El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha absuelto a los miembros de la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía, y que supuestamente contravenían las órdenes del tribunal, según informa Europa Press.

En la sentencia los magistrados toman la decisión por mayoría al considerar que sus actos no supusieron ningún delito, y el fallo cuenta con el voto particular de una magistrada que sí considera que desobedecieron al Tribunal Constitucional.

Torrent y los exmiembros de la Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado fueron juzgados entre el 5 y el 7 de octubre y Costa, que es abogado y se defendía a sí mismo, decidió irse de la sala después de que los magistrados rechazaron su petición de anular la causa —lo ratifican en la sentencia—, y también declinó que en su lugar se le adjudicara un abogado de oficio.

Los jueces razonan que el delito de desobediencia tiene un componente omisivo (no cumplir una orden), "sin dejar de ser omisivo cuando el sujeto activo hace algo diferente a lo ordenado", que debe ser un mandato específico, claro y concreto basado en resoluciones judiciales u órdenes de una autoridad superior.

En cambio, la magistrada, que con su voto particular defiende una condena por desobediencia, argumenta que la comisión de este delito "por acción o por omisión dependerá del sentido de la orden o del mandato contenidos en la parte dispositiva de la resolución" que se esté desoyendo.

"Si se trata de una orden de hacer, el delito se cometerá omitiendo la conducta exigida, y si se trata de una prohibición o de una orden de no hacer, se cometerá llevándola a cabo, en contra de lo prohibido", razona en contra de la mayoría de la sala.

En el caso de la Mesa de Torrent los magistrados tenían que dirimir si su acción de admitir a trámite resoluciones parlamentarias sobre la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía contravenían sentencias y provisiones del TC: a raíz de las pruebas en el juicio, creen que "no se negaron abiertamente" a cumplirlas.

Señalan que el TC declaró inconstitucional ejercer la autodeterminación de manera unilateral, pero reconoce el derecho a defender públicamente cualquier opción política, de manera que "lo que decide el TC no es, pues, que no se pueda debatir o hablar de autodeterminación o abordar esta cuestión por parte de las asambleas legislativas, sino únicamente solo que no se haga referencia a la autodeterminación cuando se pretende ejercerla, materializándola, de forma unilateral".

Además, los magistrados que los han absuelto consideran que, al valorar si tramitar las resoluciones contradecía al TC, "la interpretación seguida por los cuatro acusados fue la misma interpretación que hicieron el secretario general y el letrado mayor del Parlament, que acabaron aconsejando que se tomaran los acuerdos de admisión a trámite" de las propuestas de resolución enjuiciadas y tomaron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Los acusados argumentaron que no se les podía juzgar por estos hechos apelando al principio de inviolabilidad parlamentaria, pero el tribunal lo descarta y también confirman que Vox podía ser acusación popular en la causa, al contrario de lo que sostenían las defensas.

El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha archivado provisionalmente la investigación por el espionaje con el software Pegasus al conseller Roger Torrent y al concejal de ERC Ernest Maragall.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el juez ha dictado este archivo provisional a la espera de que Israel responda a la comisión rogatoria para esclarecer el espionaje.

El juez esperaba esta información de Israel desde hace más de un año y medio, cuando hizo el requerimiento para investigar el caso que involucra a la empresa israelí NSO.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, por presunta desobediencia grave, según un auto recogido por Europa Press. La causa judicial afecta a Torrent y a tres exmiembros independentistas de la Mesa de la Cámara catalana, que presuntamente desobedecieron al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista -una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al rey-.

El TJSC también ha decretado la apertura del juicio oral para los exmiembros de la Mesa del Parlament Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.

La magistrada ha ordenado dar traslado del auto a los acusados a través de su representación procesal, para que puedan presentar un escrito de defensa en un plazo de 10 días. Ha afirmado que los indicios contra ellos han quedado confirmados en sede de apelación, con lo que queda "excluida la procedencia de un sobreseimiento en este momento".

Según recoge el auto, la Fiscalía considera que Torrent, Campdepadrós, Costa y Delgado, "siendo conocedores del contenido y los apercibimientos incluidos en las providencias del Tribunal Constitucional del 10 y 16 de octubre, y a pesar de la oposición del resto de los miembros de la Mesa", aceptaron el 22 octubre de 2019 tramitar una resolución sobre la Monarquía y el derecho a la autodeterminación. Planteada la reconsideración de la decisión de la Mesa por otros de sus miembros sobre la resolución, fue rechazada con los votos de Torrent, Costa y Campdepadrós en la sesión de la Mesa del 29 de octubre, en la que "ratificaron" la admisión a trámite de los textos.

También el 29 de octubre, Torrent, Campdepadrós y Costa admitieron a trámite una propuesta de la CUP que expresaba la "voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán". Así pues, Torrent "sabiendo que el Tribunal Constitucional acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción", la tarde del 11 de noviembre decidió modificar la hora de inicio del Pleno señalado para el día 12, pasándolo de las 15 horas de la tarde a las 9 horas de la mañana.

