Las sanciones al Chelsea FC por los vínculos de su propietario, Roman Abramovich, con el régimen de Vladímir Putin, han puesto de nuevo en el punto de mira la proximidad de los clubes ingleses a los estados autoritarios. Documentos de Football Leaks, obtenidos por la revista alemana Der Spiegel y compartidos con la red European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece infoLibre, revelan ahora que el Manchester City fue financiado directamente por una agencia gubernamental de Abu Dabi.

Según esos documentos, la sociedad matriz del Manchester City pagó millones en comisiones a agentes de jugadores, violando las normas internacionales, y que estuvo detrás de un acuerdo triangular secreto para fichar a un futbolista menor de edad español. Numerosos documentos de Football Leaks llegan a lo más profundo del club, así como a la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA por sus siglas en inglés), una agencia gubernamental de Abu Dabi que asesora sobre política estratégica al príncipe heredero del emirato, el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Además, su operativa financiera llegó hasta España, donde utilizó como intermediario para camuflar sus pagos a Mediapro, el grupo audiovisual de Jaume Roures.

El muro defensivo del Manchester City tiene 7,40 metros de altura, 109 años de edad y costó unos 244 millones de euros. Está formado por los defensas Rúben Dias, John Stones, João Cancelo y Kyle Walker, y es una de las razones por las que el club va camino de su cuarto campeonato inglés en cinco años. El equipo que entrena Pep Guardiola también está en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ningún club de fútbol del mundo gasta tanto dinero en jugadores como el Manchester City. Según el CIES Football Observatory, el club inglés ha gastado 1.700 millones de euros en fichajes en los últimos 10 años. Sus recursos financieros parecen ilimitados: pertenece al jeque Mansur Bin Zayed Al Nahyan, miembro de la familia gobernante de Abu Dabi.

Tras décadas de fútbol mediocre en el mejor de los casos, el ManCity se convirtió rápidamente en uno de los mejores clubes internacionales desde que Mansur se hizo cargo de él. En la Liga inglesa, sólo el Liverpool FC de Jürgen Klopp puede alcanzarle.

La proximidad del Manchester City al autoritario estado de los Emiratos Árabes Unidos está obligando al club a invertir también mucho dinero en otro tipo de defensa, la legal. Su dirección ha contratado a algunos de los abogados más conocidos y caros del Reino Unido para hacer frente a las acusaciones de prácticas comerciales irregulares y para dilatar las investigaciones que tiene abiertas sobre posibles violaciones de las normas internacionales del fútbol.

Al igual que la inversión catarí en el París Saint-Germain y la inversión del fondo soberano saudí en el Newcastle United, los miles de millones de los EAU probablemente tienen como objetivo principal mejorar la imagen de ese Estado gracias al fútbol: los Emiratos no toleran ningún tipo de oposición política, desprecian los derechos humanos y sobre ellos recae la sospecha de haber cometido crímenes de guerra en el conflicto de Yemen, una acusación que rechazan. Para brillar con la mejor luz en el escenario del fútbol de élite, los propietarios de los clubes parecen estar dispuestos a pagar cualquier precio. Así, uno de los países más ricos del mundo está financiando operaciones deportivas y haciendo pagos opacos para eludir los controles financieros impuestos por los organismos internacionales.

En 2020, la UEFA prohibió al Manchester City participar durante dos años en la Liga de Campeones después de que Der Spiegel revelara cómo se financiaba el club. Representado por casi una docena de abogados de primera línea, recurrió la decisión ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS). La UEFA perdió el caso, a pesar de que hay muchas pruebas sólidas de las cuestionables prácticas financieras del ManCity.

Abu Dabi United Group Investment & Development (ADUG) es propiedad de Mansur y, a su vez, fue la dueña del Manchester City desde 2008, hasta que fue sustituida por otra empresa del jeque el año pasado. Según recalcaban siempre sus responsables, ADUG es una empresa privada y la entrada de Mansur en el club inglés fue una inversión puramente personal. Incluso antes de que el caso llegara al TAS, un abogado del Ministerio de Finanzas de Abu Dabi aseguró que ADUG es “completamente ajena” al Gobierno del emirato o al Estado de los EAU.

Sin embargo, la investigación de Football Leaks revela ahora que los pagos de ADUG al club se autorizaron en una agencia gubernamental de Abu Dabi, la Autoridad de Asuntos Ejecutivos (EAA). Responsable de proporcionar asesoramiento estratégico al emirato, también gestionaba las cuentas de ADUG. Los documentos internos así lo indican. El presidente de la agencia, Jaldún Al Mubarak, primer ministro de facto de Abu Dabi, dirige el fondo de inversión estatal y es también presidente del Manchester City. Según los documentos de la investigación, Al Mubarak aprobó los flujos de dinero que eran encauzados por el Gobierno y acababan en las cuentas del club de fútbol. Además, las solicitudes de pago de las comisiones de los agentes se enviaron al director jurídico de la EAA y una factura a Etisalat, una empresa pública emiratí que patrocina al equipo, fue enviada por el ManCity a Omar Awad, director financiero de la agencia gubernamental. Ni el Manchester City ni los responsables de EAA han querido responder a las preguntas de Der Spiegel.

En el Manchester City, las líneas entre el régimen autoritario y el club de fútbol privado se difuminan. Y las nuevas revelaciones de Football Leaks podrían causar considerables problemas al líder de la Premier League. Durante años, la Liga inglesa ha investigado al Manchester City sin hacer demasiada publicidad sobre el caso. Según la información obtenida por Der Spiegel, la investigación tiene tres acusaciones centrales.

La primera: el Manchester City pudo haber presionado a algunos jugadores menores de edad para que firmaran un contrato mediante el pago de dinero, lo que contraviene las normas internacionales.

La segunda: las empresas patrocinadoras con sede en Abu Dabi hicieron sólo una parte de los pagos al club; la mayor parte de ellos fue realizada por el propio jeque Mansur.

La tercera: el actual seleccionador nacional de Italia, Roberto Mancini, entrenador de 2009 a 2013 del ManCity, pudo haber recibido de forma opaca una parte considerable de su salario a través de un contrato ficticio de asesoría.

A las anteriores consultas que Der Spiegel hizo al club, éste respondió con un comunicado que no abordaba el contenido de las preguntas, sino que se limitaba a afirmar que el material de Football Leaks estaba sacado de contexto.

UEFA y FIFA han aprobado normas especiales para proteger a los talentos futbolísticos menores de edad. Por ejemplo, los clubes no pueden hacer traspasos internacionales de jugadores menores de 16 años. Más aún, no pueden prometer o pagar dinero a los menores, a sus padres o a sus asesores.

Sin embargo, numerosos clubes han incumplido sistemáticamente esta normativa durante años. Así, al Chelsea FC y al Real Madrid la FIFA les prohibió hacer traspasos. El Manchester City tuvo que pagar al menos 300.000 libras esterlinas –360.000 euros– a la Federación Inglesa de Fútbol y a la FIFA por infringir las normas que protegen a los jugadores más jóvenes.

Der Spiegel ya informó en 2019 sobre el pago de comisiones ocultas que el ManCity pagó al agente del inglés Jadon Sancho, que entonces sólo tenía 14 años. Pero ahora Football Leaks descubre otro caso: para fichar en 2013 al español Brahim Díaz, también de 14 años, la empresa emiratí preparó un contrato con la agencia del representante del jugador, Pere Guardiola, hermano de Pep, al frente del banquillo del City desde 2016. El club inglés entrenó a Brahim en su academia durante dos años antes de registrarlo oficialmente en Inglaterra.

Aunque el hecho de que Guardiola era su agente era público y así consta también en los correos internos que se cruzan los empleados del Manchester City, ADUG le encomendó que velara al mismo tiempo por los intereses del club: debía ayudar al City a “convencer al jugador y a sus tutores legales para que acepten los términos contractuales propuestos por el club”. Y, en el caso de que Brahim terminara firmando un contrato profesional con el ManCity, ADUG debía pagar 420.000 libras al agente.

