La oficina de conflicto de intereses de Cortes Generales ha recordado a diputados y senadores que están obligados a publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de grupos de interés.

En su último informe, que acaba de pasar por las Mesas del Congreso y del Senado y al que ha tenido acceso EFE, la oficina insiste en que esta es una obligación recogida en el artículo 6 del Código de conducta de las Cortes y pide la difusión de la misma para su cumplimiento.

Lo hace después de constatar que siguen siendo minoría en ambas cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en anteriores informes y de las advertencias del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2025, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios publican otro tipo de actividades o encuentros mantenidos.

Anotaciones, prosigue el informe del 2025, que se realizan en muchos casos de forma ocasional y no regular y se refieren a asistencia a actos pero rara vez a reuniones con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

Según los datos del informe, en la agenda parlamentaria que se publicó el 31 de diciembre de 2025 se ha experimentado un aumento de miembros del Congreso que, además de la reuniones de los órganos de la Cámara, publican otro tipo de actividades y encuentros. Así, 75 diputados han anotado estas reuniones, frente a los 46 del año anterior. En la Cámara Alta fueron 55 los senadores que cumplimentaron esta obligación, frente a los 64 de 2024.

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", remarca la Oficina de conflicto de intereses.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del 'lobby' en España.

Recuerda que por quinto año consecutivo la Oficina de conflicto de intereses alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.

La asociación considera que este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada y señala que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario.

Por ello reclama que se avance hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales y considera especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación.

España está a la cabeza de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el acceso que proporciona a los ciudadanos a la información pública: en transparencia. También en el control de los conflictos de intereses de los políticos y altos cargos. Sin embargo, al igual que recogió el último Informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea y el del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa, nuestro país suspende por la ausencia de regulación del lobby, la influencia en la política de los grupos de interés. El Estado Español también queda a la cola de los países analizados en el control de la financiación de los partidos.

La organización internacional con sede en París ha hecho público su informe sobre Perspectivas de anticorrupción e integridad de 2026. En su apartado sobre España, el informe hace referencia al Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción anunciado por Gobierno el pasado julio tras conocerse la implicación del ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes José Luis Ábalos y la de su sucesor como número tres del partido, Santos Cerdán, ambos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, en la trama de comisiones ilegales ligadas a obra pública que se investiga en el caso Koldo.

La OCDE valora ese plan y el anteproyecto de ley orgánica de integridad pública en el que se ha traducido (aprobado el 17 de febrero por el Consejo de Ministros), como "la primera estrategia anticorrupción de España adoptada a nivel gubernamental". La iniciativa, que está todavía en elaboración y no ha sido remitida al Parlamento, pero el informe valora que contemple la creación de una nueva Agencia de Integridad Pública independiente, que en caso de ser aprobada, "integraría las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude".

El hecho de que la nueva norma todavía no esté aprobada coloca a España en la parte media baja de la tabla de países analizados en lo que respecta a su "marco estratégico" contra la corrupción. El Estado cumple sobre el papel el 53% de los criterios de la OCDE sobre la solidez de este marco, pero en la práctica solo se cubren el 17%. El dato es malo, porque 16 de los 62 países analizados carecen de cualquier tipo de plan estratégico. Entre los que sí lo tienen, España se encuentra el 14 por la cola.

El plan anunciado por Sánchez el pasado verano "identifica los riesgos actuales para la integridad pública a los que se enfrenta el país", dice el documento, que subraya que, algunos indicadores en los que España sale peor parada, como el del control de la financiación de los partidos políticos. Sin embargo, hasta el momento, el Estado "no tiene un plan de acción en vigor", dice, a lo que añade: "Como la estrategia se adoptó muy recientemente, no se dispone de informes de seguimiento de su implementación".

De todos los aspectos recogidos en el plan anticorrupción de Sánchez que analiza la OCDE, aquel en el que España sale mejor parada es, el "acceso a la información pública", es decir, la transparencia, en la que se encuentra en el puesto seis de los 62 países y por delante de Francia, Alemania, Países Bajos o Italia. La normativa española cumple con el 89% de los criterios de la organización, de los que, en la práctica, se cumple el 81%. La media de los Estados analizados queda por debajo, en el 72% y el 62% respectivamente.

El informe subraya que la Ley de Transparencia "establece que todas las personas, incluidas las personas jurídicas y los ciudadanos no nacionales, tienen derecho a acceder a la información en todas sus formas" con las únicas restricciones que recoge esa norma. También resalta la documentación pública que a la que se puede acceder en línea, como "los programas de las reuniones del Gobierno, las agendas de los ministros, el registro de la propiedad, los salarios de los altos funcionarios individuales y las licitaciones públicas anunciadas por el Gobierno central y sus resultados". También "la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses", aunque no "las de los jueces del Tribunal Supremo".

La necesidad de conocer los intereses de estos altos magistrados fue objeto de controversia el pasado noviembre. Tras la inhabilitación del ex fiscal general los medios publicaron que tres de los magistrados del tribunal que lo condenó daban clases en el colegio de abogados de Madrid que, a su vez, era acusación en el proceso. Uno de ellos, además, dirigió la tesis doctoral del abogado que representaba a Alberto González Amador, el denunciante y novio de Isabel Díaz Ayuso, y a otro letrado de la asociación de fiscales APIF, que actuó como acusación popular.

El segundo de los aspectos en el que España obtiene una muy buena calificación es la regulación de los conflictos de interés. "España cumple el 89 % de los criterios (...) y presenta un excelente rendimiento en la práctica, cumpliendo el 89 % de los criterios, frente a la media de la OCDE del 80 % y el 45 %, respectivamente", recoge el documento. "Todos los miembros del Gobierno y del Parlamento han presentado declaraciones de intereses en los últimos seis años, y todos los funcionarios de alto nivel recién nombrados (...) en los últimos cuatro años".

Además, prosigue el informe, "todas las declaraciones presentadas durante los dos últimos años naturales fueron verificadas por la Oficina de Conflictos de Intereses, que emite recomendaciones cada vez que se detecta un caso de conflicto de intereses". El texto solo recoge una pega: los jefes de gabinete, que se considera que ocupan "puestos de alto riesgo", no están sometidos a esa obligación. Otro de los ámbitos en el que nuestro país se encuentra por encima de la media es la integridad de su sistema judicial, tanto desde el punto de vista de la judicatura como de la fiscalía.

En junio de 2018, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, perdió la moción de censura en la que resultó investido Pedro Sánchez. El motivo fue la sentencia del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP, que terminó condenado como "partícipe a título lucrativo". Pero el partido de Sánchez, el PSOE, también se enfrenta ahora a un importante caso de corrupción, el caso Koldo, que afecta a los que fueron dos de sus principales dirigentes y colaboradores del jefe del Ejecutivo, Ábalos y Cerdán.

La OCDE concluye ahora que la regulación del sistema de financiación de partidos políticos es una de las grandes asignaturas pendientes del sistema anticorrupción en España. Sobre el papel, según el informe, España cumple el 70% de los criterios de la organización (76% es la media) gracias a la Ley de Financiación de Partidos. El texto valora su sistema de sanciones y la prohibición de las contribuciones a las formaciones de empresas públicas, empresas extranjeras y Estados extranjeros.

"Sin embargo, el marco normativo no prevé prohibiciones más amplias sobre el uso de fondos y recursos públicos a favor o en contra de un partido político", sostiene. Campos como la regulación de las televisiones y medios públicos o la publicidad institucional con la que algunas administraciones riegan a sus medios afines parecen entrar en este capítulo.

Pero el problema, más que la normativa, es la práctica, en la que España solo supera el 43% de los criterios frente al 58% de media en la OCDE. El organismo supervisor es el Tribunal de Cuentas, y cuenta con todos los medios para desarrollar su labor. "Sin embargo, no todos los partidos presentaron sus cuentas anuales dentro de los plazos (...) en 2023, y otros no las presentaron en 2024", refleja el documento. "Además, las cuentas relacionadas con las elecciones y los informes financieros de todos los partidos no están a disposición del público".

Por último, otro de los apartados en los que España suspende reiteradamente en todos los organismos internacionales que evalúan sus indicadores democráticos, es el lobby, el control de la influencia en los políticos y altos cargos de los grupos de interés. El informe recoge que se está elaborando una regulación –el proyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, actualmente en tramitación parlamentaria– pero el cumplimiento actual de los criterios de control de la OCDE para estas organizaciones en España sigue siendo terreno por explorar.

La normativa –la ley de Altos Cargos– solo recoge períodos de incompatibilidad para los cargos públicos una vez que dejan esos puestos de responsabilidad, pero "no existe regulación alguna sobre el cabildeo (lobby), ni un registro de grupos de interés", advierte el informe. Esa disposición y la orden que obliga a cualquier empresa a inscribirse en el Registro Mercantil para poder identificar a suss propietarios solo cumplen el 40% de los criterios formales de la OCDE

Este jueves los líderes europeos mantendrán una Cumbre informal en el castillo de Alden Biesen, a cien kilómetros de Bruselas y a muy pocos de Maastricht, ciudad fundacional del actual diseño de la UE. No habrá agenda cerrada con puntos por escrito pactados antes por los máximos diplomáticos de los 27. Tampoco habrá a su término conclusiones formales legalmente vinculadas. Pero la reunión se presenta como una cita de importancia para la economía del continente.

La competitividad será el gran tema de discusión entre los líderes, guiada por las propuestas que realice la Comisión Europea y la exposición de dos antiguos jefes de Gobierno italianos, Mario Draghi y Enrico Letta. También se hablará sobre la posibilidad de deuda conjunta europea para financiar sectores estratégicos, una idea que nace muerta por la fuerte oposición que genera en muchas capitales, empezando por Berlín.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen quiere que los Estados miembros eliminen barreras económicas consideradas “inútilmente complejas” en sectores empresariales, principalmente industriales como el químico, el energético, la Inteligencia Artificial o la computación. Von der Leyen planteará en Alden Biesen incluso una UE a dos velocidades si hay países que no quieren avanzar en esta desregulación, bajo la premisa de que el mercado único es disfuncional y necesita una fuerte revitalización. Sobre esta idea, fuentes de Moncloa aseguran que “es clave la integración y más en el contexto actual” y que también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte “esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y defensa”.

La fragmentación de las normas en sectores económicos entre los diferentes países supondría, según los cálculos del ejecutivo comunitario, barreras comerciales equiparables a unos derechos aduaneros del 45% sobre los bienes y del 110% para los servicios. El Gobierno español se alinea con las tesis francesas de apostar, explican estas fuentes, por el “made in Europe, la idea de la preferencia europea” a la hora de financiar con fondos comunitarios inversiones no sólo en el ámbito militar, también tecnológico, digital o aeronáutico, para potenciar a la economía de la UE y “el establecimiento de condiciones a inversión extranjera productiva en sectores clave”.

Este miércoles, delante del Parlamento Europeo,Von der Leyen reafirmó su postura con un “si realmente queremos simplificar las cosas, debemos aplicar mano dura contra la sobre reglamentación y la fragmentación... es tiempo de proceder a una gran limpieza reglamentaria, a todos los niveles”. Lo dijo justo antes de verse con veinte líderes europeos en la ciudad belga de Amberes en la European Industry Summit, un cónclave entre grandes empresas del continente que desde hace dos años apuesta por la simplificación o desregulación normativa, precisamente la senda marcada por la alemana.

Las palabras de Von der Leyen y las propuestas que expondrá en la reunión informal de líderes comunitarios coinciden con las reclamaciones que desde hace meses realizan las grandes empresas europeas, sus patronales y asociaciones en Bruselas. Un lobby que ha permeado en la Comisión Europea, como están denunciando organizaciones que controlan la influencia de los grupos de presión, ONGs y representantes de la sociedad civil.

“Este tendencia recurrente de compromisos exclusivos plantea una cuestión fundamental: ¿está la política europea siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los más grandes lobbies industriales del continente?”, han escrito en una carta 16 importantes organizaciones sociales como Transparencia Internacional, Friends of the Earth Europe, el Sindicato de Servicios Públicos Europeos o Corporate Europe Observatory.

Las reuniones que desde 2024 celebra CEFIC, la gran patronal de la industria química, en Amberes con los principales dirigentes europeos funcionarían, denuncian estas organizaciones, “como una hoja de ruta oculta para la Unión Europea” en la que las propuestas para “potenciar la economía se han convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las garantías democráticas europeas” con una “sistemática marcha atrás en las protecciones vitales climáticas, medioambientales o sociales”.

En la carta de invitación a Alden Biesen para los líderes de los 27, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, parece posicionarse en favor de las ideas de la industria europea. “En 2026 me gustaría que nosotros ofreciésemos el mismo impulso político al área de la competitividad” que el conseguido para los proyectos de de defensa, escribe el portugués. Según Costa, “en el actual contexto geopolítico, fortalecer el mercado único es, más que nunca, un imperativo estratégico urgente”, y en la misiva apoya las bases sobre las que se mueve la Comisión Europea, “un fuerte motor de simplificación para los ciudadanos y las compañías”.

Desde que Ursula von der Leyen asumió la presidencia de la Comisión Europea en 2019, las reuniones con las grandes asociaciones empresariales se han ido incrementando. Business Europe, la patronal de patronales en el continente, es claramente el gran interlocutor escogido por el Ejecutivo comunitario de la alemana. En 2014 el luxemburgués Jean Claude Juncker dirigía la Comisión y hasta 2023, un periodo de nueve años, hubo un total de 145 encuentros al más alto nivel con comisarios europeos, pero de ellos más de la mitad, 87, fueron en el primer mandato de Von der Leyen, entre 2019 y 2023.

Los cálculos de The Good Lobby, que también reacciona en un comunicado público al encuentro de Amberes, son que “el 40% de las reuniones mantenidas por miembros del gabinete de los comisarios fueron con compañías individuales, mientras que con asociaciones empresariales contabilizaron un 29%”. En total, casi un 70% son este tipo de encuentros privados, cuando las “ONG representan un 16% de las reuniones mantenidas en el mismo periodo”, es decir, durante el segundo mandato de la Comisión Von der Leyen, desde el verano de 2024.

Datos a los que ha accedido infoLibre muestran que entre 2019 y 2024, primera Comisión Von der Leyen, los encuentros con representantes empresariales contabilizaban un 62% del total y con la sociedad civil un 22%. Además, hay apuntes llamativos sobre la importancia de ciertos sectores en esta actividad. En su primer mandato, cerca de 900 reuniones de comisarios europeos o altos funcionarios de sus equipos fueron con lobistas de la industria de los hidrocarburos. En el periodo 2019-2024, los lobistas de Google se reunieron 125 veces con comisarios o altos funcionarios de la Comisión, más que ninguna otra compañía, patronal o asociación civil inscrita en el registro oficial de la UE. Airbus, el gigante aeronáutico europeo, mantuvo una cifra de encuentros similar.

“Este nuevo desglose indica contactos incluso más frecuentes y más desequilibrados con actores corporativos al más alto nivel político, pese a la narrativa pública de un compromiso equilibrado con las partes involucradas” en los procesos legislativos, critica un representante de una organización que se dedica en Bruselas a controlar la actividad de los lobbies.

Según el informe Lobby Report 2024, elaborado por Lobby Control, “en general, las entidades que representan intereses comerciales se reunieron con tres veces más frecuencia que aquellos que representan intereses no comerciales, destacando el acceso desproporcionado de los lobistas empresariales a los responsables de decisiones en la UE”.

Hay sectores donde esta disparidad fue más que evidente en el anterior mandato de Von der Leyen: “Los lobistas empresariales dominan las reuniones directas con los responsables de decisiones en la UE. Por ejemplo, durante las discusiones sobre la regulación de la Inteligencia Artificial, 93 de las 120 reuniones mantenidas con altos funcionarios de la Comisión Europea fueron con compañías o sus asociaciones, mientras que sólo 21 reuniones involucraron a representantes de la sociedad civil”, según el documento. Una tendencia que va en aumento en su segunda Comisión y que ha conseguido su objetivo: permear y condicionar sus propuestas políticas.

“Divide y vencerás”. Durante meses, la empresa americana especializada en asuntos públicos Teneo ha aplicado metódicamente este precepto centrándose en la directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.

Su objetivo es vaciar el texto de su esencia o debilitarlo considerablemente. Varias multinacionales americanas, entre ellas ExxonMobil, Chevron, Dow Chemical, Koch Industries y la francesa TotalEnergies, han contratado los servicios de este gigante de la consultoría para intentar influir en las instituciones europeas.

A través de la ONG neerlandesa Somo, Mediapart ha podido consultar unas 170 páginas de documentos internos de Teneo.

Esos papeles describen el ataque concertado y a gran escala de estas multinacionales —reunidas en una alianza denominada “Mesa redonda para la competitividad”— contra este texto emblemático del Pacto Verde europeo, cuya ambición era impulsar a las grandes empresas a remediar los impactos negativos de sus actividades sobre el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de toda su cadena de producción.

La revisión de la directiva sobre diligencia debida es objeto de fuertes tensiones desde que la Comisión Europea propusiera, el pasado 25 de febrero, debilitar su alcance mediante una ley denominada de simplificación. Las grandes multinacionales y los grupos de presión industriales han aprovechado esta brecha para lanzar una batalla constante contra esta directiva que, a sus ojos, se ha convertido en una amenaza.

