Dos hombres condenados a muerte por narcotráfico fueron ahorcados este miércoles en Singapur, en plena escalada de ejecuciones en la isla, con entre doce y catorce en lo que va de año, según el Gobierno y ONG, respectivamente, que afirman que se trata de una cifra anual "récord" desde 2003.

La agencia antinarcóticos de Singapur indicó en su página web que los acusados, de 64 y 50 años de edad y nacionalidad singapurense, fueron ejecutados hoy después del "debido proceso legal" y de que "estuvieran representados por un abogado durante el juicio y la apelación".

La próspera ciudad-Estado asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta, y no suele informar de todas las ejecuciones. Oenegés como Transformative Justice Collective (TJC), que piden la abolición de la pena capital, indican que con estas últimas ejecuciones van 14 este año, y advierten que podría haber más.

Las autoridades singapurenses llevaron a cabo las ejecuciones -con la horca como el método empleado en el país- cinco días después de que se conmemorase el Día Mundial contra la Pena de Muerte y una semana después de otra ejecución a un ciudadano malasio, acusado de importar 51,84 gramos de heroína a Singapur.

TJC y Amnistía Internacional (AI) han denunciado la actual oleada de ahorcamientos, que ya superó el récord de 11 en 2022, tras dos años sin ejecuciones por un parón durante la pandemia de covid-19.

Mientras la vecina Malasia abolió en julio de 2023 la pena de muerte obligatoria -hasta entonces impuesta sin alternativa para delitos como narcotráfico y terrorismo- y sustituyó la horca por penas de hasta 40 años de cárcel, la próspera y moderna Singapur mantiene el castigo con el mismo método.

La nación asiática contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos judiciales que ONG y activistas tachan de opacos.

Pese a las críticas de Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, Singapur ha ahorcado a 12 hombres, incluidos cuatro malasios, en lo que va de año, según el recuento público de la agencia antinarcórticos isleña.

Por su parte, ONG como TJC, que suelen recibir la información por parte de los familiares de los condenados, han registrado al menos 14 ejecuciones, y subrayan que las autoridades no informan de todos los casos y que se esperan más ahorcamientos.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la célula del Grupo Saric del Cártel de Los Balcanes que combinaba su tradicional dedicación al transporte internacional de marihuana con el cultivo masivo de marihuana en el Levante español. La operación se ha saldado con la detención de 10 personas y el desmantelamiento de tres plantaciones indoor en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia, donde se han intervenido cerca de 60 kilos de cogollos de marihuana listos para su distribución y alrededor de 1.500 plantas de cannabis en distintas fases de crecimiento.

La investigación, iniciada en junio pasado por la Udyco Central en colaboración con la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió identificar la red como una ramificación del citado Balkan Cartel, integrada en el famoso Grupo Saric, uno de los más poderosos de la organización balcánica. La organización empleaba el tráfico de marihuana como vía de financiación para fortalecer su estructura y planificar futuras operaciones delictivas de mayor envergadura, incluyendo la importación de cocaína que, como se sabe, es la especialidad de esta red criminal.

El Grupo Saric es una de las cinco cabezas más famosas del Cártel de Los Balcanes, junto a los clanes Kavac y Skaljari de Kotor, la Kompania Bello y el clan Tito y Dino. Está iderado por Darko Saric, ciudadano montenegrino-serbio y un capo clave de la cocaína en los Balcanes.

Partiendo de un humilde pasado criminal, rápidamente saltó a la fama en el mundo criminal y, desde aproximadamente 2005, pudo enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa. No alcanzó notoriedad hasta 2009, cuando una operación policial dirigida por la DEA, llamada en código 'El Guerrero de los Balcanes', lo expuso como un importante traficante de cocaína en Europa.

Tras evadir la justicia durante muchos años, se entregó a las autoridades serbias y en 2018 fue condenado a 15 años. En 2021 fue puesto bajo arresto domiciliario, pero fue detenido nuevamente en 2022 por nuevos cargos de narcotráfico; también está acusado de planear el asesinato de un testigo.

Al frente del entramado se encontraban un varón y su progenitor, quienes dirigían y coordinaban las actividades del grupo. El hijo, vinculado a la organización de uno de los criminales más conocidos de Los Balcanes, cuenta con antecedentes por la importación ilícita de varias toneladas de cocaína desde Sudamérica. Su padre figuraba en archivos internacionales por su papel como intermediario en redes de tráfico de drogas entre Los Balcanes y Europa Occidental, habiendo colaborado con organizaciones italianas de relevancia en el narcotráfico.

Tras varios meses de investigación, los agentes localizaron cinco emplazamientos clave para la organización, de los cuales los dos primeros funcionaban como centros de operaciones: una nave en Crevillente (Alicante) y una finca fortificada con una espectacular vivienda en Mogente (Valencia). Además, se identificaron tres emplazamientos adicionales donde la organización desarrollaba actividades ilícitas.

A inicios de septiembre se detectó la llegada desde Serbia de un cultivador especialista en este tipo de plantaciones, lo que hizo sospechar que la organización se disponía a iniciar una nueva cosecha. Por ello, y en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, se solicitaron mandamientos de entrada y registro en las cinco ubicaciones estratégicas para la organización.

El 10 de septiembre se desarrolló un amplio dispositivo policial en Alicante, Murcia y Valencia. En Mogente, los agentes del GEO efectuaron el aseguramiento de la finca fortificada que servía de centro logístico y de producción para el grupo criminal, una auténtica fortaleza ubicada en una zona de difícil acceso, cuya vasta extensión y aislamiento facilitaban la actividad ilícita y dificultaban cualquier intervención externa.

Como resultado de los registros, los diez integrantes del entramado fueron arrestados y se desmantelaron tres plantaciones de marihuana. Uno de los enclaves albergaba un auténtico laboratorio en fase de montaje pese a que ya producía cerca de 1.000 plantas. Asimismo, se incautaron 56 kilos de cogollos de marihuana envasados y listos para su distribución, 4 vehículos, 17 teléfonos móviles, un inhibidor de frecuencia, documentación italiana falsa y otros efectos vinculados con el tráfico de drogas.

Manuel Fernández Padín vive en la calle. "Me han dejado tirado". Cuando han pasado 35 años desde la operación Nécora, el testigo protegido número 2, cuyo testimonio resultó clave para el gran proceso contra los narcos que operaban en Galicia hasta 1990, sobrevive con un subsidio después de que "nadie cotizase por mí en los años en los que estaba protegido". Padín asegura que desde hace días está durmiendo en su coche y que uno de sus hijos, con graves problemas psiquiátricos, "está al borde del suicidio".

Tras más de 20 años amparado por el plan de protección de testigos, el hombre que en su día delató las actividades criminales del Clan de Los Charlines, la famosa organización criminal en cuyo seno trabajó durante un período de tiempo en la década de 1980, asegura que le han dejado "en la puta calle", con una pensión no contributiva y con escasas posibilidades de reinserción social a causa de su edad y de sus largos años lejos de su tierra.

Padín tuvo problemas serios con el consumo de drogas cuando apenas contaba con 24 años. Una sobredosis le hizo dependiente de los tranquilizantes de por vida y la crisis y la falta de oportunidades le llevó, como a muchos otros, a abrazar el contrabando. O eso pensaba él. "Hablé con Manolito Charlín (el hijo de Manuel Charlín Gama), que era de mi pandilla, para pedirle trabajo en el contrabando de tabaco". Cuando ingresó en el clan se encontró con que iba a descargar hachís, primero, y cocaína, después.

Una de las últimas apariciones públicas del exnarcotraficante arrepentido tuvo lugar a las puertas del Congreso en abril de 2023, cuando, con una pancarta, ponía de manifiesto la situación de "abandono" que ya sufría en aquel momento.

Padín declaró a este periódico que se puso en contacto con la subdelegación del Gobierno en Pontevedra para encontrar amparo, algo que por el momento no ha conseguido. Señala que Baltasar Garzón, el juez con el que colaboró en su momento para instruir la histórica operación, le aseguró entonces que su tratamiento sería similar al que se le da a esta clase de personas en países como Italia o Estados Unidos, con una nueva identidad y una vida nueva, algo que no sucede por el momento en España.

Asegura que el Clan de Los Charlines no le ha matado "porque no han querido", al tiempo que insiste en que su declaración fue la única relevante al ofrecer datos del modus operandi de los narcos desde dentro, en el seno de una de las redes que movían el negocio en su momento, mientras que la otra declaración, la del testigo protegido número 1, Ricardo Portabales, "fue fruto de su imaginación". El propio Portabales lo reconocería años más tarde.

En la tarde de este domingo, 24 de agosto de 2025, Padín atendía a este periódico desde el césped de una piscina municipal de Sur del país. "Me cobraron dos euros por ser mayor. Es la única forma de poder dormir un rato completamente estirado, porque el coche es muy pequeño".

"Este es el premio que me dan por colaborar con el Estado, y mientras, los que disfrutan de todos los lujos son los delincuentes", concluye el gallego de Vilanova de Arousa que, un día, resultó clave para quitarles la careta a los grandes capos de la droga que operaban en España en la impunidad.

Padín sufre varias patologías y su alimentación es deficiente. Solicita amparo de la Administración o de personas que tengan capacidad para prestarle una ayuda económica para salir adelante. 

Una operación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha servido para efectuar la primera gran incautación de marihuana procedente de Estados Unidos desde que el uso recreativo de esa sustancia se ha legalizado en amplias zonas del país norteamericano. El hallazgo es histórico en España, pues aunque se ha visto en varias ocasiones en países como Reino Unido, en la península ibérica existe una gran producción ilegal de esta droga. Sin embargo, una red de narcos afincada entre València y Granada generó una ruta que le permitía recibir los cogollos para su posterior venta en países terceros de la Unión Europea.

Las pesquisas se convirtieron en la operación Alfalfa-Padana desarrollada por los dos cuerpos policiales relacionados. Comenzaron cuando la Unidad de Análisis de Riesgos del Puerto de Málaga se percataba de la presencia de un contenedor que contenía hierba para forraje —alfalfa— y, entre ella, también gran cantidad de marihuana. En concreto, de los 4.500 kilos de alfalfa, 323 eran marihuana lista para su venta.

Ante el hallazgo, los investigadores prepararon una entrega controlada hasta dar con el receptor de la carga, un individuo de Granada que fue detenido y que, a su vez, estaría al servicio de otra persona en la provincia de València, que era la responsable de la importación y también del posterior envío hacia otros países.

Tras la actuación, los agentes arrestaron a esas dos personas e investigan a otras siete por su presunta relación con un entramado criminal que acredita que la legalización de esta droga en determinados países genera nuevos problemas de tráfico en otros que nada tienen que ver con ellos. Destaca, además, el método de transporte, el contenedor, no muy conocido para este tipo de sustancia.

Otro narcosubmarino. Un mercante marcado por la DEA de EEUU (Drug Enforcement Administration). Ambos consiguieron descargar la cocaína. En el otro lado del tablero, dos organizaciones albanesas, las más importantes de Europa en la actualidad, despojadas de sendos alijos y debilitadas. La guerra contra las drogas está más viva que nunca en España, en general, y en Galicia, en particular. La Policía Nacional lo sabe, y pone todos los medios de los que dispone. Emilio Rodríguez lidera con éxito los Greco Galicia (Grupos de Respuesta contra el Crimen Organizado) en la Comisaría de Pontevedra. Alberto Morales ha sido promocionado, ya como comisario, al frente de la Brigada Central de Estupefacientes. Antonio Duarte lo coordina todo desde la jefatura de la Udyco Central (Unidad de Droga y Crimen Organizado) en Madrid. Todos ellos integran la cúpula de la la Policía Nacional española en la lucha contra el narcotráfico y repasan un escenario de grandes cambios para Narcodiario, socio de infoLibre. “En Galicia jamás hemos bajado la guardia. Nunca. Los malos lo saben y por eso nos temen. Llevan décadas sin descansar tranquilos”, advierten. Pero ahora el narco español ya es sólo “un peón para el serbio o el albanés”. Los balcánicos rivalizan con los mexicanos por el control absoluto del mercado mundial.

La conversación, que tiene lugar con el semisumergible recién hundido y los motores de la planeadora blanca con la que los balcánicos llegaron a Vilanova de Arousa (Pontevedra) aún calientes, ofrece varias novedades. La más importante, la enorme cantidad de –todas– las drogas tradicionales que se mueve en los mercados clandestinos españoles. La cocaína se paga a mínimos históricos, por lo que ya no es un negocio tan rentable. El hachís sólo cuesta 1.400 euros el kilo, un 50% menos que años atrás. Y la marihuana, sustancia que se producía en masa en la Península Ibérica hasta hace pocos meses, también pierde rentabilidad. La regularización en terceros países ha llevado a los albaneses, históricos dueños de las plantaciones, a dejarla de lado en favor de la droga colombiana. Por último, también se han producido alteraciones en el negocio de la heroína. Países Bajos y Reino Unido se quedan con una sustancia que escasea en España, lo que deja un hueco para la posible aparición del opioide sintético más temido: el fentanilo.

En todo este escenario, Galicia sigue siendo la Champions League en el negocio de la cocaína, al que están saltando de forma paulatina las organizaciones del sur de España, rivalizando en cantidades con sus amigos del noroeste peninsular. “Nos estamos centrando en frenar el avance de la cocaína, de los laboratorios, de la metanfetamina, pero estamos muy preocupados ante la posibilidad de que, en algún momento, debido a la reducción de la oferta de heroína, las organizaciones puedan avanzar hacia los opioides sintéticos, y ahí aparece el fentanilo”, abre fuego Antonio Duarte, jefe de la Udyco Central.

“Las rutas de la heroína que históricamente veíamos a través de los países del Este han cambiado. Hay otro tipo de sustancias copando el mercado europeo. El 90% de la heroína está acabando ahora en el mercado británico y en el holandés. Al resto de los países llegan pequeñas cantidades. Sobre el fentanilo, las 130.000 pastillas que incautamos hace unos meses estaban rociadas, por lo que aparece un leve rastro”, opina Alberto Morales, nuevo jefe de la Brigada Central.

