El presidente del Consejo Europeo, António Costa, resaltó este viernes que la Unión Europea (UE) necesita trabajar con sus socios en Europa y al otro lado del Atlántico para apoyar a Ucrania, informa EFE.

"Junto con nuestros socios en Europa, al otro lado del Atlántico y más allá necesitamos trabajar para apoyar a Ucrania y garantizar una paz justa y duradera", escribió Costa en redes sociales.

Costa se pronunció en ese sentido tras informar por videoconferencia de los resultados de la cumbre europea celebrada el jueves en Bruselas al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; de Noruega, Jonas Gahr Støre; de Canadá, Justin Trudeau; de Islandia, Kristrún Frostadóttir; así como al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

En la reunión virtual de hoy también participaron la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

"Nuestra cooperación con socios de la OTAN de ideas afines es vital para la seguridad internacional. Para Ucrania. Para intensificar nuestros esfuerzos conjuntos sobre la defensa", agregó Costa.

"En la videoconferencia de hoy con Keir Starmer, Jonas Gahr Støre, Kristrún Frostadóttir, Recep Tayyip Erdoğan y Justin Trudeau, Ursula von der Leyen y yo les informamos sobre las importantes decisiones tomadas en el Consejo Europeo la noche pasada y sobre nuestra reunión con (el presidente de Ucrania, Volodímir) Zelenski", apuntó.

Von der Leyen, también en redes sociales, indicó que se informó de la "histórica" cumbre de ayer, y que con el plan propuesto esta semana por ella misma se están "intensificando" los esfuerzos para invertir en defensa. "Para la defensa de nuestra población, territorios y activos. Y para la seguridad a largo plazo de nuestro valiente vecino Ucrania", agregó.

Fuentes comunitarias indicaron que los países no pertenecientes a la UE en la videoconferencia felicitaron a los Veintisiete por las decisiones tomadas en la cumbre y expresaron su determinación de contribuir a esfuerzos conjuntos para apoyar a Kiev y para intensificar la cooperación en el ámbito de la defensa. Según las fuentes, también destacaron la importancia de la OTAN y la necesidad de una estrecha complementariedad de todos los trabajos.

Los líderes de los Veintisiete acordaron este jueves multiplicar el gasto en seguridad y defensa para rearmar Europa ante la "amenaza existencial" que representa la agresión de Rusia sobre Ucrania y el giro de Estados Unidos con respecto a esta guerra desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

El refuerzo de la defensa europea sí fue avalado por todas las capitales, un respaldo unánime que, por el contrario, no fue alcanzado en el capítulo sobre el apoyo militar a Ucrania, del que se desmarcó Hungría.

Los jefes de Estado y de Gobierno apoyan "seguir incrementando de manera sustancial el gasto en la seguridad y defensa de Europa", al tiempo que respaldan el plan para "rearmar" el continente que presentó recientemente la Comisión Europea.

Bruselas estima que esta estrategia podrá movilizar hasta 800.000 millones de euros principalmente gracias a la flexibilidad que dará a los Estados miembros dentro de las reglas comunitarias de déficit y deuda, pero también con un nuevo instrumento de créditos de 150.000 millones financiado con emisiones conjuntas de deuda.

Respecto a Ucrania, Hungría se negó a respaldar unas conclusiones que sí apoyaron los otros veintiséis Estados miembros y que recalcan que cualquier acuerdo de paz que ponga fin a la guerra debe incluir "garantías de seguridad robustas y creíbles" para Kiev que eviten futuras agresiones rusas.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, además de intervenir en la videoconferencia, este viernes se reunió con el ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umiérov.

"Conocemos las necesidades de defensa de Ucrania, y la UE está aumentando la producción de armas para acelerar las entregas. Europa apoya a Ucrania y su valiente resistencia contra el brutal agresor ruso", escribió la política en redes sociales.

Por su parte, la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró en la emisora de radio belga La Première que la guerra "está a nuestras puertas".

"Estamos en un punto de inflexión y la guerra está a nuestras puertas. Hace tres años, desde el 24 de febrero de 2022, que lo repetimos, que intentamos también crear conciencia", declaró.

"Y hoy, con el giro de 180 grados de nuestro aliado atlántico, la guerra se acerca a nosotros con todas las amenazas que conlleva para nuestras vidas, para la desinformación, para los ataques híbridos y para los ataques, quizá también un día, sobre nuestro suelo", añadió.

El ministro belga de Defensa, Theo Francken, indicó este viernes en declaraciones a la radio VRT que este jueves planteó a Zelenski una propuesta de ayuda militar para Ucrania por valor de 1.000 millones de euros.

Miles de agricultores llevan casi una semana bloqueando carreteras a lo largo de la península, pese a que el calendario oficial de movilizaciones agrarias comienza este jueves. Esta paradoja refleja la presión que viven estos días las tres principales asociaciones agrarias —Asaja, COAG y UPA—, que en los últimos días se han visto sobrepasadas por las protestas de Unión de Uniones y las tractoradas organizadas en redes sociales, vinculadas a la extrema derecha.

Aunque las tres organizaciones mayoritarias –las llamadas OPA– tienen una posición común, entre ellas se ubican en las antípodas ideológicas. Si Asaja está en la órbita del PP, UPA se ubica en el PSOE, y COAG todavía más a la izquierda. También se reparten de forma desigual por la península, tienen estructuras diferentes y discrepan sobre el futuro de la profesión. Así son cada una de ellas:

Aunque las tres grandes organizaciones tienen un número parecido de asociados, la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) es la que más poder acumula, ya que representa a más de la mitad de las hectáreas de cultivo y a grandes empresarios del campo. No a todos, porque los fondos de inversión y las explotaciones de tamaño industrial trabajan al margen de las asociaciones.

Asaja dice tener unos 200.000 asociados y surgió durante la Transición, en 1989, con la fusión del Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA), la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG) y la Unión de Federaciones Agrarias de España (UFADE), que a su vez provenían de la disolución de los sindicatos verticales del franquismo y las cámaras agrarias. En su origen, Asaja también tenía una relación muy fuerte con el campo andaluz, aunque desde entonces se ha expandido a otras comunidades.

Aunque una parte de sus raíces sí están relacionadas con el franquismo, la entrada de los agricultores jóvenes dio pluralidad a la organización. Sin embargo, sí tiene una relación estrecha con las ideas conservadoras y está asociada al gran capital. "Asaja la montó la UCD y luego la heredó Alianza Popular. Nació en el contexto de un movimiento jornalero muy fuerte en Andalucía porque la política necesitaba una interlocución con los empresarios", recuerda también Manuel González de Molina, catedrático de Historia de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Asaja forma parte de la CEOE y algunos de sus altos cargos acaban en el Partido Popular. Pedro Gallardo, portavoz del PP de Agricultura en el Congreso, era hasta el pasado verano vicepresidente de esta OPA.

La visión del campo de Asaja tiende hacia la concentración de la tierra en grandes propietarios y la inversión en tecnología para mejorar la rentabilidad, aunque muchos de sus asociados también son pequeños y medianos agricultores y ganaderos, con intereses diferentes a los terratenientes, por lo que tiene que equilibrar su posición entre unos y otros.

Por tamaño e importancia, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se ubica después de Asaja, aunque en los últimos quince años ha perdido mucho peso debido a las escisiones que ha sufrido. En su origen se ubicaba ideológicamente a la izquierda del PSOE, ya que fue impulsada por la esfera de Comisiones Obreras y el Partido Comunista, y dice tener 150.000 asociados. 

COAG nació con las protestas del campo durante los años 70 y uno de sus fundadores fue Cayo Lara, antiguo líder de Izquierda Unida. Su estructura como unión de organizaciones provinciales hace que cada región sea independiente y tenga sus reivindicaciones, por lo que también es la OPA más compleja y desordenada de las tres. La Unión de Pagesos (Cataluña) fue una de las principales organizaciones que participaron en su creación, pero en 2008 abandonó el proyecto por cuestiones nacionalistas junto a La Unió valenciana, y provocó un importante agujero en COAG. También salió la Unión de Campesinos de Castilla y León debido a las pugnas de poder internas.

Aunque en sus inicios se situó a la izquierda de UPA, COAG tiene una visión más conservadora sobre el ecologismo y la apertura de la Unión Europea, ya que sus asociados son más mayores, tiene que coordinar los intereses de todas sus organizaciones y está amenazada por el crecimiento de Unión de Uniones. Manuel González afirma que COAG ya ha abandonado todos sus valores de izquierda originales y su defensa de los pequeños agricultores para centrarse en el apoyo de las grandes explotaciones para garantizar su supervivencia a medida que la concentración agrícola crece en España.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) es la más OPA con menos representación entre las tres mayoritarias. Es la más ligada a las ideas progresistas en el campo, con una promoción fuerte del ecologismo y el ruralismo, aunque estos días también se ha mostrado crítica con las nuevas exigencias verdes de Bruselas. Está integrada dentro del sindicato UGT y ligada políticamente con el PSOE.

Nació en 1987 por acuerdo entre PSOE y UGT a partir de la antigua Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), que hereda la filosofía del sindicalismo jornalero y la lucha obrera de la década de 1930. La relación de UPA con UGT permitió a esta OPA crecer rápidamente y tener voz nacional y europea, aunque siempre ha habido cierta tensión entre ambas, ya que se trata de un sindicato muy ligado a la lucha obrera que integra una organización de propietarios de explotaciones, por mucho que esta represente a pequeños empresarios y fincas familiares. También genera roces la defensa de UGT de la subida del salario mínimo porque supone un incremento de los costes para el empresario agrícola. En este asunto, la posición oficial de UPA es que está a favor de subir los salarios, si a cambio se reducen las cotizaciones sociales que paga el empleador.

De las tres principales organizaciones, UPA es la que tiene una mentalidad más abierta y joven, y se pone de perfil en algunos de los postulados de las protestas de estos días. Por ejemplo, sobre el endurecimiento de las barreras de entrada de alimentos a la UE o las quejas sobre el Cuaderno Digital de Explotación, que UPA ha promovido para mejorar el control de las explotaciones. 

Unión de Uniones es la organización que el pasado viernes protestó en las puertas del Ministerio de Agricultura durante la reunión entre el Gobierno y las tres principales OPA bajo el lema "No nos representan". Es la cuarta organización por tamaño y tiene una representación muy fuerte en Cataluña y Valencia, pero nunca ha llegado a formar parte del Consejo Consultivo Agrario ni es considerada por Agricultura como un interlocutor del sector. 

Nació en 2008 tras la escisión de varios grupos de COAG, con la Unió de Pagesos de Cataluña y la Unió de Llauradors de Valencia como principales impulsores. Ideológicamente es diversa porque está muy ligada al independentismo catalán, pero también hay uniones de Extremadura, Asturias y otras ocho comunidades que no siguen esta línea. En su origen, la Unió de Pagesos estaba relacionada con el movimiento comunista.

Unión de Uniones pelea por sentarse con las otras tres OPA en el ministerio e integrarse después en COPA-COGECA, el sindicato agrario europeo, ya que ambos asientos garantizarían a la organización acceder importantes subvenciones. De hecho, los expertos opinan que el Ministerio de Agricultura no tendría problema en integrar a Unión de Uniones —de hecho, el Gobierno mantiene reuniones informales con esta organización—, pero son las otras tres las OPA las que bloquean su entrada. No solo por cuestión de dinero, también quieren evitar que se diluya su poder al entrar un cuarto actor, y sobre todo temen que otras asociaciones minoritarias sigan sus pasos y quieran integrarse.

También es cierto que Unión de Uniones utiliza esta condición de actor externo al sistema para castigar a las otras OPA, a las que acusa de compadreo con el Gobierno, y se puede permitir convocar protestas paralelas como las de los últimos días adelantándose al resto de convocatorias.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sólo se atreve a predecir lluvias en casi todo el país este viernes y el sábado. De momento, no hay más agua en el horizonte. Y desde luego no parece que vaya a haberla en el sur de España. La de 2023 está resultando una primavera especialmente seca tras un otoño e invierno que acumulan un valor medio de precipitaciones un 21% por debajo de lo normal, según destaca la Aemet.

La retahíla sobre la capacidad de los embalses por repetida no deja de ser alarmante: los de la cuenca del Guadiana están al 34% esta semana, los de Guadalete-Barbate, al 28,4%; al 25,2% se encuentran en la del Guadalquivir; al 35,1% en la del Segura. Y al 26,1% en las cuencas internas de Cataluña. La media nacional alcanza el 50,7% gracias al buen nivel de los embalses del norte y noroeste. Son dos puntos porcentuales más que el año pasado, pero un 25% menos de la media de los últimos 10 años. De hecho, sólo en 2008 –con la única excepción de 2022– la reserva hídrica fue menor que la de esta semana de abril. No ha habido otra sequía igual desde los años 1992 a 1995, de acuerdo con los registros del Ministerio para la Transición Ecológica.

“En mayo se juega todo”, resume un portavoz de Asaja, la patronal agraria. Porque, si no llueve en los próximos 20 días, se puede perder el 40% de las cosechas, advierte el sindicato agrario COAG a infoLibre. Aunque para el sur de España la lluvia llegará tarde. Tanto COAG como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) dan por perdidas las cosechas de trigo y cebada en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. En Aragón se ha malogrado ya el 50% del cereal de invierno. En Castilla y León, donde se siembra más tarde, la cebada “está espigando con poco porte y baja densidad”, explica UPA en un informe sobre los efectos de la sequía. Pero ni siquiera “una eventual lluvia en fechas próximas” paliará el daño ya infligido. Lo mismo le pasa al girasol, añade COAG en su propio informe: “Está a punto de florecer, pero a causa de la sequía tiene un porte muy pequeño y su producción es muy limitada”. El sindicato cifra en 3,5 millones las hectáreas de cereal de secano condenadas por la falta de lluvia.

El secano agoniza y el regadío no libra tampoco del estado de alerta. En el Bajo Guadalquivir y en Cádiz no se van a sembrar ni tomate para la industria, ni zanahoria, brócoli, coliflor o alcachofa. Y hay dudas sobre si plantar algodón, un cultivo típico de la zona, por la falta de agua. Si no llueve, también peligran la remolacha, los ajos y las cebollas. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fencore) avisa de que algunas zonas de regadíos sólo disponen ya del 20% del agua que necesitan. “Estamos perforando donde podemos, no hay manera de encontrar agua”, fue la confesión el pasado martes de un alto responsable de la Diputación de Sevilla citado por Europa Press. Se refería a la comarca de la Sierra Morena sevillana, que reúne a 10 municipios y 25.000 habitantes en temporada baja del turismo.

Las perspectivas, por tanto, no son muy optimistas, sobre todo si se tiene en cuenta que este ya es el segundo año sin casi lluvia y con altísimas temperaturas. Aunque, en realidad, la falta de agua y el calor por encima de los valores normales llevan un lustro asfixiando al campo español. En agosto de 2022, una vez terminadas las principales campañas agrícolas, Asaja calculó en 8.000 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la sequía. De esa cantidad, unos 2.400 millones corresponden a Andalucía. Si no llueve en lo que queda de primavera, el desastre bien puede repetirse este año en toda España. Entonces se perdió el 30% de la cosecha en cultivos de invierno y se redujeron a la mitad la superficie de cultivo de maíz y la producción del olivar, mientras la vendimia cayó hasta en un 30% y la recogida de la almendra se desplomó un 80%.

Un estudio de tres investigadores de la Universidad de Loyola, Manuel Alejandro Cardenete, Luz Dary Beltrán y Paula Villegas, cifra en un 7% el impacto en el PIB andaluz de un año más sequía. Para hacerse una idea del volumen, basta con compararlo con el 11% que perdió el PIB de Andalucía durante la pandemia. Traducida en puestos de trabajo, esa caída del 7% destruiría 120.000 empleos. También CCOO ha advertido de las repercusiones laborales. Su temor es que la pérdida de cosechas y la merma en la producción reduzcan el número de jornadas, y de contratos agrícolas, en las próximas campañas, muchas de ellas muy intensivas en mano de obra. Ese recorte de la actividad tendrá, además, su traslado inmediato al empleo en la industria alimentaria y de conservas vegetales, recuerda el sindicato. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, cifró en 35.000 los puestos de trabajo perdidos en el sector agroalimentario andaluz por culpa de la sequía.

Otro efecto económico de la sequía será la subida de precios. Al recortarse la producción y menguar la oferta, se dispararán unos productos que llevan meses ajenos a la rebaja de la inflación general. Ninguna de las organizaciones agrarias con las que ha consultado este periódico se ha atrevido a calcular cuál puede ser el impacto de la sequía en el IPC. En marzo, los alimentos se encarecieron un 16,5% en comparación interanual, mientras que el índice general sólo creció un 3,3%. El precio de legumbres y hortalizas subió un 27,8%, el del arroz un 22,2%, y el de las patatas un 20,8%. El aceite de oliva está en cifras récord, con un alza del 32,1% respecto a 2022, como resultado de una caída a la mitad de la producción el año pasado. Estos días, los olivos están plena floración, adelantada además un par de semanas debido a las altas temperaturas, por lo que sólo un riego también adelantado en el calendario puede salvar la campaña de la aceituna de repetir la mala cosecha de 2022, alerta UPA.

Lo que está claro es que la sequía no va a ayudar a moderar el precio de los alimentos si fuerza un descenso de la oferta. Los agricultores de la comarca de Las Vegas, en Madrid, donde se cultivan los melones de Villaconejos, ya han decidido que este año no sembrarán si no se les garantiza un mínimo de agua para llevar a buen término las cosechas, advierte COAG. La misma amenaza se cierne sobre las frutas y hortalizas que quizá no se plantarán en la Real Acequia del Tajo, el Caz Chico y Azuda, unas 500 hectáreas, de regadío y de secano. La siembra del girasol, que resurgió tras el cierre de las exportaciones de Ucrania por la guerra, está en duda por culpa de la falta de lluvias. El arroz también reducirá su superficie y por segundo año consecutivo: pasó de 84.000 hectáreas en 2021 a 58.000 en 2022, calcula UPA.

Pese a que en el norte de España los embalses están aún por encima del 80% de su capacidad, su sector primario tampoco puede escapar de los perjuicios de la escasez de lluvia. Allí son los ganaderos los que sufren por la falta de pastos. “Nuestro ganado va a necesitar aportaciones de agua extra porque manantiales y acuíferos que nunca se habían secado se secaron el año pasado y la previsión es que este año se sequen también”, lamentó el consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco, este miércoles. Como no hay pastos, hay que tirar del forraje para el ganado, pero como éste también es escaso, aumenta el gasto en pienso, cuyos precios llevan en las nubes desde antes de la invasión rusa de Ucrania. En 2022 desaparecieron 789 explotaciones ganaderas en España, según los cálculos de otro sindicato agrario, Unión de Uniones. A razón de 66 al mes.

La sequía afecta incluso a las abejas. Si hay menos flores, hay menos polen; por tanto, menos miel. COAG calcula las pérdidas causadas por la sequía ascenderán a unos 15.473 euros por cada explotación de 500 colmenas. “No habrá casi cosecha esta primavera por la dura sequía, que golpea a los apicultores por tercer año consecutivo”, se queja el responsable del sector apícola del sindicato, Javier Izquierdo.

Las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas pidieron este miércoles al Ministerio de Agricultura en la Mesa de la Sequía un plan de choque con medidas urgentes. Ayudas directas, exenciones fiscales y de las cotizaciones a la Seguridad Social, así como la flexibilización de las normas de la Política Agraria Común (PAC), de forma que agricultores y ganaderos no pierdan esos fondos. También quieren que se modifiquen los seguros agrarios. Sólo el 4,5% de la superficie de secano y el 7% del censo de la ganadería extensiva tienen cubierto el riesgo de sequía. En los frutos secos el área asegurada asciende apenas al 11,4%. La cobertura de la uva no llega ni a la mitad de la superficie cultivada. Trasvases, embalses, conducciones, digitalización de la gestión del agua... quedan en la agenda para el largo plazo.

UPA no duda en calificar de “dramática” la situación de las explotaciones por culpa de la falta de agua. Tras el alza estratosférica del gasóleo, los fertilizantes, los fitosanitarios, los piensos y los forrajes por culpa de la guerra en Ucrania, la sequía va a dar el empujón final a un sector abrasado por los precios. “Es la campaña con costes más altos de la historia en la agricultura y ganadería españolas”, concluye en su informe el sindicato. 

Los Veintisiete han comenzado a discutir este jueves en Bruselas el marco presupuestario de la Unión Europea para los próximos siete años. Deben decidir cuál va a ser su límite de gasto y la cuantía de sus ingresos hasta 2027, contando con un contribuyente menos, el Reino Unido, y se barrunta una gran tormenta. La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, incluye un tijeretazo a los fondos de la Política Agraria Común (PAC) y a los fondos de cohesión, que equivalen al 60% del presupuesto y constituyen una fuente de financiación fundamental para España. El recorte es mayor que los planteados tanto por la Comisión Europea como por el Parlamento de Estrasburgo.

En concreto, España puede perder 5.885 millones de euros en fondos agrícolas para los próximos siete años si se aprueba la propuesta de Michel. En el anterior presupuesto –2014-2020–, España tenía asignados 46.400 millones de euros, que se pueden quedar en 40.515 millones si prosperan las cuentas del presidente del Consejo Europeo, una reducción del 12,7%, según los cálculos realizados por la Unión de Pequeños Agricultores. COAG y Unión de Uniones elevan hasta 6.475 y 6.510 millones, respectivamente la cuantía que España dejará de recibir.

Los fondos de la PAC son de dos tipos: pagos directos a los agricultores y medidas de desarrollo rural. El conocido como primer pilar puede quedar recortado en un 10% y el segundo, en un 25%. Las ayudas directas son la partida más voluminosa, 38.100 millones entre 2014 y 2020, también la que más preocupa a las organizaciones agrarias, ya que está destinada a complementar la renta de los agricultores. “El 30% de su renta procede de estos pagos”, destaca Javier Alejandre, del gabinete técnico de UPA. El 70% restante depende del mercado; es decir, de unos precios en caída constante que ni siquiera cubren costes de producción, como han gritado en las últimas semanas agricultores de toda España en sus múltiples protestas.

Si, además, resulta que la renta de los agricultores europeos, no sólo españoles, es un 30% inferior a la renta media de los ciudadanos de la UE, como lamenta José María Castilla, director de la Oficina de Asaja en Bruselas, los 3.800 millones que puede perder España en este capítulo son una amenaza para un sector ya de por sí castigado, coinciden las organizaciones agrarias. “Los pagos directos funcionan como un colchón, un salvavidas que ahora se nos irá desinflando”, compara Javier Alejandre.

El dinero del segundo pilar, destinado a desarrollo rural –modernización, mejora de la competitividad, gestión sostenible de los recursos, relevo generacional–, es mucho menor: 8.300 millones entre 2014 y 2020, que corren el riesgo de quedarse en 6.225 millones para los próximos siete años. Aunque pueden ser cofinanciados por los Estados miembros y las comunidades autónomas, apuntan UPA y Asaja. El problema, precisan enseguida, estriba en que un contexto de recorte del gasto público, como el que sufre España por sus obligaciones de déficit, no es el mejor escenario para conseguir recursos con los que compensar la falta de fondos europeos.

La PAC, reducida a la mitad desde 1990

Lo cierto es que el grifo de dinero europeo para la agricultura se ha ido cerrando de forma progresiva y constante en los últimos años. Aunque la PAC representa aún el 36,1% del Presupuesto anual de la UE, su importancia no ha dejado de disminuir: en los años 80 equivalía al 66%. Respecto a la Renta Nacional Bruta, ha pasado de ser el 0,54% en 1990 a quedarse en el 0,34% en 2020, según cifras del Parlamento Europeo. “Es decir, se ha reducido a la mitad”, protesta José Luis Miguel, director técnico de COAG.

España es el segundo país de la UE en superficie agrícola utilizada, después de Francia; el tercero por su número de explotaciones, tras Polonia e Italia, y el cuarto por el número de empleos en el sector, 749.700 personas. También es el cuarto productor europeo, con 46.807 millones de euros anuales, detrás de Francia, Italia y Alemania. De la PAC recibe el 11,4% de los fondos, lo que le convierte en el segundo mayor perceptor, sólo superado por Francia, que se lleva el 17,5%.

En resumen, las organizaciones agrarias han dado la voz de alarma. “Los bajos precios, los impuestos, los aranceles de Estados Unidos… el recorte de la PAC puede ser la puntilla para el sector”, sentencia José María Castilla. José Luis Miguel no duda de que el impacto se traducirá en una reestructuración del sector, donde sólo sobrevivirán las explotaciones cada vez más grandes, y en la despoblación del campo. Pese a ser un sector estratégico, la UE parece que no quiere cuidarlo, critica el dirigente de COAG. “Ese modelo de agricultura con muchas explotaciones, muy diversas y con producciones de calidad va a terminar desapareciendo”, se queja, “y sólo van a quedar macroexplotaciones, mientras las pequeñas y medianas, que son a las que hay que ayudar, viven en permanente riesgo de quiebra, con los precios hundidos, endeudadas y con las líneas de crédito cerradas”.

Andalucía, el olivar...

En cualquier caso, el recorte de Charles Michael es sólo una propuesta, que fija el gasto del Marco Financiero Plurianual en el 1,074% de la Renta Nacional Bruta. La Comisión Europea quiere un 1,11%. Y el Parlamento Europeo, el 1,3%. Tras aprobar el límite de gasto, y el los Veintisiete tienen que hacerlo por unanimidad, dará comienzo lo que se conoce como trílogo, las negociaciones entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El procedimiento puede alargarse hasta la segunda mitad del año, por tanto. En octubre debe ingresarse ya el primer pago de la nueva PAC. José María Castilla confía en que el Parlamento ejerza su derecho de veto para defender ese 1,3% que, a su juicio, permitirá satisfacer las políticas más necesarias.

Por eso no quiere detallar quiénes sufrirán más los recortes. Tampoco José Luis Miguel. “La aplicación de los fondos la deciden los gobiernos nacionales”, explica el técnico de COAG, “no se puede decir a priori cuál va a ser la distribución”. No obstante, Javier Alejandre esboza algunas líneas generales. El reparto dependerá del acuerdo al que lleguen el Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias. Y el reparto no es “neutro”. Unos territorios –regiones agrarias, no comunidades autónomas, precisa– reciben más ayudas que otros dependiendo del tipo de agricultura dominante. Andalucía ha sido hasta ahora la que más ayudas ha recibido, por tanto puede correr más riesgo de perder fondos.

“España es el país de la UE con más diferencia entre territorios, tenemos de todo y con extremos: cereales de regadío muy productivos y otros marginales como ocurre en Los Monegros [entre Zaragoza y Huesca], olivares superintensivos pero también olivares en sierra, tradicionales, que sólo producen 1.000 kilos por hectárea”, describe el técnico de UPA. Con menos dinero para repartir, deberá decidirse “qué modelo de explotaciones modelo de explotacionestiene más sentido apoyar”: si se quiere beneficiar a la ganadería extensiva o si, por el contrario, el olivar que ha percibido históricamente un elevado volumen de ayudas, debe sufrir un mayor recorte. O no, teniendo en cuenta su importancia “social”, puntualiza Alejandre. En cualquier caso, el técnico de UPA cree que aquellos sectores que hasta ahora han recibido ayudas por encima de la media pueden estar en el centro de la diana.

Agricultores genuinos, techo de ayudas

La reorientación de los fondos también puede incluir otras dos medidas ya acariciadas desde hace tiempo: definir qué es un “agricultor genuino” y poner un tope a la cuantía de las ayudas que se pueden percibir. Un agricultor genuino debería ser aquél que perciba de la actividad agrícola al menos el 25% de su renta. “La duquesa de Alba, al fin y al cabo, cobraba [ayudas de la PAC] pero tenía fincas y generaba empleo, pero es indecente que las cobren las pistas de Baqueira Beret o los apeaderos de ADIF”, denunció hace sólo unos días el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores, José Manuel de las Heras. Según sus cálculos, si sólo recibieran estos fondos los “agricultores genuinos”, los 700.000 solicitantes contabilizados en 2019 quedarían reducidos a la mitad.

De modo que se podría mantener el importe individual de unas ayudas cuyo monto total es cada vez más exiguo. Alemania y Francia, subrayó, ya hicieron procesos similares de selección de los perceptores hace tiempo. José Luis Miguel precisa que ya tras la reforma de la PAC en 2013 se les retiraron las ayudas a ayuntamientos e incluso aeropuertos. Y Javier Alejandre cree que también debe reconocerse la “multiactividad”, aquellos agricultores que sólo tienen una explotación agrícola pequeña como complemento de sus ingresos, pero también generan actividad en el mundo rural y consumen pocos recursos.

Otro tema distinto es el tamaño de las explotaciones. Una de las críticas más extendidas a las ayudas de las PAC es que benefician a las explotaciones cuanto más grandes son. Y dejan huérfanas a las pequeñas y medianas, las que más necesitan esos fondos para sobrevivir en un medio hostil de precios hundidos, costes de producción disparados y volatilidad constante en los mercados. De acuerdo con las cifras manejadas por el Parlamento Europeo, correspondientes a 2016, el 1,81% de las explotaciones, un total de 121.713, percibe el 14,57% de las ayudas, con una media de 50.000 euros por explotación. Por el contrario, el 78,8% de los beneficiarios cobró el 15,6% de las subvenciones, menos de 5.000 euros por cabeza. El motivo es que los pagos se conceden por hectárea cultivada, de forma que cuanto mayor es la explotación, mayor es el volumen de dinero público que recibe.

Esta política ha espoleado la agricultura industrial. Entre 2005 y 2013, el número de explotaciones por encima de las 100 hectáreas creció un 16%, que utilizan el 52% de las tierras agrícolas en Europa. Mientras, las pequeñas, de menos de 10 hectáreas –que aún representan el 80% de las explotaciones–, ocupan sólo el 10% de la tierra disponible y su número no deja de disminuir: el 96% de las que desaparecieron entre 2003 y 2013 no llegaban a esa superficie, según los datos del Atlas de la PAC, un estudio elaborado por la Fundación Heinrich-Böll, ligada a Los Verdes alemanes, SEO/BirdLife y la coalición Por Otra PAC, a su vez integrada por 37 organizaciones ecologistas y de consumidores.

La segunda medida, las propuestas para limitar las ayudas de la PAC a un máximo por explotación, se han sucedido en el tiempo, pero no han prosperado. UPA y COAG apoyan aplicarles un techo. Se ha hablado de 60.000, 100.000 e incluso 300.000 euros por explotación. Por el contrario, el representante de Asaja considera que ése es un “debate falso”. “Lo importante es quién desarrolla una actividad agrícola, quién fija población, quién genera riqueza en una zona rural, provee de alimentos de calidad y respeta el medio ambiente”, sostiene, “qué más da el tamaño de la explotación”. Javier Alejandre replica que ese tope es una alternativa para “rescatar recursos”.

Excepciones al derecho de competencia y menos impuestos

El técnico de UPA defiende los pagos directos no sólo por la supervivencia de las explotaciones, sino también porque con pocos recursos –cada ciudadano sólo aporta 116 euros al año a la PAC– se vincula al proyecto de construcción europea a una base socialmente importante como a los agricultores. Por eso insta a situar en el centro del debate un asunto que ahora es “tabú”: desarrollar plenamente el Tratado de Lisboa cuando dice que la PAC está por encima del derecho a la competencia.

A su juicio, en la actividad agrícola ocurre lo mismo que en el mercado laboral, donde se reconoce que el poder de negociación de empresarios y trabajadores no es el mismo y la ley debe proteger a estos últimos. En el sector primario, la diferencia de poder entre los productores y el resto de los eslabones de la cadena deja a los agricultores a merced de los intermediarios y la gran distribución. “Por eso deberían permitirse excepciones operativas al derecho de competencia, como la negociación colectiva de precios”, invita Javier Alejandre, “que hagan posibles unas condiciones generales para luego introducir variaciones según zonas de producción”.

Si los recortes se consuman, la pelota pasará al tejado de los gobiernos nacionales, coinciden las organizaciones agrarias. Indexar los precios a los costes de producción, prohibir la venta a pérdidas en toda la cadena, publicar las sanciones a los grandes distribuidores con un fin ejemplarizantes y crear la figura del mediador para resolver los conflictos conforman el catálogo de sugerencias en la cartera de UPA. Asaja, por su parte, pide rebaja de tipos impositivos para los agricultores así como de las bases de cotización para compensar la subida del salario mínimo. También modificar las tarifas de riego e incluso reducir el IBI.

José Luis Miguel exige al Gobierno “voluntad política” para pelear las ayudas en Bruselas ahora que “la cohesión se está moviendo hacia el Este de Europa”. “No vaya a ser que estemos poniendo dinero a cambio de nada, por lo menos que tengamos retornos a través de la agricultura”, insta el técnico de COAG. Javier Alejandre critica que, pese a las movilizaciones que han puesto a los agricultores en las portadas y los telediarios, y a las declaraciones de apoyo y comprensión del Gobierno, las organizaciones aún no han “visto ningún papel del ministerio [de Agricultura]”.

“Estamos trabajando para que el recorte para los agricultores sea cero”, aseguraron este mismo jueves fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, que explican que España no será en ningún caso “uno de los grandes perdedores” en estas “complejas y complicadas negociaciones”.

“Durante muchos años”, concluye José Luis Miguel, “no nos hemos movilizado lo suficiente y ahora… ha rebosado el vaso”.

Los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes a Dominica de la lista negra de paraísos fiscales de la UEUE, que ahora está compuesta por once territorios.

En un comunicado, el Consejo de la UE ha explicado que Dominica "ha cumplido sus compromisos" y ha resuelto las dudas del bloque comunitario sobre el intercambio automático de información financiera. En concreto, la isla caribeña ha completado los pasos necesarios para ratificar el Convenio de Asistencia Administrativa Mutual en materia fiscal de la OCDE.

"Este paso garantiza la retirada de Dominica de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores" en materia fiscal, ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión de este viernes, la lista negra europea de paraísos fiscales está compuesta por once territorios, que son Samoa Americana, Belice, Fiji, Guam, Islas Marshall, Omán, Samoa, Trinidad y Tobago, Emiratos Árabes Unidos, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

La primera versión de la lista negra europea de paraísos fiscales fue aprobada en diciembre de 2017 y contenía 17 territorios que no cooperan en materia fiscal. Desde entonces, los socios comunitarios han actualizado la lista tras recibir y constatar cambios legislativos en las jurisdicciones implicadas. La primera revisión de gran calado tuvo lugar en marzo de este año.

La Cámara de los Comunes británica debatirá y votará el plan B para la salida de la Unión Europea el próximo 29 de enero, exactamente dos meses antes de que venza el plazo para que Reino Unido abandone el bloque comunitario con o sin un acuerdo de por medio. Informa Europa Press.

Tras el rechazo de los diputados el martes al Tratado de Retirada pactado por el Gobierno de Theresa May, el Ejecutivo expondrá el lunes una vía alternativa con la que espera solventar el actual punto muerto, si bien por ahora no se ha concretado nada al respecto.

La líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom, ha confirmado que tras el discurso de la primera ministra el 21 de enero, "habrá todo un día de debates sobre la moción el 29 de enero". Será entonces cuando los legisladores se pronunciarán formalmente sobre el plan B.

El Gobierno quiere convocar elecciones entre los agricultores y ganaderos españoles sin campaña ni control de gastos electorales. Al menos no hay mención a ninguno de estos dos asuntos básicos en el proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que no gusta a las tres principales organizaciones del sector.

Aunque el texto que finalmente ha recibido el Congreso de los Diputados para su tramitación ha modificado algunos de los puntos más controvertidos –y peculiares– del borrador, no ha suscitado el aplauso ni de Asaja, ni de UPA ni de COAG, las tres organizaciones con representación en el Comité Asesor Agrario. Sólo la Unión de Uniones, una escisión de COAG, ve con buenos ojos el nuevo tipo de elecciones, aunque también pide “mejoras” durante su tramitación parlamentaria. Según la memoria económica del proyecto, la consulta costará al Ministerio de Agricultura casi un millón de euros, y convocará a entre 373.000 y 568.000 electores, casi el doble de los que actualmente componen el censo agrario –272.000 afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social–.

La idea inicial del ministro Miguel Arias Cañete era, cuanto menos curiosa: quería poner una sola mesa por provincia, ubicada en la Delegación del Gobierno. La urna estaría abierta durante 15 días –se precintaría cada noche y desprecintaría por la mañana–. El proyecto habla ahora de una mesa por comarca, con un máximo de 1.400 electores por mesa. Como la memoria económica utiliza para sus cálculos una estimación de 420.000 electores en toda España, el número de mesas sería, por tanto, de 300.

No obstante, todas las organizaciones agrarias reclaman que se aumente el número de mesas, por los menos una por municipio o incluso una por cada 50 o 60 electores. Lo contrario, asegura el secretario general de COAG, Miguel Blanco, limitará la participación de los agricultores, repartidos de forma muy dispersa por el territorio.

Lo que no ha cambiado es uno de los puntos más polémicos del borrador: la ampliación del censo a quienes aleguen rentas procedentes de actividades agrarias por un mínimo del 25% de sus ingresos y a quienes reciban un mínimo de 3.000 euros de subvenciones europeas. También podrán votar personas jurídicas, es decir, sociedades mercantiles “cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria” y acrediten una facturación mínima de 10.000 euros.

COAG y UPA critican que se convierta a perceptores de ayudas europeas y a empresas en electores. Según Miguel Blanco, 300.000 de los 900.000 receptores de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) las ingresan “por derechos históricos” pero no tienen actividad agrícola real, no están obligados a producir. En teoría, estos perceptores de ayudas podrán votar si éstas superan los 3.000 euros.

¿Consulta o elecciones?

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Agricultura asegura que su intención es ejecutar un “cambio de modelo”. Recalca que es una “consulta”, “no se trata de un proceso electoral, ni es directamente aplicable la normativa electoral”, a diferencia del sistema en vigor hasta ahora, que queda derogado. Eso sí, resulta que se utilizará la Ley D'Hondt para contar los votos y establecer la representatividad de las organizaciones agrarias. Y el ministerio asegura que en la consulta se adoptarán “garantías similares a las obligatorias en las elecciones generales”.

“Si los resultados de la votación son los mismos que los de un proceso electoral, es decir, se mide la representatividad de las organizaciones agrarias, se cubren los puestos del órgano de representación [el Consejo Agrario] y sirven para modular las subvenciones y repartir el patrimonio sindical, son unas elecciones, no una consulta”, resume el responsable de COAG. “Si miden la representatividad, son unas elecciones en potencia”, corrobora el coordinador de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras.

El problema básico que COAG y UPA, las más críticas, encuentran en el proyecto de ley es precisamente que se ha optado por la consulta para “sortear las garantías democráticas” de la Ley General Electoral. “Ni se menciona si habrá campaña electoral, ni cuántos días va a durar, tampoco se establecen mecanismos para vigilar los gastos electorales ni se permite a las organizaciones participar en la junta electoral”, se queja Marcos Alarcón, secretario de Organización de UPA. En el reproche coincide el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien pide que durante la tramitación parlamentaria se corrijan otros “matices importantes”, como el voto por correo o la utilización del censo, “insuficientemente regulados” según todas las organizaciones. “Podría haber pucherazo”, advierte Miguel Blanco.

“Debilitar” a las organizaciones agrarias

Las organizaciones, según los votos que reciban, se repartirán los 10 puestos del nuevo Consejo Agrario, que al igual que su antecesor –el Comité Asesor Agrario–, no dejará de ser un órgano meramente consultivo. En el comité existente se sientan las citadas Asaja, UPA y COAG. En el nuevo órgano lo harán entre cuatro y seis organizaciones, según las previsiones del Gobierno explicitadas en la memoria económica del proyecto de ley. Unión de Uniones aspira a estar entre “la segunda y la tercera” organización por importancia, asegura De las Heras, que quiere elecciones “cuanto antes, para el fin del verano”.

Para ser considerada organización agraria más representativa, las candidatas deberán obtener, al menos, un 15% de los votos en toda España, así como un 5% de los sufragios en seis comunidades autónomas. En el borrador inicial, el umbral era sólo de tres comunidades. A juicio de la Unión de Uniones, seis es un número excesivo. Para COAG, el mínimo nacional no debería bajar del 20%. Porque cree que el objetivo último del Ministerio de Agricultura con ese porcentaje y con la ampliación del censo a empresas y perceptores de ayudas PAC o empresarios no exclusivamente agrícolas no es otro que “diluir” la representación de las organizaciones del sector y, por tanto “debilitarlas”.

El resultado de esta consulta servirá, además, para determinar el reparto entre estas organizaciones tanto de las subvenciones públicas como del patrimonio sindical. Éste se compone de tres edificios en Madrid y tres depósitos bancarios que suman 6,24 millones de euros, procedentes de la venta en 2000 del hotel Campomar, situado en Guardamar del Segura (Alicante) y propiedad de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias. El patrimonio también incluye una cuenta de 100.000 euros para gastos corrientes e impuestos de esos inmuebles, según enumera la memoria económica.

Primero el Congreso, luego los tribunales

Las organizaciones agrarias van a abrir una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar corregir los aspectos que menos les gustan del proyecto de ley. Pero UPA y COAG, además, no descartan recurrir a la vía judicial: el texto no ha pasado ni por el Consejo Económico y Social (CES) ni por el Consejo de Estado, dos pasos que consideran preceptivos.

UPA ha convocado para el próximo martes una manifestación de agricultores y ganadores de toda España ante el Ministerio de Agricultura para denunciar la “falta de interlocución tremenda” con el departamento de Arias Cañete. “Pero sobre todo su falta de respeto”, lamenta el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. En este caso aludía a la Política Agraria Común, pero se trata de una acusación recurrente por parte de las organizaciones agrarias. “No se nos ha escuchado”, resume Miguel Blanco, pese a que las reclamaciones de los tres sindicatos sobre las elecciones agrarias eran, dice, “convergentes”. Un portavoz de Agricultura se remite a la tramitación parlamentaria, que como no será urgente puede prolongarse unos cuatro meses, para “perfeccionar” el texto y asegura que sí ha hablado con las organizaciones antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. “Me pregunto qué intencionalidad política hay detrás de la ley”, concluye el responsable de COAG.