Desde que iniciamos el siglo XXI, hemos visto cómo el fenómeno por el que se reduce cualquier elemento, bien, riesgo, producto o servicio a un instrumento financiero, y que en términos económicos llamamos financiariazación, continúa siendo un factor determinante de las políticas adoptadas por los gobiernos del mundo en todas las regiones y escalas, frente a la depredación de la naturaleza, la explotación humana, la apropiación de lo común, la feminización de la pobreza, el reparto desigual de los cuidados, la privatización y el saqueo de los servicios públicos, el extractivismo, el consumo irracional, el cambio climático, y la pandemia.

Encontrándonos en una nueva era configurada por la incidencia de la actividad humana en el planeta, el Antropoceno, vemos a los gobiernos intentando corregir sus efectos, aliviar los daños, y prevenir sus consecuencias, pero sin ocuparse en atajar sus causas: el uso de la Tierra y la gestión de sus recursos, teniendo que enfrentar, además, una crisis global, cultural y política (hídrica, energética, industrial, agroalimentaria) y ahora también sanitaria, debido al Covid-19 o coronavirus, cuyas circunstancias y efectos para la humanidad aún no son suficientemente conocidos.

Observamos, asimismo, cómo la dominación poscolonial se sigue ejerciendo sin ambages a través de las actividades de las empresas transnacionales y de las transacciones financieras, amparada por el poder político y las fuerzas castrenses, que se sitúa en zonas colindantes con la ilegalidad y la extraterritorialidad, incidiendo de manera determinante en las estrategias fronterizas que adoptan los gobiernos, y en la inversión de los flujos migratorios de las antiguas colonias hacia las ricas metrópolis, acrecentados cada vez que se produce una incursión militar o una intervención humanitaria internacional.

Entre tanto, el fenómeno de la financiarización se ha hecho con las nuevas tecnologías y crece exponencialmente con la crisis, reduciendo la calidad de la vida, empeorando el desigual reparto de los recursos planetarios (y de los sumideros de residuos), entre países y entre generaciones, y agravando la desprotección de las poblaciones más vulnerables, empujándolas, ineluctablemente, hacia la explotación y la miseria, cuando no directamente a la marginalidad y la irrelevancia.

Por todo ello, en este período en que se acusa al coronavirus y al clima de todos nuestros males, como si se tratara de interlocutores jurídicos con los que se pudiera establecer un trato más o menos justo, urge tomar medidas contra las agresiones que ha generado y genera la financiarización financiarizaciónen nuestro entorno social y territorial, en nuestro microclima (el de nuestro municipio o región), en la capacidad de respuesta de los servicios públicos frente a la pandemia, poniendo de manifiesto sus efectos pero, fundamentalmente, revelando sus causas, y centrando nuestra atención sobre los aspectos cardinales del pensamiento y las instituciones que la generan y favorecen, o que han impedido enfrentarla con solvencia.

Por eso es crucial hablar de las entrañas del sistema, de paraísos o “guaridas fiscales”, de “fondos buitre”, de privatizaciones y de corrupción, y continuar proponiendo finanzas democráticas, justicia fiscal, económica, ecológica y social, Impuesto a las Transacciones Financieras, Renta Básica, Banca Pública, defensa y recuperación de la titularidad y la gestión pública de los servicios públicos, a la vez que señalamos directamente a quienes anidan, saquean o intervienen en nuestro territorio, con sus posiciones y relaciones injustas, amparadas en propiedades, rentas, ingresos, operaciones financieras y especulativas, privilegios fiscales y poderes desiguales.

Entendamos que la emergencia económica, agravada por la pandemia, y que se suma a la llamada emergencia climática a que nos vemos avocados, no es más que una excrescencia sistémica… consecuencia de la gestión que hemos hecho de nuestro territorio, de nuestra salud y de nuestra vida.

Al saqueo del planeta, por encima de cualquier posibilidad de renovación ecológica, llegado al punto de necesitar varios mundos para mantener su ritmo de crecimiento, se añade la emergencia humana, agravada por el coronavirus. La explotación y las guerras, causantes del aumento de la miseria, disparan el crecimiento de las migraciones, que sumado al envejecimiento en los lugares estratégicos del mundo y a la carencia o insuficiencia de servicios públicos, traen servido el deterioro de la democracia, ponen en entredicho las acciones colectivas, y devalúan la política, pero también impiden instituir espacios reales de participación, instaurando prácticas que generan nuevas formas de control social y alienación. Las burbujas financieras, las crisis cíclicas –ya sean sanitarias o bancarias– y la deuda incontrolada, ponen en evidencia la fuerza destructiva que despliegan las finanzas si los pueblos no las controlan, y se financiariza o se mercantiliza lo existente.

Frente a la desesperanza, el miedo y la frustración, asociadas a las sucesivas “emergencias” que vivimos, al fracaso del desarrollismo y al colapso del crecimiento económico, el sistema nos ha procurado un pos desarrollo basado en el decrecimiento de ingresos, decrecimiento de derechos y decrecimiento de servicios públicos a través del saqueo y la privatización, por lo que vemos con sorpresa, o más bien con estupor, cómo, sin contrapartida alguna, nos vemos en la tentación de abrazar, ahora más que nunca, una bandera sin adjetivos ni distinciones que se llama decrecimientodecrecimiento, con la que hacemos nuestro el “nuevo” discurso que interesa al sistema. Un discurso que, calladamente pero con eficacia subliminal, nos impide ejercer nuestra influencia a la hora de hacer propuestas prácticas y con vocación hegemónica, que nos puedan conducir hacia horizontes sociales, culturales y ecológicos, asequibles y saludables, que a su vez, inevitablemente, como dice José Manuel Naredo, exigirán crecimientos y decrecimientos, aumentos y disminuciones…

Entre los decrecimientos saludables, debemos situar: primero, la concentración del poder corporativoprimeropoder corporativo, ilegítimo y depredador que ha traído consigo —a través de tratados internacionales (TTIP, CETA, TISA, entre otros), mecanismos insuficientes e incluso contraproducentes (MEDE), y normas supranacionales—, la limitación o eliminación de las funciones planificadoras, protectoras y distribuidoras de los Estados y de las Administraciones Públicas, y la huida del Derecho Público (que goza de un marco regulatorio más exigente y transparente que el privado) hacia el Derecho Mercantil, Derecho Financiero, en suma: Derecho Privado (con un marco regulatorio discrecional y menos controlado); segundo, la ruleta financiera que supone la compra y venta de valores bursátiles segundo,ruleta financiera(acciones de sociedades anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación e instrumentos de inversión), o de productos derivados (algo parecido a los seguros pero meramente especulativos), u otros valores diseñados por la ingeniería financiera, que generan lucro con su compra y venta descontrolada y el cambio irracional de sus cotizaciones; y tercero, el tercero,fraude fiscal, que adelgaza peligrosamente los recursos públicos indispensables para emprender los gastos y las inversiones que nos son urgentes, cuando no los sitúa directamente en guaridas fiscales.

En contrapartida, deberíamos perseguir con ahínco el crecimiento y desarrollo de las políticas que promueven: (primero), la participación y la movilización social frente a la injusticia y la desigualdad, y que luchan contra las actuaciones políticas, públicas y privadas, que contribuyen, por acción u omisión, al cambio y deterioro de nuestro microclima, a la degradación de la vida y al saqueo del territorio madrileño, todo ello a la vez que se impulsan, desde nuestro territorio madrileño, políticas y legislaciones garantistas de derechos (como la Renta Básica, el Derecho Humano al Agua, o el acceso a una vivienda digna); (segundo), la intervención de las entidades financieras que se beneficiaron del rescate bancario y aglutinan activos inmobiliarios; de lucha contra la corrupción mediante la transparencia, la publicidad y la auditoría eficaces del sector público, y la actuación contundente de la fiscalía anticorrupción; de suspensión de los pactos de crecimiento que encorsetan y estrangulan nuestra economía; de regulación de las operaciones y las oscilaciones bursátiles; de prohibición de la especulación con alimentos y bienes básicos en los mercados de futuros; (tercero) de inversión y suficiencia financiera, calidad, equidad, accesibilidad, universalidad, información y transparencia de los servicios públicos (sanidad, agua, la educación, servicios sociales, por mencionar sólo los esenciales); (cuarto) de reparto del ocio; de reparto y protección del trabajo de cuidados; y de fomento y facilitación de la solidaridad entre pueblos y entre generaciones.

Es en este proyecto, factible e ilusionante, donde podríamos situarnos en los próximos y decisivos días.

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Liliana Pineda es coordinadora de ATTAC-Madrid

No estarán ni Trump ni May ni Macron ni Xi ni Putin, pero aun así los más de 3.000 líderes políticos y empresarios de multinacionales que a partir de este martes se reúnen en Davos (Suiza) representan mejor que cualquier otra cita a las élites que gobiernan el mundo. La 49 edición del Foro Económico Mundial se celebra bajo el lema Globalización 4.0: configurando una arquitectura global en la era de la cuarta revolución industrial, justo cuando empiezan a asomar en la economía los nubarrones de la desaceleración, aún más oscurecidos, si cabe, por las tensiones geopolíticas, desde el Brexit hasta el auge de la ultraderecha y del proteccionismo.

En la presentación de la cita anual, el fundador del foro, Klaus Schwab, alertó ante los “riesgos” que amenazan el crecimiento económico y propuso como solución una “renovada arquitectura de la cooperación internacional” y un “nuevo pacto social entre ciudadanos y líderes”. Habló de “moralizar” una globalización que no es “sostenible” tal y como se presenta en la actualidad, instó a atender a sus “perdedores” e incluso a combatir la “desigualdad” provocada por sus “excesos”: “No es sorprendente que la gente pierda la esperanza porque, si no sabes cómo va a ser tu futuro, sobre todo en momentos de cambio rápido, te vuelves egocéntrico y te pones a la defensiva y eso se refleja no sólo en el nivel político y nacional”, subrayó.

Pero para los movimientos más críticos con la globalización, los llamamientos de Davos a la “responsabilidad social” de las multinacionales y los gobiernos no son más que “hipocresía”. “No creemos que haya perspectiva alguna de que cambie su paradigma de la globalización”, protesta Cuca Hernández, coordinadora de ATTAC España. “Esa globalización 4.0 de la que hablan en Davos, lo que llaman nueva industrialización, se basa en el nuevo petróleo, el comercio de datos, que se ha convertido en el negocio de la industria digital y cuyos beneficios quieren repartirse sin pisarse unos a otros”, resume.

ATTAC se muestra igualmente escéptica ante la preocupación por las consecuencias del cambio climático, el auge del proteccionismo económico y el éxito de los populismos que los organizadores de Davos quieren poner en primer plano de sus debates. “No creo que les inquiete el avance de la ultraderecha”, rebate Cuca Hernández, “lo primero que ha anunciado el nuevo Gobierno andaluz es la eliminación del impuesto de sucesiones y Pablo Casado este fin de semana ha prometido también rebajas y supresión de tributos”. A su juicio, a las grandes empresas les resultan incluso más “fáciles de manejar” estas políticas.

Por el contrario, es precisamente en la desigualdad donde Ofxam Intermón pone el foco, para reclamar como solución a los desequilibrios mundiales servicios públicos gratuitos y universales –sanidad y educación– y mayores impuestos a los ricos y las grandes compañías. Oxfam es uno de los integrantes, al igual que ATTAC, del Foro Social Mundial que nació en 2001 como alternativa a Davos y que no celebrará su próxima edición hasta 2020 en México DF.

En un informe que acaba de publicar coincidiendo con la apertura de Davos, Oxfam destaca quela desigualdad está “envenenando el clima político” y que la brecha entre ricos y pobres contribuye a “avivar el autoritarismo”. El siguiente paso ha sido “criminalizar a las personas migrantes, a otros grupos étnicos, a otros países, a las mujeres y a las personas en situación de pobreza”, en lugar de reducir la fractura entre ricos y pobres.

También el FMI

El documento de la ONG contrapone los planteamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial sobre las posibles soluciones al aumento de la desigualdad. Mientras el organismo presidido por Christine Lagarde asegura que el gasto público en salud, educación y protección social reduce la pobreza y tienen “un enorme poder igualador”, el que encabeza Jim Yong Kim defiende que el sector privado es mejor proveedor y, por tanto, debe reducirse la provisión de servicios públicos. También apoya el FMI que existe un “amplio margen para recaudar más impuestos de las grandes fortunas y las multinacionales”. Según los estudios citados por Oxfam en su informe, el 69% de la reducción de la desigualdad en los últimos 30 años se debe al gasto en educación y salud.