La estrategia muy ofensiva de Teneo, que aboga por una “alianza de las derechas”, lleva a David Ollivier de Leth, de la ONG Somo, a afirmar que estas empresas, “en su mayoría estadounidenses, han secuestrado el proceso legislativo europeo”.

La “estrategia” de Teneo y sus socios puede descifrarse en un documento del 16 de mayo de 2025: se trata de “reunir” a los miembros proempresariales de los grupos políticos a favor de debilitar la directiva y “torpedear el compromiso” en torno al deber de diligencia.

Los nombres de los diputados se citan en cuatro páginas y se incluyen como “objetivos”, entre los que destaca Jörgen Warborn, ponente del texto y eurodiputado sueco de derechas (Partido Popular Europeo, PPE). Teneo organiza una serie de reuniones con los eurodiputados y los miembros de la alianza, durante el pleno de junio y luego en septiembre.

A partir de junio, Teneo quiere seguir “aumentando la presión” mediante reuniones, cartas y publicaciones publicitarias específicas en LinkedIn. Los consultores mencionan el patrocinio de un “boletín informativo” del medio de comunicación Politico como una de las bazas que se pueden jugar. De este modo, la empresa “difunde recomendaciones de voto, enmiendas” como soluciones clave y sesiones informativas a los asistentes y diputados. La industria debe mostrar un “frente unido”, especialmente durante la cena de la mesa redonda de industriales europeos (ERT) del 15 de septiembre.

A medida que se acerca la votación en el pleno del 13 de octubre, la orientación se hace más clara. Uno de los objetivos perseguidos es “dividir a los centristas de Renew y a los socialistas y demócratas a través de las delegaciones nacionales”. En el informe del 11 de julio, Teneo afirma que será necesario “presionar al ponente para que se alíe lo más posible con los partidos de derechas”.

Para Teneo, la derecha debe abandonar la coalición centrista y utilizar al grupo de derechas muy conservador, con inclinaciones de extrema derecha, de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) como “puente” hacia los Patriotas por Europa, otro grupo de extrema derecha al que pertenece la francesa Agrupación Nacional (RN). La alianza de las multinacionales considera que el ECR “debe desempeñar un papel activo en la negociación de compromisos”.

“Las mayorías alternativas entre la derecha y la extrema derecha son claramente explotadas por todos los grupos de presión industriales, que ven en ellas una oportunidad”, confirma una fuente del Parlamento Europeo. Ya en octubre, el ponente amenazó con aprobar las enmiendas del PPE con el apoyo de la extrema derecha. Y eso es precisamente lo que ocurrió el 13 de noviembre durante la votación en el Parlamento Europeo. Jörgen Warborn no respondió a los mensajes de Mediapart.

Los objetivos de las multinacionales, descritos en los documentos de Teneo, son bien conocidos. En primer lugar, las empresas quieren eliminar los planes de transición climática previstos en la directiva. Quieren también limitar el deber de diligencia a las relaciones comerciales directas con los subcontratistas europeos, evitando así examinar las condiciones de trabajo o la contaminación en los eslabones de las cadenas de producción, en Asia o en otros lugares. También critican el mecanismo armonizado de responsabilidad civil europeo.

Teneo y sus clientes despliegan sus esfuerzos en numerosos frentes, envían cartas a la presidenta de la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros, quieren contrarrestar la “obstinación” de una parte de la Comisión y escriben cartas abiertas en la prensa, al tiempo que buscan apoyos en asociaciones patronales como el Medef en Francia o la BDI, la patronal alemana, con el fin de “defender públicamente posiciones maximalistas”, escribe Teneo.

La alianza también quiere influir en la posición de los Estados miembros reunidos en el Consejo de la Unión Europea. La consultora quiere “aprovechar el débil mandato de negociación del Consejo y los desacuerdos entre los Estados”, en particular en lo que respecta a los planes de transición climática. Teneo imagina que podría formarse una minoría de bloqueo en torno a Italia, “que es conocida por apoyar la supresión de ese artículo”.

A las empresas se les asignan Gobiernos “objetivo”. Hungría y Alemania deben ser abordadas por ExxonMobil y Dow Chemical. Italia está reservada para Baker Hughes, empresa energética, mientras que Francia y la presidencia danesa del Consejo de la UE son coto privado de TotalEnergies. Las reuniones de alto nivel —Davos, el foro de seguridad de Varsovia, el foro de Cernobbio— se consideran lugares propicios. Francia se considera “favorable” a las reivindicaciones de la alianza desde que Emmanuel Macron abogó, el 19 de mayo de 2025, por la retirada pura y simple de la directiva.

Por parte de la presidencia danesa, se argumenta que no se ha producido ningún encuentro oficial entre el embajador, su adjunto o los expertos de la representación permanente danesa con Teneo y TotalEnergies. Pero el lobbying se desarrolla más bien entre bastidores, en los grandes eventos o foros en los que participan políticos y empresas. Así, las reuniones de alto nivel —Davos, el foro de seguridad de Varsovia, el foro de Cernobbio, la COP— son explícitamente consideradas por Teneo como lugares de influencia. “Recientemente nos reunimos con la lobista de Total en un evento”, reconoce un diplomático europeo. “Pero no hay ningún misterio en este tipo de encuentros, sus posiciones son conocidas.”

La cena del ERT, celebrada el 15 de septiembre, fue sin duda un momento importante para la alianza de multinacionales. Se esperaba la asistencia de los embajadores de Francia, Alemania e Italia, así como de la representante permanente de Dinamarca y de varios comisarios europeos. Teneo pidió entonces que al menos uno o dos directores generales de las empresas miembros de la alianza estuvieran presentes.

En esta ofensiva en todos los frentes contra el deber de diligencia, Teneo apuesta por sus contactos americanos. Los documentos consultados por Mediapart muestran una estrecha colaboración entre la alianza de multinacionales, la misión de Estados Unidos ante la Unión Europea y la Cámara de Comercio estadounidense. El 6 de junio de 2025, Teneo menciona las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Es hora de “aumentar la presión desde Estados Unidos” para que el deber de diligencia se identifique como una “barrera no arancelaria”.

El 4 de julio, Teneo asegura que la Cámara de Comercio de Estados Unidos está en contacto “continuo” con la oficina del representante comercial de la Administración Trump para intentar que la directiva figure entre sus “prioridades”. El 18 de julio, los consultores resumen una reunión con la misión de Estados Unidos ante la UE, seguida de una llamada el 31 de julio. “Nuestras aportaciones han sido de gran ayuda”, se felicita Teneo en su informe. “Les enviaremos una lista de actores —eurodiputados, Estados miembros, etc.— a los que dirigirse”, añaden los consultores, en referencia a los funcionarios americanos.

El 29 de julio, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Donald Trump sentaron las bases de un acuerdo comercial desequilibrado, en detrimento de la Unión Europea. Los detalles aún no se habían publicado, en forma de “declaración conjunta” entre Estados Unidos y la UE.

En su informe del 1 de agosto, Teneo parece saber ya que esta declaración “debería incluir el deber de diligencia” y otras normas europeas. El 21 de agosto, la Unión Europea se comprometerá, en esta declaración conjunta, a realizar esfuerzos para “reducir la carga administrativa” que conlleva el deber de diligencia. Teneo sugiere además movilizar a “otros Gobiernos no europeos a través de asociaciones industriales o comerciales” para influir en el proceso legislativo reduciendo la “visibilidad” de Estados Unidos.

Contactado por Mediapart, Teneo no desea comentar los detalles del trabajo realizado en nombre de sus clientes, aunque los consultores confirman haber “ayudado a varias empresas a comunicar a una amplia gama de actores y responsables políticos sus preocupaciones sobre la directiva relativa al deber de diligencia”. “Todas nuestras actividades se llevan a cabo con total transparencia”.

Esa “transparencia” también es alegada por TotalEnergies. Contactada por Mediapart, la empresa recuerda que sus “posiciones” sobre la directiva —”cuyas disposiciones socavan la competitividad de las empresas europeas”— son bien conocidas.

El portavoz de ExxonMobil ofrece una respuesta similar: “Siempre hemos sido claros con respecto a la directiva sobre el deber de diligencia. Añade capas de incertidumbre y burocracia”. El gigante americano asume plenamente haber estado en contacto con “responsables políticos” para hacer oír su punto de vista.

Desde la ONG, David Ollivier de Leth señala la falta de transparencia de la iniciativa impulsada por Teneo y se muestra preocupado por el peso de esas empresas en las negociaciones que continúan entre las instituciones europeas. El 8 de diciembre, el Parlamento y el Consejo intentarán alcanzar un compromiso sobre el texto.

Traducción de Miguel López

La Mesa del Congreso ha decidido suspender una jornada sobre la aportación de "la fe católica" a España y Europa, organizada por la asociación católica Enraizados al considerar que el acto se estaba promocionando con imágenes de la Cruz del Valle de los Caídos que podrían constituir "apología del franquismo", según ha informado EFE.

Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara Baja han ofrecido esta explicación a la decisión adoptada con el apoyo de la mayoría del PSOE y Sumar y la abstención de los representantes del PP, y han recalcado que los promotores del evento, previsto para el próximo lunes, ocultaron información "relevante" para analizar la autorización.

Además, consideran que, tal y como se ha presentado el foro, cabe la posibilidad de que durante la jornada se pudieran proferir expresiones que atenten contra los valores constitucionales, algo que es contrario a los criterios que sigue la Mesa para dar luz verde a la celebración de jornadas y actos públicos en las dependencias parlamentarias.

Bajo el epígrafe 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa' se iban a celebrar dos paneles de debate en la sala Clara Campoamor del Congreso, presentados por el presidente de la Fundación Enraizados, José Castro Velarde.

A la primera mesa, titulada 'Una vez que construye: el origen de España y Europa' estaban invitados un colaborador de la Fundación Francisco Franco, presentado como antiguo administrador principal de la Comisión Europea, Javier Montero Casado de Amezúa, y el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reig Plá.

En la segunda parte de la jornada iban a conversar sobre 'Una fe que construye: futuro y compromiso' el escritor y columnista Enrique García-Máiquez, la exdiputada de Vox Carla Toscano, el abogado José Andrés Calderón y el promotor de la productora Terra Ignota Pepe Jarque.

En el cartel que Enraizados ha utilizado en las redes sociales para promocionar la jornada aparece un dibujo de la fachada del Congreso junto a la cruz del Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros.

La jornada y su programa figuraban hasta esta mañana en la web oficial del Congreso, en convocatoria a las 16,30 del próximo lunes, pero tras la cancelación ha desaparecido de la agenda.

Enraizados, fundada en 2012, se define en su web como "una voz católica en la vida pública" cuya misión es "trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad". 

En los últimos años sus representantes han denunciado actividades que han considerado irreverentes o blasfemas, como protestas de Femen, y fueron acusación en el primer juicio en España a activistas de este movimiento feminista.

¿Puede un Estado financiar, mediante millonarios afines, a políticos en un país extranjero para que estos aprueben legislación a su favor? PAra la mayoría resulta muy difícil pensar que, por ejemplo, Francia pudiera pagar cientos de miles de euros a personas de todos los partidos en España para que beneficiaron en el Congreso los intereses económicos, militares y geopolíticos del país galo. Sin embargo, esta es la manera en la que Israel opera desde hace años en Estados Unidos.

La influencia del Estado de Israel en la vida política estadounidense es indudable desde la creación del propio Estado. El país, presidido por Benjamin Netanyahu, se sirve de lobbies y asociaciones financiadas por millonarios sionistas para ejercer una gran influencia sobre políticos tanto demócratas como republicanos. El lobby sionista en EEUU lo conforman organizaciones como Jews Democratic Council of America o Democratic Majority for Israel, además de la más influyente en ambos partidos, AIPAC –American Israel Public Affairs Committee– y su filial United Democracy Project.

AIPAC nace en 1954, fundado por el lobbista canadiense Isaiah L. Kenen como grupo de presión para contrarrestar la condena internacional a la masacre de la aldea de Qibya, en la cual el Ejército israelí asesinó a 69 civiles palestinos, dos tercios de ellos mujeres y niños. 

Desde su fundación, AIPAC ha tratado de influir activamente en la política estadounidense, financiando campañas y presionando a los distintos gobiernos para beneficiar a los intereses de Israel. En 2003, el lobby sionista se mostró a favor de presionar a congresistas estadounidenses para favorecer la invasión de Irak, pero también ha tratado de influir en la imposición de fuertes sanciones contra Irán y sus aliados.

La influencia de ese grupo de presión va más allá de tratar de decantar primarias a nivel local o estatal, busca defender los intereses de Israel durante la toma de las decisiones más importantes en materia de política exterior. Para lograrlo financia las campañas de ambos candidatos a la presidencia y de los cargos más relevantes a nivel institucional.

El periodista argentino y experto en relaciones internacionales y geopolítica, Roberto Montoya, en conversación con infoLibre, explica que “la influencia de AIPAC ha llegado a tal punto que se aseguran tener gente afín a su mensaje en los gabinetes que controlan gran parte de la política exterior para Oriente Medio”. Pero no solo eso. Según Montoya, “tanto demócratas como republicanos han respetado la relación con Israel" y eso también se percibe en la relación con la propia organización sionista ya que "todos los presidentes se ven obligados a pasar por la reunión anual de AIPAC, donde van personas de mucho poder y tiene una gran relación con el Gobierno israelí”.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la encargada de aprobar la legislación federal, han recibido dinero por parte de la AIPAC para sus campañas tanto el líder de la minoría, el demócrata Hakeem Jeffries (866.000 dólares), como el presidente de la propia cámara, el republicano Mike Johnson (618.000 dólares). El líder de la mayoría en el senado, John Thune, recibió 120.000 dólares entre 2019 y 2024, según datos del portal Open Secrets, lo que evidencia el control económico que ejerce el lobby sobre los órganos de poder estatal más importantes.

Además, el grupo de presión proisraelí presume orgullosamente en su página web de que los 129 candidatos demócratas apoyados por su lobby ganaron sus primarias en el año 2024, primarias que en muchas ocasiones se ven condicionadas por las cifras de dinero astronómicas inyectadas para favorecer al candidato que defiende los intereses de Israel. 

A pesar de la enorme influencia que ejerce el lobby sionista en Estados Unidos, una minoría de políticos demócratas y republicanos se mantiene firme ante las presiones económicas que ejercen estas organizaciones. Estos políticos se ven frecuentemente aislados en las votaciones sobre el envío de dinero para financiar material militar que posteriormente se utiliza para llevar a cabo el genocidio en Gaza. El republicano Thomas Massie ha sido uno de los más vocales dentro de su partido, al posicionarse en contra del envío de dinero a Israel, lo que le ha granjeado fuertes enemistades entre el resto de representantes republicanos y críticas de parte del presidente Donald Trump. Además, Massie ha realizado declaraciones contrarias a la línea de su partido sobre los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, lo que ha provocado que Trump le retire su apoyo.

En los demócratas, Cori Bush, la primera congresista demócrata afroamericana, fue derrotada en las primarias de San Luis por cinco puntos, después de que se posicionara en contra del “castigo colectivo” contra los palestinos y AIPAC financiara la campaña de su rival con 8,5 millones de dólares, según informó el medio israelí Haaretz. En las primarias demócratas entre el congresista Bowman, muy vocal en contra del genocidio, y el centrista George Latimer, a favor del estado de Israel, el lobby sionista invirtió 14 millones de dólares en publicidad negativa sobre Bowman y en la campaña de Latimer, tal y como desveló la BBC, y acabó venciendo en la carrera electoral por lo que fue felicitado públicamente por AIPAC. Y es que tal y como explica Roberto Montoya: “Mantener una buena relación con el lobby te asegura un apoyo económico, de banqueros, inversores inmobiliarios, etc.”

Sin embargo, el lobby no puede ganar siempre, el pasado 24 de junio el candidato progresista del partido demócrata de Nueva York, Zohran Mamdani, venció en las primarias para la alcaldía de la ciudad.   

Zohran Mamdani, suscitó todo tipo de opiniones tras su victoria hace ya tres meses en las elecciones para ser el representante del partido demócrata que buscará ostentar el puesto de alcalde de la ciudad de Nueva York. Este neoyorquino de origen ugandés se ha mostrado a favor del movimiento por la desinversión, el boicot y las sanciones, y durante su tiempo como miembro de la asamblea de la ciudad impulsó la aprobación de un decreto ley para acabar con la exención fiscal a organizaciones benéficas que colaboran con asentamientos israelíes ilegales. 

El caso del candidato progresista ha representado una excepcionalidad rompedora. El nuevo candidato a la alcaldía de Nueva York por parte del Partido Demócrata fue capaz de vencer al exsecretario de Vivienda, Andrew Cuomo, quien era respaldado por las figuras más importantes dentro del propio partido, los lobbies sionistas más poderosos y formaba parte del equipo legal de Benjamin Netanyahu destinado a defenderle de las acusaciones de la Corte Penal Internacional. A pesar de haber distinguido siempre entre antisionismo y antisemitismo, Mamdani ha recibido agresivas críticas y acusaciones por parte de grupos de presión vinculados al Estado de Israel que lo consideran una amenaza.

Montoya explica que acusar de antisemitismo a las personas que critican las acciones del Estado de Israel es uno de los métodos habituales usados por parte del lobby sionista y que no es casual sino que se trata de una estrategia coordinada para acallar dichas críticas.