De hecho, Brahim firmó un contrato profesional en Manchester en agosto de 2016, cuando cumplió los 17 años y fue traspasado al Real Madrid a principios de 2019. ¿Por qué ADUG quiso pagar la comisión al agente del jugador en lugar de hacerlo el club? Tanto entonces como ahora se trata de una clara violación de las reglas de la Asociación de Fútbol de Inglaterra: sólo el club está autorizado a pagar a los representantes de los jugadores.

Los correos electrónicos del club muestran que ADUG también pagó otros gastos del traspaso de Brahim Díaz, pero de forma opaca. Según revelan los documentos, la empresa del jeque abonó al el Málaga el club donde se formó el joven futbolista, unos honorarios por formación de 360.000 euros a través de una tercera empresa, el grupo audiovisual Mediapro. Y luego ésta remitió la suma al Málaga CF.

¿Qué tiene que ver el grupo de Jaume Roures en el traspaso de un juvenil de 14 años? La empresa de representación de jugadores de Pere Guardiola es Media Base Sports, que pertenece a Imagina Media, el grupo en el que está integrado Mediapro y que desde 2018 se encuentra en manos de Orient Hontai Capital, el primer grupo de capital privado de China. El 28 de noviembre de 2013, el Málaga CF y Mediapro, representada por Jaume Roures, firmaron un contrato por el que esta empresa se compromete a pagar 360.000 euros al club “por nombre y por cuenta del Manchester City”, como adelanto de una indemnización por la formación que le dio a Brahim Díaz. Es una práctica habitual cuando se traspasa a un jugador desde un equipo juvenil. Pero el Manchester había transferido a Brahim cuando no era posible hacer el traspaso. Esa cantidad debería ser abonada sólo cuando el jugador fuera contratado por el Manchester City al cumplir los 16 años, en 2015. Por tanto, Mediapro le está pagando un anticipo. En el documento, Mediapro “comunica” al Málaga CF “el interés del Manchester City por contratar los servicios del jugador” una vez que éste cumpla los 16 años, así como “la voluntad” del club inglés de “pagar por adelantado la indemnización por formación”.

Es más, para el caso de que el Málaga CF tenga que devolver el anticipo al club inglés, se crea una garantía, una prenda: Mediapro se descontaría la cantidad de los derechos televisivos que le corresponden al equipo español en virtud del acuerdo de cesión que éste firmó con la empresa de Roures en marzo de 2013. Mediapro también es el socio exclusivo de City TV, la televisión del club inglés.

Con esa misma fecha, Brahim Díaz, sus padres y el Málaga CF –su entonces director general, Vicente Casado Salgado, y su director general corporativo, Manuel Antonio Novo García— firmaron otro documento, en el que acuerdan resolver el contrato que habían suscrito sólo unos meses antes, en marzo de 2013, para que el futbolista jugara como infantil o cadete en el club. Lo rescindieron porque los padres querían marcharse a vivir fuera de España “por motivos personales y laborales”. Pero acuerdan que Brahim siga inscrito en la federación española como jugador de las categorías inferiores del club para que pueda ser convocado a la selección nacional.

Unos días más tarde, el 2 de diciembre, los padres de Brahim firman un tercer contrato. Éste es con Media Base Sports. En concreto, con Jaume Roures, Pere Guardiola y el abogado David Sánchez, también de la misma agencia de jugadores. Es un acuerdo por dos años, que garantiza a Media Base Sports un 10% del importe bruto de todo lo que cobre Brahim Díaz por conceptos deportivos, como un traspaso o renovación, y un 20% más por los no deportivos, desde los contratos publicitarios y de patrocinio hasta los que pudiera suscribir con medios de comunicación. Pese a que Media Base es el representante del futbolista, las comisiones se las deben pagar las empresas con las que contrate el jugador, no éste, su cliente. Y si Brahim Díaz incumple la exclusividad que suscribe en este contrato, sus padres deberán pagar a Media Base una penalización de 500.000 euros. Si incumple cualquier otra condición del documento, tendrá que abonarle 100.000 euros más. Estos tres documentos fueron firmados en Barcelona, donde tiene su sede Mediapro.

En diciembre de ese año, según los documentos de Football Leaks, Brahim Díaz ya pasa 15 días en Manchester. Y la prensa empieza a publicar que el ManCity le ha robado al Barça al “nuevo Lionel Messi”. En febrero de 2014, los correos del Manchester muestran que el club inglés está buscando colegio a las hermanas de Brahim y gestionando la apertura de cuentas bancarias para que sus padres paguen el agua y los impuestos municipales, comprándoles muebles para su nueva casa e incluso un coche. También están ayudando al padre a conseguir su número de la Seguridad Social.

En abril, un empleado del club explica en otro correo que, como no se le puede registrar hasta que cumpla 16 años, Brahim seguirá inscrito como jugador del Málaga CF. Pese a que ya está en el Manchester. En junio, los padres de Brahim, su agente y el ManCity han firmado todos los contratos necesarios, entre ellos la beca que disfrutará hasta los 16 años y un acuerdo de representación con Media Base Sports. El abogado de Media Base precisa que los documentos han sido suscritos tanto por el club inglés como “por su accionista”. Y pide que se pague a la agencia de representación 290.000 euros más el IVA.

Pues bien, cuando el ManCity inscribió a Brahim tanto en la Federación Inglesa como en la FIFA certificó que no había usado los servicios de ningún intermediario, que no había ningún agente implicado. Y cuando la FIFA investigó y preguntó al Manchester City por el fichaje del menor, el club respondió que el español había jugado tres partidos amistosos en Catar y Galway (Irlanda) con el consentimiento del Málaga; es decir, antes de que estuviera inscrito como jugador del ManCity.

Brahim Díaz tiene ahora 22 años. En 2019 fue fichado por el Real Madrid, con quien tiene contrato hasta 2025. Pero juega cedido en el AC Milan desde 2021. Y Pere Guardiola ya no es su agente, lo cambió por su padre en agosto de 2019. Ni los clubes, ni Mediapro ni Pere Guardiola han respondido a las preguntas que sobre este fichaje le ha enviado de Der Spiegel.

Los documentos de Football Leaks también muestran otros casos en los que ADUG intervino directamente. Entre 2010 y 2015, la empresa del jeque pagó al menos cuatro millones de euros y cuatro millones de libras a una empresa gestionada por el agente de Yaya Touré, que jugó en el ManCity entre 2010 y 2018. Según los correos electrónicos, las cantidades destinadas a pagar a los jóvenes jugadores fueron aprobadas, entre otros, por el director general, el español Ferran Soriano, y el presidente del club, Jaldún Al Mubarak. El desembolso a través de la agencia gubernamental de Abu Dabi fue dirigido por el director del club, Simon Pearce.

Pearce desempeña uno de los principales papeles en la acusación central de la UEFA y la Premier League contra el Manchester City: la financiación secreta de los acuerdos de patrocinio por parte del propietario del club, el jeque Mansur.

Simon Pearce gestionó los asuntos del club como miembro de la junta directiva al mismo tiempo que trabajaba como asesor especial del presidente de la agencia gubernamental EAA, Al Mubarak. Pearce mantenía el contacto con los numerosos patrocinadores del club con sede en los Emiratos, también era la persona de contacto del departamento financiero del ManCity cuando había que tratar detalles de los contratos y del desembolso de los fondos de Abu Dabi.

