Al igual que no es lo mismo decir "liberal" o "republicano" en España que en Estados Unidos, es distinto decir "moderado" o "progresista" en la Iglesia y fuera de ella. Y más aún en la ultraconservadora cúpula de la Iglesia española. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), elegido este martes, rechaza de entrada esta dicotomía entre conservador y moderado-progresista porque cree que sólo hay que clasificar al clero en función de la conformidad de sus actos con el Evangelio. Pero eso no lo ha librado de que a él mismo se lo adscriba a la rama "moderada" o incluso "progresista" del episcopado. No obstante, hay que aclarar que, si la comparación se realiza con los obispos alineados con las tesis integristas de Antonio María Rouco Varela, la etiqueta de moderado o de progresista no significa gran cosa en sí misma. Mantener mínimamente viva la llama del Concilio Vaticano II en España ya te hace parecer el moderno de la clase, por oposición a un sector de aliento tridentino marcado a fuego por el pontificado antiizquierdista de Juan Pablo II, obsesionado con purgar de la Iglesia la Teología de la Liberación y cualquier veleidad socialista, y por la ortodoxia doctrinal de Benedicto XVI. Con poco, Omella se distingue. Al igual que Francisco, habla más de pobreza que de aborto, defiende una Iglesia atenta a su tiempo y no replegada sobre sí misma. Y emplea una retórica que no trae ecos nacionalcatólicos. Eso ya lo convierte en un moderado, en un aperturista.

A eso se añade que Omella ha sido un defensor del "diálogo" en Cataluña, hasta el punto de mediar entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en la antesala del referéndum del 1 de octubre de 2017, lo cual da relevancia a su nombramiento en atención a la situación actual, marcada por la negociación entre el Gobierno español y el Govern catalán en torno al "conflicto político". Son suficientes ingredientes para que algunos hayan concluido que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tiene un amigo en la CEE. No tan deprisa. La realidad, como siempre ocurre con la Iglesia, es algo más complicada.

Hombre del papa

Lo innegable es que este martes fue un buen día para el papa. La transición impulsada por el jesuita Jorge Mario Bergoglio, papa desde 2013, aún no contaba con un referente en lo alto de la cúpula española. Y, en la medida en que Francisco es un pontífice tenido por reformista en relación con la curia, las finanzas y la respuesta a la pederastia, y por moderado o progresista en la interpretación doctrinal, Omella también es adjetivado del mismo modo, en tanto que es considerado desde hace más de un lustro el hombre del papa en España, junto al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Hasta ahí se justifica la extendida consideración como moderado de Omella, que por lo demás es fiel a los postulados vigentes para la interpretación de los textos sagrados y al que no se le conocen opiniones fueran del canon sobre el aborto, la homosexualidad o la eutanasia.

Lo diferente de Omella, cuya llegada rompe con dos décadas de Rouco Varela y Ricardo Blázquez alternándose en la presidencia de la CEE, no es tanto el contenido como las prioridades. Un ejemplo: en una carta de mayo del año pasado, se significó contra las casas de apuestas, demostrando reflejos y atención a la actualidad. También se muestra compasivo ante la inmigración, un tema en el que insiste, porque cree que mide la humanidad de una sociedad. Y todo ello lo hace con un tono y un acento conciliadores. Lo que José Luis Rodríguez Zapatero llamaba "talante".

Pobreza, inmigración

Frente a la beligerancia de Rouco y la parquedad de Blázquez, Omella propone una afabilidad distendida, risueña, a veces incluso chistosa, sin salir en el fondo de la prudencia. Será más fácil verlo en los telediarios que al austero Blázquez. Son modos que a algunos les han recordado a Vicente Enrique y Tarancón, aunque Omella rechaza pudorosamente la comparación. Al igual que Francisco, el nuevo líder de los obispos pone el acento en la pobreza, en el acogimiento de los inmigrantes, en la función "social" de la Iglesia. Ojo, no con un análisis de fondo o un examen de las causas estructurales, dado que no existe en el episcopado español una corriente de liberación como en América Latina, pero sí reservando a la Iglesia un papel de "acompañamiento" de los más necesitados. No se profundiza en las causas, sino en la paliación de la pobreza. El de Omella es en este punto un discurso parecido al del papa Francisco, con el que tiene una relación habitual. Como presidente de la Pastoral Social (2002-2008), el nuevo presidente de la CEE conoce al dedillo la tarea de Cáritas. También ha sido consiliario nacional de Manos Unidas (1999-2015).

Formado en Jerusalén y Lovaina (Bélgica), donde se licenció en Teología, Omella es sacerdote desde 1970 y obispo desde 1996. Ha pasado por las diócesis de Zaragoza, Barbastro-Monzón, Calahorra y La Calzada-Logroño, desde donde pasó a Barcelona. En su trayectoria hay un año de misionero en Zaire. Al igual que el papa, Omella reivindica su condición de párroco –su referente es el santo cura de Ars–, se comporta con sencillez, se muestra mundano y poco apegado al boato. Dice algo de su visión de la Iglesia el título de su plan pastoral en Barcelona: "Salgamos". Omella quiere un Iglesia menos replegada sobre sí misma y que alcance a los jóvenes. En Barcelona ha observado el cardenal turolense los efectos de la secularización. Cataluña es de las comunidades donde más retrocede la influencia de la Iglesia. Es, por ejemplo, la que menos marca la equis católica en el IRPF.

Posición ante el independentismo

El nuevo líder de los obispos aguanta una tras otra sin protestar las preguntas sobre el procés en las entrevistas, aunque está claro que le incomoda hablar de política.

– ¿Cataluña es una nación? –le preguntaron en una entrevista en El Mundo.

– Esa es una pregunta muy peligrosa para mí. Es una pregunta más política.

Políticamente, se dice neutro. A su pesar, su participación como mediador circunstancial en el procés es el elemento más comentado de su trayectoria, y el que más irrita a los sectores de la derecha contrarios a cualquier forma de negociación, diálogo o concesión al independentismo, aunque sea para desactivar el procés. Antes del 1-O, medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, como él mismo contó meses después en una entrevista en Catalunya Radio. "He hecho lo que he podido. he hablado con unos y con otros en aquellos momentos de tensión. “Rajoy me escuchó muy bien. Y también el señor Puigdemont. Tanto uno como el otro”, afirmó.

No hay ni una sola declaración en la trayectoria del presidente de la CEE que acredite simpatía por la causa independentista, o nacionalista, mucho menos por el procés. A lo máximo que ha llegado ha sido a exponer que le parecía "excesiva" la prisión preventiva a los líderes independentistas. Ni una palabra crítica sobre la sentencia, para la que pidió respeto. Omella se ha significado contra el nacionalismo, al que vincula con el populismo, opuesto al "humanismo cristiano" [ver aquí una entrevista sobre sus ideas en La Vanguardia]. Es más, su posición contrasta con la de un sector del clero catalán mucho más próximo a las tesis nacionalistas, encarnado en figuras como el abad de Montserrat, Josep María Soler, que defiende el llamado "derecho a decidir". Omella jamás ha entrado ahí. Es más, fue recibido con escepticismo por parte del catolicismo catalán, que mantiene en alto la divisa del "volem bisbes catalans", es decir, "queremos obispos catalanes", eslogan católico catalanista desde los 60.

Omella, que se convertirá en el primer arzobispo salido de Cataluña en llegar a la cima de la CEE en sus más de 50 años de historia, no es catalán. Eso sí, conoce Cataluña y su lengua, no en vano se ha criado en Cretas, muy cerca de Tarragona, donde se habla chapurriao o lapao, el catalán hablado en Aragón. Además de catalán, castellano y latín, Omella habla francés e italiano.

Tradicionalismo moral

En el campo moral, Omella no saca los pies del tiesto. Rechaza el aborto incluso en caso de violación, ya que debe prevalecer la "misericordia hacia el ser humano". Si se acepta el poder de decidir sobre la vida de una persona, "se justificaría el terrorismo", afirmó en 2017, declaraciones por las que luego se disculpó. Ha lamentado también que se hable más de las "nuevas familias" que de la "tradicional", que es la "natural".

A pesar de este historial, no puede adscribirse a Omella al sector del alto clero más beligerante contra el feminismo y la diversidad sexual, o al más antiabortista, ya que no tiene el mismo grado de obsesión con el tema ni se expresa sobre el mismo en términos tan apocalípticos como otros, léase Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares. Además, Omella fue de los obispos que faltó a la manifestación contra el matrimonio gay alentada por Rouco Varela en 2005. No obstante, considera que la "ideología de género" es algo ante lo que la Iglesia no debe "doblegarse". Lo dicho: un aperturista, sí, pero dentro de la Iglesia.

Sus primeras palabras

Hombre de Iglesia, leal a la institución, Omella es lo más parecido que se puede encontrar en la cúpula espñaola a Francisco, cuya posición en la CEE sale reforzada no sólo por la elección del nuevo presidente, sino también por el que será su vicepresidente, Carlos Osoro. No hay más que repasar su currículum para observar cómo Omella ha ascendido con rapidez una vez sentado Francisco en la silla de Pedro. No sólo por su nombramiento como arzobispo de Barcelona (2015) o cardenal (2017). También fue muy significativa su designación como miembro de la Congregación para los Obispos, en 2015. Se trata del organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Allí no se suele llegar antes de ser purpurado, como consiguió Omella. Este nombramiento fue interpretado ya inequívocamente: Omella era junto a Osoro el hombre de Francisco en España, país que todavía no ha visitado. Lo hará, ha dicho, "cuando haya paz". ¿Será Omella el presidente que traiga la "paz" a la Iglesia española? Los obispos le han dado la presidencia con 55 de 87 votos. Jesús Sanz, obispo de Oviedo, del sector más conservador, obtuvo 29. Es decir, un tercio de los prelados desconfían del proyecto reformista de Francisco, cuyo hombre en España ya ejerce como presidente.

Tras su elección, compareció este martes junto al presidente saliente, Ricardo Blázquez, para atender a los medios. Quedó claro que los medios no le asustan, pues hasta en la respuesta a las preguntas más peliagudas, como las que atañen a su papel en relación con el Gobierno y el independentismo, tenía espacio para alguna risa. Negó que haya "sectores" en la Iglesia española, aunque sí "sensibilidades". "A pesar de los matices, somos hermanos y nos queremos", afirmó. Citó en varias respuestas a Francisco, especialmente cuando defendió una "Iglesia en apertura". Preguntado sobre la reforma educativa, esquivó toda polémica con una respuesta por elevación, invocando el diálogo. "Privilegios no queremos, pero sí que se nos trate con dignidad y respeto", afirmó. Un clásico del repertorio episcopal. ¿Y su papel ante el diálogo del Gobierno con el independentismo? "En los temas más delicados, hay que buscar siempre los caminos, crear puentes de convivencia y fraternidad. Si hay voluntad de caminar juntos, tenemos que conseguirlo".

Una investigación archivada

El episodio más delicado de la trayectoria de Omella es su papel en la expulsión del sacerdote Miguel Ángel Barco por una presunta paternidad. Aunque judicialmente zanjado, el tema sigue vivo en el entorno episcopal. En la antesala de la asamblea, los obispos recibieron por correo postal un libro anónimo, titulado Complot de poder en la Iglesia española: Barco contra Omella. En defensa propia, que acusa al arzobispo de falsificar documentación durante la tramitación de su expediente. Concretamente, Barco lo acusa de haber ocultado a Roma documentos orientados para su exculpación que puso en poder de Omella. Nunca se ha demostrado tal cosa.

Los hechos han pasado por las manos de la justicia. Barco se querelló contra Omella por falsificación en documento privado, por lo que este fue investigado judicialmente. Omella declaró el 12 de julio de 2019, con su alzacuellos puesto, ante la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Míriam de la Rosa. Un cardenal en sede judicial no es algo que se vea todos los días. Omella negó haber ocultado al Vaticano papeles sobre la paternidad de Barco.

infoLibre preguntó este martes al Tribunal Superior de Justicia de Barcelona por este procedimiento. Respuesta: fue archivado en agosto. El auto de archivo señala que "documentalmente ha quedado acreditado" que Omella envió a Roma los documentos que le entregó Barco. "Omella no tuvo ninguna intervención oficial en el procedimiento canónico que se siguió contra el querellante [...]. Ni lo promovió, ni lo inició, ni participó procesalmente en el mismo ni tomó parte de la decisión última", señala el auto.

Lo más útil para empezar a entender cómo funcionan las elecciones en la Iglesia católica española es tirar a la basura casi todo lo que uno cree saber sobre cómo funcionan unas elecciones. Aquí no hay candidatos oficiales, no hay campaña pública. Pero por supuesto que hay aspirantes, cada uno con sus valedores entre bambalinas. ¿Qué hay en juego en la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que empezó este lunes y dura hasta el viernes? Se elige, fundamentalmente, al presidente de la CEE, cargo que desde 1999 hasta ahora sólo han desempeñado, turnándose, dos hombres, Antonio María Rouco Varela (1999-2005, 2008-2014) y Ricardo Blázquez (2005-2008, 2014-actualidad). Más integrista y beligerante el primero, más contemporizador y moderado el segundo, ambos han sido haz y envés de una misma moneda episcopal, porque pocas instituciones habrá más corporativas que la Iglesia y que defiendan más al unísono su estatus y porque ambos comparten espectro conservador. No obstante, las sutilezas son decisivas en la Iglesia y un simple relevo acelera o frena procesos de gran alcance.

Esta vez, la decisión sobre el líder de la Iglesia en España, cuya identidad podría conocerse este martes, se antoja determinante. Habrá cambio. Y podría ser profundo.

Quién sea el nuevo presidente será un elemento de gran importancia en el rumbo de la institución católica para los próximos cuatro años, que correrán casi en paralelo a la legislatura política estatal –si no hay adelanto electoral– y que se avecinan plagados de retos e incertidumbres para la Iglesia. Toca implantar las medidas exigidas por el papa contra la pederastia.

También renegociar con el Gobierno su estatus económico, amenazado por la auditoría del Tribunal de Cuentas y por el programa de PSOE y Unidas Podemos, que prevé revisar las inmatriculaciones y rebajar las exenciones fiscales. Está por ver el alcance de las creciente reivindicaciones de la mujer en el seno de la Iglesia. La reforma de la ley educativa podría afectar a la concertado, bastión de influencia de la Iglesia.

Juan José Omella

El nombre que circula con mayor insistencia, aunque su elección no está en absoluto asegurada, es el del cardenal Juan José Omella (Cretas, Teruel, 1946), arzobispo de Barcelona, cuyo ascenso supondría, al menos a priori, una mayor sintonía con el papado del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, Francisco por su nombre de obispo de Roma, y una postura menos rocosa ante el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Omella es miembro de la Congregación para los Obispos, el organismo vaticano que gestiona el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Es decir, tiene cargo en Roma. Indirectamente, su nombramiento podría implicar también una sintonía más sencilla entre el Gobierno español y el Vaticano.

