Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) eligieron este lunes al croata Boris Vujčić, actual gobernador del banco central de su país, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución del español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Boris Vujčić (Zagreb, 1964), economista y profesor universitario, cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los bancos centrales que comenzó en 1996 como jefe del departamento de investigación del Banco de Croacia y que dio un paso más en el año 2000 cuando fue nombrado vicegobernador de la entidad.

Doce años más tarde, en 2012, subió al máximo peldaño del Banco de Croacia como gobernador, cargo que ocupa en la actualidad. Era, por tanto, el director del banco central nacional cuando su país asumió el euro como moneda propia el 1 de enero de 2023.

Considerado como un halcón en la jerga monetaria (a favor de una política monetaria más restrictiva y dura para contener la inflación), el croata se ha impuesto a los otros cinco candidatos que presentaron sus candidaturas para ser a partir del 1 de junio de este año el número dos de la francesa Christine Lagarde.

El resto de aspirantes eran el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius.

De esta forma, España perderá su silla en el Comité Ejecutivo del instituto emisor y no podría recuperarla hasta al menos un año después, en junio de 2027, cuando tocará renovar el puesto que ahora desempeña el economista jefe Philip Lane.

Las siguientes renovaciones no llegarían hasta noviembre de ese mismo año, mes en el que finaliza el mandato de Lagarde como presidenta del BCE, o enero de 2028, momento en el que la alemana Isabel Schabel tiene que abandonar su puesto en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria.

El nombramiento todavía debe ser confirmado primero por los ministros de Finanzas de la UE (el Ecofin) y después por los jefes de Estado y de Gobierno del bloque tras haber consultado al Parlamento Europeo y al propio banco emisor, aunque sus dictámenes no son vinculantes.

De hecho, el Eurogrupo ha desoído la recomendación que la pasada semana emitió la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, que tras escuchar a todos los candidatos a puerta cerrada sugirió elegir al letón Kazāks o al portugués Centeno.

En un chat encriptado de febrero de 2021, presuntos narcotraficantes de los Balcanes se jactaban de tener los derechos exclusivos para traficar cocaína disimulada en contenedores de plátanos exportados por la empresa familiar del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Un documento confidencial de la fiscalía de Croacia registró a dos personas, que usaban la plataforma de mensajería encriptada Sky ECC y que solo son identificados por números PIN anónimos, alardeando de que "nadie más que ellos" tenía permiso para embarcar cocaína en los contenedores de Noboa Trading Co TCN SA.

Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca 'Bonita y es' dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Ni Noboa Trading ni la oficina del presidente Noboa respondieron a las solicitudes de comentarios de OCCRP, consorcio de investigación del que es socio infoLibre.

Mientras que los documentos de Croacia solo muestran PINs anónimos, el medio de investigación serbio KRIK —también socio de OCCRP— identificó a uno de los interlocutores gracias al cruce con documentos judiciales de otros casos en Serbia en los que los narcos también habían utilizado la aplicación Sky ECC. Se trata de Nikola Đorđević, una presunta figura del crimen organizado. La policía de Serbia lo busca actualmente por un caso de tráfico de cocaína distinto al de los cargamentos de Noboa Trading. 

Aunque no está claro exactamente cómo Đorđević y sus asociados habrían accedido a los contenedores de un importante exportador de frutas, existen pruebas de que su afirmación no era solo una fanfarronada.

En sus chats encriptados, los presuntos traficantes se refirieron a tres envíos específicos de cocaína y transmitieron detalles sobre las fechas, nombres de los barcos y números de contenedores. OCCRP ha cotejado los datos compartidos en esas conversaciones con envíos reales de plátanos de Noboa Trading utilizando registros de envío y datos de exportación.

Por ejemplo, mencionaron un cargamento de 430 kilos de cocaína oculto en el contenedor MEDU9747725, el cual dijeron que había salido de Ecuador el 25 de enero de 2021. Al consultar registros de envío y datos de exportación, los reporteros confirmaron que Noboa Trading efectivamente envió ese mismo contenedor en esa fecha.

Los tres cargamentos, que reporteros de KRIK, OCCRP y el Investigative Journalism Bureau examinaron en detalle, se mandaron desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil. Todos habían ido a bordo del buque portacontenedores de bandera liberiana MSC Mirella a lo largo de un periodo de tres meses entre finales de 2020 y principios de 2021, antes de ser transferidos a otros barcos.

En total, contenían 535 kilos de cocaína, lo que puede alcanzar un valor en el mercado de al menos 26 millones de euros. El último de los envíos, que contenía 60 kilos de cocaína, fue incautado por autoridades croatas a principios de marzo de 2021, tras ser descargado en Ploče, un puerto en el mar Adriático, indica el documento de la fiscalía croata.

Mientras que el grupo de Đorđević se encargaba de cargar la cocaína en el punto de origen, archivos de la fiscalía croata revelan que otra banda de narcos de los Balcanes se encargaba de descargar la droga de los contenedores de Noboa Trading cuando llegaban a Croacia.

Esta cuadrilla estaba presuntamente liderada por Petar Ćosić, quien actualmente enfrenta un juicio en Croacia por organizar y liderar una organización criminal, por homicidio agravado y por tráfico de cientos de kilos de cocaína desde Ecuador, incluyendo droga hallada en los contenedores de plátanos de Noboa. Ćosić no ha contestado a las preguntas que OCCRP le ha hecho llegar a su abogado.

Esta nueva evidencia proporciona detalles sobre la creciente colaboración entre grupos criminales que trafican cocaína hacia Europa, y demuestra la facilidad con la que la exportación de bienes legales cotidianos puede verse afectada.

La cooperación parece ser parte de una tendencia más amplia hacia cadenas de suministro criminales modulares, afirma Anna Sergi, experta en crimen organizado y profesora de sociología en la Universidad de Bolonia.

En este caso, un grupo de presuntos traficantes de los Balcanes organizó la carga de la droga en contenedores en Ecuador, mientras que otra cuadrilla fue responsable de descargarla en Croacia, indican diversos documentos legales.

"Hay grupos que se especializan en el relleno en origen (origin stuffing), en la logística marítima o en la distribución local, y luego venden o intercambian esas capacidades", dijo Sergi a OCCRP.

Las pruebas obtenidas por OCCRP y KRIK muestran además que la cadena de mando criminal del grupo que descargó la cocaína en Croacia no terminaba en Ćosić. Al cruzar documentos judiciales croatas con documentos adicionales de un caso en Serbia, esta investigación pudo comprobar que Ćosić recibía órdenes a través del servicio de mensajería encriptada Sky ECC de una figura criminal de muchos más quilates: el capo Darko Šarić. 

Šarić, originario de Montenegro y quien cumple una condena por tráfico de cocaína, enfrenta actualmente un juicio en Serbia por lavado de dinero y por organizar cuatro asesinatos, entre otras acusaciones.

Los fiscales serbios han acusado a Šarić de haber seguido al mando de una organización criminal desde la cárcel por medio de la aplicación Sky ECC. Šarić niega estas acusaciones. Su abogado, Dalibor Katančević, ha asegurado que la celda de Šarić ha sido registrada innumerables veces sin que se hayan encontrado evidencia de dispositivos para comunicarse.

"Estoy seguro de que en todos los archivos de la fiscalía y del tribunal a los que se refieren, no pudieron haber encontrado ninguna prueba indiscutible de que Darko Šarić esté conectado con ninguno de los individuos mencionados, ni con ninguno de los presuntos envíos", señaló Katančević.

Esta nueva revelación llega en un momento incómodo para el presidente Noboa, quien se ha presentado como un combatiente de la lucha antidrogas, y que a principios de este año pidió a los ejércitos de Estados Unidos y Europa unirse a su "guerra" contra los que llamó "narcoterroristas".

"Las revelaciones exponen un conflicto de intereses masivo para un presidente que ha basado toda su carrera política en una narrativa de combate a la violencia y freno a la influencia corrosiva de los cárteles de la droga", dijo Jake Johnston, director de investigación internacional en el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR).

En marzo de este año, la revista colombiana Raya reveló que entre 2020 y 2022 la policía incautó casi 700 kilos de cocaína en tres contenedores de plátanos de Noboa Trading en el puerto ecuatoriano de Guayaquil.

Durante un debate presidencial a principios de este año, la candidata de oposición Luisa González le preguntó de manera repetida sobre la publicación de Raya al presidente Noboa, quien entonces buscaba su reelección.

"Investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan drogas en cajas de banano de la empresa del señor Daniel Noboa hacia Croacia e Italia”, dijo González sobre la empresa familiar del presidente.

El presidente Noboa rechazó las acusaciones, indicando que la compañía había cooperado en cada caso y que los funcionarios de Noboa Trading habían sido exonerados "de cualquier acto ilícito". También negó tener alguna participación personal en la empresa: "No, no soy el dueño, pero sí están miembros de mi familia en esa empresa”.

Durante el debate presidencial a principios de este año, el presidente Noboa afirmó que no estaba involucrado personalmente con la empresa bananera que comparte su apellido, pero los registros de la empresa y el propio sitio web de la presidencia muestran vínculos históricos con él y relaciones actuales con su familia.

El padre del presidente Noboa, Álvaro Noboa, quien se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador cinco veces, encabeza tanto Noboa Corporation como Noboa Group, las empresas matrices de un vasto conglomerado empresarial que incluye a Noboa Trading, según las páginas web tanto de Álvaro Noboa como de la empresa.

Antes de convertirse en presidente, Daniel Noboa trabajó en Noboa Corporation, donde llegó a ser el director naviero más joven de la historia de la compañía, indica el sitio web de la presidencia.

Roberto Jorge Ponce Noboa, primo de Álvaro Noboa, era el CEO de Noboa Trading en el momento en que los tres envíos identificados por OCCRP y KRIK llegaron a Croacia, según documentos de la empresa y medios locales.

Noboa Trading es por su parte propiedad de otras dos empresas: el accionista mayoritario Lanfranco Holding SA, registrado en Panamá, y la firma ecuatoriana Inmobiliaria Zeus SA.

Debido a que Panamá permite a las empresas mantener a sus accionistas en el anonimato, no fue posible determinar quién posee actualmente Lanfranco Holding, pero un documento de 2015 de la filtración de los Pandora Papers muestra que ese año Álvaro Noboa transfirió la propiedad de la firma a dos de sus hijos: Daniel y Juan Sebastián.

Para 2021, Inmobiliaria Zeus era propiedad de otras empresas registradas en las Bahamas y Panamá. Aunque su propietario mayoritario está oculto, entre los accionistas de Inmobiliaria Zeus en 2021 se encontraban cuatro empresas y 12 individuos, incluida la tía del presidente Noboa, Isabel Noboa Pontón, y varios primos.

Tanto Lanfranco Holding como Inmobiliaria Zeus también poseen otras firmas vinculadas a la familia Noboa. Inmobiliaria Zeus, por ejemplo, es accionista de Noboapallets SA., mientras que Lanfranco Holding es accionista de otras 45 empresas agrícolas, navieras, de embalaje y de fertilizantes conectadas con la familia Noboa.

Aunque no hay evidencia de que Noboa Trading estuviera al tanto del contrabando oculto en sus contenedores de plátanos, Anna Sergi —la experta en crimen organizado— señaló que los hallazgos sugieren vulnerabilidades sistémicas en el principal puerto de Ecuador: controles débiles, contratación opaca de empacadores externos y prácticas informales en las puertas que crean oportunidades para la captura criminal.

"[El chat descifrado] no prueba por sí mismo la participación de la gerencia de la empresa. Pero sí indica con fuerza que alguien con control sobre el proceso físico de carga de contenedores y salida es cómplice o ha sido captado por criminales", explica Sergi.

Aunque un contratista de Noboa Trading responsable de realizar inspecciones antinarcóticos ha sido objeto de procedimientos judiciales al menos cuatro veces, esta persona nunca ha sido inculpada.

Los registros de embarque muestran que Firma Leon Van Parys NV, una empresa de frutas inscrita en Amberes que es el mayor comprador de plátano para el mercado croata, fue consignataria en uno de los envíos y la parte notificada en los otros dos. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios de OCCRP.

La naviera MSC dijo a OCCRP que permanece firmemente opuesta al comercio de cocaína y continúa intensificando sus esfuerzos de seguridad. "En los últimos años, la industria del transporte marítimo de línea ha mejorado drásticamente su capacidad para detectar cargamentos de drogas ilegales como las mencionadas en el informe gracias a los avances en tecnología y asociaciones efectivas con las autoridades aduaneras", indicó MSC en una respuesta por correo electrónico. "El panorama hoy es muy diferente".

Como el mayor exportador de plátanos del mundo, los envíos de la fruta tropical a través de los concurridos puertos de Ecuador, como Guayaquil, son un objetivo atractivo para los traficantes de cocaína.

A principios de este año, el Defensor del Pueblo de Ecuador afirmó en una entrevista con la Deutsche Welle que hasta el 70% de las drogas consumidas en Europa se exportan ahora desde Ecuador. Aunque Bélgica, los Países Bajos y España siguen siendo los principales puntos de entrada de cocaína a Europa, la mejora en la intercepción ha llevado a los traficantes a utilizar con más frecuencia puertos secundarios más pequeños.

Así como las bandas de los Balcanes han ganado una posición creciente en el negocio, Croacia, con sus seis puertos comerciales, se ha convertido en un destino más popular.

Al ser el cuarto mayor exportador de plátanos de Ecuador, los contenedores de Noboa Trading terminaron en el centro de este fenómeno. Entre 2014 y 2024, la empresa y sus marcas asociadas, como Bonita, exportaron 190 millones de dólares de la fruta a Croacia, uno de sus mercados clave.

"Cuanto más envías a esa región, mayor es la probabilidad de que los contenedores estén contaminados", dijo Bruce Goldberg, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que trabajó en Ecuador media década.

"Y Ecuador envía plátanos a todas partes. A todas partes".

El equipo de R&D contribuyó a este reportaje.

El populista Zoran Milanovic fue reelegido este domingo como presidente de Croacia con el 75% de los votos, tras un primer mandato marcado con los choques con el Gobierno conservador y por mensajes euroescépticos, nacionalistas y prorrusos que solo comenzó a moderar al final de la campaña electoral.

"No voy a presionar al Gobierno, pero tendremos que conversar", señaló Milanovic en sus primeras declaraciones, cuando el recuento de casi la totalidad de las papeletas le da el 75% de los votos, frente al 25% de Dragan Primorac, el candidato de la HDZ, el partido conservador del primer ministro, Andrej Plenkovic.

La reelección de Milanovic para un segundo mandato de cinco años es la victoria electoral más contundente lograda por un candidato presidencial desde la independencia de Croacia de Yugoslavia en 1991.

Plenkovic se negó a felicitar a Milanovic y llegó a acusarlo de violar la Constitución, en referencia a la advertencia del Tribunal Constitucional el pasado abril sobre la injerencia del presidente en las elecciones legislativas.

El primer mandato de Milanovic como presidente ha estado marcado por los choques, incluso insultos, con el Gobierno, hasta el punto de que en ese tiempo no se ha nombrado a ningún nuevo embajador, una decisión que necesita el acuerdo de los jefes del Estado y del Gobierno. Así, Croacia, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, no tiene actualmente embajador ni en Francia ni en el Reino Unido.

Milanovic, que fue primer ministro con el Partido Socialdemócrata (SDP) entre 2011 y 2016, ha pasado en sus primeros cinco años como jefe del Estado de posturas progresistas a desarrollar un mensaje nacionalista, euroescéptico y hasta prorruso, sobre todo en lo relacionado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Plenkovic aseguró este domingo que el presidente electo no tiene programa y opinó que tanto la campaña de Milanovic como su primer mandato fueron "sucios".

Además, recordó que su partido ganó las elecciones de abril y que a su Gobierno le quedan tres años y medio en el poder. "El 99% del poder en Croacia se refiere a las competencias del Gobierno y de la mayoría parlamentaria, y un 1% son las competencias del presidente", comentó.

Muchos analistas consideran que la principal baza electoral de Milanovic ha sido precisamente presentarse como un contrapeso a la HDZ, que domina la política y las principales instancias del país desde hace décadas, y está lastrada por una serie de escándalos de corrupción.

Aunque el cargo presidencial es en Croacia sobre todo protocolario y representativo, tiene un gran prestigio social, actúa como jefe de las Fuerzas Armadas y juega un papel, junto al Gobierno, en la política exterior y los servicios de inteligencia.

Con todo, Plenkovic reconoció que esta derrota electoral supone una "llamada de atención" para que la HDZ "se espabile y active" de cara a las elecciones locales previstas el próximo mayo.

De hecho, el presidente del SDP, Sinisa Hajdas Doncic, indicó que la victoria de Milanovic lo es también de su partido y que están preparados para las elecciones.

Milanovic, populista de 58 años que fue líder socialdemócrata entre 2007 y 2016, se ha manifestado de forma despectiva hacia los "burócratas" de la Unión Europea y ha acusado a Plenkovic de servilismo respecto a ellos.

Vetó el envío de soldados croatas por el Gobierno a la misión de la OTAN de entrenamiento a militares ucranianos, argumentado que eso significaría entrar en el conflicto, y desde la invasión rusa ha sido más crítico con Ucrania y con la Alianza que con Moscú.

Sin embargo, ante las acusaciones de ser prorruso, suavizó esos comentarios durante la segunda parte de la campaña electoral, y afirmó que Rusia no ha sido ni será aliada de Croacia y que intentaría que su presidente, Vladímir Putin, fuera detenido si visita el país. Ante quienes le acusan de euroescéptico, recordó que Croacia entró en la Unión Europea en 2013, mientras él fue primer ministro. 

