La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a los seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de cárcel para cada uno de ellos.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también pide condenar a otro nueve acusados –todos ellos responsables del grupo– a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía sostiene que todos ellos "venían trabajando durante años colectivamente en el ámbito de dirección de un complejo entramado societario conocido públicamente como Grupo Nueva Rumasa, denominación e imagen que utilizaban recurrentemente en su publicidad con el fin de presentarlo ante la opinión pública como un sólido holding empresarial".

"Aunque todos ellos desempeñaban su trabajo bajo la dirección última de José María Ruiz Mateos, cada uno de los acusados ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos", explica el escrito.

El Ministerio Público apunta que "lo que se conocía y se daba a conocer como Grupo Nueva Rumasa estaba constituido por un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado en el sentido definido en la legislación mercantil y fiscal, a pesar de hacerlo constar así en su publicidad, pues esas sociedades carecían de una matriz común".

"Sin embargo, el patrimonio y la tesorería de esas sociedades se venían poniendo durante años indistintamente al servicio de todo el grupo, que funcionaba de hecho como una sola empresa tanto a efectos financieros como de responsabilidad patrimonial", apunta.

Y es que, "aunque el grupo pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos, la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes o de baja tributación –fundamentalmente Belice, Panamá y Holanda–, lo que unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad".

La Fiscalía señala que "el número de sociedades integrantes de dicho grupo no puede fijarse con exactitud, pues, aunque en su propia publicidad aludían en unas ocasiones a 107 empresas y en otras a 117, sus responsables elaboraron diversos listados internos en los que figuraban hasta 164 sociedades españolas y 48 sociedades extranjeras, mientras que los administradores concursales han podido relacionar con dicho grupo un total de 171 empresas".

Para dirigir y gestionar ese grupo societario y sus complejos flujos financieros los acusados Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, junto con su padre, contarían con un pequeño grupo de fieles colaboradores entre los que se encontrarían los acusados Zoilo Pazos y Alfonso Barón, así como José Ramón Romero, Rufino Romero, Ricardo Álvarez y el abogado Manuel Sánchez Marín.

"Muchos otros colaboradores ejercían diversos cargos puramente nominales de administración y representación en diferentes sociedades y figuraban como autorizados en sus cuentas bancarias, o actuaban como comerciales, siguiendo siempre las órdenes de aquellos, sin que se haya acreditado en el curso de la investigación que tuvieran capacidad decisoria en el ámbito del grupo, ni que conocieran su situación económica y financiera al tiempo de las emisiones de pagarés de las que se hablará más adelante", detalla el Ministerio Público.

En este contexto, la Fiscalía explica que "a principios del año 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos".

"Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010", recoge el escrito.

El Ministerio Público aduce que "para paliar en parte esa situación que venía arrastrándose con anterioridad los responsables del Grupo Nueva Rumasa recurrían al descuento bancario de efectos, mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas".

"Para ello los acusados utilizaban un conjunto de 25 sociedades instrumentales carentes por completo de actividad y personal –sociedades fuelle según su propia denominación interna– cuyo único objeto era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos", añade.

Todos esos efectos, señala, se descontaban a través de la sociedad Factoring Occidental, la cual entre los años 2009 y 2011 llegó a obtener mediante descuento en Banco Santander un total de 540,9 millones de euros que se destinaron a las principales sociedades productivas del Grupo las cuales, a su vez, transfirieron 538,8 millones de euros a las denominadas "sociedades fuelle" para que estas pudieran abonar finalmente las facturas que les presentaba el Banco Santander.

Según la Fiscalía, este mecanismo financiero circular de naturaleza piramidal agudizaba la situación crítica del Grupo Nueva Rumasa, pues, además de tener que devolver los fondos dispuestos, generó al grupo un coste financiero adicional de 11 millones de euros.

"Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas o las abocaban a esa situación de modo inminente, y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores y demás intervinientes en los sectores en los que desarrollaban su actividad ordinaria, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público", relata el escrito.

El objetivo, añade, era "no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus numerosas y costosas viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".

La Mesa de la Asamblea de Madrid debe decidir este lunes si admite la propuesta de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos para crear una comisión que investigue las irregularidades de Avalmadrid, en el centro de la controversia por las vinculaciones de las empresas a las que avalaba con consejeros y directivos de la sociedad de garantías, así como por el trato de favor dispensado, entre otras, a la empresa de la que eran socios los padres de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz Ayuso.

Ciudadanos y Vox ya han anunciado que apoyan la creación de la comisión, pero el PP la descarta con el argumento de que Avalmadrid es una empresa privada y, como sociedad de garantía privada, ya está sometida a la supervisión del Banco de España. Queda fuera, por tanto, del ámbito de control de la Asamblea madrileña. El informe que los letrados de la cámara regional acaban de enviar a la Mesa desmonta ese razonamiento, al determinar que la supervisión administrativa del Banco de España no excluye la parlamentaria y que ésta se centra, precisamente, en la actuación del Gobierno o en la información que el Ejecutivo tiene gracias a su participación en los órganos de dirección de esta sociedad.

Además, son numerosas las comisiones de investigación abiertas, tanto en el Congreso y en el Senado como en los parlamentos autonómicos, desde 1977. Y muchas de ellas se ocuparon de empresas privadas y semipúblicas, como es el caso de Avalmadrid, cuyo 26,1% pertenece a la Comunidad madrileña. Otro 25,4% del capital lo aporta Bankia, que a su vez es propiedad del Estado –a través del FROB– en un 61%. El presidente de Avalmadrid lo nombra el Gobierno regional, y en su consejo de administración se sientan también otros dos altos cargos de la Comunidad: el viceconsejero de Economía y el secretario general técnico de esa consejería.

  RUMASA

El Congreso de los Diputados, ya en la segunda legislatura, examinó la evolución del grupo Rumasa desde que se creó, en 1961, hasta que fue expropiada por el Gobierno socialista el 23 de febrero de 1983. Todos los grupos, menos el Mixto, apoyaban la investigación, que se abrió sólo tres meses después de la expropiación y se prolongó hasta abril de 1985, un año más de lo previsto. El dictamen final, que contó con los votos particulares de Alianza Popular y UCD, culpó a los gobiernos anteriores a 1977 del crecimiento irregular de Rumasa así como de sus “desastrosas repercusiones, sociales y económicas”. También consideró la expropiación como la única “solución eficaz”. El grupo comandado por José María Ruiz-Mateos llegó a tener más de 700 empresas, incluidos 17 bancos, y a contar con una plantilla de 60.000 trabajadores. Pero en el momento de ser expropiado sufría un déficit patrimonial que Arthur Andersen cifró en 1.558 millones de euros. Debía 64,7 millones a la Seguridad Social y 116 millones más a Hacienda.

Como suele ser habitual con las investigaciones parlamentarias, también hubo una actuación judicial. Y en este caso fue múltiple: la Fiscalía demandó a Ruiz-Mateos, que fue detenido en abril de 1985 en Fráncfort y extraditado. Fue juzgado por falsedad documental y contable en la Audiencia Nacional pero absuelto en 1997, pese a quedar probado que falseó la contabilidad, porque cuando lo hizo el Código Penal no lo consideraba un delito. Pero tanto el Supremo como el Constitucional fallaron en contra de Ruiz-Mateos y confirmaron la legalidad de la expropiación.

En 1986, en cambio, el Congreso rechazó crear una segunda comisión para investigar la gestión que hizo el Gobierno de la Rumasa expropiada y su posterior privatización. Alianza Popular promovió la iniciativa, que fue apoyada por el PDP, IU, CDS y el Grupo Mixto, pero contó con el rechazo del PSOE, entonces en el Gobierno y con mayoría absoluta en la Cámara Baja.

  GESCARTERA

En septiembre de 2001 se constituyó otra comisión que investigó a una empresa privada: la agencia de valores Gescartera. Ese verano había sido intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había descubierto un agujero patrimonial de 100 millones de euros. Perdieron su dinero la mitad de los clientes, unas 2.000 personas. El fraude se convirtió en un escándalo político cuando se hizo público que la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, era hermana del secretario de Estado de Hacienda y que la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, había mantenido reuniones con los dueños de la sociedad de valores a petición suya. Enrique Giménez-Reina tuvo que dimitir, al igual que Valiente. Además, el vicepresidente de la CNMV –y exdiputado del PP– Luis Ramallo, había recibido regalos del principal accionista de la agencia, Antonio Camacho, por valor de 12.000 euros. Gescartera había sido investigada desde 1993 en varias ocasiones por la CNMV, pero nunca actuó contra ella.

En noviembre de 2001, el Congreso aprobó el dictamen de la comisión, que eximía al Gobierno de responsabilidades políticas. Sólo la apoyaron, además del PP, CiU y Coalición Canaria. Mientras, el frente judicial se prolongó hasta marzo de 2008, cuando la Audiencia Nacional condenó a 52 años en total a las ocho personas acusadas.

También en los parlamentos autonómicos se han sucedido las comisiones de investigación desde 1977 hasta ahora. Bajo la lupa se pusieron tanto empresas privadas como semipúblicas. Por recibir subvenciones –las primeras– o por la participación de los gobiernos autonómicos en su gestión –las segundas–. Sin olvidar las cajas de ahorros, entidades privadas pero con dependencia orgánica de las administraciones territoriales.