AIPAC recibe dinero de parte de una incalculable cantidad de personas. Sin embargo, algunos de sus donantes son más generosos que otros: Jan Koum, empresario estadounidense de origen ucraniano y fundador de WhatsApp, fue el mayor donante de AIPAC en el ejercicio fiscal 2023-24, aportando 5 millones de dólares a su filial UDP, según datos del portal AIPAC Tracker. Koum, es uno de los mayores financiadores del sionismo a nivel mundial. En el año fiscal 2019-20 donó 17 millones a la European Jewish Association y 10,5 millones a la Federation of Jewish Communities of the CIS, según publicó el portal Ynet Global, filial en inglés del medio israelí Yedioth Ahronoth. El multimillonario, según informó The Times of Israel, ha financiado a través de su fundación familiar, entre otras muchas organizaciones, a la Asociación de Amigos de las Fuerzas de defensa Israelís y al Central Fund of Israel, fondo acusado de apoyar a colonos israelíes violentos en asentamientos ilegales en la Palestina ocupada.

Entre los donantes más destacados se encuentra también Miriam Adelson, una de las mayores partidarias de Donald Trump que junto a su marido, el ya fallecido Sheldon Adelson, ha financiado ampliamente todas las campañas del presidente republicano. Adelson aportó a AIPAC 5 millones de dólares en el año fiscal 2023-24, y se estima que ella y su marido han inyectado cientos de millones de dólares durante los últimos años a organizaciones que promueven el judaísmo y el Estado de Israel, tal y como reveló el medio israelí Jerusalem Post. Además financiaron directamente a la organización Birthright Israel, que organiza viajes planificados al Estado sionista de manera gratuita para jóvenes estadounidenses.

No solo individuos financian a este lobby, sino también importantes fondos de inversión como el grupo Kraft, propietario del equipo de fútbol americano New England Patriots. Este fondo donó un millón de dólares a la filial de AIPAC en el año 2022. Este no es el único caso en que sionismo y deporte se entrelazan en Estados Unidos: Martin Geller, fundador de Geller & Company, y propietario de una parte del equipo de baloncesto Philadelphia 76ers, donó 268.000 dólares en 2022 a UDP.

Ambos países viven en una relación de dependencia mutua que les mantiene inevitablemente ligados a las acciones del otro. En palabras de Montoya: “La relación entre Estados Unidos e Israel es de interés mutuo, Israel no podría vivir sin el apoyo de Estados Unidos” y, al mismo tiempo, “Estados Unidos ha visto que ese país puede controlar que no haya un bloque árabe unido que pueda condicionar el precio del petróleo o tener un poder militar importante, es el único país de Oriente Medio al que se le permite tener armas nucleares".

A día de hoy, y tras más de 68.000 palestinos asesinados, el Gobierno norteamericano mantiene una posición de respaldo férreo a las acciones del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. El pasado 18 de septiembre, EEUU volvió a vetar una resolución de Naciones Unidas que pedía el alto al fuego en Gaza y era apoyada por los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, lo que demuestra su apoyo tajante a la barbarie que el Estado de Israel comete en la Franja y a la ocupación de los territorios palestinos.

El nuevo encontronazo entre el Gobierno y la oposición se ha producido por un contrato de 2,3 millones de euros que el Ejecutivo español ha renovado con la compañía tecnológica China Huawei. La transacción tiene que ver con la compra de un sistema de almacenamiento digital que España utilizará para guardar las escuchas que realizan las fuerzas policiales que dependen del Ministerio del Interior. El PP ha aprovechado las polémicas en las que está envuelta Huawei para acusar al Gobierno de “poner el riesgo la seguridad nacional”.

Si bien desde el Ejecutivo señalan que este contrato no supone riesgo de espionaje, ya que se trata de un espacio estanco, sin conexión a una red exterior, el Partido Popular ha querido vincular esta compra con una posición del Gobierno cercana a China y peligrosa para Europa. “Hay dos opciones: o el Gobierno no sabe quién es Huawei y quién está detrás de ella o lo sabe demasiado bien”, afirmaba el vicesecretario de Hacienda del Partido Popular, Juan Bravo. Pero, ¿qué es lo que preocupa en realidad de la actividad de la compañía china?

Y aunque la multinacional tecnológica se ha visto envuelta en polémicas sobre la gestión de datos y ha recibido sanciones, en Europa no existe ningún veto sobre sus equipos. Lo que sí que hay es una comunicación de la Comisión Europea en la que se advierte de que la compañía podría comprometer la seguridad de las redes de internet. “La Comisión considera que Huawei y ZTE presentan, de hecho, riesgos sustancialmente más altos que otros proveedores de 5G”, recoge el documento. Esos riesgos, detalla el texto, están relacionados con la red 5G y tienen que ver con posibles “interferencias de un país tercero” por lo que la compañía se quedó fuera del despliegue de esta red en Europa. 

La exclusión en España se hizo efectiva. De hecho, la compañía Huawei Technologies llegó a interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, al considerar que las bases del concurso público para la adjudicación del despliegue del 5G en zonas rurales penalizaba a los operadores que trabajaban con ellos y, por tanto, les perjudicaba. Aunque lo hacía, cumpliendo con las recomendaciones europeas.

Sin embargo, la multinacional opera sin polémica en otros ámbitos. Por ejemplo, posee un centro tecnológico en Madrid inaugurado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y ha firmado acuerdos con el Ayuntamiento de Barcelona, durante el Mobile World Congress 2025, para crear zonas tecnológicas en la ciudad como Smart Buildings o plataformas TIC. Además, también da soporte a empresas públicas como Adif, tal como se muestra en un expediente de contratación del sector público, y a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones. 

Aunque la multinacional está lejos de ser una empresa transparente y mantiene otros frentes abiertos en Europa. Otro de los escándalos recientes se produjo en marzo de este año, cuando la Fiscalía belga abrió una investigación por una presunta trama de sobornos a eurodiputados para beneficiar a Huawei. La multinacional habría sobornado con dinero, viajes, regalos o palcos VIP de fútbol a más de doce eurodiputados para favorecerles en regulaciones de 5G o Inteligencia Artificial. Como respuesta, el Parlamento Europeo decidió suspender el acceso a representantes ligados a la compañía. 

El gigante tecnológico Huawei se fundó en 1987 en la ciudad de Shenzhen, en China. Actualmente, cuenta con más de 200.000 empleados y tiene negocio en alrededor de 170 países, según figura en sus resultados. 

Por regiones, el grueso de su actividad se concentra en China (con un resultado de más de 73.000 millones de euros) seguido de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y Asia Pacífico (más de 17.000 millones). Sus números en España, en cambio, no son tan brillantes. Su filial registró unas pérdidas netas de 4,04 millones de euros en 2024, en comparación con las ganancias de 21,49 millones de euros registradas en el ejercicio previo, según anunció EFE este mes de julio, tras su presentación de resultados. En impuestos, la compañía pagó 33,33 millones de euros, casi cinco veces más que los 7,06 millones de euros de 2023.

Las polémicas de Huawei van más allá de Europa. Hace siete años, en 2018, las autoridades de Canadá detienen en Vancouver a la directora financiera e hija del fundador de Huawei. Lo hacen por una orden de Estados Unidos en la que se acusaba a la compañía de infringir las sanciones estadounidenses sobre Irán. Un año después, en 2019, llegan los primeros cargos de espionaje y un decreto presidencial firmado por el entonces presidente, Donald Trump, para que las empresas norteamericanas no ofreciesen productos con ciertas tecnologías chinas. Así, en ese año, Google y Android dejan de actualizar sus sistemas en dispositivos de Huawei. Sin embargo, a finales de ese año, en junio, y tras una reunión entre los mandatarios de ambos países, el veto se levantará, aunque la polémica continúa hasta hoy. 

En 2022 Washington vuelve a vetar la venta de productos de los fabricantes chinos Huawei y ZTE en Estados Unidos, alegando razones de seguridad nacional. La razón es siempre la misma, la sospecha de que la compañía pueda acceder a datos de los usuarios o del Gobierno norteamericano. Desde entonces, mantiene operaciones globales en el país, aunque opera sujeta a restricciones.

Tal es la batalla de los datos, que el diario El País adelantaba que a través de conversaciones diplomáticas, Washington mostró su malestar a España por el contrato de Interior con Huawei. Y de nuevo la razón del descontento es la misma: el riesgo de filtraciones. Por ello, los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes solicitaban al servicio estadounidense de inteligencia que revisara los acuerdos de intercambio de información secreta con España. Una reacción que el representante de la diplomacia española, José Manuel Albares, trataba de calmar en la tarde de ayer. "La seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad están totalmente garantizadas a los más altos estándares europeos", señaló. 

Los datos son información y la información es un tesoro que ahora se debe proteger, sobre todo, en la red. Y Huawei no es la única compañía china en el foco de EE UU. TikTok, la popular red social de videos cortos, es propiedad de ByteDance, una empresa de tecnología china a la que Washington acusa de estar bajo la influencia directa del gobierno de Pekín y de la que tampoco se fía sobre el tratamiento de datos de los usuarios. En enero y tras un apagón momentáneo, Trump le dio varias prórrogas para introducir cambios que expiran este mes de septiembre.

Así, la polémica veraniega de Huawei, hace referencia a la prórroga de un contrato de Interior suscrito hace un mes. Aunque el debate de fondo que se comienza a agitar abarca cuestiones más amplias que no se agotan en polémicas particulares: desde las posiciones de Estados Unidos en un contexto internacional tensionado por los aranceles —que tienen en un extremo a China y en otro al país norteamericano—, hasta el debate de la soberanía tecnológica, la ciberseguridad y el control de la información.

Los ciudadanos españoles nos hemos familiarizado con una institución del Consejo de Europa que se conoce por su acrónimo GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción). Este organismo, creado el 1999 del que también forman parte Estados Unidos y Kazajistán, tiene la misión de examinar los instrumentos legales e institucionales de que dispone cada país para hacer frente a la corrupción en el ámbito público y en el sector privado. En la quinta ronda de evaluación, analiza el grado de cumplimientos de las diecinueve recomendaciones que había formulado a España para hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Analiza el grado de cumplimiento de las medidas legislativas e institucionales sugeridas. Una lectura sosegada del informe, sin los llamativos prejuicios que se han formulado por diversos medios de comunicación de la derecha mediática, nos permite  llegar a la conclusión de que, en dieciséis de las recomendaciones se observan luces y sombras, pero, en ningún caso, se puede calificar como demoledor. Por favor léanse el párrafo en el que se dice que España ha tratado “de manera satisfactoria alguna de las diecinueve recomendaciones formuladas” y tres no se han cumplido en absoluto. 

Se refiere a la persistencia de los fueros procesales, la ausencia de regulación de los lobbies y el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad. A este último punto dedica un amplio examen que merece un tratamiento aparte. 

Me detendré en los dos primeros. En relación con los aforamientos, nuestra Constitución, en el artículo 24 consagra el derecho a ser juzgado por el juez ordinario predeterminado por la ley que se debe distinguir del juez natural que es el del lugar donde el delito se ha cometido. Si nos atenemos a la literalidad del precepto, el aforamiento de una persona ante un determinado órgano jurisdiccional viene predeterminado por la ley con lo cual cubriría las pretensiones constitucionales en esta materia, pero plantea serios reparos si acudimos a los preceptos constitucionales que predican la igualdad de todos ante la ley y la estricta limitación de los privilegios. 

Según el Diccionario de María Moliner, el Fuero siempre lleva aparejado un privilegio en un sentido político y social. El artículo 71.3 de nuestra Constitución otorga un fuero especial en las causas contra Diputados y Senadores ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La cobertura constitucional del fuero es evidente, pero no deja de plantear problemas legales y procesales. La mayor parte de las Constituciones Europeas limitan drásticamente o desconocen el fuero procesal de los parlamentarios y otros altos cargos públicos. En todo caso, los representantes de la soberanía popular, estarían protegidos por la exigencia de la concesión del suplicatorio.

La relación de aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo se puede extender a más de quinientas personas. Abarca a los altos representantes de los poderes del Estado, titulares de instituciones de relevancia constitucional e incluye a los parlamentarios de las Comunidades Autónomas cuando cometen algún delito fuera de su circunscripción territorial. 

Existe un aforismo que nos recuerda que: “a la hora de dictar sentencia tan independiente es el juez de paz del último rincón de España como el Tribunal Supremo”. La atribución de la competencia para conocer de las causas contra aforados tiene un componente elitista. El conocimiento de la causa se atribuye al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia, exclusivamente por el rango de la persona enjuiciada y por la jerarquía que ocupan en la estructura institucional.

Cuando la competencia se atribuye al Tribunal Supremo, el derecho constitucional, reconocido en todos los Textos y Tratados internacionales, a la doble instancia no tiene cabida. Este derecho no puede ejercitarse porque contra las resoluciones del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno. Solamente queda la posibilidad del Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, las estructuras de los altos órganos jurisdiccionales no disponen de la logística necesaria para afrontar la tramitación de causas normalmente complejas. Además, perjudica a aquellas personas que, sin tener fuero, se ven involucradas, por conexión, en las causas contra aforados privándolas de su derecho a la doble instancia.

En cuanto a los lobbies me parece que se trata de una institución de tiempos pasados que no tiene ninguna razón de ser en un mundo en el que las grandes corporaciones industriales y financieras, disponen de medios de presión públicos a través de comunicados y artículos periodísticos en medios que, en algunos casos, les pertenecen.  

El término inglés lobby significa literalmente “vestíbulo”. El anglicismo se ha impuesto y se aplica esta denominación a los salones de recepción y reunión de los hoteles. Recuerdo que en una ocasión, mi amigo Javier del Pino, en aquel tiempo corresponsal de la Cadena SER en Washington, me invitó a comer en el hotel donde históricamente nació el concepto moderno del lobby. Estaba muy cerca del Capitolio.

Los lobbies pueden encarnarse en grupos de presión muy diversos. Que nadie se ofenda, la Comisión Europea llegó a valorar como tal a la Conferencia Episcopal española, por su activismo, en la regulación de las leyes educativas.  Se trata de un poder en la sombra que inevitablemente tiene que acudir a presiones intolerables o sobornos delictivos, En Estados Unidos ocasionaron un gran escándalo los sobornos a Congresistas por parte de los representantes de los casinos indios.

Los lobistas para realizar su trabajo necesitan contactar en privado con los grupos parlamentarios, con el consiguiente efecto de la compra de voluntades. La persuasión, las ofertas de prebendas y el peligro del soborno descarado se evita, si los grupos de presión deciden optar por campañas publicas y transparentes. Solicitar ventajeas o privilegios fiscales o una desregularización de un sector, invocando al Dios del mercado, no necesita de lobbies. Se pueden asumir por los partidos políticos. Incluso estas medidas pueden formar parte de un programa electoral.

Los lobbies son una reliquia del pasado, las modernas técnicas de comunicación demuestran su inutilidad y el peligro de incrementar la corrupción. A pesar de lo que algunos opinan, el caso de Montoro y asociados nos debe poner sobre aviso ante los peligros que entraña la existencia de conversaciones secretas con los conseguidores de leyes a la medida. Sea cual sea el resultado de las investigaciones judiciales, no existe duda de que en este caso, aparecen nítidamente los elementos necesarios para configurar  la comisión de delitos de trafico de influencias y corrupción en los negocios.

Creo que la supresión de los lobbies como institución llevaría a un mejor saneamiento y transparencia de la vida política ya que las aspiraciones legislativas de las grandes corporaciones deben hacerse con luz y taquígrafos.

En definitiva, el cuadro que nos dibuja el GRECO no es, como sostienen algunos, El entierro del Conde Orgaz ni La apertura del Quinto Sello  pero, seamos sinceros, tampoco La Asunción de la Virgen.

Rafael Rubio es uno de los expertos españoles más destacados en materia de transparencia y de lobbies y grupos de interés. El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid atiende a infoLibre para hablar sobre la legislación respecto a estos grupos que ha propuesto el Gobierno. Se trata de una materia que lleva años encallada en España, pero que ha vuelto al centro del debate público tras el estallido del caso Montoro. Rubio comenta el último proyecto de ley sobre la materia, que define como "bastante completo", pero sobre el que esboza varias posibilidades de mejora. 

Quien fue asesor de Pablo Casado, cuando este presidía el Partido Popular, y último presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, habla también sobre su experiencia en ese organismo —que fue eliminado por el Gobierno de Ayuso y sustituido por otro con menor independencia— y sobre el reglamento europeo de libertad de medios que entra en vigor este mes de agosto. El experto asegura que en España se puede hablar "del final de la moda de la transparencia" y que el país "arrastra un problema con la publicidad institucional desde hace mucho tiempo".

¿Por qué es necesario regular los lobbies?

Porque las empresas y la sociedad civil necesitan de interlocución con los poderes públicos y eso genera un tipo de relación que puede dar lugar a corrupción y desigualdades. Es esencial que esas relaciones estén sometidas a algún tipo de norma que deje claro qué se puede hacer y qué no y sobre aquello que se puede hacer, cómo hay que hacerlo.

¿Cómo podría haber ayudado una ley en este campo en los casos de Montoro y Cerdán?