La Guardia Civil, en coordinación con Europol y la ayuda de las fuerzas de seguridad de Dubái, Brasil y Turquía, ha desmantelado las sucursales en Europa del cártel de los Balcanes y sus centros logísticos en África. En una investigación que se ha prolongado durante cuatro años y que culminó hace sólo dos días con cuatro arrestos en Málaga y Canarias, han sido detenidas 40 personas, incautadas ocho toneladas de cocaína, confiscados 12,5 millones de euros y tres millones de dólares en Brasil, además de haber bloqueado activos por importe de 50 millones de euros más en Serbia. “Pero lo más importante es que la estructura ha quedado inoperativa; no han caído los eslabones más bajos de la cadena, sino los líderes de los diferentes clanes”, destacó en rueda de prensa el teniente coronel jefe del Departamento contra el Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha.

Dos de los implicados han sido detenidos en Dubái, donde residían. De hecho según explicó el teniente coronel Esteban Remacha, las operaciones de los cuatro clanes de los Balcanes que han sido desarticulados, uno de ellos el serbio Kavac, se dirigían desde el emirato y Turquía, donde han sido capturados los tres principales capos, aquellos a los que las fuerzas de seguridad europeas etiquetan como “objetivos de alto valor”.

Una vez más, Dubái se revela como refugio de los mayores narcotraficantes que operan en la Unión Europea. Dubai Unlocked, la investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales, ha destapado a decenas de criminales convictos, fugitivos de la justicia y políticos corruptos que poseen propiedades de gran valor en Dubái. También ha expuesto la laxitud con la que las autoridades del emirato aplican las normas internacionales contra el blanqueo de dinero y las trabas que pone para extraditar a los delincuentes reclamados por otros países.

En esta operación, sin embargo, la policía dubaití detuvo hace unos meses, en cumplimiento de una orden emitida por Bélgica, a Mario Krešić, quien se había refugiado en el emirato tras residir en Sierra Leona. Desde allí dirigía la logística que los clanes de los Balcanes necesitaban en África occidental para transportar hasta Europa la cocaína que les suministraban desde Colombia, Ecuador y Brasil. En estos momentos Krešić se encuentra en libertad en Dubái, pero fuentes de la Guardia Civil indicaron a infoLibre que será detenido los próximos días para extraditarlo. En octubre de 2009, un tribunal de Bosnia-Herzegovia condenó a tres años de prisión por tráfico no autorizado de estupefacientes a quien hasta ahora era el responsable de la logística africana del cártel.

El segundo detenido es Aomar el Harraj, un ciudadano canario que residía en Dubái. Fue arrestado hace unas semanas en el aeropuerto de Barcelona, antes de coger el avión que debía llevarle de vuelta al emirato tras pasar unos días de vacaciones en España. De los 40 detenidos en la operación, 13 fueron capturados en España, pero sólo cinco tenían nacionalidad española. El resto eran serbios, croatas e italianos.

La investigación en España ha estado al cargo del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al mando de Manuel García Castellón, quien ha emitido 18 órdenes internacionales de busca y captura para completar la operación. “No descartamos que alguno más de los que hemos reclamado se encuentre en Dubái”, apuntó en la rueda de prensa el teniente coronel Óscar Esteban.

Además de Mario Krešić, los otros dos objetivos de alto valor capturados son Nemad Petrak y Kristjan Palic. De nacionalidad croata, fueron detenidos el pasado mes de noviembre en Turquía, que se ha convertido en el segundo refugio preferido de los narcotraficantes después de Dubái.

Palic era el bróker de los clanes de los Balcanes, que es como se llama en el argot de los narcos a quien coordina a las distintas organizaciones necesarias para gestionar un alijo. En este caso, fueron tres: el Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor banda criminal de Brasil, la 'Ndrangheta o mafia calabresa, y los clanes de los Balcanes. Como detalló Óscar Esteban, el croata tenía los contactos para conseguir la droga en Brasil, transportarla a través del Atlántico hasta Sierra Leona y Costa de Marfil y luego introducirla en Europa tras hacer escala en Canarias. Es en ese punto donde entraban en juego los españoles, que se encargaban del trasbordo de la cocaína en embarcaciones rápidas desde las naves nodriza. Palic disponía de personal a su cargo no sólo en España, sino también en Francia, Alemania, Italia, Montenegro y Croacia. Sus poderosas alianzas, en este caso con el PCC brasileño, que intermedió en su favor, le sirvieron para quedar libre tras ser secuestrado por otra organización criminal del país suramericano, que quería cobrarle una deuda.

Nenad Petrak, por su parte, se dedicaba al blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de droga. Según informó en su día Turkish Minute, el croata había adquirido la nacionalidad turca en diciembre de 2022, tras comprar una casa en el barrio de Yenibosna, en Estambul, por 250.000 dólares –233.642 euros–, y adoptó el nombre de Nenat Çelik.

Pedrak ya ha sido extraditado a Croacia, mientras que Palic se encuentra aún en un centro de detención a la espera de ser entregado a las autoridades croatas, según explicó Erdem Koc, director adjunto del Departamento Contra el Narcotráfico de la Policía Nacional de Turquía.

Óscar Esteban destacó en la rueda de prensa la cooperación entre las policías de siete países europeos –Bélgica, Italia, Alemania, Serbia, Croacia, Países Bajos y España–, así como de Turquía, Brasil y Dubái. De hecho, junto al teniente coronel de la UCO comparecieron los jefes antidroga de estos tres países y de Europol, Robert Fay, mientras enfrente les escuchaban representantes policiales del resto de los países implicados en la operación. Gracias a la coordinación entre todos ellos, se han desmantelado cuatro clanes que en conjunto mueven la mitad de la cocaína que entra en Europa, subrayó Tomislaw Stamuk, jefe antidroga de la Policía Nacional de Croacia.

El jefe de Europol advirtió de la “extrema violencia” de estas organizaciones –“envían vídeos con las mutilaciones y ejecuciones a miembros de otros clanes”, aseguró Óscar Esteban–. Un motivo de “preocupación” para la oficina europea de policía, añadió, porque la mitad de las redes criminales internacionales están relacionadas con el tráfico de drogas. Y Europa es el principal mercado mundial de estupefacientes.

De ahí la presión que los países europeos están ejerciendo sobre Dubái. La Guardia Civil resalta la colaboración que la policía del emirato lleva prestando desde hace “tres o cuatro años”. La misma que permitió a Europol y a la Guardia Civil desmantelar en octubre de 2022 el supercártel que cayó en la Operación Desert Light. Seis capos de la droga fueron detenidos en Dubái, cada uno de ellos de una organización distinta: los Kinahan irlandeses, un bosnio del clan de los Balcanes, un panameño y tres miembros de la Mocro Maffia, dos belgas y un holandés. Casi dos años después, todos ellos se encuentran libres en el emirato y pendientes de una extradición que nunca llega.

Porque la cooperación policial dubaití no continúa en los tribunales, según se quejan al unísono todos los países europeos. Francia, Bélgica y Países Bajos tienen una veintena de solicitudes de extradición de criminales pendientes con el emirato. Cada uno. España, por su parte, ha remitido a los Emiratos Árabes Unidos 60 comisiones rogatorias de carácter penal desde 2020. De ellas, 53 siguen pendientes de tramitación.

La investigación que ha acabado con los clanes de los Balcanes se abrió en 2020 cuando la Guardia Civil interceptó un velero de bandera croata, cargado con una tonelada de cocaína, en aguas canarias. La mercancía había sido alijada desde un carguero en el Golfo de Guinea, lo que reveló la existencia de una ruta africana de la droga. La bautizada entonces como Operación Adriática permitió cerrar posteriormente otras ocho operaciones en seis países distintos.

Hasta que en agosto de 2023 se capturó un segundo velero en Canarias con 700 kilos de cocaína. Y fueron detenidos dos italianos que pertenecían a la 'Ndrangheta. Entonces se descubrió que la misma tripulación, italiano-croata, había gestionado un alijo anterior de 500 kilos de cocaína procedente de Brasil también con la misma nave. La organización había quedado al descubierto.

No importa si la privatización de la gestión hospitalaria es total o se limita a la subcontratación de algunos servicios: la calidad de la atención a los pacientes empeora. Es la contundente conclusión a la que llega un estudio de la Universidad de Oxford que acaba de publicar la revista The Lancet.

De un total de 322 estudios publicados sobre los efectos de la privatización sanitaria en diferentes países, Benjamin Goodair y Aaron Reeves, del Departamento de Política Social e Intervención de la universidad británica, seleccionaron 13 que cumplían unos determinados criterios de calidad en el análisis y que se referían a ocho países de altos ingresos: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, Italia, Suecia, Croacia y Corea del Sur. Cada uno de ellos examinaba un aspecto distinto: unos el impacto en las plantillas y sus salarios, otros en los pacientes; unos en la atención primaria, otros en los hospitales.

Pero el resultado parece claro: ni externalizar algunos servicios –como la limpieza o la comida– ni adjudicar la gestión de los centros sanitarios a una empresa privada mejora la calidad de la atención que reciben los pacientes. Pese a que las administraciones suelen vender esas medidas con el argumento de que no sólo reducen costes, sino que también redundan en beneficio de los enfermos, al eliminar burocracia y las rigideces de la regulación pública, por un lado, e introducir la competencia, por otro, los estudios realizados apuntan en dirección contraria.

Los supuestos mayores incentivos que deberían encontrar las empresas privadas en la competencia y el ánimo de lucro para brindar mejores servicios a los pacientes no funcionan adecuadamente. En su lugar, los gestores privados ponen en práctica “sacrificios marginales en la calidad” para conseguir “grandes reducciones de costes”, como recortar personal, reducir salarios, tratar sólo o preferentemente a pacientes “rentables” o dar de alta a los enfermos de forma prematura, detallan los estudios.

Así, cuatro de los informes, sobre la privatización de hospitales en EEUU, descubrieron que, al cambiar la propiedad, los centros sanitarios pasaron a aceptar más pacientes procedentes de Medicare –el seguro médico público para mayores de 65 años y personas con discapacidades– y menos de Medicaid –cobertura médica gratuita para personas con bajos ingresos–, que les resultan menos lucrativos.

También en EEUU otro estudio evaluó la gestión privada de 888 hospitales antes públicos –de los cuales 247 pasaron a organizaciones con ánimo de lucro y 641 a organizaciones benéficas– y concluyó que se había reducido la contratación de enfermeras, especialmente las de mayor cualificación.

Lo mismo que ocurrió en Alemania, en un total de 88 hospitales donde se recortó el personal de enfermería pero, significativamente, se mantuvo el número de médicos. Otro estudio en el mismo país revela que aumentó la eficiencia hospitalaria, medida como el número de tratamientos por gasto en suministros y tiempo de trabajo, pero gracias a los recortes de plantilla.

Igualmente mejoraron sus márgenes de beneficio otro grupo de 22 hospitales privatizados en EEUU, pero lo consiguieron recortando servicios, aumentando precios, reduciendo la duración de las estancias de los pacientes y elevando las tasas de ocupación de las camas.

En Corea del Sur también cambiaron las condiciones laborales cuando se privatizaron una docena de hospitales. A peor: aumentaron los contratos temporales del personal, creció su carga de trabajo y se disparó la desigualdad salarial entre los médicos y el resto de la plantilla.

La subcontratación de los servicios de limpieza y restauración tampoco mejoró su calidad, según recogen los estudios realizados hasta ahora. En Inglaterra, los hospitales que cedieron ambas tareas a empresas privadas sufrieron tasas de infecciones bacterianas más altas que antes. Además, la satisfacción de los clientes con ambos servicios empeoró. No es de extrañar, porque el gasto y el personal dedicado a limpieza y a las comidas era menor.

Los investigadores también han puesto la lupa sobre los posibles efectos de la privatización en la salud de los pacientes. En los hospitales ingleses analizados, aumentaron las tasas de “mortalidad tratable”; es decir, consecuencia de enfermedades curables. Un resultado parecido se observó en Italia, en concreto en los centros gestionados por entidades con ánimo de lucro. En Suecia, la privatización redujo las hospitalizaciones evitables en todo el país, pero en las zonas con más hospitales privatizados éstas crecieron en comparación con las zonas con menos. Uno de los estudios estadounidenses se ocupó de medir los efectos de la privatización en la salud de los reclusos que son atendidos en estos centros sanitarios: aumentó la tasa de mortalidad evitable.

Sólo hubo un caso de privatización sanitaria que tuvo un resultado positivo, según destaca el estudio de la Universidad de Oxford: Croacia. Un total de 96 centros pasaron a manos privadas. Y mejoró el acceso a la atención primaria. Los pacientes comenzaron a recibir sus citas con menos retraso y tenían seguimiento telefónico después del horario laboral.

En España, el 10% del mercado lo cubren empresas privadas sin ningún tipo de muleta pública, según la Fundación IDIS, el principal lobby de la sanidad privada. El resto se deriva de los convenios con aseguradoras y de los conciertos con las administraciones. Desde 2016 la partida de dinero público destinado a conciertos con hospitales privados no deja de subir y ha pasado de 7.550.66 a 8.586,67 millones, un alza del 13,72%.

Las cuatro comunidades con redes sanitarias más privatizadas son Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias. Y las cuatro se encuentran de la mitad de la clasificación hacia abajo en calidad de la atención que prestan a los pacientes, según denuncia la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp): Cataluña es la número 16, Canarias la número 15, Madrid la número 13 y Baleares la undécima.

A la vista de estos resultados, Goodair y Reeves concluyen que tanto la privatización de hospitales, no importa si son cedidos a empresas o a organizaciones benéficas, como la externalización de algunos de sus servicios recortan la calidad de la atención sanitaria. A su juicio, este hecho refuerza la idea de que los mecanismos del mercado no funcionan eficazmente en el sistema de salud. “Algunas áreas del Estado del bienestar, como la educación y la sanidad, son menos susceptibles a los tipos de incentivos que operan en otros mercados”, apuntan. Por eso advierten a los gobiernos de los riesgos de perseguir recortes de gasto a corto plazo a expensas de resultados a largo plazo.

En la Piazza della Libertà, iluminada por los halos amarillos de las farolas,  a medida que avanza la noche se van acomodando pequeños grupos de hombres junto a los bancos verdes. Casi todos son afganos o pakistaníes, abrigados como pueden, obligados a vivir en la calle, por unos días los más afortunados, unos meses los demás. Justo enfrente está la estación de tren, con su promesa de continuar su ruta en un vagón caliente en lugar de andando. 

Allí se juntan los que han subido al tren en Liubliana o Zagreb, las capitales eslovena y croata, con dirección a Trieste, con los que siguen viaje hacia el norte de Europa, con Milán o Venecia como próximas paradas.

Aquella tarde, unos quince afganos acababan de llegar de la frontera eslovena, a menos de diez kilómetros del centro de Trieste. Habían llegado a pie. Uno de ellos, visiblemente feliz por haber llegado, pide a su amigo que le haga una foto, pulgar en alto, en el aire helado de temperaturas apenas positivas. Mañana o pasado mañana, dice, seguirá su camino. Mientras tanto, los demás le señalan los Silos, un conjunto de grandes depósitos de la época austro-húngara que están detrás de la estación y se han convertido en el refugio insalubre y precario de unos cuatrocientos emigrantes. 

Aziz Akhman es uno de ellos. Este paquistaní de 32 años huyó de los coches bomba, la inseguridad y el chantaje que asolan su región de origen, en la frontera con Afganistán. Cuando quemaron su comercio, se marchó. “He tardado cuatro meses en llegar a Italia", explica. “He presentado una petición de asilo.” Cada noche, sólo el fino tejido de una tienda de campaña le separa de la gélida noche que envuelve Silos. Las horas de sueño son escasas, mermadas por el frío invernal.

"La vida aquí es un desastre", comenta Hanif, un afgano de 25 años que también pasa las noches en Silos. Sueña con llegar a Montbéliard (Doubs), en Francia. "Allí viven todos mis amigos y parte de mi familia. Pasé allí seis meses antes de que me devolvieran a Croacia", cuenta el joven, que había dado sus huellas dactilares en ese país y, por tanto, fue deportado allí en virtud de los acuerdos de Dublín. Hace veinte días que fue devuelto a Croacia y decidió reemprender el camino para regresar a Francia. Trieste es sólo una escala. 

"Aquí se juntan las personas en tránsito y las que se quedan", explica Gian Andrea Franchi, un jubilado que creó la asociación Linea d'Ombra con su mujer Lorena Fornasir en el invierno de 2019. “Nos dimos cuenta de que mucha gente vivía en los alrededores de la estación y que muchos dormían en las ruinas del antiguo puerto austriaco", recuerda señalando en dirección a Silos. “No recibían ninguna ayuda y vivían en condiciones muy difíciles". Desde entonces, la asociación distribuye ropa, mantas y tiendas, ofrece comidas y presta atención médica. 

En uno de los bancos, Lorena Fornasir ha extendido una manta térmica de emergencia, cuyos reflejos dorados brillan en la penumbra. "Cuando llegan estos hombres, sus pies suelen estar en tal estado que parece que acaban de volver de las trincheras", explica esta psicoterapeuta jubilada, que cada noche venda, cuida y escucha a los que lo necesitan. 

"Todos los que duermen en los silos han enfermado por las condiciones en las que viven, es un horror: han cogido bronquitis, neumonía, problemas intestinales, y muchos tienen abscesos enormes por picaduras de insectos y mordeduras de rata que se infectan", continúa Lorena Fornasir, que saca del coche unos pollos asados para los últimos llegados de la frontera eslovena, hambrientos y entumecidos por el frío. En las tardes de verano, cuando el tiempo facilita cruzar el bosque, hasta quinientas personas se reúnen a veces en este lugar que la pareja de jubilados ha rebautizado "La Plaza del Mundo". 