  SPANAIR

Así, el Parlamento catalán investigó en 2014 la quiebra de Spanair, una de las empresas del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, ocurrida dos años antes. Fue solicitada por todos los grupos políticos, que querían saber qué había ocurrido con los 185 millones de euros que habían inyectado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la compra de la aerolínea por parte un grupo de inversores catalanes. Sin embargo, entró en concurso con un pasivo de 474 millones de euros.

En julio de 2015, la comisión eximió de responsabilidad política a las instituciones, con los votos de CiU, PSC y ERC, la abstención de ICV y el rechazo de PP y Ciudadanos. Si éstas apoyaron con dinero público la operación fue porque consideraron que el proyecto era “viable”, aseguraba el dictamen. La Audiencia Nacional terminó exonerando a la cúpula de la empresa, que había sido condenada en primera instancia a pagar 10,8 millones de euros, al igual que la sociedad de la Generalitat Avançsa, que ejercía de administradora de la empresa, Fira de Barcelona e Inversions Turistiques i Comercials (Iticsa), filial de Turisme de Barcelona, un consorcio municipal.

  PROYECTO CASTOR

Tampoco ha tenido problema el Parlament para investigar el proyecto Castor, la planta de almacenamiento de gas que una empresa del grupo ACS, Escal UGS, perforaba frente a la desembocadura del Ebro en Tarragona. El proyecto tuvo que ser clausurado cuando empezó a detectarse una fuerte actividad sísmica en la zona. El Estado, que había asegurado el riesgo geológico de la obra, terminó pagando 1.350 millones a la empresa, propiedad de Florentino Pérez. La comisión se creó con el apoyo de todos los grupos políticos de la cámara. Aún no ha terminado sus trabajos.

  EPSILON E HIRIKO

En otros casos, los parlamentos autonómicos han investigado a empresas privadas por sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el Parlamento vasco analizó en 2015 las ayudas concedidas por el Gobierno de esa comunidad autónoma a los proyectos Epsilon –60 millones de euros en 2007– e Hiriko –15 millones en 2009–, que resultaron fracasados. La comisión halló responsabilidades políticas en miembros tanto del Consejo de Promoción Económica como del consejo de administración del Parque Tecnológico de Álava y de SPRI, la agencia vasca de desarrollo empresarial.

  MUSEOS GUGGENHEIM Y BALENCIAGA

En la comisión que se abrió en 2008 sobre el Museo Guggenheim, se trataba de dilucidar responsabilidades políticas por las “irregularidades financieras, ausencia de control administrativo y anomalías” descubiertas en las dos sociedades públicas del museo: la Sociedad Tenedora, encargada de comprar obras de arte, y la Sociedad Inmobiliaria, dueña del solar y del edificio. El 50% de la Sociedad Tenedora es propiedad del Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, pero sus cuentas no estaban integradas en los presupuestos de ninguna de estas instituciones ni sujetas a control público. La oposición las tachaba de opacas.

El detonante de la investigación fue el desfalco de más de medio millón de euros entre 1998 y 2005 cometido por el director de Finanzas del Museo, Roberto Cearsolo. Pero también se sometió a escrutinio una operación de compra de dólares –destinados a la adquisición de obras de arte–, donde la Sociedad Tenedora perdió más de seis millones de euros, de los 17,3 millones que habían aportado el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya.

El dictamen de la comisión culpó al director del museo, Juan Ignacio Vidarte, por su “falta de capacidad profesional” para controlar a sus subordinados, tutelar los bienes de la institución y gestionarla. Pero sobre todo reprochó a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, su “falta de celo” en el control al director del museo y que hubiera “relajado su atención” sobre el manejo de recursos públicos. Azkarate presidía los consejos de administración de las dos sociedades antes citadas.

Casi al mismo tiempo, el Parlamento vasco indagaba en las irregularidades detectadas en otro museo, el Balenciaga, en esos momentos aún en fase de proyecto. En el patronato de la fundación que lo promovía se sientan el Ayuntamiento de Getaria (Guipúzcoa) y el Ministerio de Cultura, así como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, en 2005 las cuatro instituciones constituyeron la sociedad Berroeta Aldamar para impulsar la construcción del museo dedicado al diseñador.

La comisión atribuyó responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración de Berroeta Aldamar por su “dejación en la gestión adecuada de los recursos públicos, falta de celo en su función de control de sus gestores y por avalar actuaciones de su gestor máximo con resultados contrarios al interés de la sociedad”. También culpó a la Dirección de Patrimonio del Gobierno vasco de una “insuficiente actuación en la supervisión e inventario”.

  GRUPO HISPANO TEXTIL

En Castilla y León fue el grupo Hispano Textil el que tuvo que someterse a escrutinio de su parlamento por una subvención de 3,61 millones de euros que la Junta le había concedido en 1992. Más otros 1,6 millones en incentivos regionales. De dos millones se desconoce aún cuál ha sido su paradero. La empresa de Béjar (Salamanca) cerró en 1983, dejando a 350 trabajadores en la calle. La comisión parlamentaria concluyó eximiendo de responsabilidades políticas al Gobierno del PP, pese a que durante las investigaciones se habían aportado documentos que revelaban fraude en la contabilidad, con indicios de caja B.

  NEW TECHNO

Otra subvención bajo sospecha fueron los 360.000 euros que recibió la empresa New Techno de la Junta de Castilla-La Mancha en 1987. Además, el Ministerio de Industria le concedió otros dos millones. El problema era que la empresa tenía escasa viabilidad. Aun así, la Junta, a través de la Sociedad de Fomento Regional (SFR), se quedó con 600 acciones de la empresa a cambio de la ayuda. Además, New Techno resultó ser la dueña del jaguar que durante años condujo el entonces secretario del Grupo Socialista en el Congreso, el abogado José María Mohedano, quien tuvo que dimitir cuando se hizo pública su relación con la empresa: también actuaba de asesor legal de su dueño, el empresario José Luis Gómez Pinto-Fontán.

  ACOREX

En Extremadura la comisión que investigó la quiebra de Acorex, la mayor cooperativa agrícola de la comunidad autónoma, en 2015 fue un fracaso: el Parlamento autonómico no llegó a aprobar un dictamen conjunto porque cada uno de los cuatro grupos sólo votó a favor del suyo propio y rechazó el del resto. Las indagaciones se centraron en la intervención de la Junta de Extremadura en Acorex, que entró en concurso de acreedores ese año, y en la Caja Rural extremeña. Todos los grupos coincidieron en la existencia de “injerencias políticas” en la empresa y en la caja, para unos por parte del Gobierno del PP y para otros, del PSOE. Podemos pidió la comparecencia de más de 100 personas, pero finalmente no acudieron ni los presidentes Guillermo Fernández Vara (PSOE) ni José Antonio Monago (PP), mientras que la Caja Rural de Extremadura pidió –y consiguió– que las sesiones no fueran públicas. La Junta, a través de la sociedad pública Avante, inyectó 16,9 millones de euros en el grupo cooperativo, de los cuales 10 millones eran préstamos. La Caja Rural debía actuar como “pulmón financiero” de Acorex, que salió del concurso en 2017. Según dijo entonces el PP, la intervención en la caja rural fue para “evitar que desapareciese”, siguiendo el consejo del Banco de España.

  CAJAS DE AHORROS

Un capítulo aparte merece la atención que han prestado los parlamentos autonómicos a las cajas de ahorros de sus respectivos territorios. Las vinculaciones entre estas entidades financieras y los políticos llevan mucho tiempo en el ojo del huracán. En 1988 el Parlamento canario empezó a investigar las cuentas corrientes que los miembros del Gobierno regional y los diputados tenían en las cajas de ahorro de las islas. Quería saber si algunos de ellos se habían beneficiado de créditos concedidos por estas entidades. La comisión se creó a solicitud del CDS, después de que IU lanzara las primeras acusaciones: el presidente canario, Lorenzo Olarte, había pedido un crédito de seis millones de euros a la Caja Insular de Ahorros de Canarias –de la que había sido presidente– para levantar una urbanización en Fuerteventura. En la misma comisión tuvo que comparecer otro presidente canario, el socialista Jerónimo Saavedra, para explicar la concesión de créditos por la misma entidad financiera.

En el Parlamento andaluz todos los grupos aprobaron el dictamen que denunció las múltiples irregularidades financieras y contables cometidas durante años en la Caja Rural de Jaén. Fue en 1983 cuando se destaparon los pufos que llevaron a la intervención de la entidad y los que se cometieron cuando ésta ya era inminente. Entre ellos, el trato de favor recibido por el teniente coronel Antonio Tejero. Ya había sido condenado por el intento de golpe del 23-F cuando pudo rescatar unos 20 millones de pesetas –120.000 euros– invertidos en valores de la Caja Rural de Jaén antes de su vencimiento. Esa cantidad le había sido entregada por la empresa editora del diario ultraderechista El AlcázarEl Alcázar. Cuando la entidad estaba a punto de ser intervenida, Tejero pudo así recuperar su inversión y los intereses, mientras que muchos otros clientes perdieron hasta un 25% de su dinero.