Omella, aunque lejos de lo que entenderíamos por progresista fuera de los esquemas tradicionalistas de la Iglesia, está alejado de las tesis y el lenguaje del sector duro. Dentro de la jerarquía, es un moderado. Añade picante a su posible elección el que sea un activo defensor del "diálogo" como solución política en Cataluña, hasta el punto de que medió entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont en vísperas del referéndum del 1 de octubre de 2017. La política no le es ajena. Lo ha dicho: la Iglesia debe servir al pueblo de Dios y a la sociedad civil en que se inserta. Omella, que defiende la "audacia" reformista del papa, es objeto de críticas feroces de la prensa católica más radical. Medios como Infovaticana son muy duros con él y Federico Jiménez Losantos lo pone a caer de un burro en Esradio. Otros medios que siguen la actualidad de la Iglesia, como Religión Digital, con un acento más progresista, ofrecen una descripción más matizada de Omella, "el Tarancón de la segunda transción de la Iglesia española".

De Tarancón a Blázquez

El cargo que abandonará Blázquez, a quien Carmen Calvo le dedicó la semana pasada unas amables palabras de despedida, no es cualquier cosa. Por la cabeza de la CEE, que en 2016 cumplió 50 años, han pasado nombres de la enjundia de Vicente Enrique y Tarancón (1972-1981), que prestó un tenaz apoyo a las reformas de la Transición y fue decisivo en la formulación constitucional de los aspectos que atañen a la Iglesia, con esa fórmula de aconfesionalidad asimétrica que tan buenos réditos ha dado a la institución. Ángel Suquía (1987-1993) dejó dicho: "Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte". Elías Yanes (1993-1999) abrió un agrio ciclo de enfrentamientos con el socialismo gobernante, en su caso con Felipe González en su etapa de decadencia. Luego vinieron Rouco –ya retirado formalmente, aunque con influencia en la sombra– y Blázquez, que han protagonizado dos décadas de tensión explícita o soterrada con el poder político, especialmente con los gobierno socialistas, en los que han logrado mantener y ampliar sus privilegios económicos y educativos, al tiempo que han asistido a una aceleración del proceso de secularización.

Con Rouco, que se echó a la calle contra la ley del matrimonio gay, llegó la consolidación de los privilegios fiscales de la Iglesia en la Ley de Mecenazgo. También la Lomce, la ley educativa que más ha cedido a los obispos en democracia. Con Blázquez, que ha liderado la CEE con discreción y perfil bajo, la Iglesia se apuntó el tanto de la revisión al alza hasta al 0,7% de la asignación por cada casilla marcada en el IRPF. Este mismo lunes Blázquez se despidió con un discurso austero, como todos los suyos. Es difícil sacarle titulares. "Estas elecciones no son un reparto de poder", señaló como elemento más destacado. El nuncio apostólico, el diplomático de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, lanzó un discurso en el que reivindicó "el encuentro para dialogar" con las "instituciones en las que se decide el bien común". Fue una llamada al diálogo, siempre significativa en el seno de una jerarquía que tiene una rama que ve al poder político como un enemigo al que sólo cabe responder con beligerancia.

Auza es ya un nuncio alineado con Francisco, no como su predecesor, Pietro Parolin, que chocó con el Gobierno tras acusarlo de "resucitar a Franco" con la exhumación. Está por ver si este cambio, de menor a mayor sintonía con Francisco, se extiende a la Conferencia Episcopal. Lo seguro es que el presidente será nuevo y pondrá fin a más de 20 años de alternancia de Rouco y Blázquez, ambos considerados del ala conservadora, aunque el primero más ortodoxo y tradicionalista que el segundo.

De Jesús Sanz a Antonio Cañizares

Un sector significativo de la jerarquía sigue anclado en la línea dura marcada por Rouco, a su vez en sintonía con el papado ideológicamente contencioso y antiizquierdista de Juan Pablo II. Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo –que advirtió contra el regreso de una "dictadura totalitaria" tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa–; Mario Iceta, obispo de Bilbao; Demetrio Fernández, obispo de Córdoba; Javier Martínez, arzobispo de Granada; José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián o Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares... Han sonado como posibles presidentes Sanz e Iceta. Su elección sería un mensaje claro a Roma: la reforma franciscana no pasa de los Pirineos.

Está la opción del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, del ala conservadora, pero con el marchamo de pragmatismo que le da ser el vicepresidente de Blázquez. Él mismo no se ha descartado. "No me apetece para nada ser presidente, pero si los obispos me votan, aceptaré”, declaró a eldiario.es. Su elección sería la más continuista.

Las negociaciones, propuestas y contrapropuestas no cesan. Hay posibilidad de fórmulas intermedias, que impliquen cierto grado de acuerdo entre sectores. Desde luego, esta asamblea no es el mejor lugar para hacer apuestas, más aún cuando hay votación secreta, lo cual lo hace todo menos previsible. Sea cual sea el resultado, los nuevos estatutos otorgan un importante papel al Consejo de Cardenales. Es decir, no todo el poder se concentrará en una persona. Aunque las competencias del presidente son significativas: modera la actividad general de la CEE, cuida la relación con la Santa Sede, atiende la relación con el Gobierno...

La reforma pendiente

En la jerarquía española no ha habido pleno aggiornamento con la era del papa Francisco, doctrinalmente más laxo que Juan Pablo II y que Benedicto XVI, y que todavía no ha visitado España. ¿Cuándo lo hará?, dijo. "Cuando haya paz", respondió en abril de 2019. A qué se refería exactamente el pontífice argentino ha quedado en la penumbra de los misterios vaticanos. Pero la interpretación más extendida es que Francisco se refiere a las disputas internas en el seno de la cúpula española.

A pesar de que el Código de Derecho Canónico establece que el obispo de Roma, el papa, es "Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", con potestad "suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente", la realidad es más compleja. Hay contrapoderes. No todo se decide desde la silla de Pedro. Lo está comprobando el propio Francisco, que está encontrando dificultad para acometer sus reformas en la curia y la banca vaticana, para establecer un mecanismo homogéneo de reacción diligente ante los casos de pederastia y para abrir debates sobre moral, familia y sexualidad. A todo esto se suma en España la persistencia de un bloque integrista, resistente a los postulados de Francisco: el ala dura.

Las reglas de la asamblea

Además del presidente de la CEE, la asamblea plenaria elige al resto de sus cargos, a excepción de Luis Argüello, secretario general de los obispos, elegido en 2018 y con un mandato de cinco años, consolidado ya en su posición de voz del episcopado. Es decir, se elige también vicepresidente, miembros de la Comisión Ejecutiva, presidentes de las Comisiones y Subcomisiones Episcopales, presidente de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos y miembros del Consejo de Economía. Una treintena de cargos.

Votan 87 religiosos. Por supuesto, todos hombres: cuatro cardenales –Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE; Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, considerado el más afín a Francisco de toda la jerarquía española–; 12 arzobispos; 48 obispos; 18 auxiliares; el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y los administradores diocesanos de Astorga, Coria-Cáceres, Ibiza y Zamora. Para los cargos de presidente y vicepresidente, son elegibles los obispos con derecho a voto (excepto los obispos auxiliares) y los administradores apostólicos y diocesanos. Para el resto de cargos, valen todos los que tienen derecho a voto.

La renovación de cargos se realiza conforme a los nuevos estatutos, que incrementan el protagonismo de las provincias y reduce de 14 a diez las comisiones. Las elecciones son en votaciones secretas. En las dos primeras votaciones es necesaria la mayoría absoluta, la mitad más uno. Si nadie obtiene la mayoría necesaria, se procede a una tercera votación entre los dos obispos más votados. Si en esta votación hubiera empate, resultaría elegido el de mayor edad. Antes de cada votación vinculante, hay una "de sondeo", la primera de las cuales se produjo este lunes.

Las espadas están en alto. Y, tras la máscara de calma de los prelados y purpurados, hay tensión. E intrigas. A las puertas de la asamblea, los obispos han recibido un libro anónimo contra Omella por su papel en la caída de Miguel Ángel Barco, un sacerdote reducido al estado laical por una supuesta paternidad, como adelantó Religión Confidencial.

Con la lupa del Tribunal de Cuentas amenazando su posición económica, especialmente por el dinero recibido vía IRPF, la Iglesia anuncia un récord histórico de ingresos públicos gracias a la casilla católica.

La Iglesia ingresó en 2019, con dinero público recaudado por la declaración de la renta del ejercicio de 2018, un total de 284,4 millones de euros, un incremento del 6,19% con respecto al año anterior, que a su vez también era el récord (268 millones, 16,4 millones menos). La cantidad ha subido ininterrumpidamente desde 2015.

La cifra se obtiene gracias a los 7.191.387 declarantes que marcaron la casilla, gesto con el que deciden que de la cuota líquida obtenida de su declaración se dedique un 0,7% a la Iglesia. Estos más de 7,1 millones no suponen un récord histórico en cantidad bruta. Hubo más equis para la Iglesia entre 2008 y 2015, sin interrupción, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria a este periódico. Lo que sí supone este dato es un leve repunte al alza con respecto a los dos últimos años: 7.112.844 y 7.164.502. El número es llamativamente estable. El techo se alcanzó en 2010, con más de 7,4 millones. ¿Por qué se bate entonces el récord de ingresos? Forzosamente tiene que ser porque las bases imponibles de los que marcan son más altas, producto de la recuperación económica.

El balance optimista de la Iglesia, que presentó este jueves los datos, queda matizado cuando se observa que, sobre el total de declaraciones, baja el porcentaje de equis católicas baja del 33,3% al 32,2%.

El récord se produce justo cuando el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización preliminar publicado por infoLibre [ver aquí], cuestiona el modo en que la Iglesia justifica y el Estado verifica el destino dado a los fondos públicos recibidos por la institución católica vía IRPF. La Iglesia dedica más de la mitad del superávit obtenido gracias a estos fondos a la televisión 13TV, lo cual podría suponer un incumplimiento de la normativa europea sobre ayudas de Estado, según el Tribunal de Cuentas. Además, el órgano fiscalizador, que aún no ha aprobado el informe definitivo, señala que la memoria justificativa de la Conferencia Episcopal no permite hacer un seguimiento efectivo del destino de los fondos. La CEE se desentendieron este jueves de cualquier posible descontrol que pudiera detectar el Tribunal de Cuentas en su informe definitivo y apuntó a la responsabilidad de la Administración del Estado.

Comunidades autónomas

La memoria con el desglose del uso del dinero por la última campaña del IRPF será presentada previsiblemente en junio. Lo que este jueves presentaron el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, es una "liquidación provisional". Esta presentación sirve como punto de partida de la campaña de promoción con la que anualmente la Iglesia pide a los contribuyentes que marquen la equis.

La asignación a la Iglesia crece en todas las comunidades autónomas, sobre todo Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana. En nueve de ellas crece además el número de contribuyentes: Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana. Fernando Giménez Barriocanal dio las gracias "especialmente" a los contribuyentes manchegos.

Las comunidades que más marcan la equis son: Castilla-La Mancha (45%), Murcia (43,8%), La Rioja (44,9%), Extremadura (44%) y Castilla y León (42,2%). Las comunidades que menos la marcan son: Canarias (25,95%), Galicia (24,9%) y Cataluña (17,43%). Las mujeres, como cada año, son más proclives a poner equis. Lo hace un 34,90%, frente al 32,6% de los hombres.

Las conclusiones provisionales del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el dinero público que recibe la Iglesia, publicadas por infoLibre, abren nuevos frentes a la institución católica, o desprotegen aún más frentes ya abiertos. El órgano fiscalizador, que aún debe aprobar un informe que podría experimentar cambios de última hora, pone de relieve en sus conclusiones la opacidad con la que la Iglesia maneja el dinero público, su falta de pasos hacia la autofinanciación y la escasez de control sobre sus exenciones, entre otros problemas. Incluso pone las ayudas que recibe bajo sospecha de ser "ayudas de Estado", aconsejando al Estado tomar medidas para evitarlo [ver aquí y aquí las informaciones sobre la auditoría]. La Conferencia Episcopal, presidida por Ricardo Blázquez, vuelve al punto de mira, precisamente por el tema por el que menos le gusta a los obispos que se hable de ella: el dinero.

Tras la moción de censura que sacó del poder a Mariano Rajoy, el recién elegido presidente Pedro Sánchez tomó posesión en agosto de 2018 en una ceremonia sin la presencia de la Biblia ni del crucifijo, un gesto replicado por sus ministros que elevó las expectativas de los sectores laicistas. Había material para fundar tales expectativas. Sánchez se había presentado a las generales de 2016 y a las primarias del PSOE de 2017 con programas decididamente rupturistas, que llegaban incluso a la derogación de los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1976 y 1979. Pero los propósitos quedaron en casi nada. El Gobierno centró sus iniciativas relacionadas con la Iglesia en la exhumación de Francisco Franco, a la que dio carácter prioritario.

No hubo denuncia del conocido como "Concordato" –aunque en rigor ya no lo es–, ni se tocó la Lomce –que favorece a la enseñanza concertada, mayoritariamente católica, y hace evaluable la Religión–, ni se publicó el listado de inmatriculaciones, ni se revisó la exención del IBI y el resto de ventajas fiscales... Hubo una muy mediática reunión de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, pero los compromisos reformistas alcanzados acabaron en nada. Eso sí, quedar "en nada" no significa quedar "enterrados". PSOE y Unidas Podemos han recuperado, en su programa de Gobierno, medidas fuerte afectación a la Iglesia.

A la auditoría del Tribunal de Cuentas y el programa de Gobierno se suman problemas largamente arrastrados por la Iglesia, como la desolación vocacional y la secularización. Es observable además una falta de sintonía de un sector significativo de la jerarquía española con el papa Francisco, que aún no ha visitado el país. Corren tiempos inciertos para una vieja casa que tiene dos factores a favor: es la única institución en España con experiencia en pensar a siglos vista, y la historia dice que, al menos en España, siempre acaba saliendo de todos los atolladeros conservando un poder y una influencia significativas sobre la sociedad. infoLibre repasa los principales frentes que tiene abiertos en España la Iglesia católica, sea porque deberá dar explicaciones por los mismos, introducir reformas, o porque tocan áreas donde tiene importantes intereses.

1. DINERO PÚBLICO SIN CONTROL

Un problema inesperado. La memoria con la que la Iglesia explica qué hace con el dinero que recibe del Estado no tiene valor justificativo. El Gobierno no hace ningún seguimiento. Y la situación ha quedado ya oficialmente expuesta. El informe provisional del Tribunal de Cuentas pone en el punto de mira el mecanismo de funcionamiento de la casilla de la Iglesia del IRPF, que supone 250 millones de euros al año de dinero público para la institución católica. La memoria sobre el dinero público que recibe la Iglesia por esta vía, y que la Conferencia Episcopal presenta como demostración de su transparencia, no está regulada para garantizar su efectividad ni tiene valor probatorio.