El mismo día 12, a petición de 50 diputados de los grupos parlamentarios mayoritarios, se modificó el orden del día para que el punto sexto de la moción presentada por la CUP pasara a ser el primer punto del orden del día. Esta moción fue sometida a votación y aprobada por el Pleno, sin haberse solicitado ningún informe a los servicios jurídicos, tal y como habían interesado otros grupos parlamentarios.

Torrent ha calificado de "escandaloso" que le juzguen por permitir debates en la Cámara catalana sobre monarquía y autodeterminación. Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles después de conocer la decisión del TSJC.

"Hoy nos llevan a juicio por defender la libertad de expresión y el derecho a la iniciativa parlamentaria. Querían que la Mesa se convirtiese en un órgano censor", ha lamentado Torrent, que considera que la autodeterminación y la monarquía son debates presentes en la sociedad y que se deben poder tratar en el Parlament.

Ha criticado que "la misma Fiscalía que archiva las actuaciones del rey emérito" sea la que le pida a él y a los exmiembros independentistas de la Mesa 20 meses de prisión por haber permitido el debate sobre la monarquía y la autodeterminación. El expresidente de la Cámara catalana ha explicado que afrontarán el juicio con tranquilidad e irán a defender "que en el Parlament se debe poder hablar de todo".

Considera que no se les juzgará por el debate que permitieron, ya que, según él, en otros parlamentos del Estado se han planteado debates similares sin consecuencias jurídicas: "Lo que molesta es que pensemos lo que pensamos y que el Parlament se pronuncie políticamente en la línea de lo que quiere la ciudadanía".

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido condenar al conseller Roger Torrent a un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por presunta desobediencia cuando presidía la Mesa del Parlament en 2019. El escrito de acusación, consultado por Europa Press, reclama la misma condena para el exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero Josep Costa, y para la entonces secretaria cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, pide 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Según la Fiscalía, los miembros independentistas de la Mesa que presidía Torrent tramitaron propuestas de resolución supuestamente a sabiendas de que suponían desoír varios autos y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que anteriormente ya habían anulado resoluciones del Parlament relacionadas con el proceso independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey.

La Fiscalía asegura que el TC había comunicado estas sentencias anteriores "individual y personalmente a todos los miembros de la Mesa" junto con un aviso de su obligación de paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que fue a contra estas decisiones judiciales.

Unos días después de que el tribunal enviara estos avisos, el 22 de octubre de 2019 Junts, ERC y la CUP registraron una propuesta de resolución que reprobaba a la monarquía y defendía el derecho a la autodeterminación a raíz de la sentencia del 1-O.

La acusación pública sostiene que los miembros independentistas aceptaron esta propuesta de resolución a pesar de que conocían los avisos del TC y "a pesar de la oposición del resto de miembros de la Mesa y de los expresos apercibimientos del secretario general del Parlament y del letrado mayor" sobre que el texto podía contravenir los autos del tribunal.

El escrito de acusación recuerda que otros miembros de la Mesa pidieron reconsiderar la aceptación de la propuesta de resolución pero que Torrent usó su voto de calidad para admitirla.

Tras esta decisión, el TC, a instancias de la Abogacía del Estado, suspendió la admisión a trámite que había acordado a la Mesa y volvió a advertir tanto a los miembros de la Mesa como al secretario general del Parlament de su deber de evitar acciones que supusieran eludir las órdenes del TC.

Al recibir el aviso, el secretario general paralizó el trámite de los apartados de la resolución que podían entrar en conflicto con los autos del tribunal, y no se incluyeron en el orden del día del pleno que estaba previsto para el 12 de noviembre.

Unos días después de esta acción del secretario general, la CUP registró una moción que también hacía referencia a la autodeterminación y Torrent, Costa y Campdepadrós la aceptaron a trámite a pesar de que el resto de miembros de la Mesa se opusieron y a pesar de "la advertencia expresa del secretario general del Parlament sobre las dudas de entrar en contradicción" con el TC.

La Fiscalía señala que el 5 de noviembre los cuatro acusados desestimaron las peticiones de reconsideración que PP, PSC y Cs hicieron ante la admisión de la moción de la CUP, y la incluyeron de nuevo en el orden del día del pleno del 12 de noviembre.

Tres días de esta decisión la Abogacía del Estado volvió a pedir al TC que anulara los acuerdos de la Mesa en ateniendo a la sentencia que había dictado anteriormente, tras lo que el tribunal envió una nueva advertencia a la Cámara.

La acusación sostiene que Torrent, "sabiendo que el TC acordaría de forma inmediata la suspensión de la tramitación de la moción", la tarde antes del pleno lo adelantó de hora -de las 15 a las 9 horas- y al inicio del pleno se incluyó la moción en el orden del día a petición de 50 diputados.

El día 12, la moción se votó y se aprobó en el pleno "sin haberse solicitado ningún informe a los servicios jurídicos, tal y como habían interesado otros grupos parlamentarios".