Además, el presidente de la entidad, Domingo Solís Ruiz, había utilizado fondos de una caja B para financiar un partido que había fundado, Acción Social Agraria, también para financiar a la UCD.

Pero es sin duda la crisis que llevó a la desaparición de las cajas de ahorro tras el estallido financiero de 2008 el asunto que más ha acaparado la atención de las cámaras autonómicas en los últimos años. Las de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja se han dedicado a intentar dirimir responsabilidades. Pero con éxito dispar.

En Castilla y León, la comisión que indagó por los motivos que llevaron a la desaparición de sus seis cajas de ahorro terminó el pasado enero sin conclusiones tras año y medio de trabajo. No salió adelante ninguna propuesta por el empate entre los 42 escaños del PP y los del conjunto de la oposición. Los populares pedía que eximiera de toda responsabilidad a la Junta de Castilla y León, además de culpar de lo ocurrido a la falta de vigilancia del Banco de España. Eso sí, los directivos de las cajas de Segovia, Ávila y Caja EspañaSegoviaÁvilaCaja España han afrontado en los juzgados sus correspondientes procesos.

En la Comunidad Valenciana, la cámara autonómica examinó el desvalijamiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con una comisión que se constituyó con el apoyo unánime de los grupos en octubre de 2011 y no concluyó sus trabajos hasta marzo de 2015. Indagó sobre los motivos por los que la cuarta caja de ahorros española terminó siendo intervenida por el Banco de España y desapareció con unas pérdidas de 1.731 millones de euros y una tasa de morosidad del 20%. Lo que no fue óbice para que sus directivos se embolsaran cuantiosas indemnizaciones, los mismos que habían concedido avales a proyectos inviables y habían permitido una sobreexposición de la entidad al ladrillo de 16.000 millones de euros.

En sus conclusiones, la comisión repartió culpas entre el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por falta de diligencia. Pero también señalaron a los directivos por sussueldos desorbitados y sus pensiones vitalicias, además de acusarles de manipular las cuentas y los balances. También reprocharon a la auditora KPMG por una actuación “complaciente”. Y no faltaron las menciones al trato de favor recibido por algunos empresarios.

La Audiencia Nacional sigue aún juzgando a algunos de los directivos responsables de la estrepitosa caída de la CAM, mientras el Tribunal Supremo acaba de absolver del delito de falsedad contable a su ex director general Roberto López Abad y de reducir las penas a otros dos ejecutivos.

En La Rioja, la comisión que investiga la integración de su caja en Bankia empezó a trabajar en septiembre de 2016. Fue suspendida en junio de 2017. Y aún hoy sigue sin cerrarse.

En Navarra, por el contrario, el dictamen se aprobó el pasado 22 de febrero y determinó que la Caja de Ahorros de Navarra (CAN) podría haber continuado en solitario, en lugar de desaparecer al quedar integrada primero en Banca Cívica, en 2010, y en 2012 en Caixabank. Contó con el voto a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, pero con el rechazo de UPN, PSN y PP. La comisión atribuyó el fin de la CAN al cambio de modelo de negocio que impulsó su último director general, Enrique Goñi, así como a una “dejación de funciones de control” por parte de los gobiernos forales de entonces. Además, destaca que la pérdida patrimonial que sufrió la caja navarra, del 80%, fue “muy superior a la sufrida por otras entidades del entorno”.

La quinta lista de los mayores morosos que publica la Agencia Tributaria no ha deparado grandes sorpresas respecto a años anteriores. Excepto quizá que ha aumentado el ritmo de reducción de la deuda: un 7,8% respecto a la anterior, referida a 2017. Si hasta entonces el volumen de lo reclamado había caído sólo un 1,9% desde que se publicó el primer listado, en diciembre de 2015 –apenas un 0,5% en 2017 respecto al año precedente–, en esta ocasión la deuda se ha reducido hasta los 14.100 millones de euros, desde los 15.600 millones de hace cuatro años. Es decir, del 9,6% total de recorte, casi cuatro quintas partes corresponden a 2018.

El número de los morosos se queda este año en 4.028, cuando en 2015 se elevaban a 4.855: una disminución del 17%.

Pero la cabeza de la clasificación no ha cambiado apenas en todos estos años. Los 17 mayores morosos, los que deben más de 50 millones, continúan teniendo los nombres de las grandes inmobiliarias fulminadas por la debacle del ladrillo. Todas ellas suman una deuda de 1.919,9 millones de euros, si a los impagos de las sociedades se les unen los atribuidos a sus principales accionistas. Así, Reyal Urbis continúa siendo el mayor moroso, con 353,23 millones de deuda. Aun voluminosa, es 8,2 millones menor que la del año anterior. Sin embargo si se suman las cantidades en el debe de Isolux Corsán e Isolux Corsán Concesiones, el montante del malogrado grupo de ingeniería supera a Reyal Urbis, con un total de 369,83 millones de euros.

Les siguen las empresas de uno de los protagonistas del hundimiento inmobiliario, Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés conocido como Sandokán. Grupo Inversor Arenal 2000, Arenal 2001, Arenal 2000 de Inversiones y Grupo de Empresas Rafael Gómez Sánchez acumulan, junto con el propio Sandokán como persona física, una deuda de 242,23 millones de euros. Vittone 1842 SL, una empresa de licores de Girona, debe al fisco 134,23 millones. Otro caído del ladrillo es el grupo malagueño Aifos, que a sus 98,64 millones añade 32 millones de Sun Farm, también propiedad del matrimonio formado por Jesús Ruiz Casado y Teresa Maldonado Taillefer, así como las deudas personales de ambos. En total, 129,89 millones de euros. De hecho Ruiz Casado y Maldonado Taillefer son las dos personas que más deben a Hacienda (más de 15,7 millones cada uno) después del número uno de la lista, el empresario Agapito García Sánchez, que mantiene ese puesto desde 2015.

Banreal Holding SL, una empresa de servicios financieros, repite un año más en el listado, con una deuda de 98,39 millones a la Agencia Tributaria. Tras ella, continúan los damnificados del ladrillo: Grupo Pra SA, con 97,94 millones de euros y el grupo de Francisco Hernando Contreras, El PoceroEl Pocero, que alcanza los 87,84 millones. Le pisa los talones la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), una polémica ONG dedicada a la venta de cupones sin autorización, según Hacienda, que la sancionó por ello en 2015. Debe 86,13 millones de euros.

En la clasificación aparece también Anca Corporate, una sociedad formada por el empresario hotelero Antonio Catalán y la familia Cosmen, propietaria de los autobuses Alsa. Su deuda con el fisco, 81,93 millones. A Promaga, constructora del empresario gaditano Manuel Gaviria, Hacienda le reclama 70,93 millones, mientras que a la inmobiliaria Natica Classic le apunta 60 millones de euros. Rematan la lista otros dos grandes del fiasco del ladrillo: Nozar, con 56,87 millones de euros, y Martinsa-Fadesa, con 50,33 millones.

Desaparece de la lista la sociedad del paraíso fiscal de Man

Por el contrario, han desaparecido dos de los mayores morosos de ediciones anteriores. Se trata en primer lugar de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, dueños de Portocarrio SL, Portocarrio Valores, Portocarrio Viviendas y Fomensa Hispania. Los Cort Lagos desbancaron el año pasado a Agapito Sánchez como las personas físicas con mayor deuda, cuando sumaban 27,8 y 28,06 millones de euros respectivamente. Salir de la lista no significa que se haya abonado toda la deuda, sólo que ésta ya no alcanza el millón de euros. La segunda es Oceanus Maritime Limited, una sociedad radicada en la isla de Man –un paraíso fiscal– y propietaria de un yate de lujo, que fue durante dos años la segunda empresa más endeudada de la lista. Llegó a deber 227,72 millones de euros.

Entre las personas físicas con mayor volumen de deuda, además de los ya citados destaca de nuevo el exbanquero Mario CondeMario Conde. Aún se le exige el pago de 12,37 millones de euros, por debajo de los 14,96 millones de 2017 pero muy por encima de los 9,93 millones de euros con que se estrenó en la lista.

Ruiz Mateos, clubes de fútbol y Rodrigo Rato

Nombres ya habituales entre los mayores morosos siguen siendo los de la familia Ruiz Mateos, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y el antiguo dueño de Viajes Marsans y expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. Las empresas de los hijos de Ruiz Mateos –Garvey, Dhul, Nueva Rumasa y otras– acumulan una deuda con el fisco de 21,87 millones de euros. Las de Arturo Fernández en torno al grupo Cantoblanco deben 19,36 millones. Y las empresas de Díaz Ferrán Air Comet y Spanair superan los 21 millones de deuda fiscal.

Otro sector bien representado entre los mayores morosos es el del deporte. Clubes de fútbol como el CF de Murcia –18,3 millones de euros–, el Mérida –4,8 millones–, el Hércules de Alicante –3,9 millones–, el Real Jaén –11,16 millones–, el Rácing de Santander –3,26 millones–, la Unión Deportiva de Salamanca –13,62 millones de euros–, acompañan a los de baloncesto como el Lleida –1,04 millones– y el Girona –10,12 millones– o el Estudiantes de Madrid –8,21 millones–. Entre las novedades deportivas de la lista cabe destacar al ex motorista Sito Pons, que debe a Hacienda 1,95 millones de euros. Lorenzo Sanz, expresidente del Real Madrid, continúa un año más en el listado de morosos, con 1,36 millones, al igual que el exjugador del FC Barcelona Gabriel Milito, a quien se le reclaman 1,84 millones de euros. Otro exbarcelonista, Dani Alves, por el contrario, ha salido de la lista.