Pero el Ministerio de Justicia ni ningún otro departamento gubernamental realizan informes "en relación con las memorias presentadas" por la Conferencia Episcopal, según el Tribunal de Cuentas. "El Estado tampoco dispone de mecanismos internos que aseguren una actuación coordinada en torno a la memoria justificativa", añade el informe. A pesar de ello, el Gobierno no comprueba el destino final de los fondos, según el Tribunal de Cuentas, cuyas conclusiones finales aún deben someterse al pleno de la institución.

La revisión del sistema de funcionamiento de la casilla de la Iglesia no es un tema que políticamente haya estado sobre la mesa, no figura el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y no fue trasladado por la vicepresidenta Calvo a Parolin en 2018. No obstante, la número dos del Gobierno afirmó la semana pasada en la cadena Ser que el tema podía ser objeto de "reflexión", si bien puso más énfasis en las exenciones del IBI. Una corriente del PSOE ha defendido durante décadas que el mecanismo de entrega directa de dinero público a la Iglesia, en el que se paga dinero público según el número de equis que se marquen pero sin que los que marcan la equis tengan que poner más, debía desaparecer y ser sustituido por algo parecido al método alemán, en el que el creyente que marca paga un poco más.

2. POSIBLES AYUDAS DE ESTADO

Del escaso control sobre el dinero que sale año a año de los Presupuestos Generales del Estado y es entregado año a año a la Iglesia católica se deriva otro problema, nada desdeñable. Tal y como pone de relieve el Tribunal de Cuentas, no es posible certificar fehacientemente el destino final del dinero del IRPF que va a la Iglesia. Entonces, ¿cómo se garantiza que no llegue a una entidad que realiza una actividad económica y que, por lo tanto, se vería así beneficiada dentro de lo que debería ser una libre competencia?

"El Estado carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la Iglesia a través de la asignación tributaria, por lo que no puede distinguir entre los fondos que tienen como destino actividades no económicas de los que tienen como destino actividades económicas", dicen las conclusiones provisionales del Tribunal de Cuentas. Esto es crucial porque podría verse comprometido el principio de libre concurrencia, clave no sólo del Derecho español, sino también europeo. "Sería conveniente que el Gobierno dispusiese de la información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria es compatible con el cumplimiento de las normas que rigen la libre competencia, en concreto, las relativas a las ayudas de Estado", añade la memoria.

Aquí se encierra una ironía. El estatuto económico de la Iglesia es habitualmente defendido por los sectores conservadores, que suelen sostener planteamientos contrarios a las subvenciones, mucho más a las "ayudas de Estado". Está por ver cómo reaccionan ahora que las ayudas a la Iglesia están bajo sospecha de quebrar la libre competencia.

3. UNA TELEVISIÓN, UN SUMIDERO

El Tribunal de Cuentas anota en sus conclusiones provisionales que las memorias de la Iglesia de 2016 y 2017 presentan sendos superávits de 19,3 y 15,9 millones. Como ha informado este periódico, más de la mitad de ese superávit se ha ido a la televisión 13TV, que se ha convertido en un sumidero de dinero y un problema en sí misma para la institución católica. "La existencia de superávit no está prevista" en los acuerdos con la Santa Sede y "el destino" dado al mismo "tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede", anota el informe. Del informe del Tribunal de Cuentas se deduce que 13TV está especialmente señalada como posible receptora de lo que podrían entenderse como "ayudas de Estado". El dinero destinado por la Iglesia a esta televisión suma ya 28 millones de euros, según ha informado El Español.

El problema no es sólo económico. Esta emisora ha sido objeto de críticas incluso en el seno de la Iglesia. Obispos catalanes hicieron público en 2013 un comunicado en términos graves: "Creemos que produce un grave escándalo en muchos miembros de la comunidad católica de nuestras diócesis y también en nosotros mismos, el hecho de que el canal de televisión 13TV, que ha de respetar a las personas y a las instituciones según su ideario, en algunos de sus informativos y tertulias opte por el desprecio, la descalificación e incluso el insulto”.

La reprobación desde las propias filas de la Iglesia a 13TV no se quedó ahí. Un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona dirigió cuatro años después, en 2017, una carta abierta al presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, por considerar que como accionista mayoritaria la Iglesia debía tomar cartas ante una cadena que fomenta "sentimientos contrarios al respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad".

4. VENTAJAS FISCALES AMENAZADAS

La Iglesia y sus organizaciones disfrutan de una exención generalizada del IBI. El Gobierno, desde la legislatura pasada, insiste en que hay que hacer reformas para que las exenciones estén justificadas. La vicepresidenta Carmen Calvo le explicó a Parolin en 2018 su voluntad de reformar el IBI. Actualmente la Iglesia se libra del IBI incluso por los inmuebles en los que no desarrolla actividad religiosa ni social, sino lucrativa. Se trata de una práctica que el propio Papa Francisco considera injustificada, y que ya ha sido rechazada por la Justicia europea en un caso en Italia. La posición europea es que la Iglesia debe pagar impuestos cuando actúe como "empresa", ya que de lo contrario se pone en riesgo la libre competencia.

En España ya ha habido una sentencia que golpea a la Iglesia en este punto. El Obispado de Mallorca renunció en 2018 a recurrir un fallo que permite al Ayuntamiento de Escorca cobrar el impuesto por una panadería, una hospedería y una tienda de recuerdos. La diócesis defendía que la actividad comercial era "auxiliar" al culto religioso, pero la sentencia no lo entiende así. Como no hubo recurso, el tema no llegó al Supremo.

De momento, la jurisprudencia sonríe a la Iglesia. Pero la justicia europea es clara y es previsible que tarde o temprano el tema acabe dirimiéndose allí. No sólo en el caso del IBI, sino de otros impuestos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha ha rechazado una exención de un impuesto local de obras en un colegio católico en Getafe. Uno de los incentivos del Gobierno para adaptarse a la norma es evitar en lo posible o minimizar el impacto de eventuales castigos judiciales llegados desde Europa.

La rebaja de las exenciones fiscales sería sólo impactante por las cifras –que se desconocen, aunque se estima en 700 millones sólo en IBI–, sino porque un ajuste fino obligaría a la Iglesia y sus organizaciones a mayor transparencia patrimonial.

5. SIN AVANCES HACIA LA AUTOFINANCIACIÓN

El acuerdo de PSOE y Unidas Podemos no recoge la denuncia de los Acuerdos entre el España y la Santa Sede. Es poco probable que el Gobierno tome ese camino. Está menos claro aún que hubiera mayoría en el Congreso para una medida que supondría un conflicto diplomático con el Vaticano. Ahora bien, el informe provisional del Tribunal de Cuentas hunde su dedo en una asignatura pendiente de la Iglesia católica que está recogida precisamente en dichos acuerdos: la autofinanciación.

Los acuerdos entre España y la Santa Sede recogen este compromiso. El punto 5 del artículo II del pacto económico dice así: "La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Esta intención se ha quedado en una quimera. Y así lo pone de relieve el Tribunal de Cuentas, que señala la inacción del Estado para hacer cumplir ese compromiso.

Se trata de un tirón de orejas severo para la Iglesia, que ha vivido durante toda la democracia sin hacer esfuerzos para alcanzar la autofinanciación sin que las autoridades presionasen para que se moviera. Al contrario, desde 1979 hasta hoy, y pese a la galopante secularización de la sociedad española, la Iglesia se ha aferrado a la fuente de recursos del Estado hasta quedar en una situación de completa dependencia de lo público. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, que se cuenta entre los más exhaustivos conocedores de los entresijos de las relaciones entre Estado e Iglesia, sintetiza la cuestión con una frase: la Iglesia "es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa".

Además, el Tribunal de Cuentas golpea el discurso episcopal según el cual la Iglesia vive de sus fieles. "No existe acuerdo entre las partes o normativa aplicable que concrete las actividades y entidades de la Iglesia a cuyo sostenimiento el Estado se compromete a colaborar y la Iglesia a avanzar en su sostenimiento", señala el documento. Como recoge el informe, "esta ausencia de concreción impide que se pueda realizar evaluación alguna del avance en dicho propósito".

6. LA INCÓGNITA DE LA 'LEY CELAÁ'

Las conclusiones del informe, que se centra en el IRPF y las exenciones, están lejos de abarcar toda la relación económica del Estado con la Iglesia. Para empezar, se trata de un examen de ámbito estatal. Por lo tanto, se queda fuera el dinero –presupuestos, subvenciones...– que le llega a la Iglesia de las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Además, tampoco entra el dinero para sueldos de capellanes carcelarios y hospitalarios, ni los ingresos por venta de entradas a los templos, entre otros muchos conceptos. Lo más relevante que queda fuera es el dinero para conciertos económicos educativos de orden autonómico. Ahí la Iglesia se juega mucho.

La Conferencia Episcopal y los grupos de presión a favor de la concertada religiosa –Concapa, Escuelas Católicas– están en posición de combate ante el compromiso del Gobierno de impulsar la derogación de la Lomce, que promueve la escuela concertada. La educación privada financiada con fondos públicos consume más de 6.000 millones al año y está en más de un 60% en manos de la Iglesia, que así compensa en las aulas el retroceso de su influencia religiosa.

La ley Celaá, si PSOE y Unidas Podemos cumplen su acuerdo, combatirá de frente la segregación, fenómeno vinculado, entre otros factores, a las prácticas selectivas de la escuela concertada. Este es un tema mayor para la Iglesia, que se ha alineado con PP, Cs y Vox en defensa de un modelo de "libertad de elección" que entroniza la "demanda social" como criterio rector de la planificación educativa, decisión que según numerosos estudios alimenta la segregación. La Iglesia también tiene que medir su posición en el debate sobre la eutanasia, que se prevé intenso.

7. INMATRICULACIONES

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos recoge una medida de elevado impacto para la Iglesia. "Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia", señala el pacto. Hay escepticismo en el movimiento contra las inmatriculaciones, debido a que Pedro Sánchez y su gabinete incumplieron en la legislatura pasada su compromiso de hacer público un listado de los bienes públicos inscritos por vez primera en el Registro de la Propiedad –eso es inmatricular–.

Las inmatriculaciones son un problema grave para la Iglesia, tanto para su imagen como –si llegara a haber reversiones– para su patrimonio. No obstante, es difícil que sea desposeída de los bienes inmatriculados. Se trata de una batalla larga y de final incierto que, si la Iglesia no colabora, debería dirimirse caso a caso en los tribunales.

8. LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS

La Iglesia mundial, no sólo la española, vive acogotada por los casos de pederastia y encubrimiento, que afectan a una minoría del clero pero han manchado a toda la institución. El papa Francisco pretende romper las históricas inercias de silencio y escasez de autocrítica. No obstante, la renovación del discurso –se admite ya el daño y se pide perdón sin circunloquios– y de protocolos son insuficientes, a juicio de las víctimas. Está por ver hasta dónde lleva la Iglesia española sus reformas.

Miguel Hurtado, una de las víctimas que participó en el informe del Comité de Derechos del Niño de la ONU que acusó en 2014 al Vaticano de encubrir a sus pederastas, afirma que la Iglesia española va retrasada en sus tareas: "Hay tres cosas fundamentales por hacer, que no se están haciendo. Una, indemnizar a las víctimas, como se hace en Alemania o Francia. Esto es importante porque en muchos casos hay secuelas psicológicas que requieren pagar terapia. Dos, denuncia automática, que no recaiga jamás en las víctimas y padres presentar denuncias. Tres, política de tolerancia cero, como en Estados Unidos. Si un sacerdote abusa de un menor, se le expulsa y punto".

Existe una elevada "coincidencia" del informe provisional del Tribunal de Cuentas con las "críticas" de Europa Laica. Lo señala en un comunicado la propia organización que preside Antonio Gómez Movellán, reforzada tras publicar infoLibre las conclusiones iniciales de la fiscalización del órgano supervisor sobre las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia católica. Antes incluso de que el informe sea llevado al pleno de la institución fiscalizadora para su aprobación, Europa Laica apunta contra el fondo de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y pide la reforma clave, la que mayor incidencia tendría, la que enterraría el actual statu quo. "Es el momento de que el Gobierno progresista cumpla con las promesas electorales de los partidos que lo componen, proceda a denunciar los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979 [conocidos coloquialmente como 'Concordato', por ser continuadores del Concordato de 1953] y acabe con este vergonzoso sistema de detraer de nuestros impuestos dinero para una Iglesia que, de forma arrogante, ni siquiera justifica sus gastos, además de contradecir el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado", señala la organización, que hace hincapié "en la desidia de los gobiernos y las administraciones en el control del dinero público cuando se trata de regalárselo a la Iglesia católica".

"El Tribunal de Cuentas", señala Europa Laica, ha comprobado que "la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos" es a través de la entrega de una "memoria justificativa de gastos" que, en opinión del órgano fiscalizador y en sintonía con lo que Gómez Movellán viene denunciando, "no es tal". La memoria es una "patraña", añade, y sólo debería considerarse "una memoria de actividades". El documento con el que la Conferencia Episcopal da cuenta del destino de los fondos asignados por el Estado "no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios" y el Gobierno debería "exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad, acordados con la Administración del Estado", señala la organización defensora de la separación estricta entre la esfera pública y la religiosa.

Una denuncia continuada

No es extraño que la entidad que preside Gómez Movellán –y que, antes que él, presidió Francisco Delgado– ponga especial énfasis en la memoria que cada año publica la Conferencia Episcopal. Año tras año Europa Laica ha presentado un "contrainforme" [ver aquí el último, con la autoría de Enrique Ruiz del Rosal] poniendo de relieve las omisiones y contradicciones de la supuesta política de "transparencia" de la Conferencia Episcopal. Sin el acceso que el Tribunal de Cuentas ha tenido a la información y con las limitaciones propias de una organización que vive de sus afiliados, Europa Laica ha llegado grosso modo, antes que el Tribunal de Cuentas, a varias conclusiones similares. La diferencia es que Europa Laica lleva su análisis más allá de la casilla de la Iglesia y las exenciones fiscales, para recorrer toda una miríada de subvenciones, ayudas, retribuciones y conciertos por valor de miles de millones de euros de dinero público.

Europa Laica cuestiona todo el caudal de fondos públicos que recibe la Iglesia para multitud de entidades, y que calcula en unos 11.000 millones al año sumando todos los conceptos y metiendo ahí desde el presupuesto de la Fundación Pía de los Santos Lugares, hasta todos los conciertos educativos y sanitarios con organizaciones de la iglesia, pasando por subvenciones a ONG católicas, IRPF, sueldos de profesores de religión y capellanes castrenses, una estimación de las exenciones... La organización que preside Gómez Movellán continuará denunciando todos los espacios de intersección entre las esferas pública y religiosa, pero de momento obtiene una reforzamiento en cuanto a aquellos aspectos en los que se centra el Tribunal de Cuentas.

