por su parte, también continuará en hibernación de manera indefinida para garantizar la seguridad de suministro en el archipiélago balear, aunque solo tiene autorización para operar 500 horas al año, que en 2025 consumió en los primeros cuatro meses. Además, de los cuatro grupos de generación que tenía originalmente la planta, solo restan abiertos los 3 y 4, de 120 MW cada uno. 

En teoría, la planta de Alcúdia seguirá latente hasta que se finalice la construcción de una segunda interconexión eléctrica con la península –un proyecto que se puede alargar hasta 2030–, pero según publicó el mes pasado Diario de Mallorca la compañía dueña, Endesa, ha iniciado un proceso de prejubilaciones y reposicionamiento de trabajadores para una posible clausura.

A diferencia de Es Murterar, Soto de Ribera puede trabajar sin límite de horas porque en 2017 instaló una planta de desnitrificación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), el principal escollo legal que sufren las centrales de carbón europeas, pero se limita a trabajar a las horas que le obliga REE porque no es rentable en el resto. Además de ser menos eficiente que una central moderna de gas, debe pagar mucho más en permisos de emisiones de CO₂ que cualquier otra tecnología.

En una entrevista con infoLibre, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó en diciembre que esta diferencia de costes era precisamente la condena de muerte inminente de las plantas de carbón españolas. "En cuanto existan alternativas, yo creo que las primeras interesadas en cerrarlas son las compañías", afirmó.

El apagón definitivo de esta tecnología comenzó en 2018, cuando la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmó dos protocolos con sindicatos y empresas para poner fin a la minería y a la quema energética de carbón. En enero de 2019 se cerraron los últimos yacimientos del país y de las 15 centrales térmicas que había en el país en 2018 ya solo quedan dos en hibernación, hasta el punto de que menos del 1% de la electricidad generada en el país procede hoy de este combustible.

A finales de 2024 cerró la térmica de La Pereda, en Asturias, propiedad de Hunosa, que quemaba residuos mineros, para transformarla en una térmica de biomasa. En julio de 2025 reabrió el grupo II de Aboño (556 MW) tras una renovación para pasar a quemar gas natural. Desde entonces no ha vuelto a encenderse Aboño I (336 MW), que solo tenía permiso para operar mientras su gemela se encontraba en conversión. Por último, la planta de Los Barrios (570 MW) solicitó a REE el permiso de cierre y está a la espera de recibirlo, pero no se espera que vuelva a encenderse porque lleva seis meses sin hacerlo.

Donald Trump lleva desde el sábado repitiendo que su intervención en Venezuela gira en torno al petróleo pero, bajo tierra, este país tiene muchas otras riquezas infraexplotadas. Las grandes mineras estadounidenses podrían aterrizar en los próximos meses en busca de minerales imprescindibles. Venezuela tiene la cuarta mayor reserva de carbón de Sudamérica, posee en el subsuelo grandes cantidades de coltán y otras tierras y metales críticos, y tiene uno de los mayores depósitos de oro del planeta, que lleva una década intentando explotar sin éxito.

El Plan Minero 2019-2025 de Venezuela se ha centrado en 13 minerales: oro, diamante, hierro, carbón, coltán, níquel, sílice, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito y caliza. Algunos sirven simplemente para la construcción, pero otros son clave para fabricar baterías, placas solares y todo tipo de aparatos electrónicos.

Ester Boixereu, experta en Recursos Minerales del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), afirma que la riqueza subterránea de Venezuela es inmensa, aunque no es comparable a la petrolífera, ya que cuenta con las mayores reservas mundiales de crudo. "No creo que nadie invada Venezuela por su bauxita o por el oro, es por el petróleo. Pero sí es cierto que tiene unas reservas inmensas y poco aprovechadas, con una oportunidad de explotación tremenda", subraya. De hecho, la experta compara el país a grandes polos extractivos del mundo como Brasil o Sudáfrica.

Hasta ahora el oro había sido el principal exponente de la minería venezolana, aunque con poco éxito. El país nacionalizó en 2011 sus exploraciones de oro bajo el Gobierno de Hugo Chávez y la única compañía que podía explotarlo era Minervén. Sin embargo, la mala gestión de la empresa y los bajísimos precios del petróleo llevaron a Nicolás Maduro a expandir radicalmente la minería en 2016 mediante el plan estratégico Arco Minero del Orinoco. Esta zona de extracción, con una superficie superior a Suiza, facilitaba la entrada de empresas extranjeras mediante bonificaciones fiscales para obtener oro, hierro, coltán, bauxita, cobre y otras tierras raras y minerales estratégicos claves para la economía global.

Sin embargo, la corrupción administrativa, la inestabilidad política y la presencia de grupos armados en las selvas impidieron que el plan se desarrollase según lo imaginado, y todavía hoy no hay siquiera una imagen clara de cuáles son las reservas minerales de Venezuela y cuál es el potencial de explotación. El último catálogo minero del Gobierno afirma que la nación tiene 1.400 toneladas de oro en el subsuelo, situándose en el top 20 países con mayores depósitos, con algo más del 2% de las reservas mundiales.

No obstante, la capacidad de Venezuela para exprimir esas minas es extremadamente limitada. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calcula que en 2019, como en años anteriores, solo se extrajeron 450 kilos de oro, mientras que países con reservas similares como Tanzania, Colombia o México, sacan cada año entre 70 y 130 toneladas. También es cierto que el tamaño real de la minería de oro en Venezuela es desconocido porque una cantidad ingente de este metal sale de manera ilegal.

La ONG Global Initiative publicó en 2016 un informe que estimaba que entre el 80% y el 90% del oro venezolano se produce ilegalmente, aunque en países vecinos como Ecuador o Colombia la cifra también ronda el 80%. Un reportaje reciente de The Guardian explica que el río Orinoco es la vía proferida de salida para estas materias primas y que las minas han sido tomadas por guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y tienen a indígenas trabajando en ellas bajo coacción. 

La agencia estadounidense USGS también publicó en 2019 un informe sobre el estado general de la industria minera venezolana, advirtiendo de que se encontraba en la ruina: en cinco años la producción de acero, hierro, carbón y oro se había desplomado alrededor del 90% "debido a la tensión financiera causada por la inestabilidad política de Venezuela y la debilidad de su economía, agravadas por el embargo económico" estadounidense.

El único sector que sobrevivió mal que bien a esos años fue la extracción de gas, donde Estados Unidos también podría poner sus ojos en los próximos meses. La nación cuenta con el 73% de las reservas de gas de Sudamérica, aunque continúan ampliamente "infrautilizadas", según la Agencia de la Energía de Estados Unidos, debido a que no tiene la infraestructura para licuefacerlo y exportarlo en barcos.

El petróleo, por su parte, es la joya de la corona venezolana, aunque también es un sector enormemente infrautilizado. En sus mejores años –la década de los 70 y de los 2000–, el país llegó a extraer entre tres y cuatro millones de barriles diarios de crudo, una cifra que permitiría al país entrar hoy en el top 10 productores del mundo. Sin embargo, la falta total de inversiones en la compañía ha llevado al país a producir un millón de barriles diarios, y solo mediante el trabajo de compañías extranjeras como Chevron, Eni o Repsol.

Melissa García, exingeniera de PDVSA y actual investigadora del IGME en España, confirma que la industria petrolera venezolana ha sido abandonada a su suerte: no tiene las inversiones necesarias para modernizarse ni los gastos de mantenimiento básicos para conservar lo que ya hay. "Cuando dejas de hacer esos mantenimientos, la infraestructura se deteriora, y ya habrá activos que son incluso irrecuperables. También hemos sufrido una importante fuga de cerebros que ha perjudicado al país", añade.

La consultora energética Rystad calcula que solo para mantener la producción actual de crudo en 1,1 millones de barriles diarios, haría falta invertir unos 53.000 millones de dólares en el país. Y en el mejor de los casos, solo se podría lograr incrementar la extracción en 300.000 bariles diarios en los próximos dos o tres años, por lo que el cambio de régimen del país no garantiza en ningún caso que la nación vaya a convertirse en una potencia petrolera. Para llegar a los tres millones diarios, como en sus mejores años, habría que esperar a 2040, según Rystad.

Dos personas han muerto en un accidente registrado en una explotación minera subterránea de la localidad de Vega de Rengos, en el concejo asturiano de Cangas del Narcea, a causa de un desprendimiento de carbón, según informaron a EFE fuentes del Gobierno del Principado y de la Guardia Civil. El siniestro se produjo en el nivel -2 o -3 de la mina, donde los equipos de rescate ya han recuperado el cuerpo sin vida de uno de los trabajadores. Las mismas fuentes han precisado que, a diferencia de lo que se informó inicialmente, eran dos, y no tres las personas desaparecidas tras el desprendimiento.

Al lugar del accidente, situado a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano, se han desplazado los Bomberos del SEPA a bordo de un helicóptero medicalizado y la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en otro helicóptero multifunción, así como agentes de la Guardia Civil y personal médico.

También se han movilizado dos inspectores del servicio de minas del Principado de Asturias, así como el director general de Energía y Minería del Gobierno autonómico, Javier Cueli, han añadido desde el Ejecutivo asturiano.

Aunque aún se dispone de poca información de lo ocurrido, al parecer el accidente se habría producido por un desprendimiento de material de la explotación minera.

Al lugar del accidente también se está desplazando la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, mientras que el jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, que esta tarde participaba en Salamanca en un acto del PSOE, también está regresando a Asturias.

El alcalde de Cangas del Narcea, Luis Fontaniella, ya se encuentra en el exterior de la explotación minera y, según ha apuntado a EFE, se encuentra a la espera de recibir más información una vez que los primeros miembros del operativo de rescate ya se han adentrado en el interior de la mina.

Este accidente minero, del que aún no se conocen sus consecuencias más allá de las dos personas fallecidas, se produce después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.

El Juzgado de lo Penal 2 de León ha absuelto a los 16 acusados de la muerte de seis mineros ocurrida en el Pozo Emilio del Valle en León en octubre de 2013 por un escape de gas grisú al no apreciar "pruebas de cargo suficientes" contra ninguno de los encausados, informa EFE.

El 28 de octubre de 2013 los mineros Antonio Blanco, Carlos Pérez, Roberto Álvarez, Orlando González, José Luis Arias y Manuel Moure, de entre 35 y 42 años, fallecieron sorprendidos por un escape de grisú mientras trabajaban a 694 metros de profundidad en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa, en el municipio de La Pola de Gordón (León), en uno de los peores accidentes de la minería en España que dejó también ocho heridos de diversa consideración.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, absuelve a todos los acusados, entre ellos a los propietarios de la Hullera, Antonio, Arturo y Aurelio del Valle, de los delitos de homicidio por imprudencia grave y de los delitos de lesiones por imprudencia grave. También absuelve a las compañías aseguradoras como responsables civiles directas y a la propia Hullera Vasco Leonesa como responsable civil subsidiaria.

Este auto no es firme y cabe la interposición de recurso de apelación ante el propio juzgado que será resuelto por la Audiencia Provincial de León.

Asimismo, la sentencia deja abierta la posibilidad de "acudir a la vía civil por aquellas partes que se consideren perjudicadas en su derecho".

La sentencia se ha dictado dos años y ocho meses después del final del juicio y doce años después de la tragedia en la que perdieron la vida los seis mineros.

La jueza encargada del caso se reincorporó a su puesto el pasado 29 de octubre tras más de dos años de baja y lo hizo un día después de una gran marcha que los familiares organizaron por las principales calles de León en el duodécimo aniversario del accidente.

En el momento de la reincorporación, fuentes judiciales aseguraron que la magistrada contaría con un refuerzo con el objetivo de dictar cuanto antes las sentencias pendientes, entre ellas la correspondiente a este caso.

El juicio comenzó una década después del accidente y sentó en el banquillo a dieciséis acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes.

La Fiscalía retiró al final de la vista la acusación contra cinco de los encausados -todos vigilantes de categoría profesional- y la mantuvo para el resto, directivos y personal técnico cualificado de la Hullera Vasco Leonesa. Para cada uno de los cuales reclamaba tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Las acusaciones particulares, por su parte, pedían seis años y medio, el máximo previsto en este caso para cada acusado, mientras las defensas solicitaban la libre absolución de los encausados al entender que el accidente fue imprevisible e inevitable.

Manuel Moure, padre de uno de los mineros fallecidos, ha indicado a EFE que es "incomprensible que no sean declarados culpables con todo lo que tenían en contra" y se ha lamentado: "Después de doce años de lucha ya está. Absueltos todos. Es lo que nos queda a los pobres, fastidiarnos”.

Moure, que ha liderado las marchas y los actos reivindicativos que se han organizado en estos años para pedir justicia para los seis mineros fallecidos, se ha mostrado sorprendido por la rapidez con la que se ha dictado sentencia desde la incorporación de la magistrada el pasado 29 de octubre tras dos años de baja.

“¿Cómo puede ser que después de casi tres años desde que acabó el juicio no se hubiese resuelto y ahora, en poco más de dos semanas, ya se ha dictado sentencia?”, ha insistido.

Ha asegurado que es “incomprensible” que “haya estudiado el caso tan rápido” desde la incorporación tras la baja y ha sugerido que bajo este caso “ha tenido que haber presiones”.

Por su parte Icíar Ríos, viuda de José Luis Arias, ha lamentado a EFE que este sea el fallo después de tantos años esperando la sentencia.

“Es un mazazo más, aunque tampoco me coge de sorpresa, si te digo la verdad”, ha añadido, al tiempo que ha insistido en que “hace mucho tiempo" que dejó de creer en la Justicia.

Tras meses de tensiones, muchos quieren ver esto como una tregua: China anunció el domingo 9 de noviembre la suspensión de la prohibición de exportar germanio, galio y antimonio a Estados Unidos. El levantamiento de las restricciones se mantendrá hasta el 26 de noviembre de 2026, tal y como han precisado las autoridades chinas para dejar claro que las hostilidades pueden reanudarse en cualquier momento.

Porque se trata, efectivamente, de una nueva guerra de los metales, aunque sea de baja intensidad. Aunque se limiten a estos momentos, esas luchas por el control, o incluso el acaparamiento, de ciertos minerales y metales se producen cada vez que se produce una gran ruptura tecnológica, cada vez que se produce un gran cambio en el mundo.

Después de haber hecho la vista gorda ante la devastación ecológica que implica el acceso a esas materias primas, así como ante las guerras que su control puede provocar, Occidente toma conciencia de su vulnerabilidad con respecto a estas producciones que daba por sentadas. De repente, descubre que necesita tierras raras, cobre, cobalto, estaño, acero y aluminio para continuar su transición energética y su revolución tecnológica en el ámbito digital.