Acercándonos a la actualidad más reciente, se abre el debate sobre la mafia albanesa y su reciente aparición en la provincia de Pontevedra. Morales explica que “ya en 2018 se detectó una organización en Madrid, a la que se intervino un millón y medio de euros en efectivo. Tienen un poderío desmesurado. Son los únicos que tienen tanto el efectivo como la capacidad para superar al resto de las organizaciones europeas, pero no sólo eso. Han pegado el salto a Latinoamérica. Nos encontramos con grandes mafias albanesas operando en Ecuador y Colombia. En esos países crean empresas y logística, todo lo que es necesario para llevar a cabo estas operaciones de tráfico de cocaína. En los contenedores, pero también en embarcaciones. Los hemos visto en veleros, en mercantes o en pesqueros, pero donde verdaderamente actúan es en contenedores. En España, además de la aparición en Galicia, se mueven especialmente en Levante y Cataluña. Allí hay grandes poblaciones de albaneses”, detalla.

“Hemos visto pisos por los que pasaban 20 o 30 albaneses en sólo un mes. Tienen bases logísticas, hacen sus negocios de narcotráfico y se van a un tercer país. Es muy difícil que podamos identificarlos, muchas veces tienen documentación falsa, sobre todo italiana, y lo más importante de todo: son muy cerrados. Intentan hacer todo el negocio solos, por eso han saltado a Latinoamérica a hacer tratos con los proveedores. Ahora mismo, en el paraguas del cártel de los Balcanes, las albanesas son las organizaciones más potentes de Europa. Me atrevería a decir que están al nivel de las organizaciones mexicanas, ellas en el entorno de Estados Unidos y éstas en Europa”.

Uno de los responsables de la doble operación en Galicia fue Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional en Pontevedra. “No es anecdótica la presencia de albaneses en Galicia. Los vimos en 2023 importando de cocaína. En aquel caso, el barco gallego ya estaba ocupado por albaneses, y la organización en tierra también era albanesa. Era el pesquero Bestazurra, que pudimos intervenir. Es cierto que utilizan la estructura de los gallegos, pero intentan hacer todo lo que pueden ellos solos. A finales de 2023 intervenimos un barco que salió de Guyana, otro país emergente en el narcotráfico. El Mathieu tenía una tripulación 100% albanesa y su destino era Galicia. Ésa fue la segunda evidencia. Así llegamos a 2025. Nos hemos encontrado con que al menos en dos ocasiones han intentado botar una lancha e ir en busca de la mercancía desde Vilanova, con una diferencia de dos o tres meses. Tenían estructura como para recibir droga en altamar de forma cíclica”.

En la operación de Rego do Alcalde, la más reciente en la ría de Arousa, el jefe de los Greco de Pontevedra explica que “la organización se apoyaba en personal gallego de segundo nivel, para echar la lancha al agua. Pero los alijadores eran también albaneses. Una cosa que nos llamó la atención el día de los hechos fue la nula seguridad que tenían del entorno. Teníamos miedo de que nos detectasen esa noche, por lo que montamos un dispositivo muy lejano, arriesgándonos a perder la mercancía, para que no nos detectasen, pero no era necesario”. El jefe de la Brigada Central, por su parte, explica que estas bandas albanesas forman parte del cártel de los Balcanes y recuerda una operación en la que un serbio y un gallego acabaron enfrentándose con armas, de la que dio cuenta en primicia Narcodiario. “Son organizaciones muy cerradas. No se delatan unos a otros. Un ejemplo más fue la operación Grajuela, en el sur de España. Una lancha recogió un alijo de un mercante de ganado vivo, el Bader. En ella viajaba un serbio junto a los gallegos. Cuando detectaron la presencia policial, volvieron a altamar. El gallego le indicó al balcánico que había que tirar la droga, y el serbio se negó, hasta el punto que apuñaló a uno de los tripulantes. Ellos le lanzaron al agua y tiraron algunos fardos antes de continuar la marcha. Son herméticos, siempre rige la omertá, el silencio entre ellos, y se adaptan fácilmente a cualquier entorno”.

Sobre Galicia y la cocaína, Antonio Duarte descarta la opción de un Plan Especial para la comunidad autónoma como una opción a corto plazo. “Están aflorando operaciones gracias a la presión policial. En Galicia no se puede combatir el narcotráfico de forma torpe y brusca. Hay que seguir apostando por el trabajo conjunto de las distintas Udyco y por la investigación de la mano de la Fiscalía”, explica.

Alberto Morales ofrece su visión acerca de la recientísima aparición de un nuevo narcosubmarino en las costas gallegas. Recuerda que desde 2003, la Udyco Central ya alertaba de la existencia de sumergibles o semisumergibles: “En 2023 apareció el Poseidón, con la quilla fuera del agua, en Vilagarcía. Nos había coronado [en la jerga del narcotráfico, cuando la cocaína llega a su destino], lo mismo que ocurrió hace un par de días en Camariñas (A Coruña). Volvemos a ratificar que es un sistema utilizado por estas organizaciones. Los construyen en la selva con plenas garantías, los trasladan hacia España y los descargan. Es una historia que, desafortunadamente, está creciendo poco a poco. No llegamos al nivel de Colombia, pero les cuesta 600.000 euros cada artefacto. Los construyen en zonas de seguridad y los lanzan, como mínimo, con tres toneladas. El del otro día, por mucho que nos duela, nos coronó. Lo hicieron la noche anterior a su hallazgo. Las huellas que se vieron en la playa eran muy recientes”.

Así que, añade Duarte, “vuelve a demostrarse la importancia de la Costa da Morte, un enclave histórico desde la época del hachís y el tabaco, y ahora de la cocaína. Los narcos se sienten mucho más impunes a la hora de hacer una descarga. Allí hay escasa vigilancia y las organizaciones están prestas a trabajar en cualquier momento”.

Sobre otra de las acciones policiales recientes en la provincia de Pontevedra, la detención de seis albaneses y tres belgas en relación con un contenedor en el puerto de Vigo, Emilio Rodríguez advierte de que “las grandes organizaciones tienen capacidad para introducir la droga y, en ocasiones, dan todos los pasos hasta el puerto español, donde cuentan con personal corrupto. Pero también se da el caso inverso. El ejemplo de Vigo revela que ha sido la gente de dentro del puerto, la que tenía el contacto para sacar la droga, la que ha ofrecido esa posibilidad a las grandes organizaciones. Una vez que saben de la posibilidad de encontrar un hueco en un puerto, todas ellas van ahí. Una unidad corrupta en un puerto tiene muchas facilidades para trabajar”.

Una de las grandes novedades que expone el jefe de la Udyco Central es el salto del hachís a la cocaína en el sur de España. “Las organizaciones han visto que la cocaína es mucho más rentable y se dedican a ello. Además, temiendo que otros grupos del este de Europa o la Mocro Maffia busquen operar en la misma zona, están acompañados de muchas armas. Por ahora no han atacado a policías ni ciudadanos, pero podría pasar en un momento determinado. Ésa es nuestra preocupación. Son organizaciones autóctonas, de transporte, como ocurre en Galicia. Detrás de ellas están los colombianos, los albaneses o los serbios, ubicados en Málaga o en Madrid. Lo que ocurría antes en el Campo de Gibraltar se ha trasladado al Guadalquivir y su desembocadura. Es muy complicado seguir a estas lanchas. Es un periodo de cambio, de salto del hachís a la cocaína”.

Por su parte, Alberto Morales expone novedades en todos los mercados de las drogas en España. “La cocaína está a precios irrisorios, a 17.000 euros el kilo en España y a 22.000 libras [26.143 euros] en Reino Unido. Ha bajado mucho. El hachís se está vendiendo a 1.400 euros el kilo. Si este precio baja tanto es porque hay mucha mercancía, y sigue entrando. Es una amenaza completa contra la seguridad del Estado. No sólo son drogas, son armas, es violencia. Hay mucha oferta, muchos robos, y al estar inmersos en conflictos armados, es mucho más fácil acceder a armamento militar. El conflicto de Ucrania se lo permite. No hay operación sin esta clase de armas, AK-47, granadas..., una barbaridad”.

A ello se añade lo que ocurre con la marihuana, un negocio que ha dejado de ser rentable para las grandes mafias albanesas ante la llegada de partidas por contenedor desde países en los que se ha legalizado, como Canadá. Más cambios en el horizonte.

El policía más pegado al territorio gallego es Emilio Rodríguez. “Hay pocas organizaciones gallegas con capacidad para adquirir la cocaína en origen, pero siguen completamente activas. Tienen contactos en Colombia, en Madrid y en la Costa del Sol, y operan de forma autónoma. En un segundo escalón están las organizaciones criminales de logística, dedicadas al transporte, descarga y almacenamiento de la droga para llevarla al resto de Europa. Trabajan a requerimiento, siempre tras un contacto de las grandes organizaciones”, revela el jefe de Greco Galicia, al tiempo que avanza un salto hacia adelante de los grupos criminales. “Tenemos que olvidarnos de los alijadores para una noche o de alijadores que frecuentan los bares, o alijadores con vehículos de alta gama. Eso ya no existe”.

Sobre las redes gallegas, Duarte, jefe de la Udyco Central, se manifiesta preocupado por situaciones inusuales que se están viviendo en algunos procesos judiciales que se desarrollan en la provincia de Pontevedra. “Estamos observando con tristeza en algunos juicios que los traficantes, convertidos por sus abogados en payasos, banalizan y juegan con el drama del narcotráfico. Y que desgraciadamente algún personaje sin mucha preparación se hace eco de ello, algo que la ciudadanía observa con sorpresa”.

Rodríguez, por su parte, pone en valor las incautaciones de droga, aunque en el primer momento no se logren detenciones en tierra. “En ciertos ámbitos se menosprecia la intervención de barcos y la caída de droga sin detenidos, y no es un éxito pequeño. Ahora, tras la desencriptación de las comunicaciones, hemos podido vincular a grandes organizaciones, grandes capos, con droga intervenida años antes. Nuestro objetivo es desarticular organizaciones, pero también intervenir una droga que posteriormente, en un futuro, podamos vincular a la organización”.

Duarte analiza con detalle lo que sucede en otros países, y advierte de que se han detectado “graves problemas relacionados con el crimen organizado en Europa que se van a extender a España. Desde la Comisaría General de Policía Judicial se anticipa su llegada aquí. No podemos bajar la guardia. Tenemos que luchar contra los principales actores en lugares como los puertos. Existe un riesgo cierto”, A su juicio, hay “un claro incremento de la presencia de armas”. “Presionamos todas las zonas calientes y buscamos atacar los objetivos más importantes con el apoyo de jueces y fiscales. Tenemos que ampliar la presión a otras zonas”, alienta.

El jefe de la Udyco señala sus principales objetivos. “Junto a otras policías de Europa”, detalla, “seguimos luchando contra las mafias del tráfico de drogas allá donde estén. Investigamos a los líderes de las organizaciones, tanto en el sur de España como en Galicia. Esta presión los sitúa al margen de la actividad criminal, porque saben que estamos encima de ellos constantemente. Los buscamos en Dubái, en Turquía, en Marruecos, en Italia, allí donde estén. Normalmente los grandes capos trabajan desde fuera de nuestro país. Aquí están los peones. El español es un peón para el serbio o el albanés. Ellos mismos van a origen y gestionan la carga, el transporte, la recepción. Necesitan a gente local para cuestiones menores”.

Para Alberto Morales, jefe de la Brigada Central, en cualquier caso, “el gallego no pasa de moda. Nunca descendió de división. Sigue siendo la Champions League en el tráfico de cocaína. Por suerte, la sociedad gallega está muy concienciada en el narcotráfico, lo que hace que las operaciones tengan un eco muy importante. Las organizaciones siguen aprovechando su estructura, pero estamos encima. Los albaneses intentan operar de forma autónoma… pues nosotros los descubrimos”.

También describe el modus operandi de los auténticos dueños de los alijos. “Los grandes capos no están en España. Se reúnen tres o cuatro grupos que invierten, se sientan en una mesa a la espera de que una operación se desarrolle. Esa mesa suele estar en Dubái, un país que por determinados delitos sí entrega a personas, pero por narcotráfico es complejo. Tenemos objetivos pendientes de detener en esa zona y también en Turquía. [Los capos] Están viviendo allí en una jaula de oro, no tengo la más mínima duda. Ellos invierten en la operación y, como tienen una gran estructura, pagan la mercancía en origen, suministrada por los colombianos. La droga está pasando la frontera hasta Ecuador y es desde allí desde donde la están lanzando”.

Y lo hacen desde un lugar estratégico, por un motivo que para Alberto Morales es evidente. “Ecuador es un país en un momento difícil por la corrupción, los cambios de gobierno continuos, con puertos con pocas medidas de seguridad y corruptos, lo que permite a los narcos realizar grandes cargas de cocaína sin problema”, lamenta.

En este momento, el comisario recuerda lo que ha ocurrido en España, con la reciente caída de miembros de las fuerzas de seguridad, uno en Madrid y otro en Valencia, por colaborar con el narco. “Esa corrupción también ocurre en los puertos europeos, eso es indudable. Lo hemos visto en el caso del inspector jefe [detenido con 20 millones en efectivo escondidos en una pared de su casa] o del teniente de la Guardia Civil [responsable del puerto de Valencia]. Las unidades antidroga estamos muy pendientes de cualquier caso de este tipo”.

Estados Unidos acaba de abrir el melón de regular el cannabis para su uso medicinal. El pasado viernes, The New York Times publicaba que varios científicos federales planteaban dos cambios "trascendentales". Por un lado, rebajar la peligrosidad de la marihuana; por otro, recomendarla con fines terapéuticos. Aunque es la droga ilícita de la que se abusa con mayor frecuencia, recogía el medio, su consumo "no produce resultados graves", sentenciaban los investigadores en un documento de más de 250 páginas. Por el momento, la regulación en el país depende de cada estado, pero con esta investigación se abre la puerta a unificar criterios, un objetivo que también persigue España, donde el debate se abre y se cierra de manera más o menos periódica desde hace años. Ahora, el Ministerio de Sanidad abordará el plan de manera decidida. El objetivo, tener lista la regulación que tanto reclaman los colectivos a lo largo de este año.

Se trata de un asunto complicado en el que la opinión social ha seguido un ritmo muy diferente a la política. Un barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en abril de 2021 reveló que el uso terapéutico del cannabis cuenta con el respaldo de más del 90% de los encuestados y con la oposición de tan sólo el 4,6%. No sólo eso. Hasta la mitad de los más de 3.000 entrevistados estaba a favor de que se legalizara su venta. Un porcentaje 10 puntos más bajo, el 40,9%, estaba en contra.

A la vez, numerosos estudios e investigaciones científicas han apuntado en no pocas ocasiones a los beneficios del uso terapéutico del cannabis. Por ejemplo, miembros de la International Association for Cannabinoid Medicines (ICAM) enviaron al Parlamento Europeo una carta firmada en la que aseguraban que han comprobado que "personas gravemente enfermas se benefician de tratamientos con medicamentos basados en el cannabis". "El espectro de enfermedades va desde el dolor crónico con diversos orígenes a enfermedades inflamatorias crónicas, desde trastornos neurológicos hasta enfermedades asociadas a pérdida de apetito o náuseas, desde afecciones psiquiátricas hasta muchos otros cuadros patológicos", desglosaban. "El cannabis es una fuente muy rica de posibilidades de tratamiento. Como clínicos, no queremos prescindir de todas las opciones terapéuticas que esta planta nos ofrece, tanto a nosotros como a nuestros colegas, para llevar toda esta riqueza a nuestros pacientes", sentenciaban. Y pedían, igual que ahora se plantea en Estados Unidos, unificar criterios.

En concreto, lo que los investigadores federales plantean es sacar a la marihuana del listado I de drogas, el que también incluye otras sustancias como la heroína. En su lugar, apuestan por incluirla en el III, junto con la ketamina y la testosterona, que están disponibles con receta médica. Según informa The New York Times, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) está considerando la propuesta, sobre la que se espera que decida en unos meses.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), también en 2019, apostó por algo parecido: por dejar de considerar la marihuana una droga grave y empezar, así, su regulación como terapia para determinados dolores crónicos.

En Europa muchos muchos han seguido estos pasos. De hecho, en el continente tan sólo quedan España y Bélgica por regular el uso medicinal del cannabis, algo que en otros países como Reino Unido, Portugal, Irlanda, Países Bajos o Italia ya hicieron hace años y que otros como Alemania pretenden ampliar. Será previsiblemente a partir del 1 de abril, cuando se permita el cultivo doméstico y la posesión de ciertas cantidades de la planta. "En las negociaciones hemos acordado un cambio de paradigma en la política de drogas respecto al cannabis, reconociendo expresamente la realidad social", anunciaron el pasado mes de noviembre en Berlín los portavoces de salud de los grupos parlamentarios del Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), Heike Baehrens, Janosch Dahmen y Andrew Ullmann, respectivamente.

¿Por qué España todavía no ha regulado nada? Propuestas no han faltado, aunque por ahora todas han caído en saco roto. A pesar de ello, fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran a infoLibre que retomarán el asunto desde ya. Empezarán, especifican, por reunirse con los colectivos que han trabajado el tema, como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Su presidenta, Carola Pérez, asegura en conversación telefónica que, aunque todavía no han recibido una invitación formal, están "muy contentos". "Que consulten con personas que llevamos tantos años trabajando en esto es una buenísima noticia. Ser de los últimos en regular tiene que tener la ventaja de que podemos aprender de lo bueno y lo malo que han hecho otros países de nuestro entorno", señala.

El último intento de regularización se guardó en un cajón, pero es el que ahora retomará el departamento que dirige Mónica García, que ya fijó este asunto como una de sus prioridades para la legislatura. De hecho, en diciembre ya hubo reuniones entre el Ministerio y el equipo de dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para recuperar la orden ministerial que el organismo envió al anterior ministro José Manuel Miñones después de que una subcomisión del Congreso de los Diputados aprobase que era necesario comenzar a legislar el cannabis con uso terapéutico. Según explican desde Sanidad, se trata de un texto muy garantista que, una vez aprobado, será mejorado desde la evidencia científica, pero siempre tratando el cannabis como un medicamento.

Ahí está el cambio de paradigma. Hasta ahora, la marihuana está en un limbo dentro de nuestro país, puesto que el autoconsumo en el hogar está permitido y la posesión de plantas, mientras no se vean desde la calle —donde sí que está restringida su tenencia— también. El Congreso, con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT y los votos en contra de PP y Vox, abrió la puerta con su propuesta a la dispensación de cannabis medicinal en farmacias comunitarias para pacientes que sufran "esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)".

En cuanto a la prescripción, el texto indica que se debería realizar "exclusivamente" por profesionales sanitarios "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios sanitarios", más concretamente por médicos especialistas. Para ello, piden que se promueva la formación en el uso terapéutico del cannabis entre los profesionales de la medicina. La subcomisión también aconsejó la puesta en marcha de un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud.

Hasta ahora, se comercializan dos medicamentos que usan los principios del cannabis: Sativex y Epidiolex, que únicamente se dispensan en farmacia hospitalaria para casos de esclerosis en el primer caso y para epilepsia en menores en el segundo.

Pero desde el Observatorio Español de Cannabis Medicinal, en cambio, piden ir más allá. Por un lado, señala Pérez, les parece "un error" que la prescripción se circunscriba únicamente a la sanidad pública. "Ahora mismo está desbordada y estar en una lista de espera supone en muchos casos muchos meses de dolor", lamenta. Por otro, solicitan que las patologías para las cuales se puedan dispensar este tipo de medicamentos comprendan "el abanico más amplio posible". De no regular en este sentido, advierte la presidenta de la organización, no frenará que el cannabis siga comprándose y vendiéndose "en el mercado negro", algo que conlleva una serie de peligros para el usuario derivados de la falta de control del producto.

España solía ser un lugar de tránsito para el tabaco de contrabando procedente de los desechos de las grandes firmas del sector, con entradas por Galicia, al noroeste, y Algeciras, al sur. Después comenzó a operar de cabeza de puente hacia Europa para el hachís marroquí, que llegaba en grandes barcos al mismo noroeste –con alijos de más de 30.000 kilos en la década de los 90– y en embarcaciones de pequeño tamaño al sur –las precursoras de las actuales narcolanchas–.

Pero, casi sin darse cuenta, el país se convirtió en la gran puerta de entrada para la cocaína en el continente, que llegaba de la mano de los cárteles de Cali y de Medellín en los 80 y hoy sigue alcanzando las costas de la Península Ibérica sobre todo por la fachada atlántica.

Sin embargo, el escenario actual ha cambiado, tal y como revelan los mayores expertos y ha quedado acreditado por los NarcoFiles, el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida en España con infoLibre y Narcodiario y con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. Aquí puedes ver el dosier con las informaciones publicadas hasta la fecha.

Con los escenarios anteriores –salvo el del tabaco– plenamente vigentes, las grandes mafias autóctonas y extranjeras han visto en España un lugar perfecto para crear un negocio alrededor de la droga que abarque todas las fases del ciclo productivo. Para ello comenzaron a establecer centros de cultivo de cannabis hasta alcanzar cotas similares a las de Marruecos, llenando de cosechas clandestinas todas las comunidades autónomas, pero especialmente Andalucía y Cataluña. España ya es la huerta de Europa de la marihuana.

“Somos el número uno, el mayor productor europeo de marihuana”, resalta el comandante Fran Torres, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Los albaneses lo están aprovechando para establecerse en España. La marihuana no está tan mal vista, pero va camino de ser más peligrosa que la cocaína por la violencia que acarrea”, añade el investigador. “Si me intervienen 1.000 plantas en mi casa y es muy probable que no vaya a prisión. Es un negocio que cuesta muy poco: puedes comprar el material en cualquier growshop con una inversión de 20.000 euros, y la vas a amortizar probablemente en la primera cosecha, que tienes en cuatro o cinco meses, con una rotación que te da unos beneficios económicos brutales”, concluye el guardia civil, quien alude al bajo reproche penal por este delito como un factor diferencial.

La fiscal jefa antidroga, Rosa Ana Morán Martínez, también pone el foco en la creciente violencia con que se conducen las organizaciones dedicadas al cannabis. En Cataluña, destaca la memoria de la Fiscalía recién publicada, se han instalado organizaciones extranjeras que se dedican a plantar cáñamo y distribuir después la cosecha “por toda Europa”, vendiendo las plantas en tiendas físicas o en webs, aunque también utilizan el correo postal o la paquetería.

Al mismo tiempo, y sin hacer ruido, se han instalando también los primeros laboratorios de cocaína. Al principio, sólo con dos o tres cocineros, y ahora con auténticos especialistas que viajan directamente desde Colombia para trabajar en los centros de producción y obtener una mercancía cuya calidad es superior a la que se obtiene en América Latina, rozando –y en ocasiones superando– el 90% de pureza.

“Me pidieron el pasaporte y se encargaron de todo. Yo sólo me trasladé a Cali, donde en una agencia de viajes me entregaron los billetes de avión de Bogotá a París y de allí a Portugal. Viajas como turista y no tienes que hacer nada”, explica a OCCRP cómo llegó a España un experto cocinero de cocaína, que sigue en plena actividad aún hoy. De 47 años y originario de Putumayo, la región de Colombia con más laboratorios en plena selva, asegura que allí “es el día a día de cada familia, se aprende a trabajar con la coca antes que a leer y a escribir”. Por un sueldo de unos 400 euros por cada kilo de cocaína generado, el especialista, carente de antecedentes penales, está operativo ahora en el extrarradio de Madrid, la zona en la que se han destapado la mayor parte de los centros de procesamiento del polvo blanco sudamericano en la Península Ibérica.

El desmantelamiento de un laboratorio en Pontevedra a finales de marzo, con capacidad para producir 200 kilos al día y con 7.500 kilos de pasta base listos para ser transformados –de ellos se intervinieron unos 1.300– supuso un golpe de efecto, pero no el único ni el último: 128 estructuras de transformación de droga colombiana, de mayor o menor tamaño, han sido descubiertas en el país en la última década. Según las cifras facilitadas por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), dependiente del Ministerio del Interior, entre enero de 2012 y septiembre de 2022 fueron detenidas 625 personas en unas operaciones que permitieron a las fuerzas del orden incautarse de 3,53 toneladas de cocaína.

La mayoría de los arrestados eran –además de españoles– colombianos, que son quienes proporcionan la droga y dominan la química y la técnica para elaborarla, y adulterarla, antes de su venta en el país de destino. Lo que no es óbice para que –como corresponde a un negocio tan globalizado como los legales–, entre los cocineros, químicos y notarios –los capataces, venidos desde Colombia– de los laboratorios se hayan encontrado serbios y albaneses –los balcánicos cotizan al alza en el narcotráfico europeo– e incluso húngaros, aparte de ciudadanos procedentes de toda Latinoamérica.

“Me ofrecieron un trabajo rápido, de dos semanas, que consistía en sacar la base de pellets de plástico y transformarla en clorhidrato de cocaína”, explica el cocinero, que cuenta con todo un equipo a su servicio para procesar los paquetes de droga. Una persona organiza el trabajo y el resto de los empleados entran en el laboratorio “sin comunicación”. “Al terminar vienen a buscarte y te sacan. No ves nada”, describe. Son, pues, estructuras perfectamente organizadas desde el origen que cuidan cada detalle para evitar ser descubiertas y que procesan droga las 24 horas al día para obtener el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Y en un tiempo récord.

Emilio Rodríguez, jefe de los Greco de la Policía Nacional y responsable de la operación que sirvió para desmantelar el laboratorio de Cotobade (Pontevedra), ubicado en una zona rural de difícil acceso y considerado el mayor de Europa hasta la fecha, señala que la estructura criminal se instaló en apenas “cuatro meses”. El centro de producción de droga se encontraba en una vivienda de tres plantas con su galpón anexo, donde fueron hallados, además de unas 30 toneladas de precursores líquidos y sólidos, depósitos de acero y plástico, extractores, calentadores, hornos microondas, ventiladores, un generador eléctrico diésel, bombas de agua, un compresor de aire y electrobombas, todo ello con el único fin de transformar la pasta base en clorhidrato de cocaína. Después se supo que obtenían purezas superiores a las conseguidas en la selva colombiana, que oscilan entre un 78% y un 84%.

“En el laboratorio objeto de investigación había personal de México y de Colombia, que fue reclutado de otras instalaciones en la selva. El reclutamiento se pudo hacer en el país de origen entre los propios trabajadores de la organización”, explica el responsable policial, quien subraya que en Pontevedra fueron detenidos siete colombianos y un mexicano, el jefe, el único que tenía contacto con el exterior. “El fenómeno se va a extender de forma exponencial debido fundamentalmente a lo rentable del negocio y a la situación actual de la producción de la cocaína en Sudamérica [la sobreproducción ha hundido los precios]”, asegura Rodríguez.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que, cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye el investigador. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

Donde más laboratorios clandestinos dedicados a la cocaína se ha desmantelado en España es en la Comunidad de Madrid, un total de 31 en 10 años. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 27, y Cataluña, con 20. Las dos primeras, por tanto, suman el 45% de las instalaciones clandestinas descubiertas. Pero también Castilla-La Mancha, quizá por su proximidad a la capital, tiene un buen historial, con 12 instalaciones cerradas. En Murcia fueron descubiertos nueve laboratorios, una cifra considerable si se tiene en cuenta que son los mismos que en Andalucía, cuya extensión multiplica casi por 100 la murciana.

En cualquier caso, el laboratorio donde más cocaína ya elaborada se confiscó hasta la fecha en España fue uno desmantelado en 2015 en una nave industrial de Chiva (Valencia), donde los cinco detenidos –dos de ellos colombianos y un tercero, un empresario de Albacete y químico de profesión– pretendían transformar en producto listo para la venta un total de 1.520 kilos de cocaína que acababan de desembarcar en el puerto de Valencia mezclados con carbón. No llegaron a ponerse a la faena porque fueron detenidos antes por la policía. La Audiencia Provincial de Valencia condenó al organizador español del envío a ochos años y 10 meses de prisión, y a siete años y seis meses a los dos colombianos, presumiblemente los cocineros que iban a extraer la cocaína camuflada en los sacos de carbón. En otras operaciones, las cantidades de droga intervenida fueron mucho menores. De hecho, el segundo por volumen intervenido, es un laboratorio de Navalagamella (Madrid), donde se encontraron sólo 320 kilos en 2022.

Antes del gran hallazgo de Pontevedra, sin embargo, existen numerosos precedentes que dejan claro que España lleva produciendo cocaína desde hace muchos años y, en al menos cuatro ocasiones más, a partir de pasta base. El primer gran caso conocido y desarticulado por el Cuerpo Nacional de Policía tuvo como protagonista a Ana María Camena, conocida como La reina de la coca y destacada integrante de Los Miami, una de las mayores redes de tráfico de cocaína de todos los tiempos afincada en Madrid y con cabecillas españoles con tratos directos con los colombianos. Fue en 2011 en el marco de la Operación Colapso. Se intervinieron 300 kilos de cocaína y 33.000 kilos de sustancias químicas para su elaboración, así como dos millones de euros en efectivo, que dan una muestra clara del poder de aquella organización criminal.

Sólo un año después y también en Madrid –la capital y su entorno acogen la mayor parte de estas infraestructuras–, la policía descubrió un sistema de introducción de pasta base dentro de muebles de madera. Tres ciudadanos colombianos habían llegado a España para cocinar la droga. Ese mismo año se descubrió en Cataluña otro laboratorio de elaboración de cocaína cuyo destino final eran los Países Bajos.

En 2015 y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), se produjo un hallazgo interesante: una estructura dotada de un zulo donde los narcos ocultaban los productos químicos, el material de laboratorio y la propia cocaína que iban procesando. La policía detuvo a siete personas como responsables.  

Dos años más tarde, en una localidad de Guadalajara, una vez más cerca de la capital de España, los especialistas antidroga encontraron unos grandes barriles con huecos idénticos a los que se emplean en los laboratorios de Colombia para colocar las cubas en las que se sintetiza la cocaína.

En 2019 se intervino el mayor laboratorio de cocaína descubierto en Barcelona hasta la fecha. Era la Operación Ferro, que incluyó la aprehensión de un semisumergible sin estrenar en una nave de Málaga y 50 detenidos en distintas provincias. Se decomisaron 22 toneladas de sustrato de coco impregnado en cocaína para su posterior extracción en la cocina clandestina, así como 400 kilos ya preparados y 12.000 kilos de precursores.

Ese mismo año, en la localidad toledana de Casasbuenas, quedó al descubierto el que hasta entonces era probablemente el laboratorio de mayor capacidad alimentado con pasta base, como el de Pontevedra. Nueve personas, algunas de ellas vinculadas a las FARC, fueron detenidas. Se calcula que podían producir 500 kilos de clorhidrato de cocaína al mes.

Ya en 2020, la Policía Nacional intervino otros dos centros de producción de la droga de origen sudamericano, uno en Alicante y otro en Cádiz. El primero incluyó el decomiso de 650.000 euros en efectivo y numerosas armas. En el segundo también llamó la atención el arsenal. Los narcos comenzaban entonces a protegerse ante la proliferación de vuelcos –robos de droga perpetrados por otros delincuentes– que se extendían como la pólvora en toda España. Así, este año no ha habido operación antidroga en la que no se haya decomisado armamento letal.

En 2021 se desmanteló una instalación al aire libre que recibía la materia prima en forma de pasta base oculta en sacos de arcilla en San Martín de la Vega (Madrid). Allí se hallaron cinco toneladas de precursores químicos, además de todo el material preciso para el laboratorio. Ese mismo año fue localizada otro gran laboratorio en una finca de alquiler turístico de Madrid. En él se extraía la cocaína que llegaba a España impregnada en pintura en polvo, un sistema indetectable para las aduanas. Se calcula que producía unos 300 kilos al mes.

En 2022, en una localidad de Toledo, la Policía Nacional cazó in fraganti a cinco personas trabajando en otro recinto que, según las autoridades, podía procesar hasta 150 kilos al mes. Y ese mismo año, en la Operación Silcon, fue localizada la instalación más parecida hasta la fecha a la de Pontevedra, con capacidad para elaborar 120 kilos cada semana “a imagen y semejanza de los de la selva colombiana”. La cocaína llegaba a España impregnada en cemento. Doce personas fueron detenidas.

Además de las diferencias de volumen, el ritmo de desmantelamiento de los laboratorios ha variado, y mucho, a lo largo de la década. En 2013 y 2014 se descubrieron hasta 21 y 20 instalaciones, respectivamente; en 2015 fueron 18 y en 2016 llegaron a 14. Pero desde entonces las operaciones contra laboratorios han decaído: en 2018 fueron sólo cuatro, en 2019 sólo cinco. El año de la pandemia, 2020, se quedaron de nuevo en cuatro. Desde 2021, cuando alcanzaron la decena, ha habido un ligero repunte. Hasta septiembre de 2022 se han cerrado siete operaciones.

La química industrial no sólo es necesaria para elaborar, extraer o adulterar cocaína. El primer laboratorio de heroína descubierto en España estaba en Fuensaldaña (Valladolid) y fue desmontado en 2013. La policía detuvo a 12 personas. Atribuido en parte al famoso clan de Los Charlines, organización gallega dedicada a introducir cocaína colombiana a gran escala, obtenía la droga a partir de morfina para su venta en todo el país.

El segundo fue desmantelado en Quintanar del Rey (Cuenca) al año siguiente. Los 10 detenidos eran sirios y habían levantado una instalación donde habrían podido producir hasta 100 kilos de heroína.

También hay plantas clandestinas para elaborar drogas sintéticas. En 2017 se descubrió en Lleida un centro de producción de speed –sulfato de anfetamina–. Y el año pasado se destapó una organización que utilizaba varias viviendas en Barcelona como laboratorios: se intervinieron 336 kilos de MDMA, anfetaminas, éxtasis, metanfetamina, GHB y GLB.

“Pensamos que existen instalaciones perfectamente productivas en países del entorno de la UE. Es comprensible que cuanto menores son los controles, más facilidades existen para que las organizaciones exporten pasta base, adquieran insumos e instalen laboratorios”, concluye Emilio Rodríguez, responsable del operativo que cerró el laboratorio de Pontevedra. La rentabilidad es mayor que en los alijos clásicos, pues no hay que pagar sobornos ni contratar embarcaciones, ni siquiera buscar una guardería para almacenar una sustancia que, según sale de los hornos microondas, ya se distribuye a los compradores al por mayor. Los NarcoFiles demuestran así que España ya no sólo recibe, sino que también trasforma y produce cocaína para consumidores de toda Europa.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Los grandes capos colombianos llegaron a España en los años 80 tras la violenta espiral que azotó Cali y Medellín y el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar y, con más firmeza, Gilberto Rodríguez Orejuela echaron raíces a este lado del Atlántico para introducir su cocaína en Europa. Un negocio que ya era floreciente para ellos en dirección a Miami o Nueva York precisaba de nuevos mercados y París, Madrid, Londres o Milán eran perfectos. En la década de 1990, los traficantes locales ya tenían sus propias redes y sus conexiones perfectamente engrasadas para introducir la sustancia, que principalmente entraba en lanchas rápidas por la costa noroeste española.

En ese tiempo, coincidiendo con el crecimiento económico y social del país tras los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla, también comenzaron a establecerse en la Península Ibérica excombatientes de la guerra de Los Balcanes. Muchos de ellos permanecían un tiempo en Italia, donde estrechaban lazos con la Camorra napolitana o la 'Ndrangheta, la mafia calabresa. Unos –balcánicos, tanto albaneses como serbios y croatas– y otros –transalpinos– se asentaron en España, sobre todo en la Costa del Sol. Primero cometían robos o prostituían a sus compatriotas, incluso familiares directas, pero pronto apreciaron los mayores beneficios y el menor riesgo que les brindaba el narcotráfico. Ahora dominan el mercado de la cocaína.

Con el cambio de siglo, con el bum del mercado inmobiliario y el auge del turismo, delincuentes de otras nacionalidades pusieron su pie en España, algunos por casualidad y otros por puro negocio. Entre estos últimos estaban los Kinahan irlandeses, el mayor cártel de la droga de las islas británicas y cuyos líderes encontraron un buen refugio en las costas andaluzas. También rusos, franceses, holandeses y suecos se instalaron en la Península. Algunos se fijaron en el sur de Europa en busca del apreciado hachís marroquí, aunque pronto se percataron de que la droga sudamericana les pasaba ante sus narices y apostaron fuerte para hacerse con su parte del pastel.

En 2023, con Colombia produciendo más cocaína que nunca, los mexicanos, que hasta ahora habían preferido Estados Unidos y dejado Europa para sus vecinos del sur, han aterrizado en España. Y para quedarse. Los sucesores de los cárteles de Cali y Medellín tienen oficinas estables en Madrid, Galicia, Málaga y hasta en las Islas Canarias. El cártel de Los Balcanes domina parte de la recepción de los alijos, tanto en los puertos como en embarcaciones. Los semisumergibles se han convertido en una alternativa completamente segura, pues las fuerzas de seguridad no disponen de la tecnología necesaria para detectarlos. Y la Mocro Mafia, la violentísima organización criminal que lidera desde prisión el holandés de origen marroquí Ridouan Taghi, asoma su alargada sombra, repartiéndose el pastel de mala gana con serbios y albaneses.

Todos ellos trabajan de forma coordinada, en auténticas cooperativas del crimen, según revela NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una investigación periodística internacional coordinada por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que se inició con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de La Nación de Colombia que fue compartida en España con infoLibre y Narcodiario y con más de 40 medios de comunicación en todo el mundo. infoLibre la publica desde hoy en exclusiva en España.

“El cártel de Los Balcanes, la 'Ndrangheta, la Mocro Mafia y los grupos británicos e irlandeses quieren controlar todas las etapas del tráfico de drogas. Ya compran el hachís directamente en Marruecos, la cocaína en Colombia o la metanfetamina en México. Controlan el transporte y luchan por dominar los puertos, que son para ellos la joya de la corona. Todos quieren controlarlos”, explica Antonio Martínez Duarte, jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central de la Policía Nacional. Las redes internacionales de narcotráfico “y el crimen organizado en su conjunto se sirven de la globalización y de que los controles fronterizos son cada vez más relajados”, añade, “y evitan, si pueden, a los comisionistas locales, acudiendo directamente al proveedor”.

El último gran ejemplo de esta operativa trascendió en septiembre, cuando la Udyco Central puso fin a una red que introducía cada mes decenas de toneladas de cocaína de al menos 33 organizaciones distintas a través de contenedores marítimos. La droga, se sospecha, llegaba desde Colombia hasta Guayaquil (Ecuador) por carretera, procedente de los laboratorios ubicados cerca de la frontera que comparten ambos países. Allí se introducía en contenedores de bananas y llegaba a Lisboa previo paso por Algeciras. En este puerto fueron incautados 9.500 kilos que no componían la totalidad del cargamento y que Narcodiario calcula en unas 15 toneladas.

Después, desde la capital del país luso salía toda una flota de camiones que entregaba su parte a gallegos, rusos, serbios, británicos, italianos y turcos, entre otros. Precisamente Estambul se ha convertido en un nuevo actor, incipiente, tanto para recibir cargamentos como para acoger a los propios capos, que saltan hasta allí desde el otro gran refugio de los grandes narcos, Dubái. En Turquía pueden disfrutar de los privilegios que les conceden sus ilícitas ocupaciones sin esconderse, algo que les resulta más complicado en Europa Occidental.

España es también, según desvelan los NarcoFiles, un enclave privilegiado para el blanqueo de capitales obtenidos por estas redes criminales. La Udyco de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explican que el mercado inmobiliario de los miles de kilómetros de costa peninsular –y de las islas– del país son un caramelo muy apetecible para quienes lavan los beneficios de la cocaína. La compra de inmuebles se une al auge del turismo, que sitúa al sector hostelero en el centro del escenario para blanquear, con los locales de ocio como punta de lanza.

Otros esquemas tradicionales, tales como el envío de dinero mediante mulas aéreas, la compra de grandes cantidades de productos tecnológicos vía China por parte de empresas de Sudamérica o los ingresos en paraísos fiscales mediante empresas pantalla, siguen siendo formas habituales para devolver el dinero al dueño de la droga. En 2023 aparece un nuevo invitado: las criptomonedas, muy difíciles de rastrear y aún más difíciles de aflorar para las autoridades.

NarcoFiles destapa también, por ejemplo, los nexos entre colombianos, mexicanos, españoles y holandeses para obtener, procesar, transportar y vender grandes cantidades de cocaína en el floreciente mercado europeo. “Los jefes de los cárteles, conocedores de cómo evadir la acción de la Justicia, se distancian cada vez más de la droga, y también de los ajustes de cuentas. Buscan obtener el máximo beneficio eludiendo la responsabilidad penal, haciendo uso de telefonía encriptada, de criptoactivos y buscando lugares como Dubái, donde piensan que están protegidos”, destaca el comisario Duarte.

Policías europeos comparan la lucha contra el crimen organizado actual con la Hidra de la mitología griega: al arrancarle al monstruo una de sus muchas cabezas, crecían dos en su lugar. Así lo explica Europol: “incluso las más exitosas operaciones policiales apenas tienen consecuencias a largo plazo sobre el crimen organizado global… extirpar una cabeza no mata al monstruo”.

En España han sido detenidos a lo largo de los años algunos de los narcotraficantes más conocidos en todo el mundo. Nombres como el colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali; integrantes del Kinahan Cartel irlandés, el exmayor de la Policía Militar de Brasil Sergio Roberto de Carvalho, algunos distinguidos miembros de la 'Ndrangheta, Jonas Falk, conocido como El Pablo Escobar sueco; la flor y nata de la mafia turca, rusos, marselleses, los marroquíes-holandeses de la Mocro Mafia y, últimamente, los serbios y albaneses del cártel de Los Balcanes, también los mexicanos. Todos ellos han sido descubiertos haciendo negocios en la Península Ibérica.

España dispone de grandes puertos marítimos, entre los que destaca el de Algeciras, al sur del país, donde la compra de funcionarios es una constante. “En los lugares donde operan los estibadores se produce la corrupción”, apunta Macarena Arroyo Marín, fiscal Antidroga de El Campo de Gibraltar, una de las zonas más sensibles de Europa en lo que se refiere al tráfico de drogas. Las rutas de la banana, principalmente desde las seis terminales portuarias de Guayaquil, en Ecuador, pero también directamente desde Colombia, son el canal principal para los envíos. La Policía Nacional investiga a las principales empresas del transporte bananero en ambos países en busca de nexos con las redes de la cocaína que, por muy evidentes que puedan parecer, no están acreditados.

El puerto de Valencia es el primero en tráfico de contenedores de España y el tercero de Europa por volumen de incautaciones de droga, toda una referencia, por tanto, para este tipo de cargamentos ilegales, aunque las mafias de la droga siempre intentan diversificar el riesgo y, para ese propósito, la Península Ibérica es excelente. La gran diferencia con respecto a Bélgica, Países Bajos, Francia o Alemania, con sus famosos puertos de Amberes, Róterdam, Le Havre o Hamburgo, muy permeables al tráfico de cocaína, reside en la gran cantidad de dársenas con conexiones directas con América Latina con que cuenta España. También Portugal. Junto a Algeciras y Valencia debe marcarse en rojo Barcelona, muelle favorito de narcos holandeses y mexicanos, pero también Málaga, en el corazón de la Costa del Sol, donde los grandes capos de todo el mundo tienen sus lujosas mansiones, Marín y Vigo en Galicia, y Bilbao, menos conocido, pero también notable según las más recientes investigaciones.

“Los puertos son un problema importante de corrupción pública y de las empresas privadas”, lamenta la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán Martínez. Sin cómplices dentro del puerto, ya sea en las fuerzas de seguridad, en Aduanas o en las empresas consignatarias y de logística, el negocio del narco no funciona. Por eso Rosa Ana Morán cree que las empresas portuarias “deben colaborar más” y las administraciones, a su vez, deben exigirles mayores sistemas de control y vigilancia si quieren acceder a concesiones en las terminales. “Hay que evitar que Valencia se convierta en Amberes”, sentencia. 

La situación geográfica, de cara al océano Atlántico y como puerta física de Europa, es un factor básico a la hora de situar a España en el centro del escenario, así como la afinidad idiomática con América Latina. Dos personas que hablan la misma lengua se entienden mejor, y así es como comenzaron los negocios de la cocaína entre españoles y sudamericanos. Con el paso del tiempo, las barreras culturales se han ido desvaneciendo, y los tratos clandestinos se cierran con criminales de cualquier origen, con la única premisa de que la mercancía fluya y el dinero se reparta entre los diferentes socios.

Por ejemplo, los NarcoFiles describen una ruta que une el puerto de Veracruz, en México, con el de Barcelona. Una empresa con intereses en ambos países, Magniexport, está vinculada con la operativa criminal, según se desprende de las investigaciones de los reporteros de OCCRP. La policía española atribuye el negocio al histórico cártel de los Beltrán-Leyva, mientras que las autoridades mexicanas no ofrecen datos al respecto. Se trata de un ejemplo evidente de que el negocio de la cocaína se ha globalizado hasta el punto de que en América Latina colombianos y mexicanos son socios directos y en Europa las organizaciones de distintos países se reparten los beneficios. Lo que no quiere decir que falten grandes batallas por el control territorial ejemplificadas en los dos grandes cárteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco, y en las empresas del narcotráfico más conocidas en la Europa contemporánea, el cártel de Los Balcanes y la Mocro Mafia.

El engranaje criminal de Magniexport trascendió con un gran operativo cuyo desenlace en la vía judicial está todavía pendiente. La Policía Nacional intervino en Barcelona un gran cargamento de cocaína y otro de metanfetamina. Gran parte de la sustancia estaba destinada a laboratorios de los Países Bajos. La Udyco Central practicó numerosas detenciones y las posteriores investigaciones apuntan hacia un acuerdo criminal entre narcos de América Latina con españoles y probablemente también con la Mocro Mafia.

A su vez, la policía colombiana define a Jean Paul Hoyos Bohórquez como una figura clave. Utilizaba presuntamente una empresa pantalla con sede a las afueras de Cali para organizar envíos internacionales de drogas, tras permanecer en el negocio del narcotráfico durante 15 años, según un perfil criminal elaborado por los propios investigadores. Su especialidad era supervisar la producción y venta de cocaína en el extranjero, en países como Países Bajos. La primera parada, sin embargo, era México. Y la segunda, España. Hoyos Bohórquez y uno de sus colaboradores mexicanos, Alonso Alverdi Benavides, tenían vínculos con Eduardo Fernando Cardoza Giraldo, un presunto narco conocido por el alias de Boliqueso. Señalado como “uno de los últimos narcotraficantes puros” por el expresidente colombiano Iván Duque, Boliqueso ha permanecido en búsqueda y captura a instancias de Estados Unidos desde 2015. Supuestamente está relacionado con el clan del Golfo, una organización criminal responsable de exportar unas 20 toneladas de cocaína al mes hacia distintos mercados. Durante varios años y hasta su arresto, en 2022, vivía rodeado de lujos en una base secreta de México.

En diciembre de 2021, la policía española siguió uno de los envíos de Magniexport desde el puerto de Barcelona hasta un almacén industrial. Dentro de los bloques de hormigón apareció cocaína y metanfetamina en grandes cantidades, 1.370 y 2.549 kilos, respectivamente. Los traficantes se sorprendieron al ser descubiertos. “Lo que no puedo entender es lo que pasó... hemos pasado muchos controles y nunca en 12 años han descubierto nada”, se lee en una conversación entre dos traficantes citada por la policía de los Países Bajos, destino final de ambas sustancias.

Como parte de su cobertura, la red intentó mantener una parte legítima del negocio del hormigón vendiendo algunos de los bloques a empresas locales. Sin embargo, no les resultó fácil, ya que el material no se usa mucho en la construcción española.

En marzo de ese mismo año, la policía de Países Bajos tenía en su radar un laboratorio de cocaína en una población rural del país, que presuntamente dirigía el mismo Hoyos Bohórquez. Los chats interceptados por los agentes holandeses revelan cómo el grupo internacional organizó su trabajo, con los sudamericanos aportando experiencia en el procesamiento de la cocaína, y sus homólogos holandeses a cargo de alquilar el local del laboratorio, proporcionar dinero en efectivo y hacer recados. Recibían la sustancia en grandes cantidades y se comunicaban a través de Encrochat, el sistema encriptado que empleaban narcotraficantes de todo el mundo hasta su desmantelamiento en 2020. Para tratar los temas importantes, según desvela NarcoFiles, un mexicano sin identificar se coordinaba con sus colegas sudamericanos Alverdi Benavides y Hoyos Bohórquez sobre el terreno. El laboratorio “combinado” en el que se elaboraban cocaína y metanfetamina estalló en llamas el 27 de marzo y las ovejas y corderos que le servían de tapadera quedaron carbonizados. El olor era nauseabundo. Aunque los vecinos sabían lo que allí se cocinaba, según admitieron a OCCRP, nadie lo había denunciado. Ahora pagan las consecuencias de la contaminación provocada por el incendio. Todos los citados fueron detenidos en los meses posteriores. Hoyos Bohórquez, además, se enfrenta a cargos por blanquear los ingentes beneficios del entramado.

En un periodo de cuatro meses en 2020, Hoyos Bohórquez pudo haber transferido unos 18,5 millones de euros, directamente o a través de terceros, a México y Colombia, según los investigadores de los Países Bajos. Su principal colaborador holandés, Said Tachi, también participaba en la tarea, apuntan los agentes holandeses. En España se enviaron fondos a México con la ayuda de empresarios locales que diseñaron una red de sociedades para lavar el dinero, explica la policía española. Su investigación sobre lavado de dinero encontró grandes sumas, “que con toda probabilidad eran producto del tráfico de drogas”, enviadas desde los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong hasta México a través de cuentas bancarias de empresas españolas. Así el dinero volvía a sus auténticos propietarios.

Los periodistas de OCCRP también han descubierto que Alverdi Benavides había hecho negocios con una empresa financiera mexicana, Black Wallstreet Capital, que, según un portavoz de la Fiscalía de Ciudad de México, ha sido objeto de una investigación federal por transacciones “irregulares” y posible blanqueo de dinero. Al ser contactado, Juan Carlos Minero Alonso, dueño de Black Wallstreet Capital, contestó a OCCRP que Alverdi Benavides y un pariente se habían puesto en contacto con la empresa para que “se administrara la que dijeron era una riqueza obtenida en el sector de transporte de cargas y construcción cementera“. Minero niega tener relación alguna con actividades presuntamente criminales y recalca que dirigía “una entidad lícita, que pagaba impuestos, que hacía actividades reguladas y con total transparencia”.

Alverdi Benavides ha estado bajo la lupa por sus conexiones en México. En marzo de 2022, lo arrestaron en una redada en una vivienda de lujo a las afueras de Ciudad de México, donde la policía buscaba a un presunto narcotraficante colombiano, Eduard Fernando Giraldo Cardoza, conocido por su alias, Boliqueso, el colombiano donde había empezado todo. El círculo se cerraba. Alverdi Benavides fue puesto en libertad por abusos cometidos durante la redada. Ni él ni Boliqueso respondieron a las preguntas que les enviaron los periodistas. 

“Son auténticas cooperativas. Están establecidos en la zona de la Costa del Sol, claramente afincados allí, y tienen una gran capacidad de organización”, describe Macarena Arroyo, fiscal en el Campo de Gibraltar y a cargo de la Operación Faukas –la parte española de la Operación Dessert Light coordinada por Europol–, que sirvió para acreditar que los grandes cárteles europeos mantienen oficinas estables en España, por ser la puerta de entrada de toda clase de drogas, y en Dubái, por ser el mejor lugar para refugiarse y para blanquear. “Si necesitan un proveedor, lo buscan; si necesitan un transportista, lo buscan; tienen una capacidad increíble para conseguir sus objetivos. Son cárteles que se están constituyendo como sucedió en su momento en Colombia y que ahora están creciendo con fuerza en Europa. Disponen de embarcaciones, teléfonos encriptados, dispositivos de localización… tienen medios más potentes que las fuerzas de seguridad”, advierte la fiscal.

En esa operación, la pieza clave entre los arrestados fue Edin Gačanin, alias Tito, del cártel de Los Balcanes, considerado por las autoridades uno de los ases del póker que dominaba el tráfico de drogas internacional desde el emirato junto al italiano Raffaele Imperiale, jefe de la Camorra; el irlandés Daniel Kinahan, cabeza del cártel del mismo nombre, y el holandés Ridouan Taghi, de la Mocro Mafia. Kinahan sigue en libertad, probablemente en Dubái, y Gačanin, tras un tiempo detenido, quedó en libertad. Sólo Imperiale y Taghi están entre rejas. Y todos ellos mantienen intereses muy claros en España como referencia geoestratégica para la entrada de los alijos y para el retorno del dinero, ya blanqueado, o bien para su reinversión en forma de capital inmobiliario.

En cuanto a los traficantes españoles, y salvo excepciones, no han pasado de narcotransportistas. “Existen tres organizaciones gallegas que tienen capacidad para realizar el negocio de principio a fin. El resto trabajan para grupos de todo el mundo”, detalla Antonio Duarte, comisario central de Estupefacientes de la Policía Nacional. “Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores, quienes controlan las puertas de entrada, pero a nivel top, si hablamos de auténticos capos, esos están en las grandes organizaciones como el cártel de Los Balcanes, la Mocro Mafia, los italianos, los colombianos y mexicanos”, añade el comandante de la UCO Fran Torres. “Eso también es bueno, porque habla bien de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el sentido de que aquí es muy difícil que un capo prospere: tarde o temprano, se le va a descabezar”

El control de los puertos es esencial para dominar el tráfico internacional de cocaína en todo el mundo, y especialmente en Europa. Róterdam y Amberes, los más importantes por número de contenedores, son territorio “desde hace más de una década” de la Mocro Mafia, según explica el policía que coordina las investigaciones contra esta organización en España, “la número uno a nivel mundial”. El grupo nació como “una asociación juvenil de pandillas compuesta por inmigrantes marroquíes asentados en Países Bajos y Bélgica, pero especialmente en el primero, de segunda y tercera generación”, relata el agente, “sus comienzos están relacionados con el mundo del fútbol. El padre de Taghi [Ridouan Taghi, el líder indiscutible de la organización, ahora en la cárcel] ya se dedicaba al tráfico de hachís, y gracias a las rutas utilizadas por él y a sus contactos en Marruecos y en distintos países, Ridouan consiguió erigirse en el dueño del tráfico de cocaína en Europa”. Aunque siempre con el permiso de la 'Ndrangheta y el cártel de los Balcanes, los dominadores de los puertos españoles y de los alijos en alta mar, que este año ha recuperado su importancia como canal de entrada de droga en toda clase de embarcaciones al margen de los portacontenedores: veleros, mercantes, pesqueros e incluso los semisumergibles.

“Ridouan Taghi sigue dirigiendo la Mocro Mafia desde prisión. Tiene un poder prácticamente ilimitado, el poder que le da su dinero”, advierte la policía, que consiguió detener en España a varias personas relacionadas directamente con él. El capo fue capturado en su refugio dorado de Dubái, de donde “fue extraditado por la presión internacional. Si no hubiese matado a [el periodista de investigación] Peter R. de Vries jamás habría sido enviado a Países Bajos”, subraya la misma fuente.

La extrema violencia empleada por esta organización le sirve para mantener el control sobre todo un grupo de fieles a su servicio, pero al mismo tiempo la ha puesto en el ojo del huracán, lo que “ha resultado contraproducente”, añade la policía. En España fue detenido uno de los autores del brutal crimen contra De Vries en las calles de Ámsterdam y se desarticuló una de las ramas de blanqueo de dinero de Taghi.

Al mismo tiempo, las organizaciones rivales se han hecho fuertes en los puertos de Algeciras y de Barcelona que la Mocro Mafia intentaba dominar. Todo apunta a que la expansión del grupo marroquí-holandés hacia el sur se ha detenido en favor de una alianza entre el cártel de Los Balcanes y la 'Ndrangheta, que han conseguido atraer a traficantes locales, como los gallegos, para hacer negocios no sólo en los puertos de la Península Ibérica, sino también en el océano Atlántico. En altamar reciben grandes alijos que son introducidos en lanchas rápidas en áreas pesqueras de las Azores o en Cabo Verde, o bien son recogidos del agua tras ser balizados con GPS. Sin olvidar la gran ruta alternativa que ha surgido en los últimos meses a través del Golfo de Guinea, con cargamentos que son filtrados en barcos pesqueros frente a costas de Brasil.

El cártel de Los Balcanes es el dominador de las dos principales rutas de introducción de cocaína en portacontenedores entre Sudamérica y España, que parten de Guayaquil (Ecuador) y del norte de Colombia. Así quedó reflejado en la más reciente operación de la Policía Nacional. “El cártel de Los Balcanes era el dueño del cargamento”, declara Alberto Morales, jefe de la Sección IV de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional y responsable del hallazgo de esos 9.500 kilos de cocaína aprehendidos el pasado septiembre en un contenedor en Algeciras. Se trata del mayor alijo de droga encontrado en todo el mundo en los dos últimos años. Enviaban 40 contenedores al mes y dominaban los puertos de todo el Atlántico.

Pablo Ramírez, director antinarcóticos de Ecuador, también habló para OCCRP sobre las rutas entre su país y España. “Nosotros creemos que el cártel de Los Balcanes es el principal en estos momentos para la coordinación de alijos hacia Europa”, sostiene. Sobre la situación en su país, añade el responsable policial, colombianos y mexicanos llevan establecidos allí desde la década de los 80, pero ya desde 2010 se ha descubierto la llegada de los balcánicos, que ahora operan a uno y otro lado del Atlántico. “La cocaína que parte de Ecuador entra en España por el puerto de Algeciras y por los de Galicia, principalmente”, corrobora el jefe antidroga ecuatoriano.

Desde 2007, Lisboa acoge la sede del MAOC-N, el Centro de Análisis de Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico. El organismo nació de una alianza entre los países del sur de Europa, con España, Francia, Italia y Portugal como punta de lanza, en unión con el Reino Unido e Irlanda, y con el soporte permanente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Los datos de incautaciones en el mar en 2023 no se habían visto antes: más de 60 toneladas al cierre de NarcoFiles.

Fuentes autorizadas señalan que sólo se confisca el 10% de la cocaína enviada por el canal oceánico, por lo que se calcula en 600.000 kilos la cantidad que tocó tierra en apenas nueve meses del presente año. Estos datos permiten avanzar los siguientes efectos: una reducción drástica de los precios –que, en puntos como Galicia, han caído un 50%–, el aumento de las prisas para colocar la mercancía en el destino y recuperar el dinero con que ejecutar nuevas operaciones –el blanqueo es cada vez más rápido con la criptomoneda– y, finalmente, la aparición de nuevos mercados, como Australia que, si bien es mucho más lucrativo, no puede competir por ahora con Europa. El Viejo Continente es el principal mercado del mundo, por el gran número de consumidores y por su capacidad económica para adquirirlas.

En el mar, el velero domina como método de transporte clásico. “Son imposibles de rastrear, se mueven entre toda la flota recreativa y entran por playas y puertos”, interviene Emilio Rodríguez Ramos, jefe de la Sección Greco Galicia de la Policía Nacional. El 60% de los decomisos en el mar se producen en esta clase de embarcaciones, seguidas –de lejos– por los barcos pesqueros y los mercantes, también difíciles de apresar al confundirse entre la flota pesquera operativa en los distintos caladeros, en el primer caso, y por su modus operandi, en el segundo: los narcos lanzan los fardos en el canal de los mercantes, que transcurre a unas 100 millas de las costas portuguesas y gallegas, en su travesía hacia los grandes puertos del norte.

El cártel de Los Balcanes y la 'Ndrangheta, los dominadores de los grandes cargamentos de cocaína en portacontenedores en todo el mundo, también se han hecho fuertes en la vía marítima. El sello de los albaneses, serbios, croatas e italianos aparece con mucha frecuencia, en ocasiones en alianza con los gallegos y siempre con el visto y plácet de los colombianos, los dueños de la mercancía en origen.

En los veleros, en los mercantes y en los pesqueros aparecen personas de estas organizaciones. No así en los semisumergibles, una vía muy segura para las organizaciones criminales, empleada durante más de 15 años por una alianza entre colombianos y gallegos. De hecho, sólo se ha podido interceptar uno de estos aparatos, que, además, cayó casi por casualidad, en noviembre de 2019, en una playa de Pontevedra.

Para estas travesías no todos están preparados: el peligro que entrañan unas embarcaciones de 20 metros de eslora por sólo tres de manga que navegan entre dos aguas cruzando el Atlántico, reduce sus tripulaciones a los mejores pilotos y a personas sin recursos que hacen el trabajo sucio de acompañarles hasta la llegada a destino. Pero el riesgo se paga bien. Medio millón de euros es el sueldo de estos pilotos, que colocan alijos de más de 4.000 kilos en Europa en viajes de 20 días de duración.

En todo este escenario, los grandes negocios se siguen cerrando en la Costa del Sol. Segundos espadas del crimen organizado de los principales cárteles de todas las nacionalidades imaginables se reúnen allí. Los Kinahan, la Mocro Mafia, el cártel de los Balcanes, las distintas mafias rusas e italianas, con la 'Ndrangheta al frente, y por supuesto los colombianos y los mexicanos establecen contacto en la costa malagueña.

Los NarcoFiles lo confirman. Las autoridades de las distintas naciones que luchan contra el narcotráfico han dado un paso al frente en la Costa del Sol. Bajo el liderazgo de la Policía Nacional se ha creado un equipo de trabajo con especialistas de más de 20 países con una base permanente en el centro de negocios del crimen organizado internacional.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto, dirigido por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 comenzó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana que se ha compartido con infoLibre y Narcodiario en España y con más de 40 medios de comunicación de todo el mundo. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

El Gobierno de Países Bajos permitirá el cultivo de marihuana en diez municipios del país a partir de octubre, en un programa controlado por el Estado de cuyo resultado dependerá que se legalice por completo el cannabis en el país, conforme ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, según informa Europa Press.

Las tiendas coffee shops en las ciudades de Tilburgo y Breda, en el sur del país, podrán vender marihuana cultivada legalmente por diez agricultores a partir de octubre.

Actualmente, Países Bajos permite la venta y consumo en pequeñas dosis de marihuana solo en los coffee shops, pero no permite su cultivo o la venta de grandes cantidades, por lo que actualmente es imposible abastecer a todos estos comercios de forma regulada.

Esta anómala situación lleva a los comercios a comprar sus productos de vendedores e intermediarios de forma ilegal, una situación que el Ejecutivo lleva tiempo queriendo regularizar. El Gobierno explica en su página web que este experimento responde al debate público sobre la legislación: "Muchos municipios se han quejado de que esta política está causando problemas relacionados con el orden público, la seguridad, la salud pública y la lucha contra el crimen".

Este experimento se ha pospuesto en varias ocasiones, y de los diez agricultores encargados, solo uno puede producir marihuana en grandes cantidades, algo que también debería revisarse para asegurar el abastecimiento en caso de que finalmente cambie la legislación.

Hace unos días, la televisión pública estatal y otros medios de gran alcance nos informaban del desmantelamiento en nuestro país de la mayor estructura ilegal europea de cultivo industrial y  distribución de marihuana. Treinta y dos toneladas de hierba envasada al vacío, procedentes de más  de un millón de plantas cultivadas en tres Comunidades Autónomas, eran incautadas junto con las naves, la maquinaria y los materiales implicados en el círculo productivo. El valor de todo ello en el  mercado ilegal se tasaba en cerca de doscientos millones de euros. Veinte personas eran detenidas  por la Guardia Civil, por su presunta implicación en el negocio.  

En la misma semana, la prensa generalista nos informaba también sobre el plan de Alemania (sí, de  Alemania) para legalizar el uso recreativo del cannabis, incluyendo previsiones para su cultivo, posesión, y venta con licencia. La noticia no ocultaba las reticencias iniciales planteadas tanto por el  sector farmacéutico como por la Comisión Europea, pero hacía énfasis en la madurez de la propuesta,  y en su actual momento de debate con argumentos técnicos, sociales y económicos.  

En la historia de la Unión Europea han sido frecuentes los ejemplos de avances a distintas velocidades, e incluso de rumbos no coincidentes entre unos y otros países. Lo que no ha sido tan habitual (al menos hasta la consumación del Brexit, o el enconamiento de los problemas de respeto a los derechos básicos en Hungría y Polonia) ha sido la coexistencia en el seno de la UE de avances y retrocesos en un mismo asunto. En nuestra opinión, la postura oficial española respecto a la marihuana está siendo absurdamente retrógrada, y perjudicial para el conjunto de la ciudadanía.  

Lo ocurrido recientemente en España, aunque llamativo por su envergadura, no es sino el enésimo episodio de una forma de proceder demasiado lastrada por la oposición irracional a cualquier presencia de la marihuana en el debate público. Más allá del uso terapéutico del cannabis (una senda  bastante silenciosa, en la que ya se han adentrado en mayor o menor medida una decena de países  europeos, y que parece claramente trazada), la mera idea de que la hierba pueda adquirir en nuestro país un estatus de normalidad social en el ámbito llamado “recreativo” es objeto de rechazo visceral,  cuando no de obstruccionismo. En los informativos de la televisión, la marihuana suele aparecer  “casualmente” vinculada a drogas de diseño y armas de fuego.  

Mientras tanto, millones de euros de gasto público en recursos humanos y logísticos, en operaciones policiales por tierra, mar y aire, en procesos judiciales, en reclusiones penitenciarias… siguen  exprimiendo las arcas del Estado, cuando todo ello podría sustituirse por millones de euros de ingresos  fiscales procedentes de un comercio reglado, con los necesarios registros y controles. Y en el sector  privado, en un contexto de desempleo crónico, la producción de marihuana legal podría generar  numerosos puestos de trabajo directos e indirectos.  

Por otra parte, ya anticipábamos que calificar el uso social de meramente “recreativo” resulta muy insuficiente. La presencia normalizada de la marihuana sin duda presentaría alcances y repercusiones en ámbitos tan diversos y significativos como el arte, la cultura, la integración social, e incluso la teoría económica y el modelo productivo. 

En esta época de regresión generalizada, no es fácil encontrar referencias sensibles a esos potenciales de la marihuana, ni recetas para su promoción. Sin embargo, si nos esforzamos en buscar, y nos remontamos lo suficiente hacia los manantiales, aún podemos hallar algunas luces de antaño capaces de alumbrar caminos diferentes de futuro. Es, por ejemplo, el caso de Don Ramón María del Valle.

Inclán, que, ya en 1916, en esa obra inefable que es La lámpara maravillosa, nos dejó unas pautas de  valor extraordinario: “…antes de montar para ponerme al camino había fumado bajo unas sombras gratas mi pipa de cáñamo índico… Fui feliz bajo el éxtasis de la suma, y al mismo tiempo me tomó un gran temblor comprendiendo que tenía el alma desligada… Con una alegría coordinada y profunda, me sentí enlazado con la sombra del árbol, con el vuelo del pájaro, con la peña del monte. La Tierra de Salnés estaba toda en mi conciencia por la gracia de la visión gozosa y teologal.”  

Generalizar en nuestra sociedad las ocasiones para una más intensa apreciación del paisaje, como construcción intelectual y emocional básica, conduciría directamente a un cambio en las necesidades y demandas individuales y familiares; a una generación de vínculos y sentimientos de pertenencia que se nutren de ritmos y velocidades más pausados que los que hoy causan muchos de los problemas que sufrimos. Países tan poco sospechosos de frivolidad como Bután, que han logrado elevar formidablemente sus indicadores de desarrollo humano priorizando la procura de la felicidad sobre el crecimiento, lo han conseguido implicando profundamente la percepción del paisaje en sus estrategias formativas. También en Occidente, ejemplos como el de Nueva Zelanda empiezan a mostrarnos caminos paisajistas de superación del PIB como indicador exclusivo del progreso. Nos haría bien emplear todas las herramientas disponibles para fomentar nuestro encaje no agresivo en el territorio. No puede subestimarse el poder transformador que vendría de la mano de una relación sana y no enfermiza con el cáñamo índico. La visión holística, y no de dominación antropocéntrica, que la marihuana contribuye a desplegar se postula como clave de la verdadera sostenibilidad.  

También la creatividad, que se encuentra en la base de la mejor producción, sin duda artística, pero también científica y tecnológica, se beneficiaría de una participación adecuada de la hierba. Y ese  nuevo vector cultural que se generaría daría lugar a una verdadera sinergia con otra realidad definidora de la civilización en nuestro tiempo: las redes sociales y las nuevas tecnologías de comunicación. La horizontalidad inclusiva que poco a poco va caracterizando a aquellas sociedades que se niegan a renunciar a la democracia, a ceder al totalitarismo, se vería reforzada por unos estados de ánimo crecientemente tolerantes e igualitarios, capaces de reducir la agresividad, de priorizar la contemplación enriquecedora a la acción descontrolada, el empate a la victoria, y la lentitud vital a la prisa suicida.  

Hablamos de una hierba que, en último término, crece en el monte como una especie más allí donde las condiciones ecológicas le son favorables. Resulta sencillamente ridículo (y más en una sociedad que utiliza el tabaco y santifica el alcohol) que un grupo de seres humanos pretenda dictar a otros seres humanos cuáles plantas pueden consumir libremente y cuáles no, como si estuviésemos en los días del Génesis. Es hora de que el ejemplo de lo avanzado deje de estar en 1916, en tiempos de Ramón. Es hora de ser conscientes de que estamos en tiempos de María.

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Eduardo Crespo de Nogueira y Greer es doctor ingeniero de Montes y funcionario del Estado.

La subcomisión de cannabis medicinal del Congreso de los Diputados ha dado este martes su aval a la regulación de esta sustancia con fines terapéuticos con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, la abstención de ERC y Bildu, y el voto en contra de PP y Vox, según informa Europa Press.

Una de las novedades más importantes de las conclusiones de la comisión es que se abre la puerta a la dispensación del cannabis medicinal en farmacias comunitarias, tal y como reclamaban, por ejemplo, desde Unidas Podemos y más grupos de la izquierda.

En concreto, se establece que la distribución de estas fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis "ha de realizarse a partir de la red de farmacias del sistema de salud, con preferencia en las farmacias hospitalarias y explorando la alternativa de las farmacias comunitarias que puedan reunir los requisitos". 

"Disponer de extractos o preparados estandarizados de cannabis como los que están disponibles en otros países europeos, podría permitir dar respuesta a estas necesidades. La existencia de preparados estandarizados, con una composición definida, supone una ventaja en términos de dosificación, estabilidad y manejo", argumenta la subcomisión.

Aunque la subcomisión también reconoce que "debería valorarse" la manera de que los servicios de farmacia puedan elaborar fórmulas magistrales a partir de extractos o preparados estandarizados de cannabis "para su uso directo en determinados casos, asegurando su estabilidad y uniformidad".

Además, nuevamente se abre la puerta al uso de las sumidades floridas (flor del cannabis) o "preparados de otro tipo que estén disponibles en países de la Unión Europea", pero siempre dentro de "proyectos experimentales". PNV, Bildu y ERC apoyaban a Unidas Podemos en la ambición de que también se pudiera usar la flor de la planta, frente a la oposición del PSOE. Finalmente, la redacción de la subcomisión ha quedado en un punto intermedio.

En cuanto a las patologías para las que creen que debería estar indicado el cannabis terapéutico, se incluye el dolor oncológico y la endometriosis, que no estaban previstos en el informe de conclusiones inicial del PSOE.

La lista está compuesta por "la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, algunas formas de epilepsia, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, endometriosis, dolor oncológico y el dolor crónico no oncológico (incluido el dolor neuropático)".

Asimismo, la comisión puntualiza que se podría ampliar a otras indicaciones terapéuticas "cuando los estudios aporten indicios consistentes". "La evidencia científica disponible es limitada en relación con los usos terapéuticos del cannabis y de sus productos, y está restringida a algunos diagnósticos. La investigación aportará luz para poder dilucidar muchos aspectos en el futuro", detallan.

Al hilo, la subcomisión también recuerda la necesidad de que "se genere más investigación de calidad en este campo, y que la información generada en esta investigación sea la base en la toma de decisiones", como reclamaban tanto PSOE como Unidas Podemos.

La prescripción se debería realizar "exclusivamente" por profesionales sanitarios "en un contexto libre de potenciales conflictos de interés, como el que ofrecen los servicios sanitarios", más concretamente por médicos especialistas. Para ello, piden que se promueva la formación en el uso terapéutico del cannabis entre los profesionales de la medicina.

La subcomisión también ha aconsejado la puesta en marcha de un registro centralizado de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales con extractos o preparados estandarizados de cannabis a partir de los registros de cada Servicio Autonómico de Salud. PNV, ERC y Bildu, como partidos procedentes de comunidades autónomas, rechazaban la necesidad de que se ponga en marcha un registro de pacientes, al contrario que PSOE e incluso Unidas Podemos.

"Estos registros pueden ser la base para evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento en distintos perfiles de pacientes, y así mejorar progresivamente el conocimiento sobre el medicamento y beneficiar, en último término, a los pacientes", justifica la subcomisión.

Pese a apoyar mayoritariamente su regulación en ciertas patologías, la comisión también ha incluido en sus conclusiones una serie de puntos para vigilar que el uso del cannabis medicinal no implica "mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto clínico", en línea de lo exigido por PSOE, PP o Vox.

Así, instan a "evitar que la disponibilidad de cannabis para usos terapéuticos pueda llevar a una mayor disponibilidad y consumo de cannabis fuera del contexto sanitario". "Es absolutamente necesario evitar que el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis para determinados pacientes con indicaciones concretas se confunda con una invocación genérica al uso general de cannabis por la población", explican.

Por último, la comisión ha recomendado que se evalúe periódicamente el uso terapéutico del cannabis y los datos de consumo en la población. Por ejemplo, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso debería realizar anualmente una sesión centrada en este tema durante los próximos diez años para valorar la situación y su evolución.

Cada año la AEMPS, con la participación de las comunidades autónomas, realizaría un informe sobre el uso terapéutico de extractos o preparados estandarizados de cannabis, que incluiría información sobre las opciones disponibles, los servicios que prescriben, los pacientes tratados, y los volúmenes de productos dispensados, así como datos de eficacia y seguridad, con las aportaciones del sistema de farmacovigilancia.

De la misma forma, cada año, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas realizaría un informe sobre el consumo de cannabis y de extractos o preparados estandarizados de cannabis en España, con información sobre la frecuencia de consumo en población adolescente y adulta, los indicios de consumo intensivo, los indicios de consumo problemático, las personas que acuden a tratamiento especializado con el cannabis como sustancia principal.

En un plazo de 6 meses desde la aprobación de este informe por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso, algo que previsiblemente ocurrirá la próxima semana, la Agencia Española de Medicamenos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogerá estas recomendaciones para que "tengan encaje en la normativa y sean viables, permitiendo la disponibilidad en el mercado farmacéutico de extractos o preparados estandarizados del cannabis".

El diputado del PSOE Daniel Viondi ha apoyado la regulación del cannabis medicinal en España, asegurando que resulta "inexorable", por lo que ha pedido al resto de grupos políticos un "consenso máximo" para llegar a un acuerdo, según informa Europa Press.

"Votamos a favor de la subcomisión y nos hemos comprometido a que haya un marco regulado del cannabis terapéutico. Va a ser inexorable que vaya a producirse. Es imprescindible que exista con el consenso máximo que se pueda alcanzar", ha afirmado este lunes en la subcomisión de cannabis medicinal del Congreso de los Diputados.

Viondi ha puntualizado, no obstante, que su regulación se debe hacer con "seguridad jurídica y sanitaria". "Tiene que ir con un control y prescripción médica y regulado todo por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Es un consenso básico que podemos alcanzar todos los grupos", ha pormenorizado.

Asimismo, ha recordado que su uso sería "complementario": "No va a solucionar directamente ninguna enfermedad". Por ello, considera que ahora mismo el "gran debate" es "cómo se dispensa" en España y qué modelo dentro de la Unión Europea debe ser la "máxima referencia" para promover una norma. "Los diputados alcanzaremos más pronto que tarde un acuerdo", ha zanjado.

La presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), Carola Pérez, ha agradecido este apoyo formal del PSOE, más explícito que nunca. "Hoy el PSOE ha estado más cariñoso y cercano, ocupándose más de los pacientes. Pero las palabras no bastan, los hechos son importantes", ha precisado.

En cualquier caso, Pérez ha defendido que ya existe suficiente evidencia científica sobre el uso médico del cannabis en el mundo real, gracias a la experiencia de otros países, para poder regularlo sin tener que esperar a ensayos clínicos más robustos.

"Es increíble que en el siglo XXI no seamos capaces de coger la evidencia que ya tenemos para que sea una gran fuente de datos. No entendemos por qué la evidencia de un médico alemán no es aplicable en España. No entendemos cómo es posible que se estén otorgando licencias para cultivar cannabis y nosotros no podamos recibir un solo producto alegando la falta de evidencia o que no llegamos en el momento político adecuado. Señorías, el dolor no espera", ha sostenido.

Al margen de medicamentos como ibuprofeno y paracetamol, u opioides como la morfina y el fentanilo, ha apuntado que "no hay una solución segura que pueda aportar seguridad y calidad de vida cuando un paciente no mejora con todo esto". Así, ha esgrimido que España es "una sociedad que vive absolutamente medicalizada". "Somos el segundo país del mundo en consumo de opioides. Estamos de acuerdo en que los medicamentos aprobados son una opción pero todos sabemos que no lo son a largo plazo debido a los efectos secundarios o los problemas a la hora de bajar dosis", ha explicado.

Pese a que ha reconocido la inexistencia de ensayos clínicos doble ciegos y aleatorizados, los más utilizados para la aprobación de fármacos, Pérez ha instado a atender a la evidencia en el mundo real. "No se pueden hacer estudios a corto plazo, pero podemos avanzar con lo que ya tenemos, la evidencia en el mundo real. Hay estudios observaciones hechos con hasta 10.000 pacientes", ha reivindicado.

Al respecto, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, propuso, en su intervención ante la subcomisión el pasado 28 de marzo, la realización de un estudio en las farmacias para comprobar la eficacia del cannabis medicinal en España y cómo podría ser su implementación, como se ha hecho por ejemplo en Francia.

"Consideramos que es el momento de actuar con el apropiado rigor científico, técnico y sanitario para dar una respuesta al interés y demanda del uso del cannabis para el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías. Una respuesta en la que debe primar la seguridad y la protección de la salud de los pacientes, a quienes nos debemos como profesionales sanitarios", explicó.

Según los farmacéuticos, con esta prueba piloto se podrían "recopilar datos concluyentes sobre la eficacia y seguridad del uso de los productos derivados del cannabis; demostrar las ventajas de su dispensación en farmacias comunitarias; y realizar el debido seguimiento a los pacientes".

"Todo bajo una estricta supervisión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Sería la manera más prudente de comenzar a utilizar unos productos que no reúnen suficientes pruebas de eficacia y seguridad, y se daría así respuesta al interés del uso de los derivados del cannabis en el tratamiento de ciertos síntomas de diferentes patologías", sostuvo Aguilar.

Por su parte, la presidenta del OECM ha insistido en que se utilice la evidencia del mundo real "igual que con la covid-19", cuando en los peores momentos de la pandemia se utilizaron algunos fármacos a la espera de ensayos clínicos más robustos. "No permitamos que los pacientes sigamos abandonados, estigmatizados y perseguidos. No vamos a vivir con miedo por algo tan simple como intentar soportar el dolor. Mirar hacia otro lado no es una opción", ha remachado.

En España existen tanto medicamentos con principios activos como productos diversos de cannabis, que se diferencian entre ellos según hayan obtenido o no autorización de comercialización para uso médico. En el caso de medicamentos, hay dos fármacos, "Sativex" y "Epidyolex", que cuentan con autorización de comercialización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y son dispensados por los farmacéuticos hospitalarios para mejorar los síntomas de algunas enfermedades como la espasticidad moderada o grave debida a la esclerosis múltiple y las convulsiones asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut, al síndrome de Dravet o al complejo esclerosis tuberculosa.

Los que no tienen autorización de comercialización como medicamentos son la parte florida de la planta, la resina comprimida o hachís, los aceites extraídos y los extractos de cannabis concentrados.

El vicepresidente del OECM y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Manuel Guzmán, ha solicitado a los parlamentarios "distinguir tajantemente el consumo medicinal del recreativo". "Es mucho más seguro el médico. El perfil de seguridad de los cannabinoides en el contexto terapéutico es más que razonable, mejor que el de los opioides", ha detallado.

Al igual que Carola Pérez, Guzmán ha resaltado que, pese a la falta de ensayos clínicos controlados, los estudios observacionales "apoyan que el uso medicinal de los cannabinoides es razonablemente seguro, eficaz y con un buen nivel de adherencia por parte de los pacientes".

"Nadie pretende sustituir los medicamentos que tenemos por el cannabis medicinal. Lo que han hecho los países que lo han regulado no es reemplazar sino añadir, a través de distintas concentraciones o vías de administración para poder disponer de un armamento mayor para ayudar a nuestros pacientes. Países Bajos, Alemania, Portugal o Francia ya tienen programas de dispensación controlados y estrictos", ha justificado.

El catedrático ha expuesto que en España "hoy en día hay muchos pacientes que están sufriendo enfermedades crónicas devastadoras y altamente debilitantes, que se encuentran en una inseguridad jurídica para utilizar otro tipo de preparados no aprobados". "Nuestro deber moral es apoyar a estos pacientes e intentar acercarnos a ellos con un conocimiento que ya tenemos para que muchas personas que están sufriendo puedan dejar de hacerlo o, por lo menos, paliar algunos de los síntomas aparejados a sus enfermedades", ha concluido.

Este martes Íñigo Errejón llegaba a la tribuna del Congreso como quien sabe que va a suspender un examen importante. "Me apena su voto", le decía a los parlamentarios del PSOE. "Perdemos una oportunidad histórica. Tomen nota de su partido hermano en Alemania", continuaba. Su propuesta de despenalización de la ley del cannabis no ha pasado, siquiera, el primer trámite. Las tres formaciones con mayor número de diputados en el hemiciclo, PSOE, PP y Vox, han rechazado la toma en consideración de la ley, alegando causas diversas, en un debate que se ha acabado convirtiendo en un mix de argumentos que han ido desde el narcoestado a la ley seca de los años 20 en Estados Unidos.

El líder de Más País busca ganar relevancia mediática y política en un momento en el que su formación está dividida por su papel en el "frente amplio" en el que ya trabaja la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la cabeza de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición. La competición con el que fuera su partido no cesa, tampoco en la Cámara Baja, en la que ambas formaciones mantienen discursos y propuestas de carácter similar, con la salvedad de que los morados tienen 33 escaños más que él.

Esta debilidad parlamentaria también se traduce en una menor capacidad de presentar iniciativas y preguntas. Por eso Errejón trata de abanderar ciertas causas: lo hizo con la salud mental, con el ecologismo, y este martes ha sido el turno de la despenalización del cannabis, una propuesta que registró a finales de septiembre en la Cámara Baja. Un día más tarde lo hizo Esquerra Republicana. La semana siguiente, Unidas Podemos.

"Regular no es incentivar", ha defendido el líder de Más País, comparando la despenalización del cannabis con la regulación del tabaco y el alcohol. Errejón ha criticado la economía sumergida inherente a la marihuana por su ilegalidad y ha argumentado que, con esos impuestos, el Estado podría mejorar la sanidad pública. "Supondría mil millones de euros anuales a las arcas públicas", defendía ante un auditorio que no se esforzaba en escucharle. Los murmullos de sus señorías han llegado al punto de que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones.

El PSOE critica la "falta de rigor jurídico" de la ley

El diputado socialista Daniel Vicente ha sido el encargado de defender la posición de su grupo, que ya ha adelantado desde esta mañana que sería un ‘no’ y ha emplazado a debatir sobre el tema en la recién constituida subcomisión en el Congreso, que únicamente se ciñe al uso medicinal de la planta. Vicente ha censurado que Errejón haya equiparado tabaco y alcohol con el cannabis. "No hay drogas buenas ni drogas malas. No hay drogas de izquierdas ni drogas de derechas", ha señalado.

El socialista ha acusado a Errejón de presentar una ley "mal hecha" con falta de "rigor jurídico". En ese sentido, ha exigido un "debate con seriedad" sobre la marihuana y sus derivados en la citada subcomisión del Congreso, que “debe estar acompañado de la ciencia y la sanidad”. Vicente ha asegurado que su partido no va a regular el cannabis tal y como plantea Errejón, aunque ha abierto la puerta a apoyar la ley que defenderá su socio de Gobierno, Unidas Podemos. En esta legislatura los socialistas no han votado en contra de ninguna ley presentada por el partido morado.

PP y Vox: del narcoestado de Errejón a Más Hachís

La encargada de trasladar la postura del Partido Popular ha sido la diputada Elvira Velasco, que ha asegurado que "consumir drogas no es un derecho fundamental, es un problema de salud pública"."El consumo habitual del cannabis provoca grandes daños como bronquitis crónica, brotes psicóticos y depresión".

La intervención del diputado de Vox, Juan Luis Steegmann, ha estado repleta de los tópicos habituales que utiliza el partido ultra para atacar a la izquierda, sea cual sea el asunto a debatir. "Más País convertiría España en una nueva Venezuela, un narcoestado. Una nueva PDVSA que serviría para financiarles a ustedes y a la agenda comunista disfrazada de verde hierba”, han sido las palabras de Steegman ante un risueño Errejón.

Tirando de ironía, Steegman ha cambiado el nombre al partido del dirigente madrileño por el de "Más Hachís", lo que ha generado aplausos en la bancada ultraderechista. Tras acabar su intervención, de siete minutos de duración, el diputado de Vox ha sido recibido por los suyos al grito de "torero, torero".

Unidas Podemos, Cs y ERC votan 'sí' entre críticas

La diputada Lucía Muñoz, parlamentaria de Unidas Podemos, ha definido el texto de Más País como “el punto de partida” para trabajar. Sin embargo, ha querido recalcar que hay diferencias entre ambas leyes. "La nuestra es más extensa, más integradora", ha dicho, para renglón seguido añadir que la ley de Errejón era un calco de otro texto. Muñoz, que ha confiado en obtener el voto positivo del PSOE en su futura ley, ha insistido en que dicha propuesta "deja fuera lo relativo al tema de salud".

La crítica de Marta Rosique, parlamentaria de Esquerra Republicana, ha llegado por las "invasiones competenciales" que "en ningún caso podemos permitir". Además, Rosique ha señalado que no se trata de una carrera entre partidos por ver quien la saca adelante, sino que su intención es "llegar a acuerdos".

Por su parte, Guillermo Díaz, de Ciudadanos, ha defendido que un "liberal de verdad" debería votar ‘sí’ a esta ley, un recado dirigido al PP. "Hoy queda claro que es un eslógan, aquí se ve la actitud cobarde de algunos grupos que prefieren obviar un tema en lugar de legislar". Aun así, Díaz ha señalado que algunos puntos de la ley presentada por Más País deberían ser modificados.

La Guardia Civil ha intervenido 135.000 plantas de marihuana de una finca supuestamente dedicada a una macro plantación de cáñamo legal en la localidad toledana de Huerta de Valdecarábanos, siendo la mayor incautación realizada en un mismo cultivo durante una operación policial en Europa, informa Europa Press.

Se han detenido a tres personas y tomado manifestación como investigadas no detenidas a otras seis por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y contra los derechos de los trabajadores, ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

La Guardia Civil realizó el pasado 16 de septiembre una inspección en una plantación supuestamente dedicada al cáñamo con fines industriales y ubicada en la localidad de Huerta de Valdecarábanos, con el fin de comprobar su situación legal para evitar el tráfico y elaboración de estupefacientes.

En esta inspección, los agentes tomaron una muestra de las plantas para comprobar si sobrepasaba el índice máximo legal del componente psicoactivo de este supuesto cáñamo. El resultado arrojó que estas plantas eran en realidad cannabis sativa, las cuales habían sido modificadas genéticamente para asimilarlas al cáñamo industrial y tener una apariencia legal.

Continuando con la investigación, el pasado 26 de septiembre la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas intervino una importación de 112 kilos de cogollos de marihuana, las cuales habían sido declaradas como plantas, sin especificar de qué tipo, y cuyo destinatario era la empresa responsable de la plantación investigada.

Los agentes volvieron a realizar una segunda inspección el día 6 de octubre, donde procedieron a intervenir las 135.000 plantas de marihuana en su totalidad y deteniendo a los principales autores de los hechos. Además, en unas naves cercanas a la plantación, cuya empresa responsable empleaba como secadero, se hallaron e intervinieron 30 toneladas de picadura en seco del resto de la plantación del año anterior y 3,720 kilos más de cogollos listos para su distribución.

La finca donde se hallaba esta macro plantación alcanzaba una superficie de 12 hectáreas, con vigilancia permanente las 24 horas. En las proximidades había dos naves dispuestas con material para ser convertidas en cultivos indoor de marihuana y tener un mayor aumento de producción, así como una zona de secado con un sistema cerrado de cámaras de seguridad y vigilancia.

También en esta última inspección, los agentes observaron que los empleados que se hallaban en dicho cultivo eran en su mayoría extranjeros en situación irregular en España, sin contrato laboral y la vivienda que les había facilitado la empresa no tenía las más mínimas condiciones de habitabilidad.

Esta operación se enmarca dentro de la operación Miller y ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Toledo y la Compañía Fiscal de la Guardia Civil del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha abierto diligencias previas por la denuncia presentada hace una semana por familias afectadas por los cortes de luz en el Sector 6 de la Cañada Real, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La denuncia se dirige contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por la presunta vulneración de Derechos Humanos respecto a las cerca de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro eléctrico.

Desde hace dos meses, dos de los sectores de la Cañada Real –el sector 6 y el 5–están siendo afectados por cortes de luz como consecuencia de la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados, de hasta cinco veces el consumo normal según la Comunidad, que se están registrando en los últimos meses por plantaciones de marihuana.

El abogado Javier Rubio, en representación de la Asociación Tabodal, registró el pasado miércoles una denuncia por la presunta comisión de varios delitos como trato denigrante, lesiones, daño, coacciones para abandonar el asentamiento, entre otros.

Hoy mismo, una representación de la vecindad del Sector 5 de la Cañada Real, acompañados por el letrado de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha interpuesto otra denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue la interrupción del suministro eléctrico.

Apuntan a "un plan intencionado" para expulsarles de sus viviendas, ubicadas en lo que serán los desarrollos urbanísticos de Ahijones, Valdecarros y Berrocales.

"Nuestro problema no se debe a una sobrecarga sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de las administraciones", recoge un manifiesto que ha leído una representante vecinal a las puertas de la Fiscalía.

Un 68,3% de los encuestados en el último barómetro de laSexta difundido este domingo considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está siendo partícipe de un golpe de Estado del independentismo catalán. Esta pregunta surge a raíz de la pregunta de Pablo Casado al líder del Ejecutivo el pasado miércoles desde la tribuna de los oradores del Congreso de los Diputados: "¿Usted no se da cuenta de que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España?". Por el contrario, tan sólo un 25,4% está de acuerdo con las palabras del conservador mientras que un 6,3% se decanta por un no sabe o no contesta, en esta encuesta sobre las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.

Esta frase, provocó una tormenta política que tuvo su punto álgido cuando el Gobierno consumaba su amenaza de romper relaciones con Pablo Casado. El jefe de los conservadores no había dado marcha atrás retirando sus palabras como Sánchez le había demandado en sede parlamentaria y en la Moncloa daban por rotas "las relaciones con el presidente del PP" al considerar que éste había perdido "el respeto institucional".

Dentro del espectro de los cuatro grandes partidos, los votantes del PP son los que más respaldan a Casado con un 77,6% de los encuestados, seguidos por los de Ciudadanos con un 59,3%. La postura contraria es defendida por los votantes del PSOE de forma mayoritaria con un 97,6%, empatando prácticamente con los de Unidos Podemos, que en un 97,5% también expresan su desacuerdo con las acusaciones formuladas por el líder popular.

Otra cuestión sobre la que pregunta este barómetro especial de laSexta es la posible legalización del cannabis y la marihuana. La pregunta muestra una división de la sociedad: un 50,3% de los encuestados se muestra en contra de ello mientras que un 44,8% está a favor, con un 4,9% decantándose por el no sabe o no contesta.

A nivel de las cuatro principales formaciones políticas, la división se hace patente de manera especial en el PSOE. Los votantes del partido que se encuentra en el Gobierno se muestran divididos: un 47,4% son favorables a la legalización pero un 45,4% es contrario. Las posiciones más firmes arraigan en PP y Unidos Podemos. La mayor parte de los votantes populares se muestra en contra de la legalización (81,8%) mientras que una cifra similar (84,1%) está a favor entre los de Unidos Podemos. Los votantes de Ciudadanos se decantan por el no en un 68,9%, con un 28,9% a favor.

Esta pregunta llega después de que en Canadá se legalizara la venta de marihuana con fines recreativos. Después de esta decisión, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pidió que España "sea inteligente" para regular el uso integral del cannabis y sus derivados, tanto con fines terapéuticos como recreativos, ya que considera que es "una oportunidad que puede traducirse en grandes beneficios para España y sobre todo para los ciudadanos".

Las tiendas de venta de marihuana con fines recreativos abrirán sus puertas el 17 de octubre en Canadá, según ha informado este miércoles el primer ministro, Justin Trudeau, lo que convierte al país en el primer miembro del G7 en permitir el consumo de dicha droga.

Fuentes gubernamentales han indicado que la gobernadora general de Canadá, Julie Payette, firmará este jueves el texto legal, que ha sido aprobado este martes por el Senado con 52 votos a favor y 29 en contra.

La fecha fijada para comenzar a vender el cannabis de forma legal en el país supone un retraso por parte de las autoridades, que en un principio estimaban que la venta sería legal en un plazo de entre ocho y doce semanas a partir de la aprobación de la ley.

Sin embargo, los gobiernos provinciales del país habían señalado que el plazo en cuestión era demasiado ajustado para poner en marcha las redes de distribución y venta. "Hemos escuchado a las provincias, que nos han pedido un mayor periodo de tiempo para implementar la medida", ha explicado Trudeau.

Los liberales del primer ministro, que han impulsado la campaña a favor de la legalización, han señalado que la nueva ley evitará el consumo por parte de menores de edad y reducirá el crimen relacionado con la venta y consumo de dicha droga.

La ministra de Sanidad, Ginette Petitpas Taylor, ya había indicado a principios de este año que la marihuana no sería puesta a la venta en el país hasta pasados unos meses después de la aprobación de la nueva normativa dado que el sistema necesita un periodo de tiempo para comenzar a funcionar correctamente.

El debate es tan viejo como el mundo. El ser humano siempre ha buscado paliar el dolor, aliviar las penas, celebrar las fiestas, despedirse a lo grande, incluso asomarse a esa frontera incierta del más allá buscándose a sí mismo o a quién allí habite. El hombre ha recurrido a las drogas para soñar y olvidar, para celebrar y morir, para honrar a los dioses o a la comunidad. Lo que sucede es que las cosas han cambiado mucho desde el momento que los Estados (que no entienden al chamán) penalizan su consumo, desde que los Estados recetan sus drogas a través del sistema sanitario, desde que los Estados han declarado la guerra a las drogas y han convertido al narcotráfico en una hidra de mil cabezas difícil de erradicar.

Cuando Ronald Reagan declaró en los Estados Unidos la War on Drugs (Guerra contra las Drogas), tristemente célebre, sabíamos todos el final de la película: las cárceles (un negocio lucrativo y semiprivado en los Estados Unidos) se iban a llenar de afroamericanos adictos al crack mientras los grandes laboratorios (Purdue a la cabeza) empezaban a recetar opiáceos como la Oxicodona a la respetable gente de clase media y alta sin importarle las consecuencias. La guerra tampoco afectó a los grandes cárteles del otro lado de la frontera que, desde Sinaloa, empezaron a diseñar y amoldarse a los nuevos hitos del consumo: de la marihuana (ya despenalizada en varios Estados para uso medicinal y recreativo) se pasó a la metanfetamina y, más recientemente, a una poderosa sustancia sintética del opio llamada fentanilo que se ha llevado por delante a celebridades añoradas como Prince o Tom Petty. 

Sobre las consecuencias de la Guerra contra las Drogas, y en forma de alegato a favor de la legalización, Javier Valenzuela firma en el número #55 de tintaLibre Legalizando a Satán. Mientras que el periodista Arturo Lezcano explica en un reportaje el auge del consumo de fentanilo y la preocupante adicción de decenas de miles de personas a analgésicos elaborados con opio, recetados por sus propios médicos. 

Lejos queda el panorama oscuro y suburbial de la epidemia de la heroína en España en los ochenta -al que Xosé Manuel Pereiro dedica una crónica titulada La culpa la tuvo Lou Reed-, un fenómeno que no ha remitido, pero que ha cambiado de protagonistas y hábitos de consumo. Los nuevos yonquis del mundo (véanse las calles de Oslo en el portfolio del fotógrafo Warren Richardson, ganador del World Press Photo 2015) son personas blancas y acomodadas que permanecen en el infierno de la adicción a veces sin salir de la cómoda habitación de la casa paterna. El umbral del dolor ha cambiado en nuestra sociedad. A veces da la sensación de que nos duele casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor.

Con temas tan aleccionadores pero controvertidos como la legalización de la hierba en Uruguay (el problema es que el Estado no da abasto, falto de experiencia, para satisfacer la demanda registrada), sobre el que escribe la periodista Loreto Mármol; cabe preguntarse de una vez por todas por qué no acometemos la legalización de las drogas y ponemos coto tanto al narcotráfico y sus crímenes como al guante blanco de los laboratorios farmacéuticos que siguen lucrándose impunemente sin ningún pudor. El caballo de batalla es troyano, pero vale la pena plantarle cara a la cuestión y no dejar que un asunto de tanta importancia se convierta en “el opio del pueblo”.

tintaLibre está a la venta a partir del viernes 2 de febrero en quioscos y librerías de toda España.

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La Cámara de Representantes de Países Bajos ha aprobado este martes una nueva norma que legaliza, bajo ciertos criterios, el cultivo de marihuana, en un intento de romper el actual vacío que existe entre la producción prohibida y la venta autorizada de pequeñas cantidades cannabis en los locales conocidos como coffee shops, según ha informado Europa Press.

La medida, impulsada por el partido Demócratas 66 (D66), ha salido adelante con 77 votos a favor y 72 en contra. Entre las formaciones que han rechazado el texto figuran el partido del primer ministro, Mark Rutte, y el del ultraderechista Geert Wilders.

El texto pasa ahora al pleno del Senado, donde no existe una mayoría garantizada a favor de esta nueva ley, según han informado medios locales.

La diputada Vera Bergkamp, miembro de D66, ha abogado por esclarecer el actual marco legislativo para que los propietarios de las cafeterías donde se vende cannabis puedan tener una fuente clara de suministro. Las autoridades avalarían la creación de una red de productores locales.