Lagarde ha sido la primera en comparecer en Davos este mismo lunes, antes de la inauguración oficial del foro, pidiendo “solidaridad” y economías “inclusivas”, que cumplan con “la gente” y ayuden a “los trabajadores desplazados por la automatización, las mujeres y los jóvenes”.

Para financiar esos servicios públicos, Oxfam propone implantar una tributación más justa. “Si los más ricos pagaran un 0,5% más de impuestos, se recaudaría más dinero del necesario para escolarizar a los 262 millones de niñas y niños que actualmente no tienen acceso a una educación y para proveer servicios de atención sanitaria que salvarían la vida a 3,3 millones de personas”, apunta el informe. La ONG recuerda que las grandes fortunas ocultan a las autoridades 7,6 billones de dólares, que desvían a paraísos fiscales. De acuerdo con los cálculos de la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), los países en desarrollo dejan de recaudar 100.000 millones de dólares mediante el impuesto sobre sociedades, que grava los beneficios de las empresas, por culpa de la elusión fiscal. Todo ello mientras el número de milmillonarios se ha duplicado en los 10 años posteriores a la crisis y la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, 3.800 millones de personas, se ha recortado un 11%. Según destaca Oxfam, sólo el 1% de la fortuna de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, equivale al presupuesto sanitario de Etiopía, un país con 105 millones de habitantes.

Schwab, en cambio, no ha hablado de impuestos o de servicios públicos universales. Sino de las “tensiones geoeconómicas”, el deterioro de los acuerdos comerciales multilaterales, el fracaso de la lucha contra el cambio climático, los ciberataques, las noticias falsas y la necesidad de que las empresas sean más “resilientes” ante el desafío de la digitalización. “En todos los foros internacionales se habla del cambio climático, pero mientras no haya mecanismos vinculantes con sanciones para quienes incumplan los compromisos del Acuerdo de Kioto, las emisiones seguirán siendo las mismas y no se cambiará nada”, protesta de nuevo la responsable española de ATTAC. Cuca Hernández también enfoca el reto de la economía digital desde un punto de vista diferente: “Su objetivo es que los trabajadores se adapten a unas condiciones laborales cada vez más precarias”.

Menos inversión, menos comercio, menos crecimiento

Como preludio de lo que será preocupación central en Davos, el FMI anunció este lunes una rebaja de sus previsiones de crecimiento de la economía mundial para este año y el próximo: hasta un 3,5% y un 3,6%, respectivamente. Lagarde negó que al mundo le espere una recesión a la vuelta de la esquina, pero advirtió de que han crecido los riesgos de un mayor recorte del crecimiento. La mayor desaceleración en Alemania, el Brexit, las crisis en Turquía y Argentina, la contracción en China y la moderación en Estados Unidos no aventuran un buen año, adelanta el FMI.

También la UNCTAD recorta el crecimiento de la economía mundial para los dos próximos años, en su caso al 3% en ambos ejercicios. Según explica la organización de Naciones Unidas, sólo la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China ralentizó el crecimiento del comercio mundial en dos puntos entre 2017 y 2018. Además, la repatriación de capitales impulsada por Donald Trump ha causado un descenso del 19% en la inversión extranjera en todo el mundo, por lo que se encuentra en su nivel mínimo desde 2008. En Europa, las inversiones procedentes de otros continentes se hundieron nada menos que un 73% en 2018, por sólo un 4% en América Latina. 

Cuca Hernández atribuye el freno de la economía mundial al hecho de que la recuperación tras las crisis se ha basado en un “crecimiento en falso”. “La ralentización es inevitable porque no se han solucionado realmente los problemas, sólo se han puesto parches, dando más poder a los mercados financieros y limitando la capacidad de respuesta de los Estados ante una nueva crisis”, explica. La excesiva dependencia de una economía no productiva, la financiera, la desregulación de los mercados y las medidas de austeridad que han desembocado en una devaluación interna constituyen, a su juicio, la auténtica “amenaza”.

Estreno de Bolsonaro y regreso de España

Que a la cita de este año falten los principales líderes políticos mundiales tampoco la inquieta. “Ellos no son el poder real, lo es el económico, y ésos sí van a asistir”, apunta. Pedro Sánchez acudirá el miércoles a Davos, donde mantendrá una charla con el presidente del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Un presidente español no iba a la cita suiza desde 2010, cuando lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero. También participarán Angela Merkel y se estrenará el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entre los empresarios españoles estarán los presidentes de Acciona, Ferrovial, Iberdrola, Repsol o Villar Mir, así como los máximos responsables del Banco Santander, Ana Botín, y BBVA, Carlos Torres.

Este año no se prevén movilizaciones de protesta “masivas”, revela Cuca Hernández, “si acaso, algún acto simbólico”. Además de una campaña de recogida de firmas organizada por 150 organizaciones de toda Europa para que se elimine el sistema de solución de controversias entre inversores y estados (ISDS), unos tribunales privados que aparecen incluidos en la mayoría de los tratados de comercio y permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos por cambios legales u otras medidas que les supongan perjuicios económicos.

Se da la circunstancia de que España es el país de la UE que más demandas acumula ante estos tribunales de arbitraje, un total de 41, que pueden traducirse en el pago de 7.500 millones de euros en dinero público si el Estado las pierde. “[Estos tribunales] Son una amenaza para las democracias”, concluye la coordinadora de ATTAC.

La Asociación por una Tasación sobre las Transacciones Financieras para la Ayuda a los Ciudadanos (Attac) ha pedido, a través de una denuncia, que la Fiscalía General del Estado practique diligencias y, de ser necesario, "formule la oportuna querella" en el caso de las revelaciones de Corinna, en conversación con el excomisario José Manuel Villarejo, sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que ya se están investigando en la Audiencia Nacional. Consulte aquí el escrito.

En concreto, la organización solicita que el Ministerio Público practique tres diligencias: una, que "se reciba declaración a doña Corinna zu Sayn-Wittgenstein", con domicilio en Londres, "para que corrobore o niegue la veracidad de las grabaciones en las que señala al Rey Emérito Juan Carlos I como autor de hechos constitutivos de delito". Otra, para que Suiza aporte "los movimientos de las cuentas" de la princesa; y, por último, una diligencia de averiguación para que la Agencia Tributaria aporte el modelo 720 aportado por Juan Carlos de Borbón "si se hubiere presentado" de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

La denuncia recoge en los hechos la petición del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a la Agencia Tributaria del pasado 13 de julio para que investigue a Juan Carlos de Borbón por posible fraude fiscal. "Los técnicos de Hacienda recuerdan que Juan Carlos de Borbón estaba obligado a declarar todos sus bienes en el extranjero en el modelo 720 desde el año 2013", afirma Attac, lo que sirve a la asociación para pedir a Hacienda que aporte dicho modelo del rey emérito desde ese año.

"Esta asociación denunciante estima de gran impacto, en materia de justicia económica y fiscal, los hechos puestos de manifiesto por Gestha y considera que hay más que indicios suficientes para que la investigación que se anuncia iniciada en el Juzgado Central Nº 6 sea activamente impulsada por la Fiscalía General del Estado", concluye Attac, que cita en los fundamentos de derecho el artículo 14 de la Constitución, que establece el principio general de que los españoles son iguales ante la ley.

En las cintas publicadas en medios, la princesa Corinna revela que que el anterior monarca esconde dinero en en cuentas bancarias suizas y cobró comisiones en otros países a cambio de su influencia para conseguir contratos a empresas.

Si hacía falta una nueva ilustración del coste que la evasión fiscal tiene para los servicios públicos, la del tribunal de Primera Instancia, en el Palacio de Justicia de París, es sin lugar a dudas un ejemplo. El pasado día 12, como tantos otros días, se veía a una Justicia atestada de expedientes y condenada a despacharlo todo ante la falta de medios.

Ese día, la evasión fiscal era el motivo por el Attac se sentaba en el banquillo. A Apple no le ha gustado la campaña que la ONG ha puesto en marcha a las puertas de sus tiendas para denunciar las prácticas de gigante informático, intasable. A finales de diciembre, Apple recurría a la Justicia para solicitar que se prohibiesen las manifestaciones de Attac a las puertas de sus tiendas en Francia, durante un periodo de tres años, y multas de 150.000 euros en caso de incumplimiento. Y en todo ello en nombre de la libertad comercial y de la seguridad de sus asalariados.

“Estamos ante una medida mordaza, pero no nos callaremos”, decían los manifestantes que se daban cita a las puertas del juzgado para apoyar Attac antes del comienzo juicio. En torno a un centenar de personas se habían reunido, de forma pacífica, ante el Palacio de Justicia. La mayoría eran representantes de la izquierda y abundaban también los representantes sindicales y de asociaciones. De este modo, mostraban su apoyo a Attac y denunciaban los efectos perjudiciales de la evasión fiscal.

“Este juicio es importante porque atañe a uno de estos grandes grupos informáticos, los Gafa [de Google, Apple, Facebook, Amazon], que evitan el pago de impuestos a nivel mundial. Han desvirtuado la revolución digital en la sociedad en beneficio propio y han hecho una renta mundial”, decía Aurélie Trouvé, portavoz de Attac. “Las multinacionales se enfrentan a la sociedad civil”, añadían los manifestantes.

“Pueden ver los medios que hay que movilizar para esta manifestación fuera [había seis antidisturbios observando, muy de lejos, a los congregados en la calle]. ¿Cómo quiere que nuestros trabajadores puedan hacerles frente cuando los manifestantes entran en las tiendas de Apple”, insistía el abogado de la compañía, Antonin Lévy, ante la presidenta Bérengère Dolbeau. El abogado, anteriormente letrado de François Fillon, asistía a su colega Ivan Itzkovitch, que redactó la demanda presentada, lo que permite imaginar la importancia del caso para Apple.

Pese a que los tiempos estaban muy medidos, como en todos los juicios de 1ª instancia, el abogado describió las acciones de Attac contra Apple llevadas a cabo desde la primavera de 2001. Acciones en París, después en Aix-en-Provence y posteriormente en múltiples localidades de Francia. Hasta cruzar una línea roja, según el abogado. El 2 de diciembre, activistas de Attac se colaron en la tienda de Plaza de l’Opéra, en París, coreando sus eslóganes contra las prácticas fiscales del grupo, reclamándole el pago de impuestos. La dirección, desbordada, decidió entonces cerrar la tienda de forma precipitada.

"Vandalismo en las tiendas"

“Apple no quiere amordazar a nadie. Defiende la libertad de expresión, el derecho de manifestación, pero la libertad de expresión no puede servir de excusa para todo. El límite está en entrar en una tienda. No se puede trabajar así. Intentamos negociar con Attac, sin éxito; el debate estaba viciado. Apple se vio obligado, en vísperas de Navidad, a presentar esta denuncia para garantizar la seguridad de sus trabajadores y de la clientela”, decía Antonin Lévy. En la demanda presentada contra Attac, el grupo añadía: “Attac amenaza con reiterar acciones que ya han causado perjuicio a Apple y que llevará al vandalismo en las tiendas de Apple, a poner en peligro la seguridad de sus empleados y clientes y a causar un perjuicio comercial a Apple”.

“Pero, ¿dónde está el vandalismo?, ¿dónde están los daños?, ¿dónde la amenaza de un peligro inminente”, respondía el abogado de Attac, Julien Pignon. La asociación es conocida por llevar a cabo acciones no violentas, insistía. Desde hace varios años, pone en marcha diferentes acciones para denunciar el fraude fiscal en el mundo de la banca y va, simbólicamente, a coger sillas a las oficinas bancarias, en particular a las del BNP Paribas. Estas acciones han desembocado en juicios caricaturescos contra los segadores de sillas”.

Del mismo modo, las manifestaciones a las puertas de las tiendas Apple se han traducido en el despliegue de pancartas en las que se denuncia la evasión fiscal del grupo. A veces, para demostrar la opacidad de sus prácticas fiscales, los escaparates de las tiendas se han embadurnado con pintura blanca. “Se empleó un producto que desaparece con agua”, arguyó el abogado de Attac, quien insistió en que en ningún momento hubo violencia. A excepción de ese recordatorio molesto, ruidoso, relativo a la práctica de la evasión fiscal, a escala mundial, por parte del grupo informático y que va en detrimento de todos.

