El 15 de junio de 1977 dieciocho millones y medio de españoles mayores de 21 años, el 78,7 por ciento del censo, acudieron a votar en libertad. Muy pocos recordaban haberlo hecho antes. Habían pasado más de cuarenta años desde las últimas elecciones generales, las de febrero de 1936. De la treintena de partidos políticos que entonces habían obtenido escaños, sólo cuatro estarían representados en las Cortes de 1977: PSOE, PCE, PNV y Esquerra Republicana. 

La sociedad española de 1977 tenía muy poco que ver con la que existía antes de la guerra civil, aunque la memoria impuesta por el franquismo sobre aquel conflicto nunca dejó de estar presente en los años de la transición. Y la sociedad actual tampoco es heredera directa de aquel período de cambio, pero conviene recordar los resultados electorales de 1977 porque a partir de ellos comenzó a configurarse el sistema de partidos de la democracia y pueden sacarse enseñanzas importantes para el presente.

El triunfo en porcentaje de votos, 34,4 por ciento, y en número de escaños, 165, correspondió a la Unión de Centro Democrático (UCD), presidida por Adolfo Suárez. En realidad, era un «partido-archipiélago» constituido cinco semanas antes de las elecciones por quince organizaciones diferentes que, entre todas, no pasaban de los dos millares de afiliados, y por políticos de origen muy distinto, la mayoría procedentes de la dictadura. Los votos de la UCD procedían sobre todo de las zonas rurales y de las clases medias urbanas, del espacio que podía estar representado por el «franquismo sociológico». Suárez contó con el dominio de Televisión Española, que tan bien conocía, y con el control de los gobiernos civiles, las diputaciones y los ayuntamientos. Pero era el político mejor valorado en todas las encuestas de opinión pública, muchos le consideraban el hombre del Rey y le avalaba, en su deseo de ocupar el centro político, la trayectoria reformista y moderada de su Gobierno que había comenzado en julio de 1976.

En segundo lugar quedó el PSOE, con el 29,3 por ciento de los votos y 119 diputados. En diciembre de 1976, cuando celebró su XXVII Congreso, era un partido que no llegaba a los diez mil militantes, que no podía presumir de haber estado en la primera fila de la lucha antifranquista y que mantenía un programa marxista, anticapitalista y republicano. Sin embargo, más allá de las expresiones ideológicas y doctrinales, la actuación práctica de sus dirigentes, en especial de Felipe González, tuvo la habilidad y flexibilidad necesarias para adaptarse a las iniciativas reformistas del Gobierno, obtener respaldo internacional, absorber a otros grupos socialistas y conseguir el apoyo de la mayor parte de los electores de los núcleos urbanos e industriales que identificaban sus siglas con la apuesta por la libertad y las transformaciones sociales.

A la izquierda del PSOE, el PCE obtuvo el 9,3 por ciento de los votos y 19 escaños, unos pobres resultados si se tienen en cuenta sus expectativas de partida, con una clara hegemonía en el mundo sindical y universitario, y que habrían sido mucho peores todavía de no ser por la sólida implantación del PSUC en Cataluña. Frente a la imagen renovadora que ofrecían los jóvenes dirigentes socialistas, sin vinculación con la generación de la Guerra Civil, la veterana dirección comunista parecía anclada en el pasado, sin un programa realista basado en los problemas generales de la sociedad, cada vez más alejada de las preocupaciones y los intereses de sus bases sociales, de los militantes de calle.

A la derecha de la UCD quedó Alianza Popular, el partido fundado por Fraga para agrupar a las figuras más caracterizadas del régimen franquista. AP consiguió el 8,8 por ciento de los sufragios y 16 diputados. De ellos, 13 habían sido ministros de Franco. El propio Arias Navarro fue presentado como candidato al Senado por Madrid. Era la imagen del pasado, que conjugaba mal con las expectativas democráticas despertadas durante la campaña electoral, un lastre demasiado pesado para que el talante temperamental de Fraga pudiera competir con la imagen moderna y abierta que ofrecía Suárez.

Las elecciones barrieron al resto de las siglas políticas, la famosa sopa de letras, incluidas todas las organizaciones de extrema izquierda que acudieron por separado, con la salvedad de los nacionalistas catalanes y vascos. El Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Puyol consiguió el 2,8 por ciento de los votos y 11 diputados, y el PNV alcanzó el 1,7 por ciento de los votos y 8 diputados. El problema más importante para el Gobierno iba a ser la situación del País Vasco. En Cataluña, aunque la UCD era sólo la cuarta fuerza política, podía pensar en futuros acuerdos con sectores moderados amplios como los que representaba Pujol y con una figura como Tarradellas, que tenía en sus manos la legitimidad histórica de la presidencia de la Generalitat en el exilio. Sin embargo, en el País Vasco la UCD no pudo presentar una candidatura en Guipúzcoa, y pagó el error político de Suárez de no haber querido legalizar la ikurriña ni restituir los conciertos forales de Vizcaya y Guipúzcoa. Ferran Gallego ha señalado con acierto que el problema vasco se «enquistó» desde el inicio mismo de la transición. El único problema no era el terrorismo de ETA, que cometió 28 asesinatos a lo largo de 1977. El Gobierno de Suárez perdió la iniciativa en un escenario de movilizaciones sociales permanentes, reivindicaciones laborales, demandas de amnistía y autonomía y episodios de brutalidad de las fuerzas del orden, y ya no volvería a recuperarla. 

La notable presencia en las Cortes de los partidos nacionalistas se debió en parte al sistema electoral, que sobrerrepresentaba los votos concentrados en una misma circunscripción. Pero los partidos más beneficiados fueron, sin duda, la UCD y el PSOE, que con el 63 por ciento de los votos populares acumularon el 86 por ciento de los escaños, una acusada desviación debida a los severos mecanismos de corrección del criterio de proporcionalidad. Una parte muy importante del apoyo social obtenido por el resto de los partidos de ámbito nacional que consiguieron escaños, el PCE, AP y el PSP, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, quedó sin representación por no obtener el porcentaje provincial mínimo necesario. 

Los diputados asignados a cada circunscripción privilegiaban el voto de las provincias pequeñas —para ser diputado en Barcelona o en Madrid había que tener cien mil votos más que en Soria, por ejemplo— y el sistema de recuento D’Hont favorecía la formación de mayorías. Las medidas electorales adoptadas entonces con carácter provisional tomaron cuerpo y se asentaron como normas inamovibles que ayudaban claramente a los grandes partidos, bien estructurados y financiados y disciplinados en torno a las listas cerradas. 

Las elecciones generales celebradas en marzo de 1979 no variaron en lo esencial el mapa político español. La UCD volvió a ganar, Suárez formó un nuevo Gabinete sin mayoría absoluta en las Cortes y el PSOE, reforzado por la absorción del PSP, se afianzó como la fuerza principal de la oposición y la única alternativa de gobierno. Tampoco hubo sorpresas en las elecciones municipales del mes de abril, las primeras en España desde la Segunda República, que renovaron las elites políticas locales y permitieron el acceso al poder de la izquierda en las grandes ciudades gracias a los pactos de socialistas y comunistas. 

La transición comenzó, y se consolidó en la democracia, con una cultura política heredada del franquismo, que había impuesto la desconfianza hacia las luchas partidistas y el descrédito de las instituciones. El sistema de representación que se puso en marcha estaba basado en partidos de estructuras rígidas y listas cerradas que ayudaban poco a la afiliación y a la participación de la sociedad civil. 

A ese modelo de «bipartidismo imperfecto» hemos vuelto en la actualidad. Los grupos a la izquierda del PSOE no tienen otra opción que ir a las urnas unidos en coalición. Y el PP, como le pasó a UCD, tendrá muy difícil gobernar como un partido nacional/español si mantiene su actual escasa presencia en Cataluña y el País Vasco. Enseñanzas de la historia.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, junto a Carlos Gil Andrés, de Historia de España en el siglo XX.

El Juzgado Penal 8 de Barcelona ha absuelto a los presidentes de La Falange, Pedro Pablo Peña, y de Alianza Nacional, Manuel Andrino, a los que juzgó acusados de un presunto delito de incitación al odio y a la violencia en sus discursos el 12 de octubre de 2013 durante un acto en Montjuïc (Barcelona). La sentencia, consultada por Europa Press, los absuelve porque no se ha demostrado que los acusados fueran responsables de un documento que incitaba a cometer actos violentos durante el día de la Hispanidad, y por el que se abrió la investigación que también abarcó las declaraciones de esa jornada.

En el juicio, un mosso de la unidad de investigación del cuerpo dedicada a los delitos con motivación ideológica de extrema derecha explicó que ese documento, firmado por Ultra Sur y La España en marcha, era falso, y los técnicos del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) que lo enviaron al fiscal para denunciar declararon que lo habían recibido por redes sociales. "La prueba inicial, que es el documento denunciado a Fiscalía, es totalmente falso, y en consecuencia debe aplicarse la teoría de los frutos del árbol envenenado", según la que una prueba ilícita anula todas las que se consigan a raíz de esta, aunque sea de forma legal, como ocurre en este caso con el documento falso y el resto de pruebas que el fiscal aportó para acusarles de delito de odio en los discursos.

Peña y Andrino rechazaron declarar en el juicio, en el que se reprodujeron expresiones como, en referencia al inicio del proceso soberanista, que "la bala debería ser para la clase política española, y para la cúpula militar que ha permitido este atropello". "Responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda", sostuvo Peña afirmando que el camino es la violencia, en sus palabras, y llamó a derrocar la monarquía y defender España con sacrificio y a costa de sus vidas si fuera necesario. En su discurso, Andrino apeló actuar como en el golpe de Estado de julio de 1936: "Estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más".

Cuando el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados al frente de dos centenares de miembros de la Benemérita, el joven Diego López Garrido se encontraba en el hemiciclo. Por aquel entonces, no era representante político. Simplemente, ejercía como letrado en las Cortes. Pero allí estuvo, durante horas, con el repiqueteo de aquel fusil que puso a todo un país a contener el aliento resonando en su cabeza. Cuatro décadas después, este exsecretario de Estado aún conserva en su memoria retales de aquellas jornadas angustiosas. Como también de la demostración de dignidad de toda la sociedad española tan solo setenta y dos horas después de que fracasase la intentona golpista. Aquel viernes, la ciudadanía dijo alto y claro a los elementos involucionistas que el único futuro que concebía era el democrático. Y lo hizo de forma masiva y contundente. “Es la manifestación más grande a la que he ido en toda mi vida”, recuerda Garrido, quien no olvida la emoción que se respiraba en el ambiente aquella tarde de febrero en la capital que ha quedado marcada a fuego en el recuerdo colectivo.

Desde la muerte del dictador, el ruido de sables había sido constante. Sólo hay que recordar la famosa operación Galaxia. Sin embargo, el asalto a la Cámara Baja puso en evidencia la existencia de un peligro real. Por eso, una vez restablecida la normalidad, era fundamental una respuesta firme por parte de la sociedad. Partidos y sindicatos pusieron sobre la mesa la posibilidad de organizar una gran movilización en defensa de la recién nacida democracia. Una propuesta que generó ciertas dudas en alguna organización. Jorge Verstrynge era, por aquel entonces, secretario general de Alianza Popular (AP). “Hubo una fuerte discusión sobre si acudir o no a la marcha”, confiesa al otro lado del teléfono en conversación con infoLibre. El exdiputado señala que tanto él como Gabriel Camuñas y Fernando Suárez estaban a favor de acudir porque, de no hacerse, se evidenciaría una complicidad de la formación con la intentona. Con una posición contraria sitúa a Félix Pastor, quien fuese presidente de la organización, o Alfonso Osorio. “Había miedo porque no estaba claro que todo se hubiera resuelto. Si dábamos el paso, nos identificábamos claramente en contra de los golpistas”, dice Verstrynge.

Los partidarios de sumarse a la manifestación decidieron entonces ir a ver al presidente del partido, Manuel Fraga, para trasladarle su intención de respaldar sí o sí la iniciativa. Si no era de la mano del partido, lo harían a título individual. “Fue entonces cuando nos dijo que él también asistiría”, cuenta Verstrynge. De esta manera, se abrió la puerta a una demostración de fuerza totalmente transversal en favor de la democracia. Las diferentes formaciones se pusieron manos a la obra. Se creó un grupo de trabajo formado por representantes de los cuatro principales partidos políticos de ámbito nacional –UCD, PSOE, PCE y AP– y de los dos sindicatos mayoritarios –CCOO y UGT–. Nicolás Sartorius, exdirigente del Partido Comunista, tenía entonces 42 años. Recuerda que fue “fácil” llegar a un “consenso” entre todos los grupos. Principalmente, porque había un sentimiento común y no se entraba para nada en contenidos programáticos. “Había una posición absolutamente compartida, no recuerdo que hubiera que negociar nada”, coincide, por su parte, José María Zufiaur, entonces miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT.

El único incidente que se produjo, recogido por el diario Abc, fue en la reunión que los organizadores celebraron el 26 de febrero en la sede de la UCD. Tanto el PSOE como UGT se negaron a sentarse en la mesa hasta que no se retirara de allí una delegación de la Unión Sindical Obrera (USO). Al final, los representantes de este sindicato acabaron abandonando el cónclave y retirando su apoyo organizativo al acto, dejando margen a sus afiliados para participar o no. Con este escollo superado, pronto se alcanzó un acuerdo entre todas las partes. Así, todos los implicados decidieron que la comitiva la abriese una pancarta con un lema sencillo a la par que contundente –Por la libertad, la democracia y la Constitución–, seguido por un segundo bloque con una gran bandera española. Luego, se distribuirían las diferentes organizaciones convocantes por orden, de acuerdo a su representación numérica. Para leer el manifiesto final, se decantaron por quien hubiera sido presidente de las Cortes en la etapa constituyente, Antonio Hernández Gil.

Todo estaba listo para la demostración de fuerza y unidad. Aquel viernes, algunos de los principales diarios recordaban a los ciudadanos la cita para defender la democracia. “Al pueblo de Madrid. […] Los partidos políticos y centrales sindicales, reunidos en Madrid, convocan a todos los madrileños a manifestar, masiva y responsablemente, su firme apoyo a las instituciones, su inequívoca defensa de la democracia y de la Constitución y su apasionada voluntad de ser libres”, se leía a toda página en el diario Abc. Todos eran conscientes de la importancia de una asistencia masiva: “No nos podíamos permitir una imagen con poca afluencia de personas”. Sin embargo, los organizadores confiaban en ser capaces de desbordar las calles de la capital. Tanto es así que acordaron movilizar a sus respectivas organizaciones a fin de constituir el servicio de orden de la comitiva, que estuvo integrado por cinco millares de personas. Para hacerse una idea de la dimensión, son catorce veces la actual composición del Congreso dedicándose en exclusiva a controlar que la marcha discurriese sin complicaciones.

Reflejo del consenso

Aunque los nubarrones en el cielo anunciaban lluvia, aquella tarde toda la ciudad se echó a la calle. Una hora antes de la cita, las vías atestadas anticipaban el éxito de la convocatoria. Poco a poco, fueron llegando los líderes políticos que encabezarían la marcha. Allí, junto a la glorieta de Embajadores, se fueron agrupando el socialista Felipe González, el ucedista Agustín Rodríguez Sahagún, el conservador Manuel Fraga o el comunista Santiago Carrillo, que llegó como un reloj a la hora marcada, ni un minuto antes ni uno después. Con ellos, los máximos responsables sindicales, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo. Una amalgama de sensibilidades políticas unidas en defensa de la libertad. En la cabecera, se respiraba un ambiente festivo. De hecho, el secretario general de CCOO y el líder de AP protagonizaron una de las anécdotas de la jornada, según recogieron algunas crónicas de la época. “Le estoy metiendo mano a Marcelino”, bromeaba Fraga mientras agarraba al dirigente sindical. “Sí, Manuel, pero si no estuvieras tan gordo iríamos más anchos”, replicaba entre risas Camacho.

La pancarta que abría la marcha era de tales dimensiones que alrededor de una veintena de personas fue detrás de ella durante el recorrido. Ahí se encontraban aquel viernes de febrero de hace cuarenta años Sartorius, Verstrynge o Zufiaur. “Fue muy emocionante y simbólica, la constatación de que la sociedad española no quería volver atrás, la consolidación del proceso democrático”, recuerda el exdirigente comunista. “Recuerdo la exaltación y la bonita acogida de la gente, desde las aceras o en la propia cabecera”, cuenta quien fuera secretario general de Alianza Popular. Aunque era la consigna, fue imposible mantener un silencio sepulcral. Los gritos de “¡Democracia y libertad!”, “¡Democracia sí, dictadura no!”, “¡Viva la libertad!” o “¡El pueblo unido jamás será vencido!” resonaron con fuerza a lo largo de los casi dos kilómetros de trayecto. Lemas que se entremezclaron con pancartas a favor del rey Juan Carlos I o contra el golpe. “Prohibido prohibirnos leer, hablar y pensar”, rezaba una de ellas, que se encargó de desplegar un grupo de estudiantes.

Al abogado Antonio Garrigues Walker, presidente del prestigioso bufete Garrigues, le ofrecieron unirse a la cabecera, en la que también se dejaron ver algunos de los pesos pesados de la banca privada. Sin embargo, cuenta que prefirió diluirse con la gente. “Recuerdo la tristeza del 23-F y lo mucho que me preocupaba la imagen sobre España que podía haber en el exterior. Sin embargo, la reacción natural, espontánea, de la sociedad dejó claro que la democracia española no era tan frágil”, rememora el jurista de 86 años al otro lado del teléfono. De aquel día, Garrigues resalta la importancia de que todo el mundo se echase a la calle sin importar la opinión y la tendencia política. “Fue la demostración inequívoca de que no había vuelta atrás”, asevera. Como él, quienes portaron la pancarta principal también destacan la importancia de aquella transversalidad que, en opinión de López Garrido, permitió movilizar a centristas, comunistas, progresistas o conservadores. “Fue un reflejo del consenso que había hecho posible la Constitución”, dice Sartorius.

“El pueblo no se ha conformado con ser espectador”

Durante la marcha, se produjo algún que otro susto que evidenciaba que los nervios aquellos días estaban a flor de piel. El diario El País, por ejemplo, recogió un apagón en el paseo del Prado que desató los gritos de los jefes del servicio de orden de la marcha o un intento de arremeter contra la manifestación de un conductor ebrio. Pero, tres horas después del inicio, la pancarta logró alcanzar su punto final: la plaza de las Cortes. El enclave, y las calles adyacentes, estaban a rebosar. La cabecera apenas pudo acercarse al estrado que se había dispuesto frente a la escalinata principal del Congreso. Allí esperaba el silencio la periodista de Televisión Española Rosa María Mateo, quien se hizo cargo de la lectura del manifiesto por la ausencia de Antonio Hernández Gil. “Los días 23 y 24, grupos golpistas intentaron destruir las instituciones democráticas, la pacífica convivencia de los españoles y la Constitución que, mayoritariamente y libremente, nos hemos dado en el ejercicio de la soberana e indomable voluntad popular”, arrancaba el escrito que sostenía entre sus manos.