Der Spiegel ya publicó en su día en una serie de artículos los contratos antedatados, las inyecciones de efectivo espontáneas y las “fuentes alternativas” de la financiación con patrocinios del Manchester City. Según esas informaciones, el dinero del jeque Mansur se camuflaba como dinero de los patrocinadores. Las sumas del jeque se transferían a empresas con sede en Abu Dabi y desde allí se pagaban a su vez al club. De este modo, en las cuentas oficiales se minimizaban las inversiones del propietario del ManCity al tiempo que se inflaban los ingresos de marketing, lo que supone una flagrante violación de las normas de Fair Play Financiero de la UEFA. Esas reglas se diseñaron para evitar que los clubes gastaran más dinero del que ganaban y, por tanto, entraran en dificultades financieras o distorsionaran la competencia deportiva. Como han resultado un fracaso, ahora van a ser sustituidas por una nueva normativa.

A raíz de las informaciones de Football Leaks, la UEFA expulsó al club de la Liga de Campeones durante dos años. Como queda dicho más arriba, el club se impuso en el proceso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que dictaminó que parte de las acusaciones habían prescrito y que la UEFA no podía aportar más pruebas que las publicadas por Der Spiegel. Además, el Manchester City citó testigos que negaron enérgicamente las acusaciones de la UEFA. El TAS no vio ninguna razón para no creerlos, según declara la sentencia.

Uno de esos testigos supuestamente fiables era Simon Pearce. El tribunal deportivo le preguntó si había “organizado alguna vez pagos a Etihad [Líneas Aéreas de los Emiratos, patrocinadora del club]” en relación con el patrocinio del Manchester City. Su respuesta fue inequívoca: “Absolutamente, categóricamente no”.

Sin embargo, un correo electrónico de Pearce al entonces director de operaciones de Etihad, Peter Baumgartner, de diciembre de 2013, lo desmiente. En él, Pearce explica al directivo suizo exactamente qué sumas debía aportar Etihad, cuánto había transferido él, Pearce, por tanto, a Etihad y lo que todavía debía a la aerolínea. Der Spiegel ha preguntado a Etihad Airways al respecto y se ha limitado a contestar que “se enorgullece de ser el principal socio del Manchester City FC desde mayo de 2009”. “Todas las obligaciones financieras relacionadas con la asociación de la aerolínea con el club”, añade, “siempre han sido, y siguen siendo, responsabilidad exclusiva de Etihad Airways. Nuestra asociación con el Manchester City y con el City Football Group, en general, ofrece constantemente un sólido rendimiento de nuestras inversiones”.

Cuando Der Spiegel publicó ese correo, el Manchester City lo calificó de “intento cínico” de “volver a litigar públicamente y socavar” un proceso vencido y concluido. El club no ha respondido ahora a esta nueva consulta de la revista alemana.

Pero merece la pena volver a mirarlo con detenimiento. Los documentos de Football Leaks prueban la existencia de un sistema establecido durante años:

En 2012, parte del dinero del patrocinio de Abu Dabi se contabilizó internamente como “inversión del propietario”, que en ese momento ya ascendía a unos 150 millones de libras –180 millones de euros--.

En 2013, Pearce solicitó al director financiero, el español Jorge Chumillas, un resumen de las obligaciones de pago de ADUG y exigió que se desglosaran las partidas individuales en “pagos directos del club” y “suplementos de los socios”. Los documentos de Football Leaks muestran en qué consisten los pagos adicionales: por ejemplo, Pearce subrayó en un correo electrónico a Chumillas que Etihad sólo tenía que abonar ocho millones de los 67,5 millones de libras oficiales de su patrocinio. Por tanto, 59,5 millones de libras fueron el suplemento presumiblemente pagado por el jeque Mansur. Sólo en la temporada 2013-2014, el suplemento pagado por Abu Dabi ascendió a 92,5 millones de libras. Estas cifras eran alto secreto: “No debemos mostrar el suplemento del socio si va fuera del club”, advirtió a principios de 2013 el entonces director financiero, Andrew Widdowson.

En 2014, Chumillas y Widdowson hablaron por correo sobre el hecho de que los fondos de dos patrocinadores de Abu Dabi, Aabar y Etisalat, seguían pendientes. Y, de nuevo, distinguieron entre la aportación de ADUG y las cantidades que debían proceder directamente del patrocinador. Chumillas pidió que confirmación: “Pero, en realidad, formalmente, queremos que todas esas cantidades las paguen Aabar y Etisalat, ¿no?”. “Sí”, fue la respuesta, “si pueden”.

En septiembre de 2015, los responsables del club distinguieron entre un traspaso de 60,25 millones de libras y los ocho millones que, según ellos, Etihad debería “financiar directamente”. Chumillas y Pearce volvieron a desglosar en un correo electrónico qué parte del dinero del patrocinio debía proceder “directamente” de las empresas. El resto debía de proceder del presupuesto del accionista de ADUG; es decir, del jeque Mansur. Ni Aabar ni Etisalat han respondido a la solicitud de comentarios realizada por Der Spiegel.

Mientras que los dos últimos años de pandemia han hecho mella en las operaciones del fútbol profesional en general, el Manchester City se ha reforzado con los ingresos procedentes de acuerdos de marketing. A principios de este año, el club inglés añadió tres nuevos patrocinadores estatales a su cartera de socios. La Premier League quiere ahora examinar más de cerca estos acuerdos.

Podría decirse que el Manchester City ha demostrado ser extraordinariamente creativo cuando se trata de chanchullos financieros. En 2009, por ejemplo, la dirección del club pudo haber utilizado al club de fútbol Al Jazira, con sede en Abu Dabi, para camuflar el pago de parte de su salario al entrenador del ManCity, Roberto Mancini. El jeque Mansur sigue siendo el dueño Al Jazira hasta el día de hoy. Los directivos que manejan estas sumas son también el departamento financiero del ManCity y Simon Pearce.

El 19 de diciembre de 2009, el entrenador italiano firmó en Manchester. Según su precontrato, Mancini iba a recibir un sueldo de 1,45 millones de libras por temporada. Además, se le prometieron generosas pagas extraordinarias de hasta cuatro millones de libras por sus futuros éxitos deportivos. Ese mismo día, Mancini suscribió un supuesto contrato de asesoría con Al Jazira, cuya redacción era en parte idéntica al primero. Por sus servicios, el documento le garantizaba un salario anual de 1,75 millones de libras: “Los honorarios se abonarán en una cuenta designada por su empresa y se pagarán sin deducción de impuestos”.

Inicialmente, Mancini designó como empresa perceptora a una firma con sede en el paraíso fiscal de Mauricio llamada Sparkleglow Holdings.

Pero, sólo un año después, se hizo necesario un cambio. Pese a que utilizaba una sociedad offshore, Mancini se vio obligado a pagar impuestos en Italia sobre sus ingresos. Mancini lo consideró inaceptable y exigió al ManCity una compensación para alcanzar su salario neto deseado. El club aceptó y se redactó un nuevo contrato con Al Jazira. Según sus estipulaciones, el equipo emiratí reembolsaba a Mancini los impuestos pagados hasta la fecha y aumentaba sus futuros “honorarios de consultor” hasta los 3,2 millones de libras al año.

El entrenador cambió entonces de Sparkleglow Holdings a Italy International Services (IIS), domiciliada en Roma, para recibir los pagos. Esta empresa emitió a partir de entonces facturas trimestrales. Pero Al Jazira sólo simulaba pagarlas, porque IIS las enviaba al Manchester City, el club transfería el importe adeudado a ADUG, desde donde se remitía a Al Jazira, y finalmente este equipo las abonaba a IIS. Así describía un empleado del ManCity en julio de 2012 el procedimiento, que confirmó Simon Pearce por la parte del Emirato.

Es más, a pesar de que el contrato lo firmó Mancini con Al Jazira, todas las negociaciones sobre los pagos las llevaron a cabo la esposa de Mancini y el Manchester City. Y para subrayar más el carácter ficticio del documento, basta con indicar que el entrenador italiano ganaba 1,75 millones de libras primero y 3,2 millones después por sólo cuatro días de trabajo al año. Las partes implicadas en este esquema financiero no han querido hacer ningún comentario.