En todo el mundo se ha iniciado la carrera por garantizar un suministro seguro de materiales críticos y estratégicos. La administración Trump está impulsando la reapertura de minas en todo su territorio. Está adquiriendo participaciones directas en grupos mineros considerados estratégicos, como en el yacimiento de Mountain Pass, la única mina de tierras raras de Estados Unidos.

En Francia, los dirigentes redescubren la calidad de los estudios de la Oficina de Investigaciones Geológicas y Mineras (BRGM), cuya existencia habían olvidado en los últimos años. Algunos hablan de la reconstitución de fondos estratégicos mineros, como los que existían tras la crisis del petróleo de 1973 y que se evaporaron a finales de los años 80 en circunstancias desconocidas.

En todas las cancillerías del mundo, ningún diplomático ignora ya las palabras “tierras raras”, ya que se han convertido en un tema político de gran importancia. Esta familia de metales se ha vuelto esencial en el desarrollo de tecnologías para la transición ecológica y digital. Si se califican de raras, no es por la dificultad para encontrarlas, sino porque existen en cantidades tan pequeñas que son difíciles de extraer y explotar.

Durante tres décadas, Occidente ha descuidado esos minerales, prefiriendo delegar su explotación y deslocalizar sus procesos de tratamiento, muy contaminantes, a otras partes del mundo. Estados Unidos cerró prácticamente todas las minas. Francia, que tenía una posición fuerte en el refinado, consideró en ese momento más rentable cerrar sus fábricas, como la de La Rochelle (Charente-Maritime), entonces propiedad de Rhodia, absorbida desde entonces por la belga Solvay.

Todo iba bien en el mundo de la feliz globalización hasta que Xi Jinping asumió la presidencia de China en 2013. Entonces, Occidente tomó conciencia de su situación de dependencia: sin hacer ruido, el país había construido una estrecha red de acceso a las minas de todo el mundo y había adquirido un cuasi monopolio sobre el refinado de varios minerales esenciales. Y Pekín estaba ya decidida a explotar esta ventaja.

“No solo se trata de las tierras raras”, señala Philippe Chalmin, profesor emérito de la universidad Paris-Dauphine y especialista en materias primas, ligeramente molesto por la excesiva focalización en esos materiales únicos. “Las restricciones chinas sobre el galio, el germanio y el antimonio, que son metales conocidos y utilizados desde hace mucho tiempo, nos recuerdan que el campo es mucho más amplio. Familias enteras de metales son igualmente esenciales para las revoluciones tecnológicas en curso, mientras que otras están perdiendo importancia”, explica.

En el ámbito de los metales indispensables, el acero sigue siendo imprescindible, tanto para usos civiles como militares. Los europeos y los americanos han prestado poca atención a la preservación de su industria siderúrgica durante años. Al mismo tiempo, China, para satisfacer sus propias necesidades de equipamiento, se ha dotado de una enorme capacidad de producción en todo el país, con el apoyo del capitalismo de Estado.

El acero chino representa hoy más de la mitad de la producción mundial. Pero la época de los grandes equipamientos y de la construcción de grandes infraestructuras ha terminado en China: la demanda interna es inferior a la oferta. Pero en lugar de abordar el exceso de capacidad y adaptar sus herramientas de producción, Pekín ha optado por inundar el mercado mundial del acero, rompiendo los precios por debajo de los costes de producción. La tonelada de acero chino se ofrece a veces a precios inferiores a los de la tonelada de mineral de hierro.

Este dumping, posible por las ayudas estatales chinas, está causando estragos en la siderurgia mundial. Estados Unidos ha respondido imponiendo aranceles del 50 % a las importaciones siderúrgicas para proteger su industria. A principios de octubre, tras más de dieciocho meses de negociaciones, la Comisión Europea anunció un aumento de los aranceles del 25 % al 50 % sobre las importaciones siderúrgicas y una limitación del volumen al 10 %.

Pero estas medidas llegan muy tarde. El sector siderúrgico europeo está ya al borde del colapso y el grupo alemán ThyssenKrupp se ve amenazado a su vez con pasar a manos de un grupo indio.

Aunque la electrificación de los usos no avanza al ritmo esperado por los científicos, sigue su curso. La compra de coches eléctricos está aumentando en todas partes, aunque en proporciones menores de lo que preveían los fabricantes. Y estos vehículos necesitan un elemento indispensable: baterías. Del mismo modo, el rápido desarrollo de las energías renovables ha puesto de manifiesto la necesidad de capacidades de almacenamiento para regular la producción y la gestión de las redes. También en este caso son indispensables las baterías.

En este momento, la tecnología más extendida es la de las baterías de iones de litio. Desde hace varios años, los Estados y los grupos mineros de todo el mundo se han fijado como objetivo este mineral crítico.  Ya están en explotación numerosos yacimientos y se están abriendo otros en África. Francia tiene un proyecto de mina de litio en Allier (Auvernia-Ródano-Alpes) dirigido por el grupo minero Imerys.

Las reservas registradas sugieren que no hay amenaza, al menos a corto plazo, para el suministro de litio, ya que existe en casi todo el mundo. Pero no ocurre lo mismo con el cobre.

Conocido desde la antigüedad, el cobre sigue siendo un metal indispensable. Incluso está llamado a convertirse en el metal estratégico de las revoluciones energética y digital del siglo XXI. Es el metal que garantiza la mejor conducción de la electricidad. Automóviles, semiconductores, circuitos eléctricos, líneas de redes eléctricas, centros de datos: está presente en todas las etapas, en todas las formas posibles y en todos los sectores industriales. Y sus usos no dejan de desarrollarse.

Durante años, China ha acumulado enormes reservas de cobre para garantizar su suministro, y algunas de estas reservas incluso se utilizan como contragarantía en operaciones financieras. Y no tiene intención de soltar su control.

Porque muchos de los grandes yacimientos que se vienen explotando desde hace décadas en Chile, Australia, Canadá, Rusia e Indonesia se están agotando. Aunque se están acelerando las investigaciones para encontrar nuevos yacimientos, llevará tiempo antes de que entren en producción y no todos serán económicamente explotables.

Mientras tanto, la demanda no deja de aumentar y el mundo corre el riesgo de encontrarse ante un déficit estructural. Según la Agencia Internacional de la Energía, para 2030 la producción de cobre podría cubrir solo el 70 % de las necesidades.

El estaño, ampliamente utilizado desde la época de los romanos —es uno de los componentes del bronce, junto con el cobre—, siguió utilizándose posteriormente en proporciones variables, lo que a menudo dio lugar a graves conflictos entre los imperios coloniales (Gran Bretaña, Países Bajos, Francia). La industria automovilística y el descubrimiento de la conservación en latas a principios del siglo XX multiplicaron por diez el interés por este metal, a veces muy caro, que se convirtió entonces en indispensable.

La carrera por adquirir toneladas de este metal tan dúctil para fabricar piezas de automóvil en aleación y, sobre todo, latas de hojalata para las conservas, estaba entonces en pleno apogeo. “Estados Unidos se enfrentó frontalmente al Imperio Británico para tener acceso al estaño de Malasia”, recuerda Yves Jégourel, profesor del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (Cnam y especialista en economía de las materias primas. Es también la época en la que surgen los barones del estaño de Bolivia, que amasan enormes fortunas gracias a la explotación de las minas del país.

Luego, el uso de las conservas disminuyó, y con ello el interés por el estaño. Pero con la revolución de la transición energética y digital, este metal recupera su estatus anterior: es indispensable para las soldaduras de los circuitos eléctricos, desde los semiconductores hasta las inmensas redes eléctricas.

Cada año se producen más de 300.000 toneladas de estaño en todo el mundo. China, por sí sola, representa un tercio de la producción mundial, seguida de Indonesia y, muy por detrás, Birmania, Bolivia y Perú, y aún más lejos, la República Democrática del Congo. Una vez más, la oferta puede llegar a no satisfacer una demanda exponencial.

Este renovado interés por los metales conlleva tensiones y amenazas. Porque en su carrera desenfrenada por hacerse con el control de minerales críticos y estratégicos, es muy de temer que los Estados dejen de lado cualquier otra consideración, ya sea ecológica, diplomática, territorial o cultural, para centrarse en un único objetivo: garantizar a toda costa su suministro y consolidar su poder tecnológico y geopolítico.

Traducción de Miguel López

Investigadores de la Universidad de Sevilla advierten de que la futura mina de Aznalcóllar, que acaba de recibir todos los permisos para su reapertura, ya ha vertido metales pesados al río Guadiamar, cuyas aguas acaban en el Parque Nacional de Doñana. La noticia evidencia que Grupo México y Magtel, las nuevas compañías que explotarán las cortas —un tipo de explotación minera—, han incumplido su compromiso de impacto cero antes incluso de iniciar las obras para reabrir la instalación, como ya advertían los ecologistas y expertos ambientales.

Jesús M. Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, explica que las fuertes lluvias de marzo inundaron las históricas escombreras que rodean la mina original, y arrastraron aguas ácidas con un bajo pH y altos contenidos de metales al cauce del Guadiamar. "Esas aguas llevan muchísimo cobre, zinc, cadmio… que son muy tóxicos. Hemos avisado a la Confederación Hidrográfica y al Seprona, y nadie toma medidas. Y todo esto ocurre con los nuevos dueños", advierte el experto.

Castillo ha adelantado las conclusiones de su análisis a infoLibre, y la semana próxima publicará los resultados en un informe. El ecólogo subraya que este desastre ambiental evidencia que la reapertura de Aznalcóllar está en manos de empresas que no tienen intención de proteger el ecosistema porque esos residuos han alcanzado el corredor verde del Guadiamar, el parque Doñana y posiblemente el Bajo Guadalquivir, tres espacios de la Red Natura, uno de ellos Patrimonio Mundial de la Unesco. 

"La contaminación ha matado peces como la anguila europea, que está más protegida que el lince. Y aquí nadie hace nada. Se celebra la apertura de la mina y se le pone una alfombra roja", dice indignado Castillo.

El análisis ha coincidido con el permiso final de la Junta de Andalucía a la reapertura de la mina casi tres décadas después del accidente que precipitó su cierre, la mayor crisis ambiental de la historia de Andalucía. En abril de 1998 reventó la balsa minera de Aznalcóllar por una negligencia de sus dueños y se vertieron 5,5 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y cerca de 1,9 millones de metros cúbicos de aguas ácidas cargadas de metales pesados al Guadiamar. Este río es afluente del Guadalquivir y la principal aportación de agua a Doñana, aunque los lodos solo penetraron brevemente en el parque nacional.

Tras años de reparaciones y millones de euros —que se libró de pagar la entonces dueña de las dos cortas, Boliden— la Junta volvió a sacar a concurso la explotación de la mina en 2015 bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE) y el concurso lo ganó la española Magtel, una adjudicación que está precisamente estos días en la Audiencia de Sevilla por un posible delito de malversación, prevaricación y fraude. La empresa que ejecutará el proyecto será finalmente Minera Los Frailes, propiedad del controvertido Grupo México (97,3%) y de Magtel (2,7%).

Además de la dudosa adjudicación, expertos en medioambiente y organizaciones civiles llevan años tratando de frenar la reapertura de la mina por miedo a que se repita la tragedia. La empresa define el proyecto como "la máxima expresión de sostenibilidad", pero los críticos con el proyecto lo ponen en duda. Isidoro Albarreal, especialista en Minas de Ecologistas en Acción, afirma que Minera Los Frailes ya ha dejado claro que no va a velar por el entorno, pero es que la Junta de Andalucía tampoco lo hará. "La Administración no tiene capacidad para controlar las innumerables condiciones técnicas del proyecto, y todo lo que se incumpla se traducirá en daños para el medioambiente", resume.

Los dueños del proyecto empezarán en los próximos meses los trabajos previos a la explotación, y se espera que la extracción de cobre, zinc y plomo comience en 2028, a un ritmo de 2,7 millones de toneladas al año. La vida de la mina será, por ahora, de 17 años.

El proyecto incluye un vertido anual de cuatro millones de metros cúbicos de lodos, que en teoría deben pasar antes por una depuradora que está por construir. A esto hay que sumar otros 17,3 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas que ahora almacena una de las dos cortas mineras que hay en la explotación. Allí se vertieron las aguas contaminadas rescatadas tras el accidente de 1998, y antes de poder excavar la mina —que esta vez será subterránea—, hay que vaciar el agujero.

La empresa no obtuvo permiso para verter estos residuos al Guadiamar, pero sí al Guadalquivir, de manera que se va a construir una tubería de 30 kilómetros para poder desaguar los residuos mineros. La teoría es que el Guadalquivir tiene más caudal y el impacto de los residuos metálicos se diluirá, pero los expertos alertan de que la hidrología es mucho más compleja.

Jesús M. Castillo, ecólogo, opina que la Junta se ha querido creer la "historia de ciencia ficción" que ha vendido la minera de que los metales serán arrastrados por el Guadalquivir hasta mar abierto. "Es cierto que la concentración de metales que verterán es baja, pero es la misma historia que ya hemos visto en la mina de Las Cruces (Sevilla). Los metales se pegan a las partículas en suspensión del agua, como la arcilla o la materia orgánica, y se acumulan en el fondo del estuario del Guadalquivir. Después se van liberando, pasan a la red trófica y generan graves problemas de toxicidad". 

Este investigador participó en un análisis publicado en marzo que detectó altas concentraciones de metales pesados en albures, concretamente de zinc, plomo, cromo, manganeso y selenio. El 31% de los peces superan incluso los límites legales de plomo. El origen de la contaminación es la mina de Las Cruces, situada a solo 20 kilómetros de Sevilla, donde se extrajo cobre entre 2009 y 2021 y ahora aspira a convertirse en una mina subterránea de cobre, zinc, plata y plomo.

La extracción masiva y sin control de minerales en La Unión (Murcia) terminó alrededor de 1980, pero allí quedaron cientos de toneladas de tierras contaminadas con metales pesados que desde entonces persiguen a los vecinos. Ha habido diversos intentos de atajar el problema, pero la complejidad técnica, el elevado coste y la inacción política han llevado a que cuatro décadas después la zona sea un páramo inaccesible.

Este martes, el senador del PP de Murcia, Francisco Bernabé, dejó una bolsa de lodos tóxicos en la mesa de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como protesta, obviando que su partido lleva 20 años gobernando la Región y tiene amplias competencias en la limpieza de las balsas mineras que hay por toda la sierra. Bernabé criticó la reciente decisión de este ministerio de mantener allí los residuos y sellarlos, una medida que también ha enfadado a vecinos, expertos y grupos ecologistas.

La minería lleva presente en la sierra de Cartagena desde hace al menos 2.000 años, pero en la segunda mitad del siglo XX las artes tradicionales dieron paso a una extracción industrial a cielo abierto acompañada de una red de lavaderos que generaron una ingente cantidad de tierras que acabaron en la bahía de Portmán, una playa situada a 10 kilómetros al sur del Mar Menor. La empresa Peñarroya fue la principal responsable de los vertidos, y entre 1957 y 1990 se depositaron en total 60 millones de toneladas de sólidos en la bahía.