Fotografía tomada en la Plaza de las Cortes aquel 27 de febrero de 1981. | EFE

Aquel era un texto en el que se ensalzaba la labor de los medios de comunicación o la Corona, constituida en “garantía de la democracia”. También de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad, resaltándose que no debía confundirse a “grupos sediciosos” con la totalidad del Ejército o la Guardia Civil. Pero, sobre todo, el manifiesto era un grito de libertad. “El pueblo no se ha conformado con ser espectador, sino que se sabe protagonista de su historia y ha querido y quiere comportarse como tal. Por eso estamos aquí, expresando, solidariamente, con emoción contenida y con honda reflexión, nuestra decisión de vivir en democracia y nuestra voluntad de impedir que se reproduzcan hechos amenazadores para la imprescriptible libertad”, señaló Mateo. Una intervención culminada con un “¡Viva la Constitución!” y “¡Viva la democracia!” que puso fin a una marcha a la que asistieron entre millón y medio y dos millones de personas. Una de las manifestaciones más masivas que se recuerdan. Un acontecimiento que dejó claro a los que estuvieran tentados de regresar al pasado que el pueblo no se lo permitiría.

¿Queremos que la Constitución cumpla otros cuarenta como instrumento revitalizado, actualizado y “vitaminado” para seguir regulando la convivencia democrática o preferimos homenajear indefinidamente (o no) a una figura que padece vejez prematura, convertida en una especie de versión laica del brazo incorrupto de Santa Teresa? “Antes muerta que reformada, tal parece la consigna que recorrió toda nuestra historia constitucional”, escribía hace unos días el historiador Santos Juliá (ver aquí). Somos un país con más experiencia en Constituciones que en revoluciones. Reyes, militares y caciques prefirieron los golpes, autogolpes y procesos constituyentes a las reformas constitucionales. Siempre concibieron una Constitución no como punto de apoyo compartido para el entendimiento entre diferentes, sino más bien como instrumento de poder o martillo legal para atizar en la cabeza al adversario.

  de dónde venimos

Es mucho mejor la Constitución de 1978 que su grado de cumplimiento, aplicación y desarrollo posterior. Por supuesto que, como toda la Transición, el texto sufrió los condicionantes del miedo a una involución, de los equilibrios forzados entre los actores del proceso y también de los intereses de los poderes establecidos (casi todos procedentes cuando no defensores y continuadores del franquismo). Es absurdo negar que recoge una carta de derechos y libertades fundamentales tan sólida como la de cualquier democracia avanzada (a imitación de la Ley Fundamental de Bonn o Constitución alemana, por cierto reformada no una sino más de cincuenta veces en sesenta años). Y es igualmente absurdo pretender que ha servido para dar solución al problema territorial español o ignorar que se impuso desde arriba un régimen monárquico de primogenitura franquista sin dar opción a que el pueblo “soberano” se pronunciara. Como lo es también cerrar los ojos a la evidencia de que nunca se han cumplido ni desarrollado derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos que la Constitución establece. (Por ejemplo, uno que se menciona menos que el derecho al trabajo o a una vivienda digna, el recogido en el artículo 31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Aunque el discurso único neoliberal y los partidos que lo sostienen se lo pasen por la entrepierna, la justicia fiscal es un principio constitucional y no sólo un mimbre clave que sigue diferenciando a las izquierdas de las derechas).

El envejecimiento acelerado de nuestra Constitución más longeva es achacable a la incapacidad o desinterés del bipartidismo por cargar de legitimidad democrática a partir de 1978 una carta magna más utilizada como mecanismo fundacional de un nuevo Estado de Derecho, imprescindible pero no suficiente para que una democracia funcione a pleno pulmón.

Sería injusto repartir culpas por igual cuando se trata de reivindicar los valores de la Constitución vigente. Llueven toneladas de hipocresía, como demuestra un dato que seguramente desconocen muchos de los 23 millones de ciudadanos que no votamos en el referéndum del 6 de diciembre porque no teníamos la edad suficiente para hacerlo. Lo recordaba oportunamente José Sanroma en un artículo reciente (ver aquí). La Constitución tan aparatosamente exaltada en este cuarenta aniversario no fue celebrada en sus primeros años de vida. Ni siquiera tras el golpe de Estado del 23 de febrero de  1981, al que el pueblo respondió pocos días después con manifestaciones multitudinarias precisamente en defensa de la Constitución. Sólo a finales de 1983, el gobierno del PSOE declaró festivo el 6 de diciembre. Ni los Ejecutivos de UCD ni mucho menos la Alianza Popular de Manuel Fraga encontraban en el hoy venerado texto constitucional motivos para celebrar nada. José María Aznar, que sí tenía edad para votar pero no lo hizo, se dedicaba a escribir en el diario La Nueva Rioja artículos en los que criticaba duramente la Constitución y ensalzaba una “abstención beligerante”. Resulta ofensivo que quienes con más énfasis y contundencia se han significado en los últimos años como máximos defensores de una intocable carta magna sean los mismos que la torpedearon cuando más falta hacía para facilitar la concordia entre quienes gobernaron o disfrutaron del poder durante la dictadura y quienes lucharon contra ella. Ellos o sus herederos intelectuales y políticos participan hoy en primera fila en los homenajes del 6 de diciembre aplicando una amnesia selectiva con su propia historia. Sin complejos.

  a dónde vamos

Los fastos que estos días se celebran fueron decididos por las Mesas del Congreso y el Senado, controladas por PP y Ciudadanos, en septiembre del año pasado, justo un par de semanas después de que los independentistas catalanes se saltaran la legalidad constitucional y el respeto a la otra mitad de la sociedad catalana aprobando leyes secesionistas. No es posible desligar los formatos institucionales de esta conmemoración del empeño de las derechas en usar la Constitución como símbolo del nacionalismo español y mazo de los nacionalismos periféricos. Las encuestas indican que la respuesta desde el Estado por la vía penal no ha reducido el apoyo al independentismo, pero los resultados del domingo pasado en Andalucía confirman que la activación del lado “más excluyente e intolerante del nacionalismo español” (lean aquí a Ignacio Sánchez-Cuenca) es el factor determinante de la irrupción de la ultraderecha de Vox y la aparición de un trípode mayoritario de fuerzas conservadoras, facilitado por una altísima abstención cuyas causas habrá que analizar con lupa.

Vivimos un cambio de época (lean aquí al profesor Juan-Ramón Capella), marcado por una enorme debilidad de las instituciones democráticas y una velocidad impuesta por la revolución tecnológica que apenas deja margen para la reflexión, para exprimir el beneficio de la duda o para practicar el imprescindible ejercicio de distinguir lo verdadero de lo falso, lo urgente de lo importante. Cuanto más amplio es el consenso entre expertos, juristas, catedráticos y analistas sobre la necesidad de abordar reformas sustanciales de la Constitución, más lejos aparece la posibilidad efectiva de que sean viables políticamente. Viejos y nuevos partidos siguen actuando con la vista más enfocada en las siguientes elecciones que en las próximas generaciones, y no ayuda en nada sino más bien al contrario el complejo mecanismo que la propia Constitución establece para su renovación (por lo demás fácil de esquivar en la práctica si los grandes partidos se ponen de acuerdo, como ocurrió con el cambio del artículo 135 para imponer la “estabilidad presupuestaria”).

Sería ingenuo pensar que esas reformas pendientes resolverían mágicamente los grandes retos de España como país y aún menos los que se integran en un marco supranacional, pero es una clamorosa irresponsabilidad el bloqueo sistemático que algunos de los protagonistas de este cuarenta aniversario imponen a la hora de afrontar un debate riguroso con el objetivo de plantear ese proceso “reconstituyente”. Los miedos que en su día condicionaron la Transición (el golpismo, el terrorismo, las presiones de la Iglesia o la banca…) provocaron lagunas, silencios y desmemorias aún no resueltas. ¿Acaso es un riesgo menor el que hoy atraviesa la democracia misma por la crisis constitucional, el descrédito de las instituciones y la brecha de la desigualdad? Quienes se niegan a discutir la reforma por tácticas electoralistas deberían sentir hoy tanto miedo a ese fracaso como el que nos atenazaba entonces a quienes estrenábamos la democracia.

Laureano Oubiña, el narcotraficante gallego, ha asegurado que "tiene pruebas" de haber financiado ilegalmente a Alianza Popular (AP), y "en el juzgado las presentaré, si me llaman". "Desde aquí reto a Alianza Popular a que vaya al juzgado" a denunciarle, ha declarado Oubiña este miércoles en la Cadena SER.

"Los financié [a AP], al igual que otros empresarios de Galicia que no se dedicaban al contrabando", ha afirmado el narco que, preguntado por la periodista, ha apostillado que la financiación fue "así a tocateja, como usted dice".

Oubiña salió de prisión el pasado marzo, tras concederle la Audiencia Nacional el tercer grado. Cumplió 22 años de condena por varias causas, entre ellas blanqueo de capitales y tráfico de drogas. 

En la entrevista, Oubiña ha criticado duramente a Carmen Avendaño, presidenta de la asociación Madres contra la Droga, a la que ha acusado de beneficiarse de las subvenciones públicas, afirmando que "mantiene el tema para coger las subvenciones", y que "no ha pasado una tragedia familiar por mi culpa porque yo no he traficado con drogas que lo provocaron".

El narco afirma que no sabe cuánto dinero hizo con el tráfico de hachís o tabaco, y que él no fue "traficante de drogas, yo fui transportista de hachís". Oubiña también ha opinado que al Estado "no le queda más remedio que legalizar e ingresar impuestos por [la marihuana y el hachís]".

"De las nuevas Cortes dependerá el futuro de España. De ti depende el futuro de las nuevas Cortes. Nunca has tenido mayor responsabilidad". Con ese mensaje en mente, recogido en uno de los anuncios emitidos en televisión, más de 18 millones de españoles –el 78,8% del censo electoral– acudieron el 15 de junio de 1977 a las urnas en las primeras elecciones democráticas desde 1936. Aquel miércoles, España daba un importante paso al frente, poniendo punto y final a más de cuatro décadas de sangrienta dictadura franquista y despejando el enmarañado camino que conducía hacia una democracia homologable a la de cualquier país europeo.

Los comicios, de los que este jueves se cumplen cuarenta años, y la campaña que los precedió eran de una novedad absoluta para los españoles, a los que se tuvo que instruir a través de programas televisivos como Aprenda usted a votar, presentado por el actor Antonio Ferrandis . La cita con las urnas se cerró con la victoria de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, que se impuso con el 34,4% de las papeletas y 165 diputados en el Congreso –a once asientos de la mayoría absoluta–, seguida por el PSOE de Felipe González –118 escaños–, el PCE de Santiago Carrillo –20 diputados–, la Alianza Popular del exministro franquista Manuel Fraga –16 parlamentarios– y Unidad Socialista –6 escaños–.

Las elecciones de 1977 supusieron un punto de inflexión en la Transición, marcando la línea democrática que seguiría España en el futuro y eliminando cualquier posibilidad de continuar manteniendo, aunque sin Franco al mando, un sistema represivo al sur de Europa. Ahora, cuatro décadas después, aquella época está siendo cuestionada. En noviembre de 2014, el recién elegido secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que era necesario "un proceso constituyente para abrir el candado del 78" y afirmó que su partido era una "alternativa frente a un régimen" que se derrumbaba. Algo que ha matizado posteriormente: "Aquella Transición, a pesar de sus límites, fue un éxito político".

Camino a la democracia

"Las elecciones de 1977 supusieron un hito divisorio", explica Enrique Moradiellos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. La convocatoria electoral –el 15 de abril– y posterior cita con las urnas dejaron claro, añade, que la Transición no se encaminaba hacia una simple "reforma cosmética", sino que España se dirigía hacia una democracia plena. "Supuso la apertura de las puertas de la libertad tras cuarenta años de dictadura", asevera Juan Sisinio, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El camino hasta las papeletas y los colegios electorales no fue sencillo. En noviembre de 1976 se da el primer paso, con la aprobación en las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política, que sería ratificada un mes después en referéndum –el 94% dio su visto bueno–. Pero, todavía quedaba una incógnita por resolver: ¿Qué pasaría con el PCE? Las dudas se despejaron el 9 de abril de 1977, cuando se conoció la legalización de los comunistas, algo que el Ejército había rechazado por activa y por pasiva. A cambio, el PCE rechazó la tricolor y aceptó la monarquía parlamentaria como sistema político de España.

"Ese fue otro de los momentos decisivos que dejaban claro el camino que tomábamos. Era el principal nudo gordiano en discusión", señala Moradiellos, que añade que el Partido "jugó bien sus cartas". Desde su punto de vista, Suárez no tenía más opción que legalizar el PCE si quería que los comicios "fuesen legítimos tanto para los españoles como de cara al exterior". "Además, le venía bien que le 'robase' votos a los socialistas", añade. Con los comunistas inscritos en el Registro de Asociaciones Políticas, el 15 de abril el Consejo de Ministros convocó las primeras elecciones generales democráticas. "Unos comicios en los que la inmensa masa de españoles vota libertad. El franquismo se quedó arrinconado", sentencia Sisinio. 

'Ruido de sables' como banda sonora

Horas después de la legalización del PCE, el Consejo Superior del Ejército de Tierra se reunió para analizar el paso dado por Suárez. En la cita, los altos rangos militares consensuaron su "repulsa" ante la legalización, pero también afirmaron que la aceptaban "por patriotismo y como un deber de servicio a la patria". No obstante, dejaron claro al Ejecutivo de Suárez que el Ejército estaba "indisolublemente unido en la defensa de la unidad de la patria, de la bandera nacional y de la permanencia de la corona". "En ese momento –afirma el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura– estuvo a punto de descarrilar todo".

La Transición se desarrolló con el constante 'ruido de sables' de fondo. "No fue un proceso pacífico ni modélico. El 'ruido de sables' era real. Aunque el Ejército se comportara, no hay que olvidar que en 1981 hubo un intento de golpe de Estado", apostilla en conversación con infoLibre el historiador Pepe Reig. En este sentido, también pone el foco en los grupos terroristas que intentaban "desarticular el proceso". ETA, los GRAPO o el terrorismo ultraderechista cobijado, por ejemplo, bajo el paraguas de Fuerza Nueva, que asesinó el 24 de enero de 1977 a cinco abogados laboralistas en el bufete de Atocha 55. "La respuesta del PCE a ese atentado, manteniendo el orden, fue clave en su legalización", apunta Moradiellos.

Sisinio, sin embargo, considera que "se ha mitificado mucho el peso de los militares". "El Ejército estaba ahí, claro, y era un dato que se tenía presente", sostiene el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero, en este sentido, recuerda que tras la legalización del PCE hubo una "cascada de dimisiones" entre los almirantes que, sin embargo, no consiguió sacar al Ejército "de los cauces de cambio". "En definitiva, ejercieron presión e intentaron influir, sí, pero ni marcaron el rumbo hacia la democracia ni consiguieron frenar nada", concluye el historiador.

Transición en tela de juicio

Ahora, cuarenta años después, la Transición se ha vuelto a poner en entredicho desde algunos sectores de la izquierda española. "Creemos que hay que impugnar determinados aspectos de la transición", dijo hace ahora un año en una entrevista con este diario el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. La formación, de hecho, se encuentra sumida en un debate sobre el papel del Partido Comunista en este periodo histórico. Mientras que los oficialistas afirman que el PCE debe seguir una estrategia rupturista porque su papel en la Transición fue el de "izquierda domesticada", los críticos sostienen que esa afirmación es "revisionismo histórico".

Para Sisinio, este cuestionamiento es fruto "de la crisis económica", que ha producido un aumento de las voces críticas "buscando responsables". Sin embargo, Moradiellos asegura que "desde el principio" hubo "dos grandes visiones de la Transición: "Por un lado, 'La Santa Transición', aquellos que defienden que fue una obra de arte, canónica y modélica, que llevaron a cabo los herederos del franquismo y los líderes antifranquistas. Por otro, la que afirma que fue una operación auspiciada por las élites postfranquistas para mantener sus privilegios y acabar con la presión popular. Ambas visiones tienen parte de verdad y mentira".

Para Reig, fue un "proceso pactado para no barrer a las viejas élites" y la izquierda "hizo un ejercicio de responsabilidad" que no hizo la derecha y que facilitó un sistema democrático real, aunque con "algunas lagunas", y no una "reforma falsa" que acabase en una "democracia tutelada". El historiador, a pesar de ello, no cree que esté "justificado" el cuestionamiento "in toto" de aquellos años y considera que contemplar, desde algunos sectores de la izquierda, ese periodo "como una trampa" es "suicida". "Supone no concederse una victoria ganada en las calles. Supone conceder al franquismo una victoria póstuma", sentencia.

  I

ANTES DE LAS ELECCIONES

Si las elecciones pueden ser consideradas armas en la lucha política, aquellas del 15 de junio de 1977 las cargó el diablo. El diablo del voto. Precisamente contra quienes las hicieron posibles con la Ley para la Reforma política (LRP) aprobada el 18 de noviembre de 1976 por 435 de los 531 procuradores de las Cortes franquistas y plebiscitada el 15 de diciembre de 1976 con el 94% de votos a favor y un 77% de participación del censo. El objetivo no era la democracia sino averiguar qué pensaba el pueblo. Así se lo explicaba Primo de Rivera, al que le tocó defenderla, en aquellas Cortes. Y pagaron por su desconocimiento imprudente, no por su generosidad, cuando comprobaron lo que quería el pueblo.

Los que mangoneaban las Cortes franquistas habían calculado su mayoría absoluta en el nuevo Congreso y nuevo Senado. Querían pasar de la dictadura franquista a una "democracia a la española", dictablanda en la forma de monarquía, heredera de Franco. Los reformistas del régimen gobernarían el nuevo tiempo, se acomodarían a él y lo acomodarían a sus necesidades.

En la teoría todo había quedado atado y bien atado por el dictador y creían moldeable el entramado institucional del Estado, en cuya cima estaba el rey respaldado por las Fuerzas Armadas. En la realidad "Atado y mal atado", según el título que dio a uno de sus libros el colaborador habitual de infoLibre Ignacio Sánchez-Cuenca. Así que no fué la generosidad de aquellos procuradores franquistas sino su mal cálculo y su avaricioso egoísmo lo que les perdió. El voto popular fue el que desbarató las previsiones.