Siguen sin pagar lo que deben a la Hacienda pública el exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo RatoRodrigo Rato –1,02 millones–, y Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, 1,13 millones. Lo mismo puede decirse de Francisco José Ortiz von Bismarck, a quien el fisco reclama 1,28 millones de euros, y  del juez Pascual Estevill –3,7 millones–, que fue condenado por corrupción. Además, entre los mayores morosos se encuentran dos organizaciones políticas: Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid –con poco más de un millón de euros– y Fundescan, una fundación ligada a la UGT canaria –1,05 millones–.

Desde Paz Vega hasta Okeysi

Entre los famosos del espectáculo se han estrenado en la lista la actriz Paz Vega, con casi 2,5 millones de euros, mientras que Patricia Conde se mantiene –debe 1,83 millones– y el cantante Miguel Bosé y el personaje televisivo Kiko Matamoros se caen del listado.

El empresario Javier Merino, exmarido de la actriz Mar Flores, que suma 3,4 millones de euros de deuda a través de tres empresas –Star Petroleum, Multipetróleos y Multipromotur– acompaña también a Luis Miguel Rodríguez, dueño de Desguaces La Torre, con 18,41 millones en el debe fiscal.

Antonio Navalón, periodista de El País y moroso desde 2015, continúa 2,01 millones. El articulista de La Razón César Vidal también se mantiene, con una deuda de 2,7 millones. Ya no aparece el grupo Intereconomía.

Entre las marcas del sector textil se han estrenado los dueños chinos de la cadena de tiendas Okeysi, que se unen así a Caramelo, Hakei y Blanco, en concurso de acreedores.

Seguridad Integral Canaria, una de las empresas del polémico Miguel Ángel Ramírez, ha aumentado su deuda con Hacienda hasta alcanzar el último año los 6,36 millones de euros.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado este miércoles un auto en el que desestima la petición de prisión provisional incondicional efectuada por la Fiscalía en relación a Álvaro, José María, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos, según informa Europa Press.

De esta manera, la Audiencia mantiene las medidas cautelares de comparecencias, retirada del pasaporte, así como la prohibición de salida de territorio nacional. Contra la resolución cabe recurso de súplica, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Hoy triunfan otras familias mediáticas, ladronas de... corazones ibéricos: Los Pujol Con siete –hijos imputados– basta, los González  El ático de la pradera y los Ruiz-Mateos, La gran familia y un delito más. Muy fan.

Cuántas veces habremos escuchado que las familias redujeron el impacto de la crisis. La red de apoyo, ayuda y sostén económico, tejida por abuelos pensionistas y padres al borde de la jubilación, ha amortiguado, en parte, el tortazo tras el reventón de la burbuja.

La familia, en su faceta de ente solidario, suele ocupar el hueco que el Estado deja vacante durante la tempestad. El auténtico rescate lo hacemos los unos por los otros a esta orilla de la playa.

Al tiempo, otras familias ♪unidas por los lazos del amor♪, han tejido redes de blanqueo, estafa, empresas pantalla...

Y así como aquellas familias setenteras con niños, hámster en jaula, flotador y abuela, recorrían España a bordo de un seiscientos para mojarse el culo en la playa, otras familias ibéricas emprendieron sus excursiones hacia el delito y los paraísos fiscales, canturreando:

♪ “En el auto de papá, nos iremos a blanquear” ♪

Repasemos este entrañable álbum familiar:

La gran familia y un delito más

Los Ruiz-Mateos guardan un asombroso parecido entre sí: altos, ojos claros, cabello ensortijado y afición al levantamiento de pasta.

Digo “los” porque “las”, siete hermanas, solo fueron acusadas como partícipes a título lucrativo en el festival familiar, modalidad típica y tópica de la mujer española en los recientes casos de corrupción.

Además del desaparecido patriarca, son los miembros de la sección testosterónica de la familia quienes comparten delitos como compartirían habitación de peques.

La Fiscalía pide 16 años de prisión para cada uno de ellos por estafa agravada, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la hacienda pública en Nueva Rumasa. ¡Qué ricos!

El juez les ha impuesto una fianza de 496 millones de euros: “deberán hacer frente a ella de forma conjunta y solidaria” dice el auto. Como cuando tu madre decía: “¡repartíos las patatas fritas sin peleas ni gritos, o le llevo las patatas a la vecina y no las probáis!”.

Con siete (hijos imputados) basta

Los Pujol. Aquí no hay distinción de género, en esta honorable familia están imputados miembros y miembras, paridad totalmiembras. Aunque el primogénito, Jordi Jr., es el crack del clan.

El mayor siempre ha abierto camino en la familia española. El primero en incumplir normas: llegar a casa más tarde de lo permitido y afrontar las primeras broncas. Para los que van detrás, las batallas ganadas por el “tate” allanan el terreno.

Pobre Jordi Junior, le ha dicho al juez De la Mata –citado para explicar cómo pudo esconder 30 millones durante la investigación, acabó en prisión, acusado de seis delitos– que tiene problemas para vivir. Al embargarle las cuentas, la criatura no tiene “ni cinc”, diría su mare.

¡Y cómo no acordarse de Marta Ferrusola, la madre que parió a los pujoles, en el día posterior al día de las mamás! Según el juez, Marta era la encargada de gestionar la fortuna oculta en el Principado.

Pues claro, las madres siempre han hecho virguerías con la economía familiar con sus cartillitas... Ahora hemos sabido que la Mamma fue también la primera en abrirse una cuenta en Andorra con los veinticinco millones de pesetillas que heredó de su padre sastre, Josep.

Una pionera, una moderna, se llevó la pasta a Andorra –ciudad de vacaciones para los Pujol– en 1990, cuando los Loco Mía triunfaban abanicándose. Pero los honorables sí que supieron menear los billetes con gracia y estilo, ¡cómo les han cundido las deixas de ambos yayos!

El ático de la pradera

Los González-Cavero, expresidente madrileño y familia.

Dos hermanos en prisión preventiva, Ignacio y Pablo; una esposa, Lourdes, imputada en la operación Lezo; un cuñado, José Juan, esposo de Isabel, diputada de la Asamblea de Madrid, investigado y abocado a pagar una fianza de 100.000 euros para no entrar en prisión; un padre anciano, en arresto domiciliario, imputado en la misma operación y presuntamente utilizado para blanquear en la trama.

Ignacio acaba de recurrir el auto judicial y solicita abandonar la cárcel, porque no piensa fugarse.

Lo argumenta Nacho basándose en: la situación económica, bienes embargados; la familiar, padre mayor e hija que celebrará su boda en septiembre; y la patriótica, dice Nacho que tiene gran arraigo en este país. Al leer esto último casi se me sale el café por la nariz.

Hasta aquí algunos cuadros familiares ibéricos para colgar en nuestro Museo. No hay nada más lindo que la familia unida. Como en España, en ningún sitio.

Ah, una última duda: ¿Cuándo se convocan esas manifestaciones en favor de la familia, se hace pensando en aquellas que se ayudan para no caer, con padres y madres currantes y luchadores que dicen a gritos: “ni crisis, ni crisas” o... en estos otros clanes blanqueadores a la par que patrióticos?

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este viernes la apertura de juicio oral por la estafa de Nueva Rumasa contra 15 personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos, para los que impone una fianza de algo más de 496 millones de euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a los 15 acusados delito continuado de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública contra Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos y el empresario Ángel de Cabo, además de otras ocho personas, todos ellos responsables del Grupo Nueva Rumasa. Además, señala a 57 empresas como responsables civiles subsidiarias y a nueve personas en calidad de partícipes a título lucrativo, entre ellas siete hijas y un hermano del empresario fallecido en septiembre de 2015,

La Fiscalía Anticorrupción reclama 16 años de prisión para cada uno de los seis hijos de Ruiz-Mateos imputados en el caso por idear, según su escrito de acusación, un sistema de financiación del Grupo de naturaleza piramidal entre 2009 y 2011 consistente en captar fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con altos intereses, cuya devolución se garantizaba mediante pagarés y otros efectos emitidos y avalados por

sociedades del Grupo.

Deudas de 577 millones de euros

En el auto de apertura de juicio oral, De la Mata describe todas las prácticas irregulares presuntamente ideadas por los acusados: la forma en que simulaban movimientos de efectivo, que en realidad eran traspasos entre cuentas del Grupo; cómo realizaban " operaciones fuelle" con sociedades pantalla para generar créditos ficticios como forma de obtener liquidez a corto plazo; cómo usaban testaferros en sociedades formalmente ajenas, unas prácticas que agravaron la situación económica de las empresas del Grupo, cuyas deudas acumuladas en 2009 alcanzaban los 577 millones de euros.