En las oficinas de ICS, el Consorcio Italiano de Solidaridad, Gianfranco Schiavone tiene esas cifras perfectamente en la cabeza, unos datos que no le tranquilizan. En la pantalla de su ordenador recorre sus emails mostrando una larga lista de nombres. "Tenemos unos 420 solicitantes de asilo esperando un lugar donde quedarse", dice el presidente del ICS, buen conocedor de la migración en la región. "Desde hace año y medio, estas personas están abandonadas en la calle, y no es por su número, que es especialmente elevado... Al contrario, las llegadas son modestas", explica, señalando las cifras publicadas en el informe "Vidas abandonadas". 

De media, llegan a Trieste unos cuarenta y cinco inmigrantes al día. La cifra es bastante estable y podría descender en las próximas semanas. La nieve ha ralentizado a menudo las salidas más atrás, por los tramos más salvajes y boscosos de la ruta de los Balcanes. 

Según estimaciones del ICS, entre el 65% y el 75% de los migrantes que llegan a Trieste siguen viaje. La cuarta parte restante solicita asilo. Según las normas vigentes en Italia, los solicitantes de asilo son alojados en centros de primera acogida mientras las comisiones territoriales examinan sus solicitudes. El ICS gestiona dos de estos centros, situados a unos cientos de metros de la frontera eslovena. Los inmigrantes suelen permanecer en estos centros unos días para luego ser redistribuidos a otras regiones en centros de acogida de más larga duración. 

A falta de una redistribución rápida, los centros de acogida temporal están llenos y los recién llegados están en la calle, dependiendo únicamente del sistema de alojamientos de emergencia, que ya está desbordado por los sin techo de la ciudad. En la propia Trieste, están ocupadas todas las casi 1.200 plazas de alojamiento de larga duración disponibles para solicitantes de asilo. 

"No son las cuatrocientas personas que llegan en un solo día las que causan problemas al sistema de acogida, sino los pequeños grupos dejados deliberadamente en la calle, cuya acumulación, día tras día, ha acabado en este resultado", lamenta Gianfranco Schiavone. Y hace el siguiente análisis: "Esas condiciones de vida empujan a estas personas hacia la salida. El primer objetivo es reducir al máximo el número de demandantes de asilo que el Estado tiene que acoger. El segundo objetivo, más político, es crear una situación de tensión en la opinión pública, dar la imagen de cientos de migrantes en las calles y mantener la idea de que realmente hay demasiados migrantes y que Italia ha sido abandonada por Europa". 

Contactamos al respecto con la prefectura, pero no quiso responder a nuestras preguntas, remitiéndonos al ministerio del Interior. La alcaldía, por su parte, se remitió a las posiciones ya expresadas en la prensa local. La postura del alcalde es clara: no hará nada. 

Recientemente se ha desplegado una gran presencia policial en la región. El 18 de octubre, tras el atentado contra hinchas suecos en Bruselas, el gobierno de Giorgia Meloni decidió cerrar su frontera con Eslovenia. Se suspendió temporalmente el Tratado de Schengen para evitar posibles "infiltraciones de terroristas" por la ruta de los Balcanes. 

"Es necesario por el empeoramiento de la situación en Oriente Medio, el aumento de los flujos migratorios por la ruta de los Balcanes y sobre todo por razones de seguridad nacional", explicó la jefa del Gobierno. En la región de Friuli-Venecia Julia han sido desplegados 350 agentes a lo largo de los 230 kilómetros de frontera entre Italia y Eslovenia. Los controles fronterizos, inicialmente previstos para diez días, ya se han prorrogado dos veces y actualmente están en vigor hasta el 18 de enero de 2024. 

Con esta vuelta de tuerca en su frontera oriental, Italia trata de cumplir una promesa que es incapaz de mantener en su frente mediterráneo: sellar el país. Tras el fracaso de su estrategia migratoria en septiembre en Lampedusa, Giorgia Meloni ha jugado sus cartas en los Balcanes. A mediados de noviembre, la jefa del Gobierno realizó una visita oficial a Zagreb para tratar, entre otras cosas, de cuestiones migratorias. Pero su último movimiento ha sido el anuncio de un acuerdo con Albania para trasladar allí dos centros de acogida de solicitantes de asilo. 

La idea es acoger allí hasta 3.000 personas inmediatamente después de que hayan sido rescatadas en el mar por barcos italianos. Sobre el terreno, la policía albanesa sólo se ocupará de la seguridad en el exterior del centro. El resto de la gestión queda enteramente en manos italianas. La puesta en marcha de esos dos centros se anunció en primavera. El caso parecía cerrado pero a mediados de diciembre el Tribunal Constitucional albanés decidió finalmente suspender la ratificación del acuerdo. Se han presentado dos recursos ante el Parlamento para que el acuerdo no viole los convenios internacionales de los que Albania es signataria. Está previsto que los debates se reanuden a mediados de enero.

Traducción de Miguel López

“El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) es el mayor éxito de la historia de la justicia internacional", afirma de entrada Jean-Daniel Ruch, actual embajador suizo en Turquía que pasó cuatro años como asesor diplomático de Carla Del Ponte, fiscal general del TPIY de 1999 a 2007. "Investigó los principales crímenes cometidos por todas las partes durante los conflictos de los Balcanes en los años 90, y acusó a los autores, aunque no todos fueran condenados: nunca antes un tribunal había llegado tan lejos".

Con la guerra de nuevo en Europa desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, y la Corte Penal Internacional (CPI) emitiendo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin en marzo de 2023, ¿qué podemos aprender del TPIY?

El TPIY fue creado por la Resolución 857 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por todos sus miembros, incluida Rusia, el 25 de mayo de 1993. Los combates asolaban Bosnia-Herzegovina y, en aquel momento, algunos lo consideraron una expresión de la "mala conciencia" de la comunidad internacional, que se proponía juzgar una violencia que era incapaz de detener. Sin embargo, la fundación del TPIY (seguida 18 meses más tarde por la del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) marcó un paso decisivo hacia la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), que vio la luz en 2002.

Sin embargo, los mandatos de estos dos tribunales especiales estaban limitados en el tiempo y en el espacio. La jurisdicción del TPIY se extendía a las "violaciones de las leyes y costumbres de la guerra" cometidas durante la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995), durante el conflicto en Croacia (1991-1995) y después en Kosovo (1998-1999). ¿Quién debía ser juzgado? A los autores de "graves violaciones del derecho internacional humanitario", pero desde luego no a todos los ejecutores. Inmediatamente apareció la problemática cuestión del "perímetro" de las posibles acusaciones.

Las primeras acusaciones formuladas por el fiscal sudafricano Richard Goldstone apenas apuntaban a figuras de alto nivel pero la canadiense Louise Harbour, que le sucedió de 1996 a 1999, llevó a la Sala de Acusación del TPIY en una dirección muy política. Acusó a altos cargos serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como a Slobodan Milošević, entonces Presidente de Serbia, que se convirtió en el primer Jefe de Estado en ejercicio en comparecer ante un tribunal internacional. La fiscal suiza Carla Del Ponte continuó en la misma línea, ampliando sus investigaciones a todos los crímenes cometidos, para evitar la acusación de parcialidad antiserbia.

Jean-Daniel Ruch reconoce, no obstante, dos fallos principales. El primero se refiere a la ausencia de justicia por los crímenes cometidos contra la población serbia de Krajina durante la reconquista de la región por los croatas a principios de agosto de 1995. Durante la "Operación Tormenta", al menos 200.000 serbios fueron expulsados de sus tierras y se cometieron numerosos atropellos.

Los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markać –el primero perteneció a la Legión Extranjera francesa y se benefició de la protección encubierta de Francia mientras estaba huido– fueron condenados a duras penas de prisión en primera instancia, pero fueron absueltos en apelación en otoño de 2012, sin que se hayan presentado nuevos hechos que expliquen este cambio de opinión de los jueces.

Los demás principales sospechosos también fueron absueltos, como Ivan Čermak, o no pudieron ser juzgados, como el general Janko Bobetko, inculpado en 2002 y fallecido al año siguiente, antes de ser trasladado a La Haya. Carla Del Ponte también confirma que había abierto una investigación contra el presidente croata Franjo Tuđman, que se interrumpió al morir el 10 de diciembre de 1999.

En el caso de los generales Gotovina y Markać, el Tribunal había sostenido en primera instancia que el fuego de artillería que cayera a más de 200 metros de un objetivo militar era "ilegítimo". Esta "regla" de los 200 metros fue refutada en apelación, sin ser sustituida por otra. El carácter técnico del debate oculta de hecho la intervención directa del Presidente del Tribunal, el juez estadounidense Theodor Meron, para evitar un precedente jurídico que hubiera podido aplicarse a las tropas americanas o israelíes, en particular en los combates urbanos de Gaza o durante el levantamiento de Faluya en Irak en 2004.

Otra absolución problemática, en apelación, fue la del ex jefe del Estado Mayor serbio, general Momčilo Perišić, en febrero de 2013: en su caso, no se mantuvo la noción de responsabilidad del mando, lo que hace dudar de la capacidad del TPIY para juzgar a altos oficiales pero no a los ejecutores directos de los crímenes.

El segundo fracaso que reconoce Jean-Daniel Ruch fue el del juicio de los crímenes atribuidos al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que hizo necesaria la creación de salas especializadas, una jurisdicción híbrida puesta en marcha tras el cierre del TPIY.

Slobodan Milošević murió en una celda de la prisión de Scheveningen, en La Haya (Países Bajos), el 11 de marzo de 2006, antes del veredicto de su juicio, que debía dictarse tras cuatro años de proceso. El ex presidente serbio, que padecía hipertensión arterial, había tomado deliberadamente medicamentos para agravar su estado, con la esperanza de ser puesto en libertad condicional para recibir tratamiento en Rusia. Graves fallos en la prisión habían permitido la introducción de esos medicamentos, sin que el preso estuviera debidamente vigilado.

La ex fiscal Del Ponte también lamenta haber sido bloqueada en la investigación que abrió contra la OTAN por el atentado contra un tren de pasajeros en el puente de Grdelica, en Serbia, el 12 de abril de 1999, cuyo número exacto de víctimas aún no se conoce. Carla Del Ponte explica que se le cerraron en las narices todas las puertas, y que la OTAN se negó a entregar documentación alguna. Sin embargo, el piloto había recibido la orden de disparar, a pesar de que era evidente que el convoy estaba formado por civiles. "Emitimos un comunicado denunciando esta presión, pensando que provocaría un gran escándalo, pero en lugar de eso los medios sólo publicaron un breve. Es como si todo se hubiera hecho para silenciarlo", añade Del Ponte.

En total, el TPIY juzgó a 161 personas desde su primera vista, el 8 de noviembre de 1995, cinco semanas antes de la firma de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a las guerras en Bosnia-Herzegovina y Croacia, hasta su cierre el 31 de diciembre de 2017. Durante más de una década, su principal reto fue conseguir la detención y el traslado de los acusados a la prisión internacional de Scheveningen.

El jefe militar de los serbios de Bosnia, general Ratko Mladić, fue el último fugitivo en ser encarcelado allí: acusado ya en 1995, no fue detenido hasta el 26 de mayo de 2011 en Serbia, en el pequeño pueblo de Lazarevo, al norte de Belgrado. El líder político serbio de Bosnia-Herzegovina, Radovan Karadžić, fue detenido en julio de 2008 en Belgrado, donde se ocultaba bajo la identidad del doctor David Dabić, especialista en medicina y terapias alternativas.

Los servicios secretos serbios siempre mantuvieron contacto con esos fugitivos durante sus largas huidas, a pesar de que ellos lo negaran. “Fue especialmente complicado conseguir que les arrestaran, sobre todo de los peces gordos", recuerda Carla Del Ponte. “Gotovina estaba protegido en Croacia, al igual que Mladić y Karadžić en Serbia".

La larga persecución de los acusados equivalía a menudo a interminables regateos con las autoridades de sus países de origen. A partir del año 2000, sin embargo, los Estados de la región parecían querer pasar página del nacionalismo con la perspectiva de la integración europea. Con vistas a la integración, la UE impuso a los países balcánicos una condición previa específica, la "cooperación plena y completa" con el TPIY.

Pero apenas una década después de las guerras, las cosas seguían sin arreglarse: se produjeron enormes manifestaciones en Croacia para defender el "honor" de los generales procesados en 2002-2003, pero también lo justo de la "guerra patriótica", es decir, todos los combates que tuvieron lugar en territorio croata, excluyendo la idea de que algunos de estos episodios pudieran haber estado manchados por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Aunque las fuerzas nacionalistas y gran parte de la opinión pública, tanto en Croacia como en Serbia, rechazaron la idea de entregar a los acusados, la condicionalidad europea fue decisiva para que el TPIY pudiera funcionar. Pero también tuvo consecuencias terribles que nadie había previsto: todos los países vendieron a la población la idea de que la entrega de sus acusados no era para hacer justicia, sino simplemente un "precio a pagar" por ingresar en el club europeo.

Los sucesivos gobiernos, tanto en Belgrado como en Zagreb y Pristina, han financiado la defensa de "sus" acusados, e incluso se han hecho cargo de las necesidades de sus familias, alegando que eran funcionarios, civiles o militares, y que estaban acusados de actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En general, este tipo de preocupación "humanitaria" continuó después de que algunos de los acusados fueran declarados culpables y condenados. En cuanto a los que fueron liberados, tras ser absueltos o haber cumplido su condena, a menudo regresaron a sus países de origen entre los vítores reservados a los héroes o mártires.

El regreso de Dario Kordić, en junio de 2014, se convirtió así en una auténtica gira triunfal por Croacia y Herzegovina, región del sur de Bosnia donde vive una importante comunidad croata. Condenado por crímenes contra la población bosnia, este ex jefe militar de los croatas en Bosnia-Herzegovina fue condenado a 25 años de prisión en 2001. Fue puesto en libertad tras cumplir dos tercios de su condena, de acuerdo con la práctica del TPIY. En Sisak, el obispo católico no dudó en besarle la mano en público, como si una sentencia dictada en La Haya "para gloria del pueblo croata" equivaliera a una canonización inmediata.

Dario Kordić también volvió a ser noticia esta primavera con un vídeo en el que explica que no se arrepiente de los crímenes por los que fue condenado, porque "ha valido la pena". Del mismo modo, el ex oficial serbio Veselin Šljivančanin, condenado finalmente a diez años de prisión por su participación en la masacre de 260 prisioneros croatas cerca de Vukovar en otoño de 1991, da ahora conferencias para el Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente Vučić, que fue ministro de Información de Slobodan Milošević en 1998 y 1999 y procedía de la extrema derecha.

El 11 de diciembre de 2017 tuvo lugar una sorprendente ceremonia en la plaza Ban-Jelačić, en el centro de Zagreb. Ministros, diputados de la Comunidad Democrática Croata (HDZ, el partido conservador en el poder), cientos de ex combatientes y ciudadanos de a pie participaron en un homenaje a Slobodan Praljak. Este miliciano croata de Herzegovina se había suicidado dos semanas antes tragándose una cápsula de veneno ante el tribunal mientras se anunciaba el veredicto que le condenaba a veinte años de cárcel. Los oradores hablaron del "brío" e incluso del "heroísmo" del ex comandante del Consejo de Defensa Croata (HVO), la milicia croata en Bosnia-Herzegovina, sin una sola palabra para las víctimas.

En cuanto se supo que se había suicidado, se reunieron las más altas autoridades del Estado croata. El primer ministro, Andrej Plenković, pronunció casi inmediatamente un solemne discurso a la nación, denunciando la sentencia del TPIY y afirmando que la acción de Praljak "demostraba que estaba convencido de que había actuado únicamente por el bien del pueblo croata". Así, tras haber defendido a su pueblo durante la guerra, los condenados por el TPIY fueron llamados a convertirse en una especie de "víctimas sacrificiales", aceptando "valientemente" las duras pruebas del juicio y el encarcelamiento, siempre por el bien mayor de su pueblo.

Aunque se pretendía que el TPIY permitiera a cada país enfrentarse a las oscuras páginas de su pasado reciente, y que las sentencias individualizaran los crímenes liberando a las comunidades balcánicas del aplastante peso de la responsabilidad colectiva, en aras de la imprescindible reconciliación regional, no parece que se haya logrado esa dimensión esencial de la justicia transicional. Este fracaso deja insatisfecho el deseo de justicia de las víctimas y alimenta las teorías conspirativas sobre la justicia internacional.

Para remediar esta triste situación, ONG de los países balcánicos lanzaron en 2008 una iniciativa para crear una Comisión Regional de la Verdad y la Reconciliación (REKOM), basada en el modelo sudafricano, pero nunca vio la luz por falta de apoyo político de los Estados de la región. Incluso hoy en día, el nacionalismo sigue siendo un combustible político eficaz para conservar el poder. Jean-Daniel Ruch reconoce este fracaso, pero señala que el TPIY tuvo el inmenso mérito de establecer los hechos. "Una base de datos tan fácilmente accesible no existe para ningún otro conflicto. Los historiadores encontrarán en ella el material que necesitan para escribir una historia objetiva de la guerra, aunque puedan pasar varias décadas antes de que eso ocurra".

Hoy, Carla del Ponte se alegra de la inculpación del presidente ruso Vladimir Putin con la esperanza de que un tribunal independiente pueda pronunciarse sobre las tropelías cometidas en Ucrania. "Pero habrá que juzgarlas todas: las de los rusos, por supuesto, pero también las de los ucranianos. En una guerra, siempre hay crímenes por ambas partes", afirma la ex fiscal general del TPIY.