Arias Navarro antes, en abril de 1976, también había prometido elecciones, que se celebrarían tras los pertinentes cambios legislativos (un galimatías jurídico que se les indigestó a los comensales). Su promesa había venido después del enero huelguístico de aquel mismo año con Madrid y Barcelona a la cabeza —principales sedes en aquella fechas— de un amplísimo movimiento de contestación reivindicativa y política frente al primer gobierno de la monarquía. Cada vez son más los estudios que ponen en valor las movilizaciones como factor decisivo del impulso hacia la democracia y al acabamiento del régimen dictatorial. Baste aquí citar, para comprender ese enero que invoco, el análisis que del mismo hizo Ferran Gallego —historiador, que fue militante del PSUC— en su libro El mito de la transición. Luego vino marzo; y los eufemísticamente llamados sucesos de Vitoria (cinco muertos, bastantes heridos a disparos de la Policia contra huelguistas encerrados en una iglesia) que se llevarían por delante, en poco tiempo, a aquel gobierno —del que eran ministros Fraga y Suárez— y su promesa de elecciones. Los tiempos cambiaban rápidamente.

En cambio las programadas por la LRP sí llegarían a celebrarse. Aunque en condiciones diferentes a las pensadas por quien la promovió y por quienes la aprobaron. El programa excluía la participación del PCE, aunque no la de la mayoría de las organizaciones políticas incluidas en la Plataforma de Organismos Democráticos (POD). La eventual legalización del PCE quedaba pospuesta, cuanto menos, a la celebración de las elecciones; cuanto más a una fecha, sine die, que dependería de la evolución de las circunstancias.

El caso fue que el PCE se ganó políticamente su legalización con aquella manifestación multitudinaria en Madrid, en respuesta ejemplar al asesinato, por pistoleros fascistas, de los Abogados de Atocha el 24 de enero de 1977.

Santiago Carrillo pudo saberlo, a ciencia cierta, en su secreta reunión del 27 de febrero con Adolfo Suárez, cuando este le prometió que haría todo lo posible por su legalización. Esta llegó el 9 de abril, con la cobertura jurídica de una resolución del Tribunal Supremo. Suárez había cumplido con su palabra. Para hacerlo tuvo que ser valiente. Quizá más audaz, con gotas de temeridad, que valiente. La prueba de esto quedó evidenciada con la declaración del Consejo Superior del Ejército, en fecha 14 de abril, expresando la " profunda y unánime repulsa del Ejército ante la legalización". Declaración dirigida contra Suárez que asumía su responsabilidad y al tiempo cubría las espaldas a un Rey que conocía y aceptaba su decisión, pero que borboneaba callando. Como Supremo jefe militar hubiera debido hablar para sofocar esa preparación de rebeldía. Pero callaba. Fraga gritaba: "Legalizar al PCE ha sido un golpe de Estado". Así que tuvo que Suárez tuvo acudir a Carrillo para pedirle máxima contención. Y este le respondió en consecuencia: bandera rojigualda y monarquía de Juan Carlos. Más tarde, en plena campaña electoral, Suárez le seguía enviando mensajes (vía Armero) pidiéndole "el máximo cuidado con las alegrías de las elecciones".

Recuerdo que en marzo de aquel año me reuní con Santiago Carrillo en Madrid, en una sede del PCE. Quería plantearle la necesidad de movilizaciones tendentes a lograr la legalización de todos los partidos. Lo consideró innecesario. Ya había tenido lugar su reunión secreta con Suárez. Me manifestó su seguridad en que el PCE sería legalizado, argumentando sobre la importancia decisiva de su participación para la credibilidad democrática de las elecciones. Y terminó con una frase: "Por el resquicio de la puerta que se va a abrir para que pase el partido comunista que es muy grande, podréis pasar todos los pequeños". Se abrió la puerta para el PCE, pero resultó que por esa puerta no cabíamos los pequeños. ¿Pequeños? Postergo el comentario. Y entrecomillo la frase porque la recuerdo casi en su literalidad. Pasados años se lo recordaba y me contestaba: "¿Eso te dije ? No recuerdo ".

Lo que en este 40 aniversario de aquellas elecciones de 1977 pocos recordarán es que estas se celebraron manteniendo en la ilegalidad a algunos partidos hechos en la lucha contra la dictadura. Citemos a MCE, ORT, Partido del Trabajo, los tres de ideología comunista, el Partido Carlista, que habían formado parte de Coordinación Democrática (que unió a la Junta Democrática y a la Plataforma de Convergencia Democrática) uno de cuyos objetivos era la legalización de todos los partidos. Tampoco se legalizó a la LCR que no había formado parte de esas coaliciones. Ni a ARDE (fundada en 1960 por los partidos históricos Izquierda Republicana y Unión Republicana prácticamente desaparecidos del panorama político) ni al histórico Esquerra Republicana.

Solo pasaron el "corte" de la legalización después de las elecciones de junio. El sentido del corte apareció claro ya entonces: su impugnación de la monarquia de Juan Carlos; esa era la cuestión.

  II

LA CAMPAÑA

Hacía 39 años que no se celebraban elecciones en España que merecieran tal nombre. El referéndum plebiscitario de la LRP en diciembre de 1976 que las hizo jurídicamente posible se celebró sin libertades de expresión, reunión, manifestación . Pero en seis meses habían pasado muchas cosas. La celebración de elecciones —a las que iban a concurrir partidos que el franquismo había mantenido cuatro décadas en la ilegalidad— inevitablemente resultaba imposible políticamente sin esas libertades. Y las hubo.

El partido más organizado, más numeroso, más destacado, en la lucha contra la dictadura, es decir el PCE, fue el que más desplegó su capacidad movilizadora. Millones de personas asistieron a sus mítines y fiestas. La prensa de la época destacó el hecho. "Aquí se ve la fuerza del PCE" era el lema que más se coreaba con absoluto convencimiento. Superó incluso en poder de convocatoria para esta forma de participación (más activa que el mero voto) al PSOE, que había renacido en Suresnes, y que mostró también una gran capacidad de movilización de la opinión pública. La coalición de partidos y agrupaciones socialista se sumó a la fiesta.

Aunque a bastante distancia del PCE y del PSOE alguno de los "pequeños" comunistas lograron una movilización política nada desdeñable. Daré solo algunos datos. El Partido del Trabajo (que en Cataluña se alió con Esquerra Republicana en una fórmula electoral que les daba cobertura) organizó una concentración en Montjuich que reunió a más de 300.000 personas. En muchos lugares realizó mítines con miles de asistentes. ORT llenó ruedo y graderíos de Vista Alegre en Madrid y la plaza de toros en Pamplona; aproximadamente asistieron a sus mítines y otros actos unas 500.000 personas. Otros como MC y LCR no dieron tanta importancia a la participación en el proceso electoral, pero también desplegaron una actividad notable.

Si eso fue posible se debió a algo que no puede olvidarse: desde la perspectiva de la movilización obrera y estudiantil y la lucha contra el franquismo no eran tan pequeños. Este concepto siempre es relativo. Se mide en relación a otros partidos y se mide en relación con el número de personas que se interesan en política y el número de las que se deciden a participar. Pues bien puede decirse que posiblemente, en el periodo que va desde 1973 a nuestra fecha, mediados de 1977, esos partidos, en su conjunto, crecían entre la juventud obrera y estudiantil más que el PCE y más que todos los socialistas juntos. Y digo posiblemente porque no hay forma de acreditarlo fehacientemente (tampoco lo contrario). En cualquier caso su participación fue creciente en las movilizaciones que descompusieron la dictadura franquista y su tinglado institucional.

Y también estuvieron presentes en esta última gran batalla política contra el franquismo en que se convirtieron las elecciones de junio 1977. Salvando los obstáculos que suponía seguir siendo ilegales, afrontando centenares de detenciones antes del comienzo de la campaña; y, por supuesto, con mucho esfuerzo personal de todos sus militantes a pesar de que no podíamos esperar buenos resultados cuando éstos se iban a medir en votos y escaños.

Esa última gran batalla contra el franquismo (22.000 mítines contabilizó El país) la ganaron fundamentalmente todos los partidos de izquierda ANTES del día de las votaciones, movilizando a varios millones de personas. Estos varios millones crearon el clima político para que cuando fueran a votar los 23.583762 del censo la inmensa mayoría supiera que no había más opción que un cambio de régimen político: de la dictadura franquista a una democracia por configurar.

Solo la Alianza Popular de Fraga (y los declaradamente fascistas de la Fuerza Nueva de Blas Piñar) compareció en aquella ocasión, organizando grandes mítines. Fue Fraga (el cabeza de los que se denominaron a sí mismos los siete magníficos) el que movilizó al "franquismo combatiente". Las bases del "franquismo sociológico", que supo que aquel tiempo fenecía, irían a refugiarse en UCD. Y contra esta bramaba Fraga en sus mítines "son los compañeros de viaje de la hoz y el martillo": percibía que Suárez le estaba ganando la partida y oía que algunos de los aliados de este (Garrigues, Fernández Ordóñez, Alvarez de Miranda...) ya hablaban de que las Cortes tenían que ser constituyentes. En realidad Fraga también percibía que la batalla política la estaba perdiendo y que sólo podía acudir para evitarlo a quienes invocó: "Ni el Ejėrcito ni las Fuerzas de Orden Público consentirán que cuatro facinerosos destruyan la obra de Franco". Pero las balas de esa contienda eran solo los votos.

  III

EL RESULTADO

Según un refrán cada uno habla de la feria según le va en ella. Si los comunistas de entonces hubiéramos cumplido con aquel refrán no hubiéramos podido valorar positivamente aquellas elecciones ni su resultado político general. Aunque tuvimos que competir en condiciones diabólicas.

Desde ORT las valoramos como un avance hacia la democracia; el franquismo —lo diré en los mismos términos de entonces— había sido "derribado, no destruido". Un proceso constituyente iba a abrirse con libertades políticas que abocaban a la elaboración de una Constitución.

Por supuesto, considerábamos que ORT había sufrido una derrota. No es que pensáramos que, en las condiciones que se celebraron las elecciones, teníamos muchas posibilidades de conseguir algún escaño, embutidos obligatoriamente bajo unas siglas y un nombre (AET-Agrupación Electoral de Trabajadores) que difuminaba nuestra identificación; al igual que a los demás partidos, hechos en la lucha contra la dictadura que fueron mantenidos en la ilegalidad.

El PCE también valoró positivamente las elecciones y su resultado. Aunque sus 20 diputados, la mitad de sus más precavidas previsiones, lógicamente les sabían a poco.

El voto de 18.324.323 personas transformó la dimensión de la política y la de los partidos. A los "pequeños comunistas" nos convirtió en extra parlamentarios en el momento de nacer un parlamento que iba a ser constituyente. Al "muy grande" PCE lo convirtió en un pequeño partido parlamentario. (Dejemos ahora al margen la cuestión de si la fuerza política tiene correspondencia exactamente proporcional con el número de votos y escaños).

Cada cual puede juzgar si el voto hacía justicia a los méritos de quienes habían llevado la carga principal de la lucha por las libertades.

El voto hizo grande al PSOE, que ya lo era en la memoria histórica de millones de españoles y al que, en la ocasión electoral, acompañaban partidos que gobernaban en países europeos. Factor clave: en las elecciones España se empezaba a ver en la Europa política, no ya en la de Eurovisión y en la del campeonato de fútbol.

Ahora bien el gran derrotado fue Fraga y su Alianza Popular, autores y defensores de la obra de Franco en su proclama electoral.

Y el gran triunfador Suárez. Aunque no obtuvo la mayoría que esperaba e incluso tuvo el susto de que el PSOE pudiera adelantarle. Su audacia le había preparado el camino. Le había arrebatado la iniciativa política a la izquierda y a los organismos que reunía (más que aliaba) a la oposición a la dictadura. Desde el Gobierno supo bien dificultar que se convirtiera en alternativa, fomentando su disgregación. Y ganó su coyuntural agrupamiento, UCD, cuyas listas se confeccionaban sobretodo en los gobiernos civiles, que no hizo ni precampaña, que no reunió ni dinamizó al que hubiera podido ser el sector más activo de su electorado, que fio toda su campaña publicitaria a un aprovechamiento a tope de los medios de comunicación del Estado, entonces tan poderosos; y que culminó con la intervención presidencial de cierre en la única televisión existente. En ella se presentó como "el camino seguro a la democracia", fue creído su "puedo prometer y prometo" y esto le permitió seguir gobernando y que UCD fuera el partido parlamentariamente más grande: solo hasta su derrumbe en 1982.

Como los hechos posteriores demostraron aquel no fue el camino seguro a la democracia; ni la democracia conseguida en la Constitución de 1978 (con el paquete de la monarquía) "evitó los dolores del parto, ni nació fuerte. El rey Juan Carlos, ya constitucionalizado, ni juró la Constitución ni comprendió lo que significaba que la soberanía nacional radicaba en el pueblo español. Y siguió borboneando sobretodo tras las elecciones de 1979.

Para mostrar que aquel camino no era seguro, ¿hace falta recordar que el golpe de Estado de febrero de 1981 falló no por falta sino por exceso de golpistas?

Pero eso es ya otra historia. Forma parte de la consolidación de la democracia cuya responsabilidad hizo recaer el pueblo en el PSOE. Aunque antes hubieran sido sobre todo los comunistas, grandes o pequeños, antiguos o jóvenes los que principalmente tomaron la responsabilidad de luchar por la democracia en las luchas finales contra la dictadura.

Quizás no éramos "demócratas de toda la vida" pero nadie más que los comunistas nos hicimos demócratas en la lucha por la libertad. Y creo que una parte de los comunistas de entonces (incluidos los "carrillistas" y los "renovadores" del PCE) volvieron a la matriz socialista de la que surgió el comunismo español. Es decir al PSOE, el partido al que hicieron grande no solo los aciertos de su entonces joven grupo dirigente encabezado por González y Guerra, sino sobretodo el voto de millones de españoles.  _______________

José Sanroma Aldea era secretario general de ORT en 1977.

No fue candidato en las elecciones generales.

El extesorero del Alianza Popular (AP) Rosendo Naseiro ha desmontado este martes ante el tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) la explicación del extesorero del PP Luis Bárcenas de que parte de la fortuna que tenía en Suiza procedía de operaciones de compraventa de arte, algunas de las cuáles realizaba con éste, según dijo en su declaración. "Bárcenas ni es marchante, ni entiende de cuadros", ha asegurado.

Naseiro, que ha destacado que no tiene relación con Bárcenas ni con nadie del PP desde que estalló en 2009 el caso Gürtel –aunque sigue siendo militante del partido– ha asegurado que no compró al extesorero popular cuadros de gran valor porque éste "ni es marchante, ni entiende de cuadros".

A preguntas del presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, el extesorero de AP ha concretado que él conocía a todos los marchantes de España y que el que fuera tesorero del PP no "se dedicaba a nada de eso" ni sabía "absolutamente nada" de las características de los cuadros, como por ejemplo la escuela pictórica a la que procedían los pintores.

"Ni invertía en arte", ha añadido comparándose con él que ha recordado que "recientemente" ha vendido "de forma muy legal y publicado en un libro" al Museo del Prado 40 cuadros de una colección de un centenar de obras de arte.

Naseiro ha insistido en que Bárcenas le "utilizó" porque "no hace mucho" le pidió que dijese que coleccionaba cuadros con él para poder trasladárselo a sus "amigos", algo que en un principio aceptó porque "confiaba" en él.

Ha añadido que escuchó de "gente en la calle" que el que fuera gerente y senador popular decía que los cuadros "eran de él, que la colección era de él y no mía, cosas muy raras".

El que fuera el primer tesorero popular ha afirmado en numerosas ocasiones ante preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que no recuerda las operaciones de compraventas que ha realizado con Bárcenas. En todo caso, ha dicho que posiblemente adquirió de éste algún cuadro pequeño "de poca importancia" para decorar.

Ninguna relación comercial con Bárcenas

Tras mostrarle varias facturas de estas inversiones, el extesorero de AP ha negado haber comprado a Bárcenas obras de arte por gran valor, como bodegones de Juan Van der Hammen u otras obras del pintor napolitano Guiseppe Recco. Incluso ha llegado a asegurar que no reconoce ni la letra, ni la firma de algunos de los documentos que certifican estas operaciones, pruebas aportadas por la defensa de Luis Bárcenas, como la venta de un cuadro a su sucesor en 2002 por 9.000 euros.

"Ha pasado mucho tiempo, seis o siete años y con 82 años no se tiene la lucidez de lo que se ha hecho exactamente en seis años", ha subrayado. El abogado de Luis Bárcenas, Joaquín Ruiz de Infante, ha expresado ante el tribunal su duda de que Naseiro esté en condiciones para declarar, ya que no "recuerda nada" de lo que se le ha preguntado.

Aún así, ha aseverado que no ha tenido "relaciones comerciales con el señor Bárcenas". Preguntado también la cuenta denominada Glotón en el banco suizo Gottardo, Naseiro ha respondido que no está "de acuerdo" con que ese depósito "ni siquiera" fuera de su propiedad, informa Europa Press.

Así pues, preguntado por si alguna vez transfirió dinero a las cuentas de Bárcenas, ha aseverado que "bajo ningún concepto" ha hecho esa operación: "No me acuerdo de haberle dado dinero en suiza, no recuerdo nada de eso pero creo que no se lo he dado", ha dicho. Sobre la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias –para la que Bárcenas compraba cuadros porque a ella "le gustaba", tal y como destacó en su declaración ante el juez– ha dicho que la conoce porque "andaba por el partido" y por ser la "señora" de éste.

"Totalmente falso" que Naseiro haya implantado la 'caja B' del PP

Naseiro además ha dicho que es "totalmente falso" que él fuese el responsable, ya como tesorero del PP, de implantar la caja B en el partido. "Rosendo Naseiro fue el que implantó en ese momento el que se llevara una contabilidad a nivel nacional de todo el partido, no tengo nada que ver con eso", ha concluido.

En la sesión de este martes, también han testificados tres personas relacionadas con el negocio del arte: el marchante Miguel Granados, el propietario de cuadros Luis Ortíz y la propietaria de la galería Ática, Susana Mantecón. Los tres han asegurado no tener ningún relación con Bárcenas, mientras que sí han confirmado conocer a Naseiro.

Por su parte, Granados ha destacado que nunca le comentaron que los dos extesoreros del PP hayan realizado alguna operación "particular" relacionada con obras de arte y ha indicado que Bárcenas no era un marchante "de forma oficial", aunque no le parece extraño que lo haya simulado porque "todo el mundo comercia, tiene cuadros y los vende".

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá este martes al acto institucional en el que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) concederá la Llave de Oro del Municipalismo, a título póstumo, a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá.

La Junta de Gobierno de la FEMP, en aplicación del Reglamento de Honores y Distinciones de la Federación, ha acordado la concesión a título póstumo de la Llave de Oro del Municipalismo a Rita Barberá, que fue Presidenta de la FEMP durante dos mandatos, entre los años 1995 y 2003.

Es la segunda ocasión en que se concede esta distinción después de habérsela otorgado en julio de 2015 a Pedro Aparicio, primer Presidente de la Federación.

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá al acto institucional que tendrá lugar este martes 31 de enero en la sede madrileña de la FEMP.

