La muerte de Yevgueni Prigozhin el 23 de agosto de 2023, cuando su avión estalló en pleno vuelo entre Moscú y San Petersburgo, dio un vuelco a la investigación sobre el grupo Wagner que dos periodistas, la francesa Lou Osborn y el suizo Dimitri Zufferey, estaban a punto de terminar en esas fechas después de casi un año de trabajo. Si el golpe de Estado que protagonizó Prigozhin sólo dos meses antes, rebelándose contra Vladimir Putin y dirigiendo a sus mercenarios desde Ucrania hacia Moscú, ya era un magnífico y desconcertante giro de guión, la explosión en el aire del jet donde viajaba toda la cúpula de Wagner abría un capítulo inédito lleno de interrogantes en la historia del grupo de mercenarios más famoso del siglo.

Osborn y Zufferey desnudan en Los señores de la guerra. Qué es Wagner y cómo actúa el aparato militar ruso (Altamarea) los múltiples rostros del que hasta ahora se consideraba “el ejército de Putin en la sombra”. De hecho, tras el exhaustivo trabajo de ambos periodistas, queda claro que no era, en ningún caso, tan secreto como podría pensarse de un grupo a medio camino entre el mercenariado y lo paramilitar. Es el primer libro sobre Wagner y acaba de ser traducido al español, tras ver ediciones en polaco y neerlandés, y le esperan las versiones en alemán y finlandés.

En realidad, Wagner era –sigue siendo– mucho más que una simple milicia privada. Lo prueban Osborn, investigadora del grupo All Eyes on Wagner y del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR), y Zufferey, de la radiotelevisión pública suiza RTS, con una admirable indagación basada únicamente en fuentes abiertas que sorprenderá a más de uno por la profundidad de sus resultados. La disección a la que los autores someten a la criatura de Prigozhin ayuda a despejar la incógnita que sobre el futuro de Wagner abrió la explosión del jet el pasado agosto: sí, sobrevivirá a la muerte de su fundador. Es una marca, advierten, “lista para ser franquiciada”. “El gran cambio [tras la muerte de Prigozhin] es que ya no hay una figura específica que comunique. El silovik [político ruso que proviene de los servicios de inteligencia] que era Prigozhin es una fórmula que ahora el Kremlin quiere evitar”, explica a infoLibre Dimitri Zufferey.

El trabajo de Osborn y Zufferey es doblemente meritorio si se tiene en cuenta la naturaleza de Wagner. Los periodistas no dudan en describirla como una “nebulosa”. No sólo es el brazo armado del Kremlin, o una empresa militar privada de las que hay decenas, en Rusia y en otros países. Estados Unidos la considera una “organización criminal internacional” y la Unión Europea, una “organización terrorista”. Osborn y Zufferey, por su parte, aseguran que Wagner “ha llegado más lejos que nadie” en el mercado de la seguridad privada, hasta convertirse en la “estructura mercenaria más poderosa del mundo, la única que utiliza aviones, lanzamisiles, aeronaves de gran capacidad y tanques”.

Pero su actividad supera con mucho el terreno militar. El “mercenariado 2.0” de Wagner, detallan los autores, incluye campañas de desinformación en internet con granjas de trolls, así como una variada gama de rentables actividades económicas, desde la explotación de minas, la ganadería y el negocio forestal hasta la producción de películas de propaganda al estilo Marvel. Cuenta con su propia agencia de prensa, Ria-Fan. El grupo es también un “Estado dentro del Estado”, que opera sin someterse a ley alguna –en Rusia los mercenarios son ilegales–, pero que siempre ha contado con la protección del Estado ruso y el apoyo financiero del Kremlin.

Pues bien, los periodistas han conseguido desnudar las actividades de este grupo “opaco y criminal” utilizando sólo herramientas de investigación en línea, lo que se conoce como Open Source Intelligence (Osint). Es sorprendente la huella digital que Wagner, las decenas de empresas que integran el grupo de Prigozhin y sus miles de soldados han dejado al alcance de cualquiera con un mínimo de interés. Fotos, vídeos y datos publicados por los mercenarios en redes sociales como Telegram, e imágenes tomadas por satélites comerciales han permitido rastrear los movimientos de la milicia, presente en al menos una quincena de países.

También se han ayudado los autores de filtraciones de datos, porque a Wagner, irónicamente, lo han hackeado varias veces piratas informáticos, ha sufrido su WagnerLeaks. Así tuvieron acceso, por ejemplo, a la lista completa de su personal y sus nóminas, o a la contabilidad. Contratos de las empresas del grupo, documentos firmados por funcionarios rusos, junto con relatos de testigos y exmercenarios, han permitido completar el retrato del neblinoso Wagner.

No era menor el desafío: aunque fue creado en 2014, hasta el otoño de 2022 no hubo una confirmación oficial de la existencia del grupo y de la relación de éste con Yevgueni Prigozhin. Fue a través de un vídeo, difundido en Telegram, donde Prigozhin aparece vestido con uniforme militar ante los presos de una cárcel de la república de Mari-El, a 650 kilómetros de Moscú, y les promete la libertad a cambio de alistarse durante seis meses en una empresa militar privada para luchar en Ucrania. Para entonces la invasión rusa llevaba en marcha ocho meses. Y no fue hasta junio de 2023, casi un año más tarde, cuando Putin reconoció públicamente que había financiado a Wagner en todas las acciones que había emprendido hasta ese momento.

Gracias al libro de Osborn y Zufferey, el lector descubrirá que el grupo ha llegado a tener 25.000 hombres, si hay que creer a Prigozhin, porque, según EEUU, sólo en Ucrania a finales de 2022 Wagner tenía desplegados hasta 50.000, de los que únicamente 10.000 eran mercenarios, y el resto exprisioneros. Los primeros no sólo son rusos, también los hay sirios –18.000–, chechenos, de los Balcanes, libios o de la República Centroafricana. El perfil: veteranos con experiencia militar y una edad media de 30 años. En Ucrania cobraban 2.000 euros al mes, pero el sueldo podía aumentar a 3.100 euros si entraban en operaciones paramilitares. Percibían un bonus semanal de 1.050 euros si participaban en un enfrentamiento armado con el ejército ucraniano. Un dato que da para un estupendo meme: ni siquiera los mercenarios escapan a los conflictos laborales. En Malí se declararon en huelga en 2022 porque no les pagaban. Después empezaron a saquear poblados. Allí cobraban de 7.000 a 9.000 euros al mes.

Para los expresidiarios, que llevan una letra K en los uniformes, la experiencia en Wagner era mucho más cruda: no sólo no se les pagaba el bonus por combate, sino que, sobre todo, servían de carne de cañón, aseguran Osborn y Zufferey. “Su trabajo”, resumen, “es avanzar y morir, avanzar o morir, avanzar para morir. Nunca duran mucho”. Son soldados “de un solo uso”, sin experiencia, a los que no se les permite retirarse. En Bajmut (Ucrania), cayeron el 99%. En febrero de 2023 se detuvo por completo el reclutamiento de prisioneros. Pero en el primer trimestre de 2022 habían salido de las cárceles rusas 23.000 reclusos y 6.000 en el segundo.

La idea de crear Wagner partió de un mercenario sudafricano, Eeben Barlow, que presentó al Estado Mayor ruso en 2010 un modelo para formar una empresa militar privada adaptada a las necesidades rusas. Pero a quien los autores atribuyen el nombre del grupo es a Dimitri Utkin, piloto militar y comandante de las fuerzas especiales con misiones en Afganistán y Chechenia, que pasó por otras dos empresas privadas de seguridad, Moran y Slavonic Corps, antes de integrarse en Wagner. También murió en el avión accidentado con Prigozhin. El apellido del compositor alemán, y de un general de la Wehrmacht, es el apodo que Utkin utilizaba para sus comunicaciones por radio. Resulta que el piloto también era un gran admirador del Tercer Reich y de Adolf Hitler.

Porque, aun tratándose de mercenarios, de soldados que luchan por dinero, Wagner se construye sobre una base ideológica muy marcada. El Movimiento Imperial Ruso (MIR) se la proporciona con su promoción del nacionalismo étnico ruso y sus centros de entrenamiento paramilitar, sostienen los periodistas. De hecho, en Wagner existen unidades especializadas integradas por milicias de extrema derecha, de ideología nazi, como una llamada Rousitch, que mantienen vínculos con el MIR, incluido desde 2020 en la lista de organizaciones terroristas de EEUU.

Aunque a Prigozhin, y al Kremlin, les interesaba mucho más otra parte fundamental del grupo: los negocios. Wagner es una estructura a medio camino entre el holding de oligarcas rusos y el crimen organizado. M-Finance LLC, Diamville, Bois Rouge, Lobaye Invest o Service K en la República Centroafricana; Evro Polis LLC en Siria, Broker Expert LLC en Sudán, Megaline LLC, M-Invest LLC, Agro Kapital LLC… forman parte de la red. Lakhta Plaza LLC, una inmobiliaria, está a nombre del hijo de Prigozhin.

Son sólo algunas de las empresas relacionadas con Wagner o con Concord, el grupo creado por Prigozhin, en principio sólo dedicado al cáterin. Eso sí, el más grande de este sector en Rusia. Primero suministraba a los comedores escolares, después al Ejército. Pero enseguida fue mucho más lejos. Los autores calculan que, entre 2014 y 2021, Prigozhin se hizo con licitaciones públicas adjudicadas a Concord por valor de 5.600 millones de euros.

Osborn y Zufferey precisan, no obstante, que esa cantidad es sólo una mínima parte de los ingresos de Wagner. En todos los países en los que se ha asentado la milicia, Prigozhin firmaba suculentos acuerdos con los gobiernos. Vendía seguridad a cambio de recursos naturales. En Siria y Libia se quedaba con yacimientos petrolíferos, en Sudán y en Malí con minas de oro –con Meroe Gold Mining Company–, en la República Centroafricana con diamantes y maderas tropicales, en Mozambique lo intentó, sin éxito, con yacimientos de gas. Los gobiernos centroafricanos, embarcados en una cruenta lucha con grupos yihadistas, han entregado a los rusos sus fuentes de riqueza para pagarles el entrenamiento de sus inexpertos ejércitos y la ayuda de los mercenarios en los combates. La factura es onerosa: la República Centroafricana paga a Wagner por sus servicios 78,2 millones de euros, el 20% de su presupuesto anual. Los autores calculan que desde que la milicia rusa puso un pie en el empobrecido país, ha cobrado un total de 390 millones de euros.

En 2022, los turbios negocios con los diamantes y las maderas exóticas en la República Centroafricana fueron destapados por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, en colaboración con All Eyes on Wagner. A continuación, EEUU sancionó a Bois Rouge y a Diamville, las empresas rusas señaladas en esa investigación, por sus vínculos con Prigozhin.

Pero la huella de Wagner se ha detectado también en Burkina Faso, islas Comoras, Nigeria, Congo, Camerún, Chad, e incluso mucho más lejos, destacan Osborn y Zufferey, en Venezuela y Perú.

Su presencia en África es un hecho conocido. Ha desplazado a los franceses en todo el Sahel, donde la antigua potencia colonial concentra el rechazo de la población. Y se ha hecho fuerte gracias al combate con los islamistas y a su absoluta falta de escrúpulos. Los mercenarios dejan un rastro de abusos y vulneraciones de los derechos humanos que incluyen torturas, asesinatos, saqueos y violaciones. Redadas en aldeas, ejecuciones, masacres en mezquitas… algunas de las atrocidades fueron grabadas y compartidas en las redes sociales por los propios rusos.

La reacción internacional a sus actividades ha sido notoria, aunque escasamente eficaz. Prigozhin fue sancionado por la Unión Europea en octubre de 2020 por infringir el embargo a Libia. Reino Unido y Francia hicieron lo propio con Wagner al año siguiente. También EEUU lo ha incluido en su lista de sanciones. Lituania, Países Bajos, Bélgica y Francia lo declararon “organización terrorista” en la primavera de 2023.

Pero ni esas medidas ni la muerte de su creador parecen haber hecho mella en la “nebulosa”. El libro deja claro que no ha habido cambio alguno en los registros mercantiles rusos que haya afectado a la red de empresas asociadas a Wagner desde junio de 2023, cuando Prigozhin se rebeló contra Putin. Además, el Kremlin pretende seguir manteniendo la influencia rusa en África y, apuntan los autores, está creando dos nuevas empresas militares privadas, llamadas Redut y Convoy, que disfrutan del mismo apoyo financiero que Wagner pero son controladas por el servicio de inteligencia militar ruso (GRU). E incluso hablan de un posible nuevo director del entramado: el general Andréi Averyanov.

Esos movimientos no responden en ningún caso la pregunta de qué ha ocurrido con los miles de mercenarios de Wagner en los últimos siete meses. Su creador se instaló durante casi 20 años en las esferas más altas del poder ruso, pero ni siquiera ese estatus le garantizó la protección frente a Vladimir Putin tras desafiarlo. Osborn y Zufferey lo describen como un personaje de Rabelais: “Ladrón, preso, comerciante, comisionista del zar, traidor”.

Su biografía es carne de serie en Netflix. Estuvo nueve años en la cárcel tras ser condenado por hurto organizado, estafa y prostitución de menores en San Petersburgo. Y pasó de vender perritos calientes –tras un viaje inspirador a EEUU– a abrir un casino. Después se dedicó a los restaurantes de lujo, lo que le proporcionó el contacto con la élite rusa, y con Putin, que entonces era consejero del alcalde de la ciudad. Apodado “el cocinero de Putin”, casi de forma despectiva, amasó una auténtica fortuna, convirtiéndose en otro miembro más de “la estructura cleptocrática del Kremlin”, dicen los autores.

Ebrio de poder, retó al zar Putin y perdió. Wagner fue crucial en la anexión de Crimea y en la guerra de Ucrania, además de herramienta fundamental de la nueva geopolítica que quiere imponer Rusia en África. Muerto Prigozhin, la hidra –así la llaman Osborn y Zufferey– ha sido decapitada, pero Wagner fue un invento de Putin –“Prigozhin no era un ideólogo, ni un político, ni siquiera un militar”, aclaran–, se construyó a la sombra y con el dinero del Kremlin y, advierten los autores del libro, seguirá impulsando con la fuerza de las armas la política de influencia rusa en todo el mundo.

El Consejo de la Unión Europea adoptó este sábado 25 de febrero sanciones contra once personas y siete entidades vinculadas a la empresa militar rusa Wagner. Entre ellas, una empresa centroafricana de exportación de diamantes cuyas actividades fueron reveladas por infoLibre y la red de medios European Investigative Collaborations (EIC) en diciembre de 2022.

Los tentáculos del Grupo Wagner, una empresa militar rusa considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero, ya no podrán dedicarse a vender diamantes centroafricanos a la Unión Europea. Al menos, ya no a través de Diamville, una empresa de importación y exportación creada en marzo de 2019 en la República Centroafricana (RCA).

Esta empresa aparentemente normal fue utilizada por Wagner para intentar vender diamantes en Facebook y exportar gemas a Bélgica, según reveló en diciembre de 2022 una investigación de European Investigative Collaborations (EIC), dentro del proyecto All Eyes on Wagner y el Dossier Center.

La empresa centroafricana, desconocida fuera de la RCA antes de la publicación de esta investigación, fue incluida este 25 de febrero en la lista de sanciones de la Unión Europea. En virtud de esta sanción, se congelan sus activos en la UE y se prohíbe a las personas y entidades de la UE poner fondos a su disposición, directa o indirectamente.

El Grupo Wagner, dirigido por Yevgeny Prigozhin, un hombre de negocios ruso cercano a Vladimir Putin, ha estado sometido a sanciones desde diciembre de 2021 por "graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y ejecuciones y asesinatos extrajudiciales, sumarios o arbitrarios, [cometidos] en varios países, incluida la República Centroafricana".

Aunque el interés de Wagner por los minerales era evidente y estaba parcialmente documentado, gracias a esta investigación de EIC, consorcio periodístico en el que infoLibre participa como único medio español, se identificó por primera vez a una empresa encargada de la venta y exportación de gemas, vinculada a la galaxia Prigozhin a través de numerosos hechos y documentos, y la primera vez que se revelaron algunos de sus métodos, detallados por fuentes locales que accedieron a hablar a pesar de los enormes riesgos para su seguridad a los que se enfrentaban.

Las apariencias engañan. Cuando se piensa en cómo un grupo de mercenarios conocido por sus extorsiones vende diamantes extraídos en la República Centroafricana, un país devastado por la guerra, la imagen que surge es la de un negocio en la parte trasera de una tienda de Bangui bajo la mirada desconfiada de un puñado de hombres armados, no una página de Facebook dirigida por una gemóloga aficionada al fitness y al punto de cruz.

Sin embargo, esa es la cara amable de Diamville. Una investigación, realizada por Mediapart, el consorcio European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, el proyecto All Eyes on Wagner y con documentos compartidos y verificados por Dossier Center, muestra que esta discreta empresa centroafricana de importación y exportación de diamantes y oro es una rama del grupo Wagner, una empresa militar privada dirigida por el empresario ruso Yevgeny Prigozhin, cercano a Vladimir Putin y considerada como el brazo armado no oficial del Kremlin en el extranjero.

Si bien el interés de Wagner por los minerales está ya probado y parcialmente documentado, es la primera vez que se identifica a una empresa encargada de la venta y exportación de gemas, vinculada a la galaxia Prigozhin a través de numerosos hechos y documentos, y la primera vez que se revelan algunos de sus métodos, detallados por fuentes locales que han accedido a hablar a pesar de los enormes riesgos para su seguridad a los que se enfrentan.

Antes de su cierre, Lanadiamanter era una página de Facebook sin muchas pretensiones, con una veintena de suscriptores. Su primer post fue en enero de 2020. La mujer que la dirigía, Lana, se presentaba como gemóloga y promocionaba “diamantes naturales” que estaban a disposición de cualquiera por un precio.

En la página aparecían fotos de diamantes a la venta, de diversos colores y diseños –como un óvalo de 2,03 quilates puesto a la venta el 5 de febrero de 2020, o un dúo de piedras de talla esmeralda de 0,35 y 0,32 quilates ofrecido el 30 de enero de 2020–, pero Lana también mostraba detalles de su vida personal: la colección de libros de la que se había desprendido a precio de ganga cuando se mudó y no tenía espacio para llevárselos todos, fotos de cuadros hechos en punto de cruz o selfies en la cinta de correr dando las gracias a su entrenador deportivo.

A primera vista, nada relaciona a Lana y sus diamantes con la República Centroafricana, y menos aún con el negocio mercenario de Wagner. Sin embargo, la investigación de EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center confirma que esta página de Facebook y su administradora están vinculadas a las actividades de la empresa militar privada rusa.

Antes de que desapareciera, la página Lanadiamanter incluía en su biografía una empresa llamada Diamville y la dirección de correo electrónico de contacto villediam@gmail.com.

Diamville está inscrita desde el 28 de marzo de 2019 en el Registro Mercantil de la República Centroafricana con el número CA/BG2019B519. Su actividad declarada es la compra e importación-exportación de diamantes y oro. Y su dirección de correo electrónico de contacto es la misma que la página de Facebook Lanadiamanter: villediam@gmail.com.

Los vínculos entre la página de Facebook y la empresa centroafricana no terminan ahí. Gracias, entre otras cosas, al vídeo publicado en Youtube de una conferencia en la que interviene, es posible determinar la identidad de la gemóloga que está detrás de Lanadiamanter. Su nombre es Svetlana Troitskaia y, según su currículo publicado en Internet –y ya borrado–, es una profesional experimentada, ingeniera en física del diamante, que ha trabajado para una docena de instituciones públicas y privadas y había impartido clases en la Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica (MGRI).

De nacionalidad rusa, Svetlana Troitskaia dice estar radicada en Moscú, pero “dispuesta a viajar”. Y eso es precisamente lo que ha estado haciendo en los últimos años.

Desde agosto de 2018 hasta agosto de 2021, la experta en gemología dice que llevó a cabo un “proyecto empresarial” entre “Rusia y África”: “la puesta en marcha de una empresa internacional” cuyo nombre no se menciona, pero de la que fue responsable de “abastecimiento, valoración de diamantes en bruto, apoyo tecnológico para el procesamiento de diamantes, exportación y operaciones de importación”. Esta es la única empresa para la que ha trabajado y de la que no cita ni el nombre ni la página web.

Sus publicaciones en las redes sociales, sin embargo, dejan claro que esa “empresa internacional” que ayudó a poner en marcha era Diamville, a la que cita en varias de sus publicaciones en las redes sociales, como el 8 de enero de 2020, cuando publicó en Facebook: “¡Todos los diamantes están disponibles para usted! Envíeme un mensaje. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Todos sus sueños [están] en Diamville. No dude en preguntar”. El mensaje va acompañado de cuatro fotos aparentemente tomadas en su oficina, en las que se pueden ver unos 40 diamantes. El número de teléfono adjunto a la página de Facebook de Lanadiamanter, que anuncia Diamville, es de hecho el de la gemóloga, como pudo confirmar EIC llamándola el 29 de noviembre.

En Bangui, Diamville es discreta: no tiene publicidad, ni un cartel llamativo. Sólo una discreta oficina en el barrio de las 200 Villas. Al igual que otras empresas vinculadas a Wagner –aquí se puede consultar la investigación de EIC sobre la exportación de madera desde la región de Bois Rouge–, su administrador es oficialmente de nacionalidad centroafricana: Bienvenu Patrick Setem Bonguende, según el registro mercantil del país. Pero hay dos problemas. El primero: el exministro de Minas admitió en una entrevista concedida en junio de 2020 al medio ruso Sputnik que Diamville era una empresa rusa.

El segundo: contactado por teléfono por EIC, Bienvenu Patrick Setem Bonguende no pudo decir si era o no gerente de Diamville. Cuando se le preguntó tres veces al respecto, se limitó a repetir que podría “dar más información” al día siguiente. En una llamada posterior, no estaba disponible para responder.

Según las informaciones recabadas por EIC, All Eyes on Wagner y Dossier Center, Bienvenu Patrick Setem Bonguende es, en realidad, el chófer de una conocida figura rusa en Bangui, Dimitri Sytyi, directivo –civil– de Wagner y consejero no oficial del presidente centroafricano, Faustin-Archange Touadéra.

Los registros telefónicos compartidos y verificados por Dossier Center y facilitados a EIC indican que Setem Bonguende es el chófer de Sytyi. Dossier Center es una organización financiada por el opositor ruso Mijail Jodorkovsky. Tres periodistas que trabajaban para ella fueron asesinados en la República Centroafricana en julio de 2018 mientras investigaban las actividades de Wagner en el país.

Un profesional del sector de los diamantes confirmó a Mediapart que, para “fingir que no eran ellos”, los ciudadanos rusos que controlan Diamville “pusieron [la empresa] a nombre de su conductor”. Preguntado al respecto, Setem Bonguende negó conocer Sytyi y dijo que no era chófer.

En una investigación publicada en julio de 2022, Mediapart, EIC y la ONG OpenFacto demostraron que otra empresa centroafricana, Bois Rouge, dedicada a la explotación forestal, estaba vinculada a las actividades del grupo Wagner en la República Centroafricana, y había recibido un trato sorprendentemente favorable de las autoridades de ese país. Un detalle interesante: Bois Rouge y Diamville se registraron el mismo día en el registro mercantil centroafricano, el 28 de marzo de 2019. Sus respectivos administradores, Bienvenu Patrick Setem Bonguende y Anastasie Naneth Yakoïma, son amigos en Facebook.

Otros elementos confirman la existencia de estrechos vínculos entre Diamville y la galaxia de empresas propiedad de Evgeny Prigozhin. Entre ellos, tres series de documentos obtenidos y analizados por Dossier Center.

El primero es una serie de fotos, sin fecha, pero probablemente tomadas en la República Centroafricana entre finales de 2018 y 2020. En una de ellas se ve a la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, asistiendo a un acto oficial con dos incondicionales de Wagner en la República Centroafricana: el jefe civil de Wagner Dimitry Sytyi y el africanista Evgeny Kopot.

También se puede ver a las autoridades locales, incluido el prefecto de Lobaye, Francis Bangué Doungoupo, estrechando la mano de los rusos. Lobaye es una región del oeste de la República Centroafricana en la que ya están establecidas varias empresas de la galaxia Prigozhin, como Lobaye Invest y Bois Rouge.

La segunda prueba de la afiliación de Diamville a Wagner: según los documentos obtenidos y comprobados por Dossier Center y verificados por EIC y All Eyes on Wagner, la gemóloga de Diamville, Svetlana Troitskaia, firmó un contrato de trabajo en agosto de 2018 con una empresa llamada Service K Ltd, con sede en San Petersburgo y dirigida por Yana Nikitina.

Según este contrato y un acuerdo de confidencialidad al que esta investigación ha tenido acceso, Svetlana Troitskaia fue empleada allí como tasadora. Otros documentos internos obtenidos por Dossier Center parecen indicar que Yana Nikitina ocupa cargos en la dirección de recursos humanos de varias empresas vinculadas a Yevgeny Prigozhin.

Pero lo más importante es que el nombre de la gemóloga Svetlana Troitskaia también aparece en un documento contable de la empresa M-Finance con fecha de octubre de 2018. La empresa M-Finance, con sede en San Petersburgo, fue sometida a sanciones del Tesoro de Estados Unidos en septiembre de 2020 por sus vínculos con Yevgeny Prigozhin, que es “propietario o controla” la empresa, y con el grupo Wagner.

Según el documento contable, Troitskaia fue contratada como tasadora y estuvo en la República Centroafricana durante todo el mes de octubre de 2018. Entonces cobraba un salario de 500.000 rublos, unos 6.700 euros.

Estos hechos y fechas coinciden con un último documento sobre la especialista en piedras preciosas: un billete de avión obtenido y verificado por Dossier Center, según el cual viajó de Moscú a Bangui vía Casablanca el 14 de septiembre de 2018.