Aunque en 2017 optó por dar portazo a la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria –"que no hacía nada"–, Del Ponte lamenta más que nunca la falta de recursos humanos y financieros de la CPI. "Si observamos la situación actual, tenemos que admitir que la justicia internacional no ha avanzado nada, sino todo lo contrario: no se han juzgado crímenes ni en Siria ni en Yemen, y la ONU está más débil que nunca. Está aún muy lejos la idea de una justicia internacional independiente de las contingencias de los Estados más poderosos del mundo.”

Caja negra

Hablamos con Carla Del Ponte y Jean-Daniel Ruch por videoconferencia a principios de julio.

Traducción de Miguel López

"Ambiciosa y proactiva". Así quiere ser la labor de España durante su Presidencia de la UE en el segundo semestre del año. Y es el mensaje que está haciendo llegar el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a sus homólogos continentales.

España es un país profundamente europeísta y quiere jugar fuerte. Que sirva de verdad su papel en un momento muy complicado para Europa. Por eso, Pedro Sánchez arrancó este jueves su primera minigira para preparar esta Presidencia. Las primeras paradas: Austria, Croacia y Eslovenia.

Sánchez se lanza a visitar a sus homólogos para "escuchar" principalmente y ver en qué puntos hay más posibilidades de acuerdo y dónde están las distancias. Son muchos los asuntos que están encima de la mesa, empezando por Ucrania, con una invasión por parte de Rusia que cumple un año la semana que viene.

La pandemia y la guerra de Ucrania han cambiado el mapa geoestratégico y también han hecho ver las fortalezas y debilidades de la Unión. Y esto es imprescindible de cara al futuro. Por eso, son varios los temas sobre los que ha empezado a tratar Sánchez con sus colegas y en los que hay que profundizar en los próximos meses.

Y de ellos habló este jueves tanto con el canciller de Austria, Karl Nehammer, como con el primer ministro de la República de Croacia, Andrej Plenkovic. La parada en Eslovenia es es el viernes. Entre los asuntos prioritarios en las reuniones ya mantenidas estuvieron la autonomía estratégica y la reforma del mercado eléctrico.

Pero hay un asunto que va a ser crucial durante los próximos meses y en los que Sánchez ha constatado que deberá emplearse a fondo, pues las posiciones están muy diferenciadas en el seno de la Unión Europea. Se trata del pacto sobre migración y asilo, que Bruselas quiere sacar adelante antes de que acabe la legislatura del Parlamento Europeo (hay elecciones en mayo del año que viene).

Hay que conjugar muchas posturas, muchos enfoques, muchas fronteras, muchas necesidades, muchas opiniones públicas. Y en la primera reunión de la gira reconoció esas diferencias con el canciller austriaco. Los dos compartieron la filosofía y la voluntad de que hay que intentar llegar a un acuerdo próximamente. Pero, como comentó el líder español: "Aún tenemos trabajo por delante".

Aunque en su declaración pública no hicieron referencia concreta, hay diferencias como la intención de Austria, junto a otros países, de construir vallas financiadas por la UE en las fronteras exteriores, algo que no quiere Madrid.

Lo que sí tienen claro los dos mandatarios es que hay que ir de la mano para ser efectivos. De hecho, Nehammer reconoció la situación de España como frontera exterior, como Italia o Grecia, por lo que brindó su apoyo. "Es muy importante saber proteger las fronteras", recalcó.

Durante el almuerzo privado, según fuentes de La Moncloa, el canciller abordó el tema de la inmigración y quiso explicar la "realidad" de su país para que se entiendan sus posturas,

También Austria pretende buscar el apoyo de España para impulsar la ampliación de la UE en los Balcanes, especialmente con la vista puesta en Bosnia-Herzegovina. Algo en lo que está de acuerdo La Moncloa. De hecho, los dos mandatarios tienen en común haber estado años atrás trabajando en esa zona.

La inmigración, por lo tanto, se vislumbra como uno de los grande retos de Europa. En este sentido, también Austria apostó por la colaboración con los países de origen, como otra vía para atajar el flujo irregular. Algo en lo que Pedro Sánchez coincide. 

Además, Sánchez tuvo la ocasión de explicar a sus homólogos de Austria y Croacia algunos de los ejes que quiere impulsar bajo la Presidencia española. El jefe del Ejecutivo considera vital desarrollar la autonomía estratégica de la UE tras haber comprobado durante la pandemia que Europa necesita reindustrializarse ante la nueva geoestrategia que domina el mundo. 

Y, además, Sánchez se ha fijado como una de sus principales misiones revitalizar las alianzas del viejo continente con América Latina, por eso se encargó de remarcar en Austria y Croacia la importancia de la cumbre que se va a celebrar en julio en Bruselas con los países allende el Atlántico.

La agenda de Sánchez fue apretadísima durante el jueves, pasando la mañana en Viena y viajando hasta Croacia por la tarde, donde fue recibido por el primer ministro en Zagreb. Este último país es considerado por el presidente español como el "alumno aventajado" de la zona, tras haber entrado en enero en Schengen y la zona euro.

En Zagreb, también se trató la situación de Ucrania, además de la política de migración. De hecho, el primer ministro dijo que era "uno de los temas fundamentales". Sánchez apeló en este sentido al equilibrio entre solidaridad y responsabilidad.

El presidente del Gobierno también escuchó las prioridades sobre Croacia, como las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. "Hemos compartido la necesidad también de seguir avanzando en la reforma del mercado eléctrico", desarrolló el dirigente español.

El embarazo de Mirela Čavajda había empezado de maravilla, pero tras seis meses de felicidad e ilusión, el sueño se convirtió en una pesadilla: a finales de abril de 2022, durante un examen de rutina, la futura madre se enteró de que su bebé tenía un grave tumor en el cerebelo. Ese día, los médicos le advirtieron de que las posibilidades de supervivencia al nacer del bebé, al que ya llama Grga, eran casi nulas. Y aunque así fuera, el bebé sufriría malformaciones muy graves. 

Destrozada, Mirela, profesora de yoga de unos treinta años, decidió abortar y acudió a varias clínicas de Zagreb, donde vive. Dada la evolución de su embarazo, se trataba de una urgencia. Pero recibe siempre la misma respuesta: los ginecólogos se niegan a realizar la operación, ya que no la consideran adecuada. Sin embargo, la legislación croata garantiza el derecho a abortar más allá del plazo legal de 10 semanas "si la salud de la mujer o del feto está en grave peligro". 

Las cuatro comisiones médicas que examinaron el caso de Mirela Čavajda hicieron caso omiso de la cuestión, pidiendo más pruebas para asegurarse de que su aborto era adecuado. Nunca tuvieron en cuenta que, con el embarazo tan avanzado, la intervención era cada vez más arriesgada. "Mi cliente no recibió ninguna ayuda ni asesoramiento. Los médicos se limitaron a decirle que se fuera a casa y buscara en Eslovenia", declaró su abogado, indignado, a los medios de comunicación croatas. 

Los médicos nunca se ha preocupado por el sufrimiento físico y moral de Mirela Čavajda. Ante tal muro, publicó una conmovedora carta en las redes sociales. "Esperar a que Grga muera en mi vientre o dar a luz para verle morir [...] sería puro sadismo", escribió. Su texto, ampliamente difundido, provocó un escándalo nacional. Incluso el presidente Zoran Milanović, cada vez menos progresista en sus declaraciones públicas, lo denunció como un ejemplo de la "regresión conservadora" que está viviendo Croacia.  

Tras varios días de polémica, Mirela Čavajda recibió finalmente el permiso para interrumpir su embarazo de alto riesgo el 11 de mayo. El ministro de Sanidad, Vili Beroš, también criticado, lo anunció personalmente. 

Al día siguiente, miles de personas se reunieron en Zagreb y en varias de las principales ciudades croatas en solidaridad con Mirela. "Únete a nosotros, para decir alto y claro 'BASTA' a los juegos políticos a costa de la salud de las mujeres", decía la convocatoria. Los antiabortistas contraatacaron dos días después con su gran "Marcha por la Vida", organizada por séptimo año consecutivo.

El caso de Mirela Čavajda es sintomático de las crecientes amenazas al derecho al aborto en Croacia. Una situación que no es ni mucho menos nueva, pues los primeros golpes contra este derecho fundamental fueron asestados ya en el momento de la independencia, en 1991, por movimientos antiabortistas muy cercanos a la influyente Iglesia católica. 

Durante la guerra se produjeron manifestaciones para exigir la derogación de la ley de 1978, adoptada durante la época yugoslava y transpuesta tal cual en la nueva Constitución. Una petición en este sentido recogió decenas de miles de firmas. A pesar de la fortísima presión, el gobierno nacionalista-conservador se abstuvo de legislar, y todos los que siguieron se mantuvieron cautelosamente en la misma línea. 

El aborto pasó a un segundo plano en la década de 2000, pero volvió a ser una prioridad para los grupos fundamentalistas de Croacia hace una década. Cada año, el periodo de Cuaresma se transforma en una campaña diaria masiva para conseguir su prohibición. "Todos los días se celebran manifestaciones y oraciones frente a los hospitales del país que practican abortos", afirma Ivana Perić, del colectivo feminista Faktiv. 

Denominada "40 dana za život" ("40 días por la vida"), esta iniciativa cuenta con el apoyo de dos influyentes asociaciones, U Ime Obitelji ("En nombre de la familia") y Vigilare. Se trata de una adaptación local de la campaña "40 días por la vida" lanzada en 2004 en Texas "en respuesta a la violencia del aborto". 

En Croacia, el 86% de la población se identifica como católica y la Iglesia, poderosa y conservadora, desempeña un papel social y político de primer orden. "Toda Croacia está bajo su control", afirma Dorotea Šušak, directora del Centro de Estudios de la Mujer, lamentando "la visión tan patriarcal de la sociedad que promueve esta institución". "En la escuela, por ejemplo, se enseña a los niños educación religiosa, pero todavía no hay educación sexual", continuó. Y añade: "¡Los croatas son más católicos que el Papa! 

"En la época yugoslava éramos más libres", dice la ginecóloga Jasenka Grujić, señalando la influencia cada vez mayor del clero católico ultraconservador en la sociedad croata. Esta ginecóloga, septuagenaria, es ahora una de las pocas de su profesión que se atreve a pronunciarse públicamente a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿La razón? “Muchos de mis colegas consideran que el aborto es un asesinato.” 

Los estudios encargados por la Defensora de la Igualdad de Género lo confirman: el último, que data de 2019, revela que el 59% de los ginecólogos croatas se niegan a practicar abortos, invocando la "cláusula de conciencia". Una tendencia al alza: en 2014, fueron un 4% menos. En comparación, en la vecina Eslovenia, también de tradición católica, apenas el 3% de los ginecólogos recurren a esta objeción. Por no hablar de las páginas web antiabortistas que inundan las redes croatas, o de las campañas que pueden verse en las paredes de clínicas y hospitales de todo el país. 

Por eso no es de extrañar que Croacia tenga la segunda tasa de aborto más baja de la Unión Europea (UE), después de Polonia. En 2018, apenas hubo 67 abortos por cada mil nacimientos, tres veces menos que en Eslovenia y cuatro veces menos que en Serbia, dos estados vecinos que también surgieron de la implosión de Yugoslavia. 

“Se ha vuelto casi imposible hablar públicamente sobre el aborto en Croacia", dice Ivana Perić. “Incluso dentro de las instituciones médicas, son mal vistas las mujeres que solicitan un aborto. Se les ridiculiza, a veces se les expulsa, se les hace sentir que intentan cometer un delito". 

El estigma es tal que, en el mundo rural, las mujeres prefieren no ir al hospital más cercano para abortar sino recorrer decenas de kilómetros hasta un establecimiento médico donde nadie las conozca. También son cada vez más las mujeres que se van a abortar a los países vecinos para evitar la deshonra. 

"Básicamente, las mujeres que viven en Zagreb van a Eslovenia, las de la costa dálmata y el centro a Bosnia y Herzegovina, y las del este a Serbia", dice Jasenka Grujić, que envía a sus pacientes de la capital a la clínica eslovena de Brežice, justo al otro lado de la frontera. "Al ir allí, están seguras de que no serán juzgadas ni se les negará el aborto, por lo que es más tranquilizador", añade.

En este contexto tan opresivo, Nada Peratović lanzó en otoño de 2020 Hrabra Sestra ("Hermanas valientes"), una red de autoayuda de mujeres para apoyar a todas las que tengan dificultades para abortar. "El objetivo es recordar que se trata de un derecho fundamental, pero también tranquilizar y apoyar a las mujeres en este calvario", explica esta abogada de formación. 

En la actualidad, el colectivo reúne a unos cincuenta activistas, entre ellos Željka, que vive en Zagreb. "Recuerdo especialmente a una estudiante de 20 años a la que acompañé. No se lo había dicho a su familia, ni siquiera a su madre, que además trabaja en el sector médico. El hecho de que no confíe en su propia familia dice mucho de la mentalidad actual en Croacia.” Aparte de Nada Peratović, ninguna de estas "hermanas valientes" aparece en público, "para no tener problemas en el trabajo o en otros lugares". 

Por el lado de la profesión médica, es la hipocresía total. Por miedo a ser mal vistos por sus colegas, algunos ginecólogos prefieren disfrazar los abortos como abortos espontáneos. La técnica está bien establecida, explica Daniela Drandić, de la ONG Roda: "Cuando una paciente viene a abortar, el médico le dice que vuelva después de las 16:00, cuando ya no está la secretaria. Cuando la paciente vuelve, el médico observa que está sangrando y declara un aborto... El médico cobra por el acto, el hospital cobra por el acto y todos contentos.” 

Muy pocos ginecólogos no recurren tampoco al aborto médico, que es menos doloroso. Peor aún, algunos incluso realizan un legrado sin anestesia. "Es como si se castigara a las mujeres por querer interrumpir su embarazo", afirma Dorotea Šušak, del Centro de Estudios de la Mujer. 

En 2018, la ex diputada Ivana Ninčević-Lesandrić reveló en el Parlamento que ella misma había sido sometida a ese maltrato ginecológico, lo que levantó una gran polémica en el país. En lugar de indignarse, algunos miembros electos de la mayoría conservadora la criticaron por haberse atrevido a hablar de una intimidad que les había "incomodado". 

Encontrar la píldora del día después también puede ser muy complicado en el país del damero rojo y blanco. Nikola (nombre ficticio), un joven de 30 años de Zagreb, recuerda haber intentado en vano conseguir uno tras una relación sexual en la que se rompió el preservativo. “A mi novia le daba vergüenza ir a la farmacia, así que fui yo mismo", dice. “En la primera me dijeron que no les quedaba, en la segunda me dijeron lo mismo, y así sucesivamente. Al final me di cuenta de que no era que no hubiera más en stock, sino que nadie quería dármela.” 

La presión social sobre las mujeres es muy fuerte en Croacia", confirma Dorotea Šušak. “Según el marco de referencia católico dominante, toda mujer quiere ser madre. En este contexto, el aborto parece inconcebible. Pero todo el mundo sabe que el aborto no es un método anticonceptivo y que si una mujer recurre a él es por buenas razones.” 

En la antigua Federación Socialista, de la que formaba parte Croacia, el aborto se legalizó muy pronto, en algunos casos ya en los años 50. "La ley aprobada en 1978 era muy moderna para su época", señala la ginecóloga Jasenka Grujić, que siempre ha luchado para que las mujeres puedan disponer de su cuerpo como quieran. 

Ahora, más de cuatro décadas después, "sería el momento de actualizarlo debido a la evolución de las técnicas", continúa. Pero los movimientos católicos fundamentalistas no han parado de presionar desde la independencia para que este texto sea reconocido como inconstitucional y, por tanto, prohibido. 

Tras un cuarto de siglo de polémica, el Tribunal Constitucional croata confirmó finalmente en 2017 la validez de este texto heredado de Yugoslavia. No obstante, los jueces invitan al legislador a revisarlo "en el plazo de dos años". Han pasado cinco años y nada ha cambiado. Y el gobierno conservador se cuida de no abordar este tema tan controvertido, por el riesgo de ofender a su electorado más derechista, o a la UE, según la dirección elegida.  

Mientras tanto, se sigue disuadiendo a las croatas de abortar con un argumento de choque: el dinero. Conforme el número de médicos que practican abortos en Croacia sigue disminuyendo, el precio de la operación sigue aumentando, alcanzando una media de 296 euros (el 40% del salario medio), que no es reembolsado por la seguridad social. 

Quizá el reciente caso de Mirela Čavajda empuje por fin a las autoridades a actuar, aunque no es nada tranquilizador para las activistas feministas. "Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Polonia, nos tememos lo peor", admite Ivana Perić, del colectivo Faktiv. “Especialmente dada la deriva clerical en Croacia".

El 19 de abril, un joven afgano murió apuñalado cerca de la estación de tren de Timișoara, la segunda mayor ciudad de Rumanía, a unos 30 kilómetros de la frontera con Hungría. Un altercado entre exiliados que terminó mal, según la Policía.

El suceso enseguida saltó a los medios de comunicación rumanos, hasta ese momento poco interesados en la crisis migratoria que se vive en el suroeste del país desde finales de 2020. La fuerzas del orden comenzaron entonces a patrullar ostensiblemente las calles de Timișoara, para demostrar que las autoridades finalmente eran conscientes de la situación. El alcalde llevaba meses pidiendo ayuda a Bucarest para resolver ese “problema nacional”.