Responsabilidad del Estado

Más incluso que hacia la Iglesia, Europa Laica apunta el dedo hacia la Administración pública, a la que considera responsable de haber permitido sus privilegios económicos. Por "desidia en el escrutinio", señala la organización en su comunicado, "nunca se ha puesto pega alguna a la memoria y nunca se han formulado objeciones". El tribunal declara, en su informe provisional, que la memoria no permite conocer el destino efectivo de los fondos asignados vía IRPF, lo cual impide saber si llegan a entidades con finalidades económicas. Ello compromete el cumplimiento de la legislación comunitaria y del principio de libre concurrencia. Dicho principio "claramente se violaría", según Europa Laica, en el caso del dinero del superávit destinado a la televisión 13TV.

Dicho superávit, logrado gracias al dinero público ingresado por el Estado vía IRPF, "es atípico ya que no existe ningún acuerdo" que permita obtener beneficios gracias a esta asignación, expone Europa Laica. "El hecho mismo de declarar la existencia de superávits es una señal de que el Estado, a través de la asignación tributaria, da más dinero de lo necesariamente declarado como necesidades de sostenimiento de la Iglesia", añade la organización, que también destaca la alerta sobre la falta de acción del Gobierno para forzar a la Iglesia a "alcanzar la autofinanciación".

También está "en cuestión todo el sistema de exenciones", señala Europa Laica, que destaca la "censura" que el informe provisional hace de la gestión de la Fundación Pluralismo y Convivencia. "Hay un desorden de gestión que hace imposible valorar convenientemente el cumplimiento de los objetivos pretendidos con estas subvenciones [a las confesiones minoritarias], en parte por la incapacidad de estas entidades religiosas, evangélicas, judías o musulmanas, de cumplir con las obligaciones que requieren la recepción de subvencione públicas", señala. Y añade: "El Tribunal de Cuentas, visto el desorden en la concesión de estas subvenciones, recomienda que se establezcan nominativamente en el Presupuesto del Estado, recomendación que Europa Laica, obviamente, no comparte".

Aviso de la casilla de la Iglesia

Aparte de pedir la supresión de la casilla de la Iglesia, algo que lógicamente no puede hacerse de un día para otro –de hecho, es poco probable que el Gobierno abra ese melón, que no está en ningún programa electoral–, Europa Laica sí solicitó medidas inmediatas a la Agencia Tributaria para garantizar su neutralidad en el proceso de presentación de declaraciones de la renta. La aplicación informática de la Agencia Tributaria para la declaración anual del IRPF "introduce en los pasos finales un aviso de alerta en caso que el/la contribuyente no haya señalado ninguna de las dos casillas de asignación tributaria, incitando con ello a dudar de que se trate de un dato obligatorio que debe cumplimentar", señala Europa Laica. A juicio de la organización, esto supone una "actitud proactiva a favor de dar un paso atrás en la declaración para señalar cualquiera de ellas o ambas [la de la Iglesia, la de fines sociales o las dos], siendo así que en tal aviso ni siquiera se informa del derecho que asiste a no marcar ninguna de estas casillas".

Europa Laica cree que se produce una "inicitación" a marcar la casilla de la Iglesia, a pesar de que la orden por la que se regulan los modelos de declaración "no incluye ninguna referencia a que dichas casillas deban tener un tratamiento equivalente a los datos obligatorios para la declaración de dicho impuesto"."No se entiende, por tanto, a qué motivos obedece ese aviso paraconfesional de la Agencia Tributaria", añade, por lo que insta a la Agencia Tributaria a retirar del programa informático de la declaración del IRPF, a partir de este mismo ejercicio, el aviso de alerta que aparece cuando no se ha marcado ninguna de las casillas de asignación tributaria.

La Iglesia católica lleva cuatro años consecutivos logrando superávit gracias a la asignación que le hace el Estado con lo recaudado vía IRPF. Es decir, el dinero público que ingresa por la llamada "casilla de la Iglesia" es más del que gasta la institución para su funcionamiento. En ocasiones, bastante más. Del ejercicio de 2016 le sobraron 19,3 millones, después de haber pagado el sueldo de sus sacerdotes y obispos. Del correspondiente a 2017, cuya memoria ha publicado ahora la Conferencia Episcopal Española (CEE), le quedó un saldo favorable de 15,9 millones. En total, en los dos últimos ejercicios el superávit ha ascendido a 35,2 millones. ¿En qué lo ha utilizado la Iglesia española? Pues 15,2 millones han pasado a su fondo de reserva. El resto, 20 millones, ha ido a la televisión Trece (antes llamada 13TV), uno de los brazos mediáticos de la jerarquía católica, convertido en un sumidero de dinero de origen público.

La Iglesia católica española, en rigor una organización filial del Estado vaticano, defensora de los intereses de la Santa Sede en España, no es un cuerpo único. Sin contar con todas aquellas entidades que no tienen personalidad jurídica civil, la Iglesia tiene más de 40.000 terminales: desde parroquias a monasterios, desde órdenes a congregaciones, desde ONG hasta fundaciones, desde Manos Unidas a la Universidad Pontificia de Comillas. Eso es la Iglesia en un sentido amplio. Pero lo que solemos tener en la cabeza cuando decimos "Iglesia" es la Iglesia diocesana, la de las diócesis, la compuesta por los 70 obispados. El tronco de la institución. La casilla de la Iglesia en la declaración de la renta está concebida para el sostenimiento con dinero público de la Iglesia diocesana.

El Estado asigna a la Iglesia un 0,7% de cada una de las declaraciones con la equis católica marcada. No es un dinero que el declarante ponga de más, o que se le devuelva de menos. La cantidad asignada a la Iglesia, unos 250 millones al año, sale del total recaudado. Es dinero público. Se decide en función de las equis marcadas, pero es de todos. En la pasada campaña de la renta, la realizada en 2018 sobre el ejercicio de 2017, los contribuyentes marcaron la equis en un total de 7.164.502 declaraciones, que se corresponden, teniendo en cuenta las conjuntas, con unos 8,5 millones de contribuyentes. El resultado final son 265,06 millones, según la memoria del ejercicio.

En cumplimiento de un acuerdo alcanzado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, la CEE hace pública cada año una memoria en la que detalla qué uso ha dado a ese dinero. Ahora ha lanzado la del ejercicio 2017. El documento recoge en la partida de los ingresos 265,06 millones de euros. La de los gastos suma 249,15, lo cual genera un superávit de 15,91 millones. De estos 15,91 millones, la Conferencia Episcopal ha dedicado 11 a una aportación a Trece. El resto, 4,9 millones, han pasado al fondo de reserva de la Iglesia. Esto significa que la Iglesia ha dedicado a Trece más del 69% de su superávit de 2017.

El ejercicio de 2017 no es el que más superávit ha dejado en las cuentas de la Iglesia, ni tampoco el que más ha permitido aportar al fondo de reserva. La liquidación de la asignación tributaria del ejercicio de 2016 muestra un total de recursos asignados de 269,38 millones, de los que se emplearon 250,08 millones. Esto provocó un superávit de 19,3 millones. De estos, 9 millones, un 46,63% del superávit, fueron a parar a Trece. Y lo demás, 10,3 millones, acabó en el fondo de reserva.

De modo que entre 2016 y 2017 la Iglesia ingresó 534,45 millones y gastó 499,23, resultando un superávit de 35,2 millones, de los que 20, el 56,81%, fueron a Trece. El resto, 15,2, pasó a ingresar el fondo de reserva.

En los dos ejercicios anteriores la Iglesia también ha obtenido superávit, que la CEE denomina en sus memorias "remanente". En 2015 fue mucho menor, un superávit casi insignificante: 7.000 euros. En 2014 fue de 4,88 millones de euros. En estas memorias no se detalla ninguna aportación extraordinaria realizada con el remanente, como sí se ha hecho con los fondos recaudados de los ejercicios de 2016 y 2017.

En total, en los últimos cuatro ejercicios de los que hay memoria (2014, 2015, 2016 y 2017), la Iglesia se ha anotado un superávit de 40,08 millones de euros, de los que se sabe que 20 fueron a Trece. El año que viene, por estas fechas, la CEE hará pública la memoria del ejercicio de 2018, que es el que se corresponde con las declaraciones de la renta que se están realizando ahora.

No siempre hay superávit. Antes de 2014, en 2013, la Iglesia anotó en su memoria un déficit de 1,43 millones. Es decir, una vez pagados todos los gastos, la Iglesia tuvo que hacer uso de dinero del fondo de reserva para pagar su funcionamiento. La computación es diferente en las memorias de los ejercicios anteriores (de 2007 a 2012), con lo que no es posible establecer una comparación homogénea. Tampoco está especificado, salvo en 2016 y 2017, lo asignado a Trece. infoLibre preguntó a la CEE, sin éxito. La pregunta sobre la cuantía del fondo de reserva también está a la espera de respuesta.

Más de 250 millones al año

La CEE elabora y hace pública una memoria anual desde el ejercicio de 2007. Es una contrapartida a la subida de la asignación del 0,5239% al 0,7% por cada equis acordada con el Gobierno de Zapatero. No siempre la asignación directa del Estado a la Iglesia se produjo así. Durante la dictadura es casi imposible precisar las cuantías y las vías, dada la consustancialidad del régimen nacionalcatólico con la Iglesia. En 1972 el entonces vicepresidente Luis Carrero Blanco afirmó –y así lo recogió el diario Pueblo–: "Desde 1939 el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera". Entre 1978 y 1987 las asignación se realizó mediante una inyección vía presupuestaria. De 1988 a 2007 la inyección combinó dinero recaudado vía IRPF con un complemento presupuestario. Desde entonces todo es vía casilla de la Iglesia.

En total, entre 1978 y 2017, la Iglesia ha recibido directamente del Estado para su funcionamiento 5.560 millones de euros entre asignaciones presupuestarias y vía IRPF, según los datos remitidos a este periódico por el Ministerio de Hacienda. La cifra se obtiene pasando de pesetas a euros las cantidades previas a la adopción de la moneda única y sin considerar el cambio del valor del dinero.

Lo seguro es que la reforma de Zapatero le ha venido a la Iglesia como agua de mayo. Desde 2008 a 2017, en diez años, ha recibido 2.678 millones, más de 250 millones al año de media. El número de declaraciones con la equis católica se mantiene bastante estable en torno al 34%. Voces partidarias de una mayor separación entre Iglesia y Estado reclaman que las personas que quieran financiar a la Iglesia vía IRPF hagan una aportación de su propio bolsillo, como se hace en Alemania, de forma que su decisión de que la Iglesia reciba fondos no afecte al dinero público.

Hay que considerar además que estos 250 millones anuales son sólo una pequeña parte del total que el Estado dedica a la Iglesia, si bien este es el dinero más significativo desde el punto de vista de la relación Iglesia-Estado porque va directamente a las arcas de la institución religiosa para su funcionamiento. Anualmente más de 10.000 millones de euros públicos ponen rumbo a las distintas organizaciones de la Iglesia, según un cálculo de la organización laicista Europa Laica. Eso sí, se trata de una cifra que incluye conceptos heterogéneos, difíciles de equiparar. Ahí está englobada la asignación directa vía IRPF, las subvenciones a sus ONG y fundaciones, el dinero dedicado a conservación y mantenimiento del patrimonio, todo lo que recogen las organizaciones de la Iglesia vía casilla de fines sociales, el sueldo de los capellanes y profesores de Religión, el dinero con el que se financia la enseñanza concertada católica, el presupuesto de la Obra Pía de los Santos Lugares... Se trata de una cifra estimativa, en parte porque es imposible saber cuánto dinero en impuestos dejan de pagar todas las entidades de la Iglesia por las exenciones fiscales. El Tribunal de Cuentas está actualmente fiscalizando el dinero público dedicado a la Iglesia católica, si bien su informe dejará fuera buena parte de los coneptos.

Una televisión controvertida

La aportación de fondos a Trece, de línea editorial derechista, ya era una de los aspectos criticados por Europa Laica en su análisis de la memoria episcopal sobre el ejercicio de 2016. Esta emisora ha sido objeto de críticas incluso en el seno de la Iglesia. Obispos catalanes hicieron público en 2013 un comunicado en estos términos: "Creemos que produce un grave escándalo en muchos miembros de la comunidad católica de nuestras diócesis y también en nosotros mismos, el hecho de que el canal de televisión 13TV, que ha de respetar a las personas y a las instituciones según su ideario, en algunos de sus informativos y tertulias opte por el desprecio, la descalificación e incluso el insulto”.

La reprobación desde las propias filas de la Iglesia a 13TV no se quedó ahí. Un grupo de sacerdotes de la archidiócesis de Tarragona dirigió cuatro años después, en 2017, una carta abierta al presidente de los obispos, Ricardo Blázquez, por considerar que como accionista mayoritaria la Iglesia debía tomar cartas ante una cadena que fomenta "sentimientos contrarios al respeto, la tolerancia, el diálogo y la solidaridad". Los firmantes se remitían a unas palabras del papa Francisco en el mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuando pedía a los comunicadores ejercer su labor "de forma constructiva rechazando los prejuicios contra los demás".

La Iglesia retrocede en el púlpito, pero avanza en las aulas. La sociedad española pierde espiritualidad, pero la educación religiosa gana peso. La imagen de la institución privada más influyente de la historia de España que proyectan sus propias memorias anuales es la de una organización languidenciente en el plano religioso, pero que amplía su fuerza en el campo educativo. Dos datos: por un lado, la Iglesia ha perdido entre 2007 y 2017 un total de 1.367 sacerdotes, lo que supone un 7,14%; por otro, los colegios católicos han ganado en el mismo periodo 219.855 alumnos, alcanzando ya casi el medio millón, un 17,21%. La secularización se produce en paralelo a un fortalecimiento de la posición educativa de la Iglesia católica, favorecida además por la actual legislación.

El desapego de la práctica religiosa es creciente. Es verdad que todavía un 68,7% de los españoles se definen como católicos, con datos del INE de 2018, pero son casi 10 puntos menos que diez años atrás. Además, de los que se declaran católicos, más de la mitad, un 56,2%, no van "nunca" a misa (sin contar bodas, bautizos y comuniones). Hay estudios que apuntan a una secularización aún mayor. Una encuesta de Win/Gallup en 2015 sobre casi 64.000 personas llegó a situar a España como el 16º país menos religioso del mundo, con sólo un 37% que se declara religioso. Tomando como referencia al CIS, la adscripción a las opciones de conciencia no religiosa –ateos, agnósticos, no creyentes– aumenta sin descanso: 8,5% en 1980, 9,8% en 1990, 13,2% en 2000 y 27% en 2018, su máximo histórico. En el caso de los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje de no religiosos asciende al 48,9%, casi 30 puntos más que en los mayores de 65 años. El tiempo corre en contra de la Iglesia.