Las alertas hubieran saltado antes. El registro de grupos de interés, que es el contenido fundamental de la ley, y la propia huella normativa, que hoy en día establece cualquier ley de regulación de los grupos de interés, nos hubieran permitido saber mucho antes quién había intervenido y con qué eficacia en las reformas de la ley. Si de una manera permanente o recurrente hubiéramos visto que determinados sujetos participaban con éxito de las modificaciones normativas y que esos sujetos, además, tenían una relación previa con un ministro del Gobierno, en lugar de esperar ocho años, las alertas [del caso Montoro] hubieran saltado mucho antes.

El caso de Cerdán y Koldo es distinto porque la intermediación la llevan a cabo unos determinados actores de un partido político. Las propuestas hoy en día dejan fuera de la ley a los partidos políticos por considerarlos sujetos de especial trascendencia constitucional. 

Aquí la pregunta siempre es la misma: 'Pero aunque la ley exista, ¿qué ocurre si esos actores no hubieran respetado la ley?'. Pues probablemente tendríamos al menos más herramientas jurídicas para perseguir los comportamientos inadecuados y castigarlos.

Se entiende que cuando los poderes públicos legislan sobre un campo en concreto tienen que hablar con representantes del sector para no legislar a ciegas, ¿dónde está el límite entre el diálogo lógico y legislar a medida?

En la corrupción. En el propio tráfico de influencias. Cuando la decisión del poder público se encuentra influida por determinados sobornos o comportamientos que condicionan la voluntad y que hacen que la decisión responda al interés de esa persona que les ha influido de una manera indebida más que al interés general.

El límite claro es el Código Penal. A partir de ahí hay otra serie de elementos que se pueden tener en cuenta. Básicamente lo que propugnan las propuestas de regulación del lobby modernas es que esas relaciones se hagan con luz y taquígrafos. Que quede constancia tanto del cuándo y con quién como del contenido de las mismas y puedan ser revisadas por la sociedad civil. A la hora de la verdad, las regulaciones del lobby no tratan tanto de dificultar esas relaciones, sino de darles luz.

Porque el lobby no deja de ser necesario e, incluso, en ocasiones, positivo…

Claro. El lobby no deja de ser un instrumento informal de participación política. Por tanto, como cualquier forma de participación política, puede ser enriquecedora para el proceso de decisión o para el proceso legislativo. 

De hecho, según se ha ido ampliando el ámbito de decisión de los poderes públicos, el lobby se ha ido haciendo más necesario porque es más difícil contar con expertos suficientes o con la opinión de los afectados. Y de esa manera, esas formas de intermediación lo que tratan de poner es la voz de los afectados en la mesa del representante y, por tanto, es conveniente e, incluso, necesario. El problema es cuando esas influencias se utilizan para tratar de condicionar de una manera inapropiada o inadecuada la voluntad de quien toma las decisiones en lugar de para participar legítimamente en el diálogo público.

¿Qué le parece el proyecto de ley que presentó el Gobierno en febrero?

Creo que es un proyecto bastante completo. El elemento más débil es la independencia del órgano responsable del registro. No puede depender directamente del poder ejecutivo. Es necesario dotarlo de una mayor independencia. También hay que reforzar algunos otros detalles. La ley debería concretar más algunos aspectos para que pueda entrar plenamente en vigor en el momento de su aprobación sin esperar a su desarrollo reglamentario.

Ese control del registro de lobbies recae en la Oficina de Conflictos de Intereses, que, como señalaba, depende del propio Gobierno y que ya ha tenido varias problemáticas, como la falta de recursos. ¿Cuál sería entonces la situación ideal?

Es la principal debilidad del proyecto. Hay que darle la vuelta radicalmente a esa Oficina, no solo con unos pequeños retoques como hace el proyecto de ley. La línea tiene que ser convertirla en una agencia independiente, que sea absolutamente ajena al poder ejecutivo y a la que se garantice autonomía funcional y capacidad de actuación con presupuesto y personal suficiente. Si no, poner mayor responsabilidad a una Oficina que ya de por sí tiene dificultades, no va a ayudar en ese camino.

En esa conversión el elemento más importante es la no dependencia del Ejecutivo. Se han puesto todo tipo de propuestas sobre la mesa, como encargarlo al Consejo de Transparencia. Incluso unificar en una sola oficina independiente —con recursos suficientes, con una capacidad y con un presidente independiente— todo ese tipo de funciones de lucha contra la corrupción puede ser un camino adecuado. Porque es verdad que empezamos a tener el Consejo de Transparencia, la Autoridad Independiente de Protección del Informante… Hay una serie de elementos que podrían configurar una única oficina de lucha contra la corrupción.

El proyecto en el caso de los lobbies contempla un régimen sancionador, a diferencia de lo que pasa con otras leyes, pero, de nuevo, esa capacidad recae en la Oficina de Conflictos de Intereses.

Es una de las partes mejorables del proyecto. Lo contempla, además, de una manera bastante genérica y casi recurrente, centrándose en la retirada del registro [de lobbies de los grupos de interés que cometan infracciones] de manera temporal y dejando de lado el posible incumplimiento de los funcionarios públicos. Ahí hay un tema que es entender que el comportamiento indebido siempre recae en la empresa o en la sociedad civil, pero normalmente ese tipo de comportamientos también requieren de alguien al otro lado que los acepte y no los denuncie.

¿Qué más falta en este proyecto?

Hay cosas que habría que completar. Como con la huella legislativa, que faltan unas normas más claras. El vínculo entre la agenda [de reuniones] y la huella legislativa tiene que ser más determinante. Ahí está la clave del posible control social: ver qué dicen unos que han hecho y lo que dicen los otros que han hecho.

Y a partir de ahí hay miles de matices. La ley es demasiado generosa dejando fuera a muchos actores que deberían estar dentro, como los despachos de abogados, a los que el proyecto excluye cuando estén llevando a cabo funciones de defensa administrativa, pero acaba resultando una materia muy compleja de definir. ¿Cuándo se está llevando a cabo una labor de defensa del interés, legítima, pero se está actuando como lobby y cuándo se está actuando como despacho de abogados? El proyecto debería haber sido mucho más restrictivo a la hora de excluir a los despachos.

Pero son matices. El proyecto va en buena dirección. Con un buen repaso en fase de enmiendas podría dar lugar a una buena ley y a una ley que podría ser de consenso. No veo ningún matiz ideológico que hiciera que unos pudieran estar a favor o en contra.

Sobre consensos, usted fue el último presidente del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. El PP de Ayuso, valiéndose de su mayoría absoluta, eliminó ese organismo para crear uno nuevo en el que el nombramiento del presidente dependiera directamente de su Gobierno. ¿Fue un retroceso?

Sí. Se había llegado a una estructura de un órgano independiente y autónomo y que, además, se había aprobado por una mayoría de los grupos políticos. El hecho de que se pidieran tres consejeros y que se exigieran una serie de mayorías cualificadas en la Asamblea buscaba la independencia del órgano y, no quiero juzgar mi propia labor, pero al menos en la composición del órgano se había conseguido.

¿Por qué cree que el Gobierno madrileño decidió eliminar ese Consejo que gozaba de una mayor independencia y crear el nuevo?

Lo único que puedo decir es lo que dice la propia ley en la transposición de motivos. Es una ley ómnibus que afecta a muchos otros órganos y asuntos, pero en lo que se refiere al Consejo de Transparencia habla del coste. Habría que ver si realmente el nuevo Consejo de Transparencia es más económico. La ley da razones genéricas que de alguna manera se resumen en que se está buscando una mayor eficacia. Pero a veces la eficacia no justifica la pérdida de pluralidad.

Hablando de esa supuesta eficacia, el nuevo Consejo apenas da la razón a los ciudadanos en sus reclamaciones. No llega ni al 4% de estimaciones en lo que va de año. ¿Está actuando como debería?

No lo sé porque no conozco al detalle el contenido de las decisiones, pero se ha producido un cambio muy fuerte en el número de estimaciones de las reclamaciones que admitía el anterior Consejo [con valores superiores al 40%] y las que admite el de ahora.

¿Usted como presidente del Consejo recibió presiones en algún momento para actuar o resolver de una forma u otra?

No. Uno de los elementos que caracterizó al anterior Consejo es que actuamos siempre de manera independiente y sin ningún tipo de presión externa. Si eso luego tuvo consecuencias o una relación directa con la decisión de suprimir el Consejo, sinceramente, no lo sé.

Ese tipo de retrocesos se han dado también en otros lugares. ¿Estamos viviendo en España una recesión en materia de transparencia?

Si no una recesión, podemos hablar del final de una moda. Advertimos muchas veces que la expansión de la transparencia, que fue una realidad desde la promoción de la ley hasta, por lo menos, el momento del covid, tenía que traducirse en una consolidación institucional de los órganos y de la independencia de las instituciones. Quizás eso no ha llegado a consolidarse. Podríamos decir que una vez que se ha pasado la moda hay un menor incentivo a cumplir o a abrazar la causa de la transparencia. Es objetivo que la transparencia ha dejado de ser rentable electoralmente. Y lo electoral tiene un peso fuerte a la hora de la toma de decisiones, así que se ha dejado de priorizar.

Los medios de comunicación acostumbramos a hablar de la transparencia de Gobiernos y Administraciones. Pero, ¿qué tal lo hacemos nosotros?

Estáis en ello. La aprobación del reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación y ahora del proyecto de ley por parte del Gobierno parecen influir en que la transparencia de los medios tiene que ser una parte de su gobernanza. De momento esa transparencia se está centrando en dos elementos: en la propiedad y en la publicidad. O sea, en el dinero y la financiación de los medios.

Pero los medios de comunicación españoles podrían ser más transparentes. Por ejemplo, es muy difícil encontrar en un medio español un disclaimer de los que en la prensa anglosajona son comunes. Esos avisos de cuando hay personas escribiendo una información u opinión y tienen alguna relación directa o indirecta con el asunto. 

Habla de esas dos obligaciones que trae la nueva normativa  —y que infoLibre se ha adelantado a cumplir—: los medios van a tener que hacer público a quién pertenecen y la publicidad institucional que reciben. ¿Por qué son necesarias?

Porque es una forma muy clara de que se hagan transparentes qué intereses tiene el medio de comunicación o con qué empresas o Administraciones está alineado. Es un elemento que bien empleado en términos de transparencia en la línea en la que se plantea en el reglamento europeo, y no empleado como un instrumento de coacción o como una forma de amenazar a los medios, es positivo. 

A veces creo que leemos el reglamento europeo de una forma parcial. El reglamento insiste mucho en la transparencia pero prioriza de una forma brutal el pluralismo de los medios. La transparencia es un medio para el pluralismo y a veces parece que se está intentando utilizar la transparencia en contra del pluralismo.

Habla también de empresas, pero los medios van a estar obligados a publicar solo la cantidad de dinero recibido en publicidad institucional. ¿Sería favorable extenderlo y que tuvieran que hacer público también cuánto dinero reciben de grandes empresas y de cuáles?

Sí. No tengo dudas. Si entendemos que la financiación es una forma de influir en la posición de los medios, tenemos que entender también que esa financiación puede ser pública o privada. Igual que la propiedad del medio puede condicionar su sentido y la propiedad suele corresponder a empresas privadas, entiendo que cuando la publicidad de una empresa alcanza unos porcentajes enormes dentro del total de la financiación del medio puede condicionar su posicionamiento. A la hora de la verdad tanto condiciona la dependencia si es de una Administración pública como si se produce de una o de varias empresas privadas.

Esa situación de un solo anunciante suponiendo un gran porcentaje de los ingresos de un medio se da también con la publicidad institucional de determinadas Administraciones. ¿Tenemos un problema en España con la publicidad institucional?

Sí. Una manifestación muy evidente de esto es que estamos priorizando el registro de medios a la publicidad institucional, cuando es una ley que se lleva reclamando e incumpliendo desde hace décadas. Arrastramos el problema de la publicidad institucional desde hace mucho tiempo y parece que a ninguna Administración le interesa poner el cascabel al gato. No deja de ser paradójico que en este proyecto de ley se remite la regulación de la publicidad institucional a otra ley futura. 

¿Cómo se tendría que repartir la publicidad institucional?

De manera objetiva. A partir de ahí nos podemos poner a discutir qué significa 'objetiva'. Y habrá distintos criterios. ¿'Objetivo' es de manera proporcional a la audiencia? ¿De manera proporcional al impacto?, aunque el impacto siempre es muy difícil de medir. Pero el gran problema es que a día de hoy el reparto no es objetivo. No responde a un criterio único que se aplique igual a todos los medios.

Lo que nos encontramos ahora es que la mayoría de normativas recogen ya esto, pero sin desarrollo. Las leyes dicen que el reparto se tiene que hacer según criterios objetivos, audiencia, impacto, notoriedad… Pero al final los Gobiernos y las Administraciones reparten como quieren.

Claro. Esas definiciones se acaban convirtiendo en nada. A la hora de la verdad esos criterios no se conocen. Normalmente no hay mucha transparencia sobre el reparto de publicidad institucional y cuando existe, no hay ninguna transparencia sobre los criterios de reparto, que es lo realmente sustancial. Saber las cantidades que se han otorgado a cada medio puede ser relevante, pero es mucho más relevante saber el criterio que se ha utilizado en el reparto.

¿Qué criterio cree que se acaba utilizando normalmente?

No lo sé. Pero cuando uno ve los importes que van a cada medio es difícil detectar un criterio lógico detrás. Muchas veces lo que prima es la afinidad.

Temporada 3, episodio 1, la escena dura apenas diez segundos. Diez segundos durante los cuales aparece claramente en pantalla un paquete de Shein en medio de una tensa discusión sobre el impacto de la moda rápida entre dos personajes de la serie And Just Like That…, continuación de Sex and the City. La aparición del producto no pasó desapercibida para los fans de la serie, ya que las actrices, que interpretan a unas neoyorquinas adineradas, suelen vestir marcas de lujo inaccesibles para el común de los mortales.

No es la primera vez que Shein aparece en una serie de televisión. En 2021, la marca fue visible en la temporada 7 de la serie para adolescentes SKAM France, emitida en la plataforma France.tv slash. Contactada por Mediapart, el departamento de publicidad de France Télévisions asegura que ya no trabaja con ese anunciante, debido a los requisitos impuestos por la carta de FranceTV Publicité.

Para conquistar el mercado de la moda low cost, el gigante del comercio electrónico no solo apunta al mundo de las series. Su objetivo favorito para seducir a los adolescentes: los y las influencers.

En un vídeo dedicado a sus más de tres millones de seguidores, Milla Jasmine luce una serie de conjuntos veraniegos con música de los Gipsy Kings de fondo. "Rebajas de verano al rojo vivo en Shein", advierte esta influencer afincada en Dubái, que promete hasta un 70% de descuento en su propia selección de ropa.

No es la única que tiene una relación comercial con la marca de moda rápida. Manon Tanti, que también cuenta con casi tres millones de seguidores en las redes sociales, ofrece un enlace a su propia “tienda Shein”, donde los consumidores pueden comprar con un solo clic un top por 4,99 euros.

“Hemos decidido colaborar con creadores de contenido para difundir nuestra campaña digital, respetando la normativa vigente (en particular, la transparencia de las colaboraciones comerciales) y prestando especial atención a la autenticidad de los mensajes”, confirma Shein (en los anexos a este artículo se pueden leer todas sus respuestas).

Estas influencers no son solo escaparates comerciales para la multinacional. También se les solicita que mejoren la imagen de la marca, conocida por su catastrófico impacto social y medioambiental. En junio de 2023, Shein invitó a varias de ellas a visitar la que se presenta como una de las fábricas del grupo en Guangzhou, China.

En vídeos surrealistas, las estrellas de las redes sociales se maravillan una tras otra de las condiciones de trabajo supuestamente idílicas de los empleados. Una de ellas, Dani DMC, ha lamentado después su participación en esta burda puesta en escena y ha cesado toda colaboración comercial con la marca.

En Francia, una influencer ha llegado incluso a ponerse el traje de lobista de Shein. Magali Berdah está en guerra contra la ley conocida como fast-fashion. El texto, cuya aprobación definitiva está prevista para otoño, prevé penalizaciones económicas para los productos de los gigantes del comercio electrónico Shein y Temu: 5 euros por producto en 2025 y 10 euros por producto en 2030, así como la prohibición total de la publicidad.

Magali Berdah, vinculada a Shein por una asociación comercial, ha grabado nada menos que cinco vídeos denunciando una ley “que ataca el poder adquisitivo de los franceses”. La influencer, seguida por 1,9 millones de personas en Instagram, ha “salido a la calle a hablar con los franceses” en un ejercicio de reportera muy orientado contra un texto acusado de penalizar a los consumidores menos favorecidos.

“¿Sabéis que seis de cada diez franceses solo disponen de 200 euros al año para comprar ropa nueva? ¿Es que ellos no pueden tener acceso a este derecho a la moda?”, pregunta Magali Berdah. Es casi palabra por palabra el eslogan de una amplia campaña publicitaria lanzada en abril por la multinacional: “La moda es un derecho, no un privilegio”.

Contactada por Mediapart, Magali Berdah asegura haber tenido “total libertad sobre las preguntas y la forma de grabar”. ¿Por qué no dijo ni una palabra sobre el impacto ecológico y social de la multinacional? “Simplemente no era el tema de mis vídeos”, se defiende, asegurando no estar en contra del fondo de la ley contra la moda rápida.