De hecho, el número de llegadas a Rumanía aumentó considerablemente en otoño de 2020. Dado que no es factible disponer de estadísticas sobre el paso ilegal de personas, el indicador más revelador es el análisis de las demandas de asilo, que se dispararon (+137%) en el país el año pasado, pasando de 2.626 a 6.156, con un enorme pico en octubre.

Según las cifras de los servicios de inmigración rumanos, el 92% de estos demandantes de asilo llegaron procedentes de Serbia. Y el flujo no muestra signos de disminuir.

En la pasada primavera, cada tarde se repetía la misma escena en la pequeña carretera rural que une los pueblos serbios de Majdan y Rabe.

A pocos kilómetros allí se encuentran dos fronteras de la Unión Europea (UE); la húngara, bloqueada por una enorme alambrada desde finales de 2015, y la rumana, menos vigilada, por el momento. En el arcén, grupos más o menos numerosos, integrados principalmente por hombres jóvenes, caminan con paso decidido, con bolsas a la espalda y sacos de dormir colgados al hombro.

Rodeo por Rumanía

Todos se preparan para intentar el “juego”, que consiste en escapar de la Policía y acceder a la UE, pasando por “el triángulo”. El triángulo es el apodo de esta nueva ruta migratoria de tres lados que permite llegar a Hungría, la entrada al espacio Schengen, desde Serbia, dando un rodeo por Rumanía.

“Nos hemos visto obligados a tomar nuevas medidas ante los claros signos de aumento del número de personas que cruzan ilegalmente desde Serbia”, confirma Frontex, la Agencia Europea de Protección de Fronteras; ahora 87 de sus funcionarios patrullan junto a la Policía rumana.

Muchos de los que esperan pasar por el “triángulo” probaron suerte primero a través de Bosnia-Herzegovina y Croacia, antes de desandar el camino, un desvío de más de 1.000 kilómetros.

“Allí es difícil”, explica Ahmed, un argelino treintañero que ocupa una casa abandonada en Majdan con cinco compatriotas. “Hay policías que patrullan con pasamontañas. Te golpean y te lo quitan todo, dinero, teléfono y ropa. Conozco a gente que acabó en el hospital, en coma”. Para él, no hay duda, “Rumanía es mejor”.

La ruta del “triángulo” surgió a finales del verano de 2020, cuando la situación se estaba convirtiendo en un caos en el cantón bosnio de Una Sana y la violencia de la Policía croata se agudizó. A finales de diciembre, un incendio en el campamento de Lipa, cerca de Bihać, agravó aún más la crisis.

Mientras las autoridades bosnias se pasaban la patata caliente unas a otras y cientos de personas tiritaban, sin un techo, bajo la nieve, las llegadas al norte de Serbia se multiplicaban.

“Sólo en los pueblos de Majdan y Rabe había de forma permanente más de 300 personas este invierno”, apunta Jeremy Ristord, coordinador de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Serbia.

La mayoría ocupa las numerosas casas abandonadas. En esta zona fronteriza, muchos habitantes pertenecen a las minorías húngara y rumana, y tanto Budapest como Bucarest les expidieron generosamente pasaportes tras su integración en la UE. Provistos de estos preciados pasaportes europeos, los más jóvenes se marcharon en masa a buscar fortuna a otros lugares desde finales de la década de 2000.

Asistencia jurídica y apoyo psicosocial

Hakim ha ocupado una casa en ruinas a la entrada de Rabe. Son nueve en total, entre ellos tres niñas. Hace muchos meses que el joven palestino de 27 años se encuentra atrapado en Serbia. Lleva un pañuelo palestino en la cabeza, intenta mantener la sonrisa mientras cuenta su interminable odisea que comenzó hace casi diez años.

Cuando empezaron los combates en 2011, este nieto de refugiados, establecidos en Siria en la década de 1960, huyó a Jordania, luego al Líbano, antes de terminar en Turquía. Finalmente, el año pasado tomó la ruta de los Balcanes con la esperanza de reunirse con algunos de sus familiares cerca de Stuttgart (Alemania).

Hakim consiguió llegar a Szeged, en el sur de Hungría, a través de Rumanía. “La Policía me arrestó, me dio una paliza y me envió de vuelta aquí. Sin nada”, rememora. A su lado, un teléfono escupe la melodía de Get up, stand up, el himno reggae de Bob Marley que llama a los oprimidos a luchar por sus derechos.

Son escasas las organizaciones humanitarias que ayudan a estos exiliados que se agolpan a las puertas de la Unión Europea. El pequeño colectivo con sede en Belgrado Klikaktiv se desplaza allí cada semana para prestar asistencia jurídica y apoyo psicosocial.

“Prefieren estar aquí, cerca de la frontera, antes que estar encerrados en los campamentos oficiales”, explica Milica Švabić, abogada de la organización. A pesar de la precariedad y la hostilidad creciente de las poblaciones locales: “El discurso ha cambiado en los últimos años en Serbia. Ya no se habla de refugiados, sino de migrantes que han venido a islamizar Serbia y Europa”, lamenta su colega Vuk Vučković.

Desde hace poco más de un año, las milicias de extrema derecha incluso patrullan con el objetivo de “limpiar” el país de esta “basura”.

Si bien el “triángulo” sigue siendo a priori menos peligroso que la ruta a través de Croacia, la violencia policial contra los inmigrantes indocumentados es moneda corriente en la zona. “Durante el año 2020 se recogieron más de 13.000 testimonios de devoluciones irregulares desde Rumanía”, afirman desde la ONG Save the Children. Incluidos mujeres y niños.

Esta violencia reiterada ha llevado a MSF a reevaluar su misión en Serbia y a centrarse en la asistencia a estas víctimas.

“Más del 30% de nuestras consultas son relativas a traumas físicos”, dice Jérémy Ristor. “La mitad [de los traumatismos] está relacionada con la violencia intencionada, la gran mayoría de la cual se comete durante la devolución. La otra mitad está relacionada con accidentes: fracturas, esguinces o heridas abiertas. Estas son las consecuencias directas de la protección de las fronteras de la UE”.

Hanan se cayó de espaldas al saltar de la valla húngara y nunca la atendieron. Desde entonces, esta siria de 33 años sufre cada vez que camina. Pero no ha renunciado a su objetivo de llegar a Alemania con su marido y su sobrino, cuyos padres murieron en los combates de Alepo.

“Probamos todas las rutas”, cuenta esta antigua estudiante de literatura inglesa, en un francés impecable. “Cruzamos el Danubio dos veces hasta llegar a Rumanía. Aquí, a través del triángulo, lo intentamos 12 veces y a través de las fronteras de Croacia y Hungría, siete veces”.

Esta vez también, la Policía rumana los expulsó hasta el paso fronterizo de Rabe, oficialmente cerrado a causa del covid-19. “Es duro, pero no tenemos elección; mi marido desertó del ejército de Bashar con su arma. Si vuelve, será condenado a muerte”.

Independientemente de la altura de los muros colocados en su camino y de la terrible represión policial, los exiliados del norte de Serbia conseguirán pasar tarde o temprano. Como lamentan las organizaciones humanitarias, la política de ultraseguridad de la UE no hace sino agravar su vulnerabilidad frente a los traficantes y su precariedad, tanto económica como sanitaria.

La única cuestión es el precio que tendrán que pagar para lograr “el juego”. En los últimos meses, los precios han vuelto a subir: entrar en la Unión Europea a través de Serbia cuesta hasta 2.000 euros.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Una puerta de rejilla al final de una pista forestal, cámaras y una garita que ocupa un vigilante. Estamos ante el modesto dispositivo de seguridad que protege la entrada al cuartel en desuso de Čerkezovac, otrora del Ejército yugoslavo.

Es aquí, cerca de la frontera con Bosnia-Herzegovina, donde Croacia tiene previsto almacenar todos sus residuos radiactivos de “baja y media actividad” a partir de 2023; residuos médicos, pero sobre todo la mitad de los residuos de la central nuclear de Krško, situada en Eslovenia, cuya gestión comparten Liubliana y Zagreb. Se trata de 4.800 m3 de materiales radiactivos, como escombros, filtros, herramientas y ropa contaminada.

Según las autoridades de Zagreb, la región montañosa de Trgovska Gora es “la zona más estable del país”. Sin embargo, los días 28 y 29 de diciembre se registraron dos terremotos de 5,2 y 6,3 grados en la escala de Richter en la región de Sisak, arrasando buena parte de la pequeña ciudad de Petrinja, a unos 40 kilómetros de Čerkezovac.

“Los terremotos se producen por el avance de la placa africana hacia la euroasiática”, explica Snježana Markušić, que dirige el departamento de geofísica de la Facultad de Ciencias de Zagreb. Sin embargo, en la década de los 70, las autoridades yugoslavas consideraron que el riesgo sísmico era relativamente limitado y construyeron la primera central nuclear de la Federación Socialista. Su gestión pasó a manos, a partes iguales, de las Repúblicas de Eslovenia y Croacia, que siguen siendo copropietarias tras su independencia en 1991.

La central de Krško, que entró en funcionamiento en 1983, es de tamaño modesto; su único reactor Westinghouse tiene una capacidad de 700 MW, cuatro veces menos que las centrales francesas más pequeñas en funcionamiento. “Las instalaciones se construyeron sobre una losa de hormigón armado, colocada sobre las capas de arcilla y arena”, continúa Snježana Markušić.

Efectivamente, se encuentra situada a lo largo del río Sava, un importante afluente del Danubio. Estas precauciones tienen como objetivo que las instalaciones puedan soportar temblores de hasta 9 en la escala de Richter, “un valor muy superior a los terremotos más intensos registrados en la región”, prosigue el geólogo.

Un sistema de gobernanza único en el mundo

A finales de diciembre de 2020, el mecanismo de seguridad de Krško se activó y la central tuvo que permanecer parada durante casi 24 horas. Nueve meses antes, ya se habían alzado voces incluso en Austria, tras el violento seísmo del 22 de marzo en Zagreb, denunciando los riesgos que acarrea en toda la región.

La central la explota la empresa Nuklearna elektrarna Krško (NEK), cuyo 50% está en manos de la empresa estatal eslovena Gen Energija, mientras que el 50% restante lo controla la empresa estatal croata Hrvatska elektroprivreda (HEP). La energía generada se reparte a partes iguales entre ambos países. Este singular sistema de gobernanza ha dado lugar a algunas fricciones desde la desintegración de Yugoslavia. Entre 1998 y 2003, Liubliana cortó las líneas de alta tensión que van a Croacia por impagos de Zagreb.

Si bien las relaciones bilaterales siguen siendo frías, esto no fue óbice para que los Parlamentos de ambos países votaran en 2015 la prolongación de la vida útil de la central 20 años más, hasta 2043. De hecho, se proyectó un plan de desmantelamiento que se confirmó en 2018, pero ni Eslovenia ni Croacia consideraron necesario contar con lugares de almacenamiento de residuos operativos antes de decidir sobre la ampliación. Seis años después, sigue sin decirse nada.

Los residuos nucleares más peligrosos, especialmente el combustible gastado, se almacenan en la propia planta de Krško y se espera que sigan estándolo al menos hasta 2065, y muy probablemente hasta 2105. Aunque el almacenamiento en seco, puesto en marcha tras el desastre de Fukushima, permite evitar las fugas en caso de terremoto, esta técnica plantea serias cuestiones de control del estado del producto, sellado en silos de hormigón, soldados y estancos. “El problema es que sabemos poco sobre la resistencia a largo plazo de este material”, señala con preocupación Tomislav Tkalec, de la ONG eslovena Focus. Por no hablar de que el combustible usado tendría que guardarse bajo el reactor, “el lugar más arriesgado”, según él. “Y los estudios de impacto los han realizado todos empresas que trabajan por encargo de los propietarios de la central”.

Para el almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad, la situación ya es crítica. “Se ha alcanzado la capacidad de la planta; está al 99%”, admite Miran Stanko, alcalde del municipio de Krško. Igor Sirc, director de la administración de seguridad nuclear eslovena, no quiere dar cifras, pero también lo reconoce, “pese a que se ha hecho mucho por optimizar y reducir el volumen de residuos”. “Si no lo movemos rápidamente, podría causar problemas de seguridad”, señala. Según el ecologista esloveno Karel Lipič, “a finales de 2021, en el mejor de los casos, no quedará sitio”.

¿Cómo se explica semejante falta de preparación? En julio de 2020, Zagreb rechazó definitivamente la propuesta eslovena de construir un almacén conjunto cerca de la central, 11 años después de que se iniciaran las conversaciones entre ambos Estados. “La solución elegida por los eslovenos, silos de hormigón a 80 metros de profundidad, bajo las capas freáticas, no es óptima”, analiza el profesor croata Davor Grgić. “Existe riesgo de contaminación del río Sava, antes de Zagreb”. El hecho es que Croacia parece haber rechazado la propuesta eslovena por una historia de mucho dinero.

“Las autoridades de Zagreb explican que, de todas formas, se necesitaba un lugar seguro para almacenar los residuos radiactivos de los hospitales del país, pero fueron sobre todo los intereses financieros los que motivaron su negativa”, afirma el periodista Daniel Prerad, que investiga la industria nuclear croata. “Las autoridades no quieren que Eslovenia se haga cargo de la gestión de los residuos radiactivos croatas y así poder vender sus servicios”.

“No tenemos un plan B, no es necesario”

Desde la disolución del Instituto Nacional de Seguridad Radiológica y Nuclear el 1 de enero de 2019, las competencias relativas a la energía atómica en Croacia recaen en el fondo de desmantelamiento de la central de Krško. “En concreto, esto significa que el legislador ha dado vía libre a los inversores: ya no queda ningún organismo que controle este arriesgado sector”, lamenta el ecologista Toni Vidan.

El director de este fondo, Hrvoje Prpić, se muestra tranquilizador respecto al emplazamiento de Čerkezovac. “El almacén es un edificio en superficie, con los cimientos sobre una losa de hormigón de 60-70 cm de grosor. No puede haber ninguna filtración”, explica. “En cualquier caso, estos residuos radiactivos no son peligrosos. No tenemos un plan B, pero no es necesario”, aclara este hombre, que ronda los 50 años.

En Krško, el Estado esloveno no ha dudado en rascarse el bolsillo para ganarse el apoyo de la población local. “La planta paga 8,5 millones de euros al año sólo en impuestos municipales”, dice el alcalde de la pequeña ciudad, Miran Stanko. Una cantidad a la que hay que añadir “importantes ayudas públicas directas a las infraestructuras municipales, para guarderías, instalaciones deportivas o de la tercera edad”.

Y el alcalde está encantado de ver aumentar el número de sus electores, atraídos por el dinamismo económico que genera la central nuclear y los miles de puestos de trabajo indirectos que están vinculados a ella. Según Karel Lipič, el “poderoso lobby nuclear busca asegurarse el apoyo popular de cara a la construcción de un segundo reactor y no duda en financiar a la sociedad civil eslovena para comprar su silencio”.

En Croacia, este lobby nuclear no representa un verdadero peso político real y pasa por una curiosa paradoja; una de sus principales figuras, Tonči Tadić, es a la vez investigador del Instituto Ruđer Bošković de Zagreb y antiguo diputado de extrema derecha. No pierde la oportunidad de fustigar a Tito, el “dictador comunista”, mientras que la central eléctrica de Krško representa un legado directo de Yugoslavia...

Para los principales partidos políticos croatas, tanto de derechas como de izquierdas, el único desafío real es tratar de encontrar la solución económicamente más ventajosa al problema de los residuos.

Gestionar los residuos de forma más económica

La cuestión del almacenamiento de residuos ha estado abierta desde la construcción de la planta. En un principio se preveían siete ubicaciones, todas ellas en la mitad norte de Croacia, ya que el resto del subsuelo es cárstico, una piedra caliza porosa inadecuada para el almacenamiento de material radiactivo.

En 1998, Zagreb optó definitivamente por las colinas de Trgovska Gora. Supuestamente la menos sísmica del país, la región tenía la ventaja de estar casi despoblada. La ofensiva de las fuerzas croatas en el verano de 1995 había expulsado a la mayoría de los serbios que antes poblaban las marchas del este del país. En el territorio de este vasto municipio se encuentra el cuartel de Čerkezovac.

Según estimaciones de Hrvoje Prpić, los 15.000 lugareños deberían recibir 45 millones de euros de indemnización, repartidos en 45 años. “Cada año, el Estado croata se ahorrará 15 millones de euros al no pagar a los eslovenos por el cuidado de sus residuos y, a cambio, sólo pagará un millón a los residentes locales, apenas el precio de pavimentar una carretera”, se indigna Daniel Prerad.

Pero la región merece una inversión seria. En un radio de cuatro kilómetros del antiguo cuartel, ninguna casa está conectada a la electricidad y sólo se puede acceder a los edificios por pistas de tierra. “La cuestión de la compensación económica nunca se ha discutido oficialmente. Lo que sabemos, lo hemos sabido por los medios de comunicación”, dice Nikola Arbutina, alcalde de Dvor. Es miembro del Partido Democrático Independiente Serbio (SDSS), que suele denunciar rápidamente las violaciones de los derechos de esta comunidad en Croacia. Extrañamente, el partido, que apoya al gobierno conservador de Andrej Plenković, permanece en silencio esta vez, sugiriendo un “acuerdo” nuclear. En cualquier caso, los votantes de la región son demasiado pocos como para interesar realmente a los políticos de Zagreb.

“Al haber pasado por alto la cuestión del almacenaje de residuos radioactivos, Croacia está ahora contra las cuerdas”, afirma indignado el diputado verde Tomislav Tomašević, miembro electo de la plataforma ciudadana Možemo! Como todos los opositores a Čerkezovac, denuncia la falta de transparencia del Estado. Según él, “un asunto tan sensible necesita un verdadero debate público y la organización de un referéndum”. Sin embargo, hace ya seis años que no se debate sobre energía nuclear en el Sabor, el Parlamento croata.