¿Por qué pasar por este complejo montaje de empresas –Diamville, Service K, M-Finance– para que la gemóloga trabaje? Ni Diamville ni Svetlana Troitskaia ni Dimitri Sytyi ni Evgueny Prigozhin respondieron a las preguntas de EIC y el resto del grupo investigador.

Queda una pregunta: ¿de dónde proceden exactamente los diamantes que vende Diamville y en qué condiciones se han extraído? El Proceso de Kimberley, un acuerdo internacional entre Estados, profesionales del diamante y organizaciones de la sociedad civil establecido en 2003 para luchar contra el comercio de minerales de sangre, enumera las regiones de la República Centroafricana en las que supuestamente se pueden extraer diamantes sin riesgo de contribuir a la financiación de guerras: ocho subprefecturas en total, situadas en la parte occidental del país, que se han librado relativamente de los combates.

¿Estos diamantes proceden de estas zonas verdes, o posiblemente de las zonas rojas? ¿Fueron producidos por Lobaye Invest, otra empresa vinculada a Wagner activa en la República Centroafricana y ahora dirigida por Dimitri Sytyi, el ejecutivo de Wagner fotografiado con la gemóloga Svetlana Troitskaia? Según los permisos de minería disponibles en internet, Lobaye Invest ha obtenido permiso para extraer diamantes y oro en cinco zonas, cuatro de las cuales se encuentran en zonas rojas delimitadas en el Proceso de Kimberley: Bangassou, Ouadda, Bria y Sam-Ouandja. Estos permisos, concedidos en abril y junio de 2018, se otorgaron por un periodo de tres años renovable.

La página de Facebook de Lanadiamanter no especifica la procedencia de la mercancía que ofrece. Un mensaje dejado en Instagram por Svetlana Troitskaia el 11 de septiembre de 2020, simplemente sugiere que, en efecto, provienen de la República Centroafricana: “¡Estamos listos para ofrecerte un contrato exclusivo de piedras en bruto del corazón de África!”, se lee en un post que ofrece “venta directa”.

Para saber más hay que recurrir a otros actores del sector. Mediapart entrevistó a cuatro profesionales que trabajan o han trabajado en la República Centroafricana en los últimos años: un gerente y un exgerente de empresas de importación y exportación de oro y diamantes, un empleado de una compañía minera que opera en la República Centroafricana y un recolector, la persona que compra piedras preciosas directamente a los mineros para revenderlas a las firmas de exportación. Todos ellos pidieron hablar de forma anónima debido al riesgo que corren.

Y todos confirmaron el vínculo entre Diamville y Wagner. También confirman que Diamville opera en zonas no autorizadas por el Proceso de Kimberley, a menudo mediante prácticas ilegales.

“Nosotros [profesionales] del sector [del diamante] sabemos que lo que pasa por ellos [Diamville] es producto del saqueo y de otras cosas. Se las quitan [las piedras] a la gente por la fuerza, a los recolectores pobres y a los artesanos pobres”, explica el director de una oficina de importación y exportación. “Dondequiera que haya minas y excavadores, esta gente [los vinculados a Wagner] está allí, armada. Cuando alguien [un minero de oro o diamantes] encuentra algo bueno, van hacia esa persona... Incluso ha habido asesinatos así, para llevarse la mercancía de otras personas”.

“Los rusos están por todo el territorio, especialmente en las zonas mineras. Donde tienen control militar, explotan las minas. Y donde no tienen control militar, siguen viniendo de vez en cuando, se llevan lo que la gente tiene [como minerales] y los matan”, indicó un segundo entrevistado, antiguo director de una oficina de importación-exportación.

Al ser preguntados por estas acusaciones, el Ministerio de Minas de la República Centroafricana, contactado a través de su Oficina de Evaluación y Control de Diamantes y Oro (Becdor); Diamville, contactada a través de su dirección de correo electrónico villediam@gmail.com, y la gemóloga Svetlana Troitskaia, contactada por teléfono, no quisieron responder.

Según estas fuentes, Diamville puede obtener los diamantes que exporta de otras dos fuentes. La primera es a través de las incautaciones de la Unidad Especial Antifraude del Ministerio de Minas. Si bien en el pasado esta unidad solía subastar los frutos de sus confiscaciones, que podían ser adquiridos por cualquier empresa de importación y exportación, esto ya no es así, aseguran dos de las fuentes consultadas, que sospechan que los frutos de estos decomisos están ahora reservados para Diamville. Preguntado por el fin de estas subastas, el Ministerio de Minas tampoco ha querido responder.

Para asegurarse grandes cantidades de diamantes, la empresa también puede haber ampliado su influencia sobre los recolectores. “La mayoría de los recolectores independientes están financiados por los rusos. Los prefinancian y [a cambio] ellos venden a Diamville. Hoy en día, un recolector independiente no puede trabajar si no lo hace con Wagner”, afirma el antiguo responsable de la empresa de exportación, que estima el importe de la “prefinanciación” pagada por Diamville en “entre 80.000 y 200.000 euros” por persona.

“Así es”, confirma un recolector que ha cesado sus actividades de momento, por “miedo”. A cambio de esta prefinanciación, “les vendes todo lo que encuentras, sólo a ellos”, dice. Y añade: “Aquí, en la República Centroafricana, cualquiera que intente averiguar algo sobre los rusos será el objetivo. Mientras hablo, si consiguen desencriptar nuestra comunicación, estoy muerto”.

Por último, las cuatro fuentes consultadas aseguran que las autoridades centroafricanas ya no ejercen ningún control sobre las actividades de sus aliados rusos en el sector minero. Una de ellas relata la desventura de unos empleados del Ministerio de Minas que querían ir a inspeccionar la mina de oro de Ndassima, que cayó recientemente en manos rusas, el pasado mes de mayo: fueron “perseguidos como ladrones” y “amenazados dos veces”.

“Puede que el ministro no les responda porque esta empresa [Diamville] es especial... Es problemática. Y a veces la gente prefiere conservar su empleo antes que decir la verdad”, señaló un funcionario centroafricano que trabaja en un ministerio y con el que esta investigación se puso en contacto.

A pesar de estas condiciones de producción posiblemente ilegales, EIC y sus socios comprobaron que Diamville consiguió exportar algunas de sus piedras a Europa. Las cifras oficiales de las exportaciones de diamantes de la República Centroafricana –que las autoridades centroafricanas no quisieron compartir, pero que esta investigación pudo obtener de otras fuentes– muestran un total de 996,56 quilates exportados por Diamville al extranjero entre octubre de 2019 y enero de 2022.

Una cifra “muy, muy baja”, que probablemente representa la parte sumergida de las actividades de la empresa, dice el exdirector de la oficina de exportación. “Es muy, muy poco, teniendo en cuenta el número de recolectores y artesanos que tienen en el campo. En el sector, todos saben que están presentes en todo el territorio”, advierte. “En tres semanas, un recolector puede poner en el mercado 2.000 quilates. En condiciones normales, al encontrarse una empresa con tan escasas exportaciones, el Ministerio de Minas debería reaccionar y hacer preguntas. ¿Por qué no lo ha hecho?

En la República Centroafricana, el contrabando de diamantes está muy extendido, incluso es “dominante”, según un informe de 2019 de USAID (la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que depende del Departamento de Estado).

Aunque solo muestran una parte de las actividades de la empresa, las cifras oficiales sobre Diamville son reveladoras. Indican que, si bien la mayoría de los diamantes vendidos oficialmente por la empresa tienen como destino Dubái, algunos también se vendieron a Europa. En octubre de 2019, según las cifras oficiales de exportación del Gobierno centroafricano, la empresa vinculada a Wagner exportó 296 quilates a Bélgica, a la ciudad de Amberes. ¿Qué comprobaciones realizaron las autoridades de la Unión Europea para garantizar que estos diamantes no estuvieran relacionados con actividades ilegales o posibles violaciones de los derechos humanos? Cuando se le preguntó, la Comisión Europea se remitió a las responsabilidades de los Estados miembros. Las aduanas belgas, interrogadas al respecto el 1 de diciembre, aún no habían respondido en el momento de redactar este información.

Desde diciembre de 2021, el grupo Wagner figura en la lista de sanciones europeas por sus graves violaciones y abusos de los derechos humanos, también en la República Centroafricana. A partir de esa fecha, empresas y ciudadanos europeos tienen prohibido hacer negocios con Wagner. Pero muchas de las compañías que pertenecen al grupo ruso no figuran en la lista por su nombre: empresas como M-Finance o Lobaye Invest no aparecen en la lista de sanciones de la UE, mientras que sí están en la lista de sanciones de Estados Unidos. La cuenta de Facebook Lanadiamanter fue cerrada por sus propietarios el 25 de noviembre, pocas horas después de que EIC y sus socios enviaran preguntas sobre las actividades de Diamville a Svetlana Troitskaia, Dimitri Sytyi y Evgeny Prigozhin.

Svetlana Troitskaia confirmó por teléfono el 29 de noviembre que había recibido la lista de preguntas que esta investigación le había enviado por escrito el día 25 del mismo mes sobre Diamville, sus vínculos con las empresas de Prigozhin, el origen de los diamantes que vende en internet y si los diamantes se extraían ilegalmente o abusando de los derechos humanos. “No tengo nada que decirle. He recibido su mensaje y no tengo nada que decir [...] Sin comentarios [...] Sin comentarios”, respondió antes de colgar.

Preguntado por Mediapart sobre sus vínculos con Diamville, Evgeny Prigozhin, el dueño de Wagner, contestó haciendo lo que mejor sabe hacer: trolear. “Justine, si quieres respuestas a tus preguntas, no tienes que hacerlas de forma tan grosera”, desafió primero a la periodista francesa, antes de simular una respuesta: “He averiguado detalles sobre Diamville. Es propiedad de Emmanuel Macron a través de un testaferro. El chantaje lo llevan a cabo unidades especiales de la OTAN llamadas SDFA (Steal diamonds from Africa o Robar Diamantes de África). Su volumen de negocios diario por la venta de diamantes alcanza los 7.400 millones de dólares, supuestamente exportados a París todos los miércoles a las seis de la tarde, pero aún no nos han dicho cómo. La investigación está en marcha”.

En Bangui, la "influencia extranjera" ha sido durante mucho tiempo sinónimo de Francia. La capital de la República Centroafricana, país independiente desde 1960, conserva tenaces huellas del antiguo colonizador francés: avenida de Francia, liceo francés Charles De Gaulle, estaciones de servicio Total, cervezas Castel y numerosos expatriados franceses.

En los últimos años, sin embargo, la marea se ha movido hacia el Este. Grandes vallas publicitarias presumen ahora de la cooperación entre la República Centroafricana y Rusia. Se ha abierto un centro cultural ruso, donde se imparten cursos gratuitos de idioma. La bebida de moda es un vodka llamado Wa na wa, que supuestamente proporciona a sus consumidores "los secretos del poder ruso" y "la salud siberiana". Moscú dona vehículos blindados, camas elásticas y cuadernos para niños, patrocina emisoras de radio y concursos de belleza.

Sobre todo, los homenajes a los mercenarios de Wagner están por todas partes. Los primeros empleados de esta empresa militar privada sin existencia legal, considerada el brazo armado no oficial del Kremlin, llegaron oficialmente a la capital centroafricana a principios de 2018, poco más de un año después de la retirada del ejército francés. La misión de Wagner era entrenar y apoyar sobre el terreno a las fuerzas armadas del país, que luchan contra grupos armados irregulares.

Cuatro años después, los "consejeros rusos", como se les apoda modestamente, tienen estatuas y películas que glosan sus glorias, ministros llevan camisetas con su imagen y los miembros de asociaciones financiadas por Moscú cantan sus alabanzas en las manifestaciones callejeras.

Su presencia en la República Centroafricana, y en otros países del continente (Malí, Libia, Sudán o Mozambique), es bien conocida. Al igual que los abusos perpetrados por algunos de los mercenarios de Wagner, que han sido documentados por investigaciones periodísticas e informes de ONG y de las agencias y grupos de expertos de Naciones Unidas. Estas violaciones de los derechos humanos llevaron a la Unión Europea a poner en marcha, en diciembre de 2021, sanciones contra Wagner y sus dirigentes (puedes consultar la lista aquí).

Pero otros aspectos de esta presencia siguen siendo desconocidos, especialmente los acuerdos industriales y financieros secretos firmados entre Wagner y los Estados donde opera el grupo militar ruso.

Hoy podemos revelar que una empresa vinculada a Wagner, denominada Bois Rouge, obtuvo en 2021 un jugoso permiso de tala en la República Centroafricana con condiciones muy ventajosas, que no se han concedido a otras compañías madereras comparables. Esto es lo que muestra una investigación de tres meses llevada a cabo por infoLibre, la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC) y la ONG francesa OpenFacto, que lanzó el proyecto llamado All Eyes on Wagner (Todos los ojos sobre Wagner).

Nuestra investigación muestra que la empresa centroafricana Bois Rouge está, de hecho, fuertemente relacionada con la red de empresas de Yevgeny Prigozhin, el presunto financiador de Wagner. Las autoridades, que dependen de Wagner para garantizar su seguridad, vendieron a precio de saldo una parte de sus recursos naturales al autorizar a Bois Rouge a explotar la selva de forma intensiva, casi sin pagar impuestos, y a veces incumpliendo la ley. A pesar de este trato privilegiado, la empresa Bois Rouge ni siquiera respetó todos sus compromisos con el Estado centroafricano.

A preguntas de EIC, la gerente de Bois Rouge, Anastasie Naneth Yakoïma, afirmó que la empresa "respeta plenamente los requisitos y la normativa vigentes". Pero negó a responder cuestiones concretas, porque ello la llevaría a revelar "información confidencial" sobre Bois Rouge.

Un portavoz de la Presidencia del país centroafricana respondió que "el Gobierno, con plena soberanía, recibe los proyectos y concede las licencias de explotación a las empresas de inversión que se instalan en el país". Dicho portavoz tampoco respondió a preguntas concretas, con el argumento de que "no se corresponden con las preocupaciones” de la República Centroafricana “ni de su población", además de que la Presidencia "no tiene que justificar ni demostrar nada".

Varios países europeos importan madera de la República Centroafricana y nuestra investigación plantea también la cuestión de su trazabilidad. Las sanciones europeas dirigidas al grupo Wagner y a su jefe Yevgeny Prigozhin deberían, en teoría, hacer imposible la importación de "madera de Wagner" en suelo europeo, pero la debilidad de los controles existentes no garantiza que esta prohibición se aplique correctamente.

La República Centroafricana es un país rico en bosques. En 2021, la madera era la principal exportación del país, muy por delante de los diamantes. Sólo una docena de empresas se encargan de la explotación maderera.

El 9 de febrero de 2021, un nuevo actor entró en este entorno cerrado. Una empresa hasta entonces desconocida, Bois Rouge, ganó una licitación convocada cinco meses antes por el Gobierno centroafricano y obtuvo una concesión situada en el bosque de Lobaye, en el suroeste del país. El lote comprende 186.000 hectáreas de un bosque rico en gorilas, leopardos y elefantes.

El permiso pertenecía anteriormente a Batalimo Forest Industries (IFB), la empresa maderera más antigua de la República Centroafricana, controlada por intereses franceses. El 18 de julio de 2019, el permiso fue retirado a IFB y asumido por el Estado, mediante una actuación controvertida. De acuerdo con nuestra información, IFB presentó un recurso ante el Consejo de Estado del país centroafricano. La empresa declinó hacer comentarios sobre el caso mientras el proceso judicial esté abierto.

A principios de 2021, el bosque pasó a estar bajo el control de Bois Rouge ("madera roja" en francés). La empresa se describía en su página web, misteriosamente cerrada este año, como "una de las mayores empresas madereras africanas". Bois Rouge se presenta como una compañía 100% centroafricana, inscrita en su Registro Mercantil desde marzo de 2019 y dirigida por una ciudadana del país, Anastasie Naneth Yakoïma.

Pero en realidad es una pantalla para los intereses rusos en la República Centroafricana. "Todo el mundo sabe que se trata de una empresa de creación rusa", afirma un agente del sector. Varios elementos materiales avalan esta afirmación.

En octubre de 2019, siete meses después de su creación en Bangui, Bois Rouge acudió a un foro de la industria de la madera en Shanghái. Aparece con el mismo nombre y en la misma dirección (en el barrio de Gobongo, en Bangui) que en el Registro Mercantil centroafricano... pero está clasificada entre los participantes rusos. No está representada por su directora, Yakoïma, sino por un jefe de ventas llamado Artem Tolmachev. Una de las dos direcciones de correo electrónico de contacto de la empresa está alojada en un servicio de correo ruso, mail.ru.

Los vínculos de Bois Rouge con Rusia se ven confirmados por sus actividades sobre el terreno. Fotos fechadas en noviembre de 2021 y tomadas en la concesión, obtenidas por EIC y OpenFacto, muestran a varios hombres blancos junto a empleados centroafricanos, así como camiones y cajas de medicamentos de marca rusa y una puerta en la que está escrito "centro médico" en ruso.

Otros elementos más concretos confirman que Bois Rouge no está simplemente vinculada a empresarios rusos, sino a una red concreta: la de Yevgeny Prigozhin –empresario cercano a Vladimir Putin– y el grupo Wagner, del que se sospecha que es el financiero y el jefe.

El grupo Wagner no tiene existencia legal: ninguna empresa lleva este nombre. Wagner es el nombre utilizado para describir al grupo militar privado ruso, y más ampliamente la galaxia de empresas controladas por Yevgeny Prigozhin en los países donde los mercenarios están involucrados, que tienen actividad en recursos naturales y en propaganda online. Yevgeny Prigozhin ya está presente en la República Centroafricana a través de varias empresas, entre ellas Lobaye Invest y M Finans, que están bajo sanciones estadounidenses desde septiembre de 2020.

El primer elemento que vincula a Bois Rouge con Wagner es cronológico: la adjudicación de la concesión en el distrito de Lobaye coincide con la llegada de mercenarios rusos a la región. Según los documentos a los que hemos tenido acceso, el Gobierno centroafricano adjudicó la antigua parcela de la IFB a Bois Rouge el 9 de febrero de 2021, sólo quince días después de la reconquista de Boda, la principal ciudad de la región, por las fuerzas armadas de la República Centroafricana y sus aliados rusos. Boda estaba anteriormente controlada por una alianza de grupos armados denominada CPC (Coalición de Patriotas por el Cambio).

Los vínculos entre Bois Rouge y la galaxia Wagner/Prigozhin son también financieros. Los datos de los "conocimientos de embarque" de mercancías destinadas a Bois Rouge, consultados por EIC y OpenFacto, muestran que la empresa compra material a Broker Expert LLC, una compañía con sede en San Petersburgo.

Broker Expert abastece a otras entidades de la red Wagner/Prigozhin, incluida la empresa minera Meroe Gold, activa en Sudán, descrita por el Tesoro estadounidense como filial del grupo Yevgeny Prigozhin.

La ONG Dossier Center (dirigida por el opositor ruso Mijaíl Jodorkovski), cuyos tres periodistas fueron asesinados en la República Centroafricana en julio de 2018 mientras investigaban las actividades de Wagner en el país, también incluye a Broker Expert como "empresa afiliada a Prigozhin". Este vínculo se confirma con otros elementos, como un número de teléfono utilizado tanto por Broker Expert como por empresas pertenecientes a la familia Prigozhin: Soinvest LLC, dirigida por la esposa de Evgeny Prigozhin, Liubov Prigozhina, o Concord LLC, de la que Evgeny Prigozhin es el beneficiario efectivo.

Hemos identificado veintiocho transacciones entre Bois Rouge y Broker Expert sólo en noviembre y diciembre de 2021. En dos meses, la empresa maderera importó a través de Broker Expert un tractor, materiales de construcción (chapa de acero, espuma de arcilla, hormigonera, cemento, ladrillos), tornillos, alambre de espino, un ventilador, láminas de amianto o incluso una aspiradora industrial.

Además de estos vínculos comerciales, las pistas dejadas sobre el terreno también sugieren una conexión con Wagner. En dos fotos tomadas en la concesión de Bois Rouge, podemos ver a individuos con pantalones de camuflaje militar. Este diseño de camuflaje, llamado “multicam”, es el utilizado por Wagner en la República Centroafricana.

Entre las fuentes de financiación conocidas de Wagner está la explotación de recursos naturales. El grupo de Yevgeny Prigozhin se ha hecho con yacimientos de petróleo y gas del Estado Islámico en Siria (de los que Wagner recibiría el 25% de los ingresos en virtud de un contrato firmado con el Gobierno sirio) y con minas de oro en Sudán explotadas por una empresa vinculada a Yevgeny Prigozhin. Se sospecha que la asignación de permisos de explotación a empresas vinculadas a Wagner es una forma de que los gobiernos africanos sobreendeudados paguen los servicios de los mercenarios.

La República Centroafricana parece haber adoptado el mismo esquema de financiación. Un documento oficial redactado por el Gobierno centroafricano, revelado en un reciente reportaje de investigación emitido por la cadena de televisión francesa France 5, demuestra el vínculo entre "las inversiones rusas en el ámbito de la seguridad nacional" y la explotación de una mina de oro en la República Centroafricana por parte de una empresa llamada Midas Resources, constituida en Madagascar pero que en realidad está bajo control ruso.

"El Estado centroafricano tiene derecho a conocer el importe de las inversiones rusas en el ámbito de la seguridad nacional para poder gestionar las compensaciones", afirma el mismo documento.

¿El derecho a explotar la selva centroafricana forma parte de las "compensaciones" concedidas a Wagner a cambio de los servicios de sus combatientes, que proporcionan una estrecha vigilancia al presidente Touadéra y luchan junto a las fuerzas armadas del país?

Nuestra investigación demuestra en cualquier caso que las condiciones de explotación concedidas a Bois Rouge son más un regalo que una relación comercial normal.

Obtuvimos los documentos oficiales que regulan las actividades de Bois Rouge, que hasta ahora habían permanecido en secreto y comparamos los dos documentos principales –el acuerdo de explotación provisional firmado entre el Estado centroafricano y Bois Rouge el 28 de abril de 2021 y el acuerdo de explotación definitivo firmado el 3 de diciembre de 2021– con otros seis contratos firmados con otras empresas entre 2014 y 2020. El análisis muestra que Bois Rouge ha obtenido el derecho de explotación intensiva del bosque, así como ventajas nunca concedidas a otras empresas.

Tres ejemplos ilustran este trato privilegiado.

A Bois Rouge se le ha permitido explotar toda la superficie del bosque para el que obtuvo la concesión, incluso antes de haber firmado el "acuerdo de explotación definitivo" que se supone que debe regir sus actividades. Por contra, antes de firmar ese acuerdo definitivo, las demás empresas forestales sólo tienen derecho a explotar una parte de su concesión, generalmente alrededor de un octavo de su superficie.

Segunda ventaja: mientras que los contratos forestales definen "zonas de tala" (donde se permite la explotación) que cambian cada año, para dejar que el bosque se regenere, el acuerdo de Bois Rouge establece que las "zonas de tala anuales" que no son válidas por un año, sino por tres, y que son renovables a simple petición de Bois Rouge.

Por último, el contrato firmado con la empresa controlada por Rusia carece de una disposición importante, que sí figura en todos los demás acuerdos que hemos podido consultar: la prohibición de cortar árboles cuando el tiempo es lluvioso o ventoso, lo que normalmente se impide por razones de seguridad.

Además de estas condiciones de explotación sin precedentes, hemos obtenido un documento que demuestra que el Gobierno centroafricano ha concedido generosas ventajas fiscales y aduaneras a Bois Rouge.

Una carta firmada por el ministro de Finanzas y Presupuesto de la República Centroafricana, Henri-Marie Dondra, fechada el 23 de abril de 2021, indica que a Bois Rouge se le conceden derechos de aduana reducidos al 5% sobre sus importaciones, una exención del impuesto de sociedades (luego reducido al 25% durante un año más), una contribución al desarrollo social reducida en un 25% y una exención del pago de la licencia comercial, todo ello durante cinco años. También se "neutraliza" el IVA de las importaciones mediante un procedimiento denominado "pago diferido", y se concede a la empresa una exención del impuesto sobre bienes inmuebles durante ocho años en todas las nuevas construcciones.

A pesar de este trato preferente, hemos podido comprobar que Bois Rouge no ha cumplido todos sus compromisos.

La empresa comenzó a operar en julio de 2021 sin elaborar ni un plan de desarrollo forestal ni un estudio de impacto ambiental, que son dos obligaciones legales. La ausencia de plan de desarrollo se menciona explícitamente en el acuerdo final de explotación del 3 de diciembre de 2021, lo que no impidió al Gobierno centroafricano firmarlo.

"El establecimiento de planes de desarrollo de explotación, que garanticen la preservación de los recursos forestales, sigue siendo nuestra prioridad y vamos a intensificar los controles", aseguró el ministro de Bosques centroafricano en 2016.

El hecho de que Bois Rouge no haya realizado un estudio de impacto ambiental nos ha sido confirmado por el Ministerio de Medio Ambiente centroafricano, contactado por teléfono el 12 de julio de 2022.

Eso no es todo. Bois Rouge debería haber pagado, a cambio de la adjudicación de la concesión, tres años de alquiler. Esta obligación aparece claramente en el decreto firmado por el primer ministro centroafricano que concede el permiso. La empresa disponía de quince días para hacerlo, y "cualquier incumplimiento o retraso dará lugar a la cancelación automática del permiso", especifica el documento, fechado el 9 de febrero de 2021. Bois Rouge no pagó. Sin embargo, su licencia no fue revocada.

Una carta del Ministerio de Finanzas demuestra que el 23 de abril de 2021, dos meses después de la expiración del plazo legal para pagar el alquiler, el Estado centroafricano aún no había recibido el dinero. La carta indica que Bois Rouge había solicitado el aplazamiento del pago hasta el 1 de abril de 2022, once meses después de la fecha prevista. El aplazamiento fue concedido por el ministro de Finanzas, Henri-Marie Dondra. A preguntas de EIC, no respondió.