Después de que Der Spiegel informara por primera vez sobre el caso, éste dio mucho que hablar en Inglaterra. De hecho, a Pep Guardiola se le preguntó al respecto en una rueda prensa, si se le pagaba de forma similar. No se lo tomó muy bien. Su respuesta fue airada, despectiva… y nada concluyente.

Desde diciembre de 2018, la Premier League investiga al Manchester City porque aplica una normativa de control de gastos similar a la de la UEFA. El club se está defendiendo de la investigación con sus abogados, y con una hostilidad similar a la que empleó con la UEFA. El TAS multó al ManCity con 10 millones de euros por obstruir la investigación de la UEFA y porque se había negado a cooperar con los investigadores. La Liga Inglesa ha declinado comentar ningún aspecto de esta información.

Uno de los puntos en cuestión, si la investigación de la Premier League se podía hacer pública en Inglaterra, llegó hasta el segundo juez de mayor rango del sistema judicial inglés. El magistrado dictaminó que el procedimiento podía perfectamente ser objeto de publicidad. “Es sorprendente, y una cuestión de legítima preocupación pública, que se haya avanzado tan poco después de dos años y medio, durante los cuales, cabe señalar, el club se ha coronado dos veces como campeón de la Premier League”, lamenta la sentencia.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que su partido negocia la ley audiovisual con el Gobierno con el objetivo de proteger el catalán y sobre la posibilidad de que un fondo estatal cubra la cuota en las plataformas ha afirmado que conseguir un acuerdo es "mejor que nada", según informa Europa Press.

Lo ha dicho después de que "El País" haya publicado este miércoles que ERC y el Ejecutivo ultiman los detalles de un fondo de compensación que financiará una parte de la producción en catalán y doblaje, ante la imposibilidad de exigir cuotas en las lenguas cooficiales a las plataformas extranjeras.

Sin embargo, Junqueras ha advertido de que "nunca hay nada acordado hasta que todo está acordado" y que, si finalmente hay un acuerdo, será peor que el que ERC quiere, porque su objetivo es la independencia y creen que solo así se blindaría el catalán.

Sobre el catalán en la escuela, ha asegurado que hay zonas en Cataluña en que su situación es muy "sólida" mientras que en otras no es así —como el Baix Llobregat, ha dicho— y ha pedido compromiso y responsabilidad al margen de partidismos.

"Cuando alguien, desde donde sea, dice que la Generalitat tiene que asumir la dirección de la escuela Canet de Mar, la pregunta es: ¿por qué no lo propusisteis en las decenas de escuelas que se han encontrado en la circunstancia?". Seguramente porque no les convenía", ha dicho, en referencia a la petición que lanzó primero la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y que secundaron Junts y la CUP.

Sobre si hay que acatar la sentencia sobre el 25% del castellano, ha apostado por defender "tanto como se pueda" el modelo lingüístico y ha mantenido que, más allá de las lenguas que se hablen en Cataluña, la lengua prioritaria debe ser el catalán.

También ha lamentado que el PSC "en muchos aspectos, ha decidido que su estrategia es perseguir las de Cs, el PP y Vox y cada vez está más lejos", en la cuestión lingüística y en la autodeterminación.

Además, ha asegurado que ERC "sí" tiene una hoja de ruta para la independencia y que su estrategia pasa por el consenso, después de que el secretario general de Junts, Jordi Sànchez, dijera que él no está seguro de tenerla y añadiera que poca gente la tiene.

Sobre la mesa de diálogo, ha dicho que si el PSOE estuviera a favor de la autodeterminación no haría falta negociar, por lo que ve necesario reclamar allí un referéndum: "Es una lástima que no todos estemos intentando aprovecharlo".

Preguntado por si se refiere a Junts, ha contestado: "Si todo el mundo actuara de manera leal, y fuera consecuente con lo que ha pedido, que es el sit and talk, seguro que tendríamos más fuerza".

No obstante, ha querido "romper una lanza a favor de Junts" y las personas del partido que apoyaron la investidura del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, los Presupuestos y la mesa de diálogo, y ha deseado que tengan la fuerza suficiente para que Cataluña salga adelante, en sus palabras.

Un juzgado mercantil de Nanterre estudiará este próximo jueves si valida el acuerdo que pone fin a la breve historia del grupo español Mediapro en Francia. En caso afirmativo, la empresa de Jaume Roures devolverá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa los derechos televisivos que adquirió por 830 millones de euros en mayo de 2018 y pagará 100 millones de indemnización a la patronal gala por el impago de dos de los tres plazos que debería haberle abonado este año.

De esta forma la LFP podrá recuperar los derechos de televisión para ofrecérselos a otro operador e intentar paliar los acuciantes problemas económicos que atraviesan tanto ella como los propios clubes franceses de fútbol. Porque con la subasta de esos derechos, que aumentó nada menos que un 60% el precio de la anterior, en 2015, y alcanzó un precio récord en Francia de 1.153 millones de euros, el fútbol galo confiaba en solventar sus serios aprietos financieros. Al final de la temporada 2018-2019, su déficit alcanzaba los 160 millones de euros, 126 millones sólo de la primera división. Antes de la pandemia. A mediados de este ejercicio, según publicó el pasado mayo el diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, la LFP ya se encontraba en quiebra. La crisis del coronavirus, que supuso la cancelación del Campeonato de Liga en marzo y, por tanto, el cierre de todas las fuentes de ingresos de los clubes, desde la venta de entradas y los ingresos por patrocinio hasta el pago de los derechos de transmisión de los partidos –entonces aún en manos de Canal+–, ha terminado por ahogar definitivamente al fútbol francés.

Así, los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Mediapart mostraban ya entonces que Canal + –por la primera división– y BeIN Sports –por la segunda– habían dejado de pagar 213,2 millones de euros, los ingresos publicitarios se habían reducido 108,3 millones y los procedentes de traspasos de jugadores, otros 209,8 millones, mientras los recibidos por la venta de entradas se habían quedado en cero. En total, el periódico cifraba en 438 millones de euros los números rojos de la Liga francesa.

La respuesta de los directivos de la LFP fue pedir un préstamo de 224,5 millones de euros “para compensar al menos las pérdidas de los clubes relacionadas con derechos televisivos no reconocidos”, explicaba el diario galo. El 90% de esa cantidad cuenta con la garantía del Estado francés. El plan de la patronal consistía en devolver el dinero a razón de 67,2 millones anuales procedentes de los pagos que Mediapro debía abonar por los derechos audiovisuales adquiridos.

Pero estalló la pandemia. La crisis se desencadenó cuando, tras hacer su primer pago, 172 millones, en agosto –compró los derechos de 2020 a 2024–, el grupo de Roures no abonó ni el plazo de octubre ni el de diciembre. Adujo que el coronavirus había dado al traste con el negocio tal y como lo había concebido y pidió a la LFP que renegociara a la baja el contrato. Al mismo tiempo, anunció que la cadena de pago que había creado, Téléfoot, cesaba en sus emisiones. Los empleos de sus 150 trabajadores están ahora en la cuerda floja. Sólo ha conseguido sumar unos 600.000 suscriptores, lejos de los 3,5 millones que necesita para no perder dinero.

Los riesgos “imprudentes” de la Liga y la falta de liquidez de Mediapro

Desde el primer momento, las dudas sobre la solvencia de Mediapro, propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontai propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontaidesde 2018, alcanzaron las páginas de los medios franceses, que ahora han visto confirmados sus temores. En mayo, Mediapart destacaba el hecho de que Roures hubiera creado una “estructura ad hoc” en Franciaad hoc para hacerse con los derechos del fútbol, lo que le hacía sospechar del verdadero “grado de compromiso” de la matriz con el negocio en ese país.