El reciente informe La laicidad en cifras, de la Fundación Ferrer i Guàrdia, un referente laicista en Cataluña que toma su nombre del pedagogo y librepensador condenado a muerte tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona, muestra cómo la Iglesia cede también espacio en uno de sus grandes espacios de influencia, la planificación del proyecto familiar. Según los datos del INE, el porcentaje de hijos nacidos de madres no casadas ha crecido de forma espectacular. En 1975, cuando arranca la serie, eran el 2,02%. En 2017, último año del que hay datos, fueron el 46,79%. En toda la serie, desde 1975, el porcentaje sólo ha bajado en 1994 con respecto a 1993, aunque de forma casi insignificante: del 10,75% al 10,74%. Todos los demás años ha subido. España está cerca de que más del 50% de sus bebés nazcan de madres no casadas. Visto en perspectiva histórica, es un fenómeno casi revolucionario.

"Extraordinaria escasez"

Estos cambios de fondo en la sociedad española están teniendo ya resultados directos sobre el cuerpo de la institución eclesial. Sobre su propia composición. Las vocaciones caen. Lo dijo ante todo el episcopado, hace poco más de un año, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, aunque apenas se le escuchó fuera de los muros de las diócesis: "Desde hace mucho tiempo venimos padeciendo una penuria seria de vocaciones para el ministerio presbiteral. Si hace varios decenios la abundancia era extraordinaria, actualmente la escasez es también extraordinaria".

Esa "extraordinaria escasez", que no es únicamente de las vocaciones, puede observarse con nitidez repasando los datos que la Iglesia diocesana ofrece cada año sobre sí misma. Para justificar el uso que da la Iglesia a los aproximadamente 250 millones que recibe cada año de la masa total recaudada por el Estado en concepto de IRPF, la CEE tiene que hacer pública una memoria. Ha publicado memorias de todos los ejercicios entre 2007 y 2017. En todas ellas incluye un repaso por su aportación a la sociedad española, así como por los recursos pastorales que pone a su servicio. Esto permite ver la evolución. La conclusión es que cae la actividad evangelizadora y sacramental. No es una caída vertiginosa, pero la tendencia general es clara y parece difícil de detener.

Entre 2007 (19.121) y 2017 (17.754) el número de sacerdotes ha bajado en 1.367, un 7,14%. El relevo será complicado, ya que los seminaristas ascienden sólo a 1.263. De 2013 a 2017 la cantidad de monjas o monjes de clausura ha pasado de 10.899 a 9.202, perdiendo 1.697, un 18,44%.

En conjunto, entre 2007 y 2017, en el periodo cubierto por las memorias de la CEE, los hombres y mujeres considerados religiosos por la Iglesia –curas, monjas, canónigos, frailes...– ha descendido desde 57.079 a 40.096, quedándose por el camino 16.983, un 29,75%.

La labor evangelizadora también está en retroceso. En 2007 había más de 16.000 misioneros y ahora poco más de 11.000, siendo Perú y Venezuela los dos países con mayor número.

Menos bautizos y bodas

Cae la actividad sacramental. Entre 2007 y 2017 los bautizos han pasado de 325.271 a 214.271 (-34,13%) y las primeras comuniones, de 256.587 a 229.602 (-10,5%).

En cuanto a los matrimonios católicos, la caída es más espectacular: pasa de 113.187 a 46.556 (-58,86%). No obstante, para ver la dimensión del retroceso del matrimonio católico hay que ampliar el foco. El 79,3% de los matrimonios son civiles, frente a un 19,5% confesionales y un 1,2% que no aparecen determinados, según datos del INE.

La serie histórica muestra una fuerte reducción del número de matrimonios religiosos, fórmula históricamente arraigada, en relación inversamente proporcional al auge de los civiles. En 1992, la relación era la opuesta a la actual: 79,4% de matrimonios confesionales y 20,6% civiles. En 2008, hace sólo diez años, el 50,3% de los matrimonios eran religiosos. Han caído en 30,8 puntos en diez años. A la inversa, el porcentaje de matrimonios civiles ha pasado del 49,3% al 79,3%, 30 puntos más. De los matrimonios confesionales, casi un 97% son católicos.

En contraste con todos estos retrocesos, sube entre 2007 y 2017 el número de confirmaciones, de 96.766 a 136.503 (+41,06%). También hay un alza, en este caso desde 2013 a 2017, de las unciones de enfermos, de 23.425 a 25.471 (+8,73%).

La propia CEE es consciente del retroceso de su posición en la sociedad. Su plan pastoral 2002-2005 alertaba incluso de la secularización en sus propias filas; es decir, la que afecta a sus ministros. Advertía de "la débil transmisión de la fe a las generaciones jóvenes, la disminución de vocaciones, el cansancio e incluso desorientación que afecta a un buen número de sacerdotes, religiosos y laicos y la pobreza de vida litúrgica y sacramental". El plan pastoral 2016-2020 señala: "En nuestro pueblo se ha difundido la idea de que la religión no tiene fundamento racional ni científico. [...] En el mundo laicista, la religión puede ser respetada como una práctica personal o como un bien cultural, mientras se mantenga estrictamente en el ámbito de las prácticas privadas".

Impulso político

El deterioro del vínculo religioso se produce al mismo tiempo que la Iglesia gana vigor en el campo educativo. Actualmente hay, según la memoria de la Iglesia de 2017, 2.587 colegios católicos, de los que 2.452 están concertados, es decir, financiados con dinero público. La CEE no ofrece una serie del número de centros que permita establecer una comparación homogénea 2007-2017. Sí lo hace, en cambio, del número de alumnos, que han pasado de 1.277.256 a 1.497.111.Esto supone un incremento de 219.855, el 17,21%. También sube el número de trabajadores de estos centros de 112.439 a 127.093, lo que supone un incremento de 14.654, el 13,03%.

La Iglesia católica se beneficia de una dinámica, impulsada políticamente sobre todo por el PP, de apuesta presupuestaria por la educación concertada. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La media de alumnos escolarizados en la escuela pública en la UE supera el 80%. En España no llega al 70%. En 2017 el gasto público educativo seguía en 2017, último año con los datos cerrados, por debajo de los 50.000 millones, límite que se superó cuatro veces de 2008 a 2011. Es decir, no se llega al nivel de inversión precrisis. En cambio, el gasto en concertada alcanzó en 2017 su cuarto récord seguido, alcanzando los 6.179,44 millones. La "libertad de elección", es decir, la planificación de la oferta educativa atendiendo a la "demanda social", fórmula que beneficia a la concertada, está en el centro de la oferta en este ámbito de PP, Cs y Vox.

El papel de la educación privada financiada con fondos públicos en el sistema educativo español es objeto de un profundo debate político. La llamada "segunda red", que está en un 60% en manos de la Iglesia católica, según Escuelas Católicas, gana espacio año a año. El control, que se ejerce a través de organizaciones como el Opus Dei, emplea mecanismos sutiles de selección social, como los cobros a las familias y la ubicación selectiva de los centros. Al situarse en mejores zonas desde los puntos de vista social, económico y cultural, su alumnado parte con ventaja a la hora de obtener resultados, lo que es a su vez utilizado por los promotores de este modelo educativo para afirmar que la segunda red da mejores resultados que la pública, invirtiendo la relación causa-efecto.

Otra de las afirmaciones frecuentes de la la CEE y los grupos de presión católicos es que la concertada es gratuita, como la pública. En realidad los concertados realizan cobros informales, aprovechando la falta de controles para solicitar pagos extraordinarios.

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada en 2013 y que la mayoría que apeó a Mariano Rajoy de la presidencia no ha derogado, ha supuesto además un impulso a la segunda red. La norma de José Ignacio Wert ha ampliado las opciones de construcción de centros concertados en suelo público y blindado el criterio de "demanda social" en la planificación de plazas. Además de otorgar más presencia a la Iglesia en la escuela pública, le da más "libertad" para abrir centros con mayor financiación estatal. Al mismo tiempo ha invertido la tendencia declinante del número de alumnos que eligen la asignatura de Religión en la escuela pública. Y ha garantizado el derecho a recibir financiación pública a los centros que segregan por sexos.

El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha expresado su malestar por el "foco" que se ha puesto sobre la problemática de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia y no así en otros ámbitos. Blázquez ha afirmado que este tipo de casos relacionados con los sacerdotes "ocupan solo un 3% de la estadística" y ha afeado a los medios de comunicación que no se centren en las situaciones que comprenden el 97% restante.

El también arzobispo de Valladolid ha defendido este miércoles en Zamora que los abusos sexuales a menores de edad se producen, principalmente, fuera de la institución eclesiástica. "Si vemos las cifras, un 80% de estos casos tiene lugar en las familias, un 17% en el ámbito escolar y deportivo, y tan solo un 3% en la Iglesia", ha indicado. "Sin embargo, la Iglesia siempre acapara todos los focos", ha criticado el cardenal.

En este sentido, la denuncia de Blázquez se hace extensiva a otro tipo de problemas que también afectan a la ciudadanía. "La situación de abusos de orden sexual existe, igual que existen abusos en el orden económico, como es la corrupción; o en el orden autoritario", ha señalado. Todas estas circunstancias han provocado, según ha afirmado el cardenal, una "desafección" que ha desconectado a los jóvenes de la Iglesia. "Ellos nos piden autenticidad y no falsificaciones, cercanía, comunicación mutua", ha defendido. "A veces, tenemos la tendencia a intentar que no cambien las cosas, a resistir, pero los jóvenes nos mueven y eso nos viene muy bien", ha comentado. El cardenal Blázquez ha pronunciado estas declaraciones minutos antes de inaugurar las XVII Jornadas Diocesanas de Zamora que han arrancado este miércoles.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ha reconocido el la "honda conmoción" y el "comprensible escándalo" causado por los casos de abusos sexuales a menores cometidos por el clero, ha pedido que no se "encubran" y ha asegurado su "firme decisión de erradicarlos", pero ha rechazado abrigar "sospechas sin fundamento".

"La Iglesia reconoce abiertamente los abusos de diversa índole y tiene la firme decisión de erradicarlos; también agradece la dedicación paciente de tantos cristianos, ministros, consagrados y laicos. No es legítimo abrigar sospechas sin fundamento", ha subrayado el presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, este lunes, durante su discurso inaugural de la CXII Asamblea Plenaria de los obispos.

Antes de citar algunos apartados del documento final del Sínodo de los Obispos sobre este asunto, el arzobispo ha asegurado que es un tema que les viene "ocupando y preocupando". "Me refiero a los abusos, a la honda conmoción y el comprensible escándalo que han suscitado", ha indicado.

En este sentido, ha agregado que "no se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada" y ha señalado que deben reconocer sus "pecados" ante Dios y ante los hombres "sin pretextos".

Además, ha advertido del "daño" que causa no solo a nivel "individual" sino también a la Iglesia. "Nos acogemos todos a la misericordia inmensa y eterna de Dios", ha precisado.

En todo caso, ha indicado que tampoco pueden ir con la mirada avergonzada. "Por la vida no debemos caminar con mirada altanera pero tampoco con mirada vergonzante", ha improvisado.

Ni medallas ni caso omiso

Por otro lado, en relación a los 40 años de la Constitución Española, el presidente de los obispos ha precisado que no quieren ponerse "medallas", pero ha destacado la "colaboración eficaz" de la Iglesia en la transición a la democracia por lo que ha reclamado que tampoco sean "preteridos", es decir, que se les haga caso omiso.

Asimismo, ha calificado el texto constitucional como "monumento señero" de la historia de España que "selló la reconciliación de todos los españoles", pero ha avisado de que este no está "petrificado" sino abierto a reformas.

"La misma Constitución ha previsto el procedimiento para que el texto fijado no se petrifique sino que esté abierto a las oportunas reformas y actualizaciones. La Constitución ha tenido vigencia durante varios decenios; unas generaciones ejercieron entonces la responsabilidad primera; pero su alcance se extiende a las generaciones presentes y futuras", ha matizado.

Además, ha asegurado la intención de la Iglesia de seguir participando en la democracia. "Los católicos estamos satisfechos de haber prestado la ayuda que estaba en nuestras manos, nos sentimos bien integrados en el sistema democrático y es nuestra intención continuar participando, desde nuestra identidad. Ni deseamos ponernos medallas ni queremos ser preteridos", ha enfatizado.

"Penurias de vocaciones"

Por otro lado, aunque no lo ha leído, el presidente de los obispos pone de manifiesto en el discurso facilitado por la CEE la "penuria vocacional" que vive la Iglesia en España e invita a contrarrestarla con un "cultivo más intenso de la iniciación cristiana". Además, pide no entender la vocación como "oferta de mano de obra" para cubrir puestos vacantes en la Iglesia.

Acerca del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, Blázquez ha concluido que "no es de recibo ni el paternalismo ni el autoritarismo" para acercar a los jóvenes a la Iglesia y ha propuesto poner en práctica la participación de los jóvenes en las parroquias españolas.

Durante la reunión de la Conferencia Episcopal de esta semana, los obispos elegirán al nuevo secretario general y portavoz de la CEE, cargo que actualmente ocupa el obispo electo de Ávila, José María Gil Tamayo, y abordarán otros temas como la formación de los seminaristas y sacerdotes, la vida contemplativa o el proyecto de reforma de la Conferencia Episcopal EspañolaConferencia Episcopal Española.

Psicología para seleccionar sacerdotes

Sobre estos asuntos se ha pronunciado el nuncio del Papa en España, Renzo Frantini. En concreto, acerca de la formación de los futuros sacerdotes, se ha referido al "instrumento" necesario pero "no determinante" de la psicología.

"Es evidente que la psicología es un instrumento prudente para el candidato y los formadores pues el desarrollo de la personalidad tiene un componente psicológico pero no todo es psicológico. El vocacionado al sacerdocio está llamado a una forma de vida en cuyo desarrollo, su persona no entra como parte de un engranaje profesional y mucho menos administrativo. La vocación no la decide el psicólogo", ha valorado.

En cuanto a la reflexión sobre la vida consagrada que también harán los obispos estos días, el nuncio ha destacado la labor de las monjas de clausura "en un mundo que ignora su presencia". Así, aunque ha recordado que hay más de 700 monasterios en España, ha lamentado que su presencia se está "reduciendo".

Finalmente, sobre el proyecto de reforma de la Conferencia Episcopal Española, el nuncio ha pedido a los obispos "sinodalidad", que consiste en "reunirse, unirse, escucharse, rezar y decidir".