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia por el Partido Popular y senadora del Grupo Mixto, falleció el 23 de noviembre de 2016 a los 68 años a causa de un infarto. Barberá murió dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo por supuesta corrupción en el PP valenciano.

Rita Barberá, nació en Valencia 16 de julio de 1948. Ejerció como alcaldesa de Valencia durante 24 años, entre 1991 y 2015; fue diputada por Valencia en las Cortes Valencianas entre 1983 y 2015 y senadora por designación autonómica desde el 2015 hasta su fallecimiento.

Estuvo afiliada a Alianza Popular (AP) y al partido que le sucedió, el PP, durante cuarenta años, entre 1976 y 2016, cuando se dio de baja.

El hijo del extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís Perales y empresario, Ángel Sanchís Herrero, afirmó este viernes que nunca dudó del extesorero del PP Luis BárcenasLuis Bárcenas, quién prestó en 2009 tres millones de euros a su padre para financiar una de las empresas de la familia, porque aún seguía trabajando para la formación política y ellos no le habían cuestionado, informa Europa Press.

Así lo ha dicho Sanchís Perales, para el que la Fiscalía solicita seis años de prisión por un delito de blanqueo de capitales, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargado de juzgarle junto a otras 36 personas por los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). El hijo del extesorero de AP se sienta en el banquillo acusado de participar en la ocultación de fondos supuestamente ilícitos de Bárcenas procedentes de Suiza, al aceptar un préstamo de tres millones de euros.

Preguntado si no sospechó de la procedencia ilícita del dinero del extesorero conservador y si conocía que estaba investigado, Sanchís Perales simplemente dijo que "no estaba al tanto de la política española", porque vive en Argentina.

No obstante, al poco, reconoció que sabía que había actuaciones judiciales contra él, pero que no "detectó que pudiera haber ningún problema" porque en ese momento Bárcenas seguía trabajando para el PP. "Si en el partido no dudan de él porque voy a dudar yo. No voy a ser yo más papista que el Papa", afirmó.

Según explica el escrito de acusación del Ministerio Público, Bárcenas transfirió tres millones de euros procedentes de la cuenta helvética de la Fundación Sinequanon. Los traspasos se realizaron en tres veces en marzo, abril y mayo de 2009 por sendos importes de un millón de euros a las cuentas de las sociedades vinculadas con la familia Sanchís, La Moraleja, Brixco y Rumagol.

Conoció "posteriormente" que el dinero era de Bárcenas

El procesado, que explicó a la fiscal su relación y la de su padre con las empresas de la familia, enfatizó a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell que fue su padre el que "hizo la gestión y aceptó el préstamo" para financiar Brixco. En este sentido, apostilló que se enteró "posteriormente" que la cantidad procedía de Bárcenas y subrayó que el extesorero del PP ni ha participado, ni ha intervenido en éstas.

Asimismo, destacó que comenzó a ver a Bárcenas a partir de finales del año de 2010 hasta 2013 y que se encontraron "tres, cuatro veces por año, no recuerdo". Precisamente, en el verano de 2011, el que fue gerente del PP decidió emprender nuevos negocios al haber dejado su puesto en la formación política –aunque sí continuaba cobrando del partido– y se ofreció para trabajar con La Hacienda para ocuparse de la venta de la fruta fresca en Europa.

Según el escrito de acusación de Anticorrupción, se formalizó un contrato de asesoramiento con Conosur Land –sociedad creada para canalizar "las actividades de Rosalía (Iglesias) en el mundo del arte", según explicó Bárcenas– que pretendía dar apariencia a la reintegración por los Sanchís al extesorero conservador del dinero que salía de sus cuentas suizas. Se trataba de "informar, asesorar y gestionar actuaciones en la Unión Económica Europea (U. E.E.), en el Comercio Internacional y en negociaciones entre empresas dentro y fuera de la U. E. E.", según la Fiscalía.

Interesaban los contactos de Bárcenas, no sus idiomas

Sanchís Herrero ha constado que su padre le recomendó contactar con Bárcenas para desarrollar este negocio con el limón y que fue él, tras reunirse con el exsenador por Cantabria, quien tomó la decisión de formalizar el contrato. Ante esto, la fiscal insistió en si se preocupó por su experiencia y conocimientos en este ámbito, a lo que el que expresidente de La Hacienda ha contestado que le "interesaba los contactos que tenía" y no si "sabía un idioma o dos, eso es lo de menos".

Una vez más, volvió a afirmar que no le importaba si Bárcenas estaba investigado o no en esta causa, si el PP no ha sospechado de él. Sin embargo, sí ha indicado que tuvo que rescindir el contrato en 2013 porque Mercadona –logró vender su producción de limones a un proveedor suyo– les notificó que iban a dejar de comprarles por la imputación del extesorero conservador en esta causa.

Sobre el abogado de Bárcenas en Argentina, Patricio Bel, Sanchís Perales dijo lo mismo que su padre en la jornada de este jueves. Explicó que era el síndico de las sociedades de la familia "porque la ley (argentina) obliga a tener esta figura", indicó, aunque él tuviese su despacho de abogados al margen.

Por otro lado, el hijo del extesorero de AP se desvinculó de cualquier acción y conocimiento sobre las empresas del que fuera gerente del PP como Tesedul o Centenary. Asimismo, señaló que no tiene ninguna relación, ni la ha "acompañado a ningún sitio", con la marchante de arte Isabel Mckanlay y defendió que la conoció en un "pasillo" cuando se la presentó Bel.

Cuando los aliados liberaron Europa del fascismo y el nazismo, hicieron una excepción con España porque sabían que Franco sería un colaborador indispensable, en un lugar de la máxima importancia estratégica, en la lucha contra el comunismo que llevó a cabo aquella Guerra Fría que ya se pergeñaba por parte del bloque occidental durante la Segunda Guerra Mundial. Franco también sabía que de su aproximación a las democracias occidentales dependía su supervivencia en el poder cuando la guerra ya estaba perdida y, desde la capitulación de Alemania, una vez desaparecido ese loco primo de “zumosol” que fue Hitler (quien, dicho sea de paso, siempre le despreció), se mantuvo en un perfil bajo, de disimulo, mostrando hacia el exterior su cara más inofensiva, siempre intentando cautivar a quien pudiera incluirle en las organizaciones internacionales que iban a regir el mundo.

Como dijo Aznar de Gadafi, Franco quedó como un extravagant friend, fuera de la ONU y del Plan Marshall, y ese aislamiento le permitió vivir su realidad dictatorial con total autonomía.

En Yalta, los líderes de las tres principales potencias aliadas: Churchill, Roosevelt y Stalin, acordaron que al finalizar la guerra los países liberados de Europa decidirían libremente, con elecciones democráticas, su propio destino. Como España no fue liberada, los compromisos de este tratado no le afectaron. La cosa quedó en que Franco siguiera calladito en su rincón si dar guerra. Lo que pasara aquí dentro sería un problema de los españoles. Nos abandonaron a nuestra suerte. Mala, por cierto.

No sería hasta quince años más tarde cuando se formalizarían las relaciones de cooperación entre España y EEUU con el acuerdo para la implantación de bases militares americanas en nuestro territorio, que le valió la entrada en la ONU al comprar con ese pacto todas las reticencias que un régimen dictatorial suponía para que España fuera incluida como miembro de esa organización. La visita, unos años después, de Eisenhower a España legitimó la dictadura como el régimen político que nos gobernaría hasta la muerte de Franco en 1975.

Tras su muerte, la Transición constituyó un periodo de reforma que se encargó de que los altos cargos de las diferentes instituciones que gobernaron este país durante 35 años, tanto de la política, como de la Policía, el Ejército y la Justicia, tuvieran cabida en la democracia. Muchos de estos funcionarios que ostentaban puestos de responsabilidad durante la dictadura se reciclaron en diferentes partidos ya en la democracia, sobre todo en Alianza Popular, formada por siete ministros de Franco, con Fraga a la cabeza, y otros más moderados en UCD (Unión de Centro Democrático), partido presidido por Adolfo Suárez, que había sido ministro secretario general del Movimiento, la cartera con mayor carga política de aquellos gobiernos de Franco, y que aglutinando infinidad de formaciones de diferentes tendencias de la derecha y el centro, supo representar como nadie la metamorfosis del cambio entre sistemas. Él pasó de la dictadura a la democracia. Ganó las dos primeras elecciones generales, demostración empírica de que la sociología que había creado el franquismo apostaba por una moderna continuidad, no quería cambio. Querían esto sin perder lo otro.

Esa amalgama de fuerzas que se integró a la perfección en la democracia continuó su aventura, salvo exabruptos nostálgicos irredentos, bajo un manto de armonía y disimulo que aparentó terminar con aquella España de los vencedores que exigieron una rendición incondicional para llevar adelante una paz a sangre y fuego. Del mismo modo que en la Alemania de la posguerra todo el mundo afirmaba que nadie sabía lo que estaba pasando en su país durante los años del nazismo, aquí no quedó ni un solo español adicto al régimen. Como san Pedro, todos negaron tres veces antes de que cantara el gallo que daba el pistoletazo de salida para las elecciones. Corrían tiempos nuevos. España se convirtió en el único país del mundo que carecía de una derecha política. El espectro iba desde la extrema izquierda al centro. Hasta ahí. Más allá sólo quedaba la caverna que festejaba los aniversarios pertinentes en el Valle de los Caídos, monumento faraónico que Franco construyó para que la posteridad no olvidara su Santa Cruzada, y del que los portadores de la llama de la España verdadera hicieron su reducto festivo, su particular “fachódromo”.

Nunca más se supo de los millones de españoles que abarrotaban la Plaza de Oriente de Madrid durante las apariciones públicas del dictador, ni de los que formaban la infinita cola para darle el último adiós al sátrapa de El Ferrol. Con Franco murieron, por lo visto, aquellos millones de españoles.

Así corrió el tiempo entre la euforia del derribo de los Pirineos, que era nuestro particular muro de Berlín, y la alegría de la incorporación a Europa, hasta que José María Aznar abrió la caja de los truenos y recuperó para esa España el orgullo de ser de derechas, que aquí es tanto como ser de aquello. Como decía Fraga, también con orgullo: “Nunca debemos olvidar de dónde venimos”. Ser de derechas en España es recuperar el mundo de los vencedores que no se dejan quitar un busto, un monumento a uno de los suyos, y tampoco desenterrar a los vencidos, a los asesinados en las cunetas, en las tapias de los cementerios y en los bosques para llevarlos junto a los suyos o darles sepultura como dios manda. Como a perros los mataron, como perros deben seguir. Y la Iglesia callada, como entonces.

Saca pecho Fernández Díaz, ese ministro que tiene una policía política a su servicio, como en los buenos tiempos, para difamar y buscar averías a sus rivales, que luego airean los medios de comunicación afines a los que pagan bien con la propaganda institucional, da la cara el ministro, decía, con motivo de la solicitud de traslado de los restos del general Mola por parte del Ayuntamiento de Pamplona que quiere que se los lleven a otro sitio, y suelta por esa boquita: “Algunos pretenden ganar la guerra cuarenta años después…”.

Entiende el señor ministro que son vencidos los que tal cosa pretenden. Y de sus palabras también se desprende que él se sitúa en el bando de los vencedores, aquellos que acabaron con la democracia y el orden constitucional a tiros tras fracasar el golpe de Estado de 1936.

Triste que tengamos un ministro todavía, ochenta años después, que reivindique aquellas salvajadas en lugar de encargarse, en cumplimiento de la ley que representa, debo entender que muy a su pesar, de limpiar de nuestro suelo, que no de nuestra memoria, esos monumentos y reliquias que dan gloria al fascismo. Alegan que eliminar los restos de aquella tiranía es atentar contra la Historia. Nunca han tenido vergüenza cuando se trata de salir en defensa de aquel fascismo al que dicen no haber servido ni representar. Les mueve una cuestión científica, intelectual. Los criminales, dicen, deben tener su espacio en nuestras ciudades, como lo tienen los huesos encontrados en Atapuerca. Forman parte de nuestra historia. Eso sí, cuando se denuncian atropellos, violaciones o crímenes, nos salimos del campo de la historia para pasar a remover el pasado, dividir a los españoles y pretender ganar una guerra que perdieron los demócratas.

También sale, cómo no, Esperanza Aguirre a echar gasolina en la trifulca que montan los legionarios intentando evitar que le quiten la calle a Millán Astray, fundador de la Legión, para sustituirla por otra llamada Avenida de la Inteligencia. Ella siempre se mueve por nobles ideales. Alega la defensora de esta causa, también la representación de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, que Millán Astray no debe perder su calle porque hizo mucha obra social. Y pone algunos ejemplos. Yo le voy a recordar que Hitler hizo mucha más obra social que Millán Astray, para que le dé una vuelta al tema. A lo mejor habría que sustituir el nombre del general español por el del genocida alemán, si de obra social se trata. Hay que recordarle que no le quitan el nombre de la calle por haber fundado la Legión, ni por las virtudes que pudo tener, sino por su colaboración con el régimen franquista.

Les molesta que desaparezcan los vestigios de aquella España, tienen motivos, no los dicen. Nos toman por idiotas.

La sorpresa de los observadores internacionales ante la falta del resurgimiento de estos movimientos xenófobos, populistas, de extrema derecha, no debería ser tal. Como los marcianos, esa gente está entre nosotros. Por todas partes. Siempre estuvieron, nunca nos dejaron. Así nos luce el pelo.

Si los quieres ver, sólo tienes que quitar el nombre de una calle a un artífice de la dictadura. Aparecen como las moscas en torno a la miel, o a cualquier otra sustancia pestilente que, a usted, querido lector, le sugiera esta cuestión.

Qué hartura de fascismo. Ochenta años después.

Preguntas indiscretas:

El expresidente de Alianza Popular Antonio Hernández Mancha es el nuevo nombre que aparece en los papeles de Panamá, que recogen la lista de clientes que usaron al bufete panameño Mossack Fonseca para crear sociedades offshore en paraísos fiscales. El Objetivo de Ana Pastor de laSexta lo desveló en la noche de este domingo con una novedad respecto a las otras revelaciones periodísticas. El histórico dirigente de la derecha se presentó en el programa papeles en mano para negar los hechos y sostener que ha sido víctima de una suplantación de su persona.

En la entrevista en directo en el programa, Hernández Mancha negó la mayor pese a que en la documentación recabada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación aparece su nombre y su DNI con la firma de un notario de Luxemburgo. Tras descalificar esos documentos porque no aparecía su firma personal, desde el programa se le explicó que se trataba de un modus operandi similar al utilizado por otros protagonistas de los papeles, como el ministro José Manuel Soria, el actor Imanol Arias o los hermanos Almodóvar, y que todos ellos acabaron admitiendo su implicación. Pero nada. El exdirigente de AP insistió en que había sido objeto de un caso de "suplantación bastante tosca". A renglón seguido admitió que abrió una cuenta bancaria en Suiza que nunca utilizó cuyo número aparece también en los papeles. O sea, un culebrón.

Por si esto fuera poco, Hernández Mancha, que confesó que estaba pasando uno de "los peores momentos de su vida", reveló que sí tuvo empresa en Panamá, una sociedad que era la propietaria de un piso en Argüelles (Madrid), del que su esposa "se enamoró", y que decidió traerla a España y darla de alta en Hacienda porque él siempre se ha opuesto a los paraísos fiscales.

Seced, Cesid y CNI. Tres nombres para un mismo organismo. Un nido de espías que nació en 1972 con la idea de fortalecer al régimen franquista, pero que terminó siendo, según expone el autor de Los espías de Suárez, "un nido de rojos". Una institución que en algunos aspectos fue la vanguardia del final del franquismo que empujó al inicio de las primeras conversaciones entre el Gobierno y la oposición. Tras la muerte del dictador y con el ojo puesto en Santiago Carrillo, considerado por el régimen  el "enemigo público número uno", el Seced, un cuerpo que quitaba y ponía ministros, abrió la puerta a fuerzas de izquierdas para que "dieran credibilidad a la democracia".

Ernesto Villar nos lleva así a conocer desde la óptica de los espías de entonces una época que empieza a mirarse desde el retrovisor más como parte de nuestra historia que como parte del presente. Una época convulsa. Una época, como dirían ahora, "de cambio".

PREGUNTA: ¿Qué nos aporta la visión de los espías a lo que conocemos de la Transición?RESPUESTA:

Sobre la Transición se ha contado mucho. Prácticamente todo. Existen todo tipo de archivos, documentación, memorias de los protagonistas... Pero esta perspectiva es diferente a todas. Es la visión de unos agentes de inteligencia que vivieron desde un lugar excepcional un momento fundamental para la historia reciente de nuestro país. Manejaban una serie de informaciones desconocidas para el resto.

P.: ¿Contribuyó el Seced a hacer ver al régimen que su salida pasaba por un sistema democrático?R.:

Esa fue, de hecho, su gran aportación. La cúpula del Seced estaba conformada principalmente por militares, pero no del tipo de militares que acumulaban el poder, sino de gente más joven que no había hecho la guerra. Ese fue el paso previo. Después, el cuerpo de espías en su conjunto supo que el franquismo sin Franco carecía de sentido, por lo que mediante boletines de situación fueron planteando posiciones aperturistas. Desde su posición, fomentaron las asociaciones, criticaron posturas contrarias al cambio y promovieron la Ley del Trabajo de 1977, que amparó el derecho a la huelga.

P.: ¿Crió el franquismo cuervos que le sacaron los ojos?cuervos

R.: Lo cierto es que, si no se los hubieran sacado, se les habrían caído solos. El franquismo ya entonces era como un edificio en ruinas. Los agentes lo que hicieron fue facilitar una Transición tranquila y racional. Por todo lo que he hablado con ellos este tiempo, de lo que están más orgullosos es de haber logrado que se alcanzase una reforma en lugar de llegar a la ruptura. Aunque existió ese sentimiento en el régimen de que se les traicionó desde dentro, de ahí la expresión de espías rojos. Desde el Gobierno llegaron a escribir a Franco para pedirle que interviniera en una agencia que se había convertido, según cuentan ellos mismos, en "un nido de rojos".

P.: ¿Es cierto que José Ignacio San Martín (director del Seced) ponía y quitaba ministros?R.:

 Absolutamente. Y así lo confirman los afectados. San Martín era un tipo muy especial que tenía contacto directo con Luis Carrero Blanco, entonces presidente del Gobierno. Se saltaba todos los protocolos para verse con él. A través de las informaciones del Seced le decía a Carrero qué persona era capaz y cuál no; quién daba el perfil y quién no lo hacía. Había que llevarse bien con San Martín para llegar a Carrero. En cambio, cuando lo matan y llega Arias Navarro, nombran como nuevo director del Seced a Juan Valverde, una persona que no sabía nada de servicios secretos y que se dejó llevar. Por aquel entonces ellos ya establecían puentes con el Partido Socialista.