Ahora, tras desvelarse el fiasco, los periódicos galos han puesto el foco en las “dificultades financieras” del grupo hispano-chino. Le Monde, que cita a Moody’s, cifra en 920 millones de euros la deuda de Mediapro. También señala la rebaja de rating que además de Moody’s, S&P y Fitch aplicaron en octubre a la compañía de Roures. Las agencias consideran que el riesgo de crédito del grupo es “muy alto” y sus títulos, “de baja calidad”. S&P atribuye a Joyce Media, la matriz de Mediapro, “una estructura de capital insostenible, dado su alto nivel de deuda en relación con su débil generación de liquidez”. De ahí que no pudiera hacer frente a los pagos debidos a la Liga de Fútbol francesa. En junio su liquidez era de sólo 147 millones de euros. El grupo audiovisual, no obstante, había cerrado 2019 con un resultado bruto de explotación de 224 millones de euros.

Es más, el vespertino francés asegura incluso que Mediapro puede enfrentarse a las demandas de los cuatro operadores que distribuyen Téléfoot: Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom.

Si, como parece, Mediapro no paga su deuda a la LFP y ésta tarda en vender de nuevo los derechos televisivos –que además tendrán que recolocar con un precio mucho más bajo–, el agujero en las cuentas de la patronal francesa va a ser considerable. Y puede igualmente poner en peligro la devolución del préstamo. Como ha sido avalado por el Estado en un 90%, existe el riesgo cierto de que, a la postre, la deuda termine siendo pagada por los contribuyentes franceses. La LFP replicó entonces que el préstamo “no supone ningún riesgo económico”. Los reembolsos de Mediapro “no representan más del 5% de los ingresos de la LFP y no involucran a los contribuyentes franceses de ninguna manera”, explicó en un comunicado.

“No se pueden contraer esos riesgos y luego pedir ayuda al Estado como a un bombero, eso sería demasiado fácil”, declaró el ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer antes de que se conociera el cese de actividad de Mediapro en Francia. Pero, cuando se le preguntó si el Estado va a dejar entonces que los clubes quiebren, respondió que no. “Hay un margen”, añadió, “entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren”. Aun así, fue crítico con los riesgos “imprudentes” que a su juicio han asumido ciertos “actores privados”. “En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien”, se quejó en una entrevista al canal BFMTV.

Conflictos legales también en Italia y Estados Unidos

En Italia, Mediapro también pujó por los derechos audiovisuales de la Primera División y también ha terminado con un conflicto legal. En 2018 se quedó con esos derechos por una cantidad similar a la francesa, 1.050 millones de euros. Pero como no presentó garantías, la Liga italiana le rescindió el contrato. Después, ambas partes se enzarzaron en los tribunales a cuenta de un adelanto de 52 millones abonado por Mediapro y de sendas indemnizaciones.

En Estados Unidos le fue incluso peor. Acaba de reconocer que tres directivos de la empresa pagaron sobornos para adquirir los derechos televisivos de la fase de clasificación en Centroamérica y Caribe para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Los tres altos cargos, asegura, fueron despedidos en diciembre de 2015. En 2018, el grupo de Roures tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros por este caso, cuya investigación fue llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York.

Mientras, en España, Movistar tiene también desde 2018 los derechos de LaLiga, que hasta ese momento estaban en manos de Mediapro. El precio del paquete completo alcanzó el récord de 3.421 millones de euros, de los que la compañía de José María Álvarez-Pallete se quedó con 2.940 millones, correspondientes a los ocho partidos por jornada y El Partidazo, mientras que Mediapro consiguió los derechos de transmisión a los bares y los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones. En el anterior concurso fue Movistar la que se hizo con El Partidazo –750 millones– y Roures con los ocho partidos –1.900 millones–. La guerra del fútbol con Prisa se cerró el año pasado después de 12 años con el pago por el grupo editor de El País de una indemnización de 51 millones a la compañía de Roures.

El exconseller de Interior de la Generalitat Quim Forn, en prisión por el 1-O, ha salido a las 7.37 horas de este jueves del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) para ir a trabajar a Mediapro.

El también exconcejal del Ayuntamiento de Barcelona ha salido sonriente andando junto con una de sus hijas y un cuñado, y ha saludado a la prensa, a quien le ha deseado los 'buenos días'.

El político de JxCat ha podido salir en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen de la cárcel.

Mientras Forn se dirigía acompañado de sus familiares hacia un coche privado para ir a Barcelona, su hija le ha pedido que parara un momento y lo ha fotografiado de pie delante del centro penitenciario.

La fotografía ha sido publicada minutos después en la cuenta de Twitter de Forn, acompañada de un mensaje que ha escrito: "Saliendo de la prisión de Lledoners, en el primer día de permiso para ir a trabajar después de 841 días sin libertad. Muchas gracias por vuestro apoyo".

Tras la fotografía, los tres han entrado dentro del vehículo para dirigirse a la capital catalana, donde Forn ejercerá su primer día de trabajo como jurista especialista en Derecho Público en Mediapro, donde pasará cada día 12 horas y media durante cinco días entre semana y luego volverá a dormir a Lledoners.

El exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn trabajará como jurista especialista en Derecho Público en el Grupo Mediapro, durante las 12 horas y media al día que se le permite salir de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para trabajar, en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, según informa Europa Press. 

Así lo ha explicado el presidente del Grupo Mediapro, Jaume Roures, este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio: "Vendrá a encargarse del departamento legal en todo lo que tenga que ver en Derecho Público, una materia en la que no tenemos especialistas y Quim lo es".

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención de la Víctima de la Generalitat informó el pasado jueves de que la Junta de Tratamiento de Lledoners acordó aplicarle a Forn el 100.2, que permite flexibilizar el régimen en la cárcel, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario, y que podrá salir 12 horas y media al día, cinco días entre semana.

El título del documental es aparentemente neutro: Causa especial 20907/2017, la denominación jurídica oficial del juicio del procés. Pero esta designación, utilizada para los procesos contra personas aforadas, remite desde la misma sonoridad a otra expresión, la de "causa general". Para quienes la usan —los abogados de los acusados, alguna formación política—, el proceso contra los responsables del referéndum de independencia catalán del 1 de octubre no tiene tanto interés en dilucidar si se han producido o no unos tipos penales como en condenar y escarmentar a todo un movimiento político. En este documental de Mediapro, dirigido y producido por Jaume Roures, quien utiliza la expresión es el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca: "El Tribunal Supremo, a efectos prácticos, está llevando a cabo una causa general contra el independentismo". El documental se ha emitido ya en TV3, donde está disponible en televisión a la carta, y Mediapro sigue organizando proyecciones públicas en distintas ciudades (la última, en el Centro Blanquerna, de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid).  

Causa especial analiza el juicio contra 18 de los 25 representantes públicos y líderes políticos acusados tras el referéndum del 1-O. Lo hace a través de las voces de 17 expertos, la mayoría de ellos juristas, entre los que se encuentran jueces y fiscales —como la jueza Mª Victoria Rosell o los magistrados eméritos del Supremo Joaquín Giménez García y José Antonio Martín Pallín—, catedráticos —Mercè Barceló, Francisco Javier Álvarez, Jacobo Dopico—, representantes de asociaciones judiciales —Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces por la Democracia...— y expertos en justicia internacional —como Josep Casadevall, vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos—. Pero el documental no pretende ser equidistante: se trata de una película de tesis que se centra en las inconsistencias de la acusación y en la que tienen especial protagonismo las críticas a la Fiscalía y al Tribunal Supremo. Los créditos finales aparecen acompañados de imágenes de los encarcelados teñidas de un simbólico amarillo. 