El escrito del magistrado no concreta el número de sociedades del Grupo porque éste no puede "fijarse con seguridad", ya que, aunque su publicidad alude a 107 empresas, algunos documentos internos recogen listados de hasta 164 españolas y 48 extranjeras e informes de administradores concursales relacionan 171 empresas. Además, el análisis conjunto de la documentación mercantil, societaria y bancaria disponible permite al juez conectar directa o indirectamente los hechos investigados con 445 sociedades, 56 de ellas extranjeras.

Según el juez, ante esta situación de insolvencia y la imposibilidad de recurrir a mayor financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa urdieron una trama consistente en la captación de inversores. Así, entre 2009 y 2011 los fondos captados a los inversores, que constituyeron la única financiación del Grupo, "no se destinaban ni a los que se publicitaba ni a la propia sociedad emisora, sino que servían para atender deudas de otras sociedades del grupo o para adquirir otras sociedades de renombre para seguir consolidando el engaño de la garantía generalizada", explica el auto.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 relata también en el auto –contra el que cabe recurso en un plazo de 30 días– la operativa de ocultación del patrimonio que los acusados desarrollaron a partir de 2011 ante las obligaciones de pago que tenían que afrontar, así como las declaraciones de concurso voluntario de las principales empresas del Grupo, según ha informado Europa Press.

Denunciaron 1.409 perjudicados

Un total de 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa presentaron denuncia por esta estafa y reclaman 171 millones de euros, de modo que, a la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en algo más de 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales, seis hijos de José María Ruiz Mateos. El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias y nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.

En lo que respecta al delito de estafa, De la Mata indica en su auto que los investigados actuaron con manifiesto ánimo de lucro y, como únicos beneficiarios, utilizaron engaño para producir error a los inversores, induciéndoles a invertir sus ahorros mediante préstamos que eran documentados en reconocimientos de deuda de distintas empresas del Grupo Rumasa pese a su manifiesta insolvencia.

En este caso el engaño se produjo, explica, al realizarse la transmisión patrimonial bajo el engaño de una aparente solvencia, unos intereses remuneratorios altos, una campaña publicitaria "manifiestamente engañosa" y un compromiso de invertir los capitales obtenidos en la consolidación y ampliación del Grupo.

"Obvio es significar que, de haber conocido las circunstancias económicas reales de las empresas y los verdaderos propósitos de los imputados, los inversores no hubieran realizado las operaciones de préstamo, ya que desde el primer momento no pensaban devolver el dinero", detalla.

Salvaguardar su patrimonio

Sobre el delito de alzamiento de bienes, el juez afirma que los imputados idearon y pusieron en práctica diversas estrategias para salvaguardar su patrimonio a la vista del cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas irregulares ya mencionadas.

En cuanto al delito de blanqueo de capitales, De la Mata destaca que "toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de ocultar los capitales captados desde el mismo momento de su obtención, con la finalidad de hacerlos desaparecer para aprovecharse de los mismos" mediante la creación de una trama de sociedades mercantiles extranjeras, ubicadas en paraísos fiscales o países de baja

tributación, el uso de testaferros o el desarrollo de una serie de prácticas financieras "por completo irregulares, sin más finalidad que la creación de capas de opacidad".

El delito contra la Hacienda pública, el magistrado sólo lo atribuye a José Ramón Romero López, sobre el que explica que durante el tiempo que estuvo al frente de la oficina del Grupo Nueva Rumasa en Jerez de la Frontera obtuvo ingresos que no declaró.

Los restos mortales del empresario José María Ruiz-Mateos han sido exhumados en la mañana de este viernes para la realización de una prueba de paternidad respecto a Adela María Montes de Oca, quien afirma ser su hija, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 y Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón.

Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, los restos del empresario han sido trasladados desde el columbario de la Iglesia de Nuestra Señora de la O hasta el cementerio municipal de Rota, donde los forenses realizarán la recogida muestras necesarias para la realización de la prueba.

Cabe recordar que un auto fechado el pasado 1 de marzo detallaba que esta autorización se realiza a "los meros efectos de extraer las muestras biológicas necesarias a fin de remitirlas al Instituto Nacional de Toxicología para cotejar el ADN obtenido" de la demandante.

Ruiz-Mateos murió el 7 de septiembre de 2015 a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz). Una noche antes había ingresado en la cárcel de Soto del Real.

Por su parte, la representación legal de Adela María Montes de Oca presentó el 13 de octubre de 2016 un escrito en el que solicitaba nuevamente la exhumación del cadáver, con el fin de obtener muestras biológicas del mismo y practicar la oportuna prueba biológica de paternidad, mediante cotejo de ADN. Tras ello, el Ministerio Fiscal presentó un escrito adhiriéndose a la solicitud, y la parte demandada oponiéndose a la misma.

La prueba pericial biológica de ADN propuesta ya fue declarada pertinente en un auto dictado por este juzgado el 21 de octubre de 2014, que en vida del demandado, acordó librar oficio al Instituto Nacional de Toxicología para que señalara día y hora.

Ruiz-Mateos fue citado el 12 de enero de 2015, pero no compareció. También se le citó el 23 de marzo, sin aparecer. Tras ello, se acordó librar oficio al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para anular el informe elaborado dada la incomparecencia del demandado, y se citó a las partes para la celebración de la vista, prevista para el día 12 de noviembre de 2015. El empresario falleció el 7 de septiembre.

Anticorrupción ha solicitado la entrada en prisión de 6 hijos del fallecido José María Ruiz-Mateos durante 16 años por el caso Nueva Rumasa.

Según ha informado el diario El Español, la fiscalía ha entregado el escrito de acusación después de que el juez de la Audiencia Nacional José de las Mata cerrase la instrucción del caso. Así, el Ministerio Público acusa los hermanos Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco Javier y Alfonso de delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, así como los miembros de la familia Zoilo Pazos y Alfonso Barón.

Los hechos se remontan desde el año 2009 al 2011 durante los cuales los hermanos, junto al padre –que falleció en septiembre de 2015– idearon un sistema de financiación para el Grupo Nueva Rumasa que consistía en la captación de fondos del público bajo la forma de préstamos retribuidos con alto intereses. Dichas inversiones se publicitaron en los medios de comunicación, ocultando siempre a los inversores la verdadera situación económica de todo el grupo empresarial, incapaz a esas alturas de hacer frente al cumplimiento regular de sus obligaciones.

La mayor parte de los fondos fueron dirigidos a una caja única en una sucursal del banco Etcheverría en Madrid de la que los acusados disponían en función de las necesidad de la empresa, incluidos los gastos personales de la familia.

Así, según el diario que dirige Pedro J. Ramírez, se estima que mediante 13 emisiones los acusados estafaron más de 337 millones de euros a más de 4.100 personas, de los que dejaron sin devolver 289 millones. También se desconoce el destino de, al menos, 82 millones de euros que los hermanos Ruiz-Mateos retiraron en efectivos de las cuentas bancarias.

La acusación también se dirige a ellos, el liquidador Ángel de Cabo y sus colaboradores, por un delito de alzamiento de bienes por la venta de las sociedades del Grupo Nueva Rumasa al entorno de los hermanos Ruiz-Mateos.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la investigación sobre el presunto fraude en la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa y ha dictado este lunes un auto de transformación a procedimiento abreviado en el que procesa a quince personas, entre ellas seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos (Zoilo, Pablo, Álvaro, Francisco Javier, José María y Alfonso) , Ángel de Cabo y otras ocho por delitos continuado de estafa cualificada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública.

Según ha informado Europa Press, en el mismo auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 suspende el procedimiento judicial de seis personas, entre ellas la esposa de Ruiz Mateos, Teresa Rivero Sánchez, y da traslado del más de medio centenar de acusaciones personadas en este procedimiento para que formulen escrito de acusación, sobreseimiento o la práctica de diligencias con carácter excepcional.

De la Mata explica en su resolución que, ante las circunstancias de práctica insolvencia que presentaban las empresas del Grupo Nueva Rumasa, sus responsables decidieron captar fondos con los que poder revertir esa situación y también aplicarlos en su propio beneficio, apelando para ello al ahorro del público mediante agresivas campañas en los medios de comunicación, en las que ofrecían a sus clientes invertir en sus sociedades productivas más conocidas.

Para ello ofrecían retribuir esas inversiones con elevados intereses, y mostraron una imagen de solvencia y bonanza empresarial del Grupo Nueva Rumasa, que en ese momento carecía de sustento real.

Préstamos por pagarés

El mecanismo ideado por los hermanos Ruiz-Mateos Rivero, su padre y Manuel Sánchez Marín consistió en la obtención de préstamos de los inversores cuya devolución junto con el abono de los intereses se garantizaría mediante la entrega de "pagarés de empresa" o "pagarés corporativos" no a la orden, emitidos y generalmente avalados por sociedades del Grupo Nueva Rumasa, aprovechando la confianza que los consumidores venían depositando en los productos comercializados por sus empresas con mayor presencia en el mercado bajo marcas conocidas que se incluían estratégicamente en la publicidad.

Para obviar el control que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pudiera ejercer sobre ese mecanismo de financiación, los investigados establecieron como condición que la inversión mínima fuera de 50.000 euros, según detalla el auto.