La jerarquía católica española se resiste, tras casi cuarenta años de democracia constitucional, a ejercer la autocrítica, a pedir perdón o a expresar arrepentimiento por las complicidades de la Iglesia con Francisco Francodurante la guerra, la represión y la dictadura. La pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de exhumar los restos del dictador de la basílica católica del Valle de los Caídos, que se enfrenta a la oposición de la comunidad benedictina que los custodia, ha vuelto a aflorar las dificultades del alto clero para lidiar con la historia del siglo XX, en el que la Iglesia fue aliada de las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y Franco, del que obtuvo unos privilegios que en buena medida mantiene en democracia. "La exhumación de Franco ofrece una oportunidad de hacer confesión pública, que es una acto claramente religioso. La petición de perdón es una actitud cristiana. Es el cumplimiento de uno de los deberes más intrínsecos al cristianismo,", señala Juan José Tamayo, teólogo de la Asociación Juan XXIII y pensador de referencia de la Iglesia progresista.

Juan José Tamayo afirma que "los pronunciamientos de la jerarquía católica sobre la exhumación de Franco" vienen siendo "muy formales y muy tímidos". "Aquí hay una situación inexplicable en gobiernos democráticos e iglesias cristianas del mundo. No existe otro mausoleo a un dictador custodiado por una congregación religiosa. Los obispos no pueden limitarse a decir que esto es un asunto del Gobierno y la familia, porque el dictador está enterrado en un templo católico, lo cual supone una prolongación por parte de la Iglesia de la legitimación de la dictadura.Esto es inaceptable y contrario al espíritu evangélico", sintetiza Tamayo.

La actual situación tiene raíces históricas. El golpe de Estado contra la República tuvo inspiración religiosa. José María Gil Robles, líder de la CEDA, que en las elecciones de 1936 había contado con el apoyo de la jerarquía católica, aportó medio millón de pesetas al general Mola unas semanas antes del alzamiento, y con posteridad puso a su formación al servicio del bando nacional. La rebelión contó de inmediato con el apoyo de la cúpula eclesial. "España será católica o no será", proclamó el cardenal Isidro Gomá durante la guerra, elevada al rango de "cruzada". La Carta Pastoral Dirigida a los Obispos del Mundo Entero, publicada un año después de iniciada la guerra, supuso la consagración del apoyo sin ambages de la Iglesia a Franco: "Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional". Acabada la guerra con el triunfo franquista, el papa Pío XII telegrafió un mensaje al Caudillo: "Levantamos nuestro corazón al señor y agradecemos la deseada victoria católica en España".

La Iglesia fue parte del aparato de represión. La jerarquía católica dio al franquismo reconocimiento internacional y situó al dictador bajo palio. Pío XII llegó a nombrar al general protocanónigo. A cambio Franco abrochó la Iglesia a todos los campos fundamentales del Estado y la sociedad: económico, simbólico, educativo, patrimonial, militar... Le garantizó financiación y carácter de confesión oficial. Y lo consagró todo en el Concordato de 1953. Franco –escribe Alberto de la Hera en Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España (1953-1976)– "era consciente de cuánto daba y a cambio de qué poco en el Concordato Pero, con ello, compraba un 'privilegio' para él muy valioso, que en el Concordato no figura: el título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia". El general golpista arrancó además al Vaticano el artículo VI, que estableció que "los sacerdotes españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado". Y lo hicieron durante largas décadas

  El precio del "pacto de olvido"

"El problema empieza en 1937, con la legitimación del golpe de Estado. Luego todo ha sido un sostenella y no enmendalla. Convirtieron la guerra en una cruzada y apoyaron la dictadura", apunta Tamayo, que subraya: "Otras jerarquías católicas han apoyado dictaduras, ésta no es la única. ¡Pero durante un tiempo mucho más breve! ¡Aquí fueron cuarenta años! Eso es un pecado gravísimo, estructural. No es un pecado venial, o justificable". Durante la dictadura no hubo condena oficial del franquismo por parte de la Iglesia, aunque en su fase final sí florecieron movimientos críticos, partidarios de la democracia, cuyo referente más visible durante la Transición fue Vicente Enrique y Tarancón. Pero tampoco se ha producido la condena durante la democracia, en la que sobreviven resabios del nacionalcatolicismo.

Los acuerdos de 1979, que reformaron el Concordato del 53 para que la Iglesia mantuviera el grueso de los privilegios del nacionalcatolicismo, demostraron que era posible pasar de la dictadura a un régimen abierto manteniendo el lazo íntimo entre el poder civil y la organización privada, filial en España de un Estado extranjero (el Vaticano) que había sido el mayor sustento de Franco. Y sin pasarle factura. El ensayo El resurgir del pasado en España. Fosas de víctimas y confesiones de verdugos, de Paloma Aguilar y Leigh A. Payne, resume así el papel de la Iglesia en el "pacto de olvido" de la Transición: "La jerarquía eclesiástica ha logrado que se reconozca a sus víctimas: gracias a las decididas y persistentes iniciativas vaticanas, se ha beatificado a muchos sacerdotes asesinados durante la guerra civil por combatientes del bando republicano. Sin embargo, esa misma jerarquía se ha negado en repetidas ocasiones a apoyar los esfuerzos que las víctimas republicanas han hecho para obtener reconocimiento público, verdad, justicia o incluso la exhumación de los restos de sus familiares, y a veces se ha opuesto directamente [...]".

  Arrepentimientos fuera, equidistancia aquí

Pero no en todas partes ha sido así. En 1998 el Vaticano hizo un público "acto de arrepentimiento" por su insensibilidad ante el nazismo. El papa Francisco ha pedido perdón a los evangelistas pentescostales por su persecución durante el fascismo en Italia. En Argentina la Iglesia ha reconocido sus "pecados" en la dictadura de Videla. La conducta de la Iglesia en España, en cambio, ha sido cubierta por un tupido velo. Cuando en 2000 Juan Pablo II aludió a las culpas de los "hijos de la Iglesia" y entonó un "nunca más", no hizo explícita referencia a nuestro país.

Aquí la Iglesia fue durante la Guerra Civil "sujeto paciente y víctima", como dijo monseñor Juan José Asenjo en 2000 siendo portavoz de la Conferencia Episcopal, dirigida entonces por Antonio María Rouco Varela. También bajo el mandato de Rouco se aprobó la tesis episcopal sobre la guerra, titulada La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX,La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX que evitaba cualquier autocrítica. "España se vio arrastrada a la guerra civil más destructiva de su historia", decía el texto episcopal. "No queremos señalar culpas de nadie en esta trágica ruptura de la convivencia entre los españoles. Deseamos más bien pedir el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra". La definición de equidistancia.

Para encontrar gestos de cierta contrición, hay que acudir a las palabras en 2007 de Ricardo Blázquez, en la primera de sus dos etapas como presidente de la Conferencia Episcopal. Blázquez afirmó que "en el decenio de los 30" hubo "actuaciones concretas" de miembros de la Iglesia que fueron contrarias al evangelio. "Los que nos han precedido pueden haber sido testigos luminosos del Evangelio, y en otras ocasiones pueden haber realizado lo que el Evangelio desaprueba". Pero nunca nada en tal sentido ha sido puesto por escrito para su asunción por parte de la Iglesia española, tampoco del Vaticano. Persiste hasta hoy en el episcopado, aunque ya ninguno de los obispos proviene de la jerarquía católica predemocrática, una actitud contraria a las "políticas de memoria histórica". El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha dicho esta misma semana que la memoria "reabre heridas" y "divide a los españoles", el argumentario clásico de la cúpula eclesial, así como del PP y en buena medida de Ciudadanos.

  Redes Cristianas

La anunciada intención del Gobierno de exhumar a Franco no ha suscitado una respuesta beligerante del episcopado. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, hombre muy próximo al papa Francisco y puntal de los aperturistas de la jerarquía católica junto al propio Blázquez y el obispo de Barcelona, Juan José Omella, ha expresado que no se opondrá a los planes de Sánchez. Pero el prior de la abadía, el que fuera candidato falangista Santiago Cantera, se está beneficiando de la tibieza de la posición de Osoro para negar cualquier colaboración y acogerse a la inviolabilidad de los lugares de culto establecida en los acuerdos del 79. "El precio que están pagando [los obispos] es que da la impresión de que siempre va a rastras de este tipo de cosas. La Iglesia debe transformarse y avanzar en dirección democrática. Sigue habiendo algo pendiente ahí. No acaban de decir las cosas de forma clara", señala Raquel Mallavibarrena, una de los portavoces de Redes Cristianas, que agrupa a más de 200 colectivos eclesiales de base. Mallavibarrena destaca que no hay un pronunciamiento oficial y consensuado de todas las organizaciones de Redes Cristianas sobre la exhumación de Franco, pero subraya que todas tienen en común el anhelo de "una Iglesia más encarnada con los tiempos, más democrática, que refleje la pluralidad d la sociedad". "Y el franquismo es lo contrario de la pluralidad", añade.

¿Por qué esa resistencia a pedir perdón, a hacer verdadera autocrítica del papel de la Iglesia durante la guerra y la dictadura? No hay una respuesta fácil. Todos los consultados creen que, al menos en parte, la explicación puede venir de que el estatus de la Iglesia en democracia tiene su base en el alcanzado durante el franquismo, cuya completa deslegitimación supondría a su vez un socavamiento de la posición de la institución católica. La Iglesia tiene financiación pública garantizada, presencia en la escuela pública y subvenciones milmillonarias para su red educativa privada, carácter de confesión oficial en el terreno simbólico... y todo ello tiene origen en el Concordato del 53. Mallavibarrena sostiene que hay en el alto clero una natural inclinación a "no ceder". "Si hacen autocrítica, sienten que se muestran débil débiles y puede surgir un ataque más frontal. Yo discrepo. Cuanto más creíble sea la iglesia, aunque sea más pobre, más fuerte será. Si sale Franco, la Iglesia ganará en coherencia", agrega. Similar razonamiento aplica a la renuncia de sus privilegios económicos y la pública autocrítica sobre su pasado.

  La "devaluación" del perdón

El teólogo Evaristo Villar, director de la revista Éxodo, foro de pensamiento de la Iglesia crítica y progresista, anima a la sociedad a no ver a la institución católica "de forma monolítica", porque "ni siquiera la jerarquía lo es". "La Iglesia no son sólo unos obispos o el papa. Es una visión inexacta. La masa social cristiana es pluriforme", subraya, aunque admite que la Iglesia crítica de base está ahora, como todas las fuerzas transformadoras, "algo apagada, resistiendo este envite neoliberal". Además, añade, "siempre ha sido difícil que la autonomía y la libertad del cristiano crítico se vean representadas en la jerarquía", que lleva más de un siglo, y no sólo en España, viviendo "con muchísimo miedo a todos los fantasmas del comunismo, del protestantismo, del islamismo...". Papas de corte aperturista como Juan XXIII, Pablo VI ahora Francisco son las excepciones.

Todos estos condicionantes determinan, a juicio de Villar, que la Iglesia no se haya atrevido al gesto radical de renegar de la posición de la jerarquía católica durante buena parte del siglo XX en España. "Hubo un momento en que obispos como Vidal y Barraquer no admitieron la carta de 1937, pero tuvieron que emigrar. Más tarde, en el 71, en la asamblea de sacerdotes y obispos hubo un intento de pedir perdón por no haberse mantenido dignamente en los presupuestos de la Iglesia durante la guerra", explica Villar. Luego, casi nada. "El problema es que pedir perdón se ha devaluado. Se pide perdón sólo por lo que no tiene sentido, como por condenar a Galileo. ¿Eso qué valor tiene ahora?", pregunta el teólogo. A su juicio, sí tendría valor pedir perdón por la persecución a la Teología de la Liberación, y por supuesto por la complicidad con el franquismo.

  La Iglesia "teocón"

Villar también considera que la exhumación del dictador es una oportunidad, de momento, perdida. "Tenían [los obispos] que decirlo claramente: 'Que lo saquen'. Este señor, que ni siquiera es abad, no tiene nada que decir ahí. La Iglesia no tiene por qué cargar con el oprobio de cederle un recinto así. Es el único sitio donde ocurre. ¿Qué diríamos si los italianos tuvieran metido en una catedral a Mussolini, o los alemanes a Hitler? No tiene ningún sentido y hace un daño enorme a la Iglesia. Además de ser antihumano y antievangélico, la Iglesia tiene que limpiarse de esas cosas", continúa Villar, que confía en que el Gobierno, aunque tarde un poco más, encuentre una "base jurídica sólida" para no dejar "ni un resquicio".

"El problema", concluye Villar, "es que la jerarquía no se siente amparada por los grupos críticos, sino por esa masa desconocida e informe, entre los que hay franquistas, que todavía ni se han olido lo que es la autonomía, la libertad y la democracia". La llamada "Iglesia teocón", los obispos fieles a Rouco, los medios católicos –con la COPE y Trece al frente–, organizaciones como el Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Hazte Oír, Foro Español de la Familia, Legionarios de Cristo y E-cristians tampoco se muestran favorables a la exhumación. Y su influencia en el rumbo de la Iglesia en España es hoy mayor que el de los colectivos críticos integrados en Redes Cristianas.

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, acudirá junto con el cardenal arzobispo de la ciudad y presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Felipe Esteban, a un desayuno informativo del Fórum Europa bajo el título Valores de la Semana Santa, hoy: historia y presente de la Semana Santa de Valladolid.

El desayuno tendrá lugar en Madrid, el próximo 16 de marzo a las 9.00 horas en el Hotel Westin Palace.

El acto está organizado por Nueva Economía Fórum y patrocinado por Asisa, Orange y Red Eléctrica de España.

Los obispos españoles han mostrado su apoyo al "restablecimiento del orden constitucional" y han pedido "respeto a la ley" para "la normalización de la vida social y el correcto funcionamiento de las instituciones", tras calificar de "grave y perturbador" que el president cesado de la Generalitat Carles Puigdemont declarara el pasado 27 de octubre la independencia de Cataluña. Al mismo tiempo, se ofrecen para ayudar a la "reconciliación y pacificación".

Según informa Europa Press, así lo ha indicado este lunes 20 de noviembre el cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, en su discurso inaugural de la CX Asamblea Plenaria, que reunirá durante esta semana en Madrid a todos los obispos españoles. Durante la inauguración, Blázquez se ha pronunciado sobre la crisis catalana que les "preocupa en medida creciente".

En todo caso, también ha matizado que los obispos y presbíteros "renuncian a la militancia política" y esto "favorece que nadie se considere extraño a la comunidad cristiana por opciones legítimas".

"Nos entristeció la Declaración Unilateral de Independencia del día 27 del pasado mes de octubre. Significaba la ruptura del orden constitucional que los españoles nos hemos dado hace cuarenta años. Juzgamos que la Declaración de ruptura es un hecho grave y perturbador de nuestra convivencia, que va más allá de las discrepancias entre las formaciones políticas", ha advertido Blázquez al comienzo de la asamblea.

En este contexto, Blázquez ha apelado a la Constitución Española que "se gestó, redactó y fue aprobada en las urnas, como fruto del consenso entre todos" y que dio "un marco general de libertad y respeto en el que cabían todos".