En noviembre, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) elaboró un informe para el ministerio de Transición Ecológica sobre la situación de la playa y las posibles soluciones que se pueden llevar a cabo. El documento recoge que los vertidos tienen un alto contenido de metales pesados, principalmente plomo, zinc, cadmio y arsénico, aunque buena parte de los lodos no son por ahora un problema ambiental. Según detallan los técnicos, "estos se encuentran en forma de compuesto insoluble. El problema se da cuando debido a procesos de oxidación, estos pasan a ser solubles, ya que al pasar al agua son biodisponibles. Este fenómeno se produce en la franja más cercana a la línea de costa".

María José Martínez Sánchez, geógrafa y edafóloga de la Universidad de Murcia, lleva más de 20 años trabajando en la recuperación de la bahía, y explica que los trabajos no se pueden posponer más tiempo. "Ambientalmente, la zona está controlada, pero con una solución temporal. No puede dejarse más tiempo así", resume esta experta en tierras contaminadas.

Martínez codirigió un proyecto en 2006 para inertizar los vertidos y evitar que los metales llegasen al mar, una solución temporal que ha mantenido estabilizados los tóxicos. En 2016 se iniciaron las obras para una solución definitiva y se construyó un cordón de tierra para generar una pequeña laguna y unas ramblas laterales para evitar que las escorrentías de provocadas por las lluvias arrastrasen los lodos al mar cuando se producen riadas en la provincia. Pero los trabajos se congelaron por problemas administrativos y ambientales en 2019.

Como se ve en las fotografías, el vertido de tierras convirtió en apenas 20 años la bahía en un lodazal, y la línea de costa avanzó 650 metros. También hay restos de tierras estériles en todo el litoral comprendido entre Cabo Tiñoso y Cabo de Palos, más de 50 kilómetros de costa de Murcia, y penetran incluso kilómetros dentro del mar.

En 2019 se construyó un muro de contención en el cordón de tierra para proteger todavía más el colmatado del oleaje, pero no ha sido suficiente. El informe del Cedex recoge que "en la actualidad sigue existiendo un paso de metales pesados a la fase acuosa en la parte emergida y en la zona de rotura, ya que el oleaje pone en suspensión partículas de sedimento favoreciendo el paso de metales pesados al agua".

De los metales pesados que hay en la tierra, el plomo es el metal que más preocupa en la zona por su importante impacto en la salud, especialmente en los niños, y porque no se degrada en el medioambiente, de manera que permanece siglos en la tierra. El problema, de hecho, abarca mucho más allá de la Bahía de Portmán, porque la cuenca minera abarca toda la sierra de Cartagena y todavía hoy hay cementerios mineros sin sellar a lo largo de la región.

Juan Antonio Ortega García, investigador de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca (El Palmar, Murcia), lleva dos décadas estudiando los riesgos ambientales de la contaminación en la Región, y confirma la exposición de los vecinos a estos tóxicos.

El mes pasado publicó un estudio en la revista Medicina Clínica sobre las concentraciones de metales pesados en la sierra minera de Cartagena con 203 participantes, la mayoría habitantes de la zona más contaminada, y realizado entre 2017 y 2020. El 18% superaba los límites recomendados de 3,5 microgramos por decilitro de sangre (μg/dL) de plomo, "destacando seis niños y una mujer embarazada" que tenían niveles superiores a 5 μg/dL. 

Ortega explica a infoLibre que no hay umbral seguro de exposición al plomo y que se trata de una sustancia neurotóxica que daña las neuronas, el sistema nervioso y es tan peligroso para el sistema cardiovascular como el tabaco o el colesterol. "El plomo tiene un daño irreversible, pero es fácil y barato prevenir su exposición y reducirla", destaca el experto. En los siete casos de personas con altos niveles de plomo detectados en su estudio, lograron reducirlos a parámetros normales en solo tres meses con medidas de seguridad e higiene.

"Es imprescindible que hagamos cribados a la población que vive en zonas contaminadas, y no hablo solo de Murcia, hay muchos lugares de España que están igual, como Huelva o Castilla y León", añade este profesional. También recuerda que en el país solo hay tres unidades de medicina ambiental pediátrica, una en Murcia y dos en Cataluña, y debería haber al menos una en cada autonomía.

En realidad, la toxicidad de la minería lleva castigando la salud de los murcianos desde al menos el siglo XIX. Un estudio entre 1880 y 1970 de la demografía de El Beal, el pueblo ubicado en el corazón de la sierra minera, recoge que la causa de muerte más destaca eran los problemas respiratorios.

"El trabajo subterráneo —problemas de ventilación y utilización de aire limpio, el polvo de la extracción, la contaminación de los minerales, los humos de las chimeneas…— afectaba sobre todo a esta parte del cuerpo", se lee en el estudio realizado por investigadores de la Universidad de Murcia. El trabajo también refleja cómo la mortalidad ha ido aumentando y descendiendo en función de la intensidad de la minería en la región.

El senador del PP justificó su performance en la Cámara alta —que fue denunciada por el PSOE ante la Policía— con el argumento de que el Gobierno quiere dejar en la costa murciana "millones de toneladas de arenas tóxicas", siendo "la única cuenca minera de España en la que, una vez cerrada la minería, no ha habido ningún plan estatal de reconversión".

Bernabé se refiere al plan que presentó Transición Ecológica a principios de abril para zanjar de una vez el desastre de Portmán, que supone mantener allí las 60 toneladas de lodos con un sellado porque no es posible trasladarlos a otro lugar.

Este martes, el secretado de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, contestó al senador popular que la decisión es la mejor de entre las opciones. "El PP pretende que, en contra de la información ambiental disponible y las advertencias de los científicos, obviando el elemental principio de precaución, se lleve a cabo en Portmán su idea de regeneración, ocultando a los vecinos los riesgos", publicó en X.

Tras la presentación del plan en abril, Morán también declaró que ha decidido apostar por esta propuesta tras leer las conclusiones de los técnicos del Cedex, y porque no quiere "una solución que una vez más nos abocase al fracaso". "Necesitamos tener las garantías de que el proyecto que se vaya a acometer sea un proyecto que en un tiempo razonable se pueda llevar a la práctica”. En todo caso, la decisión es provisional y durante un mes el ministerio ha recopilado "sugerencias de los vecinos" antes de continuar con la ejecución. El Gobierno quiere tener aprobada la declaración de impacto ambiental del proyecto a finales de 2025.

Los informes del Cedex recomiendan en sus conclusiones no devolver la bahía a su estado original y proponen, de hecho, "limitar el volumen a retirar a unos 100.000 metros cúbicos" de tierras contaminadas (el 0,3% del total) debido a las dificultades técnicas. También creen que "no se debe priorizar el retroceso de la línea de orilla", como pedían los vecinos y las organizaciones locales, que aspiraban a recuperar parte de la playa.

Pedro Luego, de Ecologistas en Acción de Murcia, recuerda que en 2006 se llegó a un acuerdo entre todas las administraciones y los afectados para retirar los lodos y recuperar todo lo posible la bahía original, pero el ministerio ha roto ese consenso. "Siempre hemos defendido que sellar no era una opción. Es cierto que también hay posiciones irreales que piden una recuperación total, eso no es técnicamente viable, pero sí un punto intermedio", defiende.

El activista propone retirar parcialmente las tierras que colmatan la laguna "para que la lámina de agua pueda penetrar unos 200 o 250 metros", y recuperar también el puerto original. La parte que quede sin cavar se podría sellar y renaturalizar "para darle otra oportunidad a la zona, pero sin apostar por un modelo turístico depredador". Luengo explica también que la contaminación de la bahía ha dejado deprimido económicamente al pueblo de Portmán, y el turismo sostenible basado en la historia minera podría revitalizar la zona.

Los técnicos del Cedex han estudiado esta posibilidad, la de recuperar parte de la lámina y su uso para baño, así como la de desbloquear el puerto de Portmán, pero la descartan porque la extracción de lodos "produciría la contaminación del agua del mar" durante las labores, y también explican que el recubrimiento de los residuos restantes de "tan solo un metro" de profundidad "genera dudas, ya que es muy probable que quede al descubierto la parte contaminada".

María José Martínez Sánchez, que ya ha trabajado en diferentes escenarios de recuperación de la bahía, tampoco aprueba la apuesta de sellar los lodos que propone Transición Ecológica. "Yo apuesto por una solución intermedia: retrancar la playa y estabilizarla. No veo la necesidad de hacer un sellado porque supondría admitir que la zona es un vertedero", subraya la experta.

Ucrania había recibido en los últimas días con cierta satisfacción el acuerdo con Estados Unidos sobre la explotación de sus recursos mineros. Este acuerdo marco iba a ser firmado este 28 de febrero en Washington por Volodímir Zelensky, en su primera visita desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Una reunión en la que, lejos de rebajarse la tensión de las últimas semanas, se ha acrecentado con una discusión televisada en directo entre el magnate y su homólogo. "Estás jugando a la Tercera Guerra Mundial", ha dicho Trump a Zelensky en medio del cruce de acusaciones, que había comenzado con un tenso debate entre el ucraniano y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, donde calificaba de "falta de respeto" la actitud de Zelensky en el Despacho Oval, reprochándole que debería estar agradecido a EEUU.

"No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición", ha continuado Trump contra Zelensky, que intentaba contrarrestar los argumentos en medio de la humillación a la que le estaba sometiendo el presidente estadounidense tratando de rebajar la tensión y dando gracias de nuevo. Tras el desastre de la reunión, Trump escribió un comunicado en su red social, Truth Social, donde recriminaba a Zelensky haber faltado al respeto a EEUU e invitándole a volver "cuando estuviera listo para la paz".

Fuentes de la Casa Blanca aseguraron este viernes que el acuerdo sobre explotación conjunta de recursos minerales ucranianos no se había rubricado finalmente. Una versión del compromiso había sido publicada por varios medios de comunicación, y se consideraba muy satisfactoria en Kiev. Mustafa Nayyem, periodista y activista anticorrupción que puso en marcha el movimiento del Maidán en 2013, antes de iniciar una carrera política que lo llevó a la cabeza de la Agencia Estatal para la Reconstrucción de Ucrania, lo había calificado de “más equilibrado, más beneficioso para Ucrania, teniendo en cuenta sus intereses estratégicos a largo plazo”.

El ex ministro de Economía y presidente de la Escuela de Economía de Kiev, Tymofiy Mylovanov, lo consideraba un “muy buen acuerdo en comparación con las versiones anteriores”. “¿Es beneficioso para Ucrania el acuerdo?”, se preguntaba el redactor jefe del periódico European Pravda, Sergiy Sydorenko, en una investigación sobre el tema. “La respuesta corta es sí, sin duda alguna”.

Esta salida parecía pues la menos mala, cuando el asunto se ponía muy feo para Ucrania, que lleva 1.101 días resistiendo a la agresión rusa. Durante su campaña y desde su regreso al poder, Donald Trump ha jurado poner fin al conflicto lo antes posible, deteniendo la ayuda a Kiev si fuera necesario. Para evitar ese aciago escenario, el equipo de Zelensky había puesto sobre la mesa, desde este otoño, la cuestión de sus recursos naturales.

El país, que es el más grande de Europa por su extensión, tiene importantes reservas de minerales. Además del carbón, que permitió el desarrollo de las regiones del Este en el siglo pasado, en sus subsuelos se encuentran una gran cantidad de minerales llamados estratégicos: grafito y litio, que se utilizan en la composición de las baterías eléctricas; titanio, utilizado en la construcción, la aeronáutica, la medicina...; así como tierras raras, necesarias para la industria armamentística.

La mayoría de estos yacimientos no están explotados, y las cantidades (el 20% de las reservas mundiales de grafito, por ejemplo) son solo estimaciones. Su explotación requeriría enormes inversiones para la exploración, incluso antes de considerar su extracción. Además, una parte significativa se encuentra en los territorios ocupados por Rusia, en el Sur y el Este de Ucrania, o incluso cerca de la frontera. La explotación es imposible a corto plazo, mientras no callen las armas.

A pesar de todos esos obstáculos, Zelensky puso sobre la mesa estos recursos naturales en su “plan de victoria”, presentado en otoño. En el espíritu de este documento, debían constituir una contrapartida a la futura ayuda, en particular por parte de los Estados Unidos de Trump, cuya inclinación por la diplomacia transaccional era bien conocida. Según European Pravda, la idea fue sugerida a Bankova, el palacio presidencial ucraniano, por un senador republicano pro-Kiev.

El objetivo de la propuesta era saciar la sed extractivista del multimillonario, que llegó a la Casa Blanca retomando un eslogan de principios de siglo de su partido, Drill, baby, drill (Perfora, nena, perfora), al tiempo que convencía a Washington de que permaneciera a su lado. “El hecho de que los principales yacimientos de tierras raras se encuentren en los territorios ocupados hizo que el proyecto fuera aún más atractivo”, escribe Sergiy Sydorenko. “Todo parecía lógico: Estados Unidos ayuda a liberar esas tierras y Ucrania permite a Estados Unidos ganar dinero con el subsuelo liberado”.

Pero Donald Trump revisó los términos de ese acuerdo y, en su opinión, los minerales ucranianos deberán servir para reembolsar, e incluso para compensar generosamente, a Estados Unidos por la asistencia prestada desde 2022.

Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, llevó a Kiev el 12 de febrero una propuesta de acuerdo en ese sentido. Zelensky rechazó la propuesta durante un tenso encuentro, lo que a su vez provocó la ira de Trump, que multiplicó las declaraciones hostiles hacia él.

A pesar de la escalada verbal, las negociaciones continuaron entre bastidores y esta semana habían dado lugar a un texto muy alejado del diktat inicial.

Bajo el título Acuerdo bilateral que establece los términos y condiciones de un fondo de inversión para la reconstrucción. se crea un instrumento financiero que será propiedad y estará gestionado conjuntamente por Ucrania y Estados Unidos. Los dos Estados serán “socios en igualdad de condiciones, en lugar de un simple inversor y un beneficiario de la ayuda”, celebra Mustafa Nayyem. “En lugar de un control unilateral [por parte de Estados Unidos, como exigían las versiones anteriores del acuerdo, ndr], el fondo se transforma en un mecanismo conjunto que tiene en cuenta las prioridades económicas de ambos países”.

El fondo no puede transferirse a un tercero sin el consentimiento de la otra parte, lo que protege a Kiev contra la toma de control por parte de socios rusos. Se nutrirá de los ingresos obtenidos de la explotación de los recursos. Ucrania se compromete a aportar el 50% de sus ingresos. Solo se incluyen los minerales aún sin explotar, una petición de Ucrania para evitar una sangría en su presupuesto actual, que se basa principalmente en la explotación de sus yacimientos mineros, gasísticos y petrolíferos. El fondo solo invertirá en Ucrania, para contribuir a “la seguridad y la prosperidad” del país.

