Las sombras de la monarquía

El juez De Gea abre una investigación sobre las grabaciones que acusan a Juan Carlos I de tener cuentas en Suiza y cobrar comisiones

Felipe VI, después de que el rey Juan Carlos le impusiera el fají­n rojo de capitán general, en un acto en la Zarzuela.

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El juez de la Audiencia Nacional Diego de Gea ha ordenado abrir una investigación en torno a las grabaciones en las que la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, conocida por su relación íntima con Juan Carlos de Borbón, revela que que el anterior monarca esconde dinero en en cuentas bancarias suizas y cobró comisiones en otros países a cambio de su influencia para conseguir contratos a empresas. De Gea no puede investigar al padre del rey Felipe VI, cuyo aforamiento limita las acciones judiciales contra él al Tribunal Supremo. El juez, asegura Eldiario.es, ha tomado la decisión de actuar en este caso a espaldas de la Fiscalía Anticorrupción, contraria a prestar atención a las grabaciones con el argumento de que tratan de desviar la atención sobre su supuesto autor, el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.

Además, ha citado a declarar para el próximo jueves, día 26 de julio, al propio Villarejo, después de que, en el marco de la misma causa, conocida como Tándem, fuera detenido el comisario Enrique García Castaño junto con el inspector de la Policía Antonio Bonilla por proporcionar presuntamente documentación y datos secretos sobre personas que estaban siendo investigadas por Villarejo, en prisión desde noviembre.

La apertura de la investigación coincide en la confirmación de la comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, el próximo jueves, día 26, en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones del servicio de inteligencia en relación con Sayn-Wittgenstein.

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Sanz Roldán, que comparecerá a partir de las 10.00 horas del próximo jueves en el Congreso, ya informó en relación con este asunto en la misma Comisión el 19 de marzo de 2013 para explicar las actividades de la amiga del rey emérito, quien entonces aseguró haber realizado trabajos "delicados" para España.

Durante su comparecencia a puerta cerrada dijo desconocer si la empresaria había realizado trabajos clasificados para España, al menos como él los entendía, pero sí dejó claro que el CNI nunca le encargó nada. Es más, aseguró que jamás había cobrado del centro ni había solicitado pago alguno.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, trató de rebajó la importancia del asunto al considerar que las revelaciones sobre las irregularidades fiscales supuestamente cometidas por Juan Carlos I eran "antiguas" y "afortunadamente no afectan" al actual rey.

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