El caso Apple se ha convertido en un asunto de Estado, también para el Gobierno de Estados Unidos. Adepto a los paraísos fiscales, el grupo tiene en aquél país más de 200.000 millones de dólares al abrigo de impuestos, según estimaciones del fisco norteamericano. En agosto de 2016, la Comisión Europea, que inició una batalla contra las prácticas de los gigantes de la Red, presionada por la opinión pública, acusó a Apple de disfrutar de beneficios fiscales indebidos en Irlanda y exigió a Dublín, donde está radicada la sede europea del grupo, que cobrase 13.000 millones de euros en concepto de impuestos. No fue hasta octubre de 2017 cuando la Comisión inicio un proceso contra Irlanda, en el Tribunal Europeo de Justicia, momento en que Dublín aceptó –a comienzos de diciembre– reclamar el pago impositivo a la multinacional.

“Apple debe pagar los 13.000 millones de euros, pero es mentira. No es Apple a quien se cuestiona; no es un caso de fraude fiscal, es un caso de ayudas estatales. Irlanda es quien debe recuperar los impuestos”, dice con aplomo Antonin Lévy. “Apple está convencida de que cada empresa tiene el deber de pagar sus impuestos y, como primer contribuyente del mundo, Apple paga debidamente lo que debe al conjunto de los países donde está presente”, se puede leer en la página web del grupo informático para tratar de desmentir las acusaciones de fraude fiscal que empañan su reputación.

“En Francia, el grupo emplea a 2.000 personas. Es una empresa honorable que paga sus cotizaciones sociales”, asegura su abogado. Según una investigación de Capital, Apple declaró en 2015  una cifra de negocios de 618 millones de euros en sus dos compañías en Francia, cerca de 10 veces menos de la cifra real, según las prudentes estimaciones de Greenwich Consulting. A tenor de las cifras oficiales, Francia sólo representa el 1,5% de la actividad de Europa (que incluye India y África) del grupo.

Gracias a montajes, que pasan por Luxemburgo e Irlanda, el grupo disminuye año tras año su cifra de negocios y resultados en Francia. En 2015, Apple sólo declaró 38 millones de beneficios y sólo pagó 13 millones de impuestos sobre los beneficios. Similar al montante que debe abonar una pyme grande. Las autoridades francesas investigaron a la compañía en 2016.

“Demandar 150.000 euros por infracción es querer callar a Attac. Se trata de una medida desproporcionada frente a una campaña que disgusta. El debate es sobre la evasión fiscal. Se trata de un debate de interés general”, recordaba el abogado de Attac en su alegato final. Sea como fuere, el debate está sobre la mesa. Aunque la Justicia dé la razón a Apple en sus reclamaciones, no conseguirá deshacerse de él: ahora sus prácticas de evasión fiscal están pegadas a su imagen, como un esparadrapo.

El fallo se conocerá el 23 de febrero. ______________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Reconectar, repolitizar y repensar. Con estas palabras abre Quorum Global su carta de presentación. Este miércoles a las 16:00 horas la plataforma, constituida por decenas de organizaciones y colectivos sociales, presentará en Madrid su proyecto, que define como un "proceso de transformación de las luchas, las agendas y los relatos" de cara a poner en marcha la "inteligencia colectiva en este momento de crisis ecosocial".

Quorum nace a finales de 2017 con el fin de cimentar las bases de cara a un objetivo común: superar las políticas neoliberales y construir un nuevo escenario. El espacio reúne a decenas de asociaciones e instituciones, entre las que se encuentran plataformas como Attac, Fiare Banca Ética, Ecologistas en Acción, Futuro en Común, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo o medios de comunicación como La Marea, El Salto y Wiriko.

Quorum apunta a un "cambio de época" que se presenta como una "encrucijada marcada por el desbordamiento ecológico y los retrocesos democráticos", que deriva en el desafío común de "ofrecer una respuesta democrática y ciudadana a la crisis ecosocial". El espacio no se reconoce como "otro debate más" sino que aspira a "partir de debates, relatos y propuestas existentes" que a su juicio "no están suficientemente interconectados". No plantea generar debates nuevos, sino que busca ser hilo conductor para entretejerlos. "No sólo sumar, multiplicar". Tampoco se define como "una plataforma más" sino que pretende actuar como el resorte necesario para "impulsar un diálogo amplio" mediante el acercamiento de organizaciones y colectivos sociales.

Ángel del Castillo, coordinador de Attac Madrid, explica en conversación con infoLibre que cada una de las organizaciones que conforman el movimiento trabaja en distintos campos pero con una idea común: crear alternativas al neoliberalismo, salir de la crisis y construir un futuro sostenible. "Hemos estado trabajando en diversos frentes y creemos que es una buena idea realizar una reflexión conjunta que luego se sustancie en un acuerdo final", relata.

"El modelo liberal está agotado"

La esencia de Quorum se sustenta en una realidad, explica Del Castillo: "La degradación de un modelo de sociedad anclado en el crecimiento económico ilimitado que está destruyendo las bases de la vida y las posibilidades de convivencia".

Las organizaciones que componen este recién nacido espacio coinciden en que "el modelo liberal está agotado". En este contexto, "las propuestas socialdemócratas pierden capacidad de dar respuesta a multitud de problemas sociales" y además la corrupción se convierte en "un elemento de desconfianza añadida y de descrédito hacia la clase política". En consecuencia, la "progresiva expansión económica" ha logrado "desbordar los límites biofísicos desestabilizando los sistemas vitales del planeta". Todo ello ha provocado además la ruptura de los llamados pactos sociales, como la Europa del Bienestar, en detrimento de "los derechos humanos, de la solidaridad y de la democracia".

Quorum recuerda que España es blanco directo de las políticas neoliberales, cuyas secuelas no son pocas. El país "viene sufriendo desde mediados del siglo pasado una profunda degradación ecológica que ha llevado a que el 45% de sus ecosistemas se encuentren en mal estado" y además "es uno de los países europeos con mayor desigualdad".

Las mujeres españolas, asimismo, son las principales víctimas de la pobreza y exclusión, además de sufrir la falta de corresponsabilidad en cuanto al trabajo doméstico. Decenas de personas son asesinadas cada año por el hecho de haber nacido mujer. "Y a día de hoy siguen sin garantizarse los mecanismos de prevención, protección y reparación ante este tipo de violencia".

Las políticas sanitarias, educativas y laborales son también cuestiones sobre las que el conjunto de organizaciones que componen Quorum pone el foco. "Ahora se trata de articular estas respuestas en un relato que enfrente el desbordamiento, las amenazas a la democracia y las desigualdades, que se exprese inicialmente como una llamada a la ciudadanía".

Suma de voces

¿Qué tiene que ver un banco con Quorum Global? La pregunta la lanza Laura López, responsable del área Sociocultural de Fiare. "Somos un banco cooperativo en manos de la ciudadanía", explica en conversación con infoLibre. Pero además, la entidad trabaja por ser "una herramienta al servicio de la transformación social" a través de la construcción de "finanzas éticas y economía solidaria al servicio de un desarrollo humano, social y ambiental sostenible", actividad que llevan a cabo mediante la financiación de proyectos de "economía social y solidaria, agroecología, cooperación al desarrollo, comercio justo y también la lucha contra la exclusión social". Esta correlación de elementos, continúa López, "están visibles en Quorum Global".

Y lo que une a Fiare con el proyecto, sintetiza la responsable, son las personas y la participación. "Participar en un proyecto de democracia económica" que además comparte "la misma preocupación ante la deriva social y económica en la que vivimos". Su manera de contribuir al cambio, dice, es "fomentando otro tipo de economía responsable centrada en las personas pero también buscando soluciones desde las finanzas para dar respuesta a otro tipo de problemas".

Sebastián Ruíz, uno de los impulsores de Wiriko, encuentra los mismos ejes comunes que detalla Laura López. Su medio nace "hace cinco años con la idea de buscar otras narrativas con las que mostrar al continente africano" a través del arte y la cultura. Mediante el desarrollo de este planteamiento, Wiriko "explica las realidades que no se muestran buscando puntos invisibilizados como la literatura o la música". ¿Por qué está integrado en Quorum? "Porque hemos detectado que somos muchos los que trabajamos en líneas parecidas pero estamos desconectados los unos de los otros". En este sentido, "la oportunidad que brinda Quorum es la posibilidad de encuentro". Establecer marcos, señala, "para seguir construyendo otro mundo".

Para ello, es necesario "comprender donde está el origen común de todas las fracturas que se han evidenciado tras la crisis y empujar juntos". El encuentro de este miércoles "no es una receta, es un laboratorio para ver qué sale de ahí" y "una de las claves es bajar la teoría y acercarla a la sociedad para explicar esos mensajes y que la gente los haga suyos".

Marta Iglesias, vocal de incidencia social en la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, reconoce que para conseguir los objetivos marcados, "cambiar las cosas que no están funcionando para terminar con la pobreza, la desigualdad y promover el desarrollo", es necesario trabajar de forma conjunta. Por este motivo Iglesias apuesta por "ampliar la mirada hacia otros sectores que tienen fines si no iguales muy similares" y de esta forma "trabajar conjuntamente de otra manera". El actual escenario, agrega, marcado por "el retroceso democrático, la falta de garantías, un modelo económico que no garantiza la igualdad y unas políticas que no ponen el foco en las personas", no va a cambiar mediante acciones individuales. "Si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer las cosas de otra manera", asegura categórica Iglesias, quien señala como meta a corto plazo "aprender, conocer y ver puntos en común".

La de Fiare, Wiriko o la Coordinadora son algunas de las múltiples voces que convergen en la nueva plataforma, abierta a colectivos y activistas. Medio ambiente, feminismo, economía y derechos humanos son algunas de las ramas que componen el árbol. Las aportaciones de las organizaciones que participan en el nuevo espacio se suman ahora en una llamada colectiva para crear un relato común que pase de la reflexión a la acción. Los activistas consultados explican la "importancia de trabajar en red, crear nuevos espacios de organización, construir y trabajar juntos". Se trata "de un espacio muy ambicioso porque está abierto a todo aquel que quiera sumarse, no se limita a un sector ni a una temática". Ante un "problema global y complejo", añaden, lo que se intentará ahora es "buscar respuestas y articularlas".

Hoja de ruta

Ángel del Castillo explica la hoja de ruta que seguirá el proceso, cuyo lanzamiento se prevé para este miércoles. El proyecto "se sustanciará en octubre, en Málaga" y la idea es que el trabajo a lo largo del año "sirva para generar un relato" cuya articulación "será consecuencia del propio proceso".

Por el momento, las pretensiones de la plataforma giran en torno a "ver qué posibilidades hay no sólo de relato sino también de acción". Del Castillo recuerda además que este año se cumple una década desde la caída de Lehman Brothers, algo que "servirá de paraguas, porque muchas organizaciones desarrollarán actos y debates que pueden encajar" en el proyecto. Algo que califica de "ambicioso pero realista por las pequeñas armas" que la experiencia brinda a sus componentes.

Del Castillo considera que la reflexión no es únicamente necesaria en cuanto a la situación actual, sino también respecto a "pensar de cara al futuro sobre alternativas y apoyo conjunto". Este miércoles se hablará "del por qué, en razón de qué y para qué". Es decir, los motivos por los que surge el espacio, en razón de qué participa en él la gente que ha decidido sumarse y con qué fin. Se abordarán cuestiones como "los problemas ligados a la política, la limitación de recursos, un modelo alternativo, las nuevas tecnologías" y "por encima de todo eso plantear la necesidad de tener en cuenta al ser humano".

El evento de octubre, añade Laura López, "será el final de un comienzo". Sobre lo que vendrá después aún no hay respuestas claras. "Caminando se hace el camino, no sabemos a dónde nos va a llevar", admite López. De momento, el objetivo pasa por "poner una mirada intersectorial, desde lo local hasta lo global". El proceso echa a andar, en un escenario aún sin definir pero a paso firme.