Deberían especificarse muchos puntos mediante acuerdos específicos, pero este acuerdo marco ha descartado las exigencias más inaceptables para Ucrania, que parecían un intento de extorsión. Ya no aparecía la idea de que el fondo serviría para pagar una deuda, que sí figuraba en las versiones anteriores, según European Pravda. Más allá de las cuestiones relacionadas con la soberanía, el periódico subraya que una disposición de este tipo habría creado un precedente peligroso, que podría haber dado ideas a otros países que apoyan a Ucrania.

“Ucrania sigue siendo propietaria de sus recursos naturales. Las inversiones americanas se orientarán hacia el desarrollo, la extracción y la transformación, más que hacia la propiedad de los recursos”, añadía Mustafa Nayyem en su análisis.

La principal laguna son sin embargo las garantías de seguridad. Kiev y sus aliados las reclaman para evitar una repetición de los acuerdos de Minsk firmados en 2014, que debían poner fin al conflicto en el Donbás, pero que no incluían garantías para Ucrania. Rusia pudo por tanto invadir el país el 24 de febrero de 2022 sin temor a una respuesta militar de sus socios.

Además de su solicitud de adhesión a la OTAN, a la que Trump se opone, el Gobierno ucraniano busca otros instrumentos en los que insertar este tipo de cláusulas. El acuerdo sobre minerales podría haber sido uno de ellos, pero las garantías solo aparecen disimuladamente. El párrafo 11 proclama que el acuerdo constituye una “de las medidas concretas para establecer un paz duradera” y que “el gobierno de los Estados Unidos apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener las garantías de seguridad necesarias para el establecimiento de una paz duradera”.

Estas medias tintas están en consonancia con la línea definida por la Casa Blanca. La semana pasada, el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Waltz, propuso una asociación económica con Estados Unidos como la mejor garantía de seguridad. El miércoles 26 de febrero, el presidente de Estados Unidos no quiso comprometerse más. “No voy a ofrecer garantías de seguridad más allá de mucho [sic]”, declaró, mientras que Zelensky prometió, al mismo tiempo, trabajar con su homólogo el viernes 28 para conseguirlas.

Traducción de Miguel López

Pocas veces hasta ahora se había podido trazar el movimiento del dinero en efectivo que reportan los grandes alijos de cocaína que llegan a Europa. El mayor cargamento de la historia de Galicia, los 7.500 kilos intervenidos en Cambre (A Coruña) que entraron por el puerto de Vigo en diciembre de 2023, desembocaron en muy relevantes detenciones un año después en Ecuador y en la apertura de una investigación oficial, también periodística, cuyos detalles ofrecieron este fin de semana infoLibre y Narcodiario. La Red Investigativa Transfronteriza de Ojo Público, medio peruano especializado en seguir el rastro del crimen en América Latina y socio de Narcodiario, está detrás de un trabajo que explica un modus operandi que se extiende por varios continentes: el dinero se mueve entre Sudamérica, España, China y hasta Dubái, con las facilidades que supone tener el centro de operaciones en un país con severos problemas de corrupción como es Ecuador. Y desde allí llega a España la mayor parte de los alijos de cocaína. 

La cocaína incautada en Cambre tenía vínculos con un capo de la droga de Ecuador y distintas autoridades del país sudamericano, todas ellas detenidas y relacionadas con empresarios y accionistas de una firma de extracción de oro llamada Goldenminerals SA. El esquema empleado para lavar colosales sumas de dinero procedentes de la cocaína era el siguiente.

El dueño de la firma minera Miderzul –la que permitía operar en sus instalaciones a Goldenminerals SA– es Juan Pogo Labanda, que recibió el título de la concesión de La Boya –así se llama el punto de extracción del metal precioso– en 2021, según informes del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Como contratante, Miderzul debía encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotación de mineral, pero no lo hizo. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental. 

OjoPúblico y Código Vidrio, socio ecuatoriano en esta investigación, accedieron al contrato entre Cerro Azul-Miderzul y Goldenminerals, firmado en 2018, y que tiene una duración de 10 años. El documento establece que la contratista deberá entregarle el 7% de la producción de oro, “que se liquidará en el proceso de recuperación mineral en la planta de beneficio [donde se procesa el oro] de su elección”. Su obligación era explotar el yacimiento e impedir actividades de minería ilegal.

El mismo contrato señala que el titular de la concesión –Cerro Azul-Miderzul– puede darlo por terminado si el contratista –Goldenminerals– no realiza operaciones de explotación durante más de tres meses. Goldenminerals reportaba muy pocas veces la producción de oro. Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulación y Control Minero presumen que el área de la concesión era usada para actividades extractivas ilegales de las que en la mayoría de los casos no se informaba, con el fin de evadir el pago de impuestos.

Un grupo de informes y auditorías oficiales señalan que Goldenminerals no tiene licencia ambiental desde 2017 y que tampoco presentó planes de desarrollo ni de exploración geológica. A pesar de que no cumplió con estos procedimientos, las autoridades locales nunca fiscalizaron la explotación. Miderzul debió alertar de que Goldenminerals no registró operaciones mineras formales entre enero y diciembre de 2022, pero no lo hizo, señala un informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El año que Goldenminerals sí registró la extracción de 1.004 toneladas de oro fue en 2023, coincidiendo con el de la caída del contenedor con 7.500 kilos de cocaína en Galicia. Sin embargo, no especificó cómo lo hizo, con cuántos trabajadores opera o qué pasó con el material extraído, si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializó como concentrado de oro.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvieron acceso OjoPúblico y Código Vidrio, la minera Cerro Azul-Miderzul exportó entre 2023 y 2024 un total de 827 toneladas de concentrado de oro a China. Por estos envíos la empresa recibió 2,5 millones de dólares, pero en ninguno de sus informes de producción indica la procedencia del oro. Según estos mismos informes, el concentrado del mineral procedía de la concesión de La Boya y fue triturado en plantas de beneficio de la zona de Camilo Ponce. 

En Ecuador están inscritas 1.652 concesiones mineras y están registrados 557 contratos de operación. Además hay 213 plantas de beneficio y 370 licencias de comercialización de minerales. Los grupos dedicados a la minería ilegal vinculados a organizaciones del narcotráfico han utilizado desde hace más de una década estas modalidades contractuales de operación. “Han recibido títulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupción que permean todo el sistema”, sostiene un oficial del Ejército, que investiga esta dinámica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Perú.

Julia Yansura, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), destaca que el caso ecuatoriano no es una excepción. “Existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína”, explica. 

Una de las modalidades más usadas en Ecuador para blanquear el dinero, además de invertir el dinero sucio en la extracción del oro, es la exportación ficticia de minerales auríferos. En los papeles se simula que una empresa va a exportar una cantidad determinada de oro, pero luego, cuando se inspeccionan los contenedores, están vacíos. 

Oficiales de inteligencia y también las autoridades del sector minero reconocen que los narcotraficantes declaran importantes envíos de oro –que en la mayoría de casos no son verificados– con el fin de justificar millonarios pagos que ingresan en el sistema financiero sin ninguna dificultad. “Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones”, indica Yansura.

Por su parte, José Julio Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim) y director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador, señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También está fiscalizando a todas las personas físicas y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio. 

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, recalca que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. “En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores”, apunta.

En este momento hay 78 empresas mineras suspendidas y con acciones administrativas sancionatorias, debido a sus inusuales exportaciones de oro. Los cálculos oficiales señalan que en Ecuador más de 1.300 millones de dólares de las exportaciones de oro provienen de la minería ilegal.

La pericia de un agente de los Greco (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado) de Pontevedra permitió a la Policía Nacional y al Servicio de Vigilancia Aduanera poner fin en diciembre de 2023 a una ruta de la cocaína que, según sospechan los investigadores, llevaba tiempo sirviendo grandes alijos a la mafia albanesa en cargamentos de pescado congelado procedente de Ecuador. Las autoridades intervinieron 7.500 kilos de droga ocultos entre lomos de atún congelado, una técnica que elude los escaneos de rayos X y que sólo puede ser descubierta si se retira el género, como ocurrió en aquel momento.

Meses más tarde, Narcodiario contaba en exclusiva en España la detención en Sudamérica de varias personas presuntamente relacionadas con el envío de un cargamento que sigue siendo el mayor jamás incautado en la historia de Galicia en una sola operación. Entre ellas se encontraba un objetivo de alta prioridad (HVT por sus siglas en inglés), conocido como Carlitos. También fueron capturados el exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil (Ecuador) y un capitán de la Armada ecuatoriana, además de varios individuos más que fueron sometidos a una minuciosa investigación.

Así es como se supo que este grupo de ecuatorianos es la pieza clave para entender la forma en que la explotación de oro se ha convertido en el mejor negocio para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. Los involucrados están relacionados con la compañía Goldenminerals SA, que tiene un contrato de operación con la minera Cerro Azul. Lo destapó una investigación de la Red Investigativa Transfronteriza del medio peruano OjoPúblico, socio de Narcodiario, y el ecuatoriano Código Vidrio. Como telón de fondo, los cambios geopolíticos mundiales que han desequilibrado la balanza: si hace una década el precio del oro era en muchos lugares equivalente al de la cocaína, hoy el metal precioso cuesta, de media, tres veces más que el polvo blanco sudamericano.

Los estrechos nexos entre el narcotráfico y la minería ilegal de oro quedaron expuestos en diciembre de 2024 con las detenciones en Ecuador de las personas que enviaban la cocaína hacia España. Ahora, una serie de documentos oficiales y financieros analizados para esta investigación revelan cómo este grupo de personas fundaron y administraron una firma minera dedicada a la explotación de oro con el fin de lavar su dinero procedente del tráfico de drogas.

Las autoridades sostienen que esta organización criminal, integrada por empresarios, policías en segunda actividad y un militar en servicio activo, utilizó compañías mineras legalmente constituidas, dedicadas a la explotación y comercialización de oro, para lavar el dinero proveniente del negocio de la cocaína. La información oficial y financiera recabada en este reportaje, así como la investigación fiscal, apuntan a Goldenminerals SA.

Agentes de la Policía española y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador señalan que, en este caso, los principales financiadores del tráfico de cocaína hacia Europa son grupos vinculados a la mafia albanesa que cuentan con el apoyo logístico de la organización criminal Los Lobos y otras bandas pequeñas en Sudamérica y, supuestamente, con la colaboración, directa o indirecta, de un ciudadano español, Bautista S., y otras personas vinculadas a él, encargados de dar cobertura a las entradas de droga en Galicia.

Según la investigación fiscal, a la cabeza de la organización estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tráfico de drogas. La persona encargada de las operaciones logísticas era su esposa, María Auxiliadora Montesdeoca García. En 2023, Carlos Zambrano fundó la compañía Inmoalta Inmobiliaria en Guayaquil, además de las empresas Inversiones Monar, en 1998, y Latexcol, en 2004. La Policía también identifica como socios de Zambrano al coronel de la Policía Julio César Miño del Hierro, exjefe de la Policía Judicial de Guayaquil; a Galo Manuel Litardo García, capitán de corbeta en servicio activo de la Marina; así como a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, José Luis Bersoza Cóndolo (alias Pollos) y a Édison Andrés Espín Vallejo.

Las autoridades sostienen que estos últimos eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracción de oro, entre otras actividades. La información judicial señala que entre 2020 y 2024 estas personas tuvieron enormes ingresos económicos que no pudieron justificar, lo que encaja con las sospechas de la Policía española, que sitúa a Mare Azzurro SL, la empresa gallega de Bautista S., como posible tapadera de entradas de cocaína desde años atrás, si bien no pudieron echarle el guante hasta el alijo aprehendido en diciembre de 2023.

Un alto oficial de la Policía ecuatoriana explica que Carlos Zambrano se encargaba de la coordinación y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la Justicia, la Policía y en las Fuerzas Armadas del país andino. Según las mismas investigaciones, fue él quien contactó al coronel Julio César Miño y al capitán de corbeta de la Armada, Galo Litardo. Él era también quien definía dónde se debía invertir el dinero. Uno de estos negocios era la minería de oro.

Una de las claves de este negocio radica en el precio que alcanza este año el kilo del metal precioso, próximo a los 90.000 euros, supera con creces el que se paga hoy por la cocaína.

Las pesquisas señalan que el coronel Miño obtenía información de la Policía para que sus socios evitaran los controles en los puertos, mientras que el oficial de la Armada accedía a datos sobre los patrullajes en los puntos costeros. Cuando estaba en activo, Miño trabajó para unidades de inteligencia antidrogas y contra el crimen organizado en 2006 y 2008. Luego fue comandante en la ciudad portuaria de Manta, un territorio de elevada actividad asociada al narcotráfico. Fue en este último lugar, donde, según un oficial, empezó a ser contactado por grupos criminales.

Desde diciembre del 2024, Ojo Público y Código Vidrio han accedido a información fiscal y financiera que les ha permitido identificar la conexión entre los investigados y su red de empresas, sus accionistas y la explotación minera de oro.

Cuatro de los detenidos son accionistas o administradores de Goldenminerals SA, una compañía minera constituida en 2018 en la ciudad de Machala, donde se encuentra el segundo puerto más importante de Ecuador. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, José Luis Bersoza y Édison Espín. Según publica en su web la Superintendencia de Bancos ecuatoriana, la empresa está activa y hasta 2022 era administrada por Melida Biteri y Alisson Bastidas. Ese año fue adquirida por Cruz Morales, quien también es dueño de Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.

En esas y otras empresas también aparecen como socios y administradores Espín, Alvear y Bersoza, quien además es dueño de Avícola Rioblanco, dedicada a la crianza y reproducción de ganado. Esta avícola reporta activos por 327.000 dólares (312.486 euros) y, según la investigación fiscal, también era usada para lavar dinero.

Pero gran parte de las sospechas se enfocan en el papel de Goldenminerals SA. En su último informe económico, el de 2023, la empresa reportó activos por 209.000 dólares (277.127 euros). La empresa no tiene ninguna concesión minera, pero sí posee un contrato de operación con Cerro Azul, también llamada Miderzul, que tiene la concesión La Boya, ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. Es decir, Goldenminerals SA extraía oro de la concesión de Cerro Azul, y a cambio, como parte del contrato, pagaba un porcentaje del material extraído. Esta modalidad de explotación del mineral “es ideal para el lavado de dinero”, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la minería, porque “no son acciones reguladas o debidamente controladas”, asegura.

Desde hace tres años el cantón Ponce Enríquez es el centro de la minería ilegal en Ecuador. Allí operan Los Lobos y otros grupos delictivos, como el venezolano Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales más grandes que controlan toda la cadena de producción del oro, desde la explotación del mineral hasta su procesamiento y fundición en las plantas de beneficio ubicadas principalmente en Ponce Enríquez y Portovelo. Y de ahí, una vez convertidas en lingotes, son exportados vía aérea o marítima.