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha dicho en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como investigado por presunta desobediencia cuando presidía el Parlament que los letrados de la Cámara no recomendaron a la Mesa parar la tramitación de las resoluciones independentistas que ahora se investigan por supuesta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), según informa Europa Press.

"Los servicios jurídicos nos hacían notar la existencia de las resoluciones del TC pero a la vez las tachaba de vagas, y en ningún momento recomendaban la paralización", ha dicho Torrent en declaraciones a los medios al explicar su declaración ante el tribunal. A su parecer, "no hay ninguna resolución del TC que prohíba los debates parlamentarios", y ha mantenido que la Mesa de la Cámara debe garantizar el debate parlamentario. 

En esta causa, el TSJC investiga a exmiembros de la Mesa del Parlament por presuntamente desobedecer al TC al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista, en concreto una contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación y otra que "reiteraba la reprobación" al Rey.

Torrent solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, y ha calificado la causa como "un procedimiento injusto que no de tendría que haberse producido nunca". Ha sostenido que "lo que ha hecho la Mesa del Parlament, tanto en la época de Carme Forcadell como la legislatura pasada, ha sido siempre velar por la libertad de expresión de los diputados", y ha avisado de que una eventual condena supondría un precedente nefasto desde el punto de vista democrático y una vulneración de la inviolabilidad parlamentaria, en sus palabras. Fuentes jurídicas han explicado que Torrent ha planteado al tribunal que condenarle supondría un "efecto disuasorio del debate" y ha asegurado que los letrados del Parlament señalaron que las advertencias del TC eran desproporcionadas.

En otro orden de cosas, el conseller ha asegurado que la mesa de diálogo que se celebra esta miércoles es una "oportunidad histórica" y ha defendido que la afrontan con la misma determinación y convencimiento que han tenido siempre.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la causa por presunta desobediencia en su etapa como presidente del Parlament y a pocas horas de que se celebre la mesa de diálogo, en la que participará como parte de la delegación catalana.

Ha destacado que esta es una oportunidad de resolución del conflicto político porque el Estado "por primera vez reconoce que existe", y ha dicho que también es una ocasión para referirse a la amnistía, para que se ponga fin a la represión, que a su juicio se pone de manifiesto con declaraciones como la que ha hecho este miércoles en el TSJC.

Delgado: La mesa "debe garantizar el debate"

La exsecretaria cuarta de la Cámara Adriana Delgado, también investigada en la causa, ha declarado a continuación de Torrent –una hora antes de lo previsto– y también ha contestado solo a las preguntas de su abogada, Olga Arderiu, mientras que este miércoles por la tarde también están citados el exsecretario primero Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament Josep Costa.

En declaraciones a los periodistas después de declarar, Delgado ha mantenido que la Mesa ha de tener un papel de garantía democrática en el Parlament y "no tiene que ser un órgano censor, sino que precisamente debe garantizar el debate político". Fuentes jurídicas han explicado que Delgado ha contado a los magistrados que los letrados del Parlament señalaron "ambigüedad" en los avisos del TC que supuestamente desobedecieron, por lo que consideraron que no estaban obligados a paralizar ninguna resolución parlamentaria.

Aragonès traslada su apoyo a los miembros de la Mesa

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha trasladado su apoyo a los exmiembros de la Mesa del Parlament que están declarando este miércoles ante la Justicia. "El Parlament de Catalunya tiene que ser garante de la libertad de expresión y del debate sin censura de cuestiones de interés del ciudadano", ha defendido en un tuit antes de que Torrent y los miembros independentistas de la Mesa que presidía declaren este miércoles ante el TSJC.

Por eso, ha querido expresar "todo el apoyo" a los exmiembros de la Mesa Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado que considera que están siendo investigados por defender el debate parlamentario.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado para el 15 de septiembre al expresidente del Parlament y conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, para declarar como investigado por presunta desobediencia.presunta desobediencia

En un auto consultado por Europa Press, acuerda abrir investigación y cita para el mismo día al entonces vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa; al secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado.

Esta causa forma parte de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista —una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al Rey—.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella de Fiscalía, pero el tribunal los rechazó, y la magistrada instructora ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.

El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación.

También se refiere a una resolución tramitada el mismo día y que "reiteraba la reprobación" al rey después de que el TC ya había declarado inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido.

El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al TC, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.

Los partidos independentistas han revalidado este viernes la mayoría que han tenido en la Mesa del Parlament en las dos últimas legislaturas y, además, han ampliado su representación en el órgano rector de la Cámara, ya que ERC, Junts y la CUP tendrán cinco de los siete miembros.

Así ha resultado la elección de la Mesa en el pleno de constitución de la XIII legislatura de este viernes, en el que se han escogido los miembros del órgano que pilotará la actividad parlamentaria.

La nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, se ha convertido en la tercera mujer en asumir este cargo en la historia de la Cámara catalana, tras Núria de Gispert y Carme Forcadell y la décima persona que ostenta este cargo desde la restauración de la democracia.

Ninguna mención a Torrent

La investidura se ha tenido que votar dos veces y ha sido en esta segunda vez cuando Borràs ha obtenido 64 