El ecologista Toni Vidan denuncia el cinismo de las autoridades: “La planta de Čerkezovac se eligió porque no hay ningún grupo de presión lo suficientemente fuerte como para oponerse a ella. Los otros emplazamientos estudiados estaban en zonas que tenían peso político en Zagreb, por eso se descartaron”.

Un cuarto de siglo después del final de los combates, Banovina, donde se encuentra Čerkezovac, sigue siendo un territorio marcado. “La región está luchando por recuperarse. Ha sido reconocido como 'interés especial' por el Estado, pero es como si se hubiera olvidado”, se lamenta el director Daniel Pavlić, que participa, en el ámbito local, en la defensa del medio ambiente. “No hay inversiones, no hay puestos de trabajo y la gente se marcha de forma masiva. Acabará pareciendo Chernóbil con los residuos radiactivos que quieren almacenar”. Recuerda que esta elección es “más aberrante si cabe por que la planta de Čerkezovac está a menos de un kilómetro de una zona clasificada como Natura 2000”.

Situada en la orilla occidental del Una, el río que marca la frontera con Bosnia-Herzegovina, la localidad de Dvor se encuentra, efectivamente, en el corazón de una región rural y virgen. Los habitantes querrían desarrollar la agricultura ecológica y el turismo sostenible, sus últimas esperanzas para salir del bache económico, pero la llegada de residuos radiactivos, incluso de baja y media actividad, tendrá inevitablemente un efecto repulsivo. “Está acabando con cualquier perspectiva de futuro para las personas que ya son las más pobres de Croacia”, afirma Daniel Prerad.

En los últimos años se han celebrado concentraciones que han reunido a varios miles de opositores, pero los vecinos no ocultan su pesimismo. “Aquí nadie lo ve con buenos ojos, pero no sabemos cómo evitarlo”, dice uno de ellos. El consejo municipal de Dvor sólo ha aprobado una resolución que prohíbe la instalación de un vertedero de residuos radiactivos en el territorio del municipio, pero no es vinculante. Mientras tanto, el desfile de camiones que entran y salen de Čerkezovac que presencian los vecinos continúa tranquilamente.

Bosnia-Herzegovina quiere un arbitraje internacional

En Bosnia-Herzegovina, al otro lado del río Una, la lucha también está tratando de organizarse. Se ha creado un colectivo de ciudadanos en la ciudad de Novi Grad, con el apoyo de las autoridades locales. “Si los residuos radiactivos se almacenan en el Trgovska Gora, no sólo se verá afectada la población de Novi Grad, sino los 300.000 habitantes que viven a lo largo del río Una”, critica el alcalde Miroslav Drljača. “Los pozos utilizados por el ayuntamiento, infraestructura para la que hemos invertido 5,5 millones de euros, están situados a 900 metros del emplazamiento. A la menor fuga, estas fuentes de agua potable se contaminarán”.

Los residentes bosnios de Una han recibido en varias ocasiones el apoyo del Gobierno central de Sarajevo. “Se trata de una cuestión en la que Bosnia-Herzegovina comparten una misma postura”, subraya el presidente del Parlamento, Denis Zvizdić, algo bastante raro en este país todavía minado por las divisiones. “Si Croacia decide [instalar residuos radiactivos en] Trgovska Gora, no dudaremos en movilizar todos los convenios internacionales que sean necesarios e iniciar un procedimiento de arbitraje”, continúa. Sin embargo, el tema aún no se ha incluido en la agenda de las reuniones bilaterales entre los dos vecinos.

¿Tendrá Croacia tiempo de encontrar un plan B antes de la fecha límite de 2023? No está claro. “Nadie puede predecir dónde y cuándo temblará la tierra”, señala el ecologista de Novi Grad, Mario Crnković. “La rotación de la microplaca del Adriático continuará y la actividad sísmica que provoca no se detendrá por imperativo de algunos políticos irresponsables”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

nbsp;

La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, han organizado en Berlín una cumbre entre los países de los Balcanes para tantear la estabilidad de las tensas relaciones entre Serbia y su provincia autónoma, Kosovo, que pretenden entrar en la Unión Europea y los principales organismos transnacionales en los próximos años. Al encuentro han asistido jefes de Estado y de Gobierno de Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Kosovo.

Merkel y Macron han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que ambos han recalcado la importancia de la estabilidad en la región. Sin embargo, la canciller alemana, ha dejado claro que la reunión no tenía como objetivo encontrar una solución, sino buscar opciones para un desarrollo positivo en la región. "No es nuestro objetivo prescribir una solución para Belgrado y Pristina", ha aseverado Macron. Según fuentes del Palacio del Elíseo han afirmado que Francia quiere aumentar su influencia en la antigua región de conflicto.

En la reunión también ha estado presente la máxima responsable en política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien dirigió un diálogo entre Belgrado y Pristina. Esas conversaciones se frenaron el año pasado, después de que Serbia bloqueara la admisión de Kosovo en Interpol. Kosovo tomó represalias imponiendo aranceles elevados a los productos serbios. Sin embargo, en términos más generales, la relación ha sido complicada durante años, ya que Belgrado se ha negado a reconocer a Kosovo desde que declaró la independencia de Serbia en 2008.

Serbia ha estado celebrando conversaciones para unirse a la Unión Europea desde 2014, pero la resolución del problema de Kosovo es una condición clave. Muchos líderes de la UE se han sentido alarmados ante la posibilidad de un intercambio de tierras, que los funcionarios serbios lanzaron por primera vez el año pasado. Temen que tal acuerdo abra viejas heridas en una región aún marcada por los conflictos étnicos de los años noventa.

En términos generales, esta idea probablemente haría que el norte dominado por los serbios de Kosovo comience a comerciar con el valle del sur de Serbia, que es principalmente de origen albanés como el resto de Kosovo. El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, ha subrayado este lunes su oposición a la idea y ha manifestado que "nunca comerciará con los territorios de Kosovo". Sin embargo ha afirmado que consideraría las correcciones fronterizas para normalizar las relaciones.

La condena a cadena perpetua que ha recibido este miércoles el ex líder serbobosnio Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad ha reabierto las fisuras étnicas en Bosnia y Herzegovina, donde muchos serbobosnios le siguen considerando un héroe. "Muchos en esta región pensaron, cuando se creó el tribunal de La Haya, que traería verdad. Pero con el paso del tiempo eso se ha perdido porque este tribunal ha usado un enfoque discriminatorio", ha criticado en declaraciones a la prensa Milorad Dodik, el representante serbio en la Presidencia tripartita del país.

En la misma línea, el presidente del Parlamento de la entidad serbia de Bosnia, la República Srpska, Nedeljko Cubrilovic, ha acusado al Mecanismo Residual para Tribunales Penales Internacionales, responsable del fallo, de actuar de forma "parcial" con el objetivo de "proclamar a los serbios y sus líderes como únicos culpables de la guerra civil". El jefe del Partido Democrático Serbio, que Karadzic fundó antes de la guerra (1992-1995), ha tildado la sentencia de "política, infundada y escandalosamente injusta". El tribunal de La Haya pretende continuar con "la satanización del pueblo serbio", ha denunciado Vukota Govedarica. En apoyo de Karadzic también se han manifestado otros criminales de guerra condenados por la Justicia internacional. "Es evidente que este veredicto ha sido emitido por gente incompetente que no tiene ninguna calidad moral", ha dicho el líder del Partido Radical Serbio, Vojislav Seselj.

En el extremo opuesto, el integrante bosniaco de la Presidencia tripartita, Sefik Dzaferovic, ha considerado que "un criminal de guerra ha recibido un castigo merecido con el que hoy las víctimas y todo el mundo civilizado pueden estar satisfechos". Además, el líder bosniaco ha querido enfatizar que el veredicto contra Karadzic no se dirige contra toda la comunidad serbobosnia, sino contra quienes intentaron hacer realidad el plan del ex líder serbio Slobodan Milosevic para crear la "Gran Serbia", según informa el portal de noticias Balkan Insight.

El miembro croata de la Presidencia tripartita, Zeljko Komsic, ha estimado que el fallo contra Karadzic es tan solo el nivel mínimo de Justicia para sus víctimas. "Es un testimonio escrito y una lección para las generaciones venideras de que ningún crimen quedará sin castigo", ha enfatizado. En un tono similar, la presidenta croata, Kolinda Grabar-Kitarovic, ha valorado que, si bien "el veredicto no puede devolver las vidas de las decenas de miles de víctimas y aliviar el dolor de sus familias y de los supervivientes, debe servir como un aviso permanente".

Aplauso internacional

Desde la comunidad internacional, el relator especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, ha celebrado la condena contra Karadzic porque evidencia que "la rendición de cuentas prevalecerá sobre la impunidad". No obstante, Dieng ha advertido de que "la Justicia por sí sola no traerá una verdadera reconciliación de las comunidades divididas por la violencia". "El cambio real en la sociedad solo puede venir de la reflexión, la aceptación y de un esfuerzo colectivo para seguir adelante", ha indicado.

El experto de la ONU ha pedido a los líderes regionales "que combatan la retórica divisiva con palabras de compasión y empatía hacia el dolor de las víctimas, no solo de sus comunidades étnicas o religiosas, sino especialmente de los miembros de otras comunidades". Dieng ha avisado de que "la negación y el revisionismo están alimentando la inestabilidad regional y socavando las relaciones de vecindad". Desgraciadamente, ha lamentado, "algunos líderes e instituciones de la región aún no han demostrado tener el coraje de apoyar la rendición de cuentas por los crímenes del pasado". "El señor Karadzic no es un héroe, es un criminal", ha aseverado. "Los verdaderos héroes son los supervivientes y testigos de los crímenes cometidos por él", que "han demostrado una enorme valentía al ir a los tribunales para declarar y no perder nunca la esperanza de que se haría Justicia", ha destacado.

El relator especial se ha defendido que "la rendición de cuentas constituye un elemento esencial en la construcción de un futuro más pacífico y estable en la búsqueda conjunta de la verdad y de una verdadera reconciliación para Bosnia y Herzegovina y toda la región". La Unión Europea, que respeta "plenamente" la decisión judicial, ha instado igualmente a los líderes regionales a "apoyar" la sentencia. "La Justicia penal internacional no solo contribuye a poner fin a la impunidad sino a alentar una mayor confianza y reconciliación", ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

Por su parte, Parampreet Singh, subdirectora del equipo de Justicia Internacional de Human Rights Watch (HRW), ha celebrado que "veinte años después el largo camino hacia la Justicia para quienes sufrieron la brutalidad de Radovan Karadzic ha llegado a su fin". Stefan Simanowitz, portavoz para Europa de Amnistía Internacional, ha estimado que tras este fallo "ya no puede haber ninguna sombra de duda de que es culpable de los crímenes más graves bajo el Derecho Internacional que se han cometido en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial". "Envía un potente mensaje al mundo", ha enfatizado.

Al margen del nudo en el estómago que produce ver cómo los herederos de los hacedores de la guerra, casi tres décadas después, desgarran lo que queda de este maltrecho Estado, lo que a pocos les debería suscitar dudas es que el miedo y el mantra del etnonacionalismo ha sido el mejor aliado para que nada cambie. Fue el precio de una paz mal resuelta que tiene atrapada a la nación en un enrevesado sistema de pesos y contrapesos étnicos que dejó el Acuerdo de Dayton (1995). “En muchos países se puede constatar hoy que la identidad del ser prevalece sobre la del hacer. La primera se adorna a veces con una retórica que roza la caricatura, insistiendo de forma desmesurada en el pasado nacional, la tradición, la pertenencia, el mito; la segunda, en lugar de expresarse, mediante proyectos reales o realizables, permanece casi siempre mal definida, es decir, insignificante”. La máxima del escritor balcánico más mediterráneo, Predrag Matvejevic, en el año 1993 sigue definiendo a la perfección el modus vivendi de la Bosnia y Herzegovina de Post Dayton pero también nuestro tiempo postmoderno más allá de los Balcanes.

No es de extrañar que, con los primeros resultados escrutados -­que casi una semana después de las elecciones siguen sin conocerse plenamente-, la pregunta más común en las calles de Bosnia y Herzegovina ha sido cuándo iban a levantar los visados de trabajo en Alemania.  Porque el hastío, la sed de justicia social y el abandono del país sobre todo por parte de la gente joven y preparada es una realidad. También es cierto que, a pesar del agotamiento, ha habido un 54% de participación en estas elecciones, una cifra nada desdeñable. Y lo es porque poca esperanza hay en la democracia que le ofrece el nudo gordiano de Dayton a los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina.

Con una estructura sin precedentes en el continente europeo, Bosnia y Herzegovina se presenta como un Estado sin forma institucional definida, fragmentado entre una Federación bosnio-croata, dividida a su vez en diez cantones, con sus correspondientes gobiernos, y la Republika Srpska, étnicamente integrada casi en su totalidad por serbobosnios, además del Distrito autónomo de Brcko. En este entramado de subniveles gubernamentales, el Estado se rige por una Constitución, que también emana de Dayton, y cuyo marco contextual representa el paradigmático caso de una nación sin pueblo, pues se compone de bosniacos, serbios, croatas u otros, pero no de bosnios. Del país multiétnico a un Estado etnificado, cuyo destino desde el final del conflicto lo dirigen los mismos. Los partidos nacionalistas, cimentados en el poder a modo de etnoclases que empujan hacia fuera cualquier cambio en clave ciudadana.

La buena noticia después de esta vuelta electoral es que se ha roto la alianza que ha representado el mayor peligro para la integridad del país desde el final de la guerra. El nacionalismo del presidente de la Republika Srpska, Milorad Dodik y el del líder nacionalista croata Dragan Covic, convertidos en los mayores socios para mantener a sus votantes fidelizados con permanentes proclamas de que son el pueblo amenazado, y con vínculos desde el exterior para solidificar su discurso secesionista. Covic ha sido derrotado por el progresista Zeljko Komsic, líder de una alianza de izquierdas (Frente Democrático) que defiende la unidad territorial de Bosnia y Herzegovina, especialmente de cara a las vecinas Serbia y Croacia.

Komsic ya estuvo en la presidencia en dos legislaturas pasadas, y como ocurrió entonces, los votos de más que han ido a parar a este sarajevita que luchó en la guerra y fue reconocido con el Lirio de Oro del Ejército de Bosnia y Herzegovina proceden de los votantes bosniacos. Votos que el nacionalismo croata ve como un ejemplo de mano larga de la política musulmana en la Federación.

Con su socio tocado y hundido, Dodik sí ha saltado los obstáculos para convertirse en el miembro serbio de la presidencia colegiada, a pesar de soltar soflamas a diario contra el Estado. Su primer gesto con la nación es el anuncio de la construcción de un muro de dos metros alrededor de su sede en la que habrá una enorme bandera de la Republika Srpska. Ni las promesas incumplidas de miles de puestos de trabajo, ni la privatización de la sanidad, ni las pensiones, ni siquiera las protestas de los veteranos de guerra le han arrebatado la mayoría al partido bosniaco SDA, con la elección de Sefik Dzaferovic como miembro bosniaco de la presidencia. Bakir Izetbegovic no se ha vuelto a presentar a la presidencia porque no puede repetir mandato.

Son unas elecciones más pero no todo sigue igual. Sí, hay más de un 9% de votos que han sido invalidados, se ha hablado de muertos que han aparecido en los listados electorales y tras los resultados que, una semana después, siguen siendo preliminares, el mercadeo de escaños está ya en las agendas, pero la atmósfera es diferente. En la Republika Srpska y en la Federación, miles de ciudadanos se manifiestan pacíficamente en las calles día tras día pidiendo a una voz “¡Justicia!” para sus hijos, y ya no se dividen entre serbios, croatas y musulmanes. En el parlamento de la Republika Srpska entran nuevos rostros, decididos a buscar el diálogo, como Drasko Stanivukovic, de apenas 25 años, que ha barrido en votos a figuras asentadas del actual gobierno. En la Federación, esos bosniacos que han votado a Komsic no lo han hecho por fastidiar a Covic y a su pueblo como afirma, sino porque buscan una alternativa sin siglas étnicas. En Mostar lo ha hecho miles de croatas. En Sarajevo tomarán posesión de su escaño Sasa Magazovic y Pedja Kojovic, dos serbios dispuestos al consenso. “Ante la invasión de odio, la propagación del miedo y la amenaza de nuevos conflictos, nos presentamos con una campaña de amor. Creemos en Bosnia y Herzegovina unida que tiene en la diversidad su hermanamiento”, dice Kojovic que entre las filas de su formación “Nuestro partido” tiene al oscarizado director Danis Tanovic.

Porque tres décadas después, Bosnia y Herzegovina debe dejar de ser el único Estado del Consejo de Europa que discrimina manifiestamente a sus ciudadanos. Así lo dictaminó el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en la sentencia Sejdic-Finci de 2009, y a posteriori, en las de Zornic (2014) y Pilav (2016). Todas vienen a reflejar el freno que sigue representando para el Estado la etnificación extrema de su modelo institucional en el que las etnias son superiores a todos los demás, pues sólo los miembros de las mismas pueden concurrir a los órganos centrales del Estado, véase la presidencia y la Cámara alta del Parlamento; y, de otra parte, sólo pueden concurrir a esos cargos desde las entidades en las que residen. Una fórmula que choca de frente con el Convenio Europeo de los Derechos y las Libertades, que paradójicamente en Bosnia y Herzegovina tiene rango constitucional.