El documental es la tercera parte de una trilogía formada por 1-O 1-O (el día del referéndum)y 20S 20S (cuando se produce el "tumulto" que supone la base para la acusación de rebelión), también dirigidos y producidos por Jaume Roures, con guion y realización de Lluís Arcarazo, emitidos, como esta nueva película, por TV3. El primero de ellos era mencionado, de hecho, por la Guardia Civil en un informe que consideraba al empresario como un "elemento capital" del procés, integrado "en el comité ejecutivo" como "profesional experto en el ámbito de la comunicación". Según los agentes, en 1-O "se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo posible y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista". En un comunicado, Mediapro denunciaba entonces el "ataque a las libertades de creación, información y pensamiento" y criticaba que "un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva".

Pero, al margen de estas consideraciones, si el documental recoge una crítica clara al juez instructor Pablo Llarena, al ex fiscal general José Manuel Maza (fallecido en noviembre de 2017) y a la jueza Carmen Lamela, instructora del caso cuando estaba aún en la Audiencia Nacional, es porque hay cierta unanimidad entre los entrevistados con respecto a algunos supuestos —y porque a la minoría que disiente se le otorga menos tiempo de metraje—. Entre ellos estaría la existencia o no de violencia el 20-S que justificaría el delito de rebelión; lo ajustado o no del delito de sedición imputado en un primer momento por la Audiencia Nacional a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez; la existencia o no de malversación; la idoneidad de la prisión preventiva; o posibles quiebras del derecho a un debido proceso primero por una cuestión de competencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pero también por la asignación del caso a Llarena y el uso de las euroórdenes contra los políticos fugados.

José María Mena, ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hasta su jubilación en 2006, resume las impresiones de buena parte de los entrevistados: "Rebelión, ni de lejos; sedición, discutible; desobediencia, razonable; la malversación habrá que probarla". Uno de los auntos principales del caso, al que el documental dedica una proporción considerable del metraje, es el de si existió violencia instigada por los encausados, algo que exige el tipo penal de rebelión y que ha sustentado también las acusaciones al movimiento independentista de haber organizado un "golpe de Estado". De hecho, la película se abre con varios políticos —los conservadores José María Aznar, Mariano Rajoy, Cristina Cifuentes o Pablo Casado, pero también los socialistas Josep Borrell y José Bono— inscribiéndose en las filas de quienes igualan el 1-O con el 23-F. Bono lo dice incluso explícitamente: "Este golpe de Estado es tan peligroso como el de Tejero, o más". 

La cuestión logra cierto consenso. "Si se quiere saber lo que es una rebelión, hay que ir al año 1981", lanza Lluís Mestres, de la Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils, dando paso a imágenes de los militares irrumpiendo en el Congreso a punta de pistola. Mena: "La violencia [está] argumentada [en el proceso] de manera completamente barroca". Sánchez-Cuenca: "Atribuir violencia al procés porque los policías se vieran obligados a cargar el 1-O, pues eso es violencia policial o represión del Estado, pero no se puede poner en el debe del movimiento independentista". Solo Manuel Almenar, de la Asociación Profesional de la Magistratura, explica que tras las acciones de los independentistas habría una "fuerza coactiva": "Hoy [un golpe de Estado como el de 1981] no se da. Las formas de alzarse (...) se pueden llevar a cabo de muchas maneras". Contra esa idea de la existencia de una "rebelión del siglo XXI" protesta Martín Pallín: "El Código Penal no admite esas frivolidades".    

Aquí resultan especialmente esclarecedoras las intervenciones de los expertos internacionales consultados en el documental. Por un lado está Frank Verbruggen, profesor de Derecho Penal Europeo en la Katholieke Universiteit de Lovaina, en Bélgica. Habla de la euroorden para la detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, emitida por Lamela y retirada por Llarena por temor a que la justicia belga no compartiera el criterio español con respecto a delitos como rebelión o malversación. "Aquí la impresión", dice Verbruggen, "era que la violencia de los independentistas no era la típica violencia de una rebelión armada". Lo mismo viene a decir Stefan Kirsch, abogado alemán especialista en Derecho Penal, sobre la segunda euroorden emitida contra Puigdemont, interceptado en Alemania: "La jurisprudencia y el Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein afirman que la rebelión, que en Alemania es el delito de alta traición, exige más violencia que la mera resistencia pasiva". Como este país rechaza ese cargo y se ofrece a entregar al expresidente solo por malversación, Llarena retira de nuevo la euroorden contra todos los huidos. 

El documental examina también el supuesto de sedición, el delito que Lamela imputaba a los Jordis en la Audiencia Nacional y que ahora esgrime la Abogacía del Estado en el Tribunal Supremo. Este tipo no exige la existencia de violencia, como el de rebelión, y se aplica a aquellos que "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes". Mena lo tiene claro: "Poner a cien mil personas en la calle no es 'fuera de las vías legales'", sino que se corresponde con el derecho de manifestación. Mª Victoria Rosell apunta que hay otros casos, tan célebres como frecuentes, en los que se impide a una comisión judicial hacer cumplir la ley: los desahucios parados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en ningún caso se han considerado sedición. 

Queda el delito de malversación, sobre el que Mena decía "habrá que probarla". Ahí, el documental corta en seco a unas declaraciones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro: "Ni un euro del presupuesto de la Generalitat se ha destinado a día de hoy a financiar el referéndum del 1 de octubre". Después de esa fecha, el expresidente Mariano Rajoy volvía a contestar a esa pregunta en sede parlamentaria: "No se dedicó ni un solo euro del FLA [Fondo de Liquidez Autonómico] al referéndum ilegal". 

Llegados a este punto, el documental explora la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre el caso. Esta institución se limitaría, explica Casadevall, a verificar que "se han salvaguardado todos los elementos y derechos fundamentales durante el proceso". Es decir, que no se pronunciaría sobre la correcta aplicación de tal o cual delito, sino sobre cuestiones, digamos, procedimentales. Los entrevistados mencionan varias fallas en este sentido: primero, la competencia del Tribunal Supremo, ya que las defensas solicitaron que se enjuiciara a los acusados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Segundo, la cuestión del "juez natural", ya que según una investigación del diario Público, no le correspondía a Llarena el turno para instruir el juicio contra el procés. Por último estaría la "contradicción" por la sucesiva retirada estratégica de las euroórdenes. Pero el recurso ante el Tribunal Europeo exige agotar antes las instancias internas, lo que puede llevar varios años. 

La cinta se cierra temiendo un desenlace similar al del caso Otegi. Pero la preocupación de muchos de los entrevistados va más allá. "El derecho penal no tiene nada que hacer [en este conflicto político]", valora el magistrado emérito del Supremo Martín Pallín, "pero lo que ya ha hecho va a ser un problema que va a perdurar sobre generaciones y generaciones".

El fondo chino Orient Hontai Capital ha adquirido el 53,5% del capital de Imagina, la productora audiovisual surgida de la fusión de Mediapro y Globomedia, por 1.016 millones de euros, ha anunciado la empresa catalana este viernes en un comunicado recogido por Europa Press.

El primer grupo chino de capital privado ha comprado las participaciones de Torreal (22,5%), Televisa (19%) y Mediavideo (12%), sumando en total el 53,5%, y esta transacción sitúa el valor corporativo de Imagina en 1.900 millones de euros.

El resto de accionistas —Grup WPP (22,5%) y dos de los socios fundadores, Tatxo Benet (12%) y Jaume Roures (12%)— mantienen su participación en la compañía, y el acuerdo garantiza que la dirección del grupo no experimentará ningún cambio y seguirá en manos de Roures y Benet.

Según Imagina, la decisión de determinados accionistas de vender su participación ha generado un gran interés en el mercado internacional, e inicialmente se analizaron una docena de propuestas presentadas por inversores internacionales, y ha asegurado que la elección final de Orient Hontai Capital "generará sinergias claras e intereses convergentes".