P.: En el libro menciona que el Seced completó listas de Alianza Popular y el PSOE.R.:

 Esto es algo que reconoce Ángel Ugarte, el espía que negoció con ETA. Y es un hecho que, además, responde a una consigna muy clara: para hacer creíble la democracia y que no pareciera una chapuza hacía falta el Partido Socialista. Se les subió al barco porque aportaban credibilidad al nuevo sistema. La intención última era que el PSOE se comiera al PCE. Y esto el Partido Socialista lo supo utilizar para entrar al juego en primera línea de salida. Como de hecho ocurrió en las elecciones de junio de 1977.

P.: ¿Y qué hay del "enamoramiento mutuo" de Adolfo Suárez con Felipe González?R.:

 Lo ratifican testimonios de ambos lados. Aquello fue como un flechazo. Cada uno de ellos representaba lo que el otro añoraba. Felipe González veía en Adolfo Suárez el poder. Suárez, por su parte, veía en Felipe el carisma. Desde el primer encuentro se entendieron muy bien. Reuniones que continuaron gracias en buena medida al Seced. Aunque, como en todas las grandes historias, lo suyo era cosa de química.

P.: Cuenta en el libro que Santiago Carrillo "quitaba el sueño" a los espías, algo que no ocurría con González y Tierno Galván.R.:

 Los boletines de situación demuestran que el gran enemigo para este cuerpo de espías era Carrillo. Aunque en realidad, cuando llega la hora de legalizar al PCE, se dan cuenta de que su odio era más fruto de los sentimientos que de la razón. El papel que jugó Carrillo en el pasado estaba muy metido en la conciencia colectiva de los españoles. Lo de Paracuellos no se le había olvidado a nadie aún 40 años después... Por aquel entonces había dos PSOE, el exterior, dirigido por Rodolfo Llopis, y el interior. El éxito de los servicios secretos fue anular al PSOE del exterior para posicionar favorablemente al PSOE del interior. Desde luego que en los informes del Seced había duras críticas al PCE y se era muy suave con el PSOE, dijesen lo que dijesen o hiciesen lo que hiciesen.

P.: ¿Tierno Galván cobró del régimen tal y como asegura en su libro?

R.: Hay dos informes ahora en la Fundación Franco que así lo demuestran. El primero señala que, en meses anteriores al final del franquismo, justo antes del Congreso de Suresnes en 1974, hubo una reunión entre Pablo Castellano (PSOE) y el Gobierno con el consentimiento de Arias Navarro. Y el segundo informe prueba cómo estos negociadores entregan al Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván un total de 400.000 pesetas para que entraran en aquella semidemocracia. Esto está confirmado por fuentes de dentro del propio partido.

P.: ¿Entonces insinúa que fue una operación del régimen que el PSOE ocupara el lugar del PCE en la izquierda?R.:

 Sin duda era una estrategia de fondo. Digamos que ellos tenían la idea de que con el proyecto de asociaciones, lanzado en el último año del franquismo, se sumaran al sistema fuerzas externas al Régimen. Así, se empiezan a dar cuenta de que los socialistas tenían que entrar al juego. Hay multitud de archivos que demuestran que se negoció con el PSOE con el consentimiento expreso de Arias Navarro. Una vez muere Franco, el Partido Socialista entra al juego. Nadie hubiera aceptado la democracia sin una alternativa creíble como el PSOE. Y el primero en mantener este tesis fue el propio Adolfo Suárez. ¿Por qué el PSOE? Porque Carrillo arrastraba consigo un pasado absolutamente vinculado a Moscú, a la dictadura marxista... Era el enemigo público número uno. En todos los discursos, más o menos moderados, se plantaba la frontera en dejar entrar al PCE. El régimen tenía claro que la puerta de las comunistas no la podían abrir, y para ello necesitaban convencer al PSOE de que pasase por ventanilla. El Partido Comunista tuvo que hacer todo tipo de cosas que no se exigieron al Partido Socialista para poder ser un partido legal y poder presentarse a unas elecciones.

P.: ¿Y Suárez hizo lo propio con el PNV? En el libro habla de un "camión de dinero"...R.:

 La situación del País Vasco por aquel entonces era muy complicada. Al régimen le preocupaba mucho lo que allí pudiera pasar. No era como Cataluña. Con el nacionalismo catalán fue muy fácil hilar la Transición. Ángel Ugarte, la misma persona encargada de negociar con ETA, tuvo que hacerlo también con el nacionalismo vasco. Y hay constancia de que Xabier Arzalluz lo puso muy difícil. Para ello Suárez, al tiempo que mandó negociar, decidió hacer las cosas más fáciles y mandar un camión de dinero, como recuerda en el libro el propio Ugarte.

P.: Regresando al presente, ¿qué paralelismos establecería entre la Transición y nuestros días?

R.: Si trasladásemos la situación de los espías de entonces a la actualidad, es evidente que les sería más difícil intervenir en política. En términos generales hay muchas diferencias. Especialmente en los líderes. Los de aquel entonces demostraron sentido de Estado. Hoy, en cambio, todos imponen sus líneas rojas. Comparemos las líneas rojas que se tuvo que saltar Carrillo, Fraga o Suárez. En la Transición los líderes políticos supieron transigir mucho más que ahora.

Los familiares y herederos de Manuel Fraga se han visto en la obligación de rebajar el precio del chalé en el que el expresidente de la Xunta pasaba cada verano por falta de compradores, según informa La Voz de Galicia. La casa de Perbes (A Coruña) salió a la venta en mayo de 2013 al precio de 1,8 millones de euros y hoy se puede adquirir a cambio de 1.560.000 euros, una rebaja de 240.000.

La casa ofrece acceso directo a la playa de Perbes, se encuentra dentro de una finca de 4.000 metros cuadrados y tiene una superficie de 900 metros cuadrados, dentro de los cuales hay siete dormitorios y seis cuartos de baño. La vivienda se encuentra a la venta sin amueblar, según relata la inmobiliaria encargada de la venta LN Asociados Servicios Inmobiliarios.

La finca además contiene un pedacito de historia, ya que como símbolo de los privilegios políticos fue atacada en 1988 por el Exército Guerrilheiro en un atentado que causo numerosos destrozos en los muros que rodeaban el chalé. Este incidente provocó reformas posteriores hasta actual estado de venta.

La finca fue adquirida por Fraga en 1962, mismo año en el que fue nombrado ministro de Información y Turismo por Francisco Franco, por el precio de 25.000 pesetas. Entonces la finca contaba "solamente" con 1.000 metros cuadrados, aunque las ampliaciones posteriores acabaron cuadruplicando su superficie hasta convertirlo en el inmueble que conocemos hoy.

En directo, cuando estaba a punto de concluir la entrevista, Hernández Mancha avisó a la periodista del riesgo que corre el Grupo Prisa si pierde Rajoy las elecciones. En concreto señaló: "La estabilidad de esta casa depende de que siga gobernando después de noviembre Mariano Rajoy Brey".

Unas palabras que, por el tono y el modo en que fueron pronunciadas, no gustaron a la periodista, pero tampoco a muchos tuiteros:

La guasa tuitera:

Fue el pasado viernes cuando Mariano Rajoy, viendo que el caso del ático de Ignacio González se le iba de las manos, dio la orden a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de desbloquear las candidaturas a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. La sorpresa fue la exclusión del presidente regional, que aspiraba a encabezar la lista de la institución que gobierna desde septiembre de 2012. Porque las elegidas, Esperanza Aguirre (Ayuntamiento) y Cristina Cifuentes (Comunidad) eran fijas en las quinielas desde hace más de un año. Con estas dos apuestas, el Partido Popular intenta lanzar un doble mensaje. En primer lugar, su preocupación por recuperar al sector más conservador de su electorado, tarea que recae sobre la presidenta del partido en Madrid. Por otro lado, intenta retener a aquellos de perfil ideológico más moderado, pero que, por lo general, comparten el ideario de esta formación. Cifuentes es identificada con esta corriente.

En este contexto, dirigentes del PP consultados por infoLibre admiten que el gran reto del partido, además de evitar el choque permanente de Aguirre con la dirección nacional, es que los mensajes entre ambas candidatas no se contradigan. "Además de la personalidad y el perfil de cada una, se trata de trasladar el programa electoral del partido para ambas instituciones. Eso es fundamental. Y en eso no hay interpretaciones", valora un dirigente curtido en la organización de campañas. "Si sobrevivieron Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón a campañas paralelas, con la relación tan polémica que han mantenido dentro del PP, lo de Aguirre y Cifuentes no tiene por qué salir mal", añade una diputada en la Asamblea de Madrid.

Sin haber empezado la campaña, ya han aflorado los primeros roces entre las candidatas. Ha sido Aguirre la encargada de marcar territorio y buscar elementos de diferencia con su compañera de cartel. Empezó el mismo lunes comparando su origen político (el Partido Liberal) con el de la delegada del Gobierno (Alianza Popular). El martes, se apuntó a la manifestación antiabortista del sábado en Madrid. No pasó inadvertido que Cifuentes es partidaria de la ley de plazos. Y aunque los suyos dicen que todo es fruto de su espontaneidad, no son pocos en el PP los que aseguran que responde a una estrategia "muy calculada". "Es como si su rival estuviera en su propio partido y no en la oposición", señala un miembro de la dirección nacional del partido. 

En este sentido, tampoco es ningún secreto que en los años que ha compartido cartel con el exministro de Justicia, los aguirristas se afanaban siempre el día después de las elecciones en hacer todo tipo de cálculos encaminados a vender que dentro del PP la ganadora era "la jefa", como la conocen sus fieles.

En esta ocasión a esa rivalidad electoral interna se suma la batalla por el control del partido. La dirección nacional ha sellado un pacto con la 'lideresa' muy sencillo. Consiste en que si gana, tendrá que dejar el control del PP de Madrid. En el partido existe el convencimiento de que la delegada del Gobierno en Madrid tiene muchas papeletas para hacerse con la presidencia del PP madrileño al gozar de la confianza de Rajoy y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

A continuación se repasan algunos de los puntos que diferencian a ambas candidatas. En algunos ya ha habido algún roce, provocado siempre por la candidata a la Alcaldía.

A vueltas con la ideología: del Partido Liberal a Alianza Popular

Dice de sí misma que es una liberal convencida. Da mucha importancia a la ideología. Y reivindica, siempre que puede, que el PP no debe desviarse de sus "principios y valores", esa expresión que también maneja mucho José María Aznar y que a las generaciones más jóvenes del partido les produce cierto sarpullido. En más de una ocasión, Aguirre ha demandado a los suyos que defiendan las siglas del PP "sin complejos", sin dejarse llevar por los clichés con los que le bautiza la izquierda. La vez que lo hizo de forma más solemne y provocando muchas heridas internas fue en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en junio de 2008 en Valencia. Por estas fechas, Aguirre, escudada por Ignacio González y Francisco Granados, desplegó una campaña destinada a minar el liderazgo de Mariano Rajoy.

El 7 de abril de 2008, la presidenta del PP de Madrid protagonizó un foro organizado por el diario ABC en el que pronunció un discurso, en presencia de Rajoy, en el que se erigió como defensora de los valores del liberalismo político. En los días posteriores, siguió con el juego ideológico y llegó a asegurar que los socialdemócratas la preferían a ella antes que al presidente del PP. Poco más de una semana después, Rajoy lanzó una frase en un acto público en Elche que fue interpretada como un claro dardo a su actual candidata al Ayuntamiento. "Si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya". 

En su nueva faceta de aspirante al consistorio madrileño también le está dando juego la cuestión ideológica. El pasado lunes, en una entrevista en Telecinco, respondió a todos aquellos que la consideran más conservadora que a Cifuentes que ella proviene del Partido Liberal y su compañera tiene su origen político en las Nuevas Generaciones de Alianza Popular (AP), la formación germen del PP.

Puertas adentro de la formación conservadora, todos aquellos dirigentes que comenzaron en AP son denominados "pata negra". Es decir, que Cifuentes es "pata negra". Lo que obvió Aguirre es que ella también lo es porque también pasó por AP tras dejar el Partido Liberal.

Según su biografía en la agencia Efe, a raíz de la moción de censura de Hernández Mancha, abandonó su formación de origen para pasar en 1986 al partido fundado por Manuel Fraga.

Cifuentes ha optado por la prudencia. Un día después de escuchar a Aguirre encasillarla en AP como sinónimo de conservadurismo político, rechazó entrar en el cuerpo a cuerpo. "No voy a entrar en una competición de si soy más liberal o menos. Me parece absurdo. Algunas personas tenemos algunas ideas diferentes en algunos temas. Los partidos no son sectas".

La delegada del Gobierno nunca ha sido elegida al frente de una institución, pero es una gran conocedora de la política madrileña. Ha trabajado con los protagonistas de las mayorías absolutas en Comunidad y Ayuntamiento de los últimos años. Fue diputada en la Asamblea entre 1991 y 2012. Entre los años 2003-2007, la primera legislatura de Aguirre fue portavoz adjunta del PP en la cámara. Pero no era la primera vez que ocupaba esta función. Tuvo el mismo cargo entre 1995 y 1999, bajo el Gobierno de Ruiz-Gallardón. La nombró Manuel Cobo, por entonces portavoz. 

Ahora responsable del área local del PP en el equipo de Javier Arenas, Aguirre sigue marcando distancias con el que fue mano derecha del exministro de Justicia. En su enfado del domingo tras leer en El Mundo que Génova pensaba imponer una gestora en el PP de Madrid apuntó que no pensaba dejar que su programa se lo hicieran Cobo y Arenas.

Contra el aborto frente a la ley de plazos

Un día después de intentar diferenciarse con Cifuentes en lo ideológico, la presidenta del PP de Madrid puso sobre lo mesa otro asunto en el que sí tienen diferencias: la posición respecto al aborto. En esta ocasión, Aguirre no la citó. Pero no pasó inadvertido en el partido que estaba también marcando territorio en este asunto respecto a la delegada del Gobierno, que es partidaria de la ley de plazos.

"Pienso asistir. Puede usted ponerlo bien grande". Así daba respuesta en rueda de prensa a la pregunta de si el sábado, día 14, tenía en mente asistir a la manifestación contra el aborto convocada por la asociación ultraconservadora Foro de la Familia. Con este acto, la candidata de Rajoy al Ayuntamiento de Madrid, intentaba asegurarse los votos de un sector del electorado que en los últimos meses, a cuenta de la retirada de la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón, se ha distanciado del partido.

En Génova, el anuncio de Aguirre disparó todas las alarmas. Los dirigentes consultados temen que esta manifestación pueda volverse contra el Gobierno y que en ella esté presente la presidenta del PP de Madrid y candidata al Ayuntamiento. "No es lo mismo que se vaya de forma anónima y a título personal que lo anuncie en rueda de prensa", valora un diputado. 

Para la cabeza de lista al consistorio de la capital, el aborto "no es un derecho, sino un fracaso de la mujer". "Desgraciadamente, lo que tenemos que hacer es evitar que con leyes como la anterior a la última que puso el señor Zapatero en el tiempo de Felipe González, que era la ley vigente, cuando se produjeron lo que yo llamo asesinatos de bebés de ocho meses con el famoso doctor Morín en Barcelona, puedan volverse a producir". "Hay que dejar claro que el aborto no es un derecho, porque si no, los médicos y los enfermeros no podrán tener derecho, ellos, a la objeción de conciencia. Y ese sí me parece un asunto importante", recalcó.

En el equipo de Aguirre están convencidos de este gesto de su jefa con las asociaciones antiabortistas les va a reportar votos. No obstante, aseguran que no va por cuestiones electoralistas, sino por convicción.

El presidente del Gobierno, que tuvo que prescindir de Ruiz-Gallardón como ministro tras rechazar la reforma de la ley del aborto que él mismo le había encargado no quiere ni oir hablar del tema. La reforma prometida se ha quedado reducida a algo muy light respecto a lo que presentó el exalcalde de Madrid. A saber: desaparecen los supuestos y se limita a la cuestión del consentimiento paterno para los menores de 16 y 17 años. El nuevo texto descansa en el registro del Congreso de los Diputados y su aprobación no se intuye fácil. Una decena de diputados y senadores del PP ya han avisado de que no lo votarán. Aguirre agranda la brecha.

En cuestiones de preferencia de modelo de estado, Cifuentes, y en eso sí discrepa con gran parte de su partido, se considera republicana.

Los equipos: Cifuentes da cabida a Génova

Los primeros nombramientos también hablan de diferencias entre ambas. Si Aguirre se ha rodeado de su equipo de más fieles colaboradores, Cifuentes ha dado un puesto clave, el de director de Campaña, a Juan Carlos Vera, un hombre de la máxima confianza de Mariano Rajoy.

Entre los 'fichajes' de Aguirre destaca el de Íñigo Henríquez de Luna, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. Será el director de campaña del PP de Madrid. Es decir, coordinará tanto la campaña municipal como la autonómica. En 2008, el también presidente del PP del distrito madrileño de Salamanca, considerado la joya de la corona del PP, fue una pieza clave en la estructura de la presidenta de los conservadores madrileños para desgastar a Mariano Rajoy.

En los meses previos, cuando el liderazgo del presidente del PP estaba por los suelos y algunos de sus compañeros anunciaban su disposición a disputarle el puesto, Henríquez de Luna promovió una campaña interna en el partido reclamando primarias para la elección de líderes. La idea era "un militante, un voto". No triunfó. No obtuvo el apoyo suficiente de sus compañeros y la propuesta fue rechazada en la ponencia de estatutos. En 2012 lo volvió a intentar, también sin éxito.

Vera, por su parte es un hombre del aparato del PP. Es diputado y con una amplia experiencia en campañas. En la actualidad es coordinador adjunto del equipo nacional de campaña para las autonómicas y municipales de 2015. Esta no será la primera vez que está al frente de la del PP a la Comunidad de Madrid. Ya fue director de campaña de Aguirre en las elecciones de octubre de 2003, las posteriores al 'tamayazo'.

Urbano narra en su libro, que saldrá a la venta el 3 de abril, diversos pasajes de la Transición y sus prolegómenos, pero en la entrevista con el director de Desarrollo Editorial de El Mundo, Miguel Ángel Mellado, desgrana las seis explosivas conversaciones que mantuvieron el monarca y Suárez antes y después del golpe, entre el 4 de enero y el 24 de febrero de 1981. La tensión fluye in crescendo. En la primera, en Baqueira, Juan Carlos avisa al jefe del Ejecutivo del problema militar y de que el general Alfonso Armada –su amigo, tutor, jefe y secretario general de su Casa durante años, hasta 1977– puede "solucionarlo". Directamente, le dice que él sobra, que hace falta otro hombre en la Moncloa. El rey había había recibido justo antes al propio Armada, que le dice que ya está a punto "un golpe de timón, un golpe de Gobierno", un Gobierno de concentración con todos los partidos, pero sin Suárez. 