Los informes de la Inteligencia ecuatoriana señalan que el ensamblaje de Goldenminerals SA puede haber sido montado por decenas de operadores desde 2019, con la complicidad de las autoridades de las agencias de control y del Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.

Un alto funcionario del Gobierno de ese país que investiga el caso señala que esta estructura tenía el apoyo de funcionarios locales que elaboraron normas y reglamentos para facilitar este tipo de inversiones con dinero del narcotráfico y luego facilitar la comercialización del oro como si procediera de la pequeña minería. En la cúspide de la pirámide están los grandes cárteles y, en el escalón más bajo, algunos clanes familiares locales.

Un ejemplo de minería sostenible o una amenaza existencial para la ciudad de Cáceres. Así de polarizadas están las posiciones entre Extremadura New Energies, la filial de la multinacional australiana que quiere cavar una mina de litio en Cáceres y la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. En medio, la Junta, gobernada por el Partido Popular, que tiene que decidir si concede la licencia de explotación necesaria para que empiecen las obras y por ahora ha declarado la mina Proyecto Empresarial de Interés Autonómico.

“Si estuviese a 30 kilómetros no estaríamos aquí”, afirma contundente Isabel Perianes, portavoz de la plataforma que lidera la oposición a la mina, mientras recorre la sierra donde se ubicaría, a solo dos kilómetros de Cáceres. La cercanía al casco urbano de la ciudad, patrimonio de la Humanidad por su conjunto monumental, concentra las críticas de quienes se oponen a la mina, que también alertan sobre la contaminación atmosférica, el gasto de agua y el impacto que la instalación tendría en la Sierra de Valdeflores, una zona de bosque mediterráneo habitada por aves protegidas. “Tendrán que cambiar los filtros para bacterias del hospital, porque cambiará el PH del aire”, señala Perianes como ejemplo. El hospital, la universidad y la prisión están a solo unos cientos de metros del terreno donde se situarían la planta transformadora de mineral y las bocas de los túneles.

Juan Gil es hidrogeólogo y uno de los principales expertos en el Calerizo, un acuífero sobre el que se situarían buena parte de las infraestructuras de la mina. “Han elegido hacer la megaescombrera, la fábrica de procesado de litio y varias balsas de lodos tóxicos sobre las rocas calizas más vulnerables, que se disuelven con el agua de lluvia. Hay un riesgo alto de contaminación”, señala el experto. Si bien el agua del acuífero no se utiliza para el consumo humano, “es una reserva estratégica en caso de que hubiese una sequía prolongada”, advierte. En la misma línea se pronuncia Marco Hoya, vecino de la ciudad: “Cáceres es una ciudad con pocos recursos hídricos y no me parece sensato utilizarlos en una actividad minera”.

El CEO de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, salió al paso de las críticas, destacando los esfuerzos de la empresa para limitar el impacto ambiental. “Toda la maquinaria y la planta van a ser alimentadas por renovables, el agua será procedente de la depuradora de aguas residuales de Cáceres y no vamos a afectar al acuífero”, argumenta, citando la declaración de impacto ambiental entregada a la Junta. Rechaza también la acusación de que construirán un macrovertedero de escombros que se verá desde la ciudad o que habrá balsas con residuos tóxicos: “Las posibilidades de que pase algo como Aznalcóllar son nulas”, afirma.

Fuentes de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del gobierno regional evitan pronunciarse por ahora sobre los argumentos de la empresa, a la espera de “una evaluación rigurosa del proyecto”, aunque esperan que “genere empleo y riqueza en la región”. Jiménez promete 1500 empleos directos durante los dos años de construcción (su intención es comenzar en 2025) y 700 durante los 26 años que la mina estaría operativa. Perianes, de la plataforma Salvemos la Montaña, desconfía de estas cifras y alerta de “la pérdida de 150 puestos de trabajo en la zona”, entre empleos agrícolas y turismo. La asociación Hispania Nostra de defensa del patrimonio ha iniciado una recogida de firmas contra el proyecto, por el riesgo de “la emisión de partículas tóxicas derivadas del proceso de tostación con azufre para la obtención del litio, caso del dióxido de azufre que podría provocar lluvia ácida” sobre el conjunto monumental, el principal atractivo turístico de la capital cacereña.

En 2022, la multinacional australiana renunció a su idea inicial de excavar una mina a cielo abierto. Desde entonces, el nuevo proyecto ha vivido una tramitación accidentada. En 2023, el Ayuntamiento presentó a la Junta un informe donde afirmaba la compatibilidad del proyecto con el plan urbanístico de Cáceres, pero se descubrió que el informe original de los técnicos municipales afirmaba lo contrario, que la mina estaba demasiado cerca del casco urbano para ser admisible. Aun así, la Junta dio por bueno el informe remitido por el consistorio y aceleró los trámites mediante la declaración de Proyecto de Interés Autonómico.

La portavoz de Salvemos la Montaña denuncia además la falta de transparencia de la empresa, que les envió un informe “con páginas en negro; han velado [tachado] el 95% de los datos”. La compañía y la Junta lo justifican por el derecho a proteger información empresarial sensible, que podría dar pistas a competidores que pusieran en peligro el proyecto, entre los que el CEO de Extremadura New Energy señala directamente a China.

Jiménez justifica el proyecto por la necesidad de reducir la dependencia de Europa respecto al país asiático en producción y procesado de litio: “en Europa se extrae el 0,5% del litio que consumimos; el 80% de la transformación mundial se hace en China”. El gobierno central, que anunció en 2021 que destinaría fondos públicos a la primera planta de baterías en España, también ha subvencionado con más de 18 millones de euros el proyecto minero de Valdeflores. Es un ejemplo del apoyo estatal a un sector considerado estratégico por la necesidad de materias primas críticas para la transición energética. Sin embargo, el boom de la minería también está atrayendo inversores cuestionables, como desveló una investigación publicada por Infolibre.

A miles de kilómetros de la bolsa australiana donde cotiza la multinacional minera y bajo el vuelo de las aves rapaces que pueblan la Sierra de Valdeflores, Perianes subraya que la plataforma Salvemos la Montaña no se opone a la extracción de litio, pero insiste en que la cercanía a la ciudad hace inviable el proyecto. “Está en la ciudad, delante del hospital, del centro de ancianos, es una zona de uso”, concluye.

El macroproyecto para recuperar el Mar Menor, la mayor laguna salada de Europa, está todavía en su fase inicial, pero los expertos que trabajan sobre el terreno ya observan los primeros resultados. La entrada masiva de fertilizantes agrícolas y residuos ganaderos se redujo en la campaña 2022-2023 en 440 toneladas, una caída del 14% frente a la temporada anterior. El principal responsable es el cierre de 9.000 hectáreas de regadíos ilegales que operaban alrededor del Mar Menor, aunque también ha influido la sequía que sufre la región y que una parte de los agricultores ha reducido el uso de fertilizantes, según explican altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica.

"No podemos decir en qué zonas se ha reducido más porque la contaminación en el Mar Menor es difusa, pero sí ha habido una reducción media de los nitratos", señaló este viernes una de las responsables del Marco de Actuaciones para el Mar Menor, el plan del Gobierno central activó en 2021 después de que la laguna registrase tres episodios de moralidad masiva de peces en 2016, 2019 y 2021. En concreto, en la última campaña 2022-23 se calcula que entraron en el humedal 2.732 toneladas de residuos orgánicos, frente a las 3.175 de la temporada anterior.

La caída no se puede atribuir solo a la reducción de las precipitaciones porque, de hecho, el año pasado llovió incluso un 5% menos que el anterior, pero sí se explica por la desaparición de una quinta parte del regadío tras expulsar a los ilegales en 2022. En el Campo de Cartagena quedan ahora unas 42.000 hectáreas de regadío legales. Otra de las actuaciones prioritarias que ha influido ha sido la intervención de plantaciones muy intensivas que llegaban a tener tres o cuatro rotaciones de cultivo al año, para reducirlas a una. En todo caso, el personal del ministerio recuerda que una temporada fuerte de lluvias podría arruinar el trabajo conseguido. "Es verdad que hay mucha carga de fertilizantes acumulada en el suelo y cuando avisan de una dana, nos echamos a temblar", añadió la alto cargo durante una rueda de prensa celebrada este viernes.

Estas son las medidas urgentes que se han ejecutado ya, pero las principales obras del plan todavía no se han iniciado, y se esperan para 2025. La gran apuesta es el cinturón verde en la zona centro y sur del humedal, una red de humedales y zonas verdes que deberían absorber los nutrientes que arrastran las ramblas hasta el mar, y que en teoría retendrá 918 toneladas de nitratos cada año. También se sellarán las cortas mineras de la zona de Cartagena para evitar el vertido anual de 2.173 toneladas de metales pesados a la laguna.

El retraso que llevan estas intervenciones, que se presentaron hace tres años, se debe a que las competencias sobre "la mayoría de las grandes actuaciones" no son de Transición Ecológica, sino de la comunidad autónoma y los ayuntamientos, y el Gobierno han tenido que declararlas bien de interés general para sacarlas adelante, y eso ha entorpecido el proceso.

Los portavoces del ministerio han reiterado que la gran amenaza del Mar Menor son los vertidos de la agricultura y la ganadería, que en 2016 provocaron la famosa sopa verde que acabó con el 80% de la vida. Los nutrientes que alimentan los cultivos se filtran al subsuelo y acaban en la laguna, o son arrastrados por las lluvias hasta ella, y provocan la aparición masiva de algas y plancton que se comen el oxígeno, matando a decenas de miles de peces y otros seres vivos. "La zona ha superado los límites de tolerancia humana y no hay espacio para más agricultura ni más urbanismo", señalan los artífices del plan de actuación, que también apuntan como culpable a la expansión masiva de apartamentos turísticos y hoteles.

Para reducir el daño del sector primario se ha elaborado un plan para recortar el uso de fertilizantes y fomentar la agricultura ecológica, pero el Gobierno reconoce que, más allá de las 9.000 hectáreas de regadío cerradas, no puede forzar la desaparición de más tierras regables, como sí ha hecho en el entorno de Doñana. Por el lado de la ganadería, el año que viene Transición Ecológica también presentará una partida de 25 millones de euros en subvenciones para que el sector ganadero de Murcia reduzca los vertidos de purines, otro de los grandes problemas de la zona. Alrededor del Mar Menor hay unas 500 granjas con 800.000 cabezas de cerdo.

Otra pata indispensable para culminar la recuperación del Mar Menor es la reducción de la presión humana sobre la zona, donde se concentra el 80% del turismo regional. Campos de golf, macrogranjas, regadío, turismo, diez puertos deportivos… los altos cargos de Transición Ecológica describen la zona costera como un caos, pero en este caso las competencias recaen sobre el gobierno regional del Partido Popular, liderado por Fernando López Miras.

Para reorganizar todas estas parcelas, reducir el número de hectáreas agrícolas y poner freno a los hoteles, el PP tenía el mandato de aprobar, antes de agosto de 2022, el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, según recoge la Ley del Mar Menor, aprobada por el propio Parlamento murciano en 2020, pero todavía sigue en proceso de elaboración. El primer objetivo de ese plan es la "adaptación de los usos agrícolas a usos de carácter sostenible, forestal y turístico, y control de la densidad ganadera".

El ministerio liderado por Teresa Ribera reconoció este viernes que su relación con López Miras no es la mejor. Han pasado diez meses desde la fotografía de Ribera junto al barón del PP en San Pedro del Pinatar, cuando pactaron crear una comisión para trabajar conjuntamente en recuperar el humedal, pero no se ha avanzado demasiado. "Ha sido un proceso complejo y no coincidimos en todas las visiones, pero tras una época complicada hemos abierto un periodo de colaboración", señalaron este viernes fuentes de Transición Ecológica, que afirmaron que han empezado a compartir información científica con la Consejería de Medioambiente murciana, aunque cada uno va por su lado a la hora de trabajar.

Las materias primas vuelven a estar de moda. Los coches eléctricos, los molinos de viento, la inteligencia artificial… todos necesitan en mayor o menor cantidad materias primas estratégicas que son extremadamente limitadas en el mundo, y su acopio es uno de los motivos de los choques y las alianzas geopolíticas. Adrián Godás (O Carballiño, 25 años) es una de las promesas del sector en España, y acaba de publicar Bajo Tierra (Arpa), su primer libro, en el que repasa el pasado y el futuro de la minería global. El experto garantiza que la península ibérica será uno de los puntos calientes en los próximos años gracias a las grandes reservas subterráneas de Andalucía y Extremadura. "Los tres polos mineros europeos son la península ibérica, los Balcanes y Escandinavia. No sé si España podría ser el número uno, pero junto a Portugal está en el top tres, sin duda", afirma en una conversación con infoLibre.

El potencial subterráneo de la península está en el sur, desde Portugal hasta Córdoba, pasando por Huelva y Sevilla, aunque también en puntos de Extremadura y Castilla y León. Allí, relata el autor, se encuentra la llamada Faja Pirítica "una anomalía geológica con una enorme concentración de metales sulfurosos densos; probablemente la mayor concentración del mundo", afirma Godás. "Allí hay oro, cobre, plata, zinc, plomo, uranio… También hay metales críticos. Hay un poco de litio, aunque no de muy buena calidad, y hay uno de los mayores yacimientos de antimonio de Europa, que por cierto es un metal que China ya ha vetado su exportación", concreta el experto. "También hay reservas muy importantes en Galicia y Asturias… pero allí la oposición local es más fuerte".

Godás, licenciado en Economía, lleva desde los 18 años en el mundo de la minería. Cuenta que entró de casualidad, como podría haber acabado en cualquier otra rama, porque no tiene lazos familiares con la profesión. "Coincidió que varias empresas españolas empezaron a invertir en el sector y empecé a ir a conferencias, leer libros, conocer directivos. Y me encantó". En los años siguientes se fue especializando y viajó a decenas de minas europeas, canadienses y australianas.

Esa experiencia en un sector muy pequeño, donde todos se conocen, le ha llevado a hablar con directivos de todo el mundo, y por eso está tan convencido del potencial español. "No haría falta inventar nada, llevamos extrayendo plata en España desde la época de los romanos. Sé de buena tinta que hay mucho interés en el antimonio de Extremadura, en la potasa de Navarra… pero cuando viene el extranjero se enfrenta a políticos, a la oposición local… y flipan. Hasta que no hay un permiso sobre la mesa, no quieren saber nada".

En el norte de Portugal, sin ir más lejos, están preparando la apertura de la primera mina de litio en Europa, un metal indispensable para fabricar prácticamente cualquier batería. En España, la reapertura de Aznalcóllar también debería ser inminente —ahora está temporalmente paralizada por un recurso de Ecologistas en Acción—, y surtiría al continente con cobre, zinc y plomo, también indispensables para la carrera industrial. Todo ello, con el apoyo de la Unión Europea, que el año pasado aprobó la Ley de Materias Críticas Fundamentales, que fija la meta de extraer dentro del continente el 10% de los metales críticos que consume.