El número total de inversores, según sus propios responsables fue, al menos, de 4.110 personas. De acuerdo con información proporcionada por tales responsables, el importe total de los fondos captados de esos inversores fue de 337.377.450,60 euros.

El análisis de las cuentas bancarias por parte del auxilio judicial, dice el juez, ha permitido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre febrero de 2009 y febrero de 2011.

El importe de los intereses con que debían retribuirse tales fondos era de 47.975.828,64 euros. Por tanto, para hacer frente a esos compromisos de pago se emitieron pagarés por parte de 13 sociedades del Grupo Nueva Rumasa por un importe total de 385.353.279,24 euros, de los que solo llegaron a abonarse (por parte de 5 de esas sociedades) 96.239.433,24 euros quedando sin pagar 289.113.846,01 euros, señala la resolución judicial.

Los fondos captados a los inversores se destinaban casi en su totalidad a una caja común desde las que se redistribuía al resto de sociedades del Grupo Nueva Rumasa, en cuya estructura empresarial se encontraba también un sector internacional, integrado por un centenar de sociedades extranjeras con domicilio en varios países de nula o baja tributación, con el objetivo fundamental de obtener la mayor opacidad para proteger las propiedades inmobiliarias y las marcas comerciales más relevantes del Grupo.

Casi 90 sociedades implicadas

En el mismo auto, el juez procede también contra 89 sociedades como responsables civiles y otras 2 como partícipes a título lucrativo, en cuanto que participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, según el magistrado, puesta al servicio del Grupo, que funcionaba como una sola empresa a efectos financieros y de responsabilidad empresarial.

La pertenencia de sociedades mercantiles a otras sociedades extranjeras, unido al empleo de testaferros y despachos fiduciarios, argumenta De la Mata, "no tenía más finalidad que dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad, estando bien claro en todo momento que el mismo pertenece en última instancia a la familia Ruiz Mateos".

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cinco meses de arresto mayor y multas millonarias impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Ivancos Muñiz, exabogado del ya fallecido José María Ruiz-Mateos, por un delito contra la Hacienda Pública derivado de tres operaciones inmobiliarias que se realizaron hace 23 años, entre 1993 y 1994.

Según ha informado Europa Press, el fraude a Hacienda superó los 8 millones de euros que deben devolver de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, tanto el letrado como otros cinco directivos de las firmas de Ruiz-Mateos implicados en el fraude fiscal.

La misma pena de cinco meses de arresto más multa se mantiene para el exdirectivo Miguel Ángel Pérez Porra. El alto tribunal rebaja sin embargo la condena inicial de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a José Antonio Hurtado (15 meses de arresto por tres delitos), Antonio Carralón (10 meses de arresto por dos delitos) Teresa Garate y José Patón, y acuerda la absolución de Adolfo de Martitegui, que había sido condenado inicialmente, al considerar que el procedimiento judicial se dirigió contra él cuando el delito fiscal ya había prescrito.

El Supremo justifica la rebaja que beneficia a cuatro de los exdirectivos con que, aunque la pena prevista para el delito fiscal era de prisión menor, al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, hay que bajar la pena a un grado inferior que según el Código Penal de 1973 (más favorable que el vigente para los acusados), es la de arresto mayor.

Hechos probados

Los hechos considerados probados por la sentencia recurrida detallan la participación de algunos de los exdirectivos en la venta por parte de la Sociedad Estacionamientos Urbanos, S.A. a Aparcamientos y Construcciones de las concesiones administrativas en los aparcamientos subterráneos de la calle Montalbán, de la plaza de España y de la calle Felipe II de Madrid por un precio de 29.449.593 millones de euros.

Los administradores y apoderados de la sociedad, "guiados del común propósito de procurarse un ahorro fiscal ilícito", dejaron de ingresar en perjuicio de la Hacienda Pública 7.669.517 euros en la declaración del Impuesto de Sociedades del ejercicio 1993.

Aunque la toma de decisiones y ejecución de los actos llevados a cabo para defraudar a Hacienda la llevaron tres de los acusados (José Patón, Antonio Carralón y José Antonio Hurtado) estaban "todos ellos concertados entre sí y bajo la dirección de facto del fallecido José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada y el acusado Adolfo de Martitegui Cáceres para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de la entidad consignando los datos mendaces en cuya elaboración todos ellos habían participado".

Un año más tarde, en 1994, la sociedad Colio vendió a Gestiones y Desarrollos Patrimoniales por 2.884.858 euros unos inmuebles que había adquirido previamente de Filmayer Vídeo y Uninter Leasing por 1.047.379 euros. Los administradores de la sociedad puestos de común acuerdo y con el propósito de obtener un ahorro fiscal ilícito no ingresaron a Hacienda la cantidad de 643.117 euros del Impuesto de Sociedades de 1994.

La última operación refleja que Inmobiliaria Torremuelle suscribió una ampliación de capital de Dodona, mediante la aportación de 66 fincas; operación por la que dejó de ingresar a Hacienda 266.342 euros. Un mes más tarde, Dodona no declaró 138.311 euros correspondientes a la venta de las fincas de Inmobiliaria Torremuelle a otras sociedades por 1.803.036 euros

Reyal Urbis encabeza la lista por la cuantía de su deuda con la Hacienda Pública, con 378,2 millones de euros. Le siguen Nozar, a la que el fisco reclama 203,16 millones, y GrupoPrasa, con una mora de 101,8 millones. No obstante, si se suman las cantidades que no han pagado al fisco la inmobiliaria malagueña Aifos, en concurso de acreedores desde 2009, su dueño, Jesús Ruiz Casado, su esposa, Teresa Maldonado Taillefer, y la firma Sun Farm, también de su propiedad, la cifra alcanza los 146,76 millones de euros. Ruiz Casado fue condenado en el caso Malaya a un año y 10 meses de de prisión. Aifos pagaba al Ayuntamiento de Marbella, a través del asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, para conseguir la aprobación de convenios urbanísticos. Actualmente está en liquidación, con un pasivo de 1.000 millones de euros.

Más aún debe a la Agencia Tributaria Rafael Gómez Sánchez, constructor cordobés conocido como Sandokán. Entre las distintas sociedades que posee –Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001, Rafael Gómez Sánchez SA…– suma 189,36 millones que le reclama Hacienda.

Otro emblema de la burbuja inmobiliaria, Francisco Hernando, El Pocero,El Pocero adeuda 86,1 millones al fisco a través de su empresa Obras Nuevas de Edificación 2000. Fue el constructor que dejó el municipio toledano de Seseña convertido en el mayor símbolo de la crisis del ladrillo.

Le acompaña Martinsa-Fadesa, liquidada en marzo y excluida de la Bolsa el pasado octubre, que protagonizó en 2008 el mayor concurso de acreedores de la historia de España hasta el momento. Debe a Hacienda 65,4 millones de euros. También pertenecen al sector la inmobiliaria de Barcelona Petro-Nova Oil SA, que adeuda 82,8 millones y también se encuentra en concurso de acreedores; y la promotora de Cádiz Promaga, con un impago fiscal de 71,6 millones. O Riofisa, que debe casi 32 millones de euros. Pertenece a Colonial y presentó preconcurso de acreedores el pasado mes de enero con un pasivo de 400 millones de euros. Fue uno de los más sonoros pinchazos de la burbuja: adquirida por 2.000 millones de euros en 2007, tres años después valía sólo 252 millones. El tsunami del ladrillo también alcanzó a inversores ocasionales que quisieron aprovechar el boom. Para comprar terrenos en Oviedo constituyó el hotelero Antonio Catalán (AC Hoteles) y la familia Cosmen, los dueños de Alsa, la sociedad Anca Corporate, que ahora debe 59,1 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Concesionarias de autopistas, clubs de fútbol y baloncesto

La lista incluye además numerosos ángeles caídos de la crisis. Por ejemplo, los concesionarios de las autopistas radiales de Madrid. Accesos de Madrid Concesionaria Española SA, que gestiona la R3 y R5, debe 38,5 millones. Autopista Concesionaria Madrid Sur, 1,72 millones. O los propietarios del fallido Aeropuerto de Ciudad Real. La empresa del mismo nombre adeuda siete millones al fisco, CR Aeropuertos SL otros 3,8 millones y los hermanos Antonio e Ignacio Barco Fernández, sus accionistas, 9,8 millones más.

Los clubs deportivos merecen un capítulo especial. Entre los de fútbol figuran el de Cartagena (tres millones), Alicante (1,9 millones), el Recreativo de Huelva (11,12 millones), Real Murcia (10,66 milones), el Rácing de Santander (8,99 millones), el Compostela (tres millones), el CD Ourense (1,05 millones), la Unión Deportiva Salamanca (13 millones), la Uniò Deportiva Lleida y el Xerez Club Deportivo (10,27 millones). Entre los de baloncesto destacan el Joventut de Badalona (3,64 millones), el Estudiantes (1,8 millones), Lucentum Baloncesto Alicante (2,7 millones), Menorca Básquet (1,67 millones), el Club Básquet Girona (10,12 millones) y el Club de Baloncesto Valladolid (3,2 millones de euros).