Por último, pero no menos importante, otros documentos internos del Ministerio de Aguas y Bosques demuestran que Bois Rouge no pagó todos los impuestos obligatorios relacionados con la tala de árboles, al menos hasta febrero de 2022.

Además de estas deficiencias legales y financieras, las condiciones de trabajo en la concesión son problemáticas, revela el testimonio de una persona que conoce bien el lugar pero que pide el anonimato dado los importantes riesgos para su seguridad. Esta fuente informa de que Bois Rouge emplea un personal muy insuficiente (los equipos de tala están formados por dos personas, frente a las cinco o seis habituales), que trabaja en condiciones peligrosas.

Según este testigo, un empleado de Bois Rouge puede talar "de 15 a 20 árboles al día", mientras que lo normal en otras concesiones sería más bien 7 al día. Los responsables de la empresa obligan a estos trabajadores a trabajar "hasta las 3 o 4 de la tarde", mientras que en la región es habitual que las talas se detengan hacia las 11 de la mañana a causa del viento que se levanta y hace que dicha tarea sea especialmente peligrosa. Por último, este testigo afirma que Bois Rouge no archiva la información en el "libro de explotación", que enumera los volúmenes concretos de madera cortada, a pesar de que se trata de una obligación legal.

A preguntas sobre estas acusaciones, Bois Rouge se negó a responder.

A pesar de ello, Bois Rouge no habría explotado todavía grandes volúmenes de madera. Dos fuentes familiarizadas con el asunto indican que la empresa ha cortado hasta ahora un número relativamente modesto de árboles, lo que representaría un volumen de apenas unos cientos de metros cúbicos, que luego exportó a través de Camerún. "Parece que están en una fase de pruebas", indicó una de estas fuentes.

Es imposible, por el momento, saber a qué países se exportó esta madera. Preguntado al respecto, Bois Rouge tampoco quiso responder. SGS, la empresa encargada de controlar las exportaciones de madera centroafricana, no contestó a nuestras preguntas.

Varios países europeos importan madera centroafricana, entre ellos España (al menos hasta 2019), Francia, Italia, Portugal, Alemania y Bélgica. En total, según las cifras oficiales elaboradas por la UE, las importaciones de madera (y sus derivados, carbón y corcho) de la República Centroafricana a la UE aumentaron un 62% en 2021 hasta alcanzar los 11 millones de euros.

¿Se importa "madera de Wagner" a Europa o podría hacerse pronto? En teoría ese comercio está prohibido por dos razones: la normativa europea contra la tala ilegal y las sanciones de la UE dirigidas a Wagner. A esto se podrían añadir las nuevas sanciones adoptadas contra empresas y ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania, que también podrían afectar indirectamente a Bois Rouge: la empresa se abastece de la siderúrgica rusa Severstal, cuyo principal accionista, el empresario ruso Alexey Mordashov, fue sometido a sanciones europeas en marzo de 2022.

Pero, por ahora, no hay garantías de que los controles existentes sean suficientes para impedir que Wagner venda su madera centroafricana en Europa.

En 2005 y 2020, la UE adoptó dos reglamentos destinados a acabar con la explotación ilegal de los bosques: el reglamento de la Unión sobre la madera y el llamado reglamento FLEGT ("Forest Law Enforcement Governance and Trade"). En concreto, establecen que los importadores deben poner en marcha un sistema de "diligencia debida", que se supone que garantiza que la madera procedente de una explotación ilegal no se comercializa en el mercado de la Unión Europea.

Pero la Comisión Europea juzgó, en un informe de diciembre de 2021, que estas dos herramientas no habían alcanzado plenamente sus objetivos. Algunas de las empresas que importan madera a la UE tienen "un conocimiento y una comprensión limitados de las obligaciones que deben cumplir" y afrontan dificultades para verificar la información de sus cadenas de suministro. Según la Comisión Europea, algunos importadores aprovechan la flexibilidad de algunos países de la UE, donde hay menos controles, para introducir madera de origen dudoso.

De hecho, para el año 2020, sólo un Estado miembro declaró haber realizado una inspección sobre la madera importada de la República Centroafricana para verificar su cumplimiento con la normativa europea.

Las ONG son aún más críticas: "Las normas de confidencialidad dentro de la Unión Europea dificultan el seguimiento de la madera desde el origen hasta la empresa que la importa directamente", afirma Marigold Norman, experta en madera que trabaja con la ONG Forest Trends. Además, "hasta ahora, las sanciones a las empresas que incumplen las normas han sido limitadas. En algunos casos, las multas sólo se consideran parte del coste de abastecerse de madera tropical de alto valor".

A pesar de que las importaciones de madera centroafricana han aumentado mucho en los últimos años (hasta casi 6 millones de euros en 2021, según datos de las aduanas francesas), Francia tampoco parece estar aplicando suficientes controles. En 2019, la ONG Earthsight constató que una empresa francesa, F. Jammes, seguía importando madera producida por la empresa centroafricana SEFCA, a pesar de haber sido acusada por Global Witness de haber pagado dinero a un grupo armado centroafricano responsable de muchos abusos, llamado Seleka, para asegurarse su producción.

El comercio de madera entre España y la República Centroafricana es muy pequeño. Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio, en 2019 España importó madera por valor de sólo 315.921 euros. El año en el que más se compró fue en 2001, cuando el volumen de las operaciones sumó 13,28 millones de euros. Desde entonces las compras de madera en ese país africano no han hecho más que descender. De hecho, la Asociación Española del Comercio e Industria de la Madera (AIM) cifra en sólo 29 metros cúbicos la madera tropical aserrada que España trajo de la República Centroafricana en 2020, apenas 9.000 euros. En 2021 no aporta cifras siquiera.

La República Centroafricana firmó en noviembre de 2011 un Acuerdo Voluntario de Colaboración (AVA) con la Unión Europea, que le obliga a diseñar y aplicar un sistema que verifique la legalidad de la madera que exporta. A partir de entonces, debería haber comenzado a expedir las licencias FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), que certifican que la madera cumple los requisitos europeos. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido ni una sola de estas licencias, explica el Ministerio de Transición Ecológica, que tiene las competencias sobre política forestal.

La AEIM evalúa los riesgos que cada país entraña para la compra de madera legal. Y advierte ante la elevada corrupción y “la falta de fiabilidad de la documentación que pudiera expedir el gobierno” centroafricano. En concreto, pide a sus asociados que extremen las precauciones cuando se trate de “madera en tronco (en bruto)”, procedente de “compañías asiáticas, que han proliferado mucho últimamente en este país”. Se refiere a empresas chinas. “Hace 20 años que no compro madera en la República Centroafricana, casi nadie [en España] lo hace ya, por el conflicto bélico, la mayor parte de la madera aserrada se la llevan los chinos”, confirma un importador español a infoLibre. Los países de la zona que ofrecen más seguridad, añade, son Camerún, Costa de Marfil y Gabón. No obstante, el ministerio precisa que tampoco Camerún, pese a haber firmado en su día su propio Acuerdo Voluntario de Asociación con la UE, emite licencias FLEGT.

Además, aclara que la mayor parte de la madera africana, la centroafricana y la procedente de otros países como el Congo, se exporta a través de Camerún, del puerto de Duala. Y se dirige rumbo a China. En la misma dirección apunta la AEIM: “Esas partidas figuran, según Aduanas, como provenientes del lugar de embarque” en lugar de sus países reales de origen.

Para cumplir el reglamento sobre maderas de la UE (EUTR), los agentes y comerciantes europeos –por tanto, también los españoles—deben asegurar la trazabilidad de sus importaciones, identificando a todos los que han participado en la cadena de suministro de los troncos que han comprado. Lo que resulta muy complicado en la República Centroafricana.

La AEIM recomienda a sus socios que recurran a “algún organismo externo” para que verifique el origen legal de la madera que quieran comprar en ese país africano, para sortear la escasa fiabilidad del gobierno local. La UE ha encargado a toda una serie de instituciones independientes que vigilen y verifiquen la legalidad de la madera de este y otros exportadores de la zona. En el caso de España, se trata de Aenor. infoLibre ha preguntado a esta sociedad de certificación por las operaciones que ha controlado desde 2015, cuando recibió el mandato de Bruselas. Y su respuesta ha sido que no ha monitorizado ninguna, debido a que las operaciones han sido muy pequeñas.

Tampoco la Guardia Civil, a través de la Ucoma (Unidad Central Operativa Medioambiental), ha echado el ojo hasta ahora a operaciones de tráfico ilegal de madera procedentes de la República Centroafricana. Según explica a infoLibre el teniente Sergio Martínez Moraleda, la mayor parte de la madera tropical que llega a España procede de Camerún, Gambia o Congo. Y no siempre se queda en España. Por lo general, añade, sólo está de tránsito hacia China. Los importadores están obligados a verificar que la madera que compran cumple con los requisitos establecidos por la UE, pero resulta “complicado”, precisa, comprobar su trazabilidad en países tan inestables y corruptos como los africanos de donde proceden los troncos.

La Guardia Civil está “intensificando” los controles de empresas, también de cargamentos en Aduanas, pero el teniente de Ucoma rechaza que en España haya “grandes traficantes” de madera tropical. En febrero de 2020, la Ucoma cerró la operación Quercus, en colaboración con Europol e Interpol. Fueron detenidas 71 personas y se incautaron más de 13.000 metros cúbicos de madera, procedentes de Brasil y de África. Entonces los agentes investigaron cientos de importadores, fabricantes de muebles, parquets, palets e instrumentos musicales, así como aserraderos en todo el país.

Y el pasado mes de abril, la Guardia Civil intervino en el puerto de Las Palmas dos contenedores que declaraban contener nueces, pero en realidad transportaban palo de rosa, procedente de Gambia, una especie de madera protegida por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula su comercio internacional. Su destino era China. Esta operación forma parte de un dispositivo permanente organizado por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas, la operación Thunder.

Con una epidemia de ébola lejos de estar controlada y millones de personas atrapadas en una "catástrofe" olvidada de conflicto y hambre, República Democrática del Congo (RDC) ha sido la crisis humanitaria más olvidada de 2018, según el sondeo anual realizado por Thomson Reuters Foundation entre las ONG. El sondeo ha sido inusual por el alto número de "las crisis más olvidadas", ya que los expertos también han enumerado República Centroafricana, la cuenca del lago Chad, Yemen, Afganistán, Sudán del Sur, Burundi, Nigeria y, por primera vez, Venezuela, según informa Europa Press.

Pero la "megacrisis" en RDC apenas atrajo titulares, según las ONG, incluso pese a que el país debía celebrar las esperadas elecciones presidenciales el 23 de diciembre que fueron aplazadas hasta este domingo y que han sido postergadas hasta marzo en tres ciudades, incluidas dos de las más afectadas por el ébola. Las históricas elecciones de este domingo podrían marcar la primera transición democrática en el país, dos años después del fin del mandato de Joseph Kabila y tras una serie de aplazamientos justificados por la situación de inseguridad y la dificultad para organizar los comicios en el país, cuyos resultados se conocerán el 15 de enero.

En estos comicios, marcadas por la violencia durante la campaña electoral y la destrucción de miles de máquinas de votar en un incendio en la capital, Kinshasa, se presentan un total de 21 candidatos, entre ellos el delfín de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, que figura como uno de los principales favoritos debido a que cuenta con el respaldo del establishment de Kabila, si bien la imagen del mandatario se ha visto dañada en los últimos años y los sondeos apuntan a una carrera disputada con alguno de los candidatos de la oposición, muy fragmentada.

Durante la jornada electoral, que se ha visto dificultada por las fuertes lluvias, la Misión de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO) ha detenido a varias personas que se estaban haciendo pasar por observadores de la ONU.

Sobre la situación de este país, el director del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, señala que "la brutalidad del conflicto es asombrosa, el abandono nacional e internacional indignante". "Visité RDC este año y pocas veces he visto tal brecha entre las necesidades y la asistencia", subraya. 

RDC, donde 13 millones de los 82 millones de habitantes del país necesitan ayuda, también se situó en cabeza en el sondeo realizado por Thomson Reuters Foundation en 2017, si bien las organizaciones humanitarias coinciden en que la situación se ha deteriorado. Seis de las 21 agentes humanitarias consultadas han identificado RDC como la crisis más olvidada, incluido el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el NRC, Oxfam, ActionAid, International Rescue Committee y Christian Aid.

El asesor humanitario de ActionAid, Rachid Boumnijel, insta a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para poner fin a años de conflicto caracterizado por la brutalidad sexual. "Ha sido una catástrofe para el país, y para las mujeres y las niñas en particular", lamenta Boumnijel.

El responsable de programas humanitarios de Christian Aid, Maurice Onyango, destaca que la violencia ha provocado "un trauma a gran escala", con niños que han sido testigos de cómo sus padres y hermanos eran asesinados. Un aumento de la violencia en el este del país, rico en minerales, también ha exacerbado la propagación del segundo peor brote de ébola a nivel mundial, según las ONG.

República centroafricana

República Centroafricana, donde los grupos armados controlan buena parte del territorio y el 60 por ciento de la población necesita asistencia, ha quedado en segunda posición. El país, mencionado como la crisis más olvidada por OCHA, UNICEF, MercyCorps, Plan International y Cáritas, lleva inmerso en la violencia desde que los rebeldes de Séléka, principalmente musulmanes, derrocaron al presidente en 2013, provocando la emergencia de milicias de autodefensa principalmente cristianas.

Los grupos armados están atacando de forma creciente escuelas, hospitales, mezquitas e iglesias, mientras que los ataques contra trabajadores humanitarios han tenido un impacto en la respuesta humanitaria "falta de fondos de forma crónica", según las ONG.

Según UNICEF, miles de niños se han visto atrapados en grupos armados o sometidos a violencia sexual. "La crisis se está volviendo cada vez más desesperada y los recursos están en un punto clave", añade el director de emergencias de la agencia de la ONU, Manuel Fontaine. Los llamamientos de fondos de la ONU para RDC y RCA están financiados en menos del 50 por ciento.

"República Centroafricana está en una espiral de muerte", considera el secretario general de Cáritas, Michel Roy. "Mientras que los gobiernos y los medios internacionales le han dado la espalda, nosotros no debemos hacerlo. Es la única esperanza que le queda a RCA", subraya.

En opinión de Plan International, los medios ignoran crisis complejas como RCA y RDC porque carecen del factor de conmoción de un desastre repentino como puede ser el enorme terremoto que golpeó Indonesia el pasado septiembre.

Otras crisis olvidadas

Yemen, que corre el riesgo de convertirse en la peor hambruna en 100 años, ha sido identificada como la crisis más olvidada por Muslim Hands y World Vision. "Con tres cuartas partes de la población necesitada de ayuda, no puedo ver cómo Yemen no está a la cabeza de la lista de todo el mundo", sostiene el jefe de emergencias de World Vision, Mark Smith.

International Medical Corps advierte de que el desastre en la cuenca del lago Chad, donde el cambio climático y la prolongada insurgencia de Boko Haram y Estado Islámico han dejado a 11 millones de personas necesitadas de ayuda, parece encaminado a deteriorarse el próximo año.

Acción contra el Hambre alerta de que hay millones de personas atrapadas en la "casi invisible" crisis que afecta a Nigeria, Níger, Chad y Camerún y que se enfrentan a pobreza, hambre, violencia sexual y secuestro de menores.

Desde la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), la mayor red mundial de asistencia, advierten de que el hambre y las enfermedades tras las importantes inundaciones registradas en Nigeria amenazan con crear una segunda crisis enconada en el país. "Me sorprende la escasa atención que esto ha recibido. Las cifras van en aumento", subraya el secretario general de la FICR, Elhadj As Sy, añadiendo que casi dos millones de personas se han visto afectadas, más de 20.000 han quedado desplazadas y vastos terrenos de cultivo han quedado destruidos. "Este desastre masivo a pasado prácticamente desapercibido por muchos donantes y periodistas", lamenta.

Venezuela entra por primera vez

Este año por primera vez Venezuela se incluye en el sondeo. Unos 3,3 millones de personas han huido de la crisis política y económica que atraviesa el país, muchos de ellos movidos por el hambre y la violencia, y otros 2 millones más podrían seguir sus pasos en 2019, según las previsiones de la ONU. Naciones Unidas ha hecho un llamamiento por 738 millones de dólares para ayudar a los países de la región a hacer frente a lo que un responsable de la ONU calificó de "terremoto humanitario".

Según CARE, las pruebas en el terreno sugieren que la cifra real de las personas que huyen de Venezuela es muy superior a la ofrecida por la ONU. "Dada su escala, es increíble lo ignorada que está la situación en Venezuela", lamenta el experto humanitario de la ONG Tom Newby. "El mundo tiene que despertarse ante esta crisis", reclama.

Por otra parte, Afganistán es considerada como la crisis más olvidada por Islamic Relief Worldwide, mientras que Save the Children señala a Sudán del Sur. En el caso de ACNUR, citan a Burundi mientras que el Consejo Danés para los Refugiados señala el fenómeno migratorio mixto.

La humanidad se enfrenta a la mayor crisis migratoria desde la II Guerra Mundial: según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), arranca 2018 con 258 millones de personas viviendo fuera de su país de origen y, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), más de 65 millones se vieron obligadas a huir de su casa en 2016. Los medios han simplificado este fenómeno en la palabra "refugiados", pero solo un tercio de estas migrantes (22,5 millones) cuenta con dicho estatus. ¿Y el resto?

Un refugiado es una persona que "debido a fundados temores de ser perseguida y encontrándose fuera del país natal, no puede o no quiere acogerse a la protección de su país", según la ONU. La razón de estos “temores” puede ser: “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas”. Sin embargo, las personas también huyen del hambre, las epidemias, la pobreza y la sequía, por lo que la diferencia entre migrantes económicos, desplazados climáticos, desplazados internos y refugiados es difusa y líquida.

Del total de los migrantes en 2016, unos 25 millones fuerondesplazados como consecuencia del cambio climático según el último informe de la OIM. La misma organización informó a infoLibre que solo en la primera mitad de 2017 hubo 4,5 millones de desplazados climáticos, aunque también advertía que esta cifra no tiene en cuenta a los desplazados internos, quienes huyen dentro del propio país. Ecologistas en Acción exige que sean reconocidos los refugiados que provoca el cambio climático ante el temor de que a mitad de siglo más de 200 millones de personas se vean afectadas y su estatus aún quede en un limbo legal. Según la ONU, en los últimos 30 años, el número de catástrofes naturales se ha triplicado.

Aunque no están todas, infoLibre repasa algunas crisis humanitarias que pocas veces se hacen un hueco en los medios:

1. Yemen: "La peor crisis del siglo"

La Organización Mundial de la Salud denuncia desde noviembre que unas 2.200 personas han perdido la vida en Yemen a causa de un brote de cólera aparecido en abril. El total de posibles contagiados alcanza el millón de personas, según expuso la Cruz Roja a finales de diciembre. El 53% son niños.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen afirma que las partes en el conflicto "no tienen interés" en lograr una solución, pues los líderes locales son "cada vez más ricos e influyentes". La guerra, mientras, ha provocado entre 12.000 y 15.000 muertos y un sinnúmero de heridos, la mayoría civiles. Se han desplazado internamente alrededor de 3,5 millones de personas. Hasta 1.600 niños han muerto y 2.700 han sido mutilados desde  mayo de 2015.

Según la ONU, hay 20,7 millones de personas necesitadas de algún tipo de asistencia o protección para cubrir sus necesidades básicas y casi la mitad se encuentragravemente necesitada, lo que supone un 10% más que cuando se hizo la anterior estimación, en octubre de 2016.

2. Filipinas: 600.000 desplazados en la Guerra contra el Dáesh

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, aseguró el 17 de octubre que la ciudad de Marawi, en la isla de Minadanao, había sido "liberada de la influencia de los terroristas". Los muyahidines de las bandas integristas Abu Sayyaf y los hermanos Maute –vinculadas al Dáesh– controlaban parte del centro de Marawi, una localidad de la mencionada isla sureña.

El Ejército llevaba más de cuatro meses de combate contra el Estado Islámico solo en Mindanao: más de 1.000 personas han muerto y más de 600.000 personas han tenido que desplazarse desde finales de mayo.

El Congreso filipino amplió el 13 de diciembre un año más la ley marcial en la isla de Mindanao ante el temor de nuevas amenazas terroristas. Al menos existen cuatro organizaciones tachadas de "terroristas" por el Gobierno de Duterte en el país.

3. Afganistán: casi tres millones de refugiados tras 16 años de guerra

Tras 16 años de un conflicto asimétrico superpuesto a una guerra civil preexistente desde 1978, la Administración Trump anunció el pasado 31 de agosto que reforzaría la presencia de tropas para ayudar al Gobierno afgano, que ha ido perdiendo territorio frente al grupo talibán hasta solo controlar el 60% del territorio. Poco después, EEUU pedía a sus socios de la UE un envío de 1.000 soldados más al país afgano. El 9 de noviembre, la OTAN acordó en elevar de 13.000 a 16.000 los soldados desplegados en Kabul.

Las víctimas de esta guerra son incuantificables, pero solo en 2017 han muerto 3.000 personas a causa del terrorismo en el país. Afganistán es el segundo país que más atentados ha sufrido durante este año (130) según el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y también el segundo en cuanto a demandantes de asilo según la CEAR, con 2,7 millones, solo por detrás de Siria en ambas clasificaciones.

4. Somalia: uno de cada cuatro personas, en emergencia alimentaria

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura informó el 31 de agosto que 6,2 habitantes somalíes sufren inseguridad alimentaria, de los que 3,1 millones (el 25 % de la población) se encuentran en una situación de emergencia.

El cambio climático empeora la situación medioambiental cada año y se ceba con África: entre abril y junio la sequía ha ocasionado una pobre cosecha de cereales. En Somalia no hay un poder centralizado y la organización Al Shabab, –vinculada a Al Qaeda y que controla parte del centro y sur del país– niega la hambruna y prohíbe la ayuda humanitaria.

El aumento de los precios de los alimentos y las pérdidas de ganado han provocado 2 millones de desplazamientos internos y han hecho que más de un millón de personas abandonen Somalia en la primera mitad del año. Parte de estos migrantes (240.000) han acabado en el campo de refugiados de Daabab, en Kenia, pero el Gobierno del país de acogida está ejerciendo presión para que vuelvan a su país de origen. Según Amnistía, Kenia "pisotea las normas internacionales", pues "sólo se puede hacer regresar a las personas refugiadas si su seguridad y dignidad están garantizadas" 

5. Sudán del Sur: cuatro millones de desplazados

Ejército de Sudán del Sur (dinkas). EP

La vecina sureña se independizó de Sudán en 2011 tras un referéndum y una guerra civil extendida desde 1955, pero desde 2013 vive una guerra étnica con tintes genocidas que enfrenta a los dinkas, del actual presidente Kiir, contra los nuer, minoría leal al ex vicepresidente Machar.

Este conflicto ha causado ya cerca de 2 millones de desplazados internos, otros tantos refugiados en países vecinos y que 7,6 millones de personas vivan en situación de inseguridad alimentaria grave según la ONU. Sudán del Sur se convirtió en la nación más joven del mundo –y también la más corrupta– en 2011.

A la guerra y el desgobierno por la caída del dictador Gadafi (2011), se les ha unido la violación de los derechos humanos de los que tratan de huir del país magrebí.

Además de los visibles casos de esclavitud, Oxfam Intermón ha publicado recientemente un informe a partir de declaraciones de testigos y víctimas en el que se evidencia que el 84% ha sufrido "tratos degradantes o inhumanos, extrema violencia o tortura" durante su estancia en los 40 centros de detención oficiales financiados por la eurozona. Médicos Sin Fronteras señala que "las mujeres embarazadas son especialmente atacadas y violadas en estos centros".

Tras el pacto de la UE con Turquía para cerrar la ruta de los Balcanes, la ruta migratoria preferida pasa por el Mediterráneo central, con abundantes casos de devoluciones en caliente, mafias que trafican con personas, secuestros y torturas. La OIM estima que alrededor de 13.000 migrantes han muerto en esta ruta desde 2014, incluyendo más de 2.500 durante este año. La comisión de la Unión Africana habla de hasta 700.000 migrantes en condiciones "inhumanas" en Libia.

7. India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés: más de 1.400 muertos por el monzón

El cambio climático se alía con el monzón para sacudir una de las regiones más pobres del planeta, el sudeste de Asia. Según la ONU, 41 millones de personas han resultado afectadas por la última temporada del monzón.

India, Nepal, Sri Lanka y Bangladés se llevan la peor parte: la Cruz Roja estimaba que, ya a principios de octubre, más de 1.400 personas habían muerto en total. Tambiéndenunciaba la magnitud de un desastre sin igual en décadas "ignorado" mediáticamente.

El monzón inunda Nepal

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres alertaba en octubre que unos 2,3 millones de indios se ven obligados a desplazarse cada año debido a desastres naturales, mayoritariamente por inundaciones. Según la Autoridad Nacional para el Manejo de Desastres de la India, cada temporada el fenómeno meteorológico deja como promedio 1.600 víctimas mortales en el país

En Sri Lanka, el Centro de Gestión de Desastres  informó de que el número de afectados por las fuertes lluvias y vientos se eleva ya a 20.000.

A mediados de año, las lluvias asociadas a la temporada monzónica y el ciclón Mora causaron al menos 212 muertos y 79 desaparecidos en Sri Lanka.

La ONU calificó las inundaciones en Nepal -que sigue recuperándose del terremoto de 2015- como las peores de los últimos 15 años y las autoridades nepalíes informan de más 140 muertos y decenas de desaparecidos.