Bono, el cantante de U2 que se desvive por el futuro del mundo pero no se priva de su sociedad offshore en Malta, se refirió en 2006 a la élite política y económica que se reúne anualmente en el Monte de Davos, en Suiza, como "fat cats". Literalmente serían "gatos gordos", aunque el significado figurado en Reino Unido tiene más enjundia porque apunta a esos súper ejecutivos y banqueros que amasan fortunas espectaculares con conductas moralmente dudosas, digamos en la City. "Peces gordos", cabría traducir, aunque no sería exacto. Bono debía estar incluido en el saco; no en vano, aquel año era uno de los invitados al Foro Económico Mundial, adonde acudió básicamente a decir que había que ser incansable en la lucha contra el sida. Pero en realidad él se refería a los demás con lo de "fat cats". No a sí mismo. Bono iba allí como crítico, un poco a lo Al Gore, voz de la conciencia del sistema. Es una de las características de Davos: una supuesta ambivalencia que sus detractores tildan de monumento al cinismo. En Davos está, presente o como financiador, lo más de lo más del ultraliberalismo capitalista mundial, pero el foro se arroga el estatus de espacio de discusión, reflexión o incluso disidencia (eso sí, interna).

¿Humo? ¿Simple fachada? A estas preguntas respondería sí Quorum Global, una naciente amalgama de movimientos sociales en España que celebra su puesta de largo este miércoles 24 en La Nave Boetticher, en Madrid, justo mientras los "fat cats" discuten en las montañas helvéticas su diseño del mundo (23-26 de enero). Y no es la única iniciativa crítica. Con menos repercusión, a contracorriente, hay movimientos sociales tratando de organizarse y avivar el debate económico, en España y el mundo, para plantar cara al pensamiento Davos, su potente irradiación ideológica y sus contradicciones.

Un ejemplo de la teórica ambivalencia de Davos, con un punto buenista: este año una de las cuestiones que acaparará más protagonismo será la "sostenibilidad", como acredita la propia producción de contenidos de la organización del foro, que parece especialmente preocupada por el cambio climático. Juan Gimeno, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, suelta una risita ante este interés del gran capital y sus valedores políticos por alzar una bandera supuestamente progresista. "Hay quien dice en nuestros debates que es un logro que valores progresistas, como la sostenibilidad, se hayan hecho dominantes. No. Yo siempre he pensado que es falso. Se los apropian, para que al final sirvan a sus intereses", afirma. Gimeno está muy atento a los movimientos en uno de los campos de batalla donde se libre ahora la guerra económica: el semántico. El neoliberalismo, a su juicio, ha movido mejor sus tropas, beneficiándose además de la abrumadora superioridad de sus medios. Toca responder, afirma.

"Han conseguido que unas formas de medir la economía y el progreso que no son reales se impongan. Sólo se mide lo que pasa por el mercado. Se asume que si sube el PIB sube el bienestar y punto. Es una mentira absoluta. Se ignora cómo se distribuye la renta, los recursos. Antes conseguir empleo era garantía de salir de la pobreza y la exclusión social, ya no. Por lo tanto, no tiene sentido seguir midiéndolo todo según la creación de empleo. Pero manejan las estadísticas. Si una persona come un pollo y otra ninguno, la estadística te dirá que cada uno se come medio pollo", explica Gimeno. Y pone ejemplos de realidades ocultas. En el caso del turismo en España las espectaculares cifras –más de 80 millones de visitantes en 2017– se presentan como logro político y eclipsan el deterioro medioambiental, la degradación del empleo, la fragilidad industrial, la gentrificación y el auge del alquiler. La cara oscura, en resumen. De nada de eso se hablará en Davos a fondo. Tampoco de la precariedad que conlleva la autoproclamada "economía colaborativa". "Como siempre", señala Gimeno, "se anunciarán medidas contra los paraísos fiscales, o contra el desempleo juvenil... Pero es todo eslogan, escaparate. No se hará nada, ni una sola política que lo haga realidad", añade.

Un manifiesto en fase de borrador

Gimeno no se limita a la actividad académica. Es patrono de Economistas sin Fronteras y presidente del Foro de Economía Progresista. Sigamos el hilo de estos dos espacios de disidencia para empezar a esbozar el panorama de organizaciones críticas en España. El Foro de Economía Progresista se encuentra entre los múltiples movimientos que, a iniciativa de Attac, trabajan actualmente en un borrador de manifiesto con motivo del décimo aniversario del "colapso financiero" que supuso la caída de Lehman Brothers, el 15 de septiembre de 2008. "Aprovechando ese paraguas, queremos ampliar las reflexiones sobre la crisis y sus causas, que es algo que se quiere olvidar. Pero sobre todo queremos mirar al futuro", señala Ángel del Castillo, coordinador de Attac Madrid. El manifiesto –que aún no es definitivo– da pistas fiables sobre el rumbo de los movimientos sociales. Ahí está denunciado el carácter "sistémico" del problema, el "desenfrenado poder" de los lobbies, las complicidades entre el poder financiero y el político y hasta el "riesgo de otro colapso", temas todos ellos que difícilmente tendrán un espacio de privilegio en Davos. Por supuesto, tampoco aparecerá el "control democrático" de las finanzas –siempre se evita ya la palabra "planificación", de sabor tan marcadamente socialista–. El borrador de manifiesto sí lo reivindica.

Trabajan en la redacción del texto la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Economistas frente a la Crisis, CCOO, PAH Madrid, Dinero Positivo, Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas, Plataforma de Parados y Precarios, Proyecto AIRE, Plataforma por la Banca Pública, Ecologistas en Acción... ¿Suficiente músculo civil contra la potencia del discurso dominante? "Estamos resistiendo. Pero resistir es crear", responde Ángel del Castillo, de Attac, que confía en que 2018 sea un año propicio para meter la cuña de temas básicos en la agenda de la izquierda como el impuesto a las transacciones financieras, la banca pública o los paraísos fiscales. Temas que tampoco serán protagonistas en Davos, o si lo son cabrá cierto escepticismo razonable sobre lo que se diga, pues conviene recordar que aquel fue uno de los foros por donde se paseó la cacareada "refundación del capitalismo", que quedó en poco o nada. "A nivel institucional no creo que se vaya a avanzar mucho. Siempre se crean muchas expectativas, pero luego nada. Sí tengo confianza en el debate permanente que existe, que ahora está más estructurado. Tengo esperanza en que haya un nuevo relato si damos todos a la vez con la piqueta en el mismo punto", afirma.

Coordinación de organizaciones

El motivo fundamental del prudente optimismo de Ángel del Castillo es Quorum Global, un espacio que pretende organizar, cohesionar y aportar fortaleza a una miríada de asociaciones e instituciones críticas: Attac, las ONG para el desarrollo, Ecologistas, Fiare (banca ética), Futuro en Común, Foro de Transiciones, los periódicos La Marea y El Salto... "Tenemos un diagnóstico, pero no hemos conseguido dar una respuesta potente. Quorum es un intento de hacer un trabajo más coordinado, más interrelacionado, no cada cual con su agenda", afirma Chus González, dinamizadora de Quorum Global. Su objetivo es propiciar "un cambio de cultura organizacional" para "generar nuevos relatos y desmontar falacias".

El trabajo de Quorum desde finales de 2017 y a lo largo de este año culminará, si se cumple lo previsto, con un evento en Málaga en octubre. Sus documentos de partida muestran una cierta suavidad de la retórica, pero los grandes temas están ahí: precariedad, desigualdad, feminismo, derechos humanos. Quorum busca "una nueva narrativa" para "desmontar la manera en que el capitalismo y las políticas neoliberales retuercen el lenguaje y lo vacían de contenido". "Si queremos tener impacto con nuestras acciones, necesitamos entender quiénes son las empresas, instituciones y personas que ejercen el poder, de qué mecanismos se valen para hacerlo y cómo se relacionan entre sí. [...] Para entender el impacto de los discursos neoliberales, debemos analizar tanto a quienes los emiten y legitiman como su contenido. Sólo así seremos capaces de entender cómo se construye un 'sentido común' [...], desmontar las manipulaciones del lenguaje o señalar la apropiación de conceptos de los movimientos sociales [...]", señala su documento El futuro se construye ahora.

En busca de un consenso

Aunque parecen frases pensadas para Davos, se refieren al discurso neoliberal en su conjunto, del que el encuentro suizo es un puntal. Por eso Oxfam Intermón aprovecha la antesala del llamado Foro Económico Mundial para intentar meter el dedo en la llaga. El pasado año logró una fuerte repercusión con un informe que denunciaba: "Ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad". José María Vera, director de Oxfam, denuncia la cultura del eufemismo y el disimulo de Davos. "No hablan de desigualdad, sino de crecimiento inclusivo; no hablan de la devastación que puede provocar el cambio climático, sino de desarrollo sostenible. Y, no obstante, si lees lo que dicen en su web, hasta ellos admiten que las cosas no van bien", señala Vera, convencido de que, "salvo cuatro fanáticos ultraliberales", comienza a haber un cierto consenso social en torno al cuestionamiento de los dogmas dominantes.

El director general de Oxfam cree que para poder competir con el discurso neoliberal, es imprescindible acudir a las causas profundas de los problemas. "Nosotros somos una humilde ONG de lucha contra la pobreza. Con importancia, pero humilde. 'Cíñete a tus pobres', nos dicen en cuanto analizamos las cosas a fondo. Pero nuestra conclusión acumulada en años es que no podemos ser efectivos en la lucha si no nos enfrentamos a la desigualdad extrema en el acaparamiento de recursos como la tierra y el agua. Esto no es como cuando hablamos de control de comercio de armas, o de cuotas de refugiados, o de patentes farmacéutica. Esto es hablar de un sistema, de fiscalidad y tributación internacional, de reparto de dividendos, de salario-capital", explica. Todo esto tocaría lo que Marx llamaba la "tasa de ganancia", asunto que toca el nervio del capital, que tiene sus temas tabú, como éstos y el control democrático de la economía.

Es un dilema frecuente de los movimientos sociales a la hora de hacer piña y llegar a acuerdos. ¿Se lima el discurso y se rebaja la profundidad de análisis para favorecer que no se quede nadie fuera? Vera defiende "la ruta en la que nos encontramos más organizaciones, que no es excesivamente radical, los Objetivos de Desarrollo Sostenible" de la ONU. Son 17. De enunciado genérico –"paz", "justicia", "trabajo decente", "energía asequible y no contaminante"–, suscitan escepticismo en sectores de la izquierda poco dados a la contemporización, pero lo cierto es que mirados en detalle estos objetivos resultan un desafío a las formas de avaricia extrema que adopta el ultraliberalismo.

Foro Social Mundial en Brasil

Los detractores de este modelo –que hace algunos años habríamos llamado "altermundistas" o "antigloblización"– no se limitan por supuesto a España. Es más, en España no son especialmente fuertes. Los movimientos sociales tienen la aspiración de articular un proceso de "unidad mundial", objetivo que se antoja quizás demasiado ambicioso pero que está recogido en la convocatoria del Foro Social Mundial, que se celebrará en marzo en Brasil como una especie de contraplano contestatario de los oropoles de Davos. El documento de partida del Foro Social alerta del "crecimiento del pensamiento reaccionario y autoritario" y de una "grave crisis civilizatoria mundial".

En cuanto al intento de reverdecer el debate sobre la crisis con el telón de fondo del décimo aniversario del hundimiento de Lehman Brothers, también es una iniciativa internacional. En Europa la impulsan Attac, Somo, FinanceWatch, Corporate Europe Observatory y Global Justice Now. En las agendas de los movimientos sociales aparecen con frecuencia los mismos elementos: precariedad, desigualdad, feminismo. Precisando más, paraísos fiscales, banca pública, propiedad de la tierra, control democrático –político y social– de las decisiones económicas, emancipación de las democracias del poder financiero. Fight Inequalty Alliance es otra de las iniciativas que busca lo que el Foro Social Mundial llama "unidad mundial". En su documento de toma de posición, Fight Inequalty Alliance alerta contra un "fundamentalismo de mercado" que lo mismo arrasa con el sector público en su desenfreno privatizador que desprovee de derechos a los inmigrantes. Todo esto queda lejos de Davos, donde en 2012 se prometía "la gran transformación" y este año se supone que debería encontrar eco el intento de las autoridades de la UE de abrir el debate del fin de la austeridad e impulsar el tan nombrado "pilar social" comunitario. Eso en cuanto a Europa. A nivel global, la atención política reside en comprobar hasta qué punto hay un eje Merkel-Macron que desafíe a Trump. A juicio de los movimientos sociales, vodevil político insustancial.