“Yo misma digo en mi último vídeo que estoy a favor de esta ley, pero que no entiendo que no sea aplicable a más marcas, a más cadenas comerciales, y que hay que ampliarla”, afirma. “Es ese lado políticamente hipócrita lo que lamento, no vamos a cambiar las cosas golpeando a Shein”. El Senado ha decidido endurecer las sanciones únicamente para Shein y Temu, eximiendo así a las grandes marcas francesas de prêt-à-porter.

Para intentar impedir la aprobación de esta ley, Shein también se ha dirigido a los parlamentarios en una operación de lobbying de una magnitud poco habitual entre los representantes políticos. Tras su aprobación en primera lectura por la Asamblea Nacional en marzo de 2024, la multinacional envió a todos los parlamentarios un informe presentado como un estudio “independiente”. Revelado por Radio France, el documento de 37 páginas intenta demostrar que la ley contra la moda rápida penalizaría en realidad a los más modestos, atreviéndose incluso a establecer un paralelismo con el impuesto sobre el combustible de 2018, “que provocó el movimiento de los chalecos amarillos”.

La empresa se ha centrado especialmente en algunos parlamentarios. Didier Mandelli, vicepresidente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Desarrollo Sostenible, confirma haber sido contactado por Shein casi un año antes del examen del texto en el Senado. “Los recibí una primera vez, como al 80 % de las estructuras que me lo piden”, cuenta. Durante ese encuentro, el senador de Los Republicanos afirma haber planteado preguntas sobre el impacto medioambiental de los productos y las condiciones de trabajo en las fábricas, sin obtener una respuesta precisa.

Shein volvió a la carga. “Me volvieron a contactar tres o cuatro veces. Incluso me invitaron a un desfile, pero lo rechacé. Es bastante raro, llevo diez años en el Senado y nunca había visto tanta insistencia”, se sorprende el representante de La Vendée. Pero lo que más le impactó fue el fichaje por Shein de Christophe Castaner.

En diciembre de 2024, La Lettre reveló la contratación de varios exresponsables políticos franceses en un “comité regional” encargado de asesorar al grupo sobre su estrategia en materia de responsabilidad social y medioambiental. Entre ellos se encuentran el exportavoz del Gobierno y exministro del Interior, Christophe Castaner, pero también la ex secretaria de Estado Nicole Guedj y el exdirigente de la patronal Medef, Bernard Spitz. El 27 de enero, Christophe Castaner critica en BFMTV la ley fast-fashion. “Estamos inventando un IVA sobre los productos de los más pobres, lo que me parece bastante repugnante”, decía indignado el exministro macronista.

Oficialmente, las actividades de lobby declaradas por Shein ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) se sitúan entre 100.000 y 200.000 euros en 2025. Una cifra que varias ONG ven con escepticismo. El 23 de mayo, Amis de la Terre y el Observatorio de las Multinacionales enviaron una denuncia a la HATVP.

Ambas ONG afirman haber detectado posibles irregularidades en las declaraciones de actividades de representación de intereses del grupo Shein, consideradas demasiado “vagas y poco informativas”. “Sus representantes han mantenido varias reuniones de alto nivel, entre ellas en el Elíseo, y es urgente desvelar esta influencia que se ejerce hasta en las más altas esferas del Estado”, dice preocupado Pierre Condamine, responsable de la campaña contra la sobreproducción de Amis de la Terre.

Shein se defiende de cualquier ocultación de sus actividades de lobby ante la HATVP. La empresa asegura a Mediapart “que declara las acciones de representación de intereses que lleva a cabo, precisando en cada caso la fecha, el objeto de las acciones y las personas implicadas”. “Seguimos comprometidos en actuar con transparencia en nuestras interacciones con los representantes públicos, como hacen las empresas en el marco de sus actividades en Francia”, indica la marca.

Las dos ONG también denuncian a Villanelle Conseil, la empresa de Christophe Castaner, que, en sus actividades de lobby, no incluyó a Shein entre sus clientes. “Christophe Castaner se ha pronunciado públicamente en varias ocasiones sobre la propuesta de ley fast-fashion, lo que equivale, como mínimo, a una forma de lobbying indirecto”, escriben las ONG en su denuncia ante la HATVP. La investigación sigue en curso.

Contactado por Mediapart, Christophe Castaner niega cualquier tipo de lobbying para Shein y asegura que su papel se limita a un simple asesoramiento sobre la estrategia de responsabilidad social (RSE) del grupo. “La empresa Villanelle Conseil no ha prestado a Shein ningún servicio de representación de intereses en el sentido de la ley [...] relativa a la transparencia de la vida pública”, declara el exministro.

Una versión que también defiende Shein. “Los miembros de estos comités tienen una función estrictamente consultiva y no participan en ningún caso en actividades de lobby para nuestra empresa; cualquier afirmación en contrario es totalmente falsa y difamatoria”, aseguran molestos desde la multinacional.

El senador Didier Mandelli no parece compartir esa opinión. Tras la aprobación de la ley sobre la moda rápida por la Asamblea Nacional en marzo, el texto parecía estancarse. “Hubo un momento de sensación de que el expediente no avanzaba. El Gobierno no quería incluirlo en el orden del día [del Senado], fui yo quien tuvo que solicitarlo. Hubo un pequeño periodo de incertidumbre, no teníamos respuesta, no había réplicas, lo que creó cierta confusión. El papel de Christophe Castaner pudo influir en el Gobierno”, quiere creer.

Traducción de Miguel López

Un lobby o grupo de interés hace referencia a la actividad de un conjunto de personas, de empresas o agrupaciones que tratan de influir en las decisiones políticas o en la gestión pública. El término tiene una connotación negativa porque se asocia a una forma de conseguir cambios para favorecer intereses particulares. En España el último escándalo en el que resuena esta práctica es el del que ha terminado con la imputación del ex ministro del PP Cristóbal Montoro. Varias denuncias señalaban a un bufete fundado por él —junto con antiguos altos cargos de la Administración de José María Aznar—, de operar como un lobby al que las empresas debían acudir para conseguir favores gubernamentales.

En el auto de imputación que se ha conocido recientemente definen la actividad del despacho de abogados Equipo Económico de la siguiente manera: “A cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas con el fin de que estas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes”, en este caso, empresas gasistas. Es un ejemplo de uno de los escollos que, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea, hace tropezar las medidas anticorrupción en España. 

Este mismo viernes, el documento emitido por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, pedía a España “intensificar” sus esfuerzos para implementar medidas anticorrupción más efectivas. Uno de los puntos centrales del documento está, precisamente, en la regulación de los lobbies. Además pide mecanismos de control sobra las llamadas “puertas giratorias”, que sirven de llave, muchas veces, para favorecer ilícitamente a los grupos de interés. 

La legislación actual resulta insuficiente para los expertos europeos, aunque sí reconocen que el llamado plan de regeneración democrática que se aprobó el año pasado, ha supuesto pasos adelante. En relación con los grupos de interés, esta norma contempla sanciones para los diputados y senadores que no sean honestos en sus declaraciones de bienes, así como la obligación de hacer públicas sus reuniones con personas físicas o jurídicas que busquen modificaciones legislativas. 

Sin embargo, no es sencillo trazar una línea en el tema de los lobby, determinar quiénes son considerados como tal, regular las relaciones informales de los políticos en cenas o encuentros, la publicación de las agendas, establecer sanciones o definir estándares claros de transparencia son puntos que aún se podrían concretar más. De hecho, la plataforma ciudadana +Democracia, pidió en un documento abierto que las normas en España se acercasen más al marco europeo “en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales”, señalan en un texto que contiene otras 40 medidas anticorrupción. 

El informe del GRECO insiste en que el control de las relaciones con lobistas solo se cumple “en parte”, pide más atención sobre las “personas con funciones ejecutivas” y constata que en materia de transparencia la práctica es “muy desigual” a nivel nacional. También afea el hecho de las agendas de los políticos aún no se hayan publicado.

Para ejercer influencia es necesario poder acceder a quienes la tienen o moverse en una esfera donde se propicien esos contactos. De ahí que las denominadas como puertas giratorias sean otro de los puntos en los que incide el documento elaborado por los expertos del Consejo. En el caso de la imputación de Montoro y Equipo Económico, los presuntos delitos se habrían cometido en parte gracias a este mecanismo. 

Así en 2004 Aznar sale del Gobierno y muchos de sus ministros y altos cargos pasan de la política al sector privado. El camino de Cristóbal Montoro —economista de formación y siempre vinculado a cargos en Economía y Hacienda— pasa por fundar un despacho en el año 2006. En los nombramientos que se van publicando a medida que se consolida el negocio figuran nombres que habían pasado por la Administración y que, presuntamente, facilitarían con su posición que los lobby llegasen a ejercer influencia en la gestión política. Está, entre otros, Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria y también Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, nombrado en enero de 2008 tras haber ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria. 

Este caso ha sido el último en conocerse, pero hay cientos de ejemplos que contribuyen a enturbiar la imagen de las instituciones y comprometen la percepción de los ciudadanos en materia de corrupción. Además, el informe europeo pide regular la figura de los asesores, que también pueden operar de forma opaca en la gestión pública. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, presentado por Transparencia Internacional, muestra que España ha descendido cuatro puestos con respecto a 2023 y ocupa el puesto 46 de 180 países analizados.

El Consejo de Europa también ha puesto el foco en la forma de realizar los nombramientos y en la falta de una estrategia específica anticorrupción en la Policía. De hecho, como explicaba infoLibre, en las fuerzas armadas también se dan puertas giratorias que han aprovechado, por ejemplo, miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) para pasarse a grandes empresas privadas.

El informe del GRECO apunta que los avances en las recomendaciones para mejorar la transparencia en la Policía Nacional y en la Guardia Civil también se había quedado a medias. En un documento previo, publicado seis años atrás, el organismo europeo pedía "mejorar los mecanismos de prevención de corrupción", medidas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y una mayor "transparencia" en la concesión de cargos, medallas y otras cuestiones relacionadas con la carrera profesional en dichos cuerpos.

Sin embargo, al valorar los cambios que se han ido introduciendo, insisten de nuevo en que no hay una "estrategia específica contra la corrupción" y tampoco unos estándares de transparencia suficientes. Por ello pide "mejoras estructurales" y protocolos de actuación ética más precisos.

Tras la publicación del informe, la reacción del Partido Popular ha sido exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado solicitó la comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Del lado del Ejecutivo, remarcan que el Gobierno de coalición ha cumplido parcialmente 16 de las 19 recomendaciones emitidas en el anterior informe de la Comisión y ponen el foco en los avances realizados.

Desde los escándalos de corrupción que en los noventa pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Felipe González, el debate sobre los grupos de presión ha formado parte de manera intermitente de la agenda pública española. Con propuestas de regulación y acusaciones de falta de transparencia por parte del PP cuando gobernaba el PSOE e idénticos argumentos por parte de los socialistas cuando los que estaban en La Moncloa eran los conservadores. El resultado: las pocas iniciativas que han llegado al Congreso para regular la actividad de los grupos de presión nunca llegaron a buen puerto.

Ahora, el caso Montoro ha resucitado el debate. De llevarse a cabo la regulación, argumentan los que la invocan estos días, el escándalo que afecta al Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se hubiese producido. 

Es verdad que regular los grupos de presión significaría, de llevarse a cabo, establecer un marco legal que garantizase la transparencia, integridad y rendición de cuentas en las relaciones que mantienen los lobbies con los responsables públicos (Gobierno, parlamentos, altos cargos, asesores…). No se trataría de prohibir los intentos de ejercer influencia —que es legítima en democracia—, sino de hacerlos visibles y trazables para dificultar las prácticas corruptas y el tráfico de influencias.

Hacerlo, sin embargo, ha sido hasta ahora una tarea imposible en España. Ni el PP ni el PSOE han hecho realidad la regulación de las relaciones del poder con empresas, patronales, ONG, sindicatos, colegios profesionales o cualquier organización o particular que quiera influir en los responsables públicos.

Si se hiciese, dispondríamos de un registro obligatorio y público donde debería constar la identidad de cualquier grupo de estas características, así como sus objetivos, clientes, presupuesto y las actividades que realizan.

No sería algo original. Pero tampoco borraría la corrupción de un plumazo. En la Unión Europea existe desde 2021 y no ha evitado la aparición de escándalos relacionados con la compra de voluntades de servidores públicos (el más reciente, este mismo año, el que afecta a la empresa china Huawei, que está siendo investigada por pagar supuestamente a eurodiputados para influir en la legislación del Parlamento Europeo). Pero sí la ha hecho más difícil.

La legislación sobre lobbies de la Unión Europea establece un marco voluntario, pero cada vez más exigente, que afecta a la Comisión, el Parlamento y el Consejo. En primer lugar, obliga a que la agenda de comisarios, directores generales y eurodiputados sea pública y a que su paso al sector privado (las famosas puertas giratorias) no solamente esté restringido entre dos y tres años, sino que deba evaluarse y pueda ser sometido a veto.

No obstante, inscribirse en el registro de grupos de presión ni siquiera es obligatorio en todos los casos: muchas actividades de lobby indirecto, como la redacción de informes o las relaciones públicas, no están completamente reguladas.

Los más críticos con la normativa europea señalan la existencia de otros agujeros: faltan sanciones efectivas en el caso de que un lobista mienta o incumpla sus obligaciones; no hay una verdadera “huella legislativa” obligatoria que identifique a todos los actores que han influido en una ley; y faltan controles sobre la actividad de los grupos de presión financieros, tecnológicos y energéticos, que son los más poderosos en Bruselas.

Es verdad que ha mejorado la trazabilidad de la toma de decisiones en Bruselas y ha hecho posible conocer el nombre de actores privados y organizaciones que influyen en normativas clave como el Pacto Verde. Pero no hay manera de vigilar qué está pasando cuando se trata de los primeros borradores de las normas o cuando tienen lugar las llamadas negociaciones informales.

Al final, la regulación de los lobbies no elimina el riesgo de corrupción asociado con estos grupos. Si España tuviese una legislación en vigor, al nivel de la europea, en esta materia, no hubiese impedido el caso Montoro. Veamos por qué.

Si estuviese inscrita en un registro de lobbies, Equipo Económico, la empresa fundada por el exministro que supuestamente hacía de puente con las empresas que pagaban mordidas a cambio de modificaciones legales que les favoreciesen, nunca habría hecho constar que las reformas fiscales se hacían a cambio de dinero que, supuestamente, acabaría llegando a los bolsillos de quienes las impulsaron desde el Gobierno. Se habría limitado a hacer constar que defendía los intereses de determinadas empresas ante la administración. Eso sí: habría llamado la atención de los medios sobre sus actividades, a la vista de que había sido fundada por Montoro.

Pero Equipo Económico podría también haber optado por no inscribirse y mantenerse así fuera del foco de periodistas y ONG especializadas en transparencia. Nada le hubiese impedido seguir con sus actividades, supuestamente fraudulentas. En el peor de los casos, al ser descubierta, apenas añadiría un cargo adicional a los muchos delitos que supuestamente ha cometido.

Este hecho pone el foco en que, para que una ley de lobbies fuese eficaz, la clave no solo es que esté estructurada, garantice la trazabilidad pública y establezca un régimen riguroso de incompatibilidades, sino que edifique mecanismos de control independiente. Solo así se habría dificultado la operativa que ahora investiga la justicia y que conocemos como caso Montoro.

Control independiente significa varias cosas. En primer lugar, supervisión externa a través de una autoridad independiente del Gobierno y del Parlamento como ya existe en otros países, con capacidad sancionadora, recursos suficientes y autonomía funcional. Puede adoptar la forma de una agencia de integridad pública, como las oficinas antifraude, con autoridad para verificar la veracidad y exhaustividad de los datos aportados por los lobistas, auditar las agendas de altos cargos públicos, imponer sanciones reales por incumplimientos y evaluar los conflictos de interés en fichajes y puertas giratorias. Es decir: con capacidad de vigilar de verdad si lo que dicen as autoridades y los grupos de presión es cierto.

Su trabajo, para ser eficaz, tiene que poder cruzar datos con el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria con el fin de permitir que estos órganos tengan acceso a los datos de relaciones entre lobistas y decisores públicos y así detectar financiaciones irregulares, enriquecimientos injustificados y contrataciones sospechosas.

La otra pata de un modelo eficaz de control independiente pasan por dar facilidades a los medios de comunicación y a las ONG especializadas en integridad pública (como Access Info, Transparencia Internacional o la Fundación Civio) para que puedan acceder a los datos sin trabas burocráticas, además de una verdadera protección para los denunciantes, de manera que cualquier empleado público o privado que alerte sobre prácticas indebidas de influencia tenga garantizado el anonimato y disponga de una vía protegida para denunciar.

En España, sin embargo, ni PP ni PSOE han tenido hasta ahora verdadero interés en aprobar una legislación así, a pesar de que el tema ha ido y venido en el debate público durante décadas. Muy a menudo, cuando se iniciaba una tramitación, acababa decayendo por la disolución anticipada de las Cortes y no se recuperaba en la legislatura siguiente.

En 2014, el PP no lleva buen término su intento por reformar el reglamento del Congreso para incluir un registro de este tipo de grupos de presión. Dos años después, en 2016, el Grupo Mixto presentó una propuesta similar y, aunque dio algunos pasos en el Congreso, la proposición terminó decayendo por la disolución de las Cortes. Hubo otros dos intentos en 2017: uno a iniciativa de Ciudadanos y otro de nuevo del PP Sin éxito.