Los socios gestores del grupo, Tatxo Benet y Jaume Roures, han destacado que la operación supone para Imagina un aumento significativo de su capacidad competitiva en sus mercados tradicionales de España y Europa, y confirma la confianza de los mercados en su modelo de negocio y su estrategia de crecimiento.

Crecimiento en China

Asimismo, el acuerdo proporcionará al grupo acceso a un mercado emergente como China y la ventaja de acceder a este país de la mano "de un socio tan importante como Orient Hontai Capital".

Según Roures y Benet, las tres áreas principales de actividad de Imagina (derechos, contenidos y servicios audiovisuales) tienen "excelentes perspectivas" de consolidación y crecimiento en España, Europa y América y de crecimiento en China y el mercado asiático en general.

El consejero delegado de Orient Hontai Capital, Tony Ma, ha asegurado que esta decisión es un "paso crucial" en la expansión internacional del fondo chino, y ha manifestado que confían en el potencial y las perspectivas de Imagina y en el sector de la tecnología de nuevos medios en su conjunto.

Así, ha indicado que la adquisición de la compañía catalana no sólo les permitirá introducir tecnología avanzada de producción audiovisual en China, sino que también abre nuevas perspectivas de intercambio y cooperación entre el gigante asiático, España y Latinoamérica en campos como el de contenidos, cultura y deportes.

Segundo trimestre

La transacción está sujeta a la obtención de permisos regulatorios y se prevé que pueda cerrarse en el segundo trimestre de este año.

Citibank y Lazard han actuado como asesores financieros de Imagina, y Deutsche Bank y GBS Finances lo han hecho para Orient Hontai Capital, mientras que Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs han sido los bancos financieros de la transacción. En cuanto a las asesorías jurídica, financiera y fiscal, el equipo legal de Eneko Belausteguigoitia y EY han asesorado a la empresa catalana, mientras que Freshfields y KPMG Advisory China han asesorado al fondo chino.

Imagina cuenta con 45 centros en 28 países y una plantilla de 6.500 personas, y es uno de los líderes del sector audiovisual europeo, con un volumen de negocio de 1.540 millones de euros en 2016.

Mediapro considera "extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento" que la producción de un documental –en alusión al vídeo sobre el referéndum ilegal en Cataluña– sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva.

La compañía se ha expresado así en un comunicado [ver aquí], después de que un informe la Guardia Civil haya situado al empresario y fundador de Mediapro Jaume Roures en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Los investigadores indican en el citado informe que Mediapro produjo el vídeo 1-O difundido por TV3 "en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista".

Según ha indicado la compañía audiovisual, la producción y realización del documental ha sido presentada en el informe de la Guardia Civil, remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro "en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña, adjuntando un DVD del mismo como prueba".

En este sentido, Mediapro ha reivindicado "la profesionalidad" del equipo que realizó y produjo el documental, y su contenido que "reflejaba unos hechos y daba voz a las personas que se vieron implicados en ellos". "Criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar estas voces", ha subrayado.

Por otro lado, el informe del Instituto Armado detalla que el empresario fue quien el pasado 1 de octubre habilitó un centro de prensa donde el Gobierno catalán fue dando las ruedas de prensa informando sobre el desarrollo y el resultado del referéndum ilegal.

En este punto, Mediapro tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones "a todas las partes implicadas".

"Un repaso de la lista de comparecientes evidencia que no se trataba de un centro de prensa del Govern de la Generalitat, ya que sólo la mitad de las comparecencias fueron de miembros del Ejecutivo catalán. El centro acreditó más de 400 periodistas de 150 medios de hasta 33 países de todo el mundo", ha concluido la compañía audiovisual.

Tras conocerse la existencia del citado informe, Roures se mostraba sorprendido por el hecho de que se le sitúe como parte del supuesto comité que elaboraba la hoja de ruta del proceso independentista, y defendía que "argumentos no hay".

La Guardia Civil sitúa al empresario y fundador de Mediapro Jaume Roures en el Comité Ejecutivo que aparecía en el documento denominado Enfocats, considerado hoja de ruta del procés para la declaración de independencia de Cataluña e incautado en el domicilio de Josep María Jové, número dos del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, informa Europa Press.

Según el citado informe que obra ya en poder del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por rebelión contra 28 dirigentes independentistas, Roures "podría integrarse en el Comité Ejecutivo que se plasmó en aquel documento en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación".

Según los agentes, los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes de que "contar con el soporte de un proveedor de servicios audiovisuales de la entidad Mediapro permitiría difundir el mensaje soberanista a un público mucho mayor".

Así, concluyen que la acción de comunicación que se planteó en Enfocats fue clave y que por ello los dirigentes independentistas "se valieron de medios de comunicación social públicos y privados erigiéndose la figura de Jaume Roures Llor en elemento capital para la difusión del mensaje independentista".

El informe destaca igualmente tres llamadas que en opinión de la Guardia Civil corroboran esta hipótesis, una de las cuales se realizó el pasado 6 de agosto por el jefe de presa de Junqueras, Sergi Sol Bros al que fuera mano derecha de Junqueras. En él hablan de un documental "para la historia" sobre el referéndum del 1-O que tendría que hacer "ese señor" —posiblemente en referencia a Jaume Roures, según el Instituto Armado— y del que le podrían haber excluido al empresario Oriol Soler Castanys, que estaría molesto por ello.

"El pelado y el abuelo"

Un día después Jové llama a Sergi Sol Bros, "para comentarle que el pelado (podría tratarse del empresario Oriol Soler) le había preguntado si tenía negocios con el abuelo (que podría ser Roures)". El que fuera mano derecha de Junqueras le explicó entonces que él "se vería con el abuelo que éste le había dicho que no (iba a salir en el documental)" que se lo explicaría y ya estaba. Ese mismo día se realiza otra llamada en la que Jové le pide a Soler Castanys poder verle un momento por que en unas horas iba a reunirse con el fundador de Mediapro.

Los investigadores detallan que el empresario fue quien el pasado 1 d octubre habilitó un centro de prensa donde el Gobierno catalán fue dando las ruedas de prensa informando sobre el desarrollo y el resultado del reférendum ilegal.

Recuerdan que fue precisamente Mediapro quien produjo el vídeo 1-O difundido por TV3 "en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista".

Por todo ello la Guardia Civil concluye también que Enfocats —cuya redacción sitúa en el verano de 2016— "no fue el resultado de una fantasiosa megalomanía de una o unas cuantas personas" sino que se viene ejecutando por los distintos actores.

No ve "argumentos" contra él

Por su parte, Roures ha afirmado este miércoles que está sorprendido por el informe de la Guardia Civil y ha dicho que "argumentos no hay". En una tertulia en TV3 recogida por Europa Press, ha criticado que las explicaciones que se dan para vincularlo con el proceso tienen que ver con que la Generalitat estaba muy preocupada por la comunicación, y se presentan tres llamadas en las que terceras personas hablan de un tal "el abuelo" que los agentes "deducen" que se referían a él.

"Hacen unas conexiones y unas explicaciones que ni los niños pequeños harían", ha afirmado, y ha ironizado sobre que no es abuelo aunque tenga edad de serlo, y ha asegurado que no conoce a Jové, que se refiere al "abuelo".

Las cloacas

Roures ha asegurado que las explicaciones que lo vinculan al proceso tienen más que ver con el documental Las cloacas de InteriorLas cloacas de Interior producido por Mediapro, en el que considera demostrado que, aparte de Estado y judicatura, "hay organismos paralelos que funcionan a su aire", algunos sostenidos por poderes económicos y otros políticos, y que actúan y gastan un dinero por el que no se interesa el Tribunal de Cuentas, ha opinado.