Un modelo que Davos no discute

Está previsto que los grandes mandamases estén en Davos. Mariano Rajoy no irá, como es costumbre. La representación española estará liderada por el rey, Felipe VI. Van también Ana Botín –el Santander es socio del foro, como el BBVA–, Juan Luis Cebrián (Prisa), Rafael del Pino (Ferrovial), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Dimas Gimeno (El Corte Inglés)... Más ha dado que hablar la presencia de Javier López Madrid, imputado en Lezo y Púnica, que participa como consejero delegado de Grupo Villar Mir. La representación española no andará demasiado lejos del perfil medio de los asistentes, que vendría a ser el de un hombre de 54 años, el asistente más común. Sólo el 21% son mujeres.

El programa sí es variado, aunque consigue evitar lo que para sus detractores es esencial: las causas profundas. Está la energía, el transporte, la salud, la tecnología, los países emergentes... Y una idea central, la llamada "cuarta revolución", que anticipa un nuevo cambio de paradigma económico por efecto del exponencial crecimiento de la tecnología. Al debate sobre los excesos del modelo económico imperante, mucho menos sobre su capacidad para dar satisfacción a las necesidades o aspiraciones de la mayoría, se le dará poca bola. El terreno de juego no se discute en Davos. Sí que intentan discutirlo, con más fe que recursos, los llamados "antineoliberales". No se prevé precisamente una victoria inmediata de sus tesis. Pero como dejó escrito con sorna Giorgio Ruffolo, "el capitalismo tiene los siglos contados", así que no pueden permitirse desfallecer.

Cada vez que hay un nuevo caso, a pesar de las excusas, de negar lo evidente, de señalar a terceras personas y de acusar a los medios de comunicación de orquestar campañas... en fin, a pesar del recurso a la llamada posverdad(que es engaño), sale a la luz como se adjudican obras millonarias por cantidades de dinero muy considerables y empresas grandes y pequeñas se enganchan a la telaraña de la corrupción.

El rechazo a la corrupción se generaliza en el país, aunque parece que eso afecta muy poco a los votantes. Además, hay burladeros donde esconderse, pues los corruptos disponen de tres parapetos que el gobierno no parece tenga intención de eliminar. Parapetos que protegen, que permiten escapar.

Parapeto de las guaridas fiscales

Las cuentas receptoras de las ilegales comisiones de los corruptos se esconden en paraísos o guaridas fiscales. Ahí se ocultan al fisco en cuentas difíciles de conocer y más difíciles de controlar.

Ese dinero corrupto está en los mismos bancos donde esconden sus fondos los terroristas, narcos, traficantes de personas y todo tipo de criminales. Un lugar donde los políticos corruptos no tienen inconveniente alguno en coincidir con lo peor de cada país. Con la existencia del primer parapeto no sorprende que tras la Amnistía Fiscal no se den a conocer quienes son los corruptos beneficiados por la misma.

Parapeto de la falta de medios de la Agencia Tributaria

Algunas personas corruptas han sido descubiertas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica Fiscal de la Policía Nacional), por la UCO (Unidad Central Operativa de policía judicial de la Guardia Civil) y por esforzados jueces y tenaces fiscales.

¿Cómo parece actuar el gobierno en tal situación de afrontar la corrupción? Pues sin proporcionar los recursos necesarios que precisa la Agencia Tributaria ni las personas precisas que investiguen y persigan el gran fraude. De 2010 a 2016 los empleados de la Agencia Tributaria son casi tres mil menos.

Teniendo en cuenta que el volumen de fraude fiscal en España es un 23%, (el doble que en Alemania, Bélgica, o Francia), en España hay menos de la mitad de empleados de Hacienda que en esos países y menos que la media de la UE-28 en la proporción de empleados de Hacienda respecto a la población.

Además no se han convocado plazas en los últimos años. No aumentan los medios de inspección ni las personas que investigan, aunque el fraude sea enorme y a pesar de que ha aumentado la dificultad de inspeccionar grandes empresas y fortunas. Y para colmo el 40% de la Agencia Tributaria se jubilará en diez años. Se jubilará el personal con más experiencia.

Esta situación impide que sean investigadas grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude fiscal en este país, con la interposición de múltiples sociedades y otros trucos y trampas contables que convierten en ardua gesta el descubrir a corruptos y defraudadores.

Parapeto del funcionamiento deficiente de la administración de justicia

A pesar de parapetos y burladeros, en ocasiones se descubre a los corruptos, son acusados y van a juicio. Y ahí surge un tercer parapeto como el nombramiento por el gobierno de fiscales anticorrupción no muy dignos de confianza que son reprobados por el Congreso de Diputados. Además de ser designados algunos jueces muy cercanos al gobierno. Otro sí, por falta de medios materiales, en ocasiones de personal y otras razones, los juicios se prolongan 5, 10 o más años y es sabido que justicia retardada es justicia denegada.

La muestra del interés real del gobierno por resolver este panorama inquietante es que el presupuesto del Ministerio de Justicia de 2008 fue de 3.904 millones de euros, pero en 2016 solo era de 3.948 millones que, ponderada la inflación, resulta ser un 10% menos que ocho años atrás. Y, mientras en Europa hay 21 jueces por cada 100.000 habitantes, en España solo hay 11, poco más de la mitad.

Tal escenario, más las sabidas prácticas de los abogados del mundo, logra que los corruptos actúen de hecho con impunidad considerable. Panorama que hace imprescindible que el Gobierno y los partidos se propongan en serio acabar con la corrupción, yendo contra los paraísos fiscales (verdaderas guaridas de corruptos), aumentando recursos y funcionarios de inspección de la Agencia Tributaria y proporcionando más medios a la administración de Justicia.

Solo así habrá un sistema fiscal y judicial equivalente al de los países europeos de nuestro entorno que elimine la corrupción o la reduzca de modo considerable. ------------------------------------------------------------------------------

Xavier Caño es miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

La organización ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana) ha emprendido en Francia una campaña para denunciar la ingeniería fiscal que utiliza la multinacional Starbucks en ese país. Según ATTAC, la filial francesa, Starbucks Coffee France SAS, no paga ni un euro de impuesto de sociedades gracias a que se mantiene permanentemente en deuda con la matriz que la multinacional ha creado para gestionar su negocio en Europa, Starbucks Coffee Emea BV. Radicada en Holanda, esta sociedad firmó un acuerdo, un tax ruling, en ese país, que le permite eludir el pago de impuestos. Ese acuerdo le valió a la multinacional estadounidense una multa de 30 millones de euros de la Comisión Europeamulta de 30 millones de euros de la Comisión Europea en 2015.

En España, las 80 cafeterías que tiene Starbucks pertenecen al 100% al Grupo Vips, con quien suscribió una joint venture en 2001. Así que no puede utilizar la misma operativa. Pero los resultados de Starbucks Coffee España SL sirven para destapar las prácticas fiscales de la filial francesa. En 2015 la empresa española tuvo unos beneficios de 2,78 millones de euros con una facturación de 59,15 millones, según las cuentas que constan en el Registro Mercantil, las últimas que ha depositado. Pues bien, la filial francesa informó ese mismo año de unos beneficios de sólo 728.679 euros, pese a que ingresó 95 millones de euros. Es decir, Starbucks ganó en Francia cuatro veces menos que en España aunque su volumen de negocio es casi el doble.

Las cifras sustentan los argumentos de ATTAC: la multinacional del café chic rebaja artificialmente sus beneficios imponiendo a su filial francesa el pago de derechos sobre la marca y logotipo, así como la compra de todos los productos de su carta de cafés, tés, repostería y sándwiches, hasta el punto de registrar pérdidas. Según ATTAC, hasta 2015 Starbucks acumulaba en Francia pérdidas por importe de 45 millones de euros, lo que a su vez le permite no pagar impuestos.

Cuando fue sancionada por Bruselas, la compañía estadounidense respondió asegurando que cumplía “con todas las normas, directrices y leyes de la OCDE, y apoya su proceso de reforma fiscal”. También recalcó que paga un tipo medio efectivo global de alrededor del 33%, muy por encima del 18,5% que pagan otras grandes empresas estadounidenses”.

Precisamente este martes, el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado obligar a las multinacionales que operan en la Unión Europea y que tienen unos ingresos globales que superan los 750 millones de euros anuales a hacer públicos los datos fiscales de todos los países en los que tienen actividad, incluyendo en aquellos fuera de la Unión Europea. De esta forma, se revelarán –como ocurre al comparar las cifras de Starbucks en España y Francia– las tácticas de elusión fiscal utilizadas por las grandes compañías.

Beneficios de 8,76 millones en cuatro años

En España, de acuerdo con la información depositada en el Registro Mercantil, en 2015 Starbucks pagó 470.334 euros en concepto de impuesto de sociedades, un tipo efectivo del 14,4%, la relación entre el resultado contable antes de impuestos y la cuota líquida de ese año. Muy lejos de esa media del 33% del que hablaba la multinacional tras ser multada. 

Desde 2012, Starbucks Coffee España ha tenido un beneficio acumulado antes de impuestos de 8,76 millones de euros. Y ha pagado a Hacienda otros 1,85 millones, un 21,38%. El tipo impositivo general para este impuesto era del 35% en 2012, del 30% en 2013 y 2014, y bajó al 28% en 2015. En 2016 y este año ya es del 25%.

Sólo en 2012 la empresa española terminó el ejercicio con pérdidas, 3,22 millones de euros, pero no por los resultados del negocio, sino porque canceló créditos fiscales correspondientes a los años de 2002 a 2006, por importe de 3,83 millones de euros, “conforme a una estimación prudente sobre los resultados futuros a corto plazo del negocio, debido a las adversas condiciones económicas del entorno”.

Casi cuatro millones en 'royalties'

A fecha de 31 de diciembre de 2015 Starbucks tenía en España 80 cafeterías. Hoy dice poseer más de 100 en España y Portugal. Su plantilla la integran 1.300 empleados. Todos sus locales son arrendados, por los que paga en alquileres 6,73 millones de euros al año. En agosto de 2013, el grupo Sigla –propietario de la cadena Vips– vendió el 49% de Starbucks Coffee España a Starbucks Coffee Emea BV, porcentaje que recompró en enero de 2016. Entonces Vips justificó la operación en la necesidad de encontrar financiación para llevar cabo un plan de transformación del grupo sin recurrir a los bancos.

En 2015 la empresa española pagó a Starbucks Coffee Emea BV un total de 3,81 millones de euros en royalties –los derechos por utilizar la marca de la multinacional norteamericana–, más o menos la misma cantidad que le abona anualmente, según puede verse en sus cuentas, desde 2012. Además, adquiere todas sus mercancías a través de la central de compras del grupo Vips, SDH Sigla SLU, por valor de 14,1 millones de euros.

“La Unión Europea encabeza la lucha contra la elusión fiscal”, sacó pecho el pasado martes el presidente del Consejo de la UE, Edward Scicluna, al anunciar la aprobación de un proyecto de directiva que debería impedir a las multinacionales utilizar sofisticados mecanismos de ingeniería fiscal para pagar menos impuestos. Siempre son instrumentos legales, por lo que no llegan a considerarse evasión fiscal, pero aprovechan los agujeros de los sistemas impositivos nacionalesagujeros para tributar el mínimo por sus beneficios. Este último paquete de medidas se suma a una directiva aprobada en julio de 2016; ambas normas trasladan al ámbito europeo las 15 recomendaciones contra la ingeniería fiscal de las multinacionales elaboradas por la OCDE en 2013.

“Es un buen principio, aunque en realidad sólo una tirita para una herida muy grande”, analiza Albert Sagués, profesor de Fiscalidad de la Universidad Pompeu Fabra. Cree que su efectividad será limitada, lastrada por los intereses dispares de los Estados miembros. Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido u Holanda aplican ventajas fiscales para atraer negocios a sus territorios, por lo que no van a ser los más interesados en ponerles coto: las inversiones de EEUU en Irlanda ascendían a 311.000 millones de euros en 2014, más de lo que las compañías norteamericanas invierten en el conjunto de los BRICS (China, India, Rusia, Brasil y Suráfrica).