Los pocos avances que se han producido han mostrado enseguida sus limitaciones. En 2020, el Congreso aprobó un código de conducta que obliga a publicar las agendas de reuniones con lobbies, pero en 2023 solo un 10% de los diputados lo cumplía íntegramente, sin que el 90% restante fuese objeto de reproche o castigo alguno.

En la actualidad, tanto el Congreso como el Gobierno han reactivado sus esfuerzos. La Cámara Baja ha aprobado un plan para crear un registro obligatorio de lobbies, con definición legal, condiciones de inscripción, trazabilidad de reuniones y normas de conducta. Y, en paralelo, el Gobierno ha reactivado un proyecto de ley que pretende establecer un registro con código de buenas prácticas, sanciones y la exclusión de lobbies que no se registren. Este proyecto ha superado su primer trámite parlamentario tras el rechazo de Vox y la abstención del PP, y ahora debe proseguir su tramitación después del verano. El texto, sin embargo, no prevé sanciones importantes para los grupos de presión que incumplan las normas ni una autoridad de supervisión independiente que vigile su cumplimiento.

Sobre este asunto, el PP guarda silencio y no responde a las preguntas de infoLibre. Pero el PSOE, a través de su portavoz, Montse Mínguez, ha dicho: “Vamos a recuperar este tema y lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados en cuanto volvamos a empezar el periodo de sesiones, sin ninguna duda”.

Lo único sagrado para quienes no tenemos la suerte de creer en divinidades, pero sí en la democracia, son los impuestos. Parecerá poco espiritual, pero es a todas luces trascendente. De ellos depende que pueda recibir quimioterapia quien se ve sorprendido por un cáncer, que la educación pública sea un igualador de oportunidades o que la carretera por donde usted conducirá para ir a su lugar de vacaciones esté bien señalizada y evite accidentes mortales. Por eso escándalos de corrupción como los que hemos conocido esta semana –presuntamente– alrededor del ex-ministro de Hacienda Cristóbal Montoro representan la peor de las corrupciones posibles. 

Con sus acuerdos con las empresas, el ex-ministro y su equipo –presuntamente– favorecían, previo pago, a sus clientes, y con ello, estaban, de facto, negando una beca de comedor a una familia sin recursos, dejando sin máquina de diálisis a un enfermo de riñón o recortando el presupuesto de la partida para reponer el asfalto de una carretera, quizá ese tramo donde se acumulan los accidentes. Para colmo, la operación terminaba –presuntamente– con una cuantiosa mordida para quienes la habían facilitado. Probar esto será la clave de este asunto.

La corrupción es corrosiva para la democracia porque mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, pero la corrupción fiscal, además, liquida el contrato social. Ese acuerdo que consiste en definir lo que queremos pagar entre todos, como la educación, la sanidad, las infraestructuras, las prestaciones sociales…. un listado que se va actualizando conforme la sociedad y sus necesidades evolucionan. Recuerden los debates sobre si se debe impulsar la natalidad con una ayuda a todas las mujeres que quieren tener hijos, por ejemplo.

El tiempo irá desvelando hasta dónde llegaba la trama, quién actuaba y quién no lo hacía pero conocía y callaba. Mientras tanto, y una vez más, es hora de poner los mecanismos para que esto no pueda volver a suceder, gobierne quien gobierne. Si el proyecto de ”Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés” que se empezó a tramitar en el Congreso el pasado enero hubiera existido en los años de Montoro, habría sido mucho más difícil que eso sucediera. Nunca puede afirmarse tajantemente que no hubiera pasado porque los subterfugios de los corruptos se cuentan por millones; por eso la única alternativa consiste en ir poniendo trabas para que trampear normas y leyes o amañar contratos públicos sea lo más difícil posible, y aplicar esas medidas preventivas de forma quirúrgica, acudiendo directamente al corazón del problema. Vayamos a ello, pero hilando fino.

La búsqueda de la influencia es consustancial a la democracia. Lo contrario sería una partitocracia ajena e impermeable a la sociedad. La clave, una vez más, es cómo se ordena tal circunstancia. Como describe el profesor Joan Navarro en el libro Comunicación Política: nuevas dinámicas y ciudadanía permanente (Tecnos), “en España el debate sobre la regulación o no del lobbying es tan antiguo como la Constitución. Manuel Fraga, uno de sus principales artífices, ya defendió la necesidad de incorporar en el artículo 77 dos puntos adicionales que establecían que “las Comisiones (del Congreso y el Senado) podrán recibir delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público” y “Una ley orgánica establecerá un sistema de control y registro para los grupos de interés que actúen de modo permanente””. Tras varios intentos frustrados desde la época de Zapatero, en noviembre de 2022 se comenzó a tramitar un proyecto de Ley que decayó al terminar la legislatura anticipadamente en 2023. En enero de 2025, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del que es titular Óscar López, presentó el ya citado proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que se encuentra ahora en tramitación parlamentaria. Esta última propuesta incluye dos elementos fundamentales: un registro de lobbys y la instauración de la huella normativa.

El primero supone reconocer lo obvio: que los lobbys existen y van a seguir existiendo, por lo que es imprescindible ponerlo negro sobre blanco, obligarles a registrarse y hacer públicas sus actividades. Luz y taquígrafos. Que un grupo parlamentario se reúna con una organización ecologista o con una petrolera es lo normal en democracia. La diferencia radica en que esas reuniones sean públicas o tengan lugar en el reservado de algún restaurante, generalmente en el interior de la M-30. Y la clave, que el legislador actúe siguiendo el criterio del interés general.

Junto a esto, la huella normativa nos permitirá saber cuál es todo el recorrido de cualquier iniciativa legislativa desde que empieza a andar hasta que se convierte en norma. Quién vota qué, qué informes ha recibido, qué han propuesto los diferentes lobbys sobre el asunto, etc.

Conviene tener claro que una cosa es influir y otra corromper o convertirse en corrupto. La función del lobby es tan antigua como la propia política, es decir, como la propia humanidad. Todos intentamos influir en otros para que hagan o dejen de hacer lo que nos conviene. También en política. Influye una empresa para que se rebaje un impuesto o se legisle de acuerdo a sus intereses, presiona una organización ambiental para que no se instale una planta de celulosa contaminante, busca cambiar la opinión de un grupo parlamentario un sindicato para que se reduzca la jornada laboral, etc. Todo esto es incidencia, influencia, o los miles de nombres que últimamente tiene en España, donde la palabra lobby suena mal. Pero, en efecto, son lobbys. Más o menos poderosos, pero lobbys. ¿Son iguales todos los casos? En absoluto: esa empresa que busca pagar menos impuestos está intentando influir para su interés particular, mientras que la organización ambiental o el sindicato lo hacen con vocación de defender el interés general. No obstante, hay veces que la línea que diferencia unos casos de otros es más que tenue, casi invisible. Esa empresa que quiere pagar menos impuestos nos diría que así sería más competitiva y podría crear más puestos de trabajo. Lo que no cabe duda es que es el legislador quien debe velar por el interés general.

Cuando estos días se escuchan o leen críticas de trazo grueso sobre al asunto de los lobbys una no puede evitar acordarse del capitán Renault entrando al reservado del Café de Rick y exclamando: “¡Qué escándalo! ¡Aquí se juega!” Así que, para defender lo más sagrado de una democracia, dejemos de negar la evidencia: luz, taquígrafos, y que el peso de la ley caiga sobre los corruptos y los corruptores.

En su reciente informe anual sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea pide a España el establecimiento de “un registro público obligatorio de lobbistas”, una medida de importancia en la lucha contra la corrupción dentro de un conjunto más amplio de acciones que Bruselas planteaba menos de 24 horas antes de que el presidente del Gobierno compareciese en el Congreso de los Diputados por la presunta corrupción del exsecretario de Organización del PSOE.

La Comisión Europea reprocha a España los escasos avances en mejorar la reglas sobre los conflictos de interés en las distintas administraciones públicas, uno de los talones de Aquiles en la prevención de la corrupción, mientras en el cajón del Congreso aguardaba su tramitación parlamentaria la ley de lobbies que, ahora sí, Pedro Sánchez recuperará dentro del anunciado Plan Estatal contra la Corrupción.

Para la elaboración del registro español de lobbies, el Gobierno deberá basarse en el existente Registro de Transparencia de la UE, nombre oficial del censo europeo de lobbistas, donde están inscritas actualmente 15.031 empresas, asociaciones u organizaciones, de las que 938 son españolas. Es el cuarto Estado miembro, después de Alemania, Francia e Italia, con mayor representación de lobbistas, una cifra similar a la de los representantes británicos y superior a la de estadounidenses.

Aparecen todas las grandes empresas españolas que uno pueda imaginar. Telefónica, Inditex, Iberdrola, Repsol, Caixa Bank, Banco Santander o Mercadona, pero no sólo compañías privadas, también diferentes actores como la CEOE y la UGT, el Foro de la Industria Nuclear, Movimiento por la Paz o la Asociación Española contra el Cáncer. Porque, según la definición del propio Registro de Transparencia de la UE, actuarían como lobbistas aquellas “organizaciones, asociaciones, grupos o individuos autoempleados que llevan a cabo actividades para influir en la política de la UE y en su proceso de toma de decisiones”. Evidentemente, el propio registro incluye distintas categorías y diferencia entre empresas privadas, sindicatos, organizaciones o asociaciones profesionales.

Telefónica lidera con diferencia el ránking de los mayores lobbistas españoles por volumen de dinero invertido en Bruselas. Con algo más de dos millones de euros gastados el año pasado, casi el doble que CEINNMAT, la empresa valenciana de investigación tecnológica, sin actividad pública en el registro hasta hace poco y que en 2023 realizó una fuerte apuesta por las actividades de representación e influencia, el equipo oficial de siete lobbistas de Telefónica mantuvo 161 reuniones de alto nivel con dirigentes y funcionarios de la Comisión Europea, según los datos públicos de transparencia.

La lista de actividades de los lobbistas de Telefónica es completísima y está actualizada hasta hace pocas semanas, cuando celebraron en la capital comunitaria un encuentro con el equipo de la comisaria Ekaterina Zaharieva, responsable europea de startups, investigación e innovación. A lo largo de todo este año se han visto individualmente con el director general de Redes de Comunicación y Tecnología, con el jefe de unidad sobre Economía española, con el gabinete del comisario de Defensa o han “intercambiado visiones” con los responsables de la Comisión Europea para las gigafactorías de Inteligencia Artificial, un negocio de presente y futuro para la multinacional española.

La CEOE también está en el podio de la intermediación e influencia política en la capital comunitaria. La gran patronal española viene gastando en el último lustro cerca de un millón de euros anuales en defender los intereses de sus representados, “fomentar y defender el sistema de iniciativa privada y la economía de mercado” o “la competitividad de las empresas y la libre competencia”, según su registro. Tiene un equipo propio presente en Bruselas y hasta la ciudad también se desplazan personas “procedentes de departamentos temáticos” de la sede principal de Madrid. En abril se reunieron con tres personas del gabinete de la vicepresidenta Teresa Ribera para conocer de primera mano la futura reforma en la política de ayudas de Estado y, en febrero, mantuvieron un desayuno de trabajo sobre las prioridades en materia de medioambiente de la comisaria Jessika Roswall con su asesor Luis Planas Herrera, hijo del ministro español de Agricultura y Pesca.

Entre los principales lobbistas españoles ante las instituciones de la UE hay empresas menos famosas, pero importantes, como la manufacturera Tecnove, el proveedor de servicios turísticos Amadeus, con un gasto de un millón de euros en sus asuntos públicos comunitarios, o una gran tecnológica que despega en el sector militar de la mano del Gobierno, Indra, con cinco representantes a tiempo completo en Bruselas, un presupuesto de casi un millón de euros para esta actividad y una oficina bien situada a medio camino entre la Comisión y la Eurocámara.

Los tres principales bancos españoles, La Caixa, Santander y BBVA, cuentan con oficinas de representación en Bruselas para realizar actividades lobbistas ante las instituciones comunitarias. Sus equipos son habituales de eventos informativos y conferencias en los principales think tanks de la ciudad, como Bruegel o CEPS, de organizaciones como la Cámara de Comercio, también presente con una oficina en la misma calle del Parlamento Europeo, o en los de las delegaciones de las comunidades autónomas.

Sus responsables son banqueros acreditados como lobbistas ante las instituciones comunitarias y, por tanto, con permiso para mantener encuentros con eurodiputados españoles o de cualquier otro Estado Miembro y también con funcionarios de la Comisión o el Consejo, responsables de las legislaciones financieras en las que trabaja la UE.

El BBVA fue el que más gastó, 800.000 euros para estas actividades de influencia y representación y mantuvo 63 reuniones de alto nivel con políticos y funcionarios comunitarios. El dinero es similar al invertido en 2023 o 2022 y el presupuesto se destina principalmente a pagar la oficina de asuntos públicos europeos con la que cuenta a pocos metros de la Grand Place, las nóminas de los tres trabajadores a tiempo completo y los gastos de, como mínimo, otros dos lobbistas más registrados ante las instituciones, según los datos de Lobby Control.

Durante el pasado mes de marzo, los representantes de BBVA mantuvieron encuentros al más alto nivel. Por ejemplo, con el gabinete del comisario de Energía, Wopke Hoesktra, para tratar cuestiones sobre fiscalidad internacional. En esa reunión estaban presentes también lobbistas de Telefónica, de Iberdrola y de Deloitte, el gigante de la consultoría. Pocos días después se reunían con Teresa Ribera, la española que dirige la Vicepresidencia primera de la Comisión, para conocer la Directiva Omnibus, de simplificación normativa para las empresas.

Más interesante es el gran encuentro en Bruselas del sector financiero español, y europeo, a principios de año con el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, semanas en las que Bruselas trabajaba en los planes de financiación para las inversiones militares, donde el sector bancario debe jugar un rol trascendental para canalizar esos fondos comunitarios y desde los presupuestos nacionales hacia los gigantes armamentísticos. Estaban presentes representantes del BBVA, La Caixa y Banco Santander, mano a mano con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), los holandeses ING y ABN Amro, Deutsche Bank o las grandes aseguradoras Axa y Allianz. Era un total de 20 grupos, la crème de la crème del sector financiero europeo.

Banco Santander dispuso en 2024 una cantidad ligeramente inferior a la de BBVA pero fue más dinámica en sus relaciones con representantes en Bruselas. Su equipo de cinco lobbistas, todos acreditados ante el Parlamento Europeo, mantuvo un total de 140 reuniones de alto nivel con funcionarios y políticos de la Comisión y, además, destinaron también unas decenas de miles de euros a estar representados por un gigante lobbista en la capital comunitaria como es la firma de relaciones públicas Fleishman-Hillard, que realiza importantes fichajes para su equipo entre periodistas del Financial Times, antiguos responsables del Gobierno italiano, del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo o entre la Comisión Europea.

Todos estos encuentros que las grandes empresas españolas mantienen en Bruselas se conocen gracias al registro de lobbies de la UE. En un contexto político español apremiado por los escándalos de la corrupción, la creación de uno semejante serviría para vigilar las influencias que reciben los representantes políticos durante el proceso legislativo. Igual que la UE, España debería introducir un régimen de sanciones para las compañías, organizaciones empresariales o asociaciones profesionales no registradas con su personal, impidiéndoles mantener encuentros con los políticos y funcionarios, y obligar bajo pena de sanciones a que los responsables públicos tuviesen que actualizar sus reuniones en un portal público para la ciudadanía.

Hace mes y medio estallaba dentro del Parlamento Europeo el enésimo escándalo de corrupción protagonizado por políticos de la burbuja comunitaria en Bruselas. Como había ocurrido en 2023 con el Qatargate, la policía belga irrumpía en varios despachos de eurodiputados y en algunas oficinas privadas de lobbistas para efectuar diferentes registros en relación con una investigación de presuntos sobornos ejecutados por la tecnológica Huawei.

Mes y medio después de esa operación, los precintos siguen colocados en esos despachos de la Eurocámara, ocho personas –entre ellas, algunos de los principales ejecutivos en Europa de la empresa china– están formalmente acusadas y la Comisión acaba de vetar las reuniones entre sus autoridades y funcionarios con lobbistas de Huawei. De la prohibición se librarán las firmas de representación y comunicación que tengan a la tecnológica como cliente. Y ahí está el quid de un problema que, al tiempo, revela la punta de un inmenso iceberg: el de los cerca de 24.000 lobbistas repartidos por Bruselas entre cientos de empresas, asociaciones y organizaciones.

Un enorme ecosistema de expertos en derecho, finanzas, comunicación de cualquier ámbito y sector susceptible de ser regulado. Hay oficinas de representación de los grandes bancos, de energéticas, de empresas tecnológicas, farmacéuticas o químicas, pero también lobbistas que trabajan a favor del transporte sostenible y la implementación de carriles bici en las ciudades o para legislar sobre los derechos LGTBI+. Pero, por encima de todas estas organizaciones, destacan las multinacionales, todas presentes en Bruselas para influir en las normas europeas a favor de sus intereses. 