Estos proyectos no contarán, sin embargo, con la alfombra roja de los vecinos y activistas. La minería es uno de los sectores que más oposición política y ecologista levantan en este momento y prácticamente ninguna excavación se libra de manifestaciones, titulares en la prensa y exámenes técnicos propios y ajenos. "Es verdad que hay muchísimo conflicto, en España se nota muchísimo. Cada vez que quieres hacer un proyecto tienes una oposición local y de ecologistas muy, muy fuerte", opina Godás. "Es un debate que cada vez va a ser más frecuente. Yo estoy encantado de que se abran nuevas minas, porque desarrollan la economía rural, aunque siempre exigiendo que se cumpla la normativa", añade.

El autor recuerda que unos promotores intentaron reabrir hace pocos años de una mina de tungsteno en Santa Comba (Galicia) y llegaron a recibir cartas amenazantes de políticos nacionales. "Los australianos quedaron poco menos que traumatizados porque era una mina pequeñita que ya había sido explotada en el pasado", afirma el entrevistado. El libro aborda también muchos otros enfrentamientos entre mineras y ecologistas, y critica que en algunas ocasiones se vetan proyectos de manera injustificada, aunque Godás también entiende el papel que juegan los críticos. "Creo que es bueno que haya ecologistas porque ejercen de contrapeso para que las cosas se hagan bien", afirma.

Uno de los capítulos del libro aborda la mala reputación que arrastra la minería, "y no es difícil entender por qué", se lee. Históricamente, fue una profesión de esclavos y exconvictos, pero todavía hoy se leen historias terroríficas sobre niños excavando a mano, ríos contaminados hasta convertir en tóxica el agua y soldados de gatillo fácil que vigilan las excavaciones. Pero Godás trata de hacer una separación entre las "minas buenas y malas" para aclarar que hay de todo. Él separa la minería artesanal de la industrial. La primera es aquella de "pequeñas cooperativas o pequeños empresarios que muchas veces no es ni legal ni está regulado", pero que todavía hoy emplea al menos a 20 millones de personas en el mundo, según el Banco Mundial. La segunda es la minería moderna, que minimiza el impacto ambiental y donde los trabajadores ganan sueldos astronómicos, como en Canadá, aunque también puede encontrarse en el Sur de América y en lugares puntuales de África.

La minería artesanal salió a la luz en todo el mundo con la película Diamantes de sangre (2006), protagonizada por Leonardo DiCaprio, que muestra las excavaciones de diamantes en Sierra Leona, pero que hoy podría rodarse en el Congo. Afortunadamente, recoge Godás en su libro, estos ejemplos dramáticos han terminado cambiando la legislación internacional sobre la minería. Por ejemplo, Estados Unidos aprobó en 2010 la regulación Dodd-Frank, que obligó a rastrear el origen de las piedras preciosas y que ha llevado a que menos del 1% de los diamantes vendidos ahora sean "de sangre". Otro caso es la reciente campaña global para controlar las represas de escombros mineros que derivó del accidente de 2019 en Minas Gerais (Brasil), en el que murieron 270 personas.

Godás justifica que traer minas a Europa, pese a que levanta fuertes asperezas, ayuda a acabar con estas prácticas. "Si no lo minas tú, se va a minar en otro país. Un ejemplo es del níquel y el estaño indonesio, donde empresas como Tesla y otras automovilísticas tienen acuerdos comerciales para comprar, y han creado lo que grupos verdes llaman el nuevo aceite de palma porque arrasan con la selva tropical".

Quien piense en Asturias tal vez imagine ese paraíso natural del que tanto se habla: montañas y playas llenas de naturaleza, buena comida... Probablemente también pensará en la lluvia, y con razón. Pero, ¿cuántos verán en ese paisaje las grandes torres de hierro de la minería abandonadas? ¿A cuántas se les vendrán a la cabeza las tasas de suicidio que casi doblan la media nacional? Probablemente, no a tantos. Sin embargo, esta realidad convive con la primera. Es el día a día de sus cuencas mineras: Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.

Las cuencas mineras eran antes uno de los pilares fundamentales de la economía de Asturias. La extracción del carbón, que moldeó en gran medida la identidad y el tejido social de estas comarcas, ahora ha desaparecido casi por completo y ha arrastrando consigo a unos concejos que experimentan desde hace décadas una decadencia que no parece detenerse.

En 2016 cierra uno de los pozos más conocidos y representativos de todo el territorio: El Pozo María Luisa. Situado en Ciaño, Langreo. Llevaba explotándose desde el siglo XIX, primero como pozo de montaña y más tarde como pozo vertical de extracción. Durante su tiempo en funcionamiento empleó a cientos de mineros y se convirtió en un símbolo de la lucha obrera, protagonizando la canción Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros asturianos. El del Pozo María Luisa cerro en 2016 tras 158 años de actividad.

El historiador y profesor de la Universidad de Oviedo Rubén Vega explica que "el declive de la minería del carbón empieza con el Plan de Estabilización de 1959", marcando el inicio de "más de medio siglo de decadencia progresiva". Con la nacionalización de las minas y la creación de Hunosa en 1967, se intentó mantener vivo el sector, pero con solo un pozo aún operativo está claro que estas medidas no fueron suficientes.

El Pozo Fondón, también en Langreo, es ahora la sede del Archivo Histórico de Hunosa. Su historia se remonta a 1868, cuando comenzó su explotación. Fue el primer pozo vertical excavado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF) y el segundo de su tipo en Asturias. El pozo continuó su actividad extractiva hasta agosto de 1995, llegando a tener en su mejor momento una plantilla que rondaba los 700 trabajadores.

La tasa de desempleo en las cuencas mineras es preocupante, superando con creces la tasa nacional, ya que en el primer trimestre de 2024 rondaba el 12,29%, y la propia tasa autonómica, que se situaba en 11,40%, según el INE. San Martín del Rey Aurelio encabeza la lista con un 18,42% de paro, seguido de cerca por Langreo con un 18,36% y Mieres con un 17,36%.

"El cierre de las minas afectó a la dependencia de tener un monocultivo que era la minería, y esa reconversión, aunque vino mucho dinero, no se invirtió bien para poder darle un futuro diferente", lamenta Manuel Reinoso, un antiguo minero de Hunosa. Él trabajó en la empresa 23 años, en los que fue pasando por diferentes pozos, pero todos fueron cerrando. En 2012 se prejubiló "con una de las últimas buenas pensiones", dice. "Las prejubilaciones sirvieron de colchón, pero podrían haberse tomado medidas más contundentes para resolver el cierre de un sector en el que trabajaba la mayor parte de la población", argumenta.

El sistema de prejubilaciones para los mineros fue diseñado para amortiguar el impacto del cierre de las minas. En Asturias, la prejubilación se convirtió en una salida común para muchos mineros que enfrentaban el desempleo. Las prejubilaciones permitieron que los trabajadores mayores de 40 años, y con al menos 20 años de cotización, pudieran retirarse anticipadamente con el 80% de su salario.

A pesar de ser una medida que garantizó cierta estabilidad económica a corto plazo, las prejubilaciones no fueron acompañadas de políticas efectivas de reconversión industrial o de creación de empleo alternativo. "Valieron en su día. En su momento, estoy seguro de que fue una de las soluciones buenas, pero no fue la solución a un cambio de protagonismo de una industria como fue la minera", comenta Reinoso. La falta de inversión en nuevos sectores económicos y la ausencia de una planificación a largo plazo para la regeneración de estas áreas ha resultado en una dependencia continua de subsidios y ayudas, sin ofrecer una solución sostenible. "Al final, la solución pasó por perder los puestos de trabajo y no recuperarlos nunca más", añade. Además, la prejubilación a menudo dejaba a los mineros en una situación de incertidumbre respecto a su futuro, sin un empleo significativo y con una identidad laboral que se había perdido. Aunque las prejubilaciones fueron "un buen instrumento", también subraya que "deberían haber venido acompañadas de otro tipo de medidas. Había que buscar otra cosa que hubiera dado un poco de sentido".

Reinoso señala que la situación actual está agravada no solo por la falta de trabajo en las cuencas, sino también por la necesidad de disponer de medios para trasladarse a Oviedo, Gijón y otras zonas donde sí hay oportunidades laborales. "No somos ya ni una ciudad dormitorio de las grandes ciudades de Asturias", subraya.

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, comienza a perforar a principios del siglo XX, pero la existencia de carbón se conoce desde el siglo XVII, cuando aún era una mina de montaña. Fue declarado bien de interés cultural en 2014, pero ahora es un museo.

"La vida de los jóvenes en las cuencas hoy se asemeja muy poco a la de sus abuelos", asegura Vega. La minería no solo era la principal fuente de ingresos y empleo, sino también un pilar fundamental del movimiento obrero tan arraigado en Asturias. "La capacidad de movilización y acción colectiva", un rasgo distintivo de estas cuencas, "se ha perdido". "La lucha, la memoria de las luchas, está escrita en el ADN de las cuencas" y añade que "esto ahora no es reproducible, se perdieron las bases para ello".

Este cambio cultural ha generado una sensación de "derrota y nostalgia". Vega recuerda que, en el pasado, los mineros tenían un fuerte sentido de comunidad y solidaridad, pero hoy en día muchos jóvenes se sienten desamparados y desconectados de esa herencia. "El presente se vive con pesimismo y una profunda sensación de desamparo", añade. Teniendo esto en cuenta, "lo normal es que los jóvenes se vayan de aquí", añade Reinoso.

La gente, por supuesto, recuerda también las cosas negativas y la dureza del trabajo. “Lo que echan de menos es la solidaridad, la unión, la colectividad”, dice Vega. “Peleábamos más e incluso, si perdíamos, peleábamos", remata.

El Pozo San Enrique o Candín, ubicado en el valle del río Candín, en la parroquia langreana de Vega, empezó a funcionar en 1918 como parte de la Fábrica de Mieres. Este pozo, de importancia histórica, fue perforado y conectado con otros pozos tras su incorporación a Hunosa. Finalmente, cesó su actividad en diciembre de 2012.

Un síntoma preocupante es el aumento de la tasa de suicidios. Langreo tiene una de las tasas de suicidio más elevadas del país, con 14,7 suicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos recogidos por el Ayuntamiento y publicados en La Nueva España. Según el INE en 2022 la tasa en España se situaba en los 8,8 por cada 100,000, en Asturias sube hasta los 12,5.

La concejala de Cuidados, Derechos Sociales y Equidad de Langreo, Maribel Panadero, entiende la gravedad de estos números, pero explica que "el suicidio no es unicausal, son muchas las variables que pueden estar influyendo". Según asegura, la pandemia, por ejemplo, ha empeorado la situación.

El Pozo San Luis, situado en La Nueva, un área de la parroquia de Ciaño, comenzó sus operaciones en 1928, aunque la construcción del pozo no terminaría hasta 1930. En 1969, Hunosa, propietaria del pozo, detuvo la extracción. Desde entonces, el lugar ha sido utilizado para funciones auxiliares y ahora puede visitarse como un museo.

Existe además una preocupación generalizada por la criminalidad, comprensible teniendo en cuenta que en los últimos meses han tenido lugar el homicidio y descuartizamiento de un hombre en La Felguera y un tiroteo en Langreo Centro. En 2023 se reportaron más de 1.200 delitos, un 5,8% más que el año anterior. En Mieres el aumento llegó al 7,7%, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.Delegación de gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional aseguran que esta percepción de “inseguridad que tiene la población no se corresponde con los datos objetivos que se están recogiendo”.

De los más de 50 pozos mineros de carbón que había en Asturias, queda en funcionamiento solamente uno: el Pozo San Nicolas, en el Concejo de Mieres, que también cerrará a finales de este año.

La situación en estos concejos mineros es complicada, pero desde el Ayuntamiento de Langreo ven posible un futuro "esperanzador". "Tenemos un entorno muy privilegiado, y muchas de las políticas que se están desarrollando están orientadas a recuperar espacios que se habían degradado en los años del desarrollo industrial y minero", explica Cases.

Un componente clave de estos esfuerzos es la cesión de terrenos por parte de Hunosa. En Langreo, por ejemplo, la empresa ha cedido 647.000 metros cuadrados de terreno para su transformación en áreas de pastoreo. En Mieres y San Martín del Rey Aurelio, Hunosa también ha facilitado la transferencia de terrenos que anteriormente eran explotaciones mineras para promover su regeneración y reutilización en proyectos de desarrollo local y medioambiental.

Otro proyecto en Langreo es el "Langreo Río", una iniciativa que busca transformar el entorno del río Nalón. El proyecto incluye la creación de áreas verdes, zonas de ocio y deportivas, y la mejora de la accesibilidad al río, con el objetivo de convertir esta área en un eje vertebrador de la vida urbana y un atractivo tanto para los residentes como para los visitantes.

En el ámbito cultural también se están llevando a cabo varios proyectos y actividades. Uno de ellos, el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, que incluye un tren minero que permite a los visitantes experimentar un recorrido subterráneo en una mina real. Es "un referente con el que exportamos al exterior, pero también a los nuestros, la cultura minera y la gastronomía", asegura la concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio y Memoria Democrática, Angelita Cueva. Además, el Museo de la Siderurgia de Asturias, ubicado en la antigua torre de refrigeración de la Fábrica de La Felguera, busca preservar y mostrar la rica historia industrial de la comarca, proporcionando una atracción cultural significativa.

San Martín del Rey Aurelio ha puesto en marcha el Museo de la Memoria, situado en la Casa de los Fernández Miranda en Blimea, que se centra en la preservación de la historia local mediante fotografías, periódicos y entrevistas. Este esfuerzo busca mantener viva la memoria colectiva y atraer tanto a investigadores como a turistas interesados en la historia y cultura de la región. En Laviana, uno de los eventos más importantes es el Descenso Folclórico del Nalón, que ha sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Hay que tener en cuenta que no se volverán a alcanzar los índices de empleabilidad que había con la minería y la siderurgia, pero hoy en día se puede vivir perfectamente", concluye Cases.

De una dependencia a otra sólo hay un paso. La sustitución de los motores de gasolina y diésel por modelos eléctricos corre el riesgo de sustituir nuestra adicción al petróleo por la del litio, metal esencial para la fabricación de baterías eléctricas. Todo esto tiene en común nuestra total dependencia de los países exportadores, que pueden influir en los precios mundiales para hacerlos subir. 