8. La cuenca del Chad: más de 380 de víctimas civiles de Boko Haram

Niñas liberadas por Boko Haram en mayo. EP

Amnistía Internacional ha denunciado este martes que la secta islamista Boko Haram ha causado la muerte de al menos 400 civiles solo desde abril en la región del lago Chad, una cifra que duplica el número registrado en los cinco meses anteriores. El lago ha pasado de tener una superficie de 25000 km2 (en 1960) a 2500 km2 (para el 2009), y se estima que desaparecerá en 20 años.

Los fundamentalistas han asesinado a más de 300 civiles en Nigeria y 160 en Camerún al ser empujados por el Ejército nigeriano a las montañas camerunesas de Mandara.

Según la Amnistía Internacional, hay 2,3 millones los desplazados en la región: 1,6 de Nigeria, 303.000 de Camerún y 374.000 de Chad y Níger. También destaca las más de 7 millones de personas con grave escasez alimentaria y el más de medio millón de niños en situación de malnutrición severa en los países de la cuenca del Chad.

9. Níger: más de 1.600 personas afectadas por la hepatitis E

Acción Contra el Hambre ha alertado de una epidemia de hepatitis E la región de Diffa (Níger) por los malos hábitos de higiene causados por la inexistente infraestructura sanitaria. Según la ONG, las previsiones en la región apuntan a una buena cosecha, pero la hepatitis E afecta ya a "más de 1.600 personas" y perjudicará estas previsiones positivas. La enfermedad también ha causado el desplazamiento de al menos 247.000 personas y la muerte de 50.

El petróleo es otro de los contaminantes de esta aguas: con más de 6.800 derrames registrados —entre nueve y 13 millones de barriles—, la región del Delta del Níger es una de las más contaminadas del planeta. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente alertaba de que en el 8% del territorio nigeriano se superaban en dos tercios los niveles nacionales de contaminación. 

10. Nigeria: la ONU vacuna de cólera a 844.000 personas

La OMS anunció el martes 27 de septiembre el fin de su campaña de vacunación contra el cólera en  Maiduguri, capital del estado de Borno, agregando que 844.000 personas habían sido inoculadas.

Hasta finales de septiembre se habían detectado 3.934 supuestos casos de cólera -con un total de 54 muertos- en Maiduguri y sus alrededores. El brote confirmó los temores de las ONG sobre la expansión de enfermedades durante la época de lluvias. 

“La testigo” aparece en la pantalla plana de la sala de audiencias. La difusa silueta, anónima, asiente, en sango, con voz metálica. “La testigo” no está sentada en la sala de vistas de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en los Países Bajos, sino a más de 5.000 km de allí, en Bangui, la capital de la República Centroafricana.

“La testigo comparece hoy por videoconferencia para dar a conocer sus puntos de vista y preocupaciones”, explica Sylvia Steiner, la jueza brasileña que preside la sala. Entre cada frase, se intercalan largos silencios, el tiempo necesario para que sus palabras sean interpretadas en inglés y en francés, las dos lenguas de trabajo de estos magistrados, abogados y ujieres llegados de los cinco continentes. El 16 de mayo de 2016 fue un día histórico. Se trataba de la primera vez, tras 330 días de juicio, que un responsable militar era condenado por cometer violaciones como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En esta sala aséptica, Jean-Pierre Bemba, ex hombre de Estado congoleño, enfundado en un traje oscuro y escoltado por dos policías, perdía su arrogancia. El hombre, de espaldas anchas, mira con ojos taciturnos la pantalla a través de la que presta testimonio la víctima. A veces también dirige la vista en dirección a las pocas filas que ocupan un puñado de oyentes. Permanece callado, con la resignación de quien conoce su suerte. Porque Jean-Pierre Bemba ya ha sido declarado culpable. Fue el 21 de marzo de 2016, en primera instancia, en su calidad de jefe militar, por cometer homicidios como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pillajes como crímenes de guerra y violaciones como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En esta jornada se sabrá los años que va a permanecer en la cárcel por los abusos que cometieron sus tropas.

“La testigo” es una de las 5.229 víctimas, que tal y como reconoce la CPI, sufrió la violencia perpetrada entre el 26 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de 2003, en la República Centroafricana por los 1.500 hombres del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), la milicia fundado por Jean-Pierre Bemba. Entre ellas, una terrible mayoría sufrió violaciones. En el día de hoy, los jueces escuchan las declaraciones de ellas, Flavia y Mélanie (nombres supuestos), cuyas vidas han quedado marcadas irremediablemente.

El calvario de estas mujeres comenzó cuando las tropas de Bemba llegaron para apoyar a su aliado, Ange-Félix Patassé, el presidente de la República Centroafricana amenazado por el golpe de Estado de François Bozizé. Convencidos de que los civiles habían apoyado a los rebeldes, los milicianos congoleses lanzaron una amplia operación punitiva. Flavie tenía entonces “entre 15 y 16 años”. Tras ser secuestrada, junto a su tía, ambas fueron conducidas a sendos campos del Movimiento de Liberación del Congo. “Cuando llegué a su base, uno de sus jefes me arrastró a una casa abandonada [...] y me violó”, cuenta con sobriedad Flavie. Secuestrada con otras mujeres, algunas de 13 años, fue violada a diario, obligada a seguir a las tropas, hasta su repliegue en la República Democrática del Congo. Allí, descubrió que está embarazada y que debe vivir con uno de sus violadores. Más tendría nacería su segundo hijo; el primero murió siendo bebé.

Al cabo de 4 años, la joven consiguió huir con su hija: en la República Centroafricana encontró a su familia, a la que creía muerta. Allí se encuentra también con su tía, quien había sido violada también. Pero la vuelta a la normalidad es imposible. Su tía, infectada de VIH, muere, al no recibir ningún tratamiento. Su familia, a quienes los milicianos se lo quitaron todo, vive en la miseria y Flavie no puede volver a la escuela. Estigmatizada por sus vecinos, decidió instalarse en Bangui. Hoy, viuda, rechazada por su familia política, que se enteró de que había sido violada, sin recursos y con tendencias suicidas, vive con sus cuatro hijos en casa de una tía. La niña fruto de la violación no sabe nada de lo ocurrido. “La sentencia de la Corte Penal Internacional no cambiará en nada mi vida, pero alguien debe pagar por los abusos cometidos”, cuenta desde el otro lado de la pantalla. Se ha hecho justicia con Flavie y Mélanie y con las otras víctimas del Movimiento de Liberación del Congo. Son las únicas, las demás mujeres que han recurrido a la Corte Penal Internacional no tendrán esta suerte.

Han tenido que pasar 14 años para que el tribunal condene por fin por primera vez a un alto responsable por agresiones sexuales. Sin embargo las violaciones figuran como delitos recogidos en el Estatuto de Roma, texto que dio origen al tribunal. El tribunal ni siquiera ha condenado a nadie en la República Democrática del Congo, país mundialmente conocido por las agresiones que sufren los civiles. Un fracaso en toda regla debido a la falta de medios y a los errores de la Corte Penal Internacional.

Investigaciones: precipitación y sinsabores

En el corazón del sistema, el responsable de abrir las investigaciones determina las estrategias de la investigación y pone en el punto de mira a los sospechosos: el fiscal de la CPI. Por tanto, Luis Moreno-Ochampo, la primera persona que ocupó este cargo, en 2003, es quien señala a su equipo los objetivos. Pero en 2004, todo está por hacer en la Corte Penal Internacional: contrataciones, organización y creación de los diferentes servicios. Los inicios de la oficina del fiscal son arduos.

Los investigadores deben empezar de cero. Los primeros meses, sólo había dos personas para ocuparse de toda la República Democrática del Congo. Las condiciones de la investigación eran difíciles: no tienen ni oficina, ni alojamiento, ni coche, en un país donde la seguridad es relativa. Más tarde se produjeron las primeras contrataciones oficiales: en 2005, los investigadores en el Congo eran 12. No obstante, entre ellos, había pocos policías.

Así lo quiso Luis Moreno-Ocampo. El fiscal argentino pretende ser el paladín de una Justicia penal internacional nueva: “¡Id más allá de los paradigmas establecidos!”, espeta a sus equipos, escépticos. “Este tipo de declaración volvía locos a algunos juristas!”, cuenta socarrón Sacha (nombre supuesto), otro empleado de la Corte Penal. Se opuso a que en sus equipos hubiese policías y mostró su preferencia por los exempleados de ONG, más familiares, según el fiscal de contextos sociopolíticos. “Los investigadores que proceden de las policías nacionales han hecho los contactos y conseguido fuentes en las milicias sobre las que investigábamos. Los investigadores procedentes de otros campos tenían fuentes entre las víctimas”, justifica Luis Moreno-Ochampo, quien ha aceptado responder a nuestras preguntas por e-mail. “Era dos planteamientos diferentes”.

Para algunos colaboradores de la oficina del fiscal, esta reticencia a emplear a policías podía estar relacionada con la propia historia del fiscal y la de su país.

En Argentina, donde participó en los años 80 en los procesos de la junta militar, Luis Moreno-Ochampo aprendió a trabajar sin el apoyo de la policía, cómplice del régimen, pero con apoyo de las ONG. Aunque “brillantes”, los jóvenes reclutados no saben “ni recabar pruebas ni llevar a cabo audiciones rigurosas ni ocuparse de los informantes”, cuenta Denis (nombre supuesto), empleado de la CPI que trató al fiscal y que ha aceptado responder a nuestras preguntas. Más elementos para ralentizar unas investigaciones que progresaban ya con dificultad.

Poco importa la falta de medios, se hacía necesario llevar casos a los jueces, que comienzan a impacientarse. El fiscal decide entonces concentrar los esfuerzos de su equipo en masacres aisladas, en incidentes concretos. Un método que causa escepticismo: “La probabilidad de dar con el hecho aislado que permita llegar hasta un alto responsable era pequeña”, observa Denis. A sus equipos, “el fiscal le imponía cambios bruscos” en las orientaciones de la investigación, cuenta Camille (nombre supuesto), antiguo trabajador del tribunal. Se investigan pistas sobre masacres donde se habían cometido violaciones, que eventualmente habrían podido llevar a los máximos responsables, pero se abandonan de la noche a la mañana por falta de tiempo.

Luis Moreno-Ocampo quiere golpear de forma rápida y fuerte. Más aún cuando en 2006 el tribunal atrapó al primer pez gordo, Thomas Lubanga Dyilo, jefe de guerra congoleño, entregado por Kinshasa. Su decisión estratégica versa sobre la suerte de los niños soldados enrolados por la milicia de Lubanga. ¿Qué importan las agresiones sexuales cometidas por la milicia? El objeto de la investigación pudieron haberla sugerido las ONG, según Camille. El reclutamiento de los niños soldado indigna, no es para menos, a Occidente, pero para los congoleños, “las infracciones que más perciben eran los pillajes y las violaciones”, comenta el extrabajador. Sin embargo, el fiscal cree que el caso es fácil de dirigir y no menos simbólico. Sin embargo, los equipos de la oficina de la fiscalía se preguntan: “¿Cómo vamos a demostrar la edad de los niños en un país en que el Registro Civil no es fiable?”, dice Camille (nombre supuesto). Luis Moreno-Ocampo elude estas preguntas cuando se lanza en esta cruzada. Para Luis Moreno-Ocampo, la oficina del fiscal era entonces “una start-up mundial en la que trabajaban colaboradores del mundo entero, de opiniones divergentes. Al principio, era muy difícil armonizar las prácticas, lo que generaba desencuentros”, escribe.

Las tensiones crecen en la oficina y el dirigismo de Luis Moreno-Ochampo no resuelve nada. Frustración, incomprensión de las estrategias de investigación, cambios de objetivos erráticos contribuyen a que, entre 2005 y 2007, se marche parte de los efectivos de la oficina “muchos de ellos eran policías experimentados”, según Camille.

Crímenes sexuales descartados por necesidades “mediáticas”

El primer proceso de la Corte Penal Internacional, el de Thomas Lubanga Dyilo, el jefe miliciano congolés se abrió en enero de 2009. En un juicio, la representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhikha Coomaraswamy, trató de poner sobre la mesa la cuestión de las agresiones sexuales. Estas “forman parte de la utilización de los niños soldado, en particular de las niñas”, hace saber. En vano. Los cargos que se imputan en este juicio, según determinaron en la oficina del fiscal –de medios limitados– se limitarán al reclutamiento de menores de 15 años. Exclusivamente. “Siempre ha habido decisiones difíciles de tomar”, reconoce ahora Luis Moreno-Ocampo. “El caso Lubanga es buen ejemplo de ello. Tuve que elegir entre continuar las investigaciones para acumular los cargos [contra Lubanga] u optar por detenerlo inmediatamente e iniciar los primeros juicios”. Thomas Lubanga Dyilo fue condenado finalmente, a 14 años de cárcel, en junio de 2012 pero no fue acusado de ninguna agresión sexual.

En la investigación abierta en Uganda en julio de 2004, sobre las masacres cometidas por el Ejército de la Resistencia del Señor (ARS), una milicia sanguinaria y sectaria, el escenario era idéntico: de las cinco órdenes de arresto decretadas por la Corte Penal Internacional en 2005, sólo dos dirigidas contra los principales responsables, Joseph Kony y Vincent Otti, incluían cargos por violación o esclavitud sexual. Las otras tres órdenes de arresto contra Dominic Ongwen, Matthew Lukwiya y Okot Odhiambo no incluían dichos delitos. “Los delitos sexuales eran importantes en el ARS pero los cargos no reflejaban los crímenes cometidos” por la milicia, lamenta Richard, exempleado de la Corte Penal Internacional. Pero en este caso el tiempo también juega en contra. Luis Moreno-Ocampo apremia a sus equipos a conseguir lo antes posible de los jueces las órdenes de detención necesarias “para mostrar al mundo que conseguía resultados”, suspira el excolaborador.

La imperiosa necesidad del fiscal de mostrar que actúa parece haber primado sobre la condena de las agresiones sexuales. Luis Moreno-Ocampo, quien en Argentina, en el pasado, presentó un programa de telerrealidad de temática judicial, “tenía tendencia a jugar con los medios de comunicación”, recuerda Camille (nombre supuesto) y asumió el papel de primer embajador de la Corte Penal Internacional. Mientras permaneció en el cargo, abrió las puertas de la institución para que se rodaran cuatro documentales. La imagen de matachín de la impunidad, tal y como se presenta, sin embargo denota cuál es su reputación de puertas adentro: la de un hombre que prefiere colaboradores que “lleven faldas”, ironiza Denis (nombre supuesto). El caso silenciado por la Corte Penal Internacional que le enfrentó al denunciante Christian Palme, habría podido empañar la imagen que se había construido.

“El jefe ha hecho algo mal”

¿Y si el fiscal hubiera cometido una falta grave que manchara la “alta consideración moral” que la función de fiscal de la Corte Penal Internacional requiere? El 29 de marzo de 2005, Christian Palme, responsable de relaciones con los medios de la Corte se hace esa pregunta. Ese día, el hombre recibió un e-mail de un colega, Yves Sorokobi. Éste parece turbado porque “el jefe ha hecho algo mal”, como recoge la transcripción de la conversación mantenida entre los dos hombres y que figura en la denuncia presentada por Christian Palme contra Luis Moreno-Ocampo. Éste supuestamente pudo haber abusado sexualmente de una periodista mientras se encontraba en África del Sur. Ese día de marzo de 2005, en el hotel donde se aloja el fiscal, acaba la entrevista. La reportera, cuyo nombre no ha trascendido, espera poder irse de vacaciones cuando Luis Moreno-Ocampo, supuestamente, le cogió las llaves del coche, se la llevó a su habitación y allí, supuestamente, la obligó a mantener relaciones sexuales.

Yves Sorokobi, amigo de la periodista, habló con ella por teléfono, y ésta parecía “conmocionada”. Mientras le cuenta los hechos, Yves Sorokobi graba la conversación. Ocho meses después, el 30 de noviembre era Christian Palme quien grababa a su colega mientras le relataba la supuesta agresión. Durante la entrevista, Yves Sorokobi le deja oír grabación de su amiga periodista, efectuada en marzo.

El 20 de octubre de 2006, el responsable de relaciones con los medios de comunicación lleva la denuncia ante el presidente de la Corte: acusa a Luis Moreno-Ocampo de un “delito de violación o de agresión sexual o de violencia sexual o de abusos sexuales”. La presidencia de la Corte Penal Internacional rechaza su denuncia por considerarla “no fundada”, como puede leerse en la sentencia del 8 de mayo de 2008 de la OIT a la que hemos tenido acceso. El 16 de marzo de 2007, Christian Palme fue despedido por “falta grave”. Según la Corte Penal Internacional, “realizó alegaciones falsas”.

Christian Palme no se detiene ahí y lleva el caso ante la Organización Internacional del Trabajo, competente en los casos de litigio entre las organizaciones internacionales y sus empleados. La OIT le da finalmente la razón y sanciona la intervención del fiscal en el despido del denunciante. La OIT considera las pruebas aportadas por Christian Palme, cuya grabación “habría podido tener un valor probatorio en el marco de un proceso penal”. La Corte Penal Internacional es condenada a pagar 240.000 euros a Christian Palme. A día de hoy, no se ha dado seguimiento al caso ni en el seno de la Corte Penal Internacional ni en las jurisdicciones sudafricanas, puesto que la supuesta víctima no ha presentado denuncia. “La OIT ha considerado que no se ha probado que Palme tuviese intención de causar prejuicio [a Luis Moreno-Ocampo] y ordenó una indemnización”, dice Luis Moreno-Ocampo con sobriedad. Éste dejó la Corte Penal Internacional cuatro años después, al concluir su mandato.

Mausoleos vs mujeres violadas

En junio de 2012, Luis Moreno-Ocampo dejaba el cargo y tomaba posesión su adjunta, la jueza gambiana Fatou Bensouda, elegida meses antes. En 2014, redacta “un documento de política general relativo a los delitos sexuales y de carácter sexista”: en lo sucesivo, estos crímenes serán analizados sistemáticamente. En 2016, incluye nuevos acusaciones de agresiones sexuales en el caso Dominic Ongwen, miliciano ugandés detenido en enero de 2015. Desgraciadamente, estas declaraciones no han impedido que la Corte Penal Internacional vuelva a caer en viejos vicios.

En septiembre pasado, la Corte condena a un yihadista maliense, Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, a 9 años de prisión por la destrucción de los mausoleos de Tombuctú, en Mali, en 2012. Cuatro años después de los hechos llega la sentencia, pero que no tiene en cuenta el papel del acusado en una policía de costumbres, supuestamente culpable de cometer violaciones y de matrimonios forzados. Una vez más, las víctimas de agresiones sexuales son las grandes olvidadas en un caso que tendrá sí que causará mucho ruido mediático [Fatou Bensouda ni la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional no han dado curso a nuestras peticiones de entrevista]. Y cuando finalmente las agresiones sexuales se tienen en cuenta en las imputaciones, la Justicia a veces deja de lado a una parte de las víctimas, las del bando de los vencedores.

Las anteojeras de la Justicia de los vencedores

Los jueces en el caso Bemba, iniciado por Luis Moreno-Ocampo, no condenaron a todos los agresores. Este juicio histórico en el que la Corte Penal Internacional condenaba las agresiones sexuales, muy seguido por la prensa, silenciaba las violaciones cometidas por el otro bando, el de François Bozizé.

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) intentó defender a las víctimas remitiéndole al fiscal los informes que recogían los abusos cometidos también por las tropas de François Bozizé, aunque eran menos numerosos. En un informe que la ONG hizo llegar al fiscal en febrero de 2003, se decía que detrás del 30% de las víctimas –de todo tipo de abusos– registradas se encontraban los rebeldes. Y en noviembre de 2004, Amnistía Internacional denunciaba también las violaciones “generalizadas” cometidas por los hombres de Bozizé, sobre todo en las ciudades de Kaga-Bandoro, Bossangoa, Sibut y Damara.

“Da la impresión de que las cosas no se han llevado hasta el final en este caso”, dice Euphrasie Goungaye, viuda del abogado franco-centroafricano Nganatouwa Goungaye Wanfiyo. Este defensor de los derechos humanos trabajó, y quizás pagó con su vida, por que que todas las víctimas fuesen escuchadas, también la de los rebeldes. “François Bozizé tenía miedo de ir a la Corte Penal Internacional”, confía. Pese a las amenazas y a la oferta de una cartera ministerial, el abogado siguió con su trabajo y estudió los casos de todas las víctimas que la FIDH había comunicados a la oficina del fiscal. “Pero no le dio tiempo de llegar al juicio”, constata con amargura la viuda. El noche del 28 de diciembre de 2008, su coche chocó contra un camión y el abogado murió en el acto.

Incluso aunque François Bozizé hubiese sido interrogado por la Corte Penal Internacional, ¿habría cooperado, comunicado pruebas incriminatorias en su contra, como se recoge en el Estatuto de Roma? La CPI, que no cuenta con policías, ¿habría podido obligarlo a comparecer? No está claro. Jean-Pierre Bemba, por contra, podía ser detenido sin grandes dificultades en Bruselas, por las autoridades belgas, el 24 de mayo de 2008 cuando estaba en el exilio político. Contra Ange-Félix Patassé, el presidente centroafricano expulsado, que recurrió a los hombres de Bemba para mantenerse en el Gobierno, refugiado en Togo, país que no es firmante del Estatus de Roma, nunca se emitió una orden de detención. Murió, en abril de 2011, en Camerún sin haber sido castigado por los crímenes cometidos.

La detención de Jean-Pierre Bemba llega en plena hecatombe política para el jefe del Movimiento de Liberación del Congo, que aspiraba a las más altas funciones del Estado. El 29 de octubre de 2006, perdía la segunda vuelta de las presidenciales en la República Democrática del Congo frente a Joseph Kabila, le siguieron violentos enfrentamientos en el país. Jean-Pierre Bemba “molestaba, comprometía la paz en el país”, observan antiguos empleados de la Corte Penal Internacional. La Corte ¿pudo haber sido instrumentalizada, favoreciendo la llegada al poder de Joseph Kabila? La decisión de Luis Moreno-Ocampo de confiar la investigación a otro congolés, el fiscal Jean-Jacques Bandibanga, sigue alimentando los rumores de la orientación de la investigación, que inculpó a Jean-Pierre Bemba.

Diplomáticos en la Corte, un juego turbio en la CPI

La instrumentalización política de la Corte Penal Internacional es una acusación reforzada en su informe diplomático: la institución cuenta en sus filas con numerosos funcionarios de Ministerios de asuntos extranjeros.

Desde su creación, la oficina del fiscal se ha dotado de una División de la Competencia de la Complementariedad y de Cooperación (DCCC). “Los diplomáticos del fiscal”, suspira Denis, nombre supuesto, exempleado de la Corte Penal Internacional: La célula, especie de antecámara de la oficina del fiscal, estuvo dirigida durante los siete primeros años, por dos diplomáticos: entre 2003 y 2006, por Silvia Fernández de Gurmendi, exdirectora adjunta de derechos humanos en el Ministerio de Asuntos Extranjeros argentino; de 2006 a 2010, por Béatrice Le Fraper du Hellen, asesora de Asuntos Extranjeros de Francia, actual embajadora de Francia en Malta.

La mezcolanza de la diplomacia y de la judicatura supuestamente es necesaria “porque antes de poner en marcha una investigación, debe hacerse un trabajo de identificación de los problemas políticos que va a plantear”, asegura Camille. Pero para otros, la división era demasiado poderosa. “En un primer momento pensaba que esta célula debía facilita nuestro trabajo, pero en lugar de eso, se encargaba de la toma de decisiones”, en la dirección de la investigación, recuerda Richard. “En algunos casos, la DCCC no quería necesariamente detener a las personas en detención preventiva pero utilizaba de los mandatos de las negociaciones de paz”. Para Silvia Fernández de Gurmendi, actual juez y presidenta de la Corte Penal Internacional, “ni la DCCC ni ninguna otra división de la Corte tiene vocación ni poder de comprometer el trabajo judicial de la Corte”.

A día de hoy, la oficina del fiscal analiza diez “situaciones”, sobre todo la de Colombia, abierta hace 10 años por los crímenes cometidos en el conflicto con las FARC y que incluye agresiones sexuales. No se ha abierto ninguna investigación.

“Una institución como está, sin policía, que sólo puede contar con la cooperación de los Estados para ejecutar sus órdenes de detención está obligada a recurrir a los resortes diplomáticos”, admite un exfiscal de la Corte Penal Internacional. Las investigaciones llevadas a cabo por la oficina sobre las violencias postelectorales en Kenia, entre 2007 y 2008, donde más de 900 personas fueron víctimas de agresiones sexuales, han padecido esta ausencia de policía porque, desde la apertura de la investigación en 2009, Uhuru Kenyatta, principal sospechoso, se ha convertido en presidente de Kenia en 2013; otro acusado, Francis Muthaura, ha sido nombrado jefe de la función pública. La Corte Penal Internacional choca con la obstrucción del Gobierno acusado. Testigos intimidados se retractan. Al final, la oficina y los jueces abandonan las cargas contra los dos acusados.

La Corte Penal Internacional, en la encrucijada

Las sospechas de instrumentalización política de la Corte Penal Internacional han terminado por minar su credibilidad. Desde su creación, la Corte Penal Internacional sólo ha juzgado a africanos. Resulta difícil para la Corte salir de este atolladero porque, entre los que no la reconocen, se encuentran sobre todo miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: China y Rusia. Estos dos últimos países han vetado la consulta de la ONU para investigar estos crímenes, entre ellos violaciones, cometidas en Siria.

Las respuestas de los países africanos han terminado beneficiando a Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, contra quien la Corte emitió una orden de arresto en 2009 por las miles de violaciones cometidas por las milicias janjawid. El sudanés no ha dejado de desplazarse por varios países del continente donde no ha sido detenido. Entre sus anfitriones, Sudáfrica, que anunció un año después, su voluntad de dejar la Corte Penal Internacional antes de que la Corte Suprema del país declare la retirada del país de la CPI anticonstitucional e invalide la retirada. Pero el pasado 31 de enero, la Unión Africana aprobó el comienzo de una retirada colectiva del Estatuto de Roma. Si bien esta decisión no obliga a todos los miembros de la UA a dejar la Corte, deja oír la voz de los que cuestionan la Corte Penal Internacional en el seno del continente: cada vez más numerosos en Sudáfrica pero también en Kenia, Burundi o Uganda.