La directiva de julio de 2016 ya deja claro que sólo establece “un nivel mínimo de protección frente a las prácticas de elusión fiscal” de las multinacionales. Y María Villanueva, responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam Intermón, lo corrobora: “La UE casi se ha limitado a calcar las recomendaciones de la OCDE, así no garantiza que vaya a acabar con los agujeros por donde se cuelan las grandes compañías”, advierte. Según el comisario Pierre Mostovici, entre 50.000 y 70.000 millones de euros dejan de pagar por sus beneficios las multinacionales en Europa gracias a esas lagunas fiscales. De hecho, María Villanueva cree que la directiva del pasado verano se redactó pensando más en los países del centro y el este de Europa, que no tienen ni medidas mínimas contra la ingeniería fiscal de las compañías, que en poner fin a estos mecanismos paralegales dentro de la UE como reza su encabezado.

A juicio de David Palomera, coordinador de ATTAC Acordem, el problema básico es la falta de voluntad política. “Se tomaron medidas sólo después de que saltara el escándalo de los papeles de Panamá y sólo sobre elusión fiscal, no se ataca directamente la evasión”, protesta. Como ejemplo cita la lista de paraísos fiscales que la UE tiene previsto acordar para este mismo año, quizá después del verano. Para la OCDE sólo hay dos paraísos fiscales: Nauru y Niue, dos pequeñas repúblicas de la Polinesia. Y la UE ha descafeinado su propia lista antes incluso de haberla elaborado. María Villanueva critica que Bruselas vaya a utilizar “como indicador, pero no como criterio” para definir qué es un paraíso fiscal el hecho de que un país aplique un tipo cero en el impuesto de sociedades. Lo decidieron los ministros de Finanzas de los Veintiocho el pasado noviembre.

Albert Sagués también considera decepcionante que la UE quiera “redefinir” ahora el concepto de paraíso fiscal, “que siempre ha sido un país con baja o nula tributación que no quiere compartir información con otros”. También desaprueba que Gibraltar no esté en el índice. La última lista preliminar, publicada el pasado mes de septiembre, incluía 81 paraísos fiscales, entre ellos las islas británicas del Canal. Está por ver cómo influirá el Brexit en las negociaciones para delimitar la lista negra definitiva. Para elaborarla, la UE atenderá sólo al nivel de transparencia fiscal y a las medidas que el país en cuestión aplique para evitar las prácticas de elusión fiscal.

“No se atreven”

El proyecto de directiva aprobado el pasado martes se centra en lo que la UE conoce como “asimetrías híbridas”: las disparidades fiscales entre dos o más países son aprovechadas por las multinacionales para no pagar impuestos. Un “híbrido” es una empresa o un mecanismo que resulta transparente para un país pero opaco para otro. En la directiva de julio, que actuaba sobre las disparidades fiscales dentro de la UE, ya se mencionaban medidas contra estas asimetrías. El proyecto recién aprobado –aún debe pasar por el Parlamento Europeo antes de ser ratificado por el Consejo de la UE– se centra exclusivamente en las asimetrías híbridas en países no comunitarios.

El paquete de medidas contra estos mecanismos es básico en la lucha contra la evasión fiscal de las grandes compañías, pero peca de falta de ambición, destaca José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El proyecto de directiva deja fuera de su ámbito de aplicación, por ejemplo, a los bancos y las instituciones de inversión colectiva –Sicav, fondos de inversión–. También excluye los mecanismos que las compañías utilicen si se demuestra que su objetivo es absorber pérdidas y no eludir impuestos. “¿Quién y cómo se determina que el fin es absorber pérdidas y no evitar al fisco?”, se pregunta David Palomera.

Para Alberto Sagués, no es razonable que el proyecto de directiva eleve hasta el 50% la participación en el capital de una empresa necesaria para considerarla asociada a otra cuando se trate de una entidad híbrida. Si no lo es, basta con un 25% de participación para que se le apliquen las medidas de la directiva. Tampoco ve lógico que se excluya a los bancos. “Lo que harán las compañías será precisamente utilizar bancos para seguir eludiendo el pago de impuestos”, advierte. “Han apretado”, dice sobre los responsables europeos, “pero aún no han puesto barreras definitivas contra la elusión fiscal”. “No se atreven”, concluye.

Otro dato que señala en esa misma dirección es el plazo que se ha dado Bruselas para que las medidas se hagan realidad. Los Estados miembros tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para trasladarlas a sus respectivas legislaciones nacionales. Excepto uno de sus artículos, que tardará aún más: el 31 de diciembre de 2021. “Los negocios van mucho más rápido”, opone María Villanueva. “No tiene sentido”, coincide Albert Sagués, “para entonces las empresas ya le habrán sacado hasta la última gota a esos mecanismos”.

Reforma fiscal mundial, sanciones, informes públicos

El profesor de la Pompeu Fabra cree que sólo una reforma mundial de la fiscalidad podrá terminar con el problema. De otro modo, siempre quedarán agujeros por tapar. “En un mundo globalizado, las soluciones también tienen que ser globales”, propugna. Pese a que la nueva política de Donald Trump camina en sentido contrario, el de emplear las diferencias fiscales para hacer de EEUU un país atractivo donde radicarse. Sagués también defiende una fiscalidad única en la UE, aunque advierte de la dificultad de implantar un sistema que obligaría a los Estados a renunciar a legislar en materia fiscal.

Por su parte, José María Mollinedo recuerda que de las 15 recomendaciones de la OCDE sólo se ha puesto en marcha, y no completamente, una tercera parte. Los portavoces de Oxfam y ATTAC coinciden a la hora de pedir sanciones a las compañías que eludan el fisco gracias a la ingeniería fiscal, y de prohibirles participar en concursos públicos. También reclaman que se hagan públicos los informes sobre su actividad –ingresos, beneficios, impuestos, capital, plantilla– país por país, que la UE les obliga a presentar desde el pasado ejercicio. David Palomera, además, pretende que se recupere la tasa Tobin, sobre las transacciones financieras, a su juicio una herramienta útil contra la especulación.

Sagués no desprecia el diálogo con las malas de la película, las multinacionales, “escucharlas antes de legislar”, para garantizar ese “consenso mundial” que él considera necesario: “Tenemos una fiscalidad del siglo XIX y necesitamos una del siglo XXI”.

Miles de personas recorrieron este sábado algunas calles del centro de Madrid para protestar contra los "tratados bilaterales de comercio e inversión", que consideran "una nueva norma de dominación", y, en especial, contra el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) que actualmente negocian la Unión Europea y Estados Unidos y que, de aprobarse, afectaría a la mitad del comercio mundial. "El acuerdo tiene como objetivo real desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales, así como privatizar los servicios públicos: la salud, la educación, el agua, los transportes o la gestión de los residuos para conseguir cada vez más y más beneficios y aumentar la tasa de ganancia", denunciaban los organizadores en las octavillas repartidas durante todo el recorrido.

La marcha, a la que se adhirieron más de 200 organizaciones sociales, sindicales y políticas, arrancó pasadas las 18.00 horas desde el Paseo del Prado, a la altura de Neptuno. Bajo el lema Las personas y el planeta no somos mercancía, los manifestantes, que alzaban carteles en los que se podían leer frases contra el TTIP –"Cocinan TTIP en secreto porque es puro veneno", "Las empresas con TTIP imperan en Estados y ciudadanos", "Vampiro, pulpo y gusano chupa el TTIP gentes y Estados" o "TTIP ataca nuestros derechos", entre otras– comenzaron a avanzar hacia la Puerta del Sol, punto final del recorrido, deteniéndose en varias ocasiones a lo largo de la calle Alcalá y frente al Ayuntamiento de Madrid. 

A pesar de que la manifestación comenzó de forma silenciosa, escuchándose tan solo las canciones que se reproducían desde la megafonía instalada en una pequeña camioneta, los participantes se fueron animando y comenzaron a corear consignas al unísono: "¡Este tratado lo vamos a parar!", "¡No es un tratado, es un golpe de Estado!", "¡De norte a sur, de este a oeste, paramos el tratado cueste lo que cueste!" o "¡Somos personas, no mercancías!" fueron las más repetidas durante todo el trayecto. 

"El TTIP atenta contra lo que nos hace mejor sociedad y mejores personas: nuestros derechos, la salud, el medioambiente y la democracia. Es una manera en el que el beneficio de las grandes multinacionales pasen por encima de cualquiera de estas cosas", apuntó a este diario Rosa Martínez, coportavoz de Equo, mientras sostenía la pancarta que encabezaba la marcha. Además apostilló que "cualquier acuerdo o tratado que afecte a la ciudadanía" se tiene que hacer de manera "transparente, democrática y que permita la participación de la ciudadanía" porque, según recalcó, "tenemos mucho que decir y mucho que perder" y, por ese motivo, "la presión ciudadana es fundamental".

En la misma línea se posicionó Ernesto Sarabia, miembro de la coordinadora estatal de las Marchas de la Dignidad 22M. "En primer lugar se está haciendo rodeado de oscurantismo, algo que es síntoma de que ellos saben que están haciendo algo mal", apostilló. Además, aseguró que este Acuerdo recortará "derechos sociales, laborales y medioambientales, dejando a los Estados de la UE sin poder de decisión, porque serán las corporaciones las que se impondrán sobre todos estos asuntos". "Derechos históricos que habíamos conseguido quedarán desmantelados y reducidos a la mínima expresión", sentenció.

Por su parte, el coordinador general de IU, Cayo Lara, dijo, en declaraciones a infoLibre, que "no hay debate" sobre este tema "porque lo han ocultado" de manera "descarada". "Es un cátálogo que se hace al servicio de las multinacionales y las empresas transnacionales que atentará contra todos los derechos sociales, laborales, económicos, medioambientales, sanitarios, educativos...", señaló, añadiendo que "hará un daño inmenso tanto a los consumidores como al propio sector agrario de una manera descarada" si se tiene en cuenta la "diferencia estructural existente entre la Unión Europea, y España en particular, respecto a Estados Unidos". Cayo Lara finalizó recordando la creación del Consejo de Cooperación Regulatoria, "que será un órgano de las multinacionales para defender sus intereses y que incidirá, directamente, sobre la legislación de los países y la orientación que tienen que dar los propios países a futuras normas".

La manifestación concluyó pasadas las 20.00 horas en la Puerta del Sol con la lectura del manifiesto de convocatoria de manos de la escritora Almudena Grandes, la reproducción del rap que compuso Ecologistas en Acción para la cita y la actuación de la Solfónica 15-M. La manifestación estuvo respaldada por colectivos sociales, como Attac; varias ONG como Ecologistas en Acción, Coordinadora ONGD y Greenpeace; sindicatos como CCOO y CGT; y partidos políticos como Equo, IU, Podemos o Bildu.

Actos por todo el mundo

Madrid no ha sido la única ciudad en clamar contra el TTIP durante lo que se ha definido como Día de Acción Global. Según datos facilitados por Ecologistas en Acción, en más de veinte ciudades españolas se han celebrado manifestaciones y actos. Así, durante toda la mañana se celebraron concentraciones y marchas en Donosti, Menorca, Mallorca, Granada, Logroño, Valladolid, Ferrol, A Coruña, Santander, Gijón, Sevilla, Castellón y Barcelona. Además, durante la tarde, se convocaron actos similares en Marbella, Vigo, Valencia, Bilbao y Motril.

Además, las protestas también se extendieron a nivel global. Para este domingo se habían convocado más de 743 actividades en 46 países países diferentes. 

Más de una decena de organizaciones se reunieron el último domingo en el Ateneo de  Madrid para abordar la propuesta del Frente Cívico Somos Mayoría –impulsado por Julio Anguita– de elaboración de un programa ciudadano, así como los primeros pasos para una convergencia, propuestos por Convocatoria Cívica.

Las organizaciones políticas y sociales que participaron en esta reunión fueron, además de los ya mencionados, ATTAC, Civitana.org, Equo, Foro Ético, ICV, Izquierda Abierta, Izquierda Unida, Junta Republicana, Movimiento por la Dignidad, Partido Comunista, Socialismo XXI y Unión de Consumidores. También acudieron como observadores Marea Verde y Recortes Cero.

Su objetivo es claro: "un consenso de mínimos que afronte directamente los graves problemas que como sociedad tenemos". Pero no se queda solo aquí, también pretende ofrecer "respuestas alternativas" a estos problemas y, con ellas, "un discurso político en consonancia y un lenguaje nuevo inclusivo para con la mayoría social".

Para tal final se constituyó la Comisión Promotora con la organizaciones asistentes, quienes se comprometieron con la elaboración de este programa. La tarea de este grupo los trabajos hasta la próximo reunión, en la que se constituirá una coordinadora "amplia y plural", así como comenzar la "elaboración colectiva".

Estas organizaciones coinciden que "mantendrán su propia identidad a lo largo del proceso". No obstante, llaman a sumarse a este proyecto "al conjunto de colectivos, organizaciones y entidades que tengan la voluntad de participar, para iniciar este proceso de forma conjunta".

Otro de los acuerdos fue subrayar el "carácter ciudadano" de la iniciativa, que no tiene vocación electoral, ya que entiende que "es necesario posibilitar un debate amplio sin las limitaciones de las dinámicas electorales", así como que "la convergencia de las políticas para la mayoría social se ha de dar en los diferentes ámbitos, tanto en el ciudadano como en el electoral".

Asimismo, coinciden en que se debe "avanzar hacia fórmulas de democracia participativa y directa", algo que creen necesario para construir la "alternativa política" que "supere el actual secuestro de la democracia por parte de los poderes económicos y financieros".

La Federación de Estudiantes Progresistas (FAEST), Estudiantes en Movimiento y la Plataforma de Afectados por las Becas han convocado conjuntamente una huelga en todos los centros educativos y universidades para este jueves, 8 de mayo, en protesta por los recortes en educación y por los retrasos en el pago de las becas, además de volver a pedir la retirada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

En declaraciones a Europa Press, el presidente de FAEST, Fidel González, ha precisado que la jornada de huelga se desarrollará "principalmente" en las universidades ya que "los universitarios se encuentran entre los más afectados por los recortes". En cuanto a la marcha, ha detallado que se realizará el recorrido habitual por la capital –de la Plaza de Neptuno hasta la sede del Ministerio de Educación en Madrid, a partir de las 18.30 horas– y que en la cabecera se situarán, junto a las organizaciones convocantes, las federaciones de educación de UGT y CCOO, así como el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES)s.

En cuanto a la elección de la fecha, ha indicado que se ha intentado que sea "antes del inicio de los exámenes" mientras que las acciones a seguir durante la jornada se concretarán en esta semana, aunque es probable que se lea un manifiesto con las principales reivindicaciones. Según González, "los estudiantes no pueden seguir aguantando que este Gobierno siga recortando derechos y becas, sin hacer nada". "El grave retraso en el pago de las becas y los recortes en éstas que han dejado a miles de estudiantes en una situación límite, han sido la gota que ha colmado el vaso para convocar esta huelga estudiantil", ha añadido.

El pasado 20 de abril, representantes de Sindicato de Estudiantes y la Plataforma de Afectados por las Becas entregaron una carta al ministro del ramo, José Ignacio Wert, en la que denunciaban la "nefasta política" en materia de becas y calificaban de "inadmisible" la "tardanza en la notificación y posterior entrega de las becas que corresponden a los estudiantes y que ya les han sido asignadas".

Fueron tres horas largas de reunión en el centro de Madrid, hasta las diez de la noche. Izquierda Unida se encontró ayer jueves por tercera vez con las plataformas, colectivos, ONG y movimientos sociales con los que intenta confluir y avanzar hacia un frente electoral y político. Diversos asistentes, de dentro de fuera de la reunión, calificaron la cumbre de "satisfactoria". No tanto por los resultados inmediatos y tangibles, que no los hay, sino por lo que supone de ir caminando hacia un bloque compacto que mire hacia las próximas elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. Por lo pronto, se acordó ir elaborando propuestas para un programa común antitroika y apoyar todas las movilizaciones contra el Gobierno y sus recortes. En el horizonte, si todo discurre según lo previsto, se vislumbra un gran acto público de presentación de ese programa y de la convergencia social y política para mediados de diciembre o principios del año próximo. Puede saber a poco, pero los miembros de este incipiente bloque creen que no hay que "correr", que hay que seguir generando "confianzas", y no poner el carro antes que los bueyes, la candidatura antes que el programa. 

IU viaja sobre dos carriles paralelos. Por un lado intenta atar las alianzas con sus socios políticos más consolidados y con los que mantiene lazos en las instituciones, Anova y Chunta Aragonesista, ICV y Batzarre. Una derivada de la que se encarga el aparato federal, que comanda Miguel Reneses. Por otro lado, busca la convergencia "por abajo", consciente de que debe encontrar sinergias y simpatías de los activistas y plataformas sociales, de ONG, de integrantes del 15-M, que tradicionalmente han mostrado ciertos reticencias a unirse a la federación. Dicho de otra forma, IU cree que no basta con tejer alianzas con otras fuerzas políticas si no cuenta con cierto sustrato social favorable, con aquellos que se encuentran más cómodos trabajando en plataformas ciudadanas pero con los que puede sintonizar en las propuestas y en las protestas. 

Los pasos dados en esta segunda vía se han traducido en la creación de Convocatoria, el impulso de "un proceso de convergencia que genere un amplio bloque o frente social y político para combatir las políticas neoliberales y apuntar alternativas" que apuntillen la crisis económica, social e institucional, de tal modo que el avance "unitario en el plano político y también electoral" pueda dar vida a un "sujeto político" dotado del poder y el peso necesario para "forzar una salida justa, solidaria y democrática a la actual situación". En la pasada reunión, en septiembre, se reunieron cerca de 30 plataformas –varias asambleas del 15-M, Ceapa, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), Frente Cívico Somos Mayoría, Convocatoria Cívica, PaTuSalud, Izquierda Anticapitalista, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo...–, aunque algunas acudieron como observadoras. Ayer se sumaron más colectivos. También asistió como observadora la marea verde de defensa de la educación pública a través del histórico sindicalista y profesor Agustín Moreno. En total, se acercaron unas 50 personas. 

Proceso semejante al de 2011

Convocatoria se puso deberes. Uno capital para todos es respaldar las manifestaciones de este otoño, que tendrán su culmen el próximo 23 de noviembre en una gran protesta. También avanzar en las tareas concretas que se asignaron a los cuatro grupos de trabajo constituidos (convergencia, movilizaciones, programa y proceso electoral). Lanzar igualmente invitaciones a la cumbre social, a los sindicatos y a las mareas para que se sumen formalmente.

En la siguiente asamblea, el 9 de noviembre, se revisará el camino recorrido y se preparará el siguiente paso. Desde la Secretaria de Convergencia Político-Social de IU, que dirige Enrique Santiago, se apunta a que el objetivo claro es que "entre mediados de diciembre y mediados de enero" se pueda organizar un gran acto en Madrid en el que participen colectivos de todo el Estado y donde se ratifiquen las propuestas consensuadas y las que hayan llegado de las mareas ciudadanas, cumbre social y más plataformas. Es decir, un acto donde se visualice la "convergencia", el músculo de las bases condensado en un programa común para las europeas. En el fondo, la federación aspira a reproducir un formato que ya empleó para las generales de 2011. Entonces reunió a todos sus aliados políticos y sociales en la Asamblea Federal de la Convocatoria Social. Fue la puesta de largo de su proceso de confluencia con otros y de las propuestas estrella de su programa. La dirección de IU espera que una vez esté encarrilado su menú programático, se dé paso ya a la composición de la lista electoral, hacia enero. "Y en IU no abriremos nuestro proceso interno de elección de candidatos hasta que no esté madura la convergencia social, programática y política. No vamos a salir antes que nadie con nuestros candidatos", observaban en el entorno de Santiago. 

Protestas "masivas", "jugar a la grande"

Una asistente al foro de ayer, sin embargo, se mostraba más cauta con ese calendario, porque aún no hay nada cerrado. Ese puede ser "el horizonte" si todo sale según lo esperado, pero advertía de que no conviene quemar etapas antes de tiempo, "correr demasiado". "No queremos que esto se estropee por las ansias de algunos. Queremos que este proceso sea además transparente y democrático. No podemos saltarnos pasos. Nos sentimos razonablemente satisfechos y el proceso está marchando. Eso es lo importante. Primero, el programa, luego ya se discutirá la candidatura, aunque seamos conscientes de los plazos", contaba esta fuente, que prefería guardar su anonimato hasta que se pacte un comunicado resumen de la reunión de este jueves. "Todos coincidimos en que hay que elevar el nivel de movilización para empujar hacia la dimisión del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas. Buscamos protestas masivas, jugar a la grande", analiza un dirigente de IU. 

Desde Izquierda Abierta, el partido de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz, integrado en la federación de Cayo Lara, se palpa igualmente la "satisfacción por el interés suscitado en otras organizaciones sociales y políticas". Pero, a su juicio, según apuntaba uno de sus miembros, la Convocatoria "no debería quedarse en la elaboración programática y la movilización, sino generar un verdadero proceso de cambio social y político". "La emergencia social debe concitar responsabilidad política y generosidad para crear frentes amplios que venzan a la troika y al binomio PSOE-PP", concluía este dirigente.

La izquierda alternativa está en plena ebullición. Se mueve por todas las esquinas, con la vista puesta en un horizonte cercano, las próximas elecciones europeas del 25 de mayo de 2014. Dialoga, discute sobre propuestas, estudia las vías para ir convergiendo. Izquierda Unida se sitúa en el centro del tablero como un agente clave, dado su mayor peso y su condición de socio seguro, como la formación a la que las encuestas dibujan en una curva ascendente y la que, por tanto, podría dar acogida a un mayor número de actores en sus listas. La federación de Cayo Lara pilota así dos canales de conversación paralelos. Uno, con los partidos políticos con los que tiene ya relaciones institucionales, Anova en el Parlamento gallego y Chunta Aragonesista en el Congreso, negociación que dirige el secretario federal de Organización, Miguel Reneses. Dos, con las plataformas, mareas ciudadanas, ONG, movimientos sociales y activistas, con los que explora la posibilidad de ir caminando hacia un frente electoral compacto y unitario, tarea de la que se encarga el responsable de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago. 

La primera pata se ha sustanciado en sendos encuentros con Chunta, la semana pasada, y con Anova, este pasado martes. IU se confiesa muy "optimista" y se siente algo más tranquila, aunque aún no ha amarrado ningún acuerdo. El segundo vértice, el que tiene como protagonista a las organizaciones sociales, vivirá su tercera asamblea hoy jueves, en la sede del Consejo de la Juventud de España, en la calle de la Montera, en Madrid. Se comenzarán a discutir los puntos programáticos claves de un programa antineoliberal y antitroika, y también se hablará sobre el apoyo al calendario de movilizaciones más inminente –con una manifestación programada para el 23 de noviembre marcada en rojo–. De la reunión no saldrá ya configurada una alianza cerrada para los comicios del próximo año. No es momento todavía. Como dice uno de los participantes, Carlos Martínez, miembro de Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista (CLI-AS), "se está trabajando y creando el clima que propicie la confluencia y no se estropee". "Es un proceso que está iniciándose, y hay que conocerse, juntarse en la acción y en el programa". Se prosigue en un trabajo de "acumulación de fuerzas, en la calle y en las instituciones". Según se vaya tejiendo esa malla, esa red, se irán concretando los aspectos más puramente electorales, como el ensamblaje de ese bloque social con la suma de los partidos de izquierda en una lista unitaria y el procedimiento de elección de los candidatos. 

Los anteriores encuentros de IU con las organizaciones sociales se produjeron en julio y en septiembre. En el último se adoptó un nombre provisional y plano, Convocatoria. El objetivo, como figura en la llamada Declaración del 5 de septiembreDeclaración del 5 de septiembre, es impulsar un proceso de convergencia que genere un "amplio bloque o frente social y político para combatir las políticas neoliberales y apuntar alternativas que acaben con la grave crisis política, institucional y económica que vive el país". "Sólo una movilización amplia y sostenida de la ciudadanía, combinada con un sustancial avance unitario en el plano político y también electoral, y con una participación decidida del trabajo organizado, pueden generar un sujeto político dotado de poder necesario para forzar una salida justa, solidaria y democrática a la actual situación. Esta salida pasa por un cambio radical en las políticas económicas, por una profunda renovación de la cultura democrática en todos los espacios de la vida pública y por una apuesta decidida por una política de paz en el plano internacional", se argumenta en el texto resumen, que hacía un llamamiento expreso a los sindicatos.

¿Existe ya Syriza en España?

En la última asamblea participaron, expresaron su apoyo o acudieron como observadores a título individual casi un centenar de personas, miembros a su vez de unas 30 plataformas. Entre ellas, varias asambleas del 15-M, Ceapa, la corriente de militantes del PSOE Bases en Red, Confederación Los Verdes, ATTAC, Confluencia, CLI-AS, la Convocatoria Cívica de Luis García Montero y Baltasar Garzón, Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, Unidad Cívica por la República, Sindicato de Estudiantes, el Frente Cívico Somos Mayoría de Julio Anguita, Izquierda Anticapitalista, Socialismo XXI, Confederación Nacional sobre el Sáhara, Los Verdes-Grupo Verde, PaTuSalud, Coordinadora de Plataformas en Defensa de las Personas Desempleadas, Corriente Marxista Revolucionaria, Frente Amplio de Canarias... e IU y los que están en su seno, Izquierda Abierta (la formación de Gaspar Llamazares y Montse Muñoz) e Izquierda Republicana. 

"Es una reunión más, un encuentro más de los que venimos manteniendo", señala Miguel Urbán, de Izquierda Anticapitalista. Armando Fernández Steinko, de CLI-AS y uno de los protagonistas, con Carlos Martínez, de las llamadas Mesas de Convergencia –que ayudaron a la unidad de la izquierda alternativa en las pasadas elecciones generales–, apunta que se trata de ir "avanzando", de "no forzar las cosas", de "generar confianzas, consensos, complicidades". "Unos tienen la idea en IU de que IU ya es la Syriza española y que la casa ya está construida. Otros creen, y también la inmensa mayoría de la militancia, que la Syriza española está por construirse. Creo que esta segunda opción se está imponiendo. Pero nadie discute de que IU es un actor fundamental. Frente al modelo tradicional, se está trabajando en un proceso distinto. O sea, la confluencia electoral vendrá de la convergencia por abajo, por las bases, programática, estratégica, discutida", argumenta Steinko. "Hace falta un referente amplio de la izquierda alternativa, que se enfrente a posiciones neoliberales y busque la regeneración democrática del país. Hay una oportunidad, que son las europeas de 2014, y sería un error desaprovecharla", asegura Martínez, también presidente de ATTAC Andalucía, aunque acude a Convocatoria a título individual. 

Pero, ¿cómo casar el bloque social y político con las alianzas con fuerzas como Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Anova, Chunta y la navarra Batzarre? Aún es pronto para desbrozar el camino. Pero fuentes de la dirección de IU apuntan que, tras el debate programático, cuando llegue "el día de autos", cuando toque ir cerrando acuerdos, habrá integrantes de Convocatoria "que se caerán" porque no desearán cobijarse bajo una misma marca electoral. Por ejemplo, se contempla que se descuelgue Izquierda Anticapitalista. Con los que se mantengan en el barco, habrá que articular alguna fórmula para que se integren en la candidatura. 

¿Primarias abiertas? Eso es lo que propone, por ejemplo, Izquierda Abierta, unas elecciones abiertas a militantes y simpatizantes para dar vida a unas listas "ciudadanas, mestizas", con las que se dé "un mensaje contundente" a Europa, al Gobierno de Mariano Rajoy y a los mercados, según volvía a defender ayer mismo Llamazares en un desayuno con periodistas. Los gasparistas siempre han empujado para la configuración de "frentes amplios de izquierdas" y sienten que su propuesta "ha calado y se ha ido asumiendo" por la dirección de IU, y se sienten en ese sentido satisfechos con lo avanzado, aunque creen que el proceso de primarias es capital, y por eso lo llevarán a la reunión de la Presidencia Ejecutiva Federal del próximo 19 de octubre.

Los plazos

El equipo de la Secretaría de Convergencia Político-Social entiende que esas elecciones abiertas entrañan un peligro, "el caos", porque la candidatura unitaria para las europeas debe combinar el aspecto social –con los nombres que emerjan de la confluencia con las plataformas y los activistas– con la "pluralidad", la representación de todas las fuerzas políticas que se incorporen, para que se visualice la suma de Cataluña (ICV), Anova (Galicia), Aragón (Chunta), Navarra (Batzarre), si todo sale según los planes previstos por el núcleo duro de Lara. "IU quiere proteger a las organizaciones que tienen un fuerte implantación en un solo territorio", sintetizan fuentes de la dirección. 

En resumidas cuentas, se baraja como una opción una "fórmula mixta": puestos de salida garantizados para los partidos aliados (con los candidatos que designen cada uno de ellos) y otros para ese magma social que forme la Convocatoria, mediante un procedimiento que está por discutir. Carlos Martínez anticipa asimismo que habrá que pensar en esa vía mixta. "Hay que salvar los derechos de las izquierdas nacionalistas. Yo dije que hacían falta fuerzas como Anova, un partido fresquísimo y con un líder como Xosé Manuel Beiras, que ejerce un indudable liderazgo social y político. Y a la vez también hay que preservar un proceso limpio y participativo y necesariamente distinto. Habrá que verlo. Es adelantarnos". 

¿Y los tiempos? En principio, los colaboradores de Lara esperan que para finales de octubre esté más o menos claro qué partidos se suman al frente electoral. Y que para finales de enero esté bastante perfilada la candidatura. Pero los avances con el bloque social son más lentos, de modo que esa convergencia es "de más largo aliento, más a medio plazo, con la perspectiva no sólo de europeas, sino de las siguientes convocatorias electorales". 

Encuentros Anova-IU y Anova-BNG

IU acabó con buen sabor de boca su última entrevista con uno de sus potenciales socios, Anova. En el Parlamento de Galicia, en Santiago, se vieron Miguel Reneses, por IU; Yolanda Díaz y Rubén Pérez, coordinadora y secretario de Organización de Esquerda Unida (EU) –marca autonómica de IU–, Xosé Manuel Beiras, Martiño Noriega y Luis Eyré, líder, número dos y secretario de Relaciones Políticas de Anova. La federación tiene la sensación de que Beiras se unirá a IU. En esa percepción influye el hecho de que el BNG, la otra formación que corteja a Anova, insiste una y otra vez en que no pactará con "una fuerza estatal", lo que excluye a EU. Esta, por su parte, ya ha remitido una carta al BNG para invitarle a ese bloque común. 

Anova se reunió ayer miércoles con una delegación del BNG capitaneada por su portavoz nacional, Xavier Vence. Un encuentro "positivo". Beiras explicó a sus interlocutores que su apuesta pivota sobre dos ejes: el acuerdo entre fuerzas políticas gallegas nacionalistas y de izquierda "rupturista" para conformar una unidad de acción y bajo una fórmula de frente amplio "no excluyente", y el llamamiento a los partidos, plataformas y organizaciones cívicas "de otras naciones" que constituyan un "sujeto político plural" que tenga como objetivo "la lucha por el fin del régimen, la ruptura democráctica y una democracia real". ¿Pero se sienten más o menos cerca de IU? La dirección de Anova prefiere la prudencia. "No podemos inclinarnos todavía si lo que queremos es que cuaje un frente no excluyente", confesaba anoche uno de los asistentes a las dos entrevistas. 

El problema de Gibraltar no es la soberanía sino el paraíso fiscal que florece en sus escasos 6,5 kilómetros cuadrados. El Peñón, según los expertos consultados, se ha convertido en una “gigantesca lavadora de dinero negro”, de la que viven buena parte de sus escasos 30.000 habitantes y que está haciendo muy ricas a las más de 50.000 sociedades allí registradas. Gibraltar es una maquinaria financiera muy bien engrasada que nadie, ni el Reino Unido ni –paradójicamente– tampoco España, tiene interés en parar.

“No van en serio; de lo contrario, tomarían medidas contra los propietarios que figuran en las compañías creadas en Gibraltar”, se queja Juan Hernández Vigueras, miembro del consejo directivo de ATTAC España. El autor de La Europa opaca de las finanzas y sus paraísos fiscales offshore se refiere al Gobierno español y a su anuncio de medidas "legales" contra el Peñón. Gibraltar está excluido del territorio aduanero común, de la política agrícola común y del IVA. Pero, en teoría, está obligado a aplicar todas las directivas europeas, “desde las normas sobre la competencia hasta las relativas al blanqueo de capitales”, explica el miembro de ATTAC. Sin embargo, continúa, el Peñón presume de sus exenciones fiscales para las sociedades mercantiles, incumple la directiva sobre pago de intereses y cánones entre empresas, y contraviene el código europeo de conducta empresarial en materia tributaria.

En Gibraltar, las sociedades “calificadas”, antes denominadas “exentas”, no abonan impuesto de sociedades, ni impuesto sobre la renta, ni sobre el patrimonio ni IVA. Sólo se les exige el pago de una tasa anual de 200 libras (232,5 euros) y un impuesto del timbre de otras 10 libras. Estas compañías, en realidad, son “ficciones”, destaca Hernández Vigueras, sin actividad mercantil alguna. Su único activo puede ser, por ejemplo, una gran mansión en… Marbella, detalla Manuel Regal, portavoz de Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda. Su titular debe ser un no residente, que sin embargo debe tener un testaferro que sí lo sea.

El dueño del dinero, siempre oculto

Con todo, los llanitos “no venden su baja fiscalidad” –que también–, sino más bien la “opacidad”: el dueño del dinero jamás será identificado. Como parte de su promoción comercial, la banca gibraltareña –una veintena de entidades, entre ellas Banco Santander y BBVA– promete revelar la identidad del titular de una cuenta únicamente “por requerimiento judicial en procesos relacionados con delitos graves”. De hecho, sólo el 30% de las peticiones efectuadas por jueces españoles a entidades gibraltareñas tiene respuesta, revela Manuel Regal.

“La Operación Ballena Blanca no habría sido posible sin un paraíso fiscal a 20 minutos de distancia en coche”Operación Ballena Blanca, asegura por su parte el presidente de ATTAC Andalucía, Carlos Martínez. En efecto, cuando en 2005 saltó a las primeras páginas de los periódicos el que llegó a ser el mayor caso de blanqueo de capitales jamás destapado en España, Gibraltar era parte fundamental de la trama. Doce millones de euros procedentes de la actividad del crimen organizado fueron lavados a través de un despacho de abogados de Marbella. Al frente, Fernando del Valle, que gestionaba un millar de sociedades, buena parte de ellas radicadas en el Peñón. Hubo 50 detenidos y 19 procesados. También conexiones con la petrolera rusa Yukos y con la Operación Malaya. Porque el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su ex mujer, Mayte Zaldívar, también blanquearon su dinero en la colonia británica.

Los bandazos del Gobierno

Pese a la íntima relación de la especulación inmobiliaria y la corrupción en la Costa del Sol con el casi vecino Gibraltar, nunca ha habido una decisión política firme contra el paraíso fiscal. ATTAC llegó a pedir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no reconociera personalidad jurídica para actuar en España a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, tampoco a entidades cuyos titulares sean, directa o indirectamente, residentes en dichos territorios. La sugerencia, que apoyan también los inspectores de Hacienda, no ha tenido respuesta.

Otra señal de la escasa voluntad política es el hecho de que Gibraltar ha firmado acuerdos para ceder información con 26 países, a fin de salir de la lista internacional de paraísos fiscales. Pero entre esas naciones no se halla España, que se niega a firmar acuerdo alguno con la colonia británica para no reconocerle una capacidad jurídica y política que sólo concede a Reino Unido. La soberanía por encima de la lucha contra el fraude.

Por no hablar de los bandazos de la política española respecto al Peñón. El Gobierno de José María Aznar concedió a los gibraltareños casi 100.000 líneas telefónicas en 2002; el de Rodríguez Zapatero, 60.000. Gibraltar las necesita para ampliar sus negocios por internet. Ahora, entre las medidas “legales” con que amenaza Mariano Rajoy, se ha citado enseguida la revisión de ese último acuerdo de 2006.

El sector financiero supone el 30% del PIB gibraltareño. Según las cifras del FMI que cita Juan Hernández Vigueras en su libro, la banca gibraltareña posee 12.600 millones de euros en activos depositados y gestiona otros 9.750 millones. Buena parte del negocio procede de la gestión del patrimonio de multimillonarios, unos 200 con domicilio fiscal en el Peñón, asegura el miembro de ATTAC. Mientras, los impuestos que no se pagan por el combustible que repostan los barcos dedicados al bunkering, o por el tabaco, o los puestos de trabajo que no crean las empresas de servicios que podrían asentarse en el Campo de Gibraltar, es dinero que se pierde, se lamenta Carlos Martínez: “El Peñón empobrece a todo su entorno”.