El expresidente de la CEOE, Ruiz Mateos, Mario Conde

Empresas que han terminado en los juzgados por estafa como Afinsa (5,1 millones) y Fórum Filatélico (1,9 millones), o Isofotón (3,5 millones) son otra constante en la lista de morosos. Esta empresa malagueña del sector fotovoltaico entró en concurso, despidió a sus 700 trabajadores y es investigada por desviar 38 millones de euros en subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía. Repite a lo largo de la lista también el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. A Air Comet Hacienda le reclama 13,9 millones de euros; a Spanair, 7,2 millones y a Viajes Marsans 23,8 millones. Un total de 45 millones de euros repartidos entre tres de sus empresas. Díaz Ferrán se encuentra recluido en la cárcel madrileña de Soto del Real desde 2013. El expresidente de la patronal ha sido condenado a cinco años y medio por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, integración en grupo criminal y blanqueo de capitales. También a otros dos años y dos meses de prisión por fraude fiscal en la compra de Aerolíneas Argentinas. Y aún le queda un juicio pendiente, por apropiarse de 4,4 millones de euros de los clientes de Viajes Marsans.

Otro líder empresarial, Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña CEIM, suma una deuda con Hacienda distribuida entre sus diferentes empresas de 20,57 millones de euros.

Aparecen entre los morosos igualmente un empresario habitual de los juzgados, José María Ruiz Mateos, y un financiero ya condenado como Mario Conde. El Grupo Dhul, una de las adquisiciones de su renacida Nueva Rumasa, adeuda 2,23 millones de euros a Hacienda, Inversiones Ruiz Mateos SA debe 1,3 millones y José María Ruiz Mateos SA 1,95 millones más. Por su parte, el expresidente de Banesto debe pagar al fisco casi 10 millones de euros. También remite a la década de los 90 Grand Tibidabo, la empresa de Javier de la Rosa y antigua propietaria de Port Aventura, que tiene una deuda de 9,5 millones de euros con la Agencia Tributaria. Lo mismo que el juez Luis Pascual Estevill, condenado en 1996 por prevaricación continuada y que entró en prisión en 2006 para cumplir una pena de nueve años por extorsionar a empresarios. Hacienda le reclama 5,42 millones de euros.

Mucho más reciente es el caso de Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. Será juzgado en octubre de 2016 por un delito contra la Hacienda Pública. Sus sociedades Asedes Capital y Asedes Infraestructuras deben 11,8 y 9,67 millones respectivamente. La constructora Lodares 98 tiene una deuda fiscal de 10,76 millones de euros. Su dueño, Venerando Lamelas, fue imputado en 2010 por descapitalizar la Agrupación Mútua en beneficio de su empresa.

Grandes familias, empresarios, modistos

No faltan tampoco las grandes familias. Los Sanahuja, que llegaron a poseer el 80% de la inmobiliaria Metrovacesa, acumulan una deuda de 39,56 millones de euros a través de sus sociedades Sanahuja Escofet Inmobiliaria y Sacresa Terrenos. Los Serratosa Caturla, en concreto cinco hermanos herederos de parte de la fortuna de Valenciana de Cementos, deben 19,1 millones de euros. Finalmente, Hacienda ha pillado a los hermanos Carlota, Carlos y Javier Areces Galán por una deuda conjunta de 3,1 millones. Son los accionistas de El Corte Inglés que se han enfrentado a su presidente, Dimas González, por la entrada en el consejo de administración del inversor catarí Hamad Bin Yasim Al Thani.

Comercializadora Mediterránea de Viviendas es la gestora del famoso complejo Marina D'Or de Oropesa (Castellón). El fisco le requiere el pago de 46,37 millones de euros. También ha sido carne de titulares de prensa Pescanova, la empresa gallega líder mundial en congelados que, tras superar una larga y complicada crisis, debe abonar a Hacienda 4,32 millones de euros. No tantos impuestos le exige el fisco al conservero gallego Bernardo Alfageme, 1,5 millones de euros. A Freiremar, otro grande del sector en horas muy bajas, le reclama 5,7 millones.

Empresas en crisis como Hullera Vasco Leonesa y Fotoprix deben dos y 6,5 millones de euros respectivamente. Las tiendas de decoración Pórtico, en fase de liquidación, 4,3 millones. La firma de seguridad Esabe, 8,1 millones más. En el sector textil cabe destacar dos nombres: el fabricante de ropa vaquera Lois, el valenciano Sáez Merino, que adeuda 3,5 millones de euros; y los diseñadores sevillanos Victorio & Lucchino, morosos por un total de 2,65 millones.

Deportistas, abogados y periodistas

A título individual han saltado los nombres de deportistas como el motociclista Dani Pedrosa, con una deuda considerable de 7,85 millones de euros, o el exfutbolista argentino del Barça y del Zaragoza Gabriel Milito, al que el fisco reclama 1,83 millones.

Otro habitual de las portadas, el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, debe 3,6 millones de euros. A Javier Merino, marido de la modelo Mar Flores, Hacienda le reclama tres millones de euros por su sociedad Multipetróleos, otros 2,5 millones por Star Petrolium y 1,15 millones más por Multipromotur. También está en la lista de morosos el ventrílocuo y empresario del espectáculo José Luis Moreno, que debe un total de 3,4 millones de euros a través de Kulteperalia y Alba Adriática.

Jacques Jacobo Hachuel Moreno es millonario, dice que conoció al Che Guevara, se trató con Fidel Castro, fue socio de Marc Rich, conoció a Andy Warhol… Y no ha pagado a la Hacienda pública española impuestos por importe de 2,7 millones de euros, según consta en la lista de morosos.

También figura el ahora columnista de El País Antonio Navalón Sánchez, que debe al fisco dos millones de euros. Delegado del grupo Prisa en México, fue durante los años 90 asesor de Felipe González, además de trabajar para Mario Conde y José María Ruiz Mateos. En el otro extremo del arco ideológico, el escritor César Vidal, comparte con Navalón, sin embargo, sus impagos a Hacienda. Al historiador, columnista del periódico La Razón, el fisco le pide 2,5 millones de euros.

Periódicos, productoras de TV y de cine

El capítulo de medios de comunicación morosos tampoco es pequeño. Incluye a Prensa Catalana SA Empresa Periodística, la editora del periódico AvuiAvui, que debe 14,68 millones. La editora de La GacetaLa Gaceta debería pagar 1,3 millones de euros y el grupo Intereconomía, 10,2 millones más. El grupo catalán MC Ediciones, que publica revistas como FHM, Casa y Jardín, Integral o Más Allá, ha entrado en la lista de morosos por 1,19 millones de euros. Mediapubli Sociedad de Publicaciones y Ediciones, propiedad de Jaume Roures y que fue la editora del periódico Público, adeuda 1,62 millones. Promociones Periodísticas Leonesas, que publica La Crónica de León La Crónica de Leóny pertenecía al difunto José Martínez Núñez, debe 1,05 millones de euros.

También destaca el caso de Prensa Universal SL, editora de Diario de Alcalá y que fue denunciada por UPyD por un supuesto alzamiento de bienes para no pagar sus deudas con Hacienda. Debe 1,1 millones de euros. La Editorial Católica, que en su día pubicaba el histórico diario Ya y quebró en 1994, debe 4,6 millones de euros al fisco.

Productoras de televisión como Secuoya y Vértice 360º tienen una deuda fiscal de 2,3 millones y 10,18 millones de euros, respectivamente. El cine tampoco escapa de la mano de Cristóbal Montoro. Iberoamericana Films Producción, propiedad de Andrés Vicente Gómez, ha escatimado 1,4 millones de euros a Hacienda. Ivex Films, del actual presidente de Filmax, Julio Fernández, debe 1,6 millones. A una productora histórica, Laurenfilms, el fisco le exige el pago de 8,16 millones de euros. Los cines Ábaco, investigados por el fraude en las taquillas, adeudan 1,13 millones.

Mancomunidades, hospitales y organizaciones benéficas

Las instituciones también tienen problemas con la Agencia Tributaria. Por ejemplo, las mancomunidades de municipios del Campo de Gibraltar, que debe 1,11 millones de euros, y del Bajo Guadalquivir, que adeuda 1,09 millones más. También la Universidad de Granada figura en la lista por no haber pagado una cantidad considerable: 5,87 millones. Al igual que Fundescan, una fundación creada por el sindicato UGT en Canarias que imparte cursos de formación. Adeuda al fisco 1,05 millones.

Al menos dos hospitales privados han eludido sus obligaciones fiscales superando el millón de euros de deuda, el límite que da acceso a la lista de Montoro. Se trata de la Fundación Privada Hospital San Jaume de Mataró (Barcelona), con una deuda de 1,85 millones, y el Hospital General de Cataluña, propiedad del grupo IDC Salud. Debe 4,5 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Finalmente, la lista incluye a dos organizaciones benéficas. La Asociación Recreativa Benéfica Apadrinar Niños del Tercer Mundo, a la que el fisco reclama 1,04 millones de euros, y la Organización Impulsora de Discapacitados, con 86,1 millones, una de las deudas más abultadas. Se trata de una organización bajo sospecha que sortea una lotería ilegal aprovechando los números premiados de la ONCE.

El empresario Jose María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada falleció esta mañana a los 84 años de edad en un hospital del Puerto de Santa María (Cádiz), según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la familia.