Los apelantes llevan más de una década, y dos elecciones generales, esperando que se haga justicia su sentencia ante la mirada inerte de la Unión Europea, hoy la única garante de la paz en este su pequeño protectorado. Pero el sistema diseñado para que nada cambie parece agrietarse. Desde dentro. Desde el tímido clamor de las calles de Banja Luka, Mostar, Tuzla, Sarajevo. Desde el desafío de ciudadanos como los señores Sejdic y Finci, uno representante del pueblo roma y el otro de la comunidad judía. El cambio llega del cambio generacional, que no sale en masa a las elecciones porque ha crecido en la vorágine del discurso nacionalista de sus gobernantes pero que cree que 100.000 muertos son más que suficientes. Del pueblo más pobre de Europa. Y que sin embargo le dio una lección de humanidad cuando ésta le dio la espalda a finales del siglo pasado. De los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina.

_______

Esma Kucukalic es periodista y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia.

Bosnia-Herzegovina ha celebrado elecciones generales este domingo enfrascada en la espesura de los nacionalismos, el descrédito político y el desafecto institucional. Las herramientas burocráticas de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en 1995, dispuestas para intentar acotar la fragmentación cultural y confesional del país, chocan con la rigidez étnica y religiosa que divide a serbobosnios, bosniocroatas y bosniacos (las tres etnias sobre las que está construido el sistema político local).

Los algo más de tres millones de bosnios inscritos en el censo electoral estaban llamados a designar a los representantes de la Presidencia tripartita —que rota cada ocho meses entre los representantes de cada una de las tres etnias—, los diputados del Parlamento estatal, los de las asambleas de las dos entidades territoriales que integran Bosnia-Herzegovina (la República Srpska, de mayoría serbia, y la Federación, compuesta por bosniocroatas y bosniacos o musulmanes), los del distrito federal de Brcko (al noreste del país y con estatus especial y gobierno propio), y los representantes de los 10 cantones que constituyen la Federación musulmano-croata. Cada una de dichas entidades, además, posee su propia Constitución.

Mujeres bosnias acuden a votar en las elecciones presidenciales y legislativas del domingo. EFE

Al cierre de las urnas, la Comisión Electoral Central (CIK, por sus siglas en serbocroata), informó de que la participación había superado el 53% (en torno a 1,7 millones de votantes) y, unas horas más tarde y de acuerdo con el escrutinio del 43,4% de los votos, entre los 15 candidatos que aspiraban a la presidencia de las tres divisiones la victoria ha sido para los nacionalismos serbio y musulmán en la República de Srpska y el lado musulmán de la Federación respectivamente, y para el candidato moderado de centroizquierda en la parte croata.

Milorad Dodik, que revalida el cargo con el 55,1% de los apoyos en la facción serbobosnia, ha declarado que su victoria “es tan pura como una lágrima”. En el lado bosniocroata las previsiones daban como vencedor al nacionalista Dragan Čović, pero el 49,4% de los votos han respaldado al moderado Željko Komšić, que atesora la esperanza del diálogo y los consensos para desenquistar la situación administrativa que lastra el funcionamiento institucional bosnio desde hace varios años. “No toleraremos la interferencia exterior en los asuntos internos de Bosnia”, aseveró Komšić tras conocerse los primeros resultados. Por su parte, en el lado musulmán, el 37,9% de los sufragios le otorgan el triunfo al nacionalista Šefik Džaferović, que defiende el centralismo de Bosnia y la retirada de competencias y autonomía al resto de identidades dentro del país.

Lejos de la entrada en la UE y la OTAN

Bosnia ha basado su Gobierno en la organización étnica desde Dayton y las tres divisiones —que además responden a distintas confesiones: cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes—, con algunos territorios en régimen especial y autonomía, están vinculadas entre ellas por un débil gobierno central. No obstante, esta configuración es similar a la que existía en la federación bosnia de Yugoslavia.

Desde 2016 las disputas entre los partidos bosniocroatas y bosniacos por la ley electoral han impedido que se renueve una de las dos cámaras que integran el Parlamento de la Federación bosnia. Sin esa cámara no se puede establecer el gobierno federal y sin éste es imposible investir un ejecutivo estatal para el conjunto de Bosnia; por lo que la crisis institucional es latente y solo está contenida por una resolución de urgencia del Tribunal Constitucional, que directamente eliminó los puntos problemáticos de la ley y, por tanto, la base legal para constituir el Parlamento federal.

Antes de estas elecciones —las octavas desde la guerra y las primeras desde la desregulación—, la directora del CIK, Irena Hadžiabdić, alertó de que el país estaba “entrando en un período electoral sin regulaciones claras y en contra de las normativas internacionales”. En la Unión Europea, donde Bosnia-Herzegovina pretende entrar, son conscientes de las disfuncionalidades administrativas del país y coincidieron con el CIK al asegurar que, a menos que se encuentre una solución al conflicto por las reglas de votación, las instituciones de la Federación podrían dejar de funcionar.

En 2006 hubo un intento fallido de reformar la constitución para desahogar la esclerosis administrativa del país, agilizar el sistema judicial y luchar contra una corrupción que, en algunos sectores públicos, es endémica. En 2013, la falta de avances en reformas de semejante calado llevó a Bruselas a suspender una ayuda de 47 millones de euros para los candidatos a la adhesión en la UE, por lo que su entrada quedó suspendida indefinidamente.

Una campaña de apelación al nacionalismo

A pesar de que desde Europa se insta al consenso entre etnias para avanzar hacia objetivos comunes, la campaña electoral, una vez más, ha estado basada en el nacionalismo y la movilización del voto apelando a la identidad cultural.

La guerra de Bosnia también ha sido tema recurrente durante la campaña para intentar exaltar y fidelizar el voto. El candidato del Partido Democrático Serbio (SDS), Vukota Govedarica, llegó a admitir en un mitin que quería parecerse a su fundador, Radovan Karadžić, que fue presidente de la República de Srpska durante la guerra y está condenado por el tribunal de La Haya a 40 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.

Una valla electoral pide el voto para el candidato musulmán Šefik Džaferović. EFE

El mes pasado en Vlasenica (al noreste de la zona serbobosnia) apareció una valla electoral con las fotos del alcalde del municipio junto al excomandante del ejército serbio de Bosnia, Ratko Mladić, condenado por el mismo tribunal a cadena perpetua por delitos similares a los de Karadžić.

El paro y el éxodo oscurecen el futuro de Bosnia

Muchos en Bosnia ven la solución de Dayton como un parche que no ha hecho sino enfermar al país con una administración desproporcionada —la mitad del PIB bosnio se emplea en alimentarla—, llena de duplicidades y donde el nepotismo y la corrupción son una práctica normalizada. En uno de los países más pobres del continente, la crisis económica ha dejado unas cifras de desempleo desorbitadas —especialmente altas entre los jóvenes— y una creciente masa de ciudadanos que viven por debajo del umbral de la pobreza.

Según datos del FMI y el Banco Mundial, el sueldo medio en Bosnia apenas supera los 400 euros, la tasa de desempleo supera el 30% —la juvenil el 50%— y el éxodo de bosnios que salen de su país para buscar trabajo —lo siguen haciendo mayoritariamente a Alemania, como en los años 80— es enorme. Aunque no hay datos oficiales, el FMI estima que entre 2006 y 2016 abandonaron Bosnia entre 200 y 400.000 personas (un decrecimiento poblacional del 7%).

La exánime economía bosnia depende, en gran medida de la exportación de metalurgia, un sector que el Estado va desmantelando poco a poco. Otro pilar fundamental de la riqueza del país depende de las divisas que envían los emigrados a sus familiares. Sin embargo, estas remesas se van reduciendo porque, la envejecida población, hace que cada vez haya menos familiares a quienes enviarles dinero.

Un río salvaje fluye a lo largo de 130 kilómetros por los Alpes Julianos hasta el Mar Adriático cerca de Monfalcone, en las inmediaciones de Trieste. Separa dos países: nace en Eslovenia y desemboca en Italia y se le conoce con dos nombres diferentes (Soča, en esloveno; Isonzo, en italiano). Actualmente, atrae como un imán a aficionados al kayak, a excursionistas y a pescadores deportivos, pero durante mucho tiempo sólo mencionar su nombre suponía una maldición –en cualquiera de los dos idiomas– por la sangre que arrastró durante la Primera Guerra Mundial.

El Reino de Italia, unificado hace menos de 50 años, soñaba entonces con anexionarse a las tierras “irredentas”, es decir, regiones que permanecían bajo la soberanía de los Habsburgo, donde convivían poblaciones italianas, eslavas o germánicas: Trieste por supuesto, pero también Trento, Bolzano y el sur del Tirol, los Alpes Julianos e Istria.

En este rincón del mapa de Europa, situado al norte del Adriático, el siglo XX no ha dejado de jugar con las tijeras de las fronterastijeras. Las antiguas posesiones austro-húngaras pasaron a ser italianas, luego yugoslavas y finalmente croatas o eslovenas. Cuando los sobresaltos de la historia desplazaron las fronteras de los países, las poblaciones se encontraban en minoría.

“No estaba muy bien visto ser italiano en la Yugoslavia socialista”, dice Roberto Palisca, editor de La Voce del Popolo, el periódico de la comunidad italiana de Croacia, cuyas oficinas dan a la Bahía de Rijeka y al Golfo de Kvarner. “Los italianos seguían siendo sospechosos de simpatizar con los fascistas, aunque los verdaderos colaboradores se fueron en 1945. En cuanto a la situación internacional se tensó en torno al estatuto de Trieste, los italianos de Yugoslavia sufrieron las consecuencias. Con la independencia de Croacia, los nacionalistas nos ven con malos ojos y el actual Gobierno de centroderecha redujo significativamente las subvenciones que recibíamos. La comunidad sobrevive gracias a sus escuelas, que siempre han tenido buena fama”.

Al otro lado de la frontera, el Primorski Dnevnik, el “diario del litoral”, es la voz de la minoría eslovena en Trieste. El periódico se fundó durante la guerra con el nombre de Partizanski Dnevnik, el “diario de los guerrilleros” y el retrato del mariscal Tito todavía preside las rotativas, mientras que los cuarenta días de ocupación de la ciudad por las tropas de Tito en mayo de 1945 se presentan en Italia como una tragedia salpicada de terribles masacres.

Pero quizás toda esta historia empiece en el profundo valle del Isonzo, que fue escenario de no menos de 12 amargas batallas, desde junio de 1915 hasta octubre de 1917. Después de varios meses de neutralidad, Roma había declarado la guerra al Imperio austro-húngaro el 24 de mayo de 1915. 500.000 hombres de los ejércitos austro-húngaros e italianos murieron en las trincheras talladas en la roca, en la ladera de la montaña, en vanas ofensivas dirigidas a tomar y recuperar inaccesibles cimas.

En agosto de 1916, Italia ganó la sexta batalla, pero hizo falta sacrificar a 90.000 hombres, 40.000 en italianos y 50.000 austrohúngaros, para controlar la ciudad de Gorizia. La duodécima batalla, que tuvo lugar del 24 de octubre al 9 de noviembre de 1917 alrededor de la pequeña ciudad de Caporetto, permitió finalmente a los austro-húngaros y alemanes adelantar el frente. En italiano, el término Caporetto se utiliza siempre para designar una catástrofe.

En 1918, los vencedores de la guerra intentaron aplicar el “principio de las nacionalidades”, pero se encontraron con las reivindicaciones cruzadas de Italia y del nuevo “reino de serbios, croatas y eslovenos”. El 12 de septiembre de 1919, el poeta Gabriele D'Annunzio, en estrecha relación con Mussolini, sitia la ciudad de Fiume con una tropa de 2.500 arditi, excombatientes que proclaman su apego a Italia.

En 1920, Belgrado y Roma firmaron el Tratado de Rapallo, que preveía la creación de un “Estado libre de Fiume”. D'Annunzio fue expulsado por las tropas regulares italianas en Navidad de 1920, pero un golpe fascista derrocó al gobierno electo del Estado libre el 3 de marzo de 1922 y en 1924 se ratificó su anexión a Italia, en virtud del Acuerdo de Roma. Hoy en día, la croata Rijeka, futura “capital cultural de Europa” en 2020, lucha por saldar las cuentas de su pasado. En este puerto industrial abandonado, cuya población no cesa de exiliarse a Alemania, Gran Bretaña o Irlanda, sólo el recuerdo de la lucha de los antifascistas de la Segunda Guerra Mundial ocupa todavía un lugar de cemento común. En una Croacia de derechas cercana a los países conservadores del Grupo de Visegrád, la ciudad es el último bastión socialdemócrata.

Trieste, de la prosperidad a la somnolencia Desde el valle de Soča hasta Istria, muchos italianos lucharon en las unidades de los guerrilleros yugoslavos, pensando que ya llegaría el momento, después de la guerra, de trazar las fronteras que no habían dejado de moverse. Aquí, sin embargo, la depuración tomó la apariencia de limpieza étnica y, desde hace unos 15 años más o menos, Italia conmemora con cada vez mayor amplitud la memoria de los foibe, esos profundos fosos kársticos en los que los guerrilleros echaron a los supuestos fascistas, pero también a muchos civiles inocentes.

En 2004, el gobierno de Berlusconi estableció el “día del recuerdo”, el 10 de febrero, fecha de la firma del Tratado de París en 1947, que otorgaba la mayor parte de Istria a Yugoslavia. El más famoso de esos foibe es Basovizza, en Trieste, donde los escolares italianos van a visitar el pequeño museo dedicado a los “crímenes del comunismo”.

En 2007, el presidente Giorgio Napolitano, excomunista también él, provocó una crisis diplomática con Croacia, al referirse a la “tragedia de la población italiana de Venecia Julia y Dalmacia”, en un discurso inmediatamente denunciado por su “hedor racista” por su homólogo croata Stipe Mesić. Aunque 200.000 italianos abandonaron Yugoslavia después del final de la Segunda Guerra Mundial, el número de víctimas arrojadas a los foibe sigue siendo objeto de controversia y se estima que fueron alrededor de 20.000.

El historiador Jože Pirjevec, autor de una biografía de Tito y de un estudio de estos foibe, se muestra enfadado al recorrer Basovizza: “Nadie duda de la existencia de las religiones, pero todo lo que aquí se presenta es falso. Este foso se llenó primero con cadáveres de soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial, y luego se le arrojó material de guerra incautado a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo lo que las excavaciones arqueológicas han podido determinar y se vertió hormigón sobre el foso para impedir un estudio más serio”.

Para él, el discurso oficial sobre los foibe pretende criminalizar la lucha de los guerrilleros, que había unido a los antifascistas italianos y eslovenos, y “trivializar” el propio fascismo y la violencia que desplegaba contra las minorías eslavas, los eslovenos de Trieste o los croatas de Rijeka e Istria. “Trieste siguió siendo un pequeño puerto pesquero durante mucho tiempo, pero la ciudad se desarrolló rápidamente después de formar parte de Austria en 1815”, explica Jože Pirjevec. “Se convirtió en la salida marítima de Viena y atrajo a gente de todas partes, griegos, serbios, judíos, etc. Cada comunidad ha tratado de construir los lugares de culto lo más grande posible. Los eslovenos habían construido un imponente centro cultural, el Narodni Dom. Incendiado por los fascistas en 1920, incluso antes de que Mussolini tomara el poder”.

La comunidad eslovena de Trieste, perseguida por el fascismo, dominante sobre el resto de localidades italianas que dominan la ciudad y su espléndido golfo, mantiene cierta discreción, asistiendo a sus propias escuelas, clubes deportivos, instituciones culturales. Sin embargo, sufrió de lleno los desgarros de la segunda mitad del siglo XX. “La mayoría de los eslovenos eran comunistas, pero en 1948 algunos apoyaban a Tito, otros a Stalin y al Partido Comunista Italiano. El cisma separó a amigos, camaradas de guerra, ha dividido durante mucho tiempo a familias”, admite el historiador.

Sin embargo, en los años 70 y 80, la ciudad conoció una asombrosa fase de prosperidad: Trieste se convirtió en un enorme supermercado, donde los yugoslavos llegaban en autocares enteros para comprar productos de consumo occidentales, empezando por pantalones vaqueros. “Se han hecho grandes fortunas”, dice Jože Pirjevec. Todo el mundo estaba implicado en este comercio, los italianos en primer lugar, pero algunos bancos y empresas comerciales pertenecían a eslovenos locales, vinculados al régimen yugoslavo, que por lo tanto se beneficiaron indirectamente de esta apertura bien controlada hacia Occidente. Hay canciones todavía populares en la antigua Yugoslavia que celebraban la “ventana hacia Occidente” que representaba Trieste “el lugar del mundo donde el socialismo y el capitalismo han cooperado mejor en la historia”, como explica un comerciante entrevistado en la película Trieste Yugoslavia.

Este episodio mercantil terminó con la desintegración de Yugoslavia. Durante la primera mitad de los 90, sólo los coches de los profesionales de los servicios humanitarios y de los periodistas que corrían hacia los frentes de Croacia y Bosnia-Herzegovina se detuvieron en Trieste, y la ciudad, alejada de los flujos turísticos, ya no ha dejado atrás una larga somnolencia. Lo mismo ocurre con Rijeka, cuyos astilleros, industrias químicas y petroleras no se han recuperado de la crisis de la transición.

Otros conflictos ridículos destrozan la región, como el de Eslovenia y Croacia por la división de las aguas territoriales en el Golfo de Piran, que se llevó ante un tribunal internacional de arbitraje. A pesar de que los tres países son ahora miembros de la Unión Europea -Eslovenia desde 2004, Croacia desde 2013-, la prometida apertura de las fronteras ha dado pocos frutos tangibles, y la región, olvidada en un rincón del mapa de Europa, teme ahora otras amenazas.