En el tribunal de la Corte Penal Internacional, el 16 de mayo de 2016, Mélanie, la segunda víctima, aparecía también en una pantalla plana desde la cual contaba su calvario tras las violaciones colectivas sufridas: su salud frágil y la transmisión del VIH, sus dificultades para pagar una terapia triple tras la muerte de su padre, que asistió a las violaciones y cuyo cuerpo se halló en uan fosa común. Tres años después de los hechos, Mélanie, no se ha atrevido a decirle nada a sus hijos, a los que “no quiere molestar”. Pero en la frialdad del tribunal la víctima suspira: “Me siento bien, liberada, aliviada, porque he podido decir lo que debí decir hace años”.

Investigación realizada por Ariane Puccini con informaciones de Camille Jourdan

infoLibre forma parte del proyecto internacional Zero Impunity (Impunidad Cero). Este consorcio, integrado por varios medios de comunicación internacionales, documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.

El pasado 29 de enero, Zero Impunity fue galardonado con el primer premio Smart FIPA, que otorga el Festival Internacional de Programas Audiovisuales (FIPA) y que promueve la creación digital con el fin de anticipar "el futuro del audiovisual apostando por la escritura, las nuevas tecnologías y el talento futuro".

Este consorcio ha realizado seis investigaciones que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. Además, Zero Impunity es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.

infoLibre publica en exclusiva en España dichas investigaciones, que se pueden consultar en estos enlaces:

1. El ADN de 'Sangaris': las tropas francesas en misión humanitaria en la República Centroafricana, investigadas por abusos sexuales

2. Estados Unidos y la violencia sexual como método de tortura

3. La violación de menores o los otros crímenes de guerra del régimen sirio

4. La ONU, incapaz de reprimir los escándalos sexuales en misiones internacionales

5. Ucrania: agresiones sexuales como arma de guerra

Traducción: Mariola Moreno

Los fiscales franceses han pedido que se archive la investigación penal por supuestos abusos sexuales a niños que habrían cometido militares galos durante su despliegue en República Centroafricana, según ha informado una fuente judicial y que recoge Europa Press. A principios de este año, Zero Impunity destapaba en su reportaje de investigación, publicado por infoLibre, Mediapart, entre otros medios internacionales, el ADN de 'Sangaris' estos abusos sexuales.

Francia intervino en su antigua colonia en 2013 para frenar los enfrentamientos entre milicianos cristianos y rebeldes de la alianza de mayoría musulmana Séléka. El Gobierno de París retiró la mayor parte de los 2.000 militares de su contingente en 2016, cediendo su responsabilidad a los cascos azules de la ONU. La investigación inicial se abrió hace más de dos años después de que la Fiscalía de París decidiera investigar el caso tras una consulta por escrito enviada por el autor de un informe de Naciones Unidas, la primera denuncia de los supuestos abusos que habrían cometido los militares galos entre diciembre de 2013 y junio de 2014.

Los jueces que investigan el caso deberán decidir ahora si lo llevan a juicio o lo archivan, según ha señalado a última hora de este martes la fuente consultada por Reuters. A pesar de haber interrogado a seis militares, no hay nadie puesto bajo investigación, lo que apunta a la posibilidad de que el caso sea finalmente archivado.

Cuando faltaban tres semanas para que concluyese oficialmente la misión de la operación Sangaris, final previsto para el 31 de octubre de 2016, se filtró a la prensa un memorándum interno de Naciones Unidas. En el documento se recogen las acusaciones de violación que pesan sobre las tropas internacionales destacadas en el país centroafricano y sugiere que las víctimas “pudieron haber sido gratificadas económicamente para que testificaran”.

“Llame a Camille [nombre supuesto], dígale que es una amiga de la facultad. Háblele en francés. Espera su llamada”. Hace diez años que Camille es funcionario de la ONU. En Manhattan, frente a la sede de Naciones Unidas, acepta hablar, durante cuatro horas, de las disfunciones del sistema disciplinario interno del que forma parte. Dicho mecanismo tiene por objeto instruir y sancionar los casos de agresiones sexuales que ponen en entredicho a empleados de Naciones Unidos.

Desde los 90, muy lejos de las nobles intenciones de promoción de los derechos humanos, los casos de abusos sexuales cometidos por cascos azules o funcionarios de la ONU salpican a la organización. Según el "Informe de evaluación sobre los esfuerzos de asistencia en materia de explotaciones y abusos sexuales vinculados al personal de las misiones de paz" (mayo de 2015), entre 2008 y 2015, se presentaron 480 denuncias. Sin embargo, todo hace pensar que los casos son mucho más numerosos de los que finalmente terminan por denunciarse.

Bosnia, Timor Oriental, Camboya, Liberia, Guinea y, más recientemente, Haití, República Centroafricana o República Democrática del Congo; la lista es larga. “Pese a que las fuerzas de mantenimiento de la paz teóricamente están destinadas proteger a la población, algunas organizaciones constatan que el número de violaciones aumenta con la presencia militar”, recuerda la socióloga Vanessa Fargnoli.

Y, con cada nuevo escándalo, llegan las consiguientes promesas. En 2005, el informe del príncipe Zeid, asesor especial del Secretario General que denunció la explotación y los abusos sexuales, tuvo el mismo efecto que una bomba en la organización. 11 años más tarde, casi ninguna de las medidas propuestas han surtido efecto.

Sin embargo, las reglas de buena conducta para las 16 misiones, en las que trabajan 120.000 personas (100.000 cascos azules, militares; el resto civiles, incluidos expertos destacados en las misiones como policías, cascos azules) son claras: tolerancia cero a la explotación y a los abusos sexuales; prohibición de mantener relaciones sexuales con prostitutas y con menores de 18 años; se desaconseja vivamente tener relaciones con los beneficiarios de la asistencia de la ONU. Claro que, sobre el terreno, la hipervirilidad, el machismo, la misoginia, la decadencia de los Estados, el sentimiento de omnipotencia y de racismo se imponen sobre los reglamentos, según Vanessa Fargnoli, con lo que se favorecen los “abusos de poder que [toman] forman sexual”. Los cooperantes o funcionarios de la ONU entrevistados en el marco de esta investigación acceden a hablar, off the record, de “sexualidad descontrolada” en las misiones de paz y de “tabúes morales que se esfuman”.

El espinoso caso Victoriacaso Victoria

En 2010, Margot Wallström, representante especial de la ONU sobre violencia sexual en conflictos armados, calificaba a la República Democrática del Congo -a su regreso del país y en presencia de 15 miembros del Consejo de Seguridad-, de “capital mundial de las violaciones”. La alta funcionaria quería llamar la atención de los diplomáticos. Sin embargo, éstos ignoran que precisamente es en la República Democrática del Congo donde se han presentado más denuncias contra el personal de la ONU: el 45% de los casos de agresiones denunciados entre 2008 y 2013, un tercio de cuyas víctimas eran menores .

En 2012, Victoria Fontán, entonces profesora en la Universidad para la Paz en Costa Rica, dirigió un trabajo de investigación sobre la República Democrática del Congo. Había oído hablar de historias de violaciones cometidas por miembros de la Monusco (Misión de la ONU en RDC) y decidió poner en marcha una investigación. Cuatro años después, hablamos con ella. Hace mucho tiempo que la investigadora ha cambiado de vida, pero recuerda perfectamente aquel episodio.

En los tres meses que pasó en el este del país, hablando con víctimas, descubrió dos casos nunca antes investigados por Naciones Unidas. El primero, relativo a una menor violada en varias ocasiones y golpeada por cinco soldados, tres de ellos de la Monusco. La joven se quedó embarazada, dio a a luz y perdió al niño dos días después. En el segundo caso, Victoria Fontán pasó tres días en Uvira, en un hotel convertido en punto neurálgico de la prostitución para personal de la Monusco. Se hizo pasar por peluquera y su acompañante [guía local que ejerce también de intérprete], por inversor, según nos relato él mismo por teléfono en septiembre de 2016.

El guía todavía recuerda a los clientes, “militares de cierto rango que podían pagar una habitación, a pocos metros del campamento, por horas o para toda la noche”. También alude a “movimientos sospechosos en el hotel” pero dice que “no pudieron ver lo que sucedía en las habitaciones, no había cámaras”. Después de haber interrogado al dueño del establecimiento que les confirmó la veracidad de los testigos recabados y de sus propias observaciones, Victoria Fontán redactó un informe donde hizo constar que cascos azules y personal de la ONU –entre ellos pilotos rusos– recurren a los “servicios” de prostitutas, algunas de ellas menores de edad. Escribió un artículo que se publica en la prensa colombiana, pero no consigue llamar la atención sobre sus hallazgos.

Victoria decidió entonces enviar su investigación a un periodista canadiense que conoce y que, el 3 de agosto de 2012, publica en la web del Globe and mail, un artículo titulado: Peacekeepers gone wild : How much more abuse will the UN ignore in Congo? (Cuando los cascos azules pierden la razón: ¿Cuánto tiempo ignorará Naciones Unidas los abusos?). Esta vez, la ONU sí reacciona. La entonces subsecretaria general de la Oficina de los Servicios de Supervisión Interna (BSCI, por sus siglas en inglés), Carmen Lapointe, contacta directamente con Victoria. Este órgano, creado en 1994, permite llevar a cabo investigaciones internas en la ONU, en caso de que existan sospechas de fraude, de corrupción o de abusos sexuales. Actualmente jubilada, los recuerdos que comparte, por Skype, en octubre de 2016 son confusos. Cree que se llevó a cabo una investigación sobre los casos de la República Democrática del Congo, “desde la oficina de Nairobi”, pero que no se hallaron suficientes elementos vinculantes.

La respuesta del gabinete de prensa del Departamento de Operaciones de mantenimiento de la paz es todavía más intrigante: “Cuando se publicó el artículo, se nos informó de que el hotel identificado en el informe había cerrado sus puertas. La información que aparecía en su artículo era insuficiente para llevar a cabo una investigación adicional”. Desde Nueva York, el director de la División de Investigación de la ONU da una tercera versión de lo sucedido: “Según nuestros archivos, identificamos cinco casos que guardan similitudes con los citados, pero ninguno se corresponde exactamente. Por lo que no puedo decir categóricamente que investigamos dichos casos ni decir que los descartamos”. En resumen, cinco años después de los hechos, no existe rastro palpable de que se iniciase una investigación en los archivos de la ONU, organismo que parece sumido en la confusión.

Victoria cree que el caso se paralizó. “Su primera reacción fue poner en duda mi viaje a la República Democrática del Congo. Acto seguido, me apartaron durante semanas, me hicieron creer que iba a participar en la investigación. Pasado un tiempo, no tuve más noticias, aparte de recibir un trabajo de asesoría…”. Nadie la llamó a declarar ni le solicitó sus notas. Las supuestas víctimas nunca –que hallamos podido saber– fueron contactados por los investigadores de la ONU. En cuanto al hotel, sigue existiendo. Y los comentarios que figuran de él, en Trip Advisor, son excelentes. Más difícil es saber si el personal de la ONU sigue entre la clientela habitual.

El caso Victoria está lejos de ser el único que se pierde en el limbo de la ONU. En el laberinto de oficinas neoyorkinas, nos recibe Sylvain Roy, uno de los responsables del Grupo de Deontología y Disciplina, encargado de reunir y de evaluar todas las denuncias de “mala conducta” cometidas por miembros del personal de la ONU. “Decidimos si tenemos suficiente información para poner en marcha o no una investigación. Si no es suficiente, solicitamos a nuestro personal sobre el terreno que recabe datos adicionales”.

En el departamento trabajan unas 70 personas (en Nueva York y sobre el terreno) para controlar a más de 120.000 personas. Según sus estimaciones, cada año se reciben de 400 a 500 denuncias por “mala conducta”, el 15% de las cuales corresponden a agresiones sexuales (es decir, 75). Asegura que la “gran mayoría de los casos se investigan”. Pero ¿cuántas denuncias se descartan antes incluso de que las estudie su equipo? Y, el propio Grupo de Deontología, ¿cuántas de dichas denuncias descarta? Nadie ha podido facilitarnos las cifras exactas, tampoco los informes.

“Todo esto es muy subjetivo”, matiza Thierry, cooperante que prefiere mantenerse en el anonimato y que ha trabajado dos años en la República Democrática del Congo. “Depende del responsable del equipo de disciplina de turno, de su voluntad política y de si tiene valor para poner en marcha investigaciones muy difíciles y largas, también para las víctimas...”. En casi todos los casos de agresión, asegura, las denuncias no se transmiten al Grupo de Deontología y Disciplina, sino a las ONG médicas o nacionales destacadas sobre el terreno, “que no tienen ninguna gana de compartir las informaciones para que no se pierdan en la maraña de la Administración” y prefieren ocuparse ellas mismas de los casos de abuso y de explotación sexual.

Si la denuncia pasa el filtro del Grupo de Deontología, y por tanto éste juzga que existen suficientes elementos para poner en marcha la investigación, el caso se transmite a la Oficina de Control de los Servicios Internos. El director de la División de Investigación será el encargado de decidir si siguen adelante con la investigación o no. Pero Carmen Lapointe, al frente de la BSCI de 2010 a 2015, confirma: “Nunca se nos remitieron casos graves de mala conducta”.

Incompetencia generalizada

Si bien el Grupo de Deontología constituye un primer obstáculo, la eficacia de la oficina BSCI no es mayor. Para Camille, nuestro funcionario de la ONU, “el objetivo era hacer investigaciones superficiales, lo importante era que los investigadores se presentasen en un sitio, alarmasen un poco a la gente y que después no encontrasen nada”. Al igual que el Grupo de Deontología, algunas denuncias se descartaron, basándose en intuiciones y apreciaciones personales. “Si recibimos una evaluación inicial que nos dice que la denuncia se ha recibido de forma anónima o que no hay bastantes pruebas, no podemos hacer gran cosa”, admite Carmen Lapointe. En 2015, según las cifras oficiales, de los 69 denuncias anuales, sólo se concluyeron 17 investigaciones. Siete de las cuales tenían fundamente, frente a 10 que carecían de él, por falta de pruebas o de “detalles”. “Son muchas denuncias al año”, dicen desde Naciones Unidas.

Sobre el terreno, los métodos de investigación parecen que tampoco están adaptados cuando de agresiones sexuales se trata, con el consiguiente perjuicio para las víctimas. Camille califica los interrogatorios de “check-lists interviews”: “Hacemos una lista de preguntas preestablecidas y vamos marcándolas con una cruz, sin entrar en la psicología de las víctimas. Si el testigo nos aporta algo interesante, no investigamos”.

Técnicas dudosas de investigación

En las transcripciones de los interrogatorios a las que hemos tenido acceso, una investigadora insiste en cómo se contagió de SIDA una menor, aspecto que no tenía nada que ver con su supuesta violación. En otro caso, la misma investigadora, pese a que existían fuertes sospechas del estado de ebriedad del sospechoso, termina el proceso sin dar muestras de la menor preocupación. Se trataba de una supuesta violación múltiple cometida en la República Democrática del Congo. Camille lamenta la falta de especialización y de experiencia, tal y como Françoise Bouchet-Saulnier, directora jurídica de Médicos sin Fronteras, ha podido constatar.

Como en la República Centroafricana, por ejemplo, durante el verano de 2015, cuando un investigador quiso hacerle una foto, completamente desnuda, a una menor, víctima de abusos, “para enseñársela a un médico con el objeto de determinar su edad, fue sorprendente y, desde luego, inapropiado”. O cuando un menor violado fue conducido a la base militar y llevado ante los soldados para su identificación: “Los investigadores dijeron: ‘Vamos a ver si reconoce un uniforme’. El menor interpretó que iba a verse sometido a un careo con su agresor y sufrió un trauma horrible”, recuerda. Contactado en febrero de 2017, Ben Swanson, director de la División de Investigación de la oficina BSCI desmiente rotundamente esas malas prácticas: “Niego categóricamente que la oficina BSCI haya tomado fotos de una víctima desnuda”. Sea como fuere, a los investigadores que realizaran demasiadas preguntas para “satisfacer [su] curiosidad”, se les mostraba la puerta salida, tal y como le ocurrió a Peter Gallo, investigador de 2010 a 2015, que terminó convertido en denunciante.

“Tan raros como rosas en icebergs”

Algunos empleados de la ONU, creyendo que actuaban por el bien de la organización, trataron de denunciar estas disfunciones. Pero conseguir la protección de la organización es una larga batalla que muy pocos consiguen ganar. En efecto, estos denunciantes parece que terminaban por ganarse el acompañamiento personalizado a la puerta de salida: se cuestiona el trabajo que llevan a cabo y nunca se les renueva el contrato. En efecto, en 2014, la organización GAP, (Government Accountability Project), una ONG que les protege y les ofrece ayuda jurídica, aseguraba que “el 99% de los 400 trabajadores que desde 2006 han recurrido a Naciones Unidas” no han conseguido el apoyo del organismo.

Sin embargo, las “Normas de conducta de la función pública internacional” precisan que “un funcionario internacional tiene el deber de denunciar cualquier violación de las reglas y del reglamento de la organización a la autoridad competente” y que “tiene derecho a ser protegido ante eventuales represalias”.

Caroline Hunt-Matther, investigadora del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue enviada sobre el terreno para investigar la violación de una refugiada menor de Sri Lanka, agresión supuestamente cometida por un empleado de la ONU, en 2003. “El representante del secretario general había decidido, porque la niña no había llorado durante el interrogatorio, que la violación no había existido. Me dijo: ‘No quiero que venga’”. Caroline no le escuchó y llevó a cabo una investigación hasta el final: para ella, la violación estaba demostrada. Pero se encontró frente a una serie de obstrucciones por parte de sus jefes. Hasta donde hemos podido saber, nadie conoce qué sucedió con el caso.

A Caroline Hunt-Matthes nunca le renovaron el contrato: “Al principio me apoyaron mis supervisores y documenté las obstrucciones que iba encontrando. Con el paso del tiempo me abandonaron a mi suerte y evaluaron negativamente mi trabajo”. Caroline no se quedó de brazos cruzados y atacó a Naciones Unidas: el Tribunal de Apelación, jurisdicción competente para recurrir las sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Naciones Unidas, concluyó en 2013 que la “decisión de no renovar el contrato de la Demandante era ilegal” y que se trataba de “un acto de represalia”. La organización recurre. La exfuncionaria lleva 13 años de juicios, lo que convierte su caso en el más largo en la historia de la ONU.

“Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas [desde enero de 2017] tuvo la oportunidad en 2013, en su calidad de Alto Comisariado de los Derechos Humanos, de intervenir y no hizo nada. Sin embargo, los juicios por represalias que dan la razón a la denunciante son tan raros como rosas en un iceberg”, opina Caroline. En 2011, su caso sentaba jurisprudencia y ya no es posible apelar una decisión de la Oficina de Ética, que también le negó cualquier apoyo. Caroline Hunt-Matthes volverá a declarar, en marzo, por enésima vez ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la ONU.

Relegados, los denunciantes a menudo se ven acorralados. Los hechos que denuncian, que pueden referirse a casos de abusos, de obstrucción o de corrupción, a veces pasan a un segundo plano. “La atención de los medios de comunciación se centra en los casos de represalia que sufren los denunciantes en lugar de en los casos de abuso sexuales, ése es el peligro”, admite Kathryn Bolkovac, policía norteamericano que destapó una red de trata de mujeres en Bosnia, orquestado por miembros de la ONU en 1999. “Se convierte en una distracción pero también forma parte de la toma de conciencia, ilustra el sistema de corrupción en marcha”. Por cada denunciante que se convierte en noticia, ¿cuántos no se atreven a tomar la palabra o se han visto aplastados por la máquina? De la prevención a la condena, los procesos son largos y agotadores, en una zona de derecho gris de la que es muy complicado entender las reglas del juego. Estas disfunciones llegan hasta la cúspide de la pirámide.

¿Culpa de los Estados contribuyentes?

Susanna Malcorra, jefa de gabinete de Ban Ki-Moon, muestra su preocupación, en un cable confidencial del 9 de junio de 2011 al que hemos tenido acceso, por las investigaciones llevadas a cabo "antes incluso de alertar a los Estados miembros, por que tales denuncias a veces no se reportan antes de que concluyan misiones". Dicho de otro modo, la ONU habría llevado a cabo investigaciones sin avisar al Estado contribuyente. Una situación irregular (contraria al “contrato” Estados-ONU en el marco de las misiones de paz). Más grave aún: las investigaciones internas de la ONU, que pueden durar varios meses (16 de media), al no avisar a los Estados, éstos no estaban en condiciones de neutralizar a los agresores. Desde el Departamento de Operaciones para el mantenimiento de la paz se limitarán a respondernos: “En nuestro procedimiento estándar, llevamos a cabo una evaluación antes de notificar a los Estados miembros, lo que a veces algunas personas pueden confundir con una investigación”.

La organización ¿ha optado por mostrar celo para hacer el menos ruido posible o para evitar, en los hechos demostrados, la retirada de los contingentes implicados ?

Esta nueva confesión de ineptitud a la hora de respetar los procedimientos va en contra de la principal defensa de la organización: supuestamente se encontraba atada de pies y manos y dependería únicamente de la buena voluntad de los Estados miembros. Jack Christofides, alto funcionario del Departamento de operaciones de mantenimiento de la paz, no cede: “Incluso cuando encontramos a alguien culpable, no hay gran cosa que podamos hacer, porque nosotros no tenemos medios en el mecanismo de sanciones”. ¿Falta de medios o falta de voluntad?

No falta la real politik en las filas de la ONU, al contrario. La ONU, que presenta una necesidad creciente de tropas –el personal desplazado sobre el terreno se ha duplicado en 10 años–, intenta más bien mantener buenas relaciones con los países contribuyentes. Así sucedió en Haití en enero de 2012, cuando soldados iraquíes de la Minustah fueron detenidos en Gonaives, acusados de la violación de un joven de 13 años, minusválido. Las autoridades de Haití querían levantarles la inmunidad –decisión que sólo puede tomar el secretario general– y juzgar a los acusados en una corte marcial local. Pero el joven desapareció, para ser hallado poco después.

Una fuente bien informada de la Oficina de investigación interna nos confiesa: “Sabíamos que el mando de la misión de paz había dado órdenes de raptar al chico”. En una reunión a la que asiste Hervé Ladsous, secretario general adjunto del Departamento de operaciones de paz, Ban Ki-Moon, dando un puñetazo sobre la mesa, supuestamente dijo: 'Necesitamos algo más que los soldados que han violado al chico. Nos hace falta llegar al mando que ha cerrado los ojos o incluso que ha querido destruir las pruebas y deshacerse del chico”. Muestra de disensiones internas en la manera de gestionar los negocios, esta fuente anónima asegura que Hervé Ladsous negoció en una cena, la misma noche, la repatriación del mando, para que no pudieran ocuparse de él”. El jefe de las misiones de paz pudo responder, para justificarse : “Es política”.

¿Azar ? Pakistán, con 7.000 soldados, es el segundo país proveedor de tropas de la ONU del mundo. Ni Hervé Ladsous ni sus colegas tienen recuerdo alguno de este encuentro. Si bien el servicio de comunicación de las operaciones de paz admite que efectuó un viaje a Haití en enero de 2012, con el fin de llevar a cabo una visita de “familiarización, su agenda no recoge ninguna cena de ese tipo”. Según las informaciones disponibles, en marzo de 2012, un tribunal marcial declara culpables a los pakistaníes implicados. Los dos soldados fueron condenados a un año de cárcel. Al mando, que supuestamente ordenó el secuestro del chico, pero que niega su implicación, se le ha “prohibido participar en futuras misiones de paz”, según la ONU.

Resultado: los culpables reciben penas simbólicas o inexistentes, como ocurre en la mayoría de las denuncias, que ni siquiera llegan a los tribunales.

Oficialmente, por tanto, la ONU cuenta con los países contribuyentes a la hora de sancionar a los agresores, basándose en la buena fe. Oficialmente. Porque una vez concluida la investigación, no está dicha la última palabra. La misión debe decidir si se repatría al acusado y, después, si su país de origen lo va a acusar cuando haya regresado. Dada la falta de investigadores internacionales, de pruebas no admisibles en tribunales nacionales, de la imposibilidad de que las víctimas puedan acceder a un abogado, la imputabilidad de los soldados debe hacer frente a numerosos obstáculos.

Esta impunidad se aplica también al personal civil de las misiones de paz. Menos mediáticos, estos abusos han dejado de ser raros. El informe de evaluación de la Oficina de investigación (2015) confirma : “Los civiles contribuyen de forma desproporcionada a las denuncias”. Entonces ¿por qué no se oye hablar de los casos azules? Camille tiene una teoría: “Es otra forma de desviar la atención, al decir que son militares y que no se les puede hacer nada, les corresponde actuar a los Estados miembros”. Jack Christofides constata una falla, sin responder a la cuestión: “Si eres mando, puedes hacer determinadas cosas para mejorar el comportamiento de las tropas. Pero ¿puedes cambiar la actitud del personal civil internacional? No es tan fácil.

No tan fácil cuando se sabe que las certificaciones sobre la formación obligatoria contra las agresiones sexuales se entregan después de seguir cuatro módulos teóricos de unas horas. Según un informe de auditoría de la Monusco, en 2015, no hubo “rastro alguno que probase que 39.361 (84%), de los 47.214 efectivos civiles y militares hubiesen participado en los cursos de formación y de perfeccionamiento” del grupo de deontología y disciplina. Y lo que es peor, para los militares, la “Monusco no ha entrenado al 90% de los 18.000 militares sobre agresiones sexuales vinculadas a los conflictos”. ¿Qué significa también que el personal de la ONU, entre 2012 y 2013, se le entregaran 1.694.694 de preservativos, sólo en la República Democrática del Congo?