160 grandes empresas y patronales gastaron entre febrero de 2024 y febrero de este año un total de 340 millones de euros en tratar de influir en los legisladores de las instituciones comunitarias. Esta partida aumentó un 13% respecto a un año antes y en un tercio si la comparamos con la de 2020, según un reciente estudio del Observatorio Corporativo Europeo (CEO, en sus siglas en inglés) y de LobbyControl.

Facebook e Instagram (a través de sus plataformas irlandesas de Meta), Microsoft, Amazon y Apple están en el ranking de los diez mayores lobbistas en Bruselas por gasto de sus oficinas. La partida de Google también es significativa. Las grandes tecnológicas estadounidenses destinan entre cinco y diez millones de euros anuales a esta actividad y todas cuentan con una amplia plantilla de trabajadores propios inscritos como lobbistas en el Registro de Transparencia de la UE, lo que les permite acceso libre al Parlamento Europeo y mantener decenas de reuniones con funcionarios comunitarios.

Según este registro oficial, los lobbistas del propietario de Meta, Mark Zuckerberg, mantuvieron 250 encuentros con trabajadores de la Comisión durante todo el año pasado, una cifra similar a los de Microsoft, mientras que los de Amazon y Apple se reunieron en torno a 150 ocasiones con altos funcionarios europeos. Fruto de estos esfuerzos, Facebook lanzó una campaña comunicativa llamada EUneedsAI (la UE necesita Inteligencia Artificial), que recogía una supuesta demanda del mundo empresarial a favor de reglas más laxas en la protección de datos. Casualidad o no, el informe del expresidente del BCE, Mario Draghi, señaló que esa nueva directiva y también las normas pioneras para la Inteligencia Artificial eran “barreras a la competitividad”.

Cuando en la legislatura pasada se aprobó esa directiva sobre la privacidad online, eurodiputados socialdemócratas, verdes, del grupo de izquierdas y hasta liberales denunciaron públicamente el acoso recibido en sus correos electrónicos oficiales mediante decenas de emails que pedían reducir la ambición de esas reglas, verdaderas cortapisas al uso que las empresas de Internet podían hacer con los datos de sus usuarios.

En paralelo, el sector bancario es el segundo que más gasta en lobby ante las instituciones de la UE. La asociación Finance for Europe, la patronal European Banking Federation y la Asociación de los Bancos Públicos alemanes desembolsaron todo el año pasado un total de 12 millones de euros y desplegaron por el barrio europeo de Bruselas a casi medio centenar de sus empleados. Bancos como el BBVA o el Santander tienen oficinas de representación y asuntos públicos cerca de la Comisión Europea, del Consejo y de embajadas como la española o la francesa, igual que el gigante galo BNP Paribas, el estadounidense Goldman Sachs, el británico HSBC o el suizo UBS.

Además de tecnológicas y sector financiero, las energéticas realizan un millonario esfuerzo de influencia en la legislación de la UE y, a juzgar por la nueva agenda desreguladora puesta en marcha por la segunda Comisión de la presidenta Von der Leyen, “están teniendo éxito”, según CEO y Lobby Control, que ponen como ejemplo “el reemplazo de las políticas verdes por la Clean Industrial Deal”, en referencia a las recientes normas aprobadas por Bruselas para aliviar la transición energética de las grandes industrias al rebajar sus obligaciones medioambientales.

La petrolera Shell gastó 4,5 millones de euros en actividades lobbísticas realizadas por un equipo de doce personas en Bruselas que mantuvieron 140 reuniones de alto nivel en las instituciones europeas. Rivales en el negocio del crudo, pero socias del cabildeo en la capital comunitaria, como la estadounidense ExxonMobil o la francesa TotalEnergies, dedicaron también más de tres millones de euros y decenas de encuentros a frenar la presión de las normas europeas sobre los grandes emisores de CO2 y gas metano.

En paralelo, y con los mismos objetivos, la asociación Fuels Europe invirtió una cantidad semejante en la actividad de sus quince lobbistas, que disponen de acreditación para entrar en el Parlamento Europeo y se vieron unas 60 veces con dirigentes y funcionarios de la Comisión. Hay otras organizaciones menos evidentes que también trabajan intensamente para reducir la ambición medioambiental de las normas comunitarias. Gigantes empresariales de las relaciones públicas como Rud Pedersen, presente en todas las capitales europeas, tienen treinta lobbistas acreditados ante el Parlamento y manejaron un presupuesto de siete millones de euros para “ser parte de la solución al cambio climático y a otros desafíos medioambientales”.

La clave de todo este ejercicio lobbista no son los maletines de dinero a eurodiputados por parte de empresas chinas o entes soberanos de Oriente Medio, sino las decenas de charlas bilaterales en torno a una mesa con un par de cafés o en los numerosos encuentros temáticos que cada día empresas, asociaciones sectoriales o think tanks celebran en Bruselas. Una labor legal y menos burda, al tiempo que prolífica y muy efectiva.

Los lobbies siguen moviéndose en la pura opacidad en España. Los tentáculos se extienden sin que entre de lleno la luz. Pero ese espacio de sombras empieza a tener los días contados. En la Cámara Baja ya se está tramitando el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés enviado por el Gobierno, que este martes supera previsiblemente una votación crucial.

El texto aprobado en enero por el Consejo de Ministros se enfrenta a la enmienda a la totalidad presentada por Vox. Fuentes socialistas trasladan su convicción de que tienen los apoyos para derrotar el intento de la ultraderecha de frenar el texto. En el PP no desvelan el sentido de su voto, pero ellos no han registrado enmienda a la totalidad, por lo que se interpreta como que no tratarán de devolver esta norma en este paso al Ejecutivo. De esta manera se actúa en dos frentes: con esta norma a nivel de la administración general, mientras que la propia institución del Congreso acaba de establecer su reglamento interno.

Esta ley está enmarcada dentro del plan de regeneración democrática lanzado por el Gobierno central y tiene como campo de acción la Administración General y el sector público institucional estatal con la idea de establecer, como se hace también a nivel europeo, una regulación de los grupos de interés “que permite concebirlos como uno más de los actores que, de forma legítima, responsable y transparente, ejercen una actividad de influencia en el diseño de las políticas y en la adopción de las decisiones públicas”, como indica la propia norma.

Será la primera vez que se regule a los lobbies en España y establece la propia definición de lo que son: “Personas físicas y jurídicas y las agrupaciones sin personalidad jurídica, incluidas las plataformas, foros, redes u otras formas de actividad colectiva, tanto si actúan por cuenta propia como ajena, con independencia de la forma que adopten o de su estatuto jurídico, y que lleven a cabo actividades de influencia sobre el personal público”.

La norma fija también lo que se considera una “actividad de influencia”: “Cualquier comunicación directa o indirecta realizada por un grupo de interés con el personal público, con la finalidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas o en los procesos de diseño y aplicación de políticas públicas y de elaboración de proyectos normativos, desarrollada a título individual o en nombre de una entidad o grupo organizado de carácter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de intereses de terceros, independientemente del lugar en el que se lleve a cabo y del canal o medio utilizado para ejercerla”.

La norma tiene como uno de sus puntos fuertes la creación de un registro para ejercer esa actividad, que será público, gratuito e interoperable con el de otras administraciones. Estará gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y los datos estarán disponibles y serán accesibles para todo el mundo a través del portal de la transparencia de la Administración General del Estado y del sitio web de la Oficina.

El proyecto de ley establece que la inscripción de estos lobbies será obligatoria y quienes no estén registrados no podrán ejercer actividades de influencia con el personal público. Además, en la solicitud de inscripción se indicará expresamente si las personas físicas que van a realizar actividades de influencia o los representantes de éstas han trabajado al servicio de la Administración del Estado o de cualquier entidad de su sector público institucional en los dos años previos al desarrollo de dichas actividades o a la inscripción del grupo de interés.

El registro, según consta en el texto que se estudia en el Congreso, incluirá la relación de las personas físicas y jurídicas que ejercen la actividad de influencia, así como su domicilio o sede social. También contará con la información financiera relativa al último ejercicio contable, indicando qué parte es imputable a la actividad de influencia. Otra información de relevancia será el detalle de las actuaciones desarrolladas por los grupos de interés, especialmente las reuniones y audiencias mantenidas con el personal público de influencia.

El proyecto de ley, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, establece un código de conducta con trece puntos de obligado cumplimiento para los lobbies. El primero de ellos fija: “Actuar conforme a los principios del ordenamiento jurídico de manera transparente, íntegra y honesta”. Se exige informar al personal público de los intereses que persigue el grupo y se rechaza ejercer “presión abusiva”. Asimismo, queda prohibido para los lobbistas ofrecer regalos, favores o servicios en condiciones ventajosas al personal público.

Otro de los grandes avances de la ley, si se aprueba, tiene que ver con lo que se conoce como la “huella normativa” a través del informe del departamento competente, donde se hará constar la identidad del personal público que haya mantenido contacto con dichos grupos, así como el conjunto de aportaciones y observaciones formuladas por ellos, bien en términos literales, bien, cuando su volumen no lo permita, mediante la incorporación de una síntesis de las mismas que, en cada caso, deberá elaborar y aportar el grupo de interés. Se tendrán las reuniones y las fechas de las mismas.

La norma también contiene infracciones tipificadas en un régimen sancionador. Las consideradas como “muy graves” conllevarán  la cancelación de la inscripción en el registro y la prohibición de volver a solicitar la actividad en un periodo máximo de dos años. Las graves supondrán retirar el permiso entre tres y seis meses, mientras que las leves conllevarán un apercibimiento.

Hasta la noche del lunes estuvieron negociando el PSOE y Sumar dentro del Gobierno para llegar a un acuerdo. Intercambiando papeles, afinando conceptos, buscando puntos de acuerdo. Y el documento del plan de regeneración democrática logró ver la luz este martes tras semanas de conversaciones principalmente entre los ministros de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y de Cultura, Ernest Urtasun.

En las dos partes eran conscientes de la expectación mediática y entre los grupos parlamentarios. Pero, además, lo acordado supone una “hoja de ruta”, como dicen dentro del Gobierno, de la propia coalición para la legislatura. Las 31 medidas tendrán que ver la luz, según sus cálculos, durante estos tres años y serán una de las grandes banderas que enarbolarán los socios, después del periodo de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En el Gobierno sostienen que no se pueden quedar sólo en denunciar la “máquina del fango” sino que se tienen que tomar medidas valientes en medio de un debate que no sólo afecta a España sino que está instalado en la mayoría de las democracias del entorno. Y después del ciclo electoral, sostienen los socialistas y especialmente los miembros de Sumar, el Ejecutivo progresista debe materializar proyectos que calen entre su propio electorado. No se trata sólo de resistir.

Por ahora, el documento es una planificación de intenciones que se tendrá que enfrentar al debate parlamentario y a la aprobación de los socios de investidura. El Gobierno sigue presionando al PP, entendiendo que debería ser coherente con el voto afirmativo que dio al reglamento europeo de medios de comunicación que sirve de base para el plan español. Pero muchos en el Ejecutivo ven casi imposible que los populares terminen accediendo a aprobar las medidas y señalan como termómetro el anuncio de Génova 13 de que ni siquiera dará su voto a favor de Teresa Ribera en el Parlamento Europeo para su puesto como vicepresidenta para la Transición Justa y responsable de la todopoderosa cartera de Competencia en la Comisión Europea, a pesar de que la popular Ursula Von der Leyen la haya puesto en uno de los puestos clave en Bruselas.

Los socialistas y Sumar esperan, en cambio, poder sacar las medidas (cada una se irá desarrollando a su tiempo, no se trata de un paquete incluido en una única iniciativa legislativa) con los socios de investidura. De hecho, algunas de ellas son propuestas que llevan reivindicando partidos como el PNV, en el caso de la reforma de la ley de secretos oficiales (la actual se aprobó durante la dictadura franquista). Además, no se trata de un plan intocable sino que fuentes del Gobierno explican que podría incluir aportaciones de los grupos (se mira especialmente a la reforma de la ley mordaza, donde por el momento sólo se incluye eliminar las sanciones por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).

Una de las principales miradas está puesta sobre los medios de comunicación: el ecosistema actual ha superado un marco regulatorio en muchos aspectos desfasado. En el Gobierno se afanan en explicar que se basa en lo acordado en la Unión Europea para fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad en un momento donde muchas veces campan a sus anchas los bulos y las fake news. En este sentido, una de las principales novedades será la creación de un registro de medios de comunicación con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben. Se articulará como organismo independiente a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, se obligará a las administraciones públicas a que publiquen su inversión publicitaria (actualmente hay un absoluto descontrol y no hay cifras oficiales de cómo se reparte ese dinero público).

Todo ello acompañado por una reforma de la ley de publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación de asignación. El Ejecutivo prevé en este eje una reforma de la ley para garantizar sistemas de medición de audiencia. A la vez, se pondrá en marcha una Estrategia Nacional de lucha contra la desinformación y se marcarán límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación.

De esta manera, se quiere luchar principalmente con la aparición de “pseudomedios” o “panfletos”, como suelen señalar dentro del Gobierno, que viven especialmente de campañas de administraciones públicas dominadas por el Partido Popular. En el epicentro siempre está el ecosistema nacido alrededor de las instituciones madrileñas. Además, el Gobierno va a aprobar la transposición de la directiva anti SLAPP para la protección de periodistas de acosos externos y se va a revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios, siguiendo la senda que marca el reglamento europeo. Un ministro del núcleo duro de La Moncloa hace esta reflexión tras el plan: "Es superescrupuloso. No es un ataque a la libertad de información. Nadie dice que se persiga la línea editorial".

Uno de los puntos del plan que más interés ha suscitado es el que dice lo siguiente: “Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal”.

Preguntado Bolaños tras el Consejo de Ministros sobre si esto supone despenalizar las injurias a la Corona y si estaba de acuerdo, el ministro no lo lo negó pero tampoco lo quiso explicitar: "Lo que será realmente importante será el proyecto de ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando así lo hagamos y, luego, contar con apoyos parlamentarios suficientes para modificar el Código Penal en este caso". En una entrevista con infoLibre, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, desvela que el PSOE no ha querido explicitar la palabra Corona, pero que no hay duda de que se derogará el delito de injurias por el redactado acordado. "Es medieval", sostiene el político de Sumar.

En Sumar hacen referencia a sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2011 y 2018 (esta última sobre la quema de fotos del rey). A la vez que subrayan los de Yolanda Díaz que en otra sentencia del TEDH de 8 de junio de 2023 se dictamina que la libertad de expresión “no se aplica solo a información o ideas que se perciben como inofensivas”, sino también a las que “ofenden, crean impacto o perturbación al Estado o a cualquier sector de la sociedad”.

El plan presentado también tiene un potente lado de cara al sistema electoral con la idea de reformar la LOREG para hacer obligatorios los debates electorales y para tener que publicar los microdatos de las encuestas, algo que hasta ahora hacen pocas casas de encuestas. Asimismo, se pretende fijar una reforma del reglamento del Congreso para que se tenga que celebrar cada año el debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno pretende también buscar apoyos para reformas de las leyes orgánicas del derecho al honor y a la rectificación, fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten correctamente sus cuentas y aprobar una ley de lobbies (con código de conducta para los grupos de interés y para vigilar el proceso parlamentario) y otra sobre gobierno abierto (que endurecerá lo controles sobre cargos públicos en temas de conflicto de interés). Lo que sí se han quedado fuera son reformas judiciales, que sí puso sobre la mesa Sumar, pero que el PSOE, según fuentes gubernamentales, descartó después de haber pactado con el PP el Consejo General del Poder Judicial.

El plan de Sánchez, con un viso temporal de tres años, marca también la idea que lleva transmitiendo el Ejecutivo de que quiere agotar la legislatura a pesar de la difícil situación en el Congreso de los Diputados. Los números se ponen a prueba de manera más vibrante durante este nuevo período de sesiones con la vista puesta en el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado. Y con un examen apenas en dos semanas de mucha altura: la senda de déficit para las administraciones públicas. Por el momento no parece fácil, Podemos ya ha avanzado que no le gusta la letra.

Bruselas (Bélgica) - “Esta sustancia es una auténtica porquería. La prohibición debería haber sido fácil”, dice una fuente europea algo desilusionada. “Ha habido una presión intensa y muy eficaz contra la prohibición”, añade otro funcionario. La sustancia, cianamida cálcica, es un componente del fertilizante químico más antiguo de Europa, comercializado desde 1918 con el nombre de Perlka por la empresa alemana Alzchem.

Las explotaciones agrícolas lo utilizan para aumentar la producción de patata, colza y maíz. Cada año se aplican a unas 230.000 hectáreas de tierras europeas 53.000 toneladas de este abono. Además de fertilizante, Perlka tiene propiedades insecticidas y fungicidas. Como tal, es muy apreciado por los partidarios de la agricultura intensiva.

Desde hace varios años, el fertilizante está en el punto de mira de las autoridades europeas. En 2016, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios y Medioambientales advirtió de los peligros potenciales de la cianamida cálcica para la salud humana y el medio ambiente: el fertilizante penetra en los suelos o se mezcla con el agua y es tóxico para los organismos vivos.

La Comisión Europea estaba preocupada y en 2017 pidió a la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) que preparara un expediente para “restringir” la sustancia, ya que el riesgo se consideraba inaceptable. Al mismo tiempo, el Comité de Biocidas concluyó en 2019 que la cianamida es un disruptor endocrino.

En junio de 2021, a pesar de los dictámenes disonantes de sus dos comités de expertos, uno de los cuales cuestionaba la proporcionalidad de una prohibición, ECHA propuso a la Comisión Europea que prohibiera la producción de cianamida cálcica para uso agrícola. Pero las intensas presiones de Alzchem dieron la vuelta a la situación.

Ya en 2020, Alzchem empezó a organizar la defensa de su producto. Documentos obtenidos por la ONG Corporate Europe Observatory, consultados por Mediapart, muestran algunos de los esfuerzos realizados por la empresa para evitar la prohibición de su producto estrella. El 16 de julio, el bufete de abogados Jones Day, por encargo de Alzchem, envió una carta detallada a la Comisión denunciando un procedimiento “jurídicamente erróneo”. Según ellos, Perlka nunca ha suscitado preocupación en cuanto a su nocividad. En cuanto a los efectos sobre el sistema endocrino, el bufete esgrime un argumento técnico: la ECHA no debería haberlos tenido en cuenta porque los “riesgos para la salud humana” están “fuera del ámbito del procedimiento de restricción”.

El 30 de junio de 2021, Alzchem envió un email a la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea señalando los efectos negativos de una prohibición sobre el empleo y los rendimientos agrícolas. Un mes después, la consultora EU Top, de la que Alzchem es cliente, volvió a la carga. En un email fechado el 15 de julio, “tras una conversación telefónica” con un funcionario de esa dirección, los consultores afirmaban que “la Comisión Europea no debería seguir adelante con la restricción” e hicieron las siguientes sugerencias a los funcionarios: "Podrían simplemente no presentar una propuesta formal. Podrían dejarla al final de su lista de tareas pendientes”. Eso fue exactamente lo que ocurrió.

Para decidir una prohibición de este tipo, la Comisión está obligada a consultar a los representantes de los Estados miembros reunidos en el comité Reach, que recibe su nombre del reglamento sobre sustancias químicas. Varios documentos muestran que el Ejecutivo europeo tenía previsto someter esta propuesta a votación en el comité el 14 de diciembre de 2022. Pero la votación nunca tuvo lugar.

Por su parte, Alzchem redobló sus esfuerzos de presión. El 20 de julio de 2022, la empresa alemana solicitó una reunión con funcionarios de la Comisión. La empresa expresó su “gran preocupación” ante la perspectiva de una posible votación en comisión. El 16 de septiembre, escribió de nuevo a la Comisión Europea, proponiendo alternativas basadas en “buenas prácticas agrícolas”, como no fumigar en zonas tampón cerca de cursos de agua o no aplicar fertilizantes en campos en pendiente. Como señala Vicky Cann, de Corporate Europe Observatory, “pedir que una restricción se sustituya por medidas voluntarias, que además son muy débiles, es una típica estrategia de lobby utilizada por las empresas químicas”. La reunión tuvo lugar el 4 de octubre. Alzchem presentó sus argumentos sobre las alternativas que sustituirían a Perlka y que podrían “aumentar las emisiones de nitrógeno”.

La cuestión se debatió entonces a nivel político, en 2023, el año del giro gradual de la Comisión Europea sobre su propio Pacto Verde, sobre todo en lo que se refiere a la agricultura. Alzchem prosiguió su campaña de presión y llegó a reunirse con eurodiputados alemanes como Norbert Lins y Christine Schneider (Partido Popular Europeo) y Maria Noichl (Socialistas y Demócratas).

Tatiana Santos, de la ONG Oficina Europea del Medio Ambiente, denuncia “cuatro años de inacción de la Comisión Europea, de la que se desprenden importantes riesgos para la salud”. Aunque está en el limbo, el expediente de restricción no ha desaparecido y podría resurgir en cualquier momento. Sigue siendo una amenaza para Alzchem, a la que le gustaría mucho que el ejecutivo europeo lo eliminara. Contactada por Mediapart, la portavoz de la empresa confirma que, en opinión de su compañía, la prohibición “es inapropiada, desproporcionada e infundada”.

El 9 de agosto de 2023, el Sindicato alemán de Trabajadores de la Química y Alzchem escribieron al Comisario Europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, para expresarle su preocupación por este procedimiento de restricción. Señalan el impacto de una prohibición en la agricultura, pero también en otros sectores industriales que utilizan cianamida cálcica, por ejemplo en la producción de metformina para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. “Somos el único productor de estas sustancias fuera de China», escribe la portavoz de Alzchem. “Eso representó una ventaja considerable durante la pandemia. El contexto socioeconómico ha cambiado desde 2020.”

Pero es sobre todo el sector de la defensa el que llama la atención. Los derivados de la cianamida cálcica se utilizan para producir nitroguanidina (o picrita), un componente explosivo utilizado como propulsor de los airbags y de uso común en la industria de defensa. “El argumento de Alzchem es que la restricción repercutiría en la producción de defensa, pero esto no tiene sentido porque la prohibición sólo está prevista para usos agrícolas”, afirma nuestra fuente europea. “Sin embargo, parece que el argumento de la 'defensa' y las manifestaciones de los agricultores han convencido a Ursula von der Leyen y Thierry Breton para que no actúen”. El 15 de marzo de 2024, el grupo Alzchem anunció que había obtenido 34 millones de euros de ayuda de la Comisión Europea para aumentar la producción de nitroguanidina gracias al “acto de apoyo a la producción de municiones”.

La Comisión Europea, por su parte, está “buscando la mejor manera de avanzar”, entre la “protección de la salud humana y el medio ambiente” y las “consecuencias socioeconómicas de una prohibición”, afirma Johanna Bernsel, portavoz de la Comisión Europea, que promete una decisión “en un futuro próximo”.

Traducción de Miguel López

La corrupción es una grieta que puede llegar a ser significativa para democracias y economías. De hecho, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado este año por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. En ese contexto, en el informe rotulado como Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024, elaborado por la Dirección de Gobernanza Pública de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), se han analizado los esfuerzos de las naciones de esa órbita para batallar contra ella y, en el caso concreto de España, se puede concluir que presenta fortalezas y debilidades.

Si bien la mayoría de los Estados de la esfera de la OCDE han adoptado un enfoque estratégico sobre la integridad y la lucha contra la corrupción, lo que permite a los gobiernos “identificar desafíos, establecer prioridades y objetivos, definir acciones específicas para lograr los resultados deseados”, fijar “responsabilidades”, así como “facilitar la implementación efectiva a través de procesos de monitoreo y evaluación basados en indicadores para medir el éxito”; no es el caso de España, que carece de él. Con lo que tampoco se puede medir el nivel de ejecución de las acciones previstas en esta materia, que es de media de un 67%, entre los territorios que cuentan con esa baza.

De lo que sí dispone España, y así se refleja en el documento consultado por Infolibre, es de “directrices sobre prevención del fraude y la corrupción como parte de los procesos de control interno”. El 70% de los países diseccionados las ha publicado y el 71%, entre ellos España, aborda explícitamente estos riesgos en su marco de gestión de peligros.

Con todo, la OCDE avisa de que la auditoría interna “sigue siendo un instrumento de gobernanza subutilizado contra la corrupción” y de que algunos estados no extienden la cobertura de ésta “al presupuesto público completo”. De nuevo, España está en el bloque de los que no recoge “los datos necesarios para poder evaluar” ese aspecto de la lucha contra el fraude, junto a Australia, Austria, Dinamarca, Estonia, Japón y Luxemburgo.

Otro de los conceptos ligados a la corrupción sobre el que se ha puesto la lupa es el cabildeo o lobbying. “Una actividad cada vez más compleja”, advierten en el informe, con riesgos y operadores cambiantes. “Entre los que buscan influir en la formulación de políticas se incluyen ahora asociaciones comerciales e industriales, ONG, grupos consultivos y de expertos, grupos de enlace parlamentario, instituciones académicas y centros de pensamiento…”, se enumera. Y se añade que “el cabildeo es una de las áreas de integridad pública más sub reguladas en los estados miembros de la OCDE”. De hecho, sólo 11 países cuentan con un código de conducta que regulariza las interacciones entre funcionarios públicos y lobbystas, “respaldado por ejemplos prácticos de comportamientos y situaciones de riesgo o indeseables”. “Esto significa -se apostilla- que es posible que los países restantes no estén estableciendo las normas a las que los grupos de interés o cabildeo deben adherirse lo más claramente posible, dejando las políticas y la toma de decisiones abiertas a prácticas e influencias indeseables por parte de grupos”. España no tiene definiciones ni para los grupos de interés o sus miembros ni para las sanciones a imponerse.

En comparación con lo que sucede con el lobbying, la mayoría de los países de la OCDE poseen normas estrictas para prevenir y gestionar los conflictos de intereses, la financiación política y el acceso a la información. Por ejemplo, se han desarrollado normativas para marcar circunstancias y relaciones que puedan dar lugar a situaciones de conflicto de intereses para los funcionarios públicos, o la obligación de los miembros del Gobierno o de los Parlamentos de presentar una declaración de intereses, como mínimo al entrar en el cargo y si se produce una renovación o un cambio de lugar. En promedio, los estados de la OCDE “cumplen con el 76% de los criterios de regulación” y, en este apartado, España supera en algo esa media y, sobre todo, más que dobla el 40% de la ejecución práctica promedio. Además, se encuentra entre los sólo ocho territorios que “verificaron al menos el 60% de las declaraciones de activos e intereses en los últimos dos años”.

No está tan controladas, en cambio, las llamadas “puertas giratorias”, un fenómeno que “puede dar lugar a conflictos de intereses entre los titulares de cargos públicos, con una influencia indebida en la elaboración de políticas públicas y ventajas comerciales injustas”, se alerta. La OCDE incluye a España entre los estados que “tienen períodos de reflexión obligatorios para los funcionarios públicos” que dejan sus puestos, pero también entre los que no hace seguimiento de los movimientos de ministros o altos funcionarios “en sectores” laborales que “antes regulaban”, cuando ocupaban el sillón público. Es decir, quedan deberes por hacer en relación a esta práctica.

Sí se está en la parte alta de la tabla comparativa en lo que respecta a la financiación de los partidos, ya que España forma parte de las naciones en las que se ha prohibido las donaciones anónimas, las contribuciones financieras de estados y empresas extranjeras y de las empresas de propiedad pública a aquéllos. Junto a esto, existe un órgano de supervisión independiente para desentrañar las finanzas partidarias como es el Tribunal de Cuentas.

Y la apertura de datos es otro aspecto en el que se destaca. A la cabeza de la transparencia están 17 países en los que se requiere que la información sea accesible por defecto, como sucede en España, respecto de la información gubernamental. Asimismo, la normativa vigente determina que “toda persona tiene derecho de acceso a la información pública, lista de conjuntos de datos e información que deba divulgarse”, subrayan en el trabajo de la Dirección de Gobernanza Pública. Lo que no significa que no falte trabajo por hacer o sinergias que mejorar entre los múltiples portales de las administraciones públicas que están operativos, como ha indicado ya la Oficina Independente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

Más allá de los escenarios poliédricos y diferenciados por grupos de países, en el informe se anota que se han detectado deficiencias comunes como la necesidad de acometer los riesgos emergentes de corrupción “relacionados con la transición verde” o la conveniencia de “incorporar urgentemente consideraciones sobre injerencia extranjera”, entendida como tal, en términos generales, “el intento de influir indebida y negativamente en el sistema político, la economía, la sociedad, el medio ambiente o el espacio de información de los estados objetivo por parte de agentes extranjeros”. En ese punto, se sostiene que “con el aumento de las tensiones geopolíticas, las potencias extranjeras buscan cada vez más formas de interferir en los procesos de toma de decisiones públicas de los países de la OCDE y sus socios y en los debates públicos más amplios de las democracias”. De ahí que se inste a “mejorar su comprensión de los riesgos” que esto conlleva y, en particular, “de cómo la eficacia de sus marcos de integridad puede influir en esos riesgos”.

De igual manera, desde la OCDE se recomienda a los miembros de ese entorno “aprovechar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave contra la corrupción”, dado que, en la actualidad no se puede obviar que ésta puede utilizarse como arma para "influir en el debate político y en la formulación de políticas públicas". Ello, sin olvidar que “ajustar las políticas y prácticas de cabildeo (lobbying), conflictos de intereses y las políticas y prácticas de financiamiento político es crucial para salvaguardar la prosperidad y los sistemas democráticos de los países de la OCDE”, se recalca en el documento desgranado.

La reprobación muda y no seguir dando pasos hacia adelante no parece ser el camino por andar, sobre todo cuando, como apuntan los técnicos de Hacienda José María Mollinedo y Carlos Cruzado, en el libro Los ricos no pagan IRPF, otro informe que combinó las estimaciones de economía sumergida y el Índice de Percepción de la Corrupción "encontró una alta correlación entre la corrupción y la economía sumergida": cuanta más de una, más de otra.

"La corrupción y el blanqueo no nos pueden dejar indiferentes", defienden los autores, porque los ciudadanos soportan la primera dos veces: "Una cuando pagamos impuestos que después son desviados en interés particular y otra cuando las empresas incluyen en el precio de venta los sobornos pagados a gobiernos, partidos políticos u otras empresas", cierran.

El PSOE y Sumar quieren que se apliquen sanciones contra los diputados que incumplen el Reglamento del Congreso o bien el Código de Conducta de las Cortes Generales actuando, por ejemplo, contra quienes falseen sus declaraciones de bienes, actividades o intereses, o contra quienes no den cuenta de sus reuniones con grupos de interés en sus agendas.

Así lo plantean las dos formaciones que integran el Gobierno de coalición en los escritos que han registrado con sus sugerencias al borrador del Plan de Gobierno abierto del Congreso elaborado por la Secretaría General de la Cámara Baja, según informa Europa Press.

La Mesa del Congreso pidió a los grupos que realizaran aportaciones para la puesta en marcha de ese plan a partir del documento redactado por los servicios jurídicos, lo que sólo han hecho los tres grupos que integran el órgano de gobierno de la institución: PP, PSOE y Sumar.

Según se desprende de estas propuestas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas, en consonancia con los esbozado por el presidente Pedro Sánchez cuando presentó sus medidas de regeneración ante el Pleno de la Cámara, quieren "establecer un régimen de sanciones por incumplimiento de los deberes parlamentarios".

Estas sanciones, añaden, no deberían abarcar sólo a infracciones relacionadas con la relación con los grupos de interés, "sino con cualquier otro deber establecido en el Reglamento". En las normas de la Cámara se fijan como deberes de sus señorías, entre otras cosas, acudir a los Plenos y comisiones, respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentarias, no aprovecharse de su condición para actividades económicas o profesionales.

Y el Reglamento prevé que la Mesa puede privar a los parlamentarios de todos o algunos de sus derechos (como el voto o el sueldo) si no asiste de forma reiterada a los plenos o comisiones o difunde información secreta. También puede prohibírsele la asistencia a una o dos sesiones o acordarse una suspensión temporal de su condición de diputado, en determinados casos.

En concreto, en su escrito, el PSOE habla de "no dejar impunes actuaciones como no desvelar datos o falsearlos en las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos" que deben rellenar todas sus señorías al tomar posesión de sus escaños. Además, el PSOE sugiere que se mantengan en la web del Congreso las declaraciones de bienes de los diputados cuando dejan de serlo.

Sumar pone más el foco en las sanciones de diputados que no publiquen sus reuniones con 'lobbies' en sus agendas institucionales que figuran en sus fichas parlamentarias de la web del Congreso. En la actualidad, la inmensa mayoría de quienes ocupan escaño no detallan esa información en la página oficial de la Cámara.

El PSOE y Sumar también insiste en urgencia de regular el papel parlamentario de los 'lobbies'. "Se trata de regular una serie de obligaciones claras que permitan conciliar la actividad de influencia en el Congreso la necesaria transparencia que es exigible en la vida pública", aducen los socialistas.

Además, el PSOE, PP y Sumar son partidarios de que el Congreso publique, para que la ciudadanía pueda consultarla, lo que se conoce como 'huella legislativa' o 'normativa', es decir todos los cambios que sufre una iniciativa legislativa durante su tramitación, incluidas las aportaciones realizadas por los distintos grupos de interés o 'lobbies'.

Los tres coinciden en la necesidad de introducir esa 'huella normativa' para que la ciudadanía pueda conocer qué entidades han colaborado en la tramitación y tenga acceso de forma clara y sencilla a toda la documentación que han aportado durante la tramitación.

Por su parte, el PP en aras de profundizar en la transparencia pide agilizar la publicación de los Diarios de Sesiones. Los de los Plenos ahora ya no se publican al día siguiente de su celebración y tardan días porque hay que traducir las intervenciones que se realizan en lenguas cooficiales.

También aconsejan publicar en un lugar más visible de la web las actas de la Mesa del Congreso, los dossieres de documentación complementaria de de todas las iniciativas legislativas, y que en el apartado de iniciativas aprobadas figuren también las mociones y las proposiciones no de ley.

Asimismo, el partido mayoritario plantea regular la comparecencia anual de quien ocupe el Ministerio de la Presidencia para dar cuenta del Plan Anual Normativo y la remisión trimestral por parte del Gobierno de un informe sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones o mandatos de orientación política aprobados por el Pleno y las comisiones. También Sumar pide mejorar la rendición de cuentas sobre este último aspecto.