Cambios constitucionales según los procedimientos

En cualquier caso, ha precisado que tampoco descartaban que se pudiera producir alguna "reforma" de la Constitución de acuerdo al paso de los años pero defienden que estos cambios siempre tienen que producirse de acuerdo a los procedimientos que establece el propio texto.

"Es comprensible que el paso del tiempo y la vitalidad de la sociedad fuera mostrando la conveniencia de reformar o añadir aspectos nuevos en la Constitución para que siempre sea actual pero ella misma indicaba los procedimientos para introducir los cambios oportunos", ha avisado Blázquez.

En aquellos años, según ha añadido, los españoles pasaron "de la incertidumbre ante el futuro a la satisfacción" porque "el deseo ampliamente compartido de reconciliación se había traducido en una regulación fundamental de la convivencia".

Con respecto al papel de la Iglesia, ha defendido que "colaboró eficazmente en la Transición política" aunque ha lamentado que esto "no siempre es reconocido", y ha agregado que la Iglesia "desea continuar cumpliendo su misión de reconciliación y pacificación".

Relaciones familiares y eclesiales

Por otro lado, Blázquez ha reconocido que la crisis catalana ha "afectado negativamente" a las relaciones "sociales, eclesiales y familiares" y ha invitado a todos a esforzarse para que estos lazos se reestablezcan "por el respeto a la libertad de todos, la mutua confianza y la concordia serena".

En concreto, ha afirmado que la Iglesia puede contribuir a "la pacificación personal y social, acentuando particularmente la solidaridad entre todos y la atención a los pobres", destruyendo "muros" y tendiendo "puentes".

Finalmente, ha recordado el epitafio que se puede leer en el sepulcro de Adolfo Suárez —"La concordia fue posible"— para subrayar el convencimiento de los obispos españoles de que "también hoy es posible la convivencia en la diversidad" si se recurre al diálogo en la sociedad y en las instituciones para "continuar construyendo una sociedad en paz, en libertad y en justicia".

Primera declaración tras la DUI y el 155

Esta es la primera vez que el presidente de la Conferencia Episcopal se pronuncia sobre la crisis catalana en un discurso público después de la Declaración Unilateral de Independencia, de la aplicación del 155 y tras la declaración previa de la Comisión Permanente de los obispos pidiendo diálogo ante la "grave" situación y llamando a evitar decisiones y actuaciones "irreversibles".

En la declaración que hicieron el pasado mes de septiembre, y que provocó malestar en el PP, los obispos se ofrecían a colaborar con el diálogo en favor de "una pacífica y libre convivencia entre todos".

Los obispos catalanes, por su parte, se habían pronunciado en varias ocasiones antes del 1 de octubre para pedir una salida "pacífica y democrática" a la situación.

Mientras, más de 300 sacerdotes, diáconos y religiosos catalanes defendieron como algo "legítimo y necesario" votar en el referéndum del 1 de octubre e incluso escribieron una carta al Papa solicitándole que intercediera.

Por otro lado, tan sólo 48 horas después de la jornada de convocatoria de referéndum ilegal el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió en el Palacio de la Moncloa con los cardenales y arzobispos de Barcelona y Madrid, Juan José Omella y Carlos Osoro, respectivamente, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro, aunque no trascendió el contenido de la reunión.

Además, unas horas después de que el Parlament catalán declarara la República catalana independiente el pasado 27 de octubre, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, aseguró que ama "profundamente" Cataluña así como España y Europa y pidió "evitar la confrontación".

Desde el Vaticano no ha habido un pronunciamiento oficial aunque el pasado mes de octubre, fuentes de la Embajada de España ante la Santa Sede aseguraron que el Papa Francisco defendió la legalidad ante el nuevo embajador, Gerardo Bugallo.

El cambio de estatus que la reforma impulsada por el exministro José Ignacio Wert dio a la asignatura de religión católica está teniendo un efecto claro en el aumento de las matriculaciones de esta materia en los centros públicos. Así lo confirman los datos difundidos este lunes por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que muestran un aumento del 12% en la demanda de la asignatura confesional en los colegios e institutos de titularidad estatal. 

Con la Lomce, la nota de religión volvió a contar para hacer la media y para obtener becas. Con esta decisión, el sistema educativo español regresó al modelo que estuvo vigente hasta la aprobación en los años noventa de la Logse. El Gobierno del PP también accedió a hacer realidad otra de las reclamaciones de los obispos: la desaparición de la materia de Educación para la Ciudadanía y la obligación para todos los alumnos de estudiar o la asignatura confesional de religión o su alternativa con el objetivo, también, de evitar que siguieran desertando un número creciente de alumnos. De hecho, la alternativa "fuerte" ha sido una reclamación tradicional de la jerarquía católica.  

Plataformas y sindicatos alertaron de que se iba a producir un repunte en las matriculaciones en un contexto de claro retroceso de su demanda. Los datos del Ministerio de Educación –la última actualización es del curso 2014-2015, justo cuando entró en vigor la ley– muestran que hasta entonces la matrícula de esta asignatura descendía porcentualmente de forma imparable en los centros públicos y, especialmente, conforme los alumnos se iban haciendo mayores. Llegó a bajar 15 puntos en una década. 

Esa es la tendencia que ha empezado a invertirse ahora tal y como demuestran las estadísticas que este lunes hizo públicas la Conferencia Episcopal con datos facilitados por las diferentes diócesis. De hecho, es significativo que la demanda comienza a aumentar más entre los alumnos de cursos más altos a partir del curso 2015/2016. La Lomce entró en vigor en septiembre de 2015 en los cursos impares de secundaria y bachillerato.

Pues bien, en el curso 2014/2015 se apuntaron a clase de religión en los centros de titularidad pública el 62,70% de los alumnos de primaria, el 36,80% de los de secundaria y el 23,70% de los de bachillerato. Dos años después, en el curso 2016/2017, ese porcentaje se situó en el 62,6%, el 39,88% y el 38,57%, respectivamente. En ese período, por tanto, hubo un aumento de 3,08 puntos en secundaria y de 14,87 en bachillerato, y un descenso de apenas 0,10 puntos en primaria. 

En números absolutos los alumnos matriculados en la materia confesional pasaron de 387.067 a 537.876 en la ESO, es decir, 150.809 más; y de 67.807 a 129.639 en bachillerato, lo que supone un aumento de 61.832. Por contra, en primaria, el número de alumnos que cursan religión se redujo en 26.007 al pasar de 1.099.172 a 1.073.165. En todo caso, en conjunto, en los centros públicos hay actualmente 186.634 alumnos más matriculados en religión que antes de la puesta en marcha de la Lomce: un 12% más. 

Estas cifras contrastan con las del decenio anterior. Y es que, de media, apenas el 39% de los alumnos de centros públicos escogieron en el curso 2014/2015 estudiar religión. En el curso 2004/2005 eran el 54,9%. Es decir, la caída fue de 15 puntos. 

A pesar de este repunte, la (CEE) lanzó este lunes una campaña "de carácter especial" a través de internet y las redes sociales para intentar animar a cursar la asignatura de religión en colegios e institutos. Los obispos consideran que la materia confesional es imprescindible para "entender las claves que han formado la historia, la política, el arte, las costumbres, la cultura, las leyes…" y llaman a los padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban formación religiosa y moral católica.

Precisamente con Mariano Rajoy como ministro de Educación, en 1998, el Gobierno metió en nómina de las comunidades autónomas a decenas de miles de profesores de catolicismo que impartían esta materia en centros públicos. Estos profesionales son seleccionados por las diferentes diócesis, es decir, no tienen que pasar una oposición como el resto de docentes que trabajan para la Administración. Europa Laica estima en 610 millones de euros al año el gasto que supone para el Estado el abono de sus salarios. 

Reducción del horario  

Por otro lado, tanto los obispos como los profesores de religión llevan dos años recurriendo a la Justicia para evitar que pueda tener efecto uno de los pocos resquicios que dejó la Lomce en contra de sus intereses. Y es que esa norma colocó la materia de religión en el bloque de las llamadas asignaturas específicas, cuyos horarios son fijados por las comunidades autónomas y no por el Ministerio de Educación, como sí se hace con las troncales, donde se situaba hasta entonces. Eso provocó que algunas autonomías, en el ejercicio de sus competencias, llevaran al mínimo su horario. De hecho, los obispos aseguran que hay casos en los que se han llegado a reducir a la mitad.

Además, en el caso del bachillerato la materia de religión se incluyó en un grupo de doce del que los alumnos tienen que elegir tres y su oferta se establece "en función de la regulación y de la programación que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes". De hecho, la primera institución en recortar el horario de religión fue el propio Ministerio de Educación en Ceuta y Melilla, los únicos territorios que son de su competencia.

Pero la pretensión de algunos de estos ejecutivos autonómicos de reducir el horario de la materia confesional se está encontrando con el freno de los tribunales, que ya han fallado en contra de las normativas aprobadas en esta línea en Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura. En todos estos casos los jueces estimaron los recursos presentados por los obispos y por los profesores que imparten la materia, que alegan sentirse perjudicados por estas reducciones.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, defendió que "no se puede separar el género del sexo" y pidió que no se introduzcan "elementos perturbadores" en la educación de los niños, en referencia a la ideología de género, informa Europa Press.

Sobre el autobús de la organización Hazte Oír, Blázquez recordó que es una "reacción" a "otra actuación que hubo en otro lugar" y pidió "que se respete, por favor, a los niños".

"Los niños no deben ser funcionalizados desde una determinada ideología, tienen que crecer en la maduración humana con respeto; no se les introduzcan elementos perturbadores. Y después tenemos que ver exactamente en qué consiste la ideología de género y cuáles son sus intenciones. Yo me remitiría a un número de la exhortación del Papa Amoris Laetitia que dice que no se puede separar el género del sexo. No se puede separar", subrayó Blázquez este viernes 17 de marzo, en la rueda de prensa posterior a la 109 Asamblea Plenaria de la CEE.

Así se pronunció al ser preguntado por si comparte la opinión manifestada por el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que defendió durante su comparecencia en la Subcomisión de Educación en el Congreso de los Diputados para el Pacto Educativo, que la ideología de género debe ser eliminada de la escuela.

Además, el presidente de los obispos añadió que "la diferencia de sexo pertenece a la buena creación de Dios y el sexo no significa solo genitalidad sino que, como dicen los psicólogos, significa una modalidad de vivir del ser humano".

El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez Pérez, ha sido reelegido como presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la primera votación, con un total de 52 votos, según ha informado la Oficina de Prensa de la CEE. Las votaciones han tenido lugar este martes 14 de marzo en el marco de la 109 Asamblea Plenaria de la CEE.

Blázquez ha obtenido el mayor número de votos por delante del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que ha recibido el apoyo de 20 votos; y del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que ha obtenido cuatro votos. En total, hay 80 electores, 79 de ellos obispos. De esta forma, se consolida el tándem Blázquez-Cañizares al mando de la Conferencia Episcopal, ya que es tradición que el segundo más votado ocupe la vicepresidencia de la institución. Además, Blázquez renueva así un cargo que ha ocupado durante los últimos tres años y que ya desempeñó también en el trienio 2005-2008, según ha informado Europa Press.

Ricardo Blázquez Pérez nació en Villanueva del Campillo, provincia y diócesis de Ávila, el 13 de abril de 1942. Realizó sus estudios en los seminarios Menor y Mayor de Ávila (1955-1967) y fue ordenado presbítero en febrero de 1967. Obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1967-1972) y también estudió en universidades alemanas. El de nuevo líder de los obispos tiene fama de ser hombre de consenso y además ha contado con el beneplácito de Roma para su reelección.

El 13 de marzo de 2010 se hizo público su nombramiento como arzobispo de Valladolid, diócesis de la que tomó posesión el 17 de abril del mismo año.

En la Conferencia Episcopal Española, además de los cargos de presidente y vicepresidente, ha sido miembro de la Comisión para la Doctrina de la Fe (1988-1993) y de la Comisión Litúrgica (1990-1993) y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe (1993-2002) y de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales (2002-2005), así como Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca, cargo que ocupó entre 2000 y 2004 y ahora de nuevo, desde 2015. Fue el artífice en 2006 de acordar con el Gobierno de Zapatero una nueva financiación que ha generado ingresos récord para la Iglesia.

El presidente de la CEE también ha mantenido contactos en este trienio con el Gobierno, en concreto, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con quien Blázquez firmó en 2014 un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa católica en los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los obispos también han mantenido reuniones con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, la última con motivo del Pacto Educativo.

Con el segundo puesto de Cañizares, los obispos quieren enviar a la sociedad una señal de unidad. El cardenal de Valencia habría aglutinado los votos del sector más conservador a pesar de su paso por Roma y su buena relación con el papa Francisco. Los conservadores han optado, así, por distanciarse de un candidato que recordase a Rouco Varela y han apoyado a Cañizares, que siempre mantuvo las distancias con el cardenal Rouco.

El máximo órgano fiscalizador del Estado seguirá sin controlar el dinero público que recibe la Iglesia católica. Los votos en contra de PP y UPN y la ausencia de los representantes del PDCat (antigua Covergència) han propiciado que no salieran adelante las dos iniciativas presentadas por el PSOE y Unidos Podemos. Ambas formaciones instaban al Tribunal de Cuentas a encargar una fiscalización específica de los recursos públicos que la institución recibe del Estado a través del 0,7% del IRPF. 

Un portavoz del PDCat confirma a infoLibre que ninguno de los dos representantes que la formación tiene en dicha comisión participaron en la votación. El diputado Ferran Bel no acudió porque se encontraba este jueves en Cataluña, mientras que el senador Joan Bagué sí estuvo en la sesión pero se marchó antes de que se iniciaran las votaciones, que se realizan al final. "No hay ningún motivo político", asegura este portavoz. 

Las iniciativas contaron con el apoyo de Ciudadanos y el PNV en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, en la votación hubo un empate a 18 votos. El reglamento determina que, en ese caso, se aplica el voto ponderado, que establece los apoyos en función del número de representantes con que cada grupo cuenta en el Pleno de cada cámara. La mayoría absoluta con la que el PP cuenta en el Senado provocó finalmente la derrota de las propuestas, que contaron con 318 votos en contra y 298 a favor.  

La asignación tributaria con cargo al impuesto sobre la renta de las personas físicas supuso casi 250 millones de euros según la liquidación de 2012. Este montante sale del bolsillo de todos los contribuyentes, pues se detrae del total de la masa fiscal. Los católicos que marcan la X en la casilla correspondiente de la declaración de la renta aportan a Hacienda el 99,3% de su cuota fiscal, mientras que el resto aporta el 100%. 