En su segundo encuentro, el 10 de enero, esta vez en la Moncloa, Suárez replica al monarca que Armada "no es la solución", sino "el problema". Pero el jefe del Estado estaba convencido de lo contrario desde hacía mucho tiempo. Concretamente, narra Urbano, desde el 5 de julio de 1980, cuando "se produjo un primer anuncio en la Zarzuela de que el rey había decidido entrar en acción". "Armada es un enredador que vende humo, que vende conspiraciones, sediciones, sublevaciones", le dice Suárez, que se niega a acercar al general, entonces en Lleida, a Madrid. "Ahí rompieron". El 22 de enero, es el presidente el que va a la Zarzuela. Para entonces, ambos están "a mandoblazos, sobre todo por parte del rey", dice Urbano. Juan Carlos está convencido de que el inquilino de la Moncloa debe irse, sin demora. "Uno de los dos sobra en este país. Uno de los dos está de más. Y, como comprenderás, yo no pienso abdicar". 

Una pistola como "razón" para la salida

La tensión entre ambos no deja de aumentar. Al día siguiente, 23 de enero, varios militares visitan al rey y este les dice que han de hablar con quien gobierna. Suárez acude y Jaime Milans del Bosch le dice que ha de dimitar cuanto antes. El presidente pide una razón y uno de los uniformados, Pedro Merry Gordon, saca una pistola. "¿Le parece bien a usted esta razón?". El monarca insiste: la solución pasa por un cambio de Gobierno. 

27 de enero. Suárez comunica a Juan Carlos que tira la toalla, que se va. Según la periodista, este no hace ni el más mínimo mohín. "Ni un abrazo, ni un gesto. Como si se sintiera liberado". Al día siguiente, el presidente lleva a la Zarzuela su carta de dimisión y anuncia su salida. Pero esa dimisión tardará aún semanas en publicarse en el BOE. 

El último encuentro de la serie se produce el 24 de febrero. "El más duro, durísimo, que Suárez tiene con el rey". "Nos la has metido doblada –le espeta el presidente–. Alentando a Armada y a tantos otros, jaleándoles, dándoles la razón en sus críticas, diciéndoles lo que querían oír de boca del rey. Tú mismo alimentaste el dichoso malestar militar". 

"Para Suárez está clarísimo ya en ese momento que la operación Armada nace en Zarzuela y que el alma es el reyoperación Armada : que don Juan Carlos es el muñidor para que Armada sea el presidente de un gobierno de concentración. Incluso que el mismo rey conocía el Gobierno que el golpista tenía preparado. Un Gobierno en el que, entre otros, Felipe González iba de vicepresidente", cuenta Urbano. El presidente le explica que tiene un estudio jurídico según el cual podría revocar su dimisión, aún no publicada en el BOE. Y le anuncia que, si sigue en la Moncloa, procederá a hacer depuraciones. El jefe del Estado replica airado: "¿Me estás amenazando, so cabrón? ¿Te atreves a hablarme de responsabilidades a mí? ¿Tú... a mí? Mira, ni tú puedes retirar ya la dimisión ni yo voy a echarme atrás en la propuesta de Leopoldo [Calvo-Sotelo]. ¿Todavía no te has enterado de que ha sido a ti a quien le han dado el golpe? A ti, a tu política, a tu falta de política, a tu pésima gestión. ¿Responsabilidades? ¡Tú eres el auténtico responsable de que hayamos llegado a esto! [...]. Políticamente estás muerto. No revoques tu dimisión. No intentes volver. Tienes que saber poner punto y final a tu propia historia".

Urbano señala, a lo largo de la entrevista, que dada la gravedad de las acusaciones, lo tiene todo "muy contrastado", a partir de documentos y múltiples conversaciones con "decenas de personas", a las que cita al final de su libro. Entre ellos, el propio Suárez, con el que habló en el pasado, antes de que cayera enfermo, y también con quienes fueron sus estrechos colaboradores o con el ya fallecido Sabino Fernández-Campo, secretario general de la Casa del Rey el 23-F. De todos sus interlocutores da nombres y apellidos.

El 'Elefante Blanco', según Fernández-Campo, es el rey

La periodista acusa al monarca de haber "puesto los patines a Armada", de haberle dado rienda suelta, de haber alentado la operación Armada, que se detiene cuando Juan Carlos encuentra sustituto para Suárez (Calvo-Sotelo) y se inclna por un Gobierno de UCD y no un Ejecutivo de concentración. Urbano deja "fuera" del golpe al rey, aunque arroja varias preguntas que apuntan a su implicación directa: por qué sus hijos no fueron al colegio, por qué dijeron al médico de la Zarzuela que estuviera en el palacio desde por la mañana... Y subraya, porque así se lo confesó Fernández-Campo, que el Elefante Blanco que invocaba el teniente coronel Antonio Tejero al disparar en el Congreso era el propio Juan Carlos. 

"Es cierto que el rey dio su venia al cambio de la dictadura a la democracia. Él tenía todos los poderes heredados de Franco, y no había Constitución que le constriñese: podía haber dicho que no. Ahora bien, en importantes momentos más que motorizar metió el freno", sentencia Urbano. El monarca, por tanto, sólo salvo a España del 23-F "in extremis". 

Nada que ver con la historia edulcorada que había calado en el acervo colectivo. Ni siquiera con esa última imagen de amistad de los dos hombres en julio de 2008, cuando el rey entregó a un enfermo Suárez el Toisón de Oro. Ni con las palabras de "amigo leal" y "colaborador excepcional" con el que un lloroso jefe del Estado le despidió en un mensaje televisado la semana pasada. Suárez, el político desahuciado por los suyos, la oposición y el monarca, siempre fue (así lo llama Urbano) el "duque del Olvido". 

Polémica con 'La reina muy de cerca'

infoLibre contactó con la Zarzuela para recabar su versión, para saber si la Corona confirmaba o desmentía lo narrado por la periodista en La gran desmemoria. De boca de un portavoz oficial sólo salieron estas cuatro palabras: "Hoy no habrá comentarios". ¿Los habrá a lo largo de la semana, el día de su presentación, el jueves 3 de abril? "Hoy no habrá comentarios", reiteraron fuentes oficiales, informa Juanma Romero. 

Urbano ya levantó una enorme polémica con su libro La reina muy de cerca (Planeta, 2008), en las que revelaba confesiones de Sofía sobre el matrimonio gay, la religión o el aborto. Opiniones que los colectivos sociales calificaron de "retrógradas", "discriminatorias" y "antidemocráticas". La Zarzuela, en aquel momento, ya salió al paso y descalificó la obra de la periodista, nada sospechosa de ultraizquierdismo (es miembro del Opus). Alegó que las palabras eran "inexactas". Ahora se avecina una tormenta mayor aún. Porque de quien habla Urbano es del rey. 

Sánchez-Cuenca considera que esa respuesta no ha sido suficientemente contestada por la doctrina, más centrada en el análisis del tiempo del consenso, el que se extiende desde las elecciones de 1977 hasta el golpe del 23-F (o incluso la victoria de Felipe González en 1982). Pero el punto de inflexión se produjo antes, entre la muerte de Franco, en noviembre de 1976, y la convocatoria de esos comicios constituyentes. La tímida reforma liberalizadora de Carlos Arias Navarro encontró incluso más oposición que la de Adolfo Suárez. Y la pregunta es por qué. El autor recuerda, además, que entre el fallecimiento del dictador y las elecciones "no hubo concordia, ni pacto, ni consenso", sino unas "breves y estériles negociaciones entre las fuerzas políticas, pero no llegaron a ninguna parte".

Autor de numerosas investigaciones históricas y ensayos políticos, Sánchez-Cuenca ha publicado recientemente La impotencia democrática (Catarata, 2014).

A continuación se recoge la introducción del libro Atado y mal atado, que saldrá a la venta el próximo jueves, 3 de abril. 

1. 

El 30 de diciembre de 1969, en su discurso televisado de fin de año, Francisco Franco pronunció estas palabras: “Todo ha quedado atado y bien atado, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de Rey del Príncipe don Juan Carlos de Borbón” . Franco ya había utilizado la metáfora del nudo y la atadura en otras ocasiones. El 27 de mayo de 1962 dijo ante un nutrido grupo de seguidores: “Detrás de mí todo quedará bien atado y garantizado por la voluntad de la gran mayoría de los españoles, de los que, con el Movimiento, constituís nervio y esencia, y por la guardia fiel e insuperable de nuestros ejércitos”. Franco y los suyos creían que la institucionalización del régimen, culminada con la Ley Orgánica del Estado de 1966, más la vigilancia ejercida por los militares, permitirían que el régimen sobreviviese con Juan Carlos de Borbón como Rey sucesor.

El franquismo, como toda dictadura duradera, trató de perpetuarse mediante su institucionalización. La fórmula que el régimen utilizaba para conjurar la incertidumbre que acompañaría al “hecho biológico” (la muerte de Franco) era “después de Franco, las instituciones”. Las instituciones se caracterizan por funcionar al margen de la personalidad e intereses de aquellos que operan según sus reglas: de ahí que puedan sobrevivir a las personas. Si bien la institucionalización completa de un sistema político es más complicada en un régimen autoritario, pues no hay instancias de control que velen por el cumplimiento de las reglas, habiendo siempre una posición última de poder que es personal, las dictaduras no han dejado de intentarlo. La evolución política del régimen del 18 de julio puede entenderse como un intento (fallido) de conseguir una institucionalización que hiciera posible la perduración de un franquismo sin Franco. Ya en el preámbulo de la Ley del 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes, la existencia de un cuerpo legislativo frente al poder omnímodo del dictador se justificaba en estos términos:

«Continuando en la Jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general en los términos de las leyes de 30 de enero de 1938 y ocho de agosto de 1939, el órgano que se crea significará, a la vez que eficaz instrumento de colaboración en aquella función, principio de autolimitación para una institución más sistemática del Poder».

Dentro del régimen, la preocupación por el futuro más allá de Franco estuvo muy presente especialmente entre los falangistas, quizá porque eran ellos quienes tenían más sólidos principios ideológicos. El intento más ambicioso de “blindar” el régimen frente a los azares de la sucesión del jefe del Estado fue el proyecto constitucional de José Luis de Arrese de 1956, en el que se propugnaba que la soberanía política se hiciera residir en el Movimiento Nacional. Si el Movimiento se convertía en depositario de las esencias del régimen, la personalidad e ideología del dictador pasaba a un segundo plano. Para ello, era necesario separar las tres jefaturas que se encontraban en manos de Franco, la del Estado, la del Gobierno y la del Movimiento, creando así un sistema de control interno que permitiera expulsar del poder al Rey sucesor si este no cumplía con los principios fundamentales del régimen. En palabras del propio Arrese, “en caso de fricción entre el Rey y la doctrina, yo estaría siempre de parte de la doctrina [...]. A mi juicio, esto se conseguiría poniendo el poder político en el Movimiento”. Con ello el sistema quedaría clausurado, cerrado a toda posibilidad de cambio profundo.

El proyecto constitucional de Arrese fracasó. La Iglesia se oponía a los planes de los azules y Franco, además, no veía con buenos ojos que sus poderes fueran recortados. En 1957 realizó un cambio de Gobierno que supuso el definitivo arrumbamiento de las esperanzas falangistas. No es de extrañar que el principal inspirador de las reformas de Arrese, Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de Navarra, escribiera en sus memorias que “fue en ese momento cuando el franquismo se jugó y perdió la continuidad sin Franco” .

El régimen, no obstante, mantuvo, mediante la Ley de principios del Movimiento Nacional (de 17 de mayo de 1958) y, sobre todo, mediante la Ley Orgánica del Estado (de 10 de enero de 1967) su proceso de institucionalización. Pero dicho proceso no consiguió garantizar la continuidad, como se vio tan sólo un año después de la muerte del dictador, el 18 de noviembre de 1976, cuando las Cortes orgánicas del régimen desataron las cuerdas del sistema al aprobar la Ley para la Reforma Política (LRP). Fue, sin duda, el episodio más importante de la Transición española a la democracia. La LRP sirvió como el instrumento jurídico-político en virtud del cual se daba paso a un sistema bicameral con poderes constituyentes cuyos miembros serían elegidos mediante sufragio universal. Asimismo, la LRP garantizó el continuismo legal entre el régimen franquista y el nuevo régimen democrático. La LRP era la octava y última Ley Fundamental del sistema constitucional del 18 de julio: el tránsito de la dictadura a la democracia se realizaba, pues, según los procedimientos institucionales del ordenamiento jurídico de la dictadura y lo realizaban las élites políticas de la dictadura. En lugar de cortarlas, se desataban las costuras del sistema, conforme a las reglas de uso dicho sistema.

La LRP significó el suicidio del régimen. Las Cortes sancionaron una ley que hacía posible la desaparición del sistema político del franquismo. Frente a las Cortes de 1943 basadas en la representación orgánica de las tres entidades naturales de la vida nacional (familia, municipio y sindicato), se pasaba a unas Cortes de representación liberal (ideológica y partidista). Los procuradores en Cortes que votaron a favor de la LRP acabaron con las reglas mediante las cuales ellos mismos ejercían el poder legislativo. Dejaba de haber procuradores designados, sin legitimación democrática, y pasaban a ser sustituidos por diputados y senadores elegidos en listas de partidos políticos por sufragio universal .

A todos los efectos, el cambio fue drástico y profundo. Por eso, puede decirse que la LRP supuso una suerte de suicidio institucional. Por supuesto, los procuradores podían pensar en reciclarse dentro del nuevo sistema democrático en diputados o senadores, en directivos de empresas públicas o en los puestos más altos del escalafón administrativo. No en vano, la élite franquista se propuso dirigir y mantener el control sobre el proceso de cambio político. Pero esas trayectorias políticas en la etapa democrática, basadas en ambiciones satisfechas en grado muy variable y difícil de cuantificar, son compatibles con que, desde el punto de vista institucional, concluyamos que la LRP supuso el fin de un régimen y el comienzo de otro. Fue, digámoslo así, una voladura controlada.

Que el régimen se suicidó no es solamente una interpretación retrospectiva de los hechos. Políticos y periodistas hablaron entonces de suicidio. Por esos modismos que se imponen caprichosamente en cada época, muchos se refirieron a la votación de la LRP como un “haraquiri”; así puede leerse en los editoriales de periódicos españoles y extranjeros al día siguiente de la aprobación de la ley. En realidad, ya se había empezado a utilizar el término unos meses antes, a propósito del proyecto de reforma constitucional del Gobierno de Carlos Arias Navarro en el que desaparecía el Consejo Nacional del Movimiento. El democristiano José María Gil-Robles escribió en mayo de 1976, justo antes de que se iniciaran las votaciones sobre las reformas de Arias: “Me parece el colmo de la ingenuidad pedir a la mayoría de las Cortes, del Consejo del Reino y del Consejo Nacional del Movimiento que practiquen una especie de haraquiri político y hasta económico”. Cuando el proyecto llegó en junio de 1976 al propio Consejo, fueron varios los consejeros que, con palabras grandilocuentes, se quejaron de que se les estaba incitando al suicidio político. Un inmovilista recalcitrante como Joaquín Gías Bové habló de “haraquiri”. No fue el único, como muestro en el Capítulo 2.

El continuismo legal en la transición (“de la ley a la ley”) significaba que el nuevo régimen tenía que nacer del viejo y eso sólo era posible si las élites franquistas aceptaban un cambio de reglas en razón del cual perdían sus posiciones institucionales de autoridad. El suicidio político fue, desde este punto de vista, una forma de abdicación colectiva.

2.

¿Por qué los procuradores franquistas aceptaron “suicidarse” políticamente? ¿Acaso no tenía razón Gil-Robles cuando defendía que no tenía sentido esperar que los políticos del régimen votaran a favor del suicidio institucional? A mi juicio, esta es la cuestión fundamental de la Transición española. Creo que hasta el momento no se ha ofrecido una respuesta rigurosa en la abundante literatura sobre el tema. No hay estudio que no señale la importancia decisiva de la LRP en el proceso de democratización, pero a la hora de ofrecer una explicación del comportamiento sorprendente de los procuradores, se resuelve el problema con alusiones a la tradicional sumisión de los legisladores franquistas a los designios del Ejecutivo, a la altura de miras de los procuradores, que habrían antepuesto los intereses generales del país a sus intereses personales, o a las presiones que ejerció el Ejecutivo sobre los procuradores para conseguir votos a favor de la LRP en las Cortes.

En este libro pretendo ofrecer una explicación del cambio político en la primera fase de la Transición, la que cubre el periodo que va entre la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la celebración de las primeras elecciones generales el 15 de junio de 1977, entendiendo que el momento crucial del cambio fue la votación del 18 de noviembre de 1976. Hay una segunda fase de la Transición que se inicia tras las elecciones, en la que se elabora la Constitución, se aprueba la Ley de Amnistía y se llega a un acuerdo amplio de carácter económico y social (Pactos de la Moncloa). Esta segunda fase, que muchos alargan hasta el golpe fallido del 23-F, o incluso hasta la victoria del PSOE en las elecciones del 28 de octubre de 1982, queda caracterizada por el consenso y los pactos a los que llegaron las fuerzas políticas con representación parlamentaria y es la que ha impreso un sello específico al modelo español de democratización. Sin embargo, si entendemos, en un sentido estricto, que la democratización consiste en que un régimen dictatorial acabe (pacífica o violentamente) y se inaugure una democracia con unas elecciones, la clave está en el año 1976 y en la primera mitad de 1977. No quiero decir con ello que la Transición finalizó el 15 de junio de 1977. Todo podría haber descarrilado tras las primeras elecciones, sin que la democracia llegara a asentarse, como ha ocurrido en muchos otros países. No obstante, el paso de un poder político dictatorial a otro democrático se materializó, con sus limitaciones, en las primeras elecciones generales.

Adolfo Suárez, el 5 de julio de 1976, jurando su cargo de presidente del Gobierno ante el rey Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela | EFE

En los libros más superficiales y propagandísticos sobre la Transición, tiende a proyectarse lo que sucedió en la segunda fase sobre la primera. De este modo, la Transición española se caracterizaría sobre todo por pactos incluyentes entre las élites del régimen y de la oposición. No es esto, sin embargo, lo que sucedió en la primera fase. Entre la muerte de Franco y las elecciones no hubo concordia, ni pacto, ni consenso. Hubo unas breves y estériles negociaciones entre las fuerzas políticas, pero no llegaron a ninguna parte. El cambio político se produjo desde arriba, desde las instancias de poder del Estado, unilateralmente, sin el concurso de los partidos opositores. En el primer intento de cambio, el de Arias Navarro, el presidente se negó en rotundo a entrevistarse con ningún miembro de la oposición. En el segundo intento, el que acabó teniendo éxito, el de Adolfo Suárez, se celebraron múltiples encuentros por separado con líderes de los partidos clandestinos (muchos de estos encuentros fueron secretos o “discretos”), pero no llegó a haber unas auténticas negociaciones ni se alcanzaron pactos relevantes entre el régimen y la oposición. La oposición, desde la calle y la fábrica, trató de presionar todo lo que pudo para que hubiese una ruptura con el régimen franquista, aunque no lo consiguió. El esfuerzo, con todo, no fue baldío, pues la presión popular obligó a acelerar y profundizar los planes de reforma: sin la presión desde abajo, no habrían llegado tan lejos las reformas desde arriba. El Gobierno de Arias se vio sobrepasado por las presiones populares y reaccionó con excesos represivos que agotaron su crédito político e hicieron inviable su supervivencia. Remplazado Arias por Suárez, este dio un impulso más decidido a la reforma y tomó la iniciativa ante la oposición. El movimiento opositor terminó adaptándose a los planes de cambio de Suárez, es decir, aceptó que las elecciones las convocara un Gobierno franquista y se celebraran en las condiciones que estableció dicho Gobierno.