El fundador de Nueva Rumasa estaba ingresado en el centro hospitalario gaditano desde mediados de agosto cuando sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó con una neumonía. 

Ruiz Mateos será enterrado mañana en Rota (Cádiz), su localidad natal, donde nació en 1931.

Durante los últimos años, el patriarca de la familia Ruiz-Mateos ha visto deteriorada su salud. De hecho, el pasado 18 de junio ingresaba en el hospital madrileño Gregorio Marañón de Madrid por un empeoramiento de su salud tras pasar su primera noche en la cárcel Soto del Real por una orden judicial.

Ocho días despues, el 26 de junio, el empresario jerezano fue puesto en libertad por resolución del juez ante el deterioro de su estado y los síntomas de Parkinson acreditados por un informe médico, según indicaba su abogado Marcos García-Montes.

La excarcelación se produjo en respuesta a una petición del equipo jurídico del abogado, que había recurrido el decreto de prisión y solicitado la suspensión de la pena ante la "enfermedad muy grave con padecimientos incurables" de su defendido. Según varios informes, presentaba un deterioro de su habilidad cognitiva y funcional.

Con la palabra malandrín pasa igual; no crean que viene de malo, no. Eso ya sería delatar o expresar demasiado. Procede de la voz clásica melan/negro, es decir, malandrín, de corazón negro o enfermo. Esto último hasta parece refinado. No cuesta nada quedar bien, ¡cáspita! Esta última expresión sí que es altisonante. ¡Cáspita!, ¿de dónde habrá salido? Rebuscada como ella sola, como ninguna otra. Originaria del antiguo italiano, tan expresivos ellos, con aquello de “al conspetto di dio” (a los ojos de Dios), juramento usado entre piadosos y nobles, después largamente generalizado. Ahora, en una sociedad laica, cotiza poco o nada.

Igual que grumete. Esta subsiste en sociedades alejadas, de paso lento, como Chile, donde aún podemos encontrar la Escuela Nacional de Grumetes. Aquí, a lo sumo, pervive como nombre de escuelas infantiles o guarderías. Groom, en antiguo inglés, era el apelativo para los pajes, para los servidores jóvenes. De ahí pasó a utilizarse para el aprendiz de marinero. Sin embargo, entre nosotros no resistió la ola de modernidad de los años 60-70. Así, en vez de llamar “Grumete a babor” a la réplica de aquella ingenua película de los años 50 “Recluta con niño”, se nos sorprendió con el título de “Cateto a babor”, protagonizada por el gran Alfredo Landa y Laly Soldevila. Era el tiempo de lo que se llamaba “españoladas”. Nuestro Alfredo Landa o José Luis López Vázquez eran sus adalides. No podían compaginar la apertura de costumbres y de situaciones (después vendría el destape) con palabrejas supuestamente desteñidas o viejas, ¡pardiez!... ¿Pardiez? Ahora sí que no sabemos si uno está cabreado o está jugando: ¡pardiez! Parece ser que, en tiempos de la Inquisición, para evitar problemas de usar el nombre de Dios en vano, salían con la expresión ambigua e inocua “¡pardiez!” en momentos de sorpresa o juramento... Pero ya se fueron estas palabras.

Las lenguas son hijas de su tiempo, de nuestro tiempo. Sí. No levantemos lloros ni plegarias por ellas, pues vendrán otras sin parar. Las palabras nacen, viven, y muchas, ¡pardiez!, desaparecen (o, si prefieren, ¡cáspita!).

Jesús Moncho es socio de infoLibre 

El empresario José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada ingresó este miércoles en la prisión madrileña de Soto del Real, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la situación del empresario jerezano.

El pasado 28 de abril, el juez de Penal número 1 de Valladolid le citó a declarar por un fraude fiscal de 8 millones de euros presuntamente cometido por el empresario jerezano y uno de sus hijos, José María Ruiz-Mateos Rivera, un juicio al que el fundador del Grupo Rumasa no acudió por encontrarse ingresado en la Fundación Jiménez Díaz por problemas de salud.

José María Ruiz-Mateos y su hijo se enfrentan en esta causa cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para su supuesta testaferro, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz-Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.

Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz-Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

Una finca en Reus que sextuplica su valor

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, un paraíso fiscal, con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz-Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz-Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.

Los hijos de José María Ruiz-Mateos, que se sentaron este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Madrid alegaron a través de sus defensas prescripción de los delitos de los que se les acusa y dilaciones en el procedimiento para que se anule el juicio por ocultar a sus inversores la crisis de una de sus sociedades.

José María Ruiz-Mateos Rivero; Pablo Ruiz-Mateos Rivero y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se enfrentan a siete años de cárcel por un delito continuado de estafa y un delito de insolvencia punible. Este martes declararán ante la Sección Cuarta de la Audiencia madrileña.

En la primera sesión de la vista oral tuvo lugar la fase de cuestiones previas al juicio. El letrado de los tres hijos del empresario expuso una serie de alegaciones para que las actuaciones se devuelvan al juez instructor para que se dicte un nuevo auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

En su intervención, el abogado de los Ruiz-Mateos planteó siete cuestiones previas al juicio, entre ellas la cuestión de prescripción de sendos delitos al transcurrir el plaza máximo previsto en la Ley para su enjuiciamiento.

También se ha quejado de que en el auto de transformación de las diligencias no mencionada a José María Ruiz Mateos padre ni nada sobre el delito de estafa, lo que a su juicio se debe producir que las actuaciones se retraigan hasta ese punto. Al igual que las defensas de la otra decena de acusados, ha alegado dilaciones, dado que los hechos se remontan a hace más de veinte años.

En su turno, el fiscal se opuso a las argumentaciones del letrado, a lo que se sumaron el resto de las acusaciones particulares.

Hechos de la acusación

El fiscal relata en su escrito de acusación que la compañía de los Ruiz Mateos "procedió a captar fondos de inversores" entre 1993 y 1997 a los que ofrecía"una imagen de estabilidad de la que carecía".

El dinero recibido era "destinado a conceder préstamos a otras sociedades vinculadas", pese a la prohibición del Banco de España. Y ocultaron una solicitud de suspensión de pagos tras descubrirse un déficit de 532 millones de pesetas.

La causa ha sido sobreseída de forma provisional respecto a José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada hasta que recupere las facultades cognitivas, comunicativas y funcionales que le permitan el traslado y la asistencia al juicio oral.

El médico forense de la Audiencia Provincial confirma que el acusado padece una enfermedad sobrevenida que le impide ejercer con normalidad el derecho de defensa. La causa, por tanto, se archiva respecto de él hasta que recobre la salud y pueda declarar en el juicio. El tribunal revisará su situación todos los años para ver su evolución.

Tres hijos de José María Ruiz-Mateos y uno de sus abogados se enfrentan a siete años de cárcel por ocultar a sus inversores la crisis de su compañía, sin contar la solicitud de suspensión de pagos tras detectarse un déficit de 532 millones de pesetas, según informa Europa Press.

José María Ruiz-Mateos Rivero, Pablo Ruiz-Mateos Rivero y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero se sentarán a partir del lunes en el banquillo de los acusados por un delito continuado de estafa y un delito de insolvencia punible. También lo harán José Patón Amiama; Juan María Alejandro Álamo Ramón; Antonio Gutiérrez Dorado; Antonio Carralón Escribano; Féliz Uceda Rada; Adolfo Martitegui Cáceres; Joaquín Yvancos Muñiz; José Antonio Campo Gil; José Antonio Hurtado García; Victoriano Delgado Chaves; así como la Corporación Financiera Hispano-Suiza y Virnax S.A.

El fiscal relata en su escrito de acusación que la compañía de los Ruiz Mateos "procedió a captar fondos de inversores" entre 1993 y 1997 a los que ofrecía"una imagen de estabilidad de la que carecía".

El dinero recibido era "destinado a conceder préstamos a otras sociedades vinculadas", pese a la prohibición del Banco de España. Y coultaron una solicitud de suspensión de pagos tras descubrirse un déficit de 532 millones de pesetas

La causa ha sido sobreseída de forma provisional respecto a José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada hasta que recupere las facultades cognitivas, comunicativas y funcionales que le permitan el traslado y la asistencia al juicio oral.

El médico forense de la Audiencia Provincial confirma que el acusado padece una enfermedad sobrevenida que le impide ejercer con normalidad el derecho de defensa. La causa, por tanto, se archiva respecto de él hasta que recobre la salud y pueda declarar en el juicio. El tribunal revisará su situación todos los años para ver su evolución.

El juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha condenado al empresario jerezano José María Ruiz Mateos y a su hijo Francisco Javier a abonar más de 92 millones de euros a los acreedores de la sociedad José María Ruiz Mateos, principal emisor de los pagarés de Nueva Rumasa.

Dicho juzgado ha dictado sentencia en la que declara culpable el concurso de la sociedad y responsables al padre y al hijo, a los que condena a que abonen el déficit patrimonial de la empresa.

En dicha sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se absuelve al empresario Angel de Cabo y a su segundo Ivan Losada, ya que la despatrimonialización de la compañía fue anterior a su entrada en la misma, al tiempo que se absuelve al sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, por ser solo el administrador de derecho y no de hecho, que eran los Ruiz-Mateos.