La región Friuli-Venecia Julia, que durante mucho tiempo había mantenido cierta moderación política, votó a favor de la Liga Norte en las últimas elecciones. En 2015, activistas eslovenos y croatas se reunieron para cortar el alambre de espinas que las autoridades habían instalado entre los dos países para impedir el paso de refugiados. Intento en vano, las fronteras siguen cerradas, pero la ruta de los Balcanes se está reorganizando y cada vez son más los intentos por cruzar entre Croacia, Eslovenia e Italia.

Hay rumores que dicen que se ahogaron varios inmigrantes en el puerto de Rijeka después de robar diferentes barcos y, en el pequeño puesto fronterizo de Sočerga, perdidos en las colinas kársticas, camionetas de la Policía traen de vuelta a Croacia a refugiados arrestados en Eslovenia, en medio de filas de coches de veraneantes que se dirigen a las playas croatas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Una granja abandonada, oculta tras un bosque frondoso, en Volvodin, al norte de Serbia, a cientos de metros de la frontera húngara; medio centenar de jóvenes viven en ella, hacinados en habitaciones que hace tiempo no tienen ventanas. En invierno, las temperaturas nocturnas caen por debajo de los -10º C.

Para calentarse, los migrantes queman maderas y plásticos usados y reúnen todas las mantas que puedes. Rauf, oriundo de Pendjab, sólo tiene 15 años, pero hace más de un año que emprendió la ruta. “He cruzado Pakistán, Irán, Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia”, explica. ¿Su objetivo? Llegar a París, donde reside su padre.

Algunos ya han intentado diez, quince veces, atravesar Hungría, puerta de acceso al espacio Schengen. “Por la noche, lanzamos prendas sobre las alambradas de espinoso”, prosigue Rauf. A estas repetidas intentonas, han terminado por ponerles nombre: “el juego”. El del ratón y el gato con las fuerzas policiales que patrullan, día y noche, al otro lado del inmenso muro que rodea la frontera. La mayoría son atrapados enseguida. El procedimiento siempre es el mismo, se les identifica y devuelve a Serbia, tras ser golpeados casi de forma sistemática.

“Desde hace más de un año, nuestros médicos y enfermeros escuchan las mismas historias que hablan de hombres golpeados y humillados”, cuenta Stéphane Moissaing, director de la misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Serbia. “Hungría, Croacia, pero también Bulgaria utilizan intencionalmente la violencia para disuadir a los migrantes a la hora de pedir asilo en la UE. Sin embargo, esto no les desanima, aunque les causa series problemas físicos, los hace más vulnerables aún”, se indigna.

Un equipo móvil de MSF va una vez por semana a los bosques aledaños a la frontera. “Curamos gripes, infecciones respiratorias e intestinales, enfermedades de la piel debidas a las malas condiciones higiénicas, pero también a las heridas provocadas por los golpes y las mordeduras de perros y de policías”, explica Iva, la doctora serbia del equipo. En torno a Subotica, entre Horgoš y Bački Vinogradi, hay varios cientos de personas sobreviviendo en los esqueletos de las antiguas granjas, agrupados por nacionalidades.

Esta mañana soleada de enero, el ambiente es distendido. La ONG alemana Rigardu ha instalado un camión ducha y un salón de bellezasalón de belleza, que permite a los migrantes afeitarse o cortarse el pelo. En el suelo, hay teléfonos en carga, conectados al grupo electrógeno que han traído los voluntarios. Para cruzar la frontera es esencial contar con los pasadores de migrantes: dos de ellos están presentes, negocian a la vista de todos sus servicios con aquellos que tienen algo de dinero. Piden de 300 a 400 euros por persona, redistribuidos como propina a policías húngaros que están conchavados. Por el contrario, a la Policía serbia no se la ve y tolera el campamento de migrantes, apartado de las ciudades.

Según Stéphane Moissaing, entre 1.000 y 1.500 migrantes acceden cada mes en Serbia, sobre todo desde Macedonia y Bulgaria; otros tantos salen. Desde el cierre oficial de la ruta de los Balcanes en marzo de 2016 las vías de paso siguen siendo las mismas, pese al refuerzo de los medios policiales locales y de Frontex. En 2015 y 2017, el presupuesto de la agencia europea se multiplicó por dos, pasando de 143 a más de 280 millones de euros.

Para evitar estas medidas de seguridad, algunos migrantes tratan de abrir nuevas rutas. En 2017, 735 personas en situación irregular fueron detenidas en Bosnia-Herzegovina, ocho veces más que el año anterior, la mitad de ellas cerca de la frontera con Serbia. Y la tendencia parece acelerarse: más del 25% de estos arrestos se produjeron en diciembre. “Son los más pobres, los que ya no tienen medios para pagar a los traficantes, quienes tratan de rodear el obstáculo húngaro por el sur”, dice Stéphane Moissaing. “El fenómeno de momento es marginal, pero no se sabe lo que pasará en primavera, cuando los flujos vuelvan a subir”.

Según los datos del Alto Comisionado para los Refugiados, hay otras 4.000 personas en campamentos gestionados por el Gobierno serbio, una cifra estable desde hace meses. El de Obrenovac, en el enorme extrarradio de Belgrado, únicamente hay hombres solos, de ellos 17 son menores. En el último censo eran 737: 235 afganos y 395 pakistaníes, seguidos por un impresionante crisol de nacionalidades: argelinos, marroquíes, nepalíes, indios, somalíes, etc.

Obrenovac, los responsables del centro visitan el pabellón deportivo, el hogar y la escuela, que ofrece clases de inglés, de serbio y de matemáticas a los menores. Los residentes pueden circular libremente e ir a la ciudad, si informan de su salida. Las condiciones son correctas, pero la promiscuidad duradera termina por desesperar. En noviembre pasado, el campamento fue escenario de una batalla campal en la que se vieron implicados varios cientos de personas, principalmente afganos y pakistaníes. Otra pelea estalló el 23 de enero. Miloš, empleado de la comisaría serbia para los refugiados, resume el problema a una historia “exceso de hormonas entre jóvenes”. La gran mayoría de estos hombres tienen entre 20 y 30 años.

Bloqueados desde hace dos años

Muchos migrantes rechazan alojarse en el centro, por miedo a ser identificados y tener que permitir que registren sus huellas digitales. “Si quieren beneficiarse de los servicios del centro, tienen que registrarse”, dice el joven, que ha trabajado ya en otros campamentos, “más tranquilos, donde hay familias”. En los accesos al centro los traficantes cierran negocios y la Policía permite las idas y venidas frecuentes de los ocupas que permiten el paso clandestino de la frontera.

Milica, que también trabaja en la comisaría serbia, se ocupa sobre todo de los menores. “Algunos permanecen postrados. Todos han tratado de cruzar la frontera numerosas veces, han sido golpeados, revueltos. Muchos han sido devueltos desde Hungría o Croacia. Han perdido la esperanza y la perspectiva de volver al país sería el final del sueño, el reconocimiento de su fracaso”. Para los voluntarios de las ONG, el principal problema es la ociosidad. “Reciben tres comidas al día y tienen agua caliente para ducharse, pero no hacen nada durante el día, ¿cómo se puede vivir así durante meses?”, se pregunta uno de ellos.

Idriss, 23 años, estudiaba Derecho en Argel. Decidió adentrarse en la ruta hace 18 meses por “problemas” que prefiere no concretar. Primero accedió a Turquía, donde trabajó algo, antes de adentrarse en la ruta de los Balcanes. El joven pasa el invierno en Obrenovac para recuperar fuerzas. La continuación de su viaje dependerá de su capacidad de reunir bastante dinero para tratar con los pasadores.

En la frontera con Croacia, cerca de Šid, unas 150 personas viven en los bosques aledaños al centro de acogida, algunos desde hace más de un año. Son argelinos en su mayoría, pero también hay afganos y marroquíes. Estos jóvenes prefieren permanecen en “la jungla”, porque consideran que, al no ser sirios o iraquíes, no tienen ninguna posibilidad de conseguir asilo en Serbia y que una estancia en un campamento oficial sólo retrasaría su objetivo; llegar a un país rico de la UE.

Sava, otro empleado del Comisaría, también refugiado serbio expulsado de la Krajina croata en 1995, espeta: “Nosotros, los serbios, sabemos lo que significa ser refugiado. Consideramos a los migrantes seres humanos, se les trata bastante mejor en nuestro país que en el vuestro, en Calais [Francia]”. Su superior añade: “Todos los problemas vienen de los campamentos improvisados que levantan los anarquistas pagados por la UE... Manipulan a los migrantes, pero su objetivo es ¡obtener subvenciones! Los días 25 y 26 de diciembre, varias decenas de migrantes iniciaron una sentada en los campamentos que separan Serbia y Croacia, en las inmediaciones de la localidad de Tovarnik, antes de ser evacuados por la Policía serbia, que les ha conducido a los campamentos, como el de Obrenovac.

En 2018, Serbia debería percibir 16 millones de euros de la UE para financiar los centros de acogida. Esa cifra, sumada a los medios de las ONG, supone un presupuesto anual de casi 4.000 euros por refugiado, mucho más elevado que los ingresos de muchos serbios. “La ruta de los Balcanes sigue funcionando”, explica Stéphane Moissaing. “La UE se acomoda a estos flujos con tal de que sean discretos”. Las cifras quedan bastante lejos de las de 2015. “Por su parte, Belgrado trata de concentrar a la gente en los campamentos, mientras que algunas familias permanecen bloqueadas en el país desde hace dos años”.

En este momento, MSF trata de poner en marcha un programa de reasentamiento en apartamentos vacíos, pero las autoridades serbias no ocultan sus reticencias. La matriculación de niños de refugiados en escuelas de las afuera de Belgrado, el otoño pasado, sólo formó parte de una campaña de comunicación: las autoridades serbias en 2017 sólo aceptaron dos peticiones de asilo. Incluso los migrantes empleados por las ONG presentes en Serbia no consiguen obtenerlo.

Para las autoridades serbias, el cálculo es ganador se mire como se mire. Belgrado se muestra reticente a desempeñar el papel de guardián de las fronteras europeas. Esto sirve de moneda de cambio al presidente Aleksandar Vučić, asegurándole una suma importante. En cuanto al flujo mínimo de aquellos que los traficantes consiguen introducir en Hungría o en Croacia, sólo sirve para mantener el sistema. _____________

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Resulta muy curioso que el treintañero novelista Goran Vojnovic haya definido recientemente a la antigua Yugoslavia como ya lo hiciera Winston Churchill en los años treinta del siglo pasado. En resumen, el escritor esloveno y el político británico han coincidido, con cerca de un siglo de diferencia, en que los Balcanes generan más historia de la que son capaces de asimilar. Así pues, en un intento de asumir esa convulsa y terrible Historia, con mayúsculas, Vojnovic (Liubliana, 1980) ha publicado Yugoslavia, mi tierra (Libros del Asteroide), una novela donde aborda el descubrimiento por parte de un niño de que su padre no sólo sigue vivo tras los conflictos de los años noventa, sino que figura como un criminal de guerra reclamado por el Tribunal de La Haya. En un relato fascinante y muy honesto, sincero y original, este hijo de la guerra recorre en 2006 Eslovenia, Croacia, Bosnia y Serbia en busca de un padre que el joven recuerda como un personaje bondadoso y cercano. Crecido en la versión de su madre, que oculta al hijo que el padre ha sobrevivido a la guerra, Yugoslavia, mi tierra se convierte en un viaje hacia el horror de aquellas guerras, en una tentativa de reconciliación con el pasado y de asunción del presente para seguir adelante.

La brillante novela de Vojnovic, traducida ya a varios idiomas, viene a sumarse a otras obras de ficción que en los últimos años han utilizado las terribles guerras yugoslavas como materia narrativa desde la perspectiva de unos autores que apenas eran unos niños durante el conflicto. Otros ejemplos muy significativos de esta mirada de las nuevas generaciones podrían ser Postales desde la tumba (Galaxia Gutenberg), de Emir Suljagic(Ljuvovija, 1975), que describe de modo escalofriante el asedio y la matanza de Srebrenica de 8.000 bosnio-musulmanes a manos de las tropas serbias en 1995; o Las aguas tranquilas del Una (La Huerta Grande), de Faruk Sehic (Bihac, 1970) considerado el referente de una generación mutilada. En una entrevista, Sehic retrató a su generación, la de los escritores de la antigua Yugoslavia nacidos en los años setenta, de un modo tajante y desolador. “Soy cronista de una era perdida, hundida, de un tiempo calcinado”.

La mirada del extranjero

Junto a esa visión hacia el pasado de los habitantes de la antigua Yugoslavia encontramos el enfoque de aquellos extranjeros conmovidos por aquellos conflictos, bien sean periodistas o narradores. Sería el caso de Alfonso Armada, uno de los reporteros españoles que mejor cubrió la guerra de Bosnia y que ha publicado Sarajevo (Malpaso), su regreso a la capital sitiada más de 20 años después, donde intercala sus crónicas para el periódico El País con el diario que escribió durante sus estancias en la antigua Yugoslavia. O serviría también de referente español la aclamada y premiada novela La hija del Este (Seix Barral), de Clara Usón, donde la autora recrea el suicidio de la joven hija de Ratko Mladic, quizá el más cruel de los jefes militares serbios, que al final fue entregado por las autoridades de Belgrado al Tribunal de La Haya y que sigue detenido en Holanda a la espera de la sentencia por numerosos crímenes de guerra.

Alfonso Armada distingue entre el enfoque de los propios bosnios o el de los extranjeros, aunque estos conocieran aquellas batallas de cerca, a la hora de enjuiciar las nuevas miradas. “Desde luego”, señala, “la implicación no es la misma, si bien la actitud de nuevos narradores, como Vojnovic o Sehic, podríamos decir que es menos sectaria o que está menos marcada por el odio. Existe quizá una voluntad de comprender las razones del otro. En cualquier caso, resulta muy saludable que no se olviden las distintas guerras de la antigua Yugoslavia, que abarcaron toda la década de los noventa y dejaron una huella muy profunda a los europeos de toda una generación. Buena prueba de esto la ofrecen editoriales españolas, como Libros del Asteroide o Periférica, que traducen y publican a autores balcánicos”.

Al igual que opinan otros autores españoles que han escrito sobre la antigua Yugoslavia, Armada cree que existen algunas razones que explican el interés perdurable por las conflagraciones en Croacia, Bosnia o Kosovo.  “En primer lugar, fueron conflictos en suelo europeo, el primero desde la Segunda Guerra Mundial”, comenta el actual director del suplemento cultural de ABC, “y en segundo término plantea ahora el debate sobre la responsabilidad de los padres, las culpas de la generación anterior. Por último, algunos nuevos narradores de países de la antigua Yugoslavia ofrecen una alta calidad literaria y persiguen que el estilo tenga la misma importancia que las tremendas historias que cuentan. También hay que reseñar que algunos relatos huyen al fin del maniqueísmo”.

Sin ninguna vinculación previa con los Balcanes, la escritora Clara Usón se quedó impresionada y fascinada cuando conoció la historia del general serbio Ratko Mladic y, sobre todo, el suicidio de su hija a los 23 años en plena guerra en los Balcanes. A partir de la ayuda de amigos y de la consulta de una amplísima documentación publicó en 2012 La hija del Este a partir de este suceso donde se traban los conflictos familiares y la historia colectiva. “No debería ser así, pero los hijos heredan mucha veces las culpas de los padres”, afirma la autora barcelonesa. Clara Usón, que en sus novelas ha abordado el tema de las relaciones familiares, también expresa su alucinación por esos casos de “padres ejemplares y abnegados, cariñosos con sus hijos” que en un ejercicio asombroso de dobles personalidades se convertían en mercenarios y francotiradores, directamente se transmutaban en asesinos.

Ahora bien, de regreso a Vojnovic y su Yugoslavia, mi tierra, el joven novelista esloveno dibujó hace poco una definición que puede servir para los protagonistas de cualquier guerra. En una entrevista con el diario El Correo, durante la promoción de su libro en España, manifestó: “Todos somos decentes en tiempos de la decencia, pero en las épocas indecentes  no puedes asegurar quién seguirá siendo decente y quién no. Si algo nos ha enseñado la guerra en Bosnia es que hasta la gente más normal se volvió loca”. Esta conclusión sirve como respuesta a los interrogantes que tantos europeos se plantearon durante la década de los noventa. ¿Dónde estaba la gente normal en la antigua Yugoslavia? Pues o enloquecidos en el frente o exiliados en el extranjero o muertos en las cunetas.

Los resultados provisionales de las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en Croacia dan la victoria a los conservadores de la Unión Democrática de Croacia (HDZ), que se haría con 61 de los 151 escaños, informa Europa Press.

Por detrás figura la Coalición Nacional, liderada por el Partido Socialdemócrata de Croacia (SDP), que habría obtenido 54 escaños, según recoge la agencia croata de noticias HINA.

Con estos resultados ningún partido se haría con la mayoría absoluta, por lo que Most, que fue clave tras las elecciones de noviembre de 2015, volverá a jugar un papel importante en las negociaciones de coalición.

La anterior coalición entre el HDZ y el Most se vino abajo tan solo cinco meses después de los comicios, en medio de las disputas por designaciones políticas, reformas de la administración pública y un caso de conflicto de intereses.

Bajo la batuta del antiguo primer ministro Zoran Milanovic, el SDP espera hacerse con el poder, pero el HDZ confía en que su nuevo líder, el eurodiputado Andrej Plenkovic, pueda recuperar el terreno perdido y reeditar la coalición.