Pues bien, para poder responder a la pregunta de por qué el franquismo aceptó el suicidio, es preciso analizar no sólo la reforma de Suárez, sino también la experiencia reformista anterior de Arias Navarro, y comparar ambas. Ese ejercicio rara vez se ha hecho en los estudios sobre la Transición, ya que apenas se ha prestado atención a la reforma de Arias, juzgando retrospectivamente que estaba condenada a fracasar desde el momento en que fue concebida. Sin embargo, si se procede, como sugiero, a hacer la comparación, surge un interrogante que muy pocos han examinado sistemáticamente. La reforma de Arias era una liberalización del sistema: se introducían parcelas de libertad, con partidos políticos pero excluyendo al Partido Comunista, y se creaba un sistema bicameral en el que la Cámara baja sería elegida por sufragio universal, mientras que la Cámara alta seguiría careciendo de legitimación popular y tendría poder de veto. La reforma de Suárez, en cambio, era una democratización: se basaba también en un sistema bicameral, sólo que esta vez elegido todo él mediante sufragio universal y con poderes constituyentes. Lo extraño es que tanto el Consejo Nacional como las Cortes mostraron mayor hostilidad y resistencia ante la liberalización de Arias que ante la democratización de Suárez. En principio, la reforma de Arias era menos radical y, por tanto, más aceptable para las élites franquistas, que la de Suárez. La crítica de consejeros y procuradores al proyecto de Arias no surgió porque este les pareciera demasiado moderado, sino porque a su juicio iba demasiado lejos en el desmontaje del régimen. ¿Pero entonces cómo es posible que muchos de ellos aceptaran el proyecto de Suárez, que suponía un desguace casi total?

La explicación que se ofrezca sobre el suicidio institucional del 18 de noviembre debe poder hacerse cargo de este comportamiento tan sorprendente de las élites franquistas, más críticas con la reforma moderada que con la radical. En esa diferente reacción de los procuradores se encuentra la clave para entender el proceso de cambio político a lo largo de 1976.

3.

Cuando se analiza un proceso de cambio político con el microscopio, vemos a distintos actores interactuando unos con otros. Tratamos de reconstruir sus estrategias políticas, sus objetivos, sus creencias sobre la situación en la que se encuentran, sus expectativas sobre lo que puede suceder, así como los apoyos con los que cuentan. A partir de esa malla de interacciones, vamos reconstruyendo cómo el cambio tuvo lugar. Cuando analizamos, ahora en plural, procesos de cambio político con el telescopio, los actores no son más que unos puntos, indistinguibles unos de otros; por lo tanto, nos vemos obligados a pasar por alto los detalles y nos centramos en las condiciones generales en las que se produce el cambio (niveles de desarrollo económico de los países, niveles de desigualdad, niveles educativos, flujos comerciales con otros países, experiencias anteriores de inestabilidad política, etc.).

Este libro está escrito sobre todo con el microscopio. Para poder ofrecer una respuesta convincente a la cuestión que he planteado, es preciso aclarar primero si el proceso de cambio que estudio estaba predeterminado por condiciones estructurales a nivel macro o fue más bien contingente, resultado de las elecciones a nivel micro que tomaron múltiples actores por motivos que no eran enteramente predecibles. La dificultad de cómo conjugar la influencia simultánea de condiciones estructurales y decisiones de personas en posiciones de poder es más teórica que práctica. Cabe afirmar simultáneamente que en la Transición española fue fundamental tanto el nivel de desarrollo que había alcanzado el país, como la estrategia que siguió Suárez para obtener el apoyo de las Cortes franquistas a la reforma. De lo que se trata es de delimitar el ámbito de influencia causal en cada caso. Los distintos factores operaron en planos diferentes de la realidad.

Las condiciones estructurales de España hacían muy probable que tras la muerte de Franco España se convirtiera en una democracia. Hay múltiples estudios que muestran una asociación muy sólida entre desarrollo económico y democracia. Es este uno de los hallazgos mejor documentados empíricamente en las ciencias sociales. Cuanto más elevado es el nivel de renta per cápita de un país, más probable resulta que sea una democracia . En lo que no hay acuerdo es en cómo interpretar esta asociación: algunos mantienen que el propio desarrollo económico crea las condiciones para que surjan democracias; otros, en cambio, defienden que las democracias surgen por motivos más bien azarosos en cualquier nivel de desarrollo, pero tienden a consolidarse y a sobrevivir sólo en países de renta alta. Pues bien, la probabilidad de que España fuera una democracia en 1977 dado su nivel de renta per cápita era del 85% (frente al 57% en Portugal en 1975). El desarrollo económico, además, no sólo es relevante para el tipo de régimen político, sino también para la ocurrencia de conflictos civiles violentos. La probabilidad de que un país con la renta per cápita de España en 1977 sufriera una guerra civil no era nula, pero sí extremadamente baja .

A estas condiciones iniciales tan favorables, hay que añadir que Portugal y Grecia ya eran democracias cuando muere Franco. Portugal había celebrado las elecciones a la asamblea constituyente en el primer aniversario de la Revolución de los Claveles, el 25 de abril de 1975, y Grecia lo había hecho unos meses antes, el 17 de noviembre de 1974. Por tanto, tras la desaparición del dictador, España aparecía como el único país de Europa occidental que no era democrático. Esta anomalía no podía durar mucho tiempo.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la primera crisis del petróleo en 1973 golpeó duramente al régimen y acabó con uno de los pilares de su supervivencia, la prosperidad que el crecimiento económico generaba desde los años sesenta, tras el abandono de la política de la autarquía. Durante 1974, pero más todavía en 1975, se produjo un aumento importante de la conflictividad laboral que podía interpretarse como indicador de una insatisfacción muy generalizada con el régimen.

Estos tres factores (alto desarrollo económico, transiciones en Grecia y Portugal y crisis del petróleo) empujaban hacia una salida democrática. Todo indica que después de la muerte de Franco, España tenía que convertirse en una democracia.

Ahora bien, la ruta mediante la cual España se democratizara no estaba escrita en ninguna parte. Cuando empezamos a descender a los detalles, colocando el ojo sobre el microscopio, la contingencia va cobrando mayor peso y aparecen posibilidades nunca realizadas que hacen pensar en vías alternativas de desarrollo de la Transición. Con otras palabras, las condiciones estructurales predeterminaban un resultado final en el medio plazo, una democracia liberal como las del resto de Europa. No obstante, para llegar a ese estadio los caminos que podían transitarse eran múltiples. Creo que las élites políticas tuvieron una gran responsabilidad en la forma en que se introdujo la democracia en España, pero no en que esta llegara finalmente, por más que esto pueda parecer paradójico a primera vista. La democracia se impuso porque las circunstancias del país eran ciertamente propicias para ello, pero había varias vías para la democratización. La elección de una u otra fue en buena medida contingente, en el sentido de que dependía de las estrategias políticas de las élites y de la capacidad de acción colectiva de las fuerzas opositoras.

He procurado dar gran importancia a las posibilidades no realizadas, lo que técnicamente se llaman “contrafácticos”. España podría haber llegado más rápidamente a la democracia si la ofensiva lanzada por la oposición en los tres primeros meses de 1976 hubiera tenido éxito. Habría sido en tal caso una transición por ruptura, parecida a la portuguesa. En algunas ciudades hubo situaciones prácticamente insurreccionales que ejemplificaban lo que la oposición llamaba “ruptura democrática”: en el Capítulo 1 examino los casos excepcionales de Vitoria, Sabadell y Getafe. Si estas movilizaciones se hubieran extendido por el resto del país, es probable que la Transición hubiese evolucionado por una vía muy diferente.

Había otras alternativas en las que es imaginable que la ruptura se hubiese materializado. Si, por ejemplo, el Rey no hubiera cesado a Arias en julio de 1976 y este hubiese continuado en el poder, liberalizando el régimen pero no democratizándolo, excluyendo a los comunistas pero invitando a los socialistas y a fuerzas opositoras moderadas a participar en las elecciones a la Cámara baja, no cabe descartar que la situación hubiese explotado y que lo que la oposición no consiguió en los primeros meses del año, lo hubiera conseguido más tarde ante la constatación de inmovilismo del régimen. Pero esto mismo podría haber sucedido también si Suárez hubiera fracasado con la LRP y no hubiese obtenido la mayoría de dos tercios que necesitaba en las Cortes. ¿Qué habría sucedido entonces? Ante un fracaso de la reforma, la oposición podría haber conseguido suficiente apoyo popular como para exigir un Gobierno provisional con representación de todas las fuerzas políticas y convocatoria de elecciones a una asamblea constituyente con plenos poderes.

Las preguntas sobre contrafácticos pueden ir encadenándose a propósito de asuntos cada vez más concretos. El Rey, en julio de 1976, después de muchos titubeos, se decidió a cesar a Arias, con la idea de remplazarlo por Adolfo Suárez. ¿Pero qué habría pasado si el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández-Miranda, encargado de elaborar una terna de la que el Rey elegiría un nombre para la presidencia del Gobierno, no hubiese sido capaz de incluir en la misma a Adolfo Suárez, que hasta entonces era un personaje secundario en el franquismo en comparación con los Manuel Fraga, José María de Areilza, Federico Silva Muñoz, Gregorio López Bravo, Laureano López Rodó y tantos otros? Y si la votación en Cortes de la LRP no hubiese sido nominal, sino secreta, ¿habría el Gobierno obtenido igualmente resultados tan positivos? Muchos procuradores votaron a favor de la LRP porque entendieron que esa era la opinión mayoritaria en la Cámara y no querían quedarse al margen. Ahora bien, si el voto hubiese sido en conciencia, no es absurdo imaginar que muchos de quienes votaron públicamente a favor lo hubiesen hecho privadamente en contra.

Todas estas situaciones contrafácticas no son un mero pasatiempo intelectual. Es más bien al contrario: sólo teniendo en cuenta cuáles eran las alternativas que no terminaron realizándose podemos llegar a entender el comportamiento de los sujetos que estamos estudiando. Un cierto curso de acción se explica tanto por las razones que tenía la persona para adoptarlo como por las razones que tenía para descartar otros cursos alternativos . Más en general, el examen de los contrafácticos de la Transición nos pone sobre la pista del grado de contingencia que hubo en los cambios políticos y nos permite descartar ciertas interpretaciones que establecen que la Transición se desenvolvió de acuerdo con un plan previamente establecido, ya fuera del Rey, de Torcuato Fernández-Miranda o de cualquier otra figura protagonista de la época. Que los pronósticos de algunos fueran más acertados que los de otros no quiere decir que el proceso transitorio estuviese predeterminado.

4.

La democracia, pues, constituía el punto de llegada casi con certeza, aunque no lo percibieran así los actores de la época. No obstante, según acabo de indicar, los itinerarios para llegar hasta ella eran múltiples. Lo que me propongo en este libro es explicar las razones por las cuales el itinerario finalmente seguido fue uno y no otro. Esto exige determinar en primer lugar por qué la ruptura anhelada por la oposición no fue posible. En el Capítulo 1 me ocupo de esta cuestión. Gracias a un nuevo cálculo de la serie mensual del volumen de huelga y a una base de datos con 2.073 manifestaciones en el periodo 1975-81, elaborada por Paloma Aguilar y el autor, he podido reconstruir la evolución de las presiones que venían de abajo con mayor detalle y precisión de lo que se había hecho hasta el momento en los estudios sobre la Transición. Los datos revelan que después de marzo de 1976 se produce una fuerte caída en las movilizaciones. Es entonces cuando la oposición abandonó el objetivo de la ruptura y se contentó con una “ruptura pactada”, que por lo demás tampoco llegó a realizarse, ya que nada verdaderamente relevante se pactó antes de las elecciones de 1977. Según expongo, las razones últimas del fracaso de la estrategia rupturista fueron tres: el predominio de las motivaciones economicistas sobre las políticas en los conflictos laborales de la época, la moderación de la opinión pública y la capacidad represiva del Estado.

A pesar de que los activistas en la vanguardia de las luchas tuvieran un alto grado de conciencia política, el grueso de los trabajadores que participaban en las huelgas se movía por consideraciones económicas, que sólo se convertían en políticas como consecuencia de los excesos represivos de las fuerzas de seguridad y de los despidos arbitrarios en muchas empresas. En general, no había una base de apoyo suficiente en el conjunto de la clase trabajadora española a la estrategia rupturista. Los trabajadores querían mejores condiciones laborales, así como libertades sindicales y políticas, pero las protestas eran localizadas, relativamente breves y no llegaban a sumarse unas a otras constituyendo un desafío político al orden establecido. En el País Vasco, en la comarca del Baix Llobregat y en el cinturón industrial de Madrid los conflictos fueron más profundos, pero no llegaron a arrastrar al resto de la clase trabajadora en otras partes de España. Algo similar sucedió con las manifestaciones, que en la primera fase de la Transición estuvieron muy ligadas a la campaña por la amnistía. Dicha campaña fue especialmente intensa en el País Vasco. La situación de esta región era especial, con niveles de movilización muy superiores a la media del resto del país. Si en toda España la protesta hubiese sido tan intensa como en el País Vasco, es bastante probable que la oposición hubiese podido imponer la opción rupturista.

En el conjunto de España, la moderación fue la actitud dominante. Si vamos más allá de huelgas y manifestaciones y examinamos los datos escasos y heterogéneos sobre opinión pública en la época, cabe concluir que el apoyo a la democracia estaba muy extendido, pero el apoyo específico a la ruptura no pasaba del 20% de la población. La posición mayoritaria en la sociedad era la cautela, la prudencia y el deseo de un cambio gradual más que un cambio brusco. Las tasas de no respuesta e indiferencia política eran muy elevadas en las encuestas de la época. El Gobierno tenía un acceso privilegiado a los datos de opinión pública y sabía que la ruptura no tenía suficiente predicamento en la sociedad para ser una amenaza seria.

Finalmente, en España el Estado fue capaz de mantener el orden. Su capacidad represiva era alta. Las autoridades eran conscientes de que debían conservar el control de la situación en todo momento. En cierto modo, puede decirse que el equivalente al continuismo legal del régimen en el plano político era la prevención de cualquier vacío de poder. Para ello, había que impedir a toda costa que la oposición pudiera hacerse fuerte en la calle. La detención de sindicalistas durante las huelgas y la represión extremadamente violenta de los manifestantes en el País Vasco y en otros lugares de España consiguió, a un coste de popularidad muy elevado para el Gobierno, el objetivo de mantener la oposición a raya. Aunque resulta muy difícil de demostrar empíricamente, es razonable pensar que los sucesos de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en los que las fuerzas de seguridad mataron a cinco ciudadanos, ejercieron una influencia determinante en la caída de las movilizaciones que se observa en los meses siguientes.

Hacia la primavera de 1976 la opinión dominante en el Gobierno de Arias Navarro era que la oposición no estaba preparada para producir una situación de ruptura en el país. Esto no significa que las movilizaciones fueran inútiles, puesto que sin ellas el régimen no habría tenido demasiados incentivos para embarcarse en reforma alguna. Sin las presiones desde abajo, las élites no se habrían convencido de la necesidad de iniciar la reforma; podrían haber adoptado alguna medida cosmética de liberalización, pero no habrían ido mucho más allá. Por otro lado, la represión de las protestas organizadas por la oposición supuso un desgaste importante en el primer Gobierno de la monarquía y, en última instancia, hizo fracasar el intento de liberalizar el régimen. Las movilizaciones, por tanto, tuvieron una importancia capital en la Transición, a pesar de que no consiguieran su principal objetivo.

En el Capítulo 2 analizo la reforma liberalizadora de Arias. Su principal impulsor fue el vicepresidente segundo y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, quien, muy influido por su experiencia anglosajona como embajador en Londres en los años 1973-1975, regresó a España tras la muerte de Franco convencido de algunas de las bondades del sistema político británico. La principal lección que extrajo fue que los cambios de reglas e instituciones debían ser graduales, sin poner en cuestión los pilares básicos del régimen. Así, su propuesta consistía en desarrollar el precedente de la representación familiar en las Cortes franquistas creando un sistema bicameral en el que la Cámara baja fuera únicamente “familiar”, elegida por sufragio universal mediante un sistema electoral mayoritario de circunscripciones uninominales, y la Cámara alta sirviera de refugio para los intereses orgánicos del régimen y tuviese poder de veto sobre los proyectos legislativos de la Cámara baja. En las elecciones “familiares” habría cierto pluralismo político, incluyendo a los socialistas pero excluyendo a los comunistas.

Se trataba de una reforma muy moderada, que liberalizaba el régimen pero no lo democratizaba, puesto que no se introducía el principio de soberanía popular. El Gobierno, de hecho, no tenía un mandato democrático, siendo elegido por el Rey y no por el Parlamento. El régimen, de esta manera, admitía cierta apertura política y abría nuevos cauces de participación, pero quedaba lejos de las democracias occidentales. El presidente Arias llegó a hablar de una “democracia española”, o a la española, que combinara lo mejor de la democracia representativa y de la “democracia orgánica”. Cómo podía surgir una Constitución política coherente a partir de esa mezcla de elementos tan heterogéneos nunca lo aclararon los reformistas del primer Gobierno de la monarquía.

Adolfo Suárez intenta socorrer al vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, en el intento de golpe de Estado del 23-F | EFE

La puesta en práctica de este confuso plan consistió en varios proyectos de ley que se sometieron a las Cortes y, cuando tuvieron trascendencia constitucional, por afectar a Leyes Fundamentales, también y de forma previa al Consejo Nacional, cuyos dictámenes eran preceptivos pero no vinculantes. Hubo una Ley de Reunión, que regulaba la celebración de manifestaciones, una Ley de Asociaciones Políticas (el eufemismo que se utilizó para hablar de partidos), una reforma de aquellos artículos del Código Penal que regulaban los delitos políticos, una Ley de Sucesión y una Ley de Cortes. Estas dos últimas tenían alcance constitucional y fueron enviadas en primera instancia al Consejo Nacional.