Roures ha criticado que se cita en el informe el documental sobre el 1 de octubre, también de su productora, con lo que pasa a formar parte de "un delito, en este caso de opinión", y ha dicho que están preparando otro sobre el 20 de septiembre, cuando se realizaron registros en la Conselleria de Economía y otras.

Sobre el centro de prensa que se habilitó en Mediapro durante el referéndum, ha dicho que en el centro se hicieron ruedas de prensa de otras instituciones y partidos, y que el entonces presidente del Govern hizo todas sus comparecencias en el Palau de la Generalitat.

"Discursos a medida"

Ha afirmado que no hay que buscar coherencia en los argumentos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena porque considera que ha elaborado "discursos a medida" con argumentarios diferentes cuando ha negado la libertad a los presos o bien cuando ha valorado la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Bruselas.

Al comentar la propuesta de coordinar las defensas de los soberanistas lanzada este miércoles por la exdiputada de la CUP Mireia Boya, ha dicho que "las acusaciones tienen un peso diferente" y cada persona tiene que buscar la línea que le vaya mejor, y los que están en prisión tienen que tratar de salir.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha obligado este miércoles al diario El País a rectificar la información en la que afirmaba que el fundador de Mediapro, Jaume Roures, ocultaba más de 250 millones de euros en 150 cuentas bancarias de paraísos fiscales, según ha informado la empresa en un comunicado.

Según el tribunal, “El País ha sido incapaz de aportar elementos que demuestren sus afirmaciones” sobre la noticia publicada el 14 de diciembre de 2014. De este modo, da la razón a Roures y Mediapro, que denunciaron que la información publicada les perjudicó al tratarse de "actividades éticamente reprobables, o incluso susceptibles de ser consideradas delictivas, en tanto que vinculadas a la corrupción, al fraude fiscal o a la evasión de capitales".

El grupo empresarial, que también interpuso una querella criminal –todavía en curso– contra el diario por, injurias, calumnias y aportación en juicio de documento falso, se ha mostrado "satisfecho" porque la sentencia ha dejado claro que El País "publicó dicha información sin ningún fundamento ni ningún documento que la sustentase”.

Tras la sentencia condenatoria, el diario de Prisa deberá publicar sin comentarios ni apostillas, el texto rectificatorio, con una relevancia semejante a la noticia que se publicó en el ejemplar de fecha 14 de diciembre de 2014, con el mismo tipo y medida de letra, en la portada e interior, en la sección Sociedad.

Un portavoz de El País indicó a infoLibre que desde el diario no se iba a valorar la decisión judicial. 

El empresario Jaume Roures, del grupo Mediapro, presentó en un juzgado de Barcelona una querella criminal contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por un presunto delito continuado de revelación de secreto empresarial, contra la intimidad de Roures y otro continuado de hurto agravado.

Los hechos denunciados se produjeron supuestamente entre 2009 y octubre de 2011 y la querella se amplía a Joan Carles Raventós, Robert Cama y al FC Barcelona –al que ha calificado de víctima y coautor–, Bonus Sport Marketing –fundada por Rosell– y Socktel Servicios Informáticos.

En rueda de prensa este viernes en Barcelona, Roures calificó de "actitud miserable" y falta de respeto este espionaje, y explicó que lo han denunciado ahora una vez se ha acabado la guerra del fútbol y la negociación de los derechos del fútbol.

Según Mediapro, Cama, responsable de IT de Mediapro hasta octubre de 2011 –cuando fue despedido–, estuvo accediendo "de forma deliberada y sistemática" a los correos electrónicos recibidos y enviados por Roures, remitiendolos a Raventós y Rosell.

La productora sostiene que esta actividad se mantuvo tras la elección de Rosell y la designación de Raventós como responsable de las secciones deportivas, y que Cama fue retribuido primero a través de Bonus Sport Marketing y luego directamente a través del FC Barcelona cuando Rosell alcanzó la presidencia.

Roures explicó que entre los supuestos correos espiados hay de negociaciones con entidades financieras, negociaciones de derechos audiovisuales e intercambios de mails con Pep Guardiola, Joan Laporta, representante de jugadores, entre otros.

El dirigente de Mediapro afirmó que no se trata de "una cosa inocente y casual", y ha criticado que Rosell se haya presentado como una víctima de espionaje cuando él espiaba.

Roures afirmó que ya en octubre de 2011 le pidió explicaciones a Rosell, y éste le respondió que hacía "delete, delete" a lo que le llegaba a su correo. El mepresario animó también al FC Barcelona a presentarse en la querella, así como a otras víctimas del supuesto espionaje.

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, ha señalado este martes que espera que el documental que prepara el director Fernando León de Aranoa sobre Podemos salga "el día después" de las elecciones generales para "poder explicar lo que ha pasado".

Durante su participación en un desayuno informativo, Roures ha asegurado que la formación de Pablo Iglesias se trata de "una fuerza emergente" en España, lo que conlleva una necesidad de análisis también en el cine. "Desde el punto de vista cinematográfico, Podemos es un fenómeno que hay que plasmar", ha indicado. El productor catalán ha recordado que Mediapro trabaja desde el año 2000 con León de Aranoa y éste no es su único proyecto. De hecho, estrenará el próximo 28 de agosto su nueva película Un día perfecto, protagonizada por Benicio del Toro sobre la guerra de Bosnia y las ONG.

Preguntado también por el apoyo recibido por Podemos desde Público –desde el pasado mes de diciembre La Tuerka se emite desde el plató de la redacción del diario–, ha adelantado que seguirá colaborando con esta formación. "Si millones de personas votan a este partido no tengo por qué pensar que es malo para España", ha concluido.

El Tribunal Supremo ha declarado a Mediapro vencedor de la guerra del fútbol. En un fallo unánime, la Sala de lo Civil ha dictaminado que el acuerdo firmado en julio de 2006 por la empresa de Jaume Roures y Audiovisual Sports, propiedad del Grupo Prisa, contraviene las leyes de la competencia.

De esta forma, el Alto Tribunal exime a Mediapro de pagar a Prisa los 323,27 millones de euros que ésta le reclamaba por incumplir ese contrato que ahora se declara nulo en sentencia firme. La empresa de Roures sólo tendrá que abonar a la que que preside Juan Luis Cebrián un total de 32,33 millones más intereses por los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol correspondientes a la temporada 2006-2007, la única en que estuvo vigente el acuerdo.

El Supremo estima así el recurso y los argumentos esgrimidos por Mediapro contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que en noviembre de 2012 resolvió el contrato entre ambos grupos y condenó al de Roures a pagar a Prisa 62,16 millones de euros por facturas pendientes de pago. A su vez, la Audiencia había estimado parcialmente un recurso anterior de Mediapro contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid que en 2010 la condenó a abonar 97,32 millones de euros.

Pacto de no competencia

Fueron las batallas judiciales de la guerra del fútbol, que se desató cuando Mediapro empezó a firmar contratos con los clubes de fútbol para adquirir sus derechos audiovisuales. Según Prisa, esas operaciones infringían el acuerdo que ambos grupos habían firmado en 2006 y que incluía en su cláusula quinta un pacto de no competencia: reservaba a Audiovisual Sports la compra y renovación de esos derechos.

El Supremo corrobora un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia que ya en abril de 2010 consideró contraria a las leyes de la competencia nacionales y europeas la citada cláusula. La sentencia deja claro que no sólo es nulo ese apartado sino también todo el acuerdo de 2006.

Y es así porque con él “se pretendía acabar con la competencia entre Audiovisual Sports y Mediapro en la obtención de los derechos audiovisuales de los clubes, para evitar su encarecimiento y ambas entidades se repartían su explotación”, explica el Alto Tribunal. Por tanto, no deja lugar a dudas, “el acuerdo en su conjunto tenía por objeto restringir la competencia”.