En su búsqueda de la «soberanía energética», la Unión Europea cree haber encontrado la respuesta reactivando la actividad minera en su territorio. La Ley de Materias Primas Críticas (CRMA), una pieza clave de la legislación aprobada por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2023, prevé la explotación de los recursos del subsuelo continental como respuesta parcial al reto de la transición ecológica. Bruselas pretende aprovechar las reservas de metales preciosos sobre las que se asientan los Veintisiete para alcanzar el objetivo de eliminar progresivamente la venta de vehículos de combustión interna de aquí a 2035.  

En este contexto, el litio es objeto de la mayor atención. Presente de forma natural en la tierra, este nuevo oro blanco ha tenido diversos usos en vidrio y cerámica antes de emplearse hoy principalmente para fabricar baterías eléctricas. Actualmente, el 80% del litio se utiliza para almacenar la energía necesaria que alimenta nuestros teléfonos, ordenadores y coches eléctricos. 

Aunque el litio, el metal más ligero del mundo, es ahora la solución preferida para descarbonizar sectores enteros de la economía, su explotación está causando daños medioambientales y sociales. Con cada nueva mina, se acaparan los recursos hídricos del ecosistema local y se artificializan espacios naturales, por no hablar de los residuos mineros potencialmente tóxicos.  

Su extracción se ha acelerado espectacularmente en todo el mundo. Entre 2016 y 2022, la producción de litio se disparó un 37% anual (sin contar los años Covid), alcanzando las 130.000 toneladas en 2022, según el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos.  

La contribución de la Unión Europea a la producción mundial de litio se limita a la de Portugal, el único Estado miembro que lo extrae, que produjo 600 toneladas en 2022. Una gota en el océano si se tienen en cuenta las necesidades de Europa, estimadas en 23.000 toneladas en 2020 y entre 100.000 y 300.000 toneladas para 2030, según un informe de la Universidad Católica de Lovaina, financiado por la Asociación Europea de Productores de Metales. El Viejo Continente depende por tanto del extranjero, en particular de Chile, para abastecerse.  

La CRMA pretende recuperar parte de este terreno perdido: el texto prevé relocalizar el 10% de la extracción necesaria para el mercado europeo de aquí a 2030. Esta reactivación minera en Europa es una necesidad, según los partidarios de esta transición extractivista, que también se justifica por el deseo de recuperar el control de los impactos medioambientales y humanos de nuestra actividad industrial.  

Aunque de momento Europa esté muy lejos de la meta, puede consolarse sabiendo que su subsuelo es rico en litio. Los geólogos han identificado numerosas zonas donde la presencia de litio se considera «alta» o «muy alta». La principal se extiende desde el macizo de Bohemia, en Europa central, hasta el cinturón ibérico, en el noroeste de España y el norte de Portugal. Francia es una de las mejor dotadas: los Vosgos, el Macizo de Armórica, el Macizo Central, así como los Alpes y los Pirineos, son ricos en litio. Hay otras zonas más aisladas, como Córcega y Calabria, donde existen «contextos geológicos similares», según Guillaume Bertrand, ingeniero de la Oficina de Investigación Geológica y Minera (BRGM) francesa.

«Eso no significa que haya yacimientos de litio en esos lugares», advierte, «pero el entorno geológico es favorable.» En otras palabras, son las zonas en las que las empresas de prospección irán probablemente a hacer prospecciones para comprobar la presencia de litio. 

En cuanto al volumen disponible en el subsuelo, varios especialistas corroboran un potencial de 3,7 millones de toneladas. «Puede que solo seamos capaces de extraer un 1%, un 10%, un 50%... no sabemos nada en absoluto», dice Stéphane Bourg, director del Observatorio Francés de Recursos Minerales para los Sectores Industriales (Ofremi), creado por el Gobierno en 2022 para ayudar a las industrias francesas a «asegurar su abastecimiento de recursos minerales». Porque aunque la extracción de un yacimiento sea técnicamente posible, no es necesariamente rentable. Las empresas mineras se inclinan por las zonas donde hay una alta concentración de litio en la roca, con el fin de minimizar los costes de producción.  

Independientemente de la cantidad de reservas que puedan extraerse en Europa, la UE avanza hacia este nuevo régimen minero. El reglamento aprobado en diciembre fija como objetivo para 2030 no depender de fuentes externas en más del 65% de todos los metales críticos.  

Es un objetivo muy ambicioso cuando se sabe que, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), se tarda una media de dieciséis años en abrir una mina, de los cuales doce son sólo para los trámites de autorización y financiación, y entre cuatro y cinco para construir el yacimiento. Se supone que la CRMA acortará estos plazos reduciendo a cinco años el tiempo necesario para obtener los permisos, una aceleración de procedimientos que podría tener graves consecuencias en la calidad de los estudios de impacto.  

«Se verán amplificados los defectos del actual marco medioambiental», afirma Sophie Rauszer, asesora política del Grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo. Los proyectos reconocidos como estratégicos por la Comisión podrán calificarse de interés público «superior», un requisito previo para anular tres directivas europeas clave sobre protección del medio ambiente: las relativas al agua, las aves y los hábitats.

Las directivas sobre hábitats y aves tienen por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de especies y hábitats especialmente amenazados en las zonas Natura 2000, mientras que la directiva de aguas sienta las bases para un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos y garantiza la salubridad de las aguas potables y de baño. Los Estados miembros tendrán que justificar el interés superior de sus proyectos mineros. Pero «la cláusula que exige que se justifique el interés está contenida en una sola frase», lo que deja el campo muy abierto a los Estados miembros, dice preocupada Sophie Rauszer, que califica esta ley de «mala señal política».  

La Comisión Europea recuerda que la ley «no modifica el marco reglamentario existente para la protección del medio ambiente». Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros «decidir, caso por caso, si un proyecto cumple los requisitos» para ser considerado de «interés superior», lo que les deja libertad para basarse en las normas europeas sin arriesgarse a sanciones.  

El texto no fija ningún objetivo de eficiencia energética. Pero «¿necesitamos componentes para pantallas publicitarias, por ejemplo? ¿Es eso lo realmente estratégico?", se pregunta Marina Mesure, eurodiputada de La France Insoumise y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. Sólo existe el objetivo de «moderar la demanda», que no está cuantificado.

Sin embargo, los geólogos ven la sobriedad como un gran reto, dada la colosal demanda de metales. «La única manera de evitar quedarse sin materiales, habida cuenta de los retos del cambio climático, sería replantearse realmente la movilidad», afirma Stéphane Bourg, Director de la Ofremi, organismo público creado para garantizar el suministro de materiales críticos a la industria francesa.  

El mercado automovilístico europeo parece ir en dirección contraria a la sobriedad. Para resistir el desplome de las ventas de coches nuevos, los fabricantes apuestan por los vehículos pesados, sofisticados y caros, que consumen muchos recursos. El pasado mes de enero, la ONG Transport & Environment, que aboga por un sistema de transporte con bajas emisiones de carbono, publicó un estudio que no lleva al optimismo: el tamaño de los vehículos nuevos aumenta una media de 1 cm cada dos años, un incremento estimulado sobre todo por el aumento de las ventas de SUV.

Traducción de Miguel López

La muerte de Yevgueni Prigozhin el 23 de agosto de 2023, cuando su avión estalló en pleno vuelo entre Moscú y San Petersburgo, dio un vuelco a la investigación sobre el grupo Wagner que dos periodistas, la francesa Lou Osborn y el suizo Dimitri Zufferey, estaban a punto de terminar en esas fechas después de casi un año de trabajo. Si el golpe de Estado que protagonizó Prigozhin sólo dos meses antes, rebelándose contra Vladimir Putin y dirigiendo a sus mercenarios desde Ucrania hacia Moscú, ya era un magnífico y desconcertante giro de guión, la explosión en el aire del jet donde viajaba toda la cúpula de Wagner abría un capítulo inédito lleno de interrogantes en la historia del grupo de mercenarios más famoso del siglo.

Osborn y Zufferey desnudan en Los señores de la guerra. Qué es Wagner y cómo actúa el aparato militar ruso (Altamarea) los múltiples rostros del que hasta ahora se consideraba “el ejército de Putin en la sombra”. De hecho, tras el exhaustivo trabajo de ambos periodistas, queda claro que no era, en ningún caso, tan secreto como podría pensarse de un grupo a medio camino entre el mercenariado y lo paramilitar. Es el primer libro sobre Wagner y acaba de ser traducido al español, tras ver ediciones en polaco y neerlandés, y le esperan las versiones en alemán y finlandés.

En realidad, Wagner era –sigue siendo– mucho más que una simple milicia privada. Lo prueban Osborn, investigadora del grupo All Eyes on Wagner y del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), y Zufferey, de la radiotelevisión pública suiza RTS, con una admirable indagación basada únicamente en fuentes abiertas que sorprenderá a más de uno por la profundidad de sus resultados. La disección a la que los autores someten a la criatura de Prigozhin ayuda a despejar la incógnita que sobre el futuro de Wagner abrió la explosión del jet el pasado agosto: sí, sobrevivirá a la muerte de su fundador. Es una marca, advierten, “lista para ser franquiciada”. “El gran cambio [tras la muerte de Prigozhin] es que ya no hay una figura específica que comunique. El silovik [político ruso que proviene de los servicios de inteligencia] que era Prigozhin es una fórmula que ahora el Kremlin quiere evitar”, explica a infoLibre Dimitri Zufferey.

El trabajo de Osborn y Zufferey es doblemente meritorio si se tiene en cuenta la naturaleza de Wagner. Los periodistas no dudan en describirla como una “nebulosa”. No sólo es el brazo armado del Kremlin, o una empresa militar privada de las que hay decenas, en Rusia y en otros países. Estados Unidos la considera una “organización criminal internacional” y la Unión Europea, una “organización terrorista”. Osborn y Zufferey, por su parte, aseguran que Wagner “ha llegado más lejos que nadie” en el mercado de la seguridad privada, hasta convertirse en la “estructura mercenaria más poderosa del mundo, la única que utiliza aviones, lanzamisiles, aeronaves de gran capacidad y tanques”.

Pero su actividad supera con mucho el terreno militar. El “mercenariado 2.0” de Wagner, detallan los autores, incluye campañas de desinformación en internet con granjas de trolls, así como una variada gama de rentables actividades económicas, desde la explotación de minas, la ganadería y el negocio forestal hasta la producción de películas de propaganda al estilo Marvel. Cuenta con su propia agencia de prensa, Ria-Fan. El grupo es también un “Estado dentro del Estado”, que opera sin someterse a ley alguna –en Rusia los mercenarios son ilegales–, pero que siempre ha contado con la protección del Estado ruso y el apoyo financiero del Kremlin.

Pues bien, los periodistas han conseguido desnudar las actividades de este grupo “opaco y criminal” utilizando sólo herramientas de investigación en línea, lo que se conoce como Open Source Intelligence (Osint). Es sorprendente la huella digital que Wagner, las decenas de empresas que integran el grupo de Prigozhin y sus miles de soldados han dejado al alcance de cualquiera con un mínimo de interés. Fotos, vídeos y datos publicados por los mercenarios en redes sociales como Telegram, e imágenes tomadas por satélites comerciales han permitido rastrear los movimientos de la milicia, presente en al menos una quincena de países.

También se han ayudado los autores de filtraciones de datos, porque a Wagner, irónicamente, lo han hackeado varias veces piratas informáticos, ha sufrido su WagnerLeaks. Así tuvieron acceso, por ejemplo, a la lista completa de su personal y sus nóminas, o a la contabilidad. Contratos de las empresas del grupo, documentos firmados por funcionarios rusos, junto con relatos de testigos y exmercenarios, han permitido completar el retrato del neblinoso Wagner.

No era menor el desafío: aunque fue creado en 2014, hasta el otoño de 2022 no hubo una confirmación oficial de la existencia del grupo y de la relación de éste con Yevgueni Prigozhin. Fue a través de un vídeo, difundido en Telegram, donde Prigozhin aparece vestido con uniforme militar ante los presos de una cárcel de la república de Mari-El, a 650 kilómetros de Moscú, y les promete la libertad a cambio de alistarse durante seis meses en una empresa militar privada para luchar en Ucrania. Para entonces la invasión rusa llevaba en marcha ocho meses. Y no fue hasta junio de 2023, casi un año más tarde, cuando Putin reconoció públicamente que había financiado a Wagner en todas las acciones que había emprendido hasta ese momento.

Gracias al libro de Osborn y Zufferey, el lector descubrirá que el grupo ha llegado a tener 25.000 hombres, si hay que creer a Prigozhin, porque, según EEUU, sólo en Ucrania a finales de 2022 Wagner tenía desplegados hasta 50.000, de los que únicamente 10.000 eran mercenarios, y el resto exprisioneros. Los primeros no sólo son rusos, también los hay sirios –18.000–, chechenos, de los Balcanes, libios o de la República Centroafricana. El perfil: veteranos con experiencia militar y una edad media de 30 años. En Ucrania cobraban 2.000 euros al mes, pero el sueldo podía aumentar a 3.100 euros si entraban en operaciones paramilitares. Percibían un bonus semanal de 1.050 euros si participaban en un enfrentamiento armado con el ejército ucraniano. Un dato que da para un estupendo meme: ni siquiera los mercenarios escapan a los conflictos laborales. En Malí se declararon en huelga en 2022 porque no les pagaban. Después empezaron a saquear poblados. Allí cobraban de 7.000 a 9.000 euros al mes.

Para los expresidiarios, que llevan una letra K en los uniformes, la experiencia en Wagner era mucho más cruda: no sólo no se les pagaba el bonus por combate, sino que, sobre todo, servían de carne de cañón, aseguran Osborn y Zufferey. “Su trabajo”, resumen, “es avanzar y morir, avanzar o morir, avanzar para morir. Nunca duran mucho”. Son soldados “de un solo uso”, sin experiencia, a los que no se les permite retirarse. En Bajmut (Ucrania), cayeron el 99%. En febrero de 2023 se detuvo por completo el reclutamiento de prisioneros. Pero en el primer trimestre de 2022 habían salido de las cárceles rusas 23.000 reclusos y 6.000 en el segundo.

La idea de crear Wagner partió de un mercenario sudafricano, Eeben Barlow, que presentó al Estado Mayor ruso en 2010 un modelo para formar una empresa militar privada adaptada a las necesidades rusas. Pero a quien los autores atribuyen el nombre del grupo es a Dimitri Utkin, piloto militar y comandante de las fuerzas especiales con misiones en Afganistán y Chechenia, que pasó por otras dos empresas privadas de seguridad, Moran y Slavonic Corps, antes de integrarse en Wagner. También murió en el avión accidentado con Prigozhin. El apellido del compositor alemán, y de un general de la Wehrmacht, es el apodo que Utkin utilizaba para sus comunicaciones por radio. Resulta que el piloto también era un gran admirador del Tercer Reich y de Adolf Hitler.

Porque, aun tratándose de mercenarios, de soldados que luchan por dinero, Wagner se construye sobre una base ideológica muy marcada. El Movimiento Imperial Ruso (MIR) se la proporciona con su promoción del nacionalismo étnico ruso y sus centros de entrenamiento paramilitar, sostienen los periodistas. De hecho, en Wagner existen unidades especializadas integradas por milicias de extrema derecha, de ideología nazi, como una llamada Rousitch, que mantienen vínculos con el MIR, incluido desde 2020 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU.

Aunque a Prigozhin, y al Kremlin, les interesaba mucho más otra parte fundamental del grupo: los negocios. Wagner es una estructura a medio camino entre el holding de oligarcas rusos y el crimen organizado. M-Finance LLC, Diamville, Bois Rouge, Lobaye Invest o Service K en la República Centroafricana; Evro Polis LLC en Siria, Broker Expert LLC en Sudán, Megaline LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC… forman parte de la red. Lakhta Plaza LLC, una inmobiliaria, está a nombre del hijo de Prigozhin.

Son sólo algunas de las empresas relacionadas con Wagner o con Concord, el grupo creado por Prigozhin, en principio sólo dedicado al cáterin. Eso sí, el más grande de este sector en Rusia. Primero suministraba a los comedores escolares, después al Ejército. Pero enseguida fue mucho más lejos. Los autores calculan que, entre 2014 y 2021, Prigozhin se hizo con licitaciones públicas adjudicadas a Concord por valor de 5.600 millones de euros.

Osborn y Zufferey precisan, no obstante, que esa cantidad es sólo una mínima parte de los ingresos de Wagner. En todos los países en los que se ha asentado la milicia, Prigozhin firmaba suculentos acuerdos con los gobiernos. Vendía seguridad a cambio de recursos naturales. En Siria y Libia se quedaba con yacimientos petrolíferos, en Sudán y en Malí con minas de oro –con Meroe Gold Mining Company–, en la República Centroafricana con diamantes y maderas tropicales, en Mozambique lo intentó, sin éxito, con yacimientos de gas. Los gobiernos centroafricanos, embarcados en una cruenta lucha con grupos yihadistas, han entregado a los rusos sus fuentes de riqueza para pagarles el entrenamiento de sus inexpertos ejércitos y la ayuda de los mercenarios en los combates. La factura es onerosa: la República Centroafricana paga a Wagner por sus servicios 78,2 millones de euros, el 20% de su presupuesto anual. Los autores calculan que desde que la milicia rusa puso un pie en el empobrecido país, ha cobrado un total de 390 millones de euros.

En 2022, los turbios negocios con los diamantes y las maderas exóticas en la República Centroafricana fueron destapados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en colaboración con All Eyes on Wagner. A continuación, EEUU sancionó a Bois Rouge y a Diamville, las empresas rusas señaladas en esa investigación, por sus vínculos con Prigozhin.

Pero la huella de Wagner se ha detectado también en Burkina Faso, islas Comoras, Nigeria, Congo, Camerún, Chad, e incluso mucho más lejos, destacan Osborn y Zufferey, en Venezuela y Perú.

Su presencia en África es un hecho conocido. Ha desplazado a los franceses en todo el Sahel, donde la antigua potencia colonial concentra el rechazo de la población. Y se ha hecho fuerte gracias al combate con los islamistas y a su absoluta falta de escrúpulos. Los mercenarios dejan un rastro de abusos y vulneraciones de los derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, saqueos y violaciones. Redadas en aldeas, ejecuciones, masacres en mezquitas… algunas de las atrocidades fueron grabadas y compartidas en las redes sociales por los propios rusos.

La reacción internacional a sus actividades ha sido notoria, aunque escasamente eficaz. Prigozhin fue sancionado por la Unión Europea en octubre de 2020 por infringir el embargo a Libia. Reino Unido y Francia hicieron lo propio con Wagner al año siguiente. También EEUU lo ha incluido en su lista de sanciones. Lituania, Países Bajos, Bélgica y Francia lo declararon “organización terrorista” en la primavera de 2023.

Pero ni esas medidas ni la muerte de su creador parecen haber hecho mella en la “nebulosa”. El libro deja claro que no ha habido cambio alguno en los registros mercantiles rusos que haya afectado a la red de empresas asociadas a Wagner desde junio de 2023, cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. Además, el Kremlin pretende seguir manteniendo la influencia rusa en África y, apuntan los autores, está creando dos nuevas empresas militares privadas, llamadas Redut y Convoy, que disfrutan del mismo apoyo financiero que Wagner pero son controladas por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU). E incluso hablan de un posible nuevo director del entramado: el general Andréi Averyanov.

Esos movimientos no responden en ningún caso la pregunta de qué ha ocurrido con los miles de mercenarios de Wagner en los últimos siete meses. Su creador se instaló durante casi 20 años en las esferas más altas del poder ruso, pero ni siquiera ese estatus le garantizó la protección frente a Vladimir Putin tras desafiarlo. Osborn y Zufferey lo describen como un personaje de Rabelais: “Ladrón, preso, comerciante, comisionista del zar, traidor”.

Su biografía es carne de serie en Netflix. Estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado por hurto organizado, estafa y prostitución de menores en San Petersburgo. Y pasó de vender perritos calientes –tras un viaje inspirador a EEUU– a abrir un casino. Después se dedicó a los restaurantes de lujo, lo que le proporcionó el contacto con la élite rusa, y con Putin, que entonces era consejero del alcalde de la ciudad. Apodado “el cocinero de Putin”, casi de forma despectiva, amasó una auténtica fortuna, convirtiéndose en otro miembro más de “la estructura cleptocrática del Kremlin”, dicen los autores.

Ebrio de poder, retó al zar Putin y perdió. Wagner fue crucial en la anexión de Crimea y en la guerra de Ucrania, además de herramienta fundamental de la nueva geopolítica que quiere imponer Rusia en África. Muerto Prigozhin, la hidra –así la llaman Osborn y Zufferey– ha sido decapitada, pero Wagner fue un invento de Putin –“Prigozhin no era un ideólogo, ni un político, ni siquiera un militar”, aclaran–, se construyó a la sombra y con el dinero del Kremlin y, advierten los autores del libro, seguirá impulsando con la fuerza de las armas la política de influencia rusa en todo el mundo.

Si en el siglo XIX fue el carbón y en el XX el petróleo, ahora les toca al litio, al cobalto o al níquel, citando tres de las llamadas "materias primas críticas". En realidad, son más: 34, según la última revisión de la UE. Y lo valen todo, lo significan todo. Son las nuevas tierras prometidas, esenciales para la defensa, para los sectores aeronáutico y espacial. Para el ordenador desde el que escribo estas líneas. Para el teléfono que me desconcentra cada diez minutos y para la televisión puesta de fondo. Las materias primas críticas son básicas –en primer plano– para nuestro día a día y –en un plano general– para cualquier diseño económico de futuro. Y son indispensables, en cantidades extraordinarias, para que la UE cumpla su compromiso de alcanzar la "neutralidad climática", con economías en las que los gases nocivos emitidos a la atmósfera no superen la capacidad de absorción del planeta. Un desafío de época.

Así que dependen de las "materias primas críticas" no sólo nuestros modos de consumo y comunicación –nuestro estilo de vida, en realidad–, sino también nuestra respuesta a la emergencia climática. Eso es mucha responsabilidad fiada a esas tierras raras. Quizás demasiada.

infoLibre, como miembro del consorcio de medios Investigate Europe (IE), ha publicado en exclusiva en España un extenso trabajo periodístico sobre el negocio de la nueva minería, que a pesar de su carácter estratégico sigue siendo un gran desconocido. Aquí están todas las informaciones, reunidas en un dosier. Su lectura brinda valiosas aportaciones, de las que conviene tomar buena nota para no andar demasiado despistado sobre cómo funciona el mundo y dónde se juega el futuro. Ahí van tres como punto de partida:

1) Las "materias primas críticas" constituyen uno de los principales campos de batalla de la geopolítica global y Europa parte en dicha batalla de una situación de desventaja con respecto a las grandes potencias globales.

2) La UE ha tomado conciencia de su debilidad y está tratando de reducir su dependencia de otras naciones, especialmente de China pero también de Rusia, país al que que hemos importado en plena guerra 13.700 millones de euros en metales de este tipo. Es decir, la UE prohíbe el petróleo y el carbón rusos, pero las importaciones mineras persisten. Pocas demostraciones más claras puede haber de su carácter estratégico.

3) La voluntad de mayor autoabastecimiento de la UE se concreta en un reglamento que entrará en vigor en 2024 y que prevé incrementar el ritmo de apertura de minas en suelo europeo, facilitar la financiación a las empresas y acortar los tiempos de apertura. Se supone que con todo ello la UE acelerará y ganará posiciones en la carrera, o al menos recuperará algo de terreno.

Esto último suena bien, ¿no? Puede que sí, pero el empeño tiene abundante letra pequeña. Veamos.

En primer lugar, la ambición minera de la UE está alimentada por intereses económicos contantes y sonantes que podrían estar llevándola demasiado lejos. Un dato, desvelado por la investigación El negocio de la nueva minería: el lobby minero ha gastado más de 21 millones de euros al año y ha celebrado casi mil reuniones con responsables de la UE desde 2014, lo cual explica su profunda huella en el contenido del reglamento. Sí, hay gigantes empresariales empujando a la UE a abrir de par en par las compuertas del negocio minero en suelo europeo. Este trabajo de Manuel Rico, que desvela quién controla las nuevas minas en España, ofrece una muestra ilustrativa de los nombres que alientan el boom de la actividad, entre ellos gigantes financieros como Blackrock.

Grupos ecologistas denuncian que la presión de estos capitalistas ávidos de explotar lo que puede ser una fabulosa veta de negocio ha llevado a la UE a una planificación basada en un principio peligroso, que podría resumirse así: cuanto más, mejor. O dicho de otro modo: al tender la demanda a infinito, también debe hacerlo la producción. Pero, ¿es este el razonamiento adecuado?

Por un lado, parece lógico aceptar que las necesidades son y serán elevadas, para empezar porque la ansiada "neutralidad climática" se basa en un uso de la energía eólica y solar y de los vehículos eléctricos imposible sin un crecimiento exponencial de los nuevos materiales. El reglamento europeo en tramitación asume unas previsiones de demanda estratosféricas, entre ellas que en los próximos treinta años se extraerán más minerales metálicos que en los últimos 70.000. Por otro lado, la aceptación acrítica de esta demanda disparada implica dar por bueno que la sostenibilidad se alcanzará mediante un cambio puramente tecnológico, sin un replanteamiento del modelo de producción/consumo y repitiendo, ahora con el coche eléctrico, el mismo boom que en el siglo XX se dio con coche que hoy llamamos tradicional.

Hay que tenerlo presente: es el sector del transporte, y singularmente el del coche, el principal responsable del auge de la demanda de litio, grafito, cobalto, níquel... Y será el principal beneficiario.

Los periodistas de investigación que han trabajado en la serie sobre nueva minería han acreditado además un problema ya bien visible y que irá ganando protagonismo: el impacto negativo que sufren las comunidades en cuyo territorio se desarrollan los grandes proyectos mineros. En áreas para la extracción por toda Europa se extiende el temor a acabar formando parte de un mapa de zonas de sacrificio, de usar y abandonar, en las que los habitantes pagan los costes ambientales mientras el grueso de las plusvalías vuela a cuentas lejanas. Un dato: el 85% de la riqueza generada por el litio se concentra en la producción de baterías. Es decir, el dinero no está en la extracción, por mucho que los proyectos lleguen envueltos en ceremoniales propagandísticos para la población local.

"Creo que la minería podría justificarse si se tratara de una cadena de valor que realmente beneficiara al país, a la Unión Europea y al mundo en general", declara a los periodistas de Investigate Europe Carla Gomes, analista de datos y activista en Terras do Barroso, una zona protegida del norte de Portugal donde este año se han autorizado dos minas de litio. "Estamos planeando minas para salvar la industria del automóvil, por supuesto, pero también para mantener las cosas como están. No habrá transición", añade.

Los argumentos del sector minero a favor de la multiplicación de proyectos en Europa se concentran en estas palabras de Pedro Mora, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras españolas: “Hay que ser honestos: si necesito algo en mi sociedad, tengo que intentar producirlo en mi sociedad. No es ético que miremos para otro lado, tenemos que intentar abastecernos con nuestros criterios sociales y de sostenibilidad”.

Lo contrario sería, siguiendo este razonamiento, incurrir en la conocida como reacción nimby, así llamada por la expresión en inglés not in my backyard, que podría traducirse como “no en mi patio trasero”. Es decir: sí, quiero mi móvil de última generación; pero no, no quiero que las materias primas necesarias para su fabricación se extraigan en mi pueblo. Un razonamiento que, presentado esquemáticamente, tiene todo el aspecto de la clásica hipocresía occidental. Añade Mora: “La realidad es que esos ecologistas que se oponen a abrir cualquier mina en España, luego no van a África o a China a oponerse a que abran las minas allí. Están aceptando que haya un impacto mayor fuera de Europa, donde no se extrae con los criterios de sostenibilidad de Europa, lo que no parece muy razonable si de lo que se trata es de defender el planeta”.

La réplica de los ecologistas se sostiene sobre varios argumentos. El primero, que nadie ha acreditado que hagan falta tantas nuevas minas, ni en Europa ni fuera, si no es para mantener una intensidad de consumo a todas luces insostenible. El segundo, que un aumento de la extracción en Europa no tiene por qué suponer una reducción en países comparativamente pobres si no va acompañada –y volvemos al mismo punto– de una rebaja de la demanda. El tercero, que las regulaciones en Europa, más exigentes sobre el papel que en África o América Latina, son en la práctica vulneradas con frecuencia, a lo que se suma un dato que puede mover a la indignación: hay empresas causantes de daños medioambientales recibiendo hoy día subvenciones verdes de la UE. Entre ellas, la sueca Boliden, responsable de la catástrofe de Aznalcóllar.

Y el cuarto, el argumento más ambicioso: que la respuesta a nuestras necesidades podría no estar sólo bajo tierra, sino también en superficie. Concretamente, en más transporte público, más bicicleta, más reciclaje y minería urbana –obteniendo metales de los residuos–, más vida útil de nuestros aparatos. Menos obsolescencia programada.

En uno de los jugosos reportajes de la serie, Adriana Espinosa, de la ONG Amigos de la Tierra, lamenta que la carrera esté lanzada ya a toda velocidad sin haber hecho antes unas cuentas claras: “¿Necesitamos abrir nuevas minas? El Gobierno español no ha realizado esa cuenta. Lo que realmente necesitamos para empezar es el Excel con las cuentas, que de momento no existe. No se ha calculado la demanda de minerales asociada a las políticas de transición energética”.

Espinosa deja una pregunta –y una respuesta– que merece una pensada: “¿Cambiar un coche de gasolina por uno eléctrico de verdad es una transición ecológica? Cambiar los modelos de movilidad sí que sería una transición”.