Lo que ocurrió a continuación no deja de resultar sorprendente. No obstante lo moderado de las reformas, los procuradores mostraron una oposición considerable a la Ley de Asociaciones y sobre todo a la reforma del Código Penal, temerosos de que pudiera abrirse algún resquicio legal a través del cual acabara colándose en el sistema el Partido Comunista. Y en el Consejo Nacional, la Ley de Cortes, que contenía la parte más sustancial de la reforma política, fue recibida de muy malos modos, pues aunque no establecía explícitamente la desaparición del Consejo, su existencia no se mencionaba en la reforma, lo que venía a ser lo mismo.

Arias no tuvo tiempo de sortear las dificultades que surgieron en las Cortes y en el Consejo Nacional. El Rey decidió cesarlo el 1 de julio. Se ha escrito en innumerables ocasiones que la reforma de Arias fracasó y que la principal causa de su fracaso fue su lentitud. Ambas afirmaciones, según expongo en el Capítulo 2, son incorrectas. La reforma no llegó a fracasar, simplemente se encontró con resistencias que eran fácilmente superables. Y la reforma no fue más lenta que la de Suárez: Arias dimitió menos de siete meses después de formar Gobierno y para entonces la reforma había avanzado notablemente. Suárez necesitó un año desde su llegada a la presidencia hasta la celebración de elecciones y eso que parte del trabajo jurídico ya había sido desbrozado por el Gobierno anterior. Los problemas que precipitaron el cese fueron otros: el Rey mantenía una relación muy tirante con Arias, quien no consultaba con el monarca muchas de sus decisiones; Arias había nombrado un Ejecutivo incongruente, con una mezcla explosiva de reformistas e inmovilistas; y el Gobierno había perdido buena parte de su crédito debido a los episodios represivos a los que antes he hecho referencia.

Suárez emprendió una vía reformista muy distinta a la de Fraga. Frente al cambio gradual, Suárez, muy influido por Torcuato Fernández-Miranda, quien había sido nombrado por el Rey presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, decidió jugárselo todo a una carta. Se trataba de someter a las Cortes una nueva Ley Fundamental, breve y clara, que sirviera de gozne jurídico para iniciar una reforma profunda del sistema: se creaban unas nuevas Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal y con poderes constituyentes. La LRP establecía un sistema proporcional corregido y relajaba los requisitos de la reforma constitucional, para facilitar así la tarea futura de las nuevas Cortes. En el Capítulo 3 analizo la génesis y las vicisitudes de la LRP.

La LRP pasó primero por el Consejo Nacional. Aunque iba mucho más lejos que el proyecto de reforma constitucional de Fraga, aquella no despertó tanta controversia como este. Con todo, debe mencionarse que el Consejo elaboró un dictamen en el que, sin rechazar la ley, se propugnaban numerosos cambios que rebajaban notablemente el potencial democratizador de la LRP. Mientras que la reacción negativa del Consejo al proyecto de Arias se entendió en su momento como una desautorización del Gobierno que ponía en duda la posibilidad de la reforma, el dictamen del Consejo sobre la LRP no mereció excesiva atención y el Gabinete de Suárez hizo oídos sordos a las objeciones. Al fin y al cabo, el dictamen no era vinculante y la decisión correspondía en última instancia a las Cortes, no al Consejo. A diferencia de Arias, Suárez pudo desentenderse del Consejo, en buena medida porque había sido capaz de transmitir su determinación de aprobar la LRP a toda costa. Para ello, tenía el apoyo explícito del Rey y del Ejército, con cuyos mandos superiores se reunió el 8 de septiembre.

El debate en las Cortes duró tres días. El punto máximo de tensión se alcanzó cuando el líder de los procuradores que estaban próximos a Alianza Popular, Cruz Martínez Esteruelas, amenazó con la abstención si no se atendían sus demandas sobre el sistema electoral. La abstención habría puesto en peligro la mayoría de dos tercios que se requería para la reforma de las Leyes Fundamentales. Los procuradores de AP querían un sistema mayoritario, pues estaban convencidos de que este les permitiría alcanzar cómodamente una mayoría absoluta en las elecciones. El Gobierno, sin embargo, se había comprometido con el sistema proporcional por diversos motivos que analizo en los Capítulos 3 y 4. En negociaciones de última hora se llegó a un compromiso por el cual se mantenía la proporcionalidad, pero se introducían mecanismos correctores a causa de los cuales todavía hoy España tiene un sistema proporcional con un fuerte sesgo mayoritario a favor de los grandes partidos nacionales. Una vez resuelto este escollo, la votación arrojó resultados muy positivos para el Gobierno: en una Cámara con 531 procuradores, estaban presentes aquel día 497. De estos, 425 votaron a favor (el 85,5% de los presentes), registrándose tan sólo 59 votos en contra y 13 abstenciones. La LRP, por tanto, pasó muy holgadamente el filtro del 66,7% de la reforma constitucional.

En el Capítulo 4, el más extenso del libro, examino desde múltiples puntos de vista las razones por las cuales la LRP pudo obtener mayores apoyos que los proyectos de Arias-Fraga. Nótese que esto equivale a estudiar por qué cambiaron de voto ciertos procuradores entre las dos reformas. El hecho de que la oposición en las Cortes fuera mayor con la propuesta moderada de Arias que con la propuesta radical de Suárez permite descartar algunas explicaciones posibles. No pudo ser un asunto de ideología, pues los procuradores estaban mayoritariamente más próximos a la primera reforma que a la segunda. Tampoco pudo ser una cuestión de ambición política: si los procuradores querían preservar sus carreras públicas, corrían menor riesgo con una reforma liberalizadora parcial que con una reforma democratizadora completa. Dado que el patrón de voto (mayor apoyo a Suárez que a Arias) es el contrario del que cabría esperar, hay que pensar en otro tipo de consideraciones.

Partiendo del estudio de Iván Ermakoff sobre el suicidio del legislativo en Weimar y Vichy, defiendo la tesis de que en realidad las votaciones estuvieron determinadas por el objetivo de los procuradores de no quedar descolgados de la posición mayoritaria en las Cortes. Excepto en el caso de aquellos que tenían unos principios ideológicos muy sólidos que les llevaban o bien a apoyar las dos reformas (porque para ellos lo mejor era una reforma democrática) o bien a rechazarlas (porque para ellos lo mejor era conservar el franquismo sin cambios), los demás estaban dudosos y preferían actuar según el sentir dominante. Su razonamiento, esquemáticamente, era este: si apoyaban la reforma pero esta no salía, quedaban como traidores al régimen; pero si se oponían a la reforma y esta se aprobaba, quedarían marginados en el nuevo sistema. Por tanto, lo mejor que podían hacer era seguir la tendencia mayoritaria.

A partir de una base de datos que he creado con las votaciones de los procuradores y con múltiples características de estos (edad, antigüedad, tipo de representación en las Cortes, trayectoria profesional, pasado falangista y otras similares) he podido determinar quiénes cambiaron de voto y por qué lo hicieron. El análisis de los datos ofrece resultados sobre lo que sucedió en la Transición que hasta el momento no se conocían adecuadamente.

A mi juicio, hubo tres factores que facilitaron la coordinación de los procuradores a favor de la reforma en el caso de la LRP. En primer lugar, había una diferencia de técnica jurídica importante entre las reformas de Arias y Suárez. Mientras que la primera tenía varias ramificaciones, que se traducían en los varios proyectos legislativos, la segunda era muy simple, se basaba en una única ley, que funcionó como si fuera un ultimátum. Así, con los proyectos de Arias era más difícil adivinar qué iban a hacer los demás, por lo que no es tan extraño que a medida que se sucedieron las votaciones, fuera aumentando la oposición al cambio. En cambio, con la LRP tan sólo había que coordinarse en torno a una única decisión.

En segundo lugar, los apoyos extraparlamentarios recabados para la reforma fueron diferentes en cada caso. Arias daba por supuesto el apoyo de las Cortes. Sus reformas se movían dentro del marco constitucional del régimen y por tanto no eran precisas ayudas externas de ningún tipo, el sí de los procuradores se daba por garantizado. Suárez, sin embargo, había aprendido la lección de lo ocurrido con Arias y trató de hacer entender a todo el mundo que estaba en juego un cambio de régimen: la votación de la LRP constituía el momento crucial en el que se decidía si el cambio se hacía efectivo o no. A fin de crear un clima en el que fuera más fácil para los procuradores imaginarse un triunfo de la reforma que les indujera a votar a favor de la misma, Suárez contó con el apoyo especial del Rey (que se había comprometido con su presidente al elegirlo en la terna por encima de franquistas de mayor peso político) y recabó a su vez el apoyo de los militares en la reunión del 8 de septiembre a la que antes me referí. Esos apoyos contribuyeron sin duda a despejar el camino.

Por último, fue crucial el surgimiento de Alianza Popular (AP) en octubre de 1976. Con ocasión de la segunda reforma, los franquistas se organizaron políticamente en una amplia coalición (capitaneada por lo que en la época se llamó “los siete magníficos”) que facilitó la coordinación, estableciendo desde la cúpula de la organización un criterio sobre la LRP que muchos procuradores (cerca de 150) siguieron como guía. Si AP apoyaba la LRP, esta saldría aprobada; en caso contrario, era muy posible que fracasase. Alianza Popular optó por apoyar la reforma a cambio de concesiones en el sistema electoral que rebajaban la proporcionalidad. En la etapa de Arias la coordinación había sido más difícil toda vez que el franquismo no estaba políticamente organizado. El surgimiento de AP en la etapa de Suárez resultó funcional para que los procuradores se coordinasen.

La lección que cabe extraer del análisis que presento en el Capítulo 4 es que el proceso de desarrollo del cambio político estuvo en buena parte regido por cuestiones estratégicas, que tienen que ver con la capacidad de los procuradores para anticipar cuál iba a ser la postura triunfante y poder así sumarse a ella. En cuanto que las condiciones que favorecen o perjudican la coordinación de las acciones son volubles y difíciles de determinar, no queda más remedio que atribuir un gran peso a la contingencia en la forma en que la democracia surgió en España.

Tras la aprobación de la LRP, primero en las Cortes el 18 de noviembre y luego en un referéndum popular el 15 de diciembre, Suárez se centró en la preparación de las elecciones. El Gobierno impulsó diversas reformas (aprobación de la Ley Electoral, legalización de los partidos, ampliación de la amnistía, supresión del Movimiento y del Tribunal de Orden Público, libertad sindical) necesarias para que los comicios pudiesen realizarse en libertad y fuesen homologables a los de las democracias consolidadas. La oposición, que había rechazado la LRP por no haber sido negociada, cosechó un revés político importante propugnando la abstención en el referéndum: el sí a la reforma fue abrumador.

A pesar de su debilidad, el movimiento opositor intentó negociar con el Gobierno. Suárez, sin embargo, trató de minimizar el papel de la oposición alegando que no cabía negociar nada hasta que no se constatara en las urnas cuál era el grado real de apoyo que tenían los partidos clandestinos. Se produjeron algunas reuniones entre Suárez y representantes de la oposición, pero nada sustantivo salió de ellas. En el Capítulo 5 intento corregir la visión de que en los seis primeros meses de 1977 la oposición comenzó a desempeñar un papel activo, consensuando con el Gobierno las reformas necesarias para las elecciones. En realidad, la oposición fue adaptándose a las iniciativas del Ejecutivo, pero no tuvo capacidad para negociarlas, salvo en aspectos menores. Creo que parte de la confusión que existe al respecto deriva de los incentivos que tuvieron tanto el Gobierno como el movimiento opositor para hacer pasar como resultado de acuerdos lo que no eran sino los planes de una de las partes, la más poderosa, el Ejecutivo. Al Gobierno le convenía hacer creer que se habían alcanzado acuerdos, pues así reforzaba su imagen liberal y aperturista; y la oposición necesitaba desesperadamente algún logro visible con el que presentarse ante la ciudadanía como responsable de la democratización. Dadas las razones que tenían los actores para deformar lo que verdaderamente sucedió, es necesario cuestionar muchas de las cosas que los protagonistas han dicho sobre aquella etapa. El examen detallado de las relaciones entre Gobierno y oposición a lo largo de 1976 y primera mitad de 1977 muestra que el pacto, la negociación y el consenso apenas si existieron antes de las elecciones. Sólo en la segunda fase de la Transición, cuando los partidos de izquierda obtuvieron un apoyo de proporción similar a los de la derecha, comenzó la práctica de los acuerdos consensuados.

5.

Para escribir este libro, he decidido no respetar las barreras disciplinares que separan a la historia de la ciencia política. Me parece que esas barreras son más bien artificiales y, sobre todo, empobrecedoras. Mi enfoque es enteramente pragmático: he cogido de la historia y las ciencias sociales todas aquellas herramientas analíticas y metodológicas que pudieran ser útiles para ofrecer una respuesta rigurosa a las preguntas sobre el tránsito de la dictadura a la democracia que he planteado al comienzo de esta Introducción. Lo que servía para los propósitos de la investigación lo he aprovechado, con independencia del lado de la frontera disciplinar en el que cayera. Así, he consultado prensa de la época, he leído las memorias de los protagonistas y he buscado materiales históricos en diversos archivos, pero a la vez he construido bases de datos, la más importante sobre el comportamiento legislativo de los procuradores franquistas a lo largo de 1976, y he realizado análisis estadísticos con esos datos .

El resultado final es un híbrido y, como tal, desagradará por igual a los puristas de ambas disciplinas. Para los unos, no habré profundizado lo suficiente en las fuentes, ni habré sido suficientemente exhaustivo en la consulta de archivos; para los otros, me habré perdido en detalles y en historias políticas que no dejan ver los factores subyacentes que estaban operando. Creo, sin embargo, que la investigación debe ser juzgada no desde los parámetros de una disciplina, sino en función de si la reconstrucción del periodo tiene una base empírica sólida y de si las hipótesis que ofrezco son verosímiles y quedan o no confirmadas por los hechos.

Sobre la Transición se ha escrito muchísimo y hay excelentes trabajos al respecto. Es verdad, no obstante, que la primera fase de la Transición se ha estudiado algo menos y, sobre todo, que no se han ofrecido respuestas satisfactorias acerca de la diferente evolución de las dos reformas, la de Arias y la de Suárez. A mi juicio, esto se debe a que, así como hay un marco analítico bien desarrollado para lo que sucedió en la segunda fase (grandes acuerdos sobre las reglas de juego y sobre las reformas económicas y sociales, decisiones alcanzadas mediante consenso), no sucede lo mismo con la primera fase. Contamos con buenas narraciones historiográficas sobre lo que sucedió entre la muerte de Franco y las elecciones, pero creo que todavía no se ha profundizado lo suficiente en las razones por las cuales el franquismo cometió el suicidio institucional de la LRP.

Dada la abundancia de publicaciones sobre el tema, no he intentado hacer una historia general de esos casi 20 meses. Sería redundante. Más bien, he procurado ser selectivo e incluir en la narración sólo aquellos elementos que son relevantes para el argumento general que intento desarrollar. El lector que ya conoce bien la Transición encontrará, por tanto, muchas ausencias que otros libros, con pretensiones más generalistas quizá, no sufren. Por ejemplo, no me he detenido apenas en hablar sobre los partidos políticos y sus transformaciones durante aquel tiempo. Tampoco me he adentrado en los linajes políticos de muchos de los ministros y altos cargos del franquismo, ni en las relaciones entre ellos. Apenas he incluido las anécdotas políticas que dan colorido a la narración y que se repiten de libro en libro. Asimismo, he pasado por alto episodios que fueron sin ninguna duda muy relevantes, pero que no añadían mucho, ni a favor ni en contra, al argumento que trato de presentar. El lector comprobará que apenas si presto atención a sucesos como la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha por parte de la ultraderecha o los secuestros de José María de Oriol y el general Villaescusa por los GRAPO. Por último, me gustaría añadir que no he entrado en cuatro asuntos importantes: la crisis económica y las políticas que se llevaron a cabo para combatirla; el conflicto territorial, sobre todo las negociaciones con Cataluña; el papel cambiante de la Iglesia; y la dimensión exterior de la Transición. Aun siendo relevantes todas estas cuestiones, he considerado que no afectaban directamente a la cuestión del cambio político y el suicidio institucional. A cambio de todas estas renuncias, he profundizado en la medida de lo posible en el asunto nuclear del cambio político, he producido nuevos datos y he planteado hipótesis que suelen estar ausentes en las investigaciones sobre este periodo.

En los últimos tiempos, el asunto de la Transición se ha convertido en objeto de debate político e ideológico. Con la llegada de la crisis económica y el consiguiente desgaste de las instituciones políticas, son muchos quienes atribuyen parte de nuestras dificultades actuales a la manera en que se estableció la democracia en España. Asimismo, la polémica sobre la “memoria histórica” salpica inevitablemente a las interpretaciones sobre la Transición. Estos debates resultan saludables y han contribuido a ampliar el abanico de enfoques y perspectivas. Hay ya bastantes trabajos que con cierto ánimo revisionista denuncian el supuesto carácter modélico de la Transición. Y se ha escrito recientemente sobre el lado “oscuro” del proceso, es decir, sobre los altos niveles de violencia política y represión estatal que estuvieron presentes a lo largo de todo el periodo, demostrando así que la Transición no fue “pacífica”, adjetivo que aparece en casi todos los libros y que sólo tiene sentido si el punto de comparación se sitúa en la guerra civil. Hoy sabemos que la Transición española ha sido una de las más violentas de la tercera oleada de democratización a la que se refirió Samuel Huntington en su famoso libro La tercera ola.

En un sentido más general, se ha insistido en que la literatura existente tiene un sesgo a favor de los análisis sobre lo que ocurrió entre las élites políticas, dejando de lado los elementos de conflicto (huelgas, manifestaciones, enfrentamientos) y los movimientos sociales. Quienes escriben sobre la Transición 'desde abajo' estarían por tanto corrigiendo las interpretaciones de los autores liberales y conservadores que escriben exclusivamente sobre lo que ocurrió 'desde arriba'. A lo largo del libro he intentado evitar esta contraposición de enfoques, pues, según lo entiendo, no puede resolverse mediante pronunciamientos ideológicos, sino mediante investigación histórica, y me parece tan incompleto un trabajo que pase por alto la dinámica del cambio en el seno de la élite franquista como otro que sólo se centre en dicha dinámica. Si bien el grueso de este libro se centra en el suicidio institucional del régimen franquista, se abre y se cierra en los Capítulos 1 y 5 con la oposición: en el Capítulo 1 he intentado hacer uso de los mejores datos disponibles para entender por qué la ruptura no fue posible y en el 5 he analizado las reacciones de la oposición a la aprobación de la LRP y los intentos por cobrar protagonismo ante un proceso de democratización dirigido por las élites franquistas, las cuales, por mucho que se vieran empujadas desde abajo, no perdieron en ningún momento el control de la situación y establecieron el modo peculiar de Transición que representa el caso español, un suicido institucional que hizo posible el continuismo legal y el mantenimiento en el poder de dichas élites.