El PSOE y Unidos Podemos presentaron ambas iniciativas después de que el Tribunal de Cuentas dejara fuera de su programa de fiscalizaciones de 2017 a la institución católica. La decisión provocó la oposición de cinco de los trece miembros con derecho a voto del pleno de ese órgano, que consideraron urgente poner la lupa a la financiación pública de la Iglesia y denunciaron que el órgano fiscalizador da largas injustificadamente al asunto.

La minoría discrepante expresó entonces una posición tajante. Según el voto particular de tres de ellos, al que se adhirió una cuarta consejera, la Iglesia es una institución con cuentas poco claras que se beneficia de una cantidad ingente –pero hasta ahora no cuantificada– de recursos públicos "sin rendir cuentas de su destino". Por ello, reclamaron una "primera aproximación" a los fondos públicos que recibe para evaluar si el sistema de "asignación tributaria" se ajusta a la norma. 

Intervenciones 

Este jueves, en la comisión parlamentaria, el diputado socialista Antonio Hurtado defendió la necesidad de realizar el "control y la fiscalización del uso de los fondos públicos" para que todo esté perfectamente auditado. Los socialistas indican en su propuesta que los ingresos de la Iglesia por ese motivo suman más de 1.240 millones entre 2010 y 2015.

Por su parte, el portavoz del grupo Unidos Podemos en esta comisión, Segundo González, insistió en que "la Iglesia católica como perceptora de fondos públicos" debe ser transparente. "Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que hace con los fondos que salen de su bolsillo a través de la casilla de IRPF", señaló.

Francisco Javier Hernández, portavoz del PP, justificó el no de su grupo en que los acuerdos con la Santa Sede establecen que la Iglesia debe presentar una memoria de la cantidades recibidas de IRPF, pero que en ningún caso se habla de fiscalización. "Somos partidarios de la máxima transparencia en todos los temas, incluso de los fondos que recibe la Iglesia a través del IRPF, pero la transparencia debe materializarse por los cauces de la ley", indicó. 

El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez, ha advertido de que es "poco serio" separar "el género del sexo" y ha precisado que esta cuestión "no se puede resolver con una operación quirúrgica", según ha informado Europa Press.

"Cuando se intenta separar el género del sexo me parece poco serio, porque la sexualidad no es solo genitalidad, también es una forma especial de sentir. Esta cuestión no se resuelve con una operación quirúrgica, es de otro orden", ha opinado Blázquez.

Así lo ha expresado este lunes durante su intervención en las Jornadas de reflexión para el presbiterio madrileño organizadas por la Vicaría Episcopal para el Clero, que se celebran en el Seminario Conciliar de Madrid, y que abordan el tema La belleza del amor matrimonial en la exhortación Amoris laetitia.

Una cuestión que se aborda en esta exhortación del Papa Francisco y que les "preocupa", según ha indicado Blázquez, es la que se refiere a las "tendencias homosexuales" y ha preguntado si "la humanidad se distribuye entre homosexuales y heterosexuales". "No, se distribuye sabiamente entre varones y mujeres", ha respondido, al tiempo que ha señalado que es importante recordarlo para "no ceder" a la "catequesis" que llega a la sociedad a través de algunos canales "a veces también de programas educativos".

No obstante, ha asegurado que, tal y como dice el Papa Francisco en el documento, hay que "acoger con respeto" a las personas homosexuales "evitando toda discriminación injusta".

"A veces, en nuestros pueblos cuántos motes hemos puesto a estas personas, cuando ya llevan una buena cruz el que lo lleva y su familia", ha declarado.

Además, ha criticado la revolución biotecnológica en el ámbito de la reproducción humana y ha exclamado que "una persona no es producto de laboratorio". "¿Entonces los hijos ya se van a fabricar en un laboratorio? No", ha contestado.

También ha querido denunciar que hay "lobbies" que "reivindican una libertad absolutamente" y después son "absolutamente cerrados a la libertad de otros" y ha advertido de la existencia de "centros de gestación de legislación para todos los países, que a veces lo ponen como condición para recibir subvenciones".

"Auténtico desplome" de los matrimonios canónicos

Por otro lado, ha alertado del "auténtico desplome" de los matrimonios canónicos y del incremento de divorcios y ha criticado que la legislación española los "facilita" al permitir alcanzar el divorcio "exprés".

"Son tantas rupturas. Además la legislación parece estar facilitándolas. El divorcio se puede alcanzar civilmente, es más fácil que un contrato de arrendamiento, lo cual no es bueno, no sirve ni a la sociedad ni a la persona" ha asegurado Blázquez.

También ha mostrado su preocupación por el aumento del número de parejas jóvenes que conviven antes de casarse o incluso "sin planteárselo", como su propio sobrino, según ha indicado. "Recuerdo cuando fui a Alemania y me decían 'este está conviviendo' o 'el otro se ha separado'. Tenía la secreta esperanza de que esto no nos llegaría a nosotros", ha señalado.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, ha aclarado que ante el "complejo panorama político y social", la posición de la Iglesia "no es la de un contrincante político" pero piden a los cristianos "coherencia" a la hora de votar.

"Su papel [de la Iglesia] no es de orden partidista, sino de orden pastoral, de iluminar conforme al Evangelio la conciencia de sus fieles para que su actuación, con personal responsabilidad, sea coherente con su fe", ha subrayado Blázquez en su discurso inaugural de la CV Asamblea Plenaria que reúne a todos los obispos españoles desde este lunes en Madrid.

Sin embargo, ha asegurado que "desde el laicismo muchos no entienden que la legítima autonomía del orden temporal, querida también por los cristianos, no puede significar prescindir del recto orden moral".

Según ha precisado Blázquez, es ahí donde es "posible y necesaria la colaboración de los católicos con otras propuestas que tengan el mismo objetivo de la defensa de los valores de la dignidad humana y la realización del bien común".

En este sentido, ha apuntado que la Iglesia "siempre" trabajará por los "valores innegociables" como "el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural, el verdadero matrimonio y la armonía y estabilidad familiar, y el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones".

Así, el presidente de la CEE ha destacado la necesidad de que los cristianos, especialmente los seglares, vivan "con coherencia responsable y alegre la fe, en la calle, en la vida social y política, en el ejercicio del voto o de la representación y actividad política, en la familia y con los amigos, en la cultura y en el arte".

"Innegables" signos de recuperación

Además, ha indicado que los obispos ven "con preocupación" el actual escenario social, concretamente, las "persistentes consecuencias de la crisis económica" que aún afecta "muy profundamente a los más desfavorecidos, desempleados y a los jóvenes", aunque ha asegurado que se observan "innegables signos de recuperación".

En todo caso, considera que la crisis social y económica "arrastra en el fondo una crisis antropológica, ética y religiosa" en la que ha incidido, a su juicio, "en no pequeña medida el secularismo y el materialismo economicista" y ha puesto como ejemplo "los casos de corrupción, que tanto dañan la confianza de la población".

Sobre la economía, ha precisado que existe una "verdadera idolatría" en la que "se rinde culto al dinero" con "una ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados y de la actividad financiera" e "instaura una tiranía invisible que impone de forma unilateral sus reglas".

"Incluso la actividad política –ha destacado– se convierte en una tecnocracia o pura gestión y no en una empresa de ideas y valores". Ante esta situación, los obispos proponen "una economía de rostro humano, que ponga a la persona en el centro". Así lo indicarán en el documento Iglesia, servidora de los pobres que traen a la Asamblea Plenaria para su estudio y aprobación.

La Conferencia Episcopal Española aprovechó este miércoles la presentación de los resultados de la asignación tributaria a la Iglesia en 2013 –el dinero que va a parar a esta institución cuando los contribuyentes marcan esta casilla en la declaración– y la campaña de 2014 para anunciar la entrada en vigor de su "portal de la de transparencia". Con esta herramienta, la Iglesia española intenta seguir la estela de otras instituciones, como el Congreso, el Senado y algunas comunidades autónomas que llevan un tiempo volcando en un apartado de su página web aquella información que consideran de relevancia pública siguiendo los listados de la Ley de Transparencia. No obstante, el portal eclesiástico se queda muy atrás en cuanto a la información ofrecida si se le compara con cualquiera de sus homónimos, incluso los más deficientes: sólo ofrece seis documentos organizados de la siguiente forma: "Quiénes somos", "Normativa de aplicación", "Organigrama" y "Asignación tributaria". 

¿Son datos nuevos? ¿Suponen un antes y un después para esta institución tradicionalmente opaca, según llevan años denunciando los colectivos laicistas? En absoluto. De hecho, sobre la primera de las preguntas en la propia institución reconocen que lo que se ha hecho ha sido aglutinar en un apartado de la página la información ya existente en materia económica y organizativa. Una información, además, que impresa no supera una decena de folios. En lo económico, este portal de transparencia no arroja nada de luz sobre las retribuciones concretas de los obispos ni sobre las propiedades, ingresos o inversiones de la Iglesia. Tampoco hay rastro de las transferencias a la educación o sanidad concertadas en centros dependientes de la Iglesia.

Las instituciones a las que se aplica la Ley de Transparencia y el propio portal de Transparencia de la Administración General del Estado sí ofrecen datos económicos como salarios y bienes inmuebles de su propiedad. Pero en la ley no se hace mención alguna a la Iglesia en sentido estricto como afectada por el articulado. 

Pese a que desde el año 2007 la Iglesia dejó de recibir cantidades con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para su sostenimiento básico pasando al sistema actual –el de su correspondiente casilla en la declaración de la renta–, esto no acabó con sus históricos privilegios. Con lo que la Iglesia recauda vía IRPF, se paga a la Conferencia Episcopal y al clero. Pero los diferentes ministerios tienen partidas que acaban repercutiendo en la Iglesia. Se trata de cuestiones como la reparación y restauración de catedrales o arquitectura religiosa. O por ejemplo, de programas para atender el culto religioso en las prisiones. 

No sólo estas partidas llevan años en el punto de mira de las asociaciones laicistas. Estos colectivos denuncian que las asignaciones no son el único dinero público que recibe la Iglesia católica. De hecho, en 2013, este diario infomó de que Europa Laica cifraba en 11.337 millones de euros el dinero que el Estado iba a entregar a los obispos, incluyendo lo que iba a dejar de ingresar por exenciones fiscales como el impago del IBI u otros impuestos municipales o las transferencias a la educación o la sanidad concertadas. Según datos de este colectivo del mismo año, esto implicaba que cada habitante, independientemente de que fuese o no creyente o marcase o no la casilla de la Iglesia en su declaración, ayudase al sostenimiento de la institución con 260 euros de media.

Para poner las cifras en su contexto, para este año 2015, y según los datos que figuran en los Presupuestos Generales del Estado, la Iglesia católica va a recibir 159,2 millones de euros del Estado como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen su casilla en la declaración de la renta.

La sombra de las inmatriculaciones

Otro asunto polémico son las inmatriculaciones. Ahora, la ley hipotecaria pretende poner fin a este privilegio. Pero desde 1946, una ley franquista, incluyó a la Iglesia entre las instituciones que podían inscribir bienes de dominio público sin dueño registrado previo mediante una certificación expedida por un funcionario. Un año más tarde, el reglamento de la ley elevaba al clero a la categoría de funcionario público para poder acreditar inmatriculaciones. En la práctica, se equiparaba a un obispo diocesano con un notario. Pero el verdadero incremento de inmatriculaciones se produjo a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar integró a los templos entre los bienes que la Iglesia podía registrar a su nombre.

Con estos mimbres, es imposible saber el número de pisos, locales, ermitas, fincas... que la Iglesia católica ha inscrito a su nombre gracias a esta ley. Según la Conferencia Episcopal, a la que este diario consultó recientemente, no existe registro alguno. Lo mismo mantienen en el colegio de registradores. Europa Laica hizo sus propios cálculos en un informe propio: al menos 5.000 propiedades.

La Iglesia no tiene ninguna obligación legal de rendir cuentas sobre este asunto. Su responsabilidad se limita a hacerlo en lo relacionado con sus percepciones vía Presupuestos Generales del Estado para la conservación de sus centros religiosos, colegios católicos y profesores de religión. Y, también, a través de la casilla del IRPF.

¿Cuánto cobra un obispo?

En lo que respecta a las retribuciones, el único dato que figura en este portal de transparencia está ubicado en el apartado denominado "asignación tributaria". Y con datos correspondientes a 2012 –los de 2013 los presentaron este miércoles en rueda de prensa–. Según este documento, la retribución a los obispos en el citado ejercicio fue en su conjunto de 2.178.000 euros. Pero no es este el concepto que registró una mayor cuantía. El envío a las diócesis se llevó más de 179 millones de euros de un gasto total de 248 millones.

La puesta en marcha de este portal forma parte del "Plan de Transparencia y Modernización" de los sistemas de gestión de la Iglesia en España, anunciado el martes en rueda de prensa por el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. Y, pese a que a día de hoy eso no ocurre, la intención es la de que incorpore "nuevos contenidos".

Otra de las patas de este denominado plan de transparencia es el desarrollo y aprobación de manuales de buenas prácticas en la gestión. "Se está trabajando en un manual de inversiones financieras, de compras, contratación de servicios y obras y en un protocolo de contratación de personal", reza la nota que da cuenta de la rueda de prensa de Giménez Barriocanal.

Además, en un intento más de combatir la opacidad con la que siempre se ha identificado a esta institución, se anunció la puesta en marcha de un plan piloto de revisión contable en la Conferencia Episcopal y en las diócesis. Según explicó Barriocanal, en este año se realizarán diez auditorías externas que incluyen al propio órgano de gobierno de los obispos y a nueve diócesis. Estas serán realizadas por la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).

"La Iglesia no se puede quedar atrás. Tenemos que ofrecer mecanismos de plena confianza. Muchas veces en las parroquias se lleva una cuenta de caja, el dinero que ha entrado en casa y el que sale. Hoy en día, eso para gestionar el conjunto de instituciones de la Iglesia no es suficiente", justificó Barriocanal la iniciativa de las auditorías.

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Ricardo Blázquez, invitó este martes a "sentirse orgullosos" de España porque, a su juicio, "a veces", parece que los españoles van "pidiendo perdón" por serlo.

"No podemos dar la espalda a una historia como la nuestra, una historia de la que en muchos momentos debemos recibir la corrección pero también debemos sentirnos orgullosos. A veces da la impresión de que vamos por la vida pidiendo perdón por ser españoles", subrayó.

Así lo indicó durante la presentación del libro La Iglesia en la historia de España que recoge las conclusiones de la investigación de la Fundación Rafael del Pino, dirigida por el profesor José Antonio Escudero. 

Asimismo, sobre la historia de convivencia entre la Iglesia y el Estado, Blázquez señaló que es una historia "rica y larga" con sus momentos "luminosos" y también "de oscuridad", precisando que hay que aprender de unos y de otros. Concretamente, sobre la obra, apuntó que esta muestra una "colaboración preciosa" que "para la convivencia como sociedad y como cristianos se necesita".