Supuestamente sometidos a un filtro (el Misconduct Tracking System), los militares culpables de “malas prácticas” deberían ser apartados sistemáticamente de futuras misiones. “¿Sabe cuántas personas son enviadas sobre el terreno? Simplemente, no es posible hacer una comprobación individual”, dice Jack Christofides. En las misiones, hay un “cierto número de exrebeldes, apartados de las misiones y que forman parte de los Ejércitos nacionales [como en la República Democrática del Congo] y que han cometido atrocidades inmundas en sus respectivos países”, lamenta Thierry.

“Este fenómeno es extremadamente minoritario. Es como mirar un elefante observándole sólo el dedo pequeño”. Al final de la entrevista, Jack Christofides, un poco sobrepasado por las cuestiones relativas a las agresiones sexuales, añadía: “Juzgadnos por el modo en que impedimos los abusos y los castigos”. Dicho y hecho. El empeño de la ONU por preservar su imagen deja de lado a las víctimas. Perdidas en un sistema que favorece la impunidad, no conocen sus derechos. Incluso el Trust Fund, lanzado en marzo de 2016, para reforzar la ayuda de primera necesidad concedida a los supervivientes de agresiones sexuales cometidas por personal de la ONU parece una quimera. “No es un fondo de compensación, pero al menos tendrán algo de ayuda, un poco de alimento, un techo, temas así [sic]”, dice Sylvain Roy.

En el inmenso vestíbulo de la sede de Naciones Unidas, los retratos de los secretarios generales, todos hombres, nos observan. Al acompañarnos a la salida, el responsable de prensa del Departamento de las operaciones de mantenimiento de la paz insiste en los progresos de la organización en materia de comunicación: “Se comenta públicamente, de manera proactiva, las cuestiones de violencia sexual. Se dan a conocer los nuevos casos y lo que vamos a hacer. Muchas de las informaciones que tenéis, los medios de comunicación, se conocen porque las damos a conocer nosotros. Para alcanzar un mejor nivel de confianza…”. Al día siguiente, recibimos una llamada de su colega para pedirnos las declaraciones y dar su aprobación, antes de la publicación de esta investigación. Tras la llamada del gabinete de prensa, llegan los e-mails; quieren que reconsideremos la publicación de las entrevistas concedidas. Habrá una nueva llamada telefónica y otro e-mail. Está claro, en la ONU, la transparencia tiene ciertos límites.

  infoLibre forma parte del proyecto internacional Zero Impunity (Impunidad Cero). Este consorcio, integrado por varios medios de comunicación internacionales, documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.

El pasado 29 de enero, Zero Impunity fue galardonado con el primer premio Smart FIPA, que otorga el Festival Internacional de Programas Audiovisuales (FIPA) y que promueve la creación digital con el fin de anticipar "el futuro del audiovisual apostando por la escritura, las nuevas tecnologías y el talento futuro".

Este consorcio publicará seis investigaciones que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. Además, Zero Impunity es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.

infoLibre publica en exclusiva en España dichas investigaciones, que se pueden consultar en estos enlaces:

El ADN de 'Sangaris': las tropas francesas en misión humanitaria en la República Centroafricana, investigadas por abusos sexuales

Estados Unidos y la violencia sexual como método de tortura

La violación de menores o los otros crímenes de guerra del régimen sirio

Traducción: Mariola Moreno

El Ejército francés no habría podido soñar con un calendario más propicio. Cuando faltaban tres semanas para que concluyese oficialmente la misión de la operación Sangaris, final previsto para el 31 de octubre de 2016, se filtró a la prensa un memorándum interno de Naciones Unidas. En el documento se recogen las acusaciones de violación que pesan sobre las tropas internacionales destacadas en el país centroafricano y sugiere que las víctimas “pudieron haber sido gratificadas económicamente para que testificaran”.

Qué importa que el documento se centre fundamentalmente en los abusos cometidos por las tropas de Gabón y de Burundi. Qué importa que no cuestione las acusaciones de violacionesde menores de las que se culpó a soldados franceses en las inmediaciones del campo de refugiados de Mpoko, en Bangui, capital de la República Centroafricana. Qué importa que dichas “gratificaciones económicas” se refieran a las ayudas proporcionadas por organizaciones humanitarias. Se ha sembrado la duda. Y el Ministerio francés de Defensa se aprovecha al subrayar la “frivolidad” de Unicef, que ha reunido los testimonios acusadores.

Sin embargo, pocas dudas tiene quien se molesta en llevar la investigación hasta Boda. Situada a 190 kilómetros de Bangui, conserva la atmósfera de las pequeñas ciudades mineras. La carretera que conduce a la localidad puede decirse que está bien conservada: nos encontramos en la región natal del presidente fundador de la República Centroafricana Barthélémy Boganda y del autoproclamado emperador Jean-Bedel Bokassa. La arteria más animada de la ciudad es una estrecha franja de tierra batida que parte de la rotonda donde esperan los mototaxis. Allí, la que fuera una estación de servicio Total ha sido reconvertida en bar. Cuando cae la noche, los buscadores de diamantes dejan la mina y se disponen a gastar en cervezas las eventuales ganancias del día. Allí, en un bosque ecuatorial, se encuentra la supuesta prueba de que un soldado francés agredió sexualmente a una menor.

La familia Pazoukou vive en una casa de ladrillo, a 200 metros de la antigua estación de servicio Total. La puerta de la entrada carece de cerradura. El joven Elie* alegra el ambiente con sus balbuceos. Tiene 17 meses y disfruta jugando con la papilla del desayuno. Tiene la tez clara. En el vecindario le llaman “el francés”.

15.000 francos CFA

Cuando los soldados franceses de la fuerza Sangaris llegaron a Boda, en febrero de 2014, instalaron su base en pleno centro de la ciudad. Trataron de interponerse entre grupos antibalaka –erigidos en defensores de los cristianos de la ciudad– y grupos de “autodefensa” musulmanes. En aquel momento, las matanzas ya habían causado cientos de víctimas.

Noella Pazoukou, una de las mujeres de la familia, empezó a vender tomates a los sangaris en un pequeño puesto situado frente a la base. El cabello, peinado con trenzas, dejaba al descubierto un rostro adolescente. Un día del verano de 2014, un militar francés se fijó en ella. A través de un intermediario, un joven de la zona de nombre Alban, le dijo unas palabras bonitas y la citó una tarde a las 18.00. La adolescente aceptó sus proposiciones. “Me invitó a entrar en una casita del campamento. Hicimos el amor. Fue mi primera vez. Al acabar, me dio 15.000 francos CFA [23 euros]. Pero en el camino de vuelta, los antibalaka, que estaban patrullando, me los quitaron”, cuenta Noella en su lengua materna, el sango, con la voz temblorosa. La joven no habla francés: abandonó los estudios en primaria. La meningitis que padeció a los siete años le ha dejado secuelas; durante mucho tiempo perdió el habla y sigue teniendo problemas de audición. La entrevista se desarrolló, en su casa, los días 13 y 14 de octubre de 2016, su relato se ve interrumpido por las idas y venidas al tenderete que le sirve de cocina donde mantener el fuego: “Nos volvimos a ver otra vez, en el mismo sitio. Tuvimos otra relación sexual. Y después, un día, se marchó con el resto de sus compañeros. Nunca he vuelto a tener noticias suyas”.

¿Menor en el momento de los hechos?

A principios de 2014, los soldados franceses destacados en Boda cedieron el testigo a los cascos azules de la Minusca, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en la República Centroafricana y regresaron a Francia. Noella se vio atrapada por la guerra. Junto a su madre y sus siete hermanos y hermanas, tuvo que dejar la casa familiar. “Huimos a la selva por las masacres cometidas en la ciudad. Entonces ya estaba embarazada. Al volver a casa fue cuando le dije a mi madre que no me encontraba bien”. La progenitora –cuyo marido murió cuando Noella todavía era una niña– trató de sacar adelante a la familia vendiendo hojas de koko y orugas tostadas. Cuando la niña le contó que se había quedado embarazada de un soldado francés, a Solange Pazoukou le costó creerla. Hasta el día del parto, cuando vio el rostro del bebé, de tez prácticamente blanca.

Cuatro meses después del nacimiento de bebé, en agosto de 2015, Solange Pazoukou presentaba una denuncia ante las autoridades centroafricanas, después de “haber escuchado en la radio un programa sobre abusos sexuales”. El 4 de septiembre de 2015 se abrió una investigación por “la violación cometida por una persona que abusó de la autoridad que le confieren sus funciones”, según confirma la Fiscalía de París. Si bien no ha quedado demostrado que hubiese forcejeo ni violencia, el autor puede ser acusado de agredir sexualmente a una menor de más de 15 años, abusando de la autoridad que le confería el ejercicio de sus funciones (artículo 227-27 del Código Penal francés) y de violación de consignas. Porque Noella, en el momento en que sucedieron los hechos, muy probablemente era menor. Tenía 16 años, según los resultados preliminares que se desprenden de las investigaciones llevadas a cabo en Francia. 16 años, dicen tanto su madre como el fiscal de Boda, Olivier Mbombo Mossito.

Cinco meses para ir a Boda

La familia Pazoukou no tiene ninguna posibilidad de que el caso se judicialice en su país: en virtud de un acuerdo, alcanzado entre el Gobierno francés y el Ejecutivo centroafricano el 18 de diciembre de 2013, días después del despliegue de los efectivos de la operación Sangaris, los militares franceses que se declaren culpables de crímenes o de delitos en el transcurso de la misión sólo pueden ser juzgados por la Justicia francesa. Una unidad específica de la Gendarmería Nacional, la Gendarmería Prebostal, es la encargada de las investigaciones que conciernen a militares en operaciones en el exterior.

La Fiscalía de París, que se hizo cargo de la causa en 2015, tardó ocho meses en remitirle a las autoridades centroafricanas una petición de asistencia penal internacional –a la que hemos tenido acceso– para que, entre otros motivos, “se iniciara la comparecencia de todos los testigos susceptibles de aportar elementos sobre los hechos o sus circunstancias”. Hará falta esperar todavía cinco meses para que los gendarmes franceses se desplacen a Boda para mostrarle a Noella fotos de militares, con el fin de identificar al padre.

El calendario no juega a favor de la familia Pazoukou. Entre tanto, el principal testigo Alban –que ejerció de intermediario– se marchó de Boda a Bangui. En cuanto a Noella, se le pide que identifique por unas fotos a un hombre al que había visto por último vez dos años antes. Un hombre con el que se citó en dos ocasiones.

Problema logístico

La publicación del memorándum de la ONU que sugiere que víctimas centroafricanas pudieron haber recibir dinero a cambio de declarar en contra de las tropas internacionales ha merecido más atención mediática y política que el testimonio de las menores. Pero, paradójicamente, el único caso en el que existen evidencias materiales de los abusos, el de Boda, parece merecer una atención limitada, también por parte de los investigadores que se ocupan del caso. Pese a que cuando todo ocurrió el hombre llevaba el cráneo afeitado, en algunas de las fotos que vio Noella no presentaba ese aspecto. Pese a que han conocido al niño, los investigadores franceses no le han realizado una prueba de ADN. Simplemente le preguntaron a la familia por su grupo sanguíneo, que desconocen.

En cuanto al hecho de que la supuesta víctima tardase en prestar declaración, se debió, según dos fuentes conocedoras del caso, a un problema de... transporte. Efectivamente, los gendarmes esperaron varios meses a que la operación Sangaris pudiese poner a su disposición un helicóptero con el que dirigirse a Boda. Pregunta por esta demora, el Ministerio francés de Defensa asegura que "el Ministerio coopera con las autoridades judiciales".

La anécdota lleva a cuestionar el estatus y la independencia de los gendarmes prebostales, esos militares encargados de investigar asuntos que atañen a militares con los medios de los militares. “La prebostal se apoya en las fuerza armada con la que se despliega. Dispone de los medios de la Gendarmería (de su armamento, de los medios de la Policía Científica), pero dependen realmente de la fuerza para apoyarlos", confirma la vicefiscala de Asuntos Penales Militares del Tribunal de Apelación de París, Sandrine Guillon. “Y si se necesitan medios militares para la misión militar, está claro que siempre va a tener prioridad antes que una investigación de la prebostal”.

La retirada gradual de los medios de la Sangaris puede explicar, según la magistrada, la lentitud de los investigadores. Una vez concluida la misión, a finales de octubre, cabe preguntarse, con razón, si los helicópteros van a seguir despegando con destino a Boda.

Oleadas de acusaciones

A finales de octubre de 2016, la denuncia de la joven de Boda se sumaba a la docena larga de denuncias que tenía ya sobre la mesa la Fiscalía de París relativas a violaciones y agresiones sexuales cometidas por soldados de Sangaris. Desde abril de 2015, cuando el diario británico The Guardian publicaba un informe interno de la ONU que denunciaba la violación de cuatro niños (según las víctimas, realizaron felaciones a cambio de dinero o de comida), la lista de las acusaciones contra los soldados galos ha ido en aumento. Oficialmente, la Fiscalía de París, encargada de la instrucción, no quiere “dar” cifras y prefiere “hablar cuando hayan concluido las investigaciones, sin entrar en especulaciones”.

Después de la primera ola de acusaciones de niños del campamento de desplazados de Mpoko, en Bangui, Unicef llevó ante la Justicia un informe de 2016, según el cual se había cometido, supuestamente en la región de Dekoa, en el centro del país, un centenar de violaciones. El informe apunta fundamentalmente a soldados de los contingentes de Burundi y de Gabón, pero también cita, al margen, a las fuerzas francesas. Hay que añadir los testimonios recabados también por los investigadores centroafricanos, que han identificado y tomado declaración a una docena de víctimas del caso Mpojo (todas no acusaban a militares franceses), según el entonces responsable de la Sección de investigación de la Gendarmería de la República Centroafricana, el lugarteniente Kossi, entrevistado el 18 de octubre en Bangui. Por último, más recientemente, una asociación centroafricana presentó una denuncia por la violación colectiva supuestamente cometida por efectivos de la Sangaris cerca de Pont Jackson, en Bangui.

Signos de malos tratos

Puestos al habla con Médicos sin Fronteras, la ONG asegura  -existen informes médicos que así lo constatan- haber denunciado ante la Justicia francesa tres nuevos casos de violaciones de menores, dos hermanos, niño y niña, de 7 y 9 años y una joven de 13 años. Los expedientes y los certificados médicos de la ONG supuestamente confirman que una de las víctimas sufrió violencia sexual y malos tratos.

El Ministerio de Defensa también parece admitir que los soldados franceses destacados en el centro de África cometieron violaciones o abusos sexuales. Dicho Ministerio, contactado por e-mail el 20 de diciembre de 2016, recuerda que en lo que a este tipo de casos se refiere, "una vez conocidos los hechos e identificados los autores", los "militares investigados" son "apartados del teatro de operaciones" y se les impone "sanciones disciplinarias que pueden variar desde la degradación, en el caso de los mandos, a la rescisión del contrato". Preguntado por el número de casos de que tiene constancia, el Ministerio no ha respondido.

Los casos en los que trabaja la Fiscalía de París ¿son la punta del iceberg? Según los documentos y los relatos recabados en la República Centroafricana y en Francia entre exmilitares de la misión Sangaris, militares franceses negociaron los favores sexuales de civiles (hombres y mujeres), menores y mayores de edad. Hechos que los jueces franceses puede que algún día califiquen de violación de menores o de agresión sexual al abusar de la autoridad que les confiere el ejercicio de sus funciones. Esta prostitución de supervivencia parece que pudo ser tolerada por el mando militar de Bangui, también después de que el Ministerio de Defensa recibiese, en julio de 2014, la primera ola de denuncias (los niños de Mpoko). Efectivamente, los altos mandos habían sido alertados de la conducta de riesgo de sus subordinados.

Denuncias por escrito

El 3 de agosto de 2014, ocho meses después del comienzo de la operación, varios altos mandos franceses presentes en Bangui denunciaron por escrito al general L., de la Inspección General de los Ejércitos, las disfunciones relacionadas con el campamento Sangaris, situado en las inmediaciones del campo de desplazados de Mpoko. En esos documentos internos del Ejército, titulados “Informe sobre la protección de la fuerza” y a los que hemos tenido acceso, suboficiales y un oficial superior (un coronel) alertan a su mando.

Hablan del campamento francés como de un “verdadero gruyère” en el que es difícil evitar “los robos y las intrusiones”. Un sargento también pide que la entrada al aeropuerto se refuerce con alambradas de espino porque “la gente puede acceder sin pasar control alguno, lo que convierte el trabajo de las Fuerzas Armadas en prácticamente inútil”. Y añade: “El campo de refugiados [que está pegado al campamento militar] tendría que estar mejor cerrado porque causa muchos problemas, sobre todo la demanda de raciones que esos mismos refugiados hacen a los soldados. También permite que se infiltre (sic) más o menos fácilmente una red de prostitución que funciona hasta la madrugada”.

Un coronel añade: "Esta cercanía a los locales hace que proliferen las propuestas que incluyen alcohol, drogas y prostitución". Un sargento pide de inmediato que "aumente la prevención en materia de prostitución que puede perjudicar la imagen de la fuerza". También habla de "la utilización de niños para perturbar el trabajo de los centinelas y de las patrullas". Otro suboficial señala que los militares se encuentran con "problemas de prostitución al caer la noche a la entrada de los controles de acceso y del APOD [Air Point of Debarquement]. ¿Qué medidas tomó el mando al frente de la operación tras estas denuncias? Preguntado al respecto, el Ministerio de Defensa no responde, pero señala que "Francia aplica una política estricta de 'tolerancia cero' en materia de explotación y de abusos sexuales".

Hay otra cuestión que corrobora la tesis de que se trataba de un campo en el que se entraba y se salía sin demasiado control. Según fuentes conocedoras del caso, “entre los documentos desclasificados [materia de defensa en el marco de la investigación judicial] figura un informe no manuscrito que refiere los mismos problemas”, la porosidad del campo y la prostitución.

Jules* oficial desplegado durante 11 meses en la República Centroafricana (en 2013 y 2014) tuvo tiempo de verse confrontado en numerosas ocasiones a esta prostitución de miseria teñida de abusos de autoridad. La primera vez, recuerda, un soldado de guardia que no era de su unidad fue sorprendido in fraganti por su superior en el momento en que alguien “se la chupaba a través de la verja” del campamento francés, en Bangui. No precisa si se trata de una menor o no. Otra vez, uno de sus colegas, que había recurrido a los servicios de una prostituta, tuvo que ser repatriado por razones médicas (probablemente para recibir antiretrovirales). Motivo: se le había roto el preservativo.

En otra ocasión, el superior pudo tener conocimiento de que una madre de familia había vendido los favores sexuales de su hija a varios soldados. “Era un grupo de combate, niños, que tenían entre 18 y 25 años, como mucho”. Jules reclama confirmación a su jefe: “Estaba enfadado, me respondió: ‘¡J...! ¡Me importa una mierda! No sé donde sucedió pero a priori, sí, es así [lo que pasó]”. Realizada la comprobación, el caso nunca llegó a la Fiscalía de París.

Sangaris no responde a la ONU

Por aquel entonces, entre abril y noviembre de 2014, el Consejo de Seguridad de la ONU abría una Comisión de investigación internacional sobre la República de Centroáfrica para investigar presuntas violaciones de derechos humanos. Ésta recibe “varias alegaciones de violaciones y de abusos sexuales, procedentes de víctimas y de ONG, que apuntan a los cascos azules de la Minusca y a los cascos azules africanos de la Misca y Sangaris”, recuerda uno de los tres investigadores de la Comisión, la abogada mauritana Fatimata M’Baye, que ha aceptado responder a nuestras preguntas. “Efectivamente, nos dijeron que algunos sangaris mantenían relaciones con menores, con niñas menores”.

Los investigadores se dirigieron entonces, “en varias ocasiones”, al cuartel general de Sangaris para “hablar con el mando” al frente: “Era necesario saber qué equipo estaba en tal sitio, pero no hubo forma. Se trataba de una cuestión bastante sensible, no quisieron hablarlo con nosotros. Comprendimos que no era la primera vez que se vertían semejantes acusaciones contra ellos”.

Ante la falta de respuestas y para evitar “un informe demoledor”, la Comisión se concentra en las otras fuerzas armadas que se encontraban en el punto de mira. En el documento, publicado el 6 de diciembre de 2014, cinco meses antes de que vieran la luz las revelaciones de The Guardian, desliza esta frase: “La Comisión ha recibido alegaciones sobre violaciones [de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario] cometidas por las fuerzas de la Misca, de la Minusca y de Sangaris”. Pero alegó entonces disponer de “recursos limitados” a la hora de justificar que no se investigaran las acusaciones que implican directamente a los franceses.

Invitado a confirmar la existencia de dichos encuentros con los expertos de Naciones Unidas  y a explicar el "bloqueo" mencionado por la abogada mauritana, el Ministerio de Defensa no ha respondido a nuestras preguntas. 

“Muy poca intimidad propicia para actos sexuales”

El mando encargado de Sangaris ¿quería dar la primicia de sus declaraciones a la prebostal? No parece desprenderse así de la lectura del acta de la investigación realizada por los gendarmes franceses (de fecha del 5 de mayo de 2015), a la que hemos tenido acceso. En sus comparecencias de los días 2 al 9 de agosto de 2014, dos oficiales franceses, uno destacado en el seno de las fuerzas europeas EUFOR, el otro en el destacamento 152 de Colmar– decían sentirse “estupefactos por las acusaciones” de violación. “Dada la proximidad física de sus hombres”, los “hechos de esta naturaleza no podrían haberse realizado con discreción y habría sido precisa, necesariamente, la complicidad de mucho personal”, responden.

Declaraciones cuando menos sorprendentes cuando se sabe que en esas mismas fechas, el 3 de agosto, varios subordinados remitían a la Inspección General de los Ejércitos, en París, los informes en los que alertaban de la porosidad del campamento, de la fuerte presencia de prostitutas y de niños alrededor de los puestos de vigilancia y de patrulla. Se trata de diferentes documentos redactados por suboficiales a sus órdenes, cuyo contenido y existencia resulta difícil imaginar que pudieran ser ignorados.

En cualquier caso, las respuestas de los oficiales superiores de Sangaris tendrán el efecto deseado. En la síntesis de la investigación, los prebostales concluirán que “sobre el terreno hay muy poca intimidad propicia para actos sexuales”el terreno.

* Para garantizar el anonimato de las personas implicadas, se han cambiado sus nombres.

#ZERO IMPUNITY ha abierto una petición en Change.org para pedir al presidente de la República Francesa, François Hollande, para que antes de abandonar el cargo, dentro de apenas cuatro meses, siente las bases de un plan de acción contra la impunidad de la violencia sexual de algunos de sus soldados y presente una hoja de ruta clara a su sucesor en esa dirección. Si quieres apoyar la petición con tu firma, haz clic en este enlace.

infoLibre forma parte del proyecto internacional ZERO IMPUNITY (Impunidad Cero). Este consorcio integrado por varios medios de comunicación documenta y denuncia la impunidad que ampara a los autores de agresiones sexuales en conflictos armados.

En colaboración con un consorcio de medios de comunicación internacionales, infoLibre publicará seis investigaciones exclusivas que desentrañan los mecanismos de impunidad existentes en el seno de nuestras instituciones públicas, de nuestras organizaciones internacionales e incluso de nuestros Ejércitos. ZERO IMPUNITY también es un trabajo de investigación que incluye una verdadera acción ciudadana.

Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies y Marion Guth (a_BAHN), que se definen como “documentalistas activistas”, han hecho posible el proyecto. Una entrevista con una víctima se encuentra en el origen del proyecto, se trata de un testimonio que les afectó especialmente. "Si me permito hablarles hoy, y por tanto descubrirme, es preciso que tenga la certeza de que mis palabras serán escuchadas". La frase resono en ellos como un detonador. Las agresiones sexuales en conflictos armados están detrás de las condiciones de su propia impunidad. ZERO IMPUNITY destapa los juegos del poder, las relaciones de fuerzas y las deficiencias judiciales existentes el seno de las grandes instituciones y de los Estados. ZERO IMPUNITY aspira a replantearse la noción de activismo on line movilizando a los lectores gracias a testimonios firmes y a investigaciones concluyentes.

Además, con la primera manifestación ciudadana virtual, este proyecto pone a disposición de los ciudadanos una herramienta viral dirigida a presionar a los Estados y a las instituciones internacionales con el objetivo de lograr cambios concretos y de dar voz con ella a las víctimas para que se haga más justicia.

  Traducción: Mariola Moreno

República Centroafricana, Chad y Zambia son los tres países del mundo con mayor índice de hambre, según un estudio elaborado por el Instituto de Investigación sobre Políticas Internacionales de Alimentación (IFPRI) publicado este martes y recogido por Europa Press.

El Índice Global de Hambre 2016 refleja, además, que si continúa el ritmo actual, no se podrá cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas relativo a la erradicación del hambre para el año 2030.

En total, siete países tienen niveles "alarmantes" de hambre y otros 43 (incluidas naciones con una elevada población como India, Nigeria e Indonesia) tienen niveles "graves" de este problema. República Centroafricana es el país con mayor índice de hambre, con 46,1 puntos, seguida por Chad, con 44,3; y Zambia, con 39 puntos. Haití y Madagascar ocupan la cuarta y la quinta posición en esta clasificación, con 369 y 35,4 puntos, respectivamente.

Si el hambre no se reduce más rápido, el IFPRI pronostica que no se logrará el objetivo de erradicarla antes de 2030. "Si el hambre se reduce al mismo nivel que observa este informe que ha tenido desde 1992, más de 45 países, incluidos India, Pakistán, Haití, Yemen y Afganistán, todavía tendrá niveles de hambre que van de moderados a alarmantes para el año 2030, bastante alejados del objetivo de poner fin al hambre para ese año", ha señalado el IFPRI, en un comunicado.

"Fijar las prioridades"

El director general del IFPRI, Shenggen Fan, ha afirmado que los países "deben acelerar el ritmo" al que están reduciendo el hambre o no se logrará cumplir el Segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible. "Acabar con el hambre a nivel global es ciertamente posible pero nos corresponde a todos fijar las prioridades para que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil dediquen el tiempo y los recursos necesarios para lograr esta importante meta", ha considerado.

El informe del IFPRI también refleja algunas tendencias y datos positivos, como el hecho de que el nivel de hambre en los países en desarrollo se ha reducido en un 29 por ciento desde el año 2000. Un total de 20 países, incluidos Ruanda, Camboya y Birmania, han logrado reducir sus niveles de hambre en más de un 50 por ciento desde 2000. "Por segundo año consecutivo, ningún país en desarrollo que tenga datos disponibles está en la categoría de 'extremadamente alarmante'", ha señalado el centro de investigación.

No hay datos completos en trece países

El IFPRI ha matizado, a pesar de estos datos positivos, que la mejora de los niveles de hambre en algunos países puede "enmascarar" algunas zonas en las que no se ha logrado y en las que "millones de personas siguen" padeciéndola.

En este sentido, ha explicado que a pesar de que la región de América Latina tiene el menor nivel regional del índice de hambre entre los países en vías de desarrollo, Haití sigue situado con un nivel "alarmante", con un porcentaje del 36,9 por ciento, mientras México, con un nivel bajo de hambre, tiene dentro de sus fronteras indicadores de desnutrición infantil relativamente altos.

"Mientras el mundo ha hecho progresos en la lucha contra el hambre, quedan todavía 795 millones de personas condenadas a afrontar el hambre cada día de sus vidas", ha advertido el consejero delegado de Concern Worldwide, Dominic MacSorley. "Esto no es solo inaceptable sino que también es inmoral y vergonzoso. Documentos como el Índice Global de Hambre nos dan una visión crítica sobre la escala de la crisis global por el hambre.

En su escrito, el IFPRI ha señalado que uno de los obstáculos en la lucha contra el hambre es que no hay datos completos sobre este fenómeno en trece países, lo que impide evaluar la situación. En diez de esos países hay indicadores de mortalidad infantil, debilitamiento y atrofia causada por desnutrición, lo que hace temer unos niveles altos de hambre, incluidos casos como los de Sudán del Sur, Somalia y Siria.

"El conflicto armado es la causa principal del hambre y la malnutrición en muchos de estos países", ha explicado la presidenta de la organización Welthungerhilfe, Bärbel Dieckmann". "El hambre cero solo será posible si aumentamos de forma considerable los compromisos políticos para la resolución y la prevención de los conflictos", ha añadido.

El Índice Global del Hambre, que cumple este año su undécima edición, evalúa a los países del mundo basándose en cuatro indicadores: desnutrición, mortalidad infantil, debilitamiento infantil y atrofia causada por el hambre. La edición de 2016 ha catalogado 118 países en desarrollo, de los cuales casi la mitad tienen niveles "alarmantes" o "graves" de hambre.

Naciones Unidas ha anunciado este lunes la apertura de una investigación sobre nuevas denuncias de abusos sexuales por parte de cascos azules –personal militar de las Naciones Unidas sobre el terreno– en República Centroafricana (RCA), sin dar más detalles al respecto, según ha podido saber Europa Press.

"Un equipo de República del Congo ha llegado al país para investigar las recientes acusaciones de explotación y abuso sexual contra sus tropas", ha dicho el portavoz de la ONU, Farhan Haq. La Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización de República Centroafricana (Minusca) afirmó este mismo mes que había identificado siete nuevos casos de abusos sexuales por parte de sus tropas.

La misión envió a Bambari a un experto de la Oficina de Servicios de Control Interno (BSCI), quien recabó "pruebas suficientes que confirman que cinco de las víctimas eran menores y fueron víctimas de abusos sexuales".

Así las cosas, la Minusca consiguió determinar que los soldados implicados proceden de República Congo y de República Democrática del Congo (RDC), a cuyos gobiernos se ha informado del caso y se ha pedido que realicen las investigaciones pertinentes, además de informarse igualmente a las autoridades centroafricanas.

El escándalo por los abusos de los cascos azules en RCA llevó al jefe de la Minusca, Babacar Gaye, a dimitir en agosto de 2015. En diciembre, un panel de investigación acusó a la ONU de mirar hacia otro lado tras las numerosas denuncias por abusos en 2013 y 2014.

Por ello, el propio Farhan Haq ha recalcado este lunes que "la ONU está comprometida con la aplicación de la política de tolerancia cero en los abusos y explotación sexual", prometiendo que el organismo "seguirá tomando todas las medidas necesarias a tal efecto".

Los 221 habitantes de la aldea de Aza han huido. Todos, menos siete de los menores del pueblo que han sido secuestrados. "Los Tongo-tongo", cuenta su alcalde, "se llevaron todo lo que tenía la población: sus bienes, su ropa, su comida, las puertas de las casas... Incluso hacían desvestirse a los bebés para llevarse sus ropas".

Los Tongo-tongo son los miembros del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) de Joseph Kony, la guerrilla ugandesa conocida por dos cosas: su increíble crueldad y la utilización de niños soldado. Parte del LRA (algunos dicen que el propio Kony) se refugia en las selvas del este de la República Centroafricana.

Los siete menores de Aza todavía no han aparecido. Son seis niños y una niña, de entre 12 y 15 años. "Prefieren a las niñas porque no están infectadas de sida", nos cuenta Armée, ella misma secuestrada por el LRA durante unos días. En cuanto a los niños, "porque es más fácil enrolarlos ya que los adultos van a pensar siempre en huir. Los niños son más dóciles para entrenar".

"No tenemos con qué enfrentarnos a hombres armados. Pedimos que haya hombres uniformados que se ocupen de ellos", dice otro vecino. "Estamos pidiendo ayuda a la MINUSCA porque son ellos los que tienen los medios necesarios y la fuerza para conseguir que los niños regresen a casa", añade, en referencia a la misión de la ONU en el país.

Una mujer traslada agua en cubos en RCA. | MJA/OI

Los habitantes de Aza se cuentan entre los últimos damnificados de la violencia, que adopta distintas formas para colarse cada día en cada resquicio de la vida de los centroafricanos. Ellos son víctimas del LRA, otros lo son de los grupos armados del conflicto interno, otros más de la delincuencia común. El caso es que nadie se libra, como si los 4,7 millones de centroafricanos no tuvieran bastante con el hambre que pasa la mitad de la población, o con el hecho de que uno de cada cinco siga fuera de su casa a pesar de la firma de la paz.

La violencia no cesa

El país ya no vive un conflicto abierto, pero dado que el proceso de desarme está todavía en pañales y que los grupos armados no se han desmovilizado, la violencia no cesa. En muchos casos armas y hombres se han desviado desde esos grupos de combatientes hasta la delincuencia común, las bandas o los grupos de autodefensa. La ausencia de fuerzas de seguridad (desintegradas a raíz del conflicto) no ayuda a la población, que sólo puede contar con los cascos azules de la MINUSCA, y no siempre.

"Vemos pasar los carros blindados de los militares extranjeros" cuenta Fátima, "pero cuando disparan sobre nosotros nadie nos protege". Fátima es habitante de Pk5, el barrio musulmán de Bangui. Tras el conflicto en RCA quedan pocos musulmanes, y la mayoría de los que aun no se han ido sufren persecución. "Nos apuñalan, nos amenazan y no podemos hacer nada". Fátima añade: "no hay actividad, no hay seguridad, vivimos en el terror. No tenemos nada, vivimos en un gueto. Incluso, explica, se tiene que "disfrazar de cristiana" si quiere salir del barrio.

Instantánea de un niño en RCA. | MJA/OI

Desde el campo, como los habitantes de Aza, o desde la ciudad, como Fátima, la gente implora mayor protección.

Nadie duda de que los cascos azules han salvado muchas vidas y de que sin ellos la situación sería muchísimo peor. Sin embargo, Oxfam Intermón está pidiendo a la MINUSCA que trabaje en dos direcciones: que intensifique el desarme y que reaccione con más eficacia a las cambiantes amenazas que padece la población.

Bandidos por cuenta propia

Y es que, como decíamos, la violencia muda de piel como un alien en este país. Antes eran los grupos armados, sobre todo los Séléka (mayoritariamente musulmanes) y los antibalaka (mayoritariamente cristianos). Tras la firma de la paz en 2014 muchos hombres han ido dejando estos grupos y se dedican al bandidismo por cuenta propia.

Pero a la vez ni los Séléka ni los antibalaka (ni otros grupos) se han desmovilizado del todo, porque el proceso de Desarme, Desmovilización, Reintegración y Repatriación apenas ha despegado. Por ahora sólo ha incluido a 2.100 combatientes, cuando en este país ha llegado a haber decenas y decenas de miles.

Delphine, por ejemplo, perdió a su marido y a sus hijos durante el conflicto, en 2013. Hace pocas semanas iba al mercado a comprar productos para comerciar con ellos cuando fue atracada. Le quitaron lo poco que tenía. "Ahora estoy deprimida", dice, "no como y estoy siempre preocupada y llorando".

Un grupo de hombres son retratados en RCA. | MJA/OI

"El verdadero problema es la seguridad", coincide Benjamin, que perdió su casa en la última oleada de enfrentamientos entre Séléka y antibalaka en septiembre del año pasado. Su vivienda, como todas las de su barrio, fue incendiada. Otro más que salió con lo puesto. "Sólo me había vestido para ir a verificar las informaciones. Cuando salí vi que todo en la calle estaba revuelto, y ya no pude volver a casa".

Ahora es una más de las 900.000 personas que han perdido su casa o que no pueden volver a ella por la violencia o porque el conflicto les ha dejado sin su medio de vida. Algunos están fuera del país, en campos de refugiados, otros viven aquí en sitios de desplazados o con familiares o conocidos.

República Centroafricana elegirá a su próximo presidente este domingo de entre dos candidatos, Anicet Dologuélé y Faustin Douadéra, los dos ligados de una u otra forma al ex presidente François Bozizé, sancionado por la ONU como uno de los responsables del conflicto centroafricano y de ataques contra la población.

Oxfam Intermón cree que, cuando el ganador sea proclamado por las autoridades electorales (algo que tardará semanas por los procesos de alegaciones) debe ocuparse de que la población, exhausta tras tres años de conflicto y a la merced de los distintos actores armados, tenga paz para poder reconstruir sus vidas.

---------------------------------------

*María José Agejas es responsable de medios de Oxfam Intermón en República Centroafricana.Artículo distribuido por Europa Press.María José Agejas

El papa ha restado importancia al riesgo de un posible atentado terrorista en África con motivo de su visita al continente, así como a los brotes de violencia que se ha registrado en los últimos días en la República Centroafricana, y ha afirmado que "el único peligro son los mosquitos".

A bordo del avión papal, un Airbus A330-200 de la compañía Alitalia que ha aterrizado este a las 17.00 (hora local) en el aeropuerto internacional de Nairobi (Kenia), el papa ha agradecido a los periodistas "por todo lo que harán para que este viaje dé los frutos mejores, tanto en el plano espiritual, como material", según ha informado el diario italiano La Repubblica.

Junto al papa viaja el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin y el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, y el presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Peter Turkson. Se trata del undécimo viaje internacional del pontífice argentino.

El papa comienza el viaje en Kenia, que sufrió un violento ataque de terrorismo yihadista el pasado mes de abril, cuando tuvo lugar la matanza de 150 estudiantes de la Universidad de Garissa. El primer día en este país se reunirá con el presidente Uluru Kenyatta. Al día siguiente de su llegada, tendrá un primer encuentro interreligioso y ecuménico en la nunciatura y, además, celebrará la misa en el Campus de la Universidad de Nairobi, con capacidad para más de un millón de personas.

Está previsto que Francisco visite también la sede de las Naciones Unidas en la capital keniata, donde tienen su sede el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (UNE) y el organismo que se ocupa de los Asentamientos Humanos (UN Habitat).

El viernes, 27 de noviembre, Francisco se reunirá con miles de jóvenes en el estadio Kasarani donde, además, está previsto que escuche los testimonios de algunos estudiantes supervivientes del atentado por el grupo terrorista de somalí Al Shabab en la Universidad de Garissa.

Lombardi ha detallado que la segunda etapa del viaje, a Uganda, país vecino, estará marcada por el recuerdo de los primeros mártires y santos africanos. Nada más llegar, el papa se reunirá con el presidente, Yoweri Museveni y después visitará Munyonyo, donde fueron condenados a muerte mártires católicos y anglicanos.

Además, el pontífice visitará un santuario. Ese día por la tarde, tendrá lugar un segundo encuentro con jóvenes africanos en el Kololo Air Strip de Kampala. Por último, el papa acudirá a la Casa de Caridad de Nalukolongo, y mantendrá una reunión privada con los obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas.

El domingo 29 de noviembre, visitará la República Centroafricana, última etapa de su viaje al continente africano. Allí acudirá a un campamento de refugiados, víctimas de la guerra civil y está previsto que Francisco abra la Puerta Santa de la Catedral de Bangui, con una anticipación del inicio del Jubileo de la Misericordia, que en Roma será el 8 de diciembre.

La Comisión Europea dio el miércoles un nuevo paso para tratar de gestionar la crisis humanitaria en Europa. El órgano ejecutivo de la UE anunció el reparto de 120.000 refugiados que han llegado en las últimas semanas a países como Hungría, Grecia e Italia. Estos se sumarán a los más de 40.000 previstos en el mes de mayo. Un total de 160.000 personas de las que, según el reparto, España deberá recibir a 17.680, lo que le convierte en el tercer país que más esfuerzos realiza en esta distribución, solo por detrás de Alemania y Francia.

La Unión Europea, así como los medios de comunicación, han puesto en el último mes el foco sobre los grandes flujos migratorios que proceden, en mayor medida, de países como Siria, Irak, Afganistán o Eritrea. Miles de personas que ponen tierra de por medio escapando de una conflictividad armada que lleva años enquistada en Oriente Medio.

En 2014 se contabilizaron 59,5 millones de desplazados por la fuerza en el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 19,5 millones son refugiados; 38,2 millones son desplazados internos; y 1,8 millones son solicitantes de asilo. “Cuando ACNUR actualice las cifras, veremos un aumento a causa de los nuevos conflictos y del recrudecimiento de los que ya existían en 2014”, vaticina Paula San Pedro, investigadora en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, que recuerda que un 86% de los refugiados son acogidos por los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, según recoge el informe del organismo internacional, “los conflictos armados, las violaciones de derechos humanos y la violencia también afectaron gravemente al África Subsahariana, donde cientos de miles de personas huyeron de sus países en 2014”. Son, tal y como señala San Pedro, “crisis olvidadas” por los medios de comunicación y la comunidad internacional. “Lo que estamos viendo ahora puede ser la punta del iceberg de lo que veremos en un futuro si a estos otros conflictos no se les da una solución política”, añade la investigadora. ¿Cuáles son estos países invisibles a los ojos de la comunidad internacional?

Yemen: un polvorín en la Península Arábiga

Desde que la coalición liderada por Arabia Saudí comenzase a bombardear Yemen tras el avance de los rebeldes hutíes a comienzos de 2015 –llegaron a tomar edificios gubernamentales y provocaron la dimisión del presidente, Abdrabbo Mansur Hadi, y del primer ministro yemení, Jaled Bahah–, la situación de la población civil y del país es “horrible”, según cuenta a infoLibre Llanos Ortiz, responsable adjunta de la Unidad de Emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Hasta el 31 de agosto cerca de 1,8 millones de personas se han visto afectadas por el conflicto, según datos de ACNUR. La Agencia, además, sitúa en 102.016 el número de personas que han abandonado en los últimos meses Yemen, el país más pobre de la península Arábiga, y cifra en 1,4 millones la cantidad de desplazados internos. “La situación recuerda a lo que era Siria hace unos años”, señala Ortiz, añadiendo a renglón seguido que es un conflicto “sin un fin a corto plazo y que se va enquistando con el paso del tiempo”. Una opinión que comparte San Pedro: “Si no se hace nada volveremos a ver un país similar a la actual Siria. No obstante, parece que el Consejo de Seguridad de la ONU no quiere permitir este desarrollo”, explica a este diario.

Yemen vive en estos momentos una situación de bloqueo. Según detallan desde Oxfam, “más del 85% de la población depende de la ayuda humanitaria”. “Es un país sin riqueza ni alimentos”, apunta San Pedro, que se encuentra en una situación de bloqueo que impide la entrada de “comida y petróleo”. La ausencia de crudo, según explican desde Médicos sin Fronteras, aunque puede sonar “como un capricho”, provoca gran cantidad de problemas: “Los hospitales se paralizan porque tienen que pagar la combustión de oxígeno, el sistema de bombeo de agua deja de funcionar…”, remacha Llanos Ortiz. “Más que por los bombardeos, que también, la población yemení muere como consecuencia de la hambruna o enfermedades que no se pueden tratar sin el material necesario”, continúa la investigadora en Acción Humanitaria de Oxfam.

Es, en definitiva, una “bomba de relojería” que necesita una mayor implicación de la comunidad internacional, sobre todo por el progresivo incremento de la presencia de grupos terroristas en suelo yemení. “El auge del terrorismo es un riesgo que puede darse a corto plazo”, afirma Ortiz, que añade que en el país “otra cosa que preocupa es que no hay actores humanitarios”. “El conflicto parece que no existe ni para la comunidad internacional ni para los medios de comunicación, que no reflejan la situación catastrófica que se vive allí”, sentencia la responsable adjunta de MSF.

San Pedro, por su parte, añade otros factores relevantes a este contexto: “La venta de armas de España a Arabia Saudí –durante 2014 se vendió al reino por valor de 292 millones de euros– y el papel que juegan Rusia –apoya indirectamente a los rebeldes hutíes– y Estados Unidos –mantiene una estrecha relación con la monarquía saudí–, cuyo enfrentamiento de intereses dificulta las negociaciones de paz”, finaliza la portavoz de Oxfam.

La violencia de Boko Haram desestabiliza Nigeria

Con cerca de 3.000 personas asesinadas en lo que va de 2015 por el grupo terrorista Boko Haram, según datos gubernamentales, Nigeria se ha convertido en otro de los países donde los flujos migratorios, escapando de la violencia armada, se han convertido en una constante. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), hasta el 31 de agosto se registraron más de 2,2 millones de desplazados internos, casi seis veces más que a finales de 2014. Además, se contabilizaron 134.297 refugiados, de los que un 10% se encuentran en Chad, un 42% en Camerún y un 48% en Níger.

Campo de desplazados en Nigeria. | Médicos Sin Fronteras

Es en este último país donde Médicos sin Fronteras más está poniendo el foco. Cristian Casademont, responsable médico de la organización para el Sahel y África Occidental, conoce a la perfección la realidad en el país más pobre del mundo, donde la esperanza de vida no supera los 60 años. “La situación actual de Nigeria es difícil de abordar, con un grupo terrorista acorralado en la región del lago Chad que realiza incursiones nocturnas, con un modus operandi propio de las guerrillas, en las que arrasan poblaciones enteras para aprovisionarse de alimentos y medicinas”, resume Casademont. Actualmente, según datos de la OCHA, 24,5 millones de personas viven en estados dominados por Boko Haram.

Las etnias a ambos lados de las fronteras son las mismas, por lo que no se produce conflictividad. Los refugiados nigerianos, con familias de gran tamaño, se alojan en las casas de sus vecinos del norte hasta que pueden regresar a su país de origen. Los nigerinos les acogen y comparten los pocos recursos de los que disponen. Las consecuencias de esta violencia son “terribles”, explica el responsable de MSF, “sobre todo en los meses de verano, cuando se junta la estación de hambre con los picos de paludismo, ligado al régimen de lluvias desde los meses de julio o agosto hasta noviembre o diciembre”. “Estos dos factores se retroalimentan, provocando un pico de mortalidad infantil” que se ve agravado por el “cierre de centros de salud”, detalla Casademont.

Aunque señala que la cobertura que ofrece Médicos Sin Fronteras no es la que les gustaría, puntualiza que ahora son de los “pocos que garantizan el acceso a la sanidad en la zona”, apoyando, según cuenta, a siete centros de salud. “Sobre todo intentamos proporcionar una asistencia sanitaria gratuita”, puntualiza. El responsable de la ONG es conciso cuando se le pregunta si los casos de Níger y Nigeria han caído en el olvido: “Hay una fatiga clara ante estas crisis que acaban convirtiéndose en crónicas. Sólo las barbaridades y salvajadas de estos grupos terroristas consiguen despertar a la opinión pública”, sentencia.

Colapso en la República Centroafricana

Desde su independencia en 1960, el país nunca ha presentado estabilidad política. Golpes de Estado constantes –de todos los presidentes que han dirigido República Centroafricana, sólo uno ha sido elegido en las urnas– y enfrentamientos étnicos han marcado la vida de la población civil durante las últimas cinco décadas. “Es un Estado fallido, nunca ha tenido la capacidad de tener un Gobierno con las infraestructuras adecuadas”, señala San Pedro.

El último capítulo de la inestabilidad centroafricana arrancó en 2012, cuando el movimiento Seleka, de mayoría musulmana, comenzó a tomar el control de amplias zonas en su camino hasta la capital, Bangui. En marzo del 2013, el entonces presidente, François Bozizé, es derrocado. Desde entonces, el conflicto político ha derivado en un combate étnico: grupos de autodefensa anti-Balaka, de mayoría cristiana, contraatacaron con el objetivo de ir recuperando terreno. El resultado es devastador: casi medio millón de refugiados en países como Chad, República Democrática del Congo, Congo y Camerún, además de 368.000 desplazados internos.

“Si hablamos de crisis olvidadas, República Centroafricana es un claro ejemplo”, asegura la investigadora en Acción Humanitaria de Oxfam Intermón, que señala que el nuevo “proceso electoral será un paso importante en el futuro del país, para mejor o para peor” y desea que “Naciones Unidas asegure que estos comicios se celebran de forma pacífica y limpia”.

Campo de desplazados de Castor, en República Centroafricana. | (c) Pablo Tosco/Oxfam Intermón

San Pedro explica a infoLibre que muchas de las necesidades “son las de un país pobre”. “República Centroafricana necesita reformarse de principio a fin”, apunta, añadiendo a renglón seguido que de todos los Estados que reciben refugiados, la situación en Chad es la más delicada: “Las comunidades autóctonas acogen a los refugiados y comparten con ellos el poco alimento que tienen, que en muchos casos no llega a las tres comidas al día. Lo que llega a Europa son las migajas de las migajas”, relata.

La investigadora apostilla que la mejora en el país pasaría por “cambios políticos y una operación de paz en condiciones”. “La misión de Naciones Unidas en República Centroafricana –MINUSCA– sólo crea una situación de paz virtual”, sentencia San Pedro. El contingente de la ONU se ha visto salpicado además por varias denuncias de abusos sexuales por parte de los cascos azules. A mediados del mes de agosto, la misión sumaba 57 denuncias, 11 de ellas por violaciones a menores.

La riqueza y pobreza de la república democrática del congo

La República Democrática del Congo lleva años avanzando a diferentes ritmos. Mientras que en la zona este del país varios grupos armados luchan por el control de poblaciones y recursos naturales, el resto del Estado parece vivir en relativa calma. “La población civil en esa zona del país se encuentra abandonada a su suerte. El Gobierno central parece que no quiere saber nada de las regiones del este”, explica a este diario David del Campo, director de cooperación internacional y ayuda humanitaria de Save the Children.

Según datos de ACNUR, actualmente más de 480.000 personas de estas zonas se han visto obligados a refugiarse en países vecinos, principalmente en Uganda y Ruanda. “Hay pocos conflictos donde se hayan firmado más acuerdos de paz entre las partes implicadas. Sin embargo, las hostilidades continúan ante la dejación de la comunidad internacional”, asevera Del Campo, que añade que esto es así por los “intereses comerciales” que existen en la República Democrática del Congo: “Muchas veces entiendes lo que ocurre en el país cuando ves lo que hay debajo de sus pies: minerales y recursos considerados estratégicos por su valor y su escasez. Por eso, un escenario inestable beneficia a todos aquellos que explotan esos recursos; tienen más facilidad para negociar con un grupo guerrillero que con el Gobierno”, apunta.

El director de cooperación internacional de Save the Children señala los dos problemas que tiene la población civil en las regiones azotadas por los enfrentamientos: la inseguridad, elemento de control que utilizan los grupos armados, y las enfermedades transmisibles relacionadas con el consumo de agua. “Los brotes de cólera son, sin duda, la principal amenaza”, detalla, añadiendo a renglón seguido que otras enfermedades leves como la diarrea “se convierten en mortales” por la falta de asistencia médica.

Del Campo señala a los niños como las víctimas más vulnerables. Utilizados como soldados y en muchos casos violados, uno de los objetivos de Save the Children en el país africano es conseguir que los más pequeños puedan recuperar esa condición de niño en la escuela. “Cuando dejan de ir al colegio pierden esa niñez porque no pueden interactuar con otros pequeños”, explica. David del Campo acaba la conversación con este diario recordando que “del último llamamiento que Naciones Unidas hizo en 2013 para el país, sólo se han obtenido un 40% de los recursos que se necesitaban” y apuntando que “todos los refugiados son iguales, independientemente de si salen o no en los medios de comunicación”.

"Desproporcionada carga" en el cuerno de África

Somalia, uno de los países más pobres del mundo, y Sudán del Sur, el Estado más joven, también parecen condenados a vivir una crisis humanitaria perpetua. “La comunidad internacional ha fracasado en la respuesta a estos países olvidados”, afirma Itziar Ruiz-Giménez, expresidenta de Amnistía Internacional en España y experta en inmigración y refugio, que también recuerda que aunque “se pone el foco en las fronteras europeas” no hay que “olvidar que la crisis de refugiados es mundial”.

Actualmente, más de un millón de somalíes, tratando de escapar de la hambruna y de la violencia del grupo terrorista Al Shabab, se encuentran refugiados en países como Kenia o Etiopía. Sin embargo, “en estos últimos meses se están empezando a iniciar políticas de cierre de fronteras y devoluciones en caliente con graves violaciones de derechos humanos”, detalla a este diario Ruiz-Giménez.

Sudán del Sur, por su parte, se encuentra sumido en un conflicto étnico –la comunidad dinka frente a la nuer– por el control del recién independizado Estado. Una guerra civil que ya ha dejado más de 50.000 muertos, cerca de medio millón de desplazados en Etiopía, Uganda, Sudán y Kenia y alrededor de 1,2 millones de desplazados internos.

“La situación más grave es que estos refugiados no tienen una protección contra las devoluciones. Es necesario que se garanticen los derechos de acogida digna y se respete su derecho a la educación y la sanidad”, comenta la experta, que añade que es necesario que se realice “un programa de reasentamiento” para aliviar la “desproporcionada carga de estos países limítrofes”, evitando así masificaciones como la del campamento de Daadab, concebido en la década de 1990 para acoger a 90.000 refugiados pero en el que actualmente habitan más de 350.000. Además, pide a los países del norte que garanticen a estas personas “vías seguras para refugiarse en otros países”. “Es necesario un cambio global de la política para afrontar esa crisis humanitaria tan grande que existe en África”, sentencia.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha justificado este miércoles la participación de España en la nueva misión de la UE de asesoramiento al Ejército de República Centroafricana para mejorar la seguridad de la zona y evitar así presiones migratorias sobre Europa pero también "tragedias" como la vista en los últimos días en el Mediterráneo con la muerte de centenares de inmigrantes.

Para Morenés, "sin seguridad no puede haber Estado de Derecho, ni estabilidad social, ni Estado de bienestar". "No pueden darse las condiciones para el desarrollo, con lo que la única alternativa para la población civil es huir o vivir en el terror", ha apuntado. A su juicio, España, junto con organizaciones como la UE, Naciones Unidas o la Unión Africana, "debe aunar los esfuerzos para la consolidación de las condiciones de seguridad, primero física e inmediatamente jurídica, como principales vías para el desarrollo de aquellos países que, como República Centroafricana, necesitan desesperadamente de nuestra ayuda".

Así lo ha expuesto el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso para pedir la autorización para el despliegue de 17 militares españoles en el marco de la nueva misión europea EUMAM RCA, cuya duración inicial será de un año. La participación española tendrá un coste de entre cinco y seis millones de euros.

El objetivo de la misión es "apoyar a las autoridades centroafricanas en la preparación de la próxima reforma del sector de seguridad, ayudando a las Fuerzas Armadas a alcanzar la capacidad y calidad necesarias para lograr el objetivo de modernizarse y ser más eficaces". La operación europea convivirá con la misión que lanzó el año pasado la ONU –denominada MINUSCA–, que se encarga de proporcionar la seguridad y ayuda humanitaria necesarias para permitir el desarrollo del país.

España participa por segunda vez en la República Centroafricana

Es la segunda vez que España participará en una misión en República Centroafricana. Hasta el pasado marzo, un contingente de unos 80 efectivos ha estado desplegado en la operación EUFOR RCA, lanzada en mayo de 2014 para estabilizar y dar seguridad a la capital, Bangui.

Según el ministro, el trabajo de esta misión se tradujo en "un incremento de la seguridad, fundamental para que el Gobierno de transición haya podido empezar a funcionar. Además, ha asegurado que "se ha podido evitar un más que probable genocidio de la población civil".

A partir de ahora habrá una nueva misión de la UE que se lanzará la semana que viene y que contará con aproximadamente 60 efectivos, de los cuales 29 serán franceses, 17 españoles, cuatro austriacos, dos suecos y uno de Rumanía. También se espera la contribución, aún sin determinar, de Alemania, Holanda, Polonia, Portugal, Serbia y Moldavia.

España enviará un equipo conformado por cinco asesores –de los que uno ejercerá el cargo de segundo comandante de la misión–, una unidad de seguridad y protección con un máximo de 12 efectivos y un elemento esencial de apoyo.

El ministro ha asegurado que el contingente español "no intervendrá en ninguna misión operativa de combate", sino que sus efectivos dedicados a la protección se limitarán a tareas de "autodefensa".

Apoyo de todos los grupos, salvo Izquierda Plural

La nueva misión ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, Álvaro Sanz, ha reclamado una política de cooperación a largo plazo que evite que se tengan que dar este tipo de misiones.

Aunque el Gobierno ha contado con el respaldo de mayoría de grupos, la oposición ha criticado que esta nueva misión se aprobara el viernes pasado en el Consejo de Ministros y la comparecencia del ministro para pedir la autorización haya sido anunciada sólo con dos días de antelación.

Para Sanz, "no es justo" porque esto hace que el Ejecutivo esté "hurtando el debate", mientras que el socialista José Ignacio Echávarri ha reprochado que esto "genera sensación de comparsas", por lo que ha pedido "respeto al trabajo de todos los parlamentarios de la Cámara".

Morenés ha explicado que la capacidad operativa inicial de la misión se estableció la semana pasada y que la UE ha dado órdenes de que el contingente tiene que estar desplegado en el país africano la semana que viene. "No es que hayamos hurtado el debate, sino que hay urgencia por desplegar", ha insistido.

¿Para ti, qué es lo más importante? Si hablamos exclusivamente de lo material, la cuestión podría dar lugar a un sinfín de respuestas. Si el contexto se acota y se limita a una huida improvisada y peligrosa, las posibilidades se reducen a muchas menos. “Para todo el mundo, el objeto más importante sería su familia”, ilustra Brian Sokol. “Pero la familia no son objetos, sino personas”. Para el ejercicio que este fotorreportero estadounidense ha realizado con refugiados de Siria, Sudán del Sur, República Centroafricana y Mali, esa era la condición: cada uno tenía que escoger, de entre lo mucho o poco que aún conservara, el objeto más preciado. Las resoluciones de cada uno de sus retratados pueden verse en la exposición The most important thing, organizada en colaboración con Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, y abierta en el CaixaForum de Madrid hasta el 31 de mayo.

Jean-Baptiste, refugiado en Congo, muestra su carné de identidad centroafricano | BRIAN SOKOL / ACNUR

Sokol, cuyos trabajos se publican en diarios como The New York Times o revistas como Time, The New Yorker o Geo, lleva toda su carrera profesional documentando violaciones de derechos humanos y crisis humanitarias por todo el planeta. Aunque resulte positivo para su currículum, lamentablemente hoy tiene más trabajo que nunca. “Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hay más de 50 millones de refugiados en todo el mundo”, explica, “lo que significa que estamos en una nueva era de guerras”. Una impresión que corrobora Rosa Otero, portavoz de Acnur, que agrega que sólo en el primer semestre de 2014 se sumaron a esa cifra, de 2013, otros 5,5 millones de personas. “Lo que, para ponerlo en perspectiva, sería como si toda la población de la Comunidad Valenciana tuviera que abandonar su casa de un día para otro”.

Eso les ha ocurrido a personas como Dowla, una joven de 22 años con seis hijos a su cargo. Los incesantes bombardeos que acribillaban su pueblo, Gabanit, en el estado sudanés del Nilo Azul, le obligaron a salir corriendo hasta el campo de refugiados de Sudán del Sur. En el agotador trayecto, que se prolongó diez días, tuvo que cargar con sus niños, todos pequeños, que no tenían fuerzas suficientes. Lo hizo con ellos colgados de una balanza que se sujetaba sobre los hombros con una barra, y que muestra en su retrato como su más valiosa posesión. “En cada país, la situación de los refugiados en completamente diferente”, señala Sokol. “Lo mismo que para cada persona particular: hay gente que tiene que salir huyendo con lo que llevan puesto, mientras que otros tiene tiempo de cargar el coche, incluso una camioneta, y transportar sus enseres”.

Iman, siria refugiada en Turquía, muestra su Corán junto a sus hijos | BRIAN SOKOL / ACNUR

En la serie de fotografías en blanco y negro, todas tomadas ante un fondo oscuro y no en los campos de refugiados, porque allí el ambiente es “abrumador”, se van sucediendo así las historias: las hay que hablan de objetos que sirven para ganarse un dinero, como la máquina de coser de Benjamin, centroafricano refugiado en Congo; elementos espirituales, como el Corán de Iman, siria reubicada en el campo de Nizip, en Turquía; o recuerdos de la vida que un día fue, como el carné de identidad de Jean-Baptiste, otro centroafricano asentado en la República Democrática del Congo. Hay relatos aún más sobrecogedores, como el de Alia, una joven de 24 años ciega y postrada en una silla de ruedas, que cuando huyó con su familia, solo pudo llevarse consigo su “alma”.

La razón por la que Sokol ha tomado estas imágenes no es otra que “hacer ver que las estadísticas no son sólo eso, sino que hay personas detrás”. “Organismos como Acnur o Unicef no fueron inventados para ocuparse de estos problemas, sino de los niños europeos tras la Segunda Guerra Mundial. Y en Europa, ahora hay conflictos como el de Ucrania, y no ha pasado tanto tiempo desde el de los Balcanes”, remarca el fotorreportero, que explica que esta serie es parte de un proyecto fotográfico mayor con refugiados de todas las latitudes. “La guerra es siempre inminente, y si no aprendemos de los errores, estas personas podríamos ser nosotros. Por eso, estas fotografías quieren ser una ventana para empatizar y ponernos en la situación de nuestros hermanos en el mundo”.

Benjamin usa su máquina de coser para ganar dinero | BRIAN SOKOL / ACNUR

Abandonarlo todo camino de la nada, poniendo en riesgo la propia vida y la de los allegados, no es sino la muestra –como ilustra Otero, de Acnur– de la más auténtica “desesperación”. De ahí su llamamiento a las “soluciones políticas”, porque a los conflictos ya “enquistados”, como el de Siria, que ya ha cumplido cinco años y se está extendiendo, así como los de Somalia, Afganistán o el Sáhara Occidental, se están agregando sin descanso otros nuevos, en lugares dispares como Ucrania o Nigeria. “Este año los récords se van a superar”, advierte Otero, que pone de relevancia el papel de los países que acogen a los refugiados, que suelen ser los vecinos, y suelen ser pobres.

“Es necesario poner fin a estas crisis que sólo generan sufrimiento y muerte también por interés propio, porque las implicaciones de seguridad afectan a otros países”, insiste, para apuntar que, con España en el Consejo de Seguridad de la ONU, desde su organismo esperan que este país “pueda jugar un papel importante para aportar soluciones humanitarias”. Los 6.000 refugiados que llamaron a nuestra puerta sólo el año pasado marcan otro flanco de actuación y apoyo. “El perfil de las llegadas irregulares ha cambiado, y a día de hoy entre el 60 y el 70% son potenciales refugiados”, una situación ante la que lo importante es “acelerar las resoluciones y no crear alarmismo”. “Estas son personas que no tienen otra solución, y si se les devuelve, se les está condenando a muerte”.

Alia solo lleva consigo su alma. Cuando le preguntan por la silla, se sorprende: no la ve como un objeto | BRIAN SOKOL / ACNUR

Naciones Unidas ha declarado, en una situación sin precedentes, el máximo nivel de emergencia humanitaria, conocido como el Nivel 3 de emergencia, en cuatro de las crisis humanitarias mundiales (Irak, Sudán del Sur, Siria y República Centroafricana), tras haber elevado, este miércoles, la actual crisis humanitaria en Irak al máximo nivel, según ha recogido la revista Foreign Policy.

"No he visto nada de esta envergadura con anterioridad", ha declarado el consejero de políticas humanitarias de Oxfam Estados Unidos, Noah Gottschalk, que ha especificado que "la comunidad humanitaria se enfrenta a uno de los peores momentos ya que se dan varias crisis de manera simultánea y todas ellas provocadas por el hombre". A pesar de que las crisis tienen repercusiones humanitarias, Gottschalk ha asegurado que "las únicas vías de solución son políticas".

Según Gottschalk, los contribuyentes y donantes son más reacios a las crisis humanitarias provocadas por el hombre que a las provocadas por desastres naturales, por lo que estas cuatro crisis, todas de naturaleza política, carecen de la financiación suficiente para hacer frente a los problemas humanitarios.

La declaración del Nivel 3 de emergencia responde al máximo nivel de alerta de la ONU y es designado por un comité formado por representantes de las organizaciones humanitarias más importantes de la ONU y otras instituciones de relevancia. El estado de emergencia está pensado para asegurar que cuando la escala, el alcance y la complejidad de una crisis es de grandes proporciones, la comunidad humanitaria dé los pasos adecuados para priorizar los recursos. También acelera la financiación que se dedica a estos conflictos.

El pasado mes de junio el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, anunció que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de personas que piden asilo, refugiados y desplazados internos ha superado los 50 millones de personas.

"Estamos viendo los costes de que las guerras no terminen y de los fallos en la resolución y la prevención de los conflictos", declaró Guterres. "La paz hoy en día se encuentra en déficit. El personal humanitario puede ayudar como paliativo pero las soluciones políticas son de vital necesidad", añadió.

Por su parte, el vicepresidente de programas de Mercy Corps, Craig Redmond, ha mencionado las dificultades a las que se enfrentan las organizaciones cuando mandan asistencia humanitaria a los países en conflicto ya que deben adoptar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los equipos en las zonas de violencia sectaria.

Para el director del departamento de Respuesta Humanitaria de Save the Children, Gerald Anderson, "es muy difícil conseguir adoptar las medidas extraordinarias", debido a que el número de crisis simultáneas "compromete los recursos, el personal y la financiación".

El Nivel 3 de emergencia se ha declarado en Irak, Sudán del Sur, Siria y República Centroafricana. En los cuatro países se desarrollan conflictos de naturaleza política pero que conllevan grandes consecuencias humanitarias. En total, los cuatro conflictos suman aproximadamente 10 millones de desplazados.

Más de 40.000 yazidíes en Irak han conseguido huir y muchos de ellos han tenido que caminar durante días para salvar sus vidas, por lo que ya no necesitan que el Ejército estadounidense les evacue pero sus necesidades humanitarias, como puede ser la falta de alimento, agua y medicamentos, todavía no se han visto resueltas.

"Declarar el Nivel 3, que representa el máximo nivel de emergencia, en Irak ayudará a que se consigan más recursos y a que se pongan en marcha procedimientos administrativos para la respuesta", aseguró el representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Irak, Nickolai Mladenov.

Además de los 40.000 yazidíes que necesitan ayuda humanitaria, la ONU estima que hay 1,2 millones de desplazados internos en el centro y en el norte del país. También 1,5 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

"El apoyo de los donantes, especialmente de Gobierno saudí, ha significado una gran contribución. Pero se necesitará más asistencia", dijo el portavoz de la oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Kieran Dwyer, en una rueda de prensa este jueves en Erbil.

El pasado mes de febrero, Sudán del Sur recibió también el Nivel 3 de emergencia. Según la ONU, 3,8 millones de sudaneses necesitan asistencia humanitaria y más de un millón han huido de sus hogares a causa de la violencia. Los niveles de hambruna también se están incrementando. Al menos un millón de sudaneses no tienen alimentos suficientes.

Para Raymond, Sudán del Sur no tiene la misma consideración que Irak o Siria, pero la comunidad internacional está preocupada sobre la posibilidad que tiene el conflicto de convertirse en un problema de ámbito regional.

En República Centroafricana, la ONU estima que 527.000 residentes están desplazados internamente mientras que 399.000 han huido a países vecinos debido a la violencia.

Por último, en Siria, unos 10,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y 6,5 millones son desplazados internos, según cifras de Naciones Unidas.

En el resto del mundo, hay conflictos que todavía podrían alcanzar el Nivel 3 como podrían ser los que se desarrollan en Gaza, República Democrática del Congo o Yemen. En este último, según Gottschalk, hay 14 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria y hasta 10 millones de personas faltas de alimentos. "¿Cuánto se tiene que agravar la situación?", se ha preguntado Gottschalk.

Miriam Kasztura, enfermera suiza, acaba de regresar de Berberati, en la República Centroafricana (RCA). Médicos Sin Fronteras (MSF) lleva trabajando desde enero en el Hospital Universitario Regional de la ciudad, donde uno de sus equipos se encarga de las urgencias, de la maternidad, de la pediatría y de la sala de operaciones, además de prestar apoyo a varios centros de salud de la periferia.

Berberati, la segunda ciudad más grande de RCA, está situada en el suroeste del país, a unos 120 km de la frontera con Camerún. Como muchos otros lugares de la RCA, en los últimos meses esta población ha sido escenario habitual de episodios de violencia y de constantes abusos contra la población civil. Si bien es cierto que el número de ataques parece haberse reducido en las últimas semanas, la situación de seguridad en la región sigue siendo extremadamente volátil y las necesidades en materia de salud son enormes.

"Llegué a Berberati a mediados de febrero para trabajar en la unidad de atención pediátrica intensiva. Por aquel entonces llegaban muchos niños gravemente enfermos. Nunca había visto nada parecido, la verdad. La gravedad de su estado era impactante: la mayoría de ellos padecía malaria y muchos estaban anémicos o tenían infecciones respiratorias. Perdimos a muchos niños. Muchos no podían llegar al hospital por culpa de los enfrentamientos. Y cuando finalmente llegaban, ya estaban demasiado enfermos como para poder salvarse. A veces todo lo que podíamos hacer era confirmar su muerte. Morían tantos, que ni siquiera teníamos tiempo de pensar en ello. Nos limitábamos a seguir atendiendo niño tras niño. Era muy duro de aceptar", relata Kasztura a Europa Press. 

La malaria, principal causa de muerte

Muchos días veíamos hasta 200 niños en nuestras consultas externas, y la gran mayoría, entre un 80 y un 90%, tenía malaria. En nuestro departamento de hospitalización, entre el 50 y el 60% de las admisiones también eran por malaria, explica la voluntaria. 

Y las cosas no mejoran: en la actualidad estamos inmersos en el primer pico de malaria del año, que va desde abril hasta junio, por lo que podemos esperar que nos lleguen incluso más casos que en los meses anteriores. Esta enfermedad es la principal causa de muerte en el país y llevamos muchos años enfrentándonos a ella, así que estamos bien preparados. Y aún así sabemos que no podemos llegar a todos aquellos que lo necesitan.

Nuestro objetivo principal es poder seguir dando apoyo a los centros de salud de la periferia para tratar cuanto antes a los pacientes, cuando la enfermedad aún es fácil de curar. Sin embargo, llegar hasta estos lugares aislados quizás sea la misión más complicada a la que nos enfrentamos en este momento. En los bosques la situación continúa siendo inestable y violenta, pues sigue habiendo muchos grupos anti-balaka descontrolados y muy activos.

Violencia extrema e inseguridad generalizada

Durante los meses que estuve allí, recibimos a varias personas con heridas provocadas por ataques con machetes, granadas, rifles e incluso flechas. El conflicto no discriminaba y en nuestras salas teníamos ingresados tanto a combatientes como a civiles. Muchos de los pacientes presentaban terribles fracturas abiertas en las que se les habían insertado fragmentos de bala. Otros habían recibido disparos en las piernas y se habían quedado completamente inmovilizados de cintura para abajo. Nos veíamos obligados a llevar a cabo muchas amputaciones, especialmente por heridas de machete y de bala o a consecuencia de heridas infectadas.

Resulta devastador ver el sufrimiento de aquella gente: hombres jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años, discapacitados de por vida. Y sé a ciencia cierta que lo que yo me encontré en Berberati ocurría en muchas otras partes del país. En los próximos años vamos a encontrarnos con que la mitad de todas las personas de esta generación tendrá que vivir con enormes discapacidades.

La violencia no perdona ni a los niños. Un día escuchamos una explosión fuera del hospital. Minutos más tarde, un hombre entró corriendo a la sala de urgencias con un niño de unos diez años en sus brazos. Había sangre por todas partes, la escena era horrible. El pequeño estaba jugando con otro niño en la calle cuando éste recogió una granada del suelo. Le explotó y murió en el acto. El otro niño, el que sí pudo llegar a urgencias, tenía una toalla envuelta alrededor de la cabeza, toda llena de sangre. Cuando se la quité, esperaba encontrarme la mitad de su rostro arrancado. Sin embargo, él tuvo suerte: cuando le quitamos la toalla pude ver a un niño precioso abrir sus ojos y decirnos hola. Era el niño más fuerte que jamás había visto. Tenía la pierna muy dañada, llena de metralla, pero sobrevivió. Y tras cinco semanas ingresado en el hospital, pudo volver a caminar.

El clima de tensión constante que viví en la RCA supera a cualquier otra cosa que haya visto en todos los años que llevo trabajando en MSF. Aunque he estado en lugares donde se producían bombardeos aéreos, ver a gente armada en todas partes crea una sensación de miedo e inseguridad que son difícilmente descriptibles. Había momentos de calma, pero en realidad era una calma falsa. Que no se oyeran disparos o gritos, muchas veces sólo significaba que se estaba preparando un nuevo ataque. Resulta difícil comprender cómo pueden llegar a darse unos niveles tan extremos de violencia. Y es muy duro aceptar que toda una parte de la población ha sido torturada y masacrada delante de nuestros ojos sin que podamos hacer nada. Aniquilada.

Miles de personas han tenido que huir debido a la violencia. Aquellos barrios que hasta hace poco tiempo eran considerados como musulmanes están ahora completamente vacíos. Y aunque la situación de seguridad ha mejorado un poco, muchos tienen demasiado miedo como para regresar. Las decenas de miles de personas que siguen escondidas en el bosque temen por sus vidas y no se atreven a abandonar sus refugios. Para aquellos que han huido del país, así como para los musulmanes desplazados que aún siguen en la RCA, ya no hay vuelta atrás. Sus casas y negocios pertenecen ahora a otros. Y si volvieran, saben que les matarían.

Necesidades de salud abrumadoras

Independientemente de la violencia, hay muchísimas necesidades de salud que siguen sin estar cubiertas. El sistema sanitario apenas funciona, la gente tiene que pagar y la calidad de la asistencia dispensada, si la hay, es extremadamente pobre. Eso hace que desde hace años haya una falta de confianza en la atención médica, y que muchas personas recurran a remedios tradicionales que frecuentemente acaban teniendo consecuencias mortales. A menudo, la gente acude a la atención médica sólo como último recurso. Y para entonces, muchas veces ya es demasiado tarde.

Como decía antes, esta es probablemente la situación de violencia más dura a la que me he enfrentado, y seguramente también sea la crisis en la que he visto unas necesidades más extremas en materia de salud. La intensidad de todo lo que ocurre en la RCA es abrumadora. Pero también he conocido a algunas personas con una capacidad de resistencia y unas ganas de vivir impresionantes. Ver a mis compañeros centroafricanos dedicarle horas y horas de su tiempo libre a ayudar a su comunidad, más aún después de haberse pasado el día entero trabajando, es un motivo de orgullo y de optimismo para todos los que venimos de fuera.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, solicitará el próximo 19 de marzo la autorización del Congreso para enviar a 60 militares y hasta 25 guardias civiles a la República Centroafricana. El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la participación de España en la misión de la UE en República Centroafricana (EUFOR-RCA).

El contingente español para la misión, que inicialmente tiene prevista una duración de seis meses, estará conformado por 50 militares de operaciones especiales, que estarán desplegados sobre el terreno, y otros diez que estarán repartidos en los cuarteles generales instalados en Larissa (Grecia) y en Bangui, la capital del país africano.

De hecho, cuatro oficiales y un suboficial del Ejército de Tierra ya se han desplazado a Larissa con objeto de preparar la operación. También contribuyen a este cuartel general Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Grecia, Reino Unido y Suecia, aunque la UE espera que se sumen más países.

La Guardia Civil. seguridad interior

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Morenés confirmó que España también contribuirá a la misión con hasta 25 efectivos de la Guardia Civil, dentro de la fuerza que enviará la Gendarmería Europea, que se dedicarán principalmente a "tareas de seguridad interior" en Bangui.

En cualquier caso, la participación española en esta nueva misión de la UE ha de obtener primero el visto bueno del Congreso de los Diputados, como así lo señala la Ley de Defensa Nacional en lo que respecta a las misiones en el exterior. Será el propio Morenés el que solicite la autorización en la Cámara Baja el 19 de marzo.

Fuentes militares han indicado a Europa Press que previsiblemente los 50 miembros de operaciones especiales y los 25 guardias civiles ya estén desplegados sobre el terreno a finales de este mes. De hecho, las fuentes consultadas han confirmado que los altos mandos del Ejército de Tierra habían sido "alertados" hace dos semanas ante la futura aprobación de la misión.

Seis meses para proteger a la población más vulnerable

La operación militar de la UE en República Centroafricana tiene prevista una duración de unos seis meses en los que entre 850 y 1.000 efectivos contribuirán a restablecer la seguridad en Bangui y proteger a las poblaciones más vulnerables. La idea es que la fuerza africana, que debe llegar hasta los 6.000 militares, asuma el relevo desde octubre.

La operación, que también asumirá la seguridad del aeropuerto de la capital, en cuyos alrededores se ha establecido un campamento de refugiados de hasta 100.000 personas en condiciones extremadamente precarias, se concentraría en dos distritos de la capital para consolidar "santuarios seguros" y obtener resultados rápidos y efectivos sobre el terreno", aunque también tendría movilidad y haría patrullas.

El contingente español de EUFOR-RCA se unirá al que ya mantiene desplegado el Ejército del Aire de apoyo logístico a la operación 'Sangaris' que Francia tiene por su cuenta –puesta en marcha el pasado diciembre– con un avión de transporte 'Hércules' y un destacamento de unos 50 militares cuya base está actualmente en Zaragoza pero que se trasladará próximamente a Libreville, la capital de Gabón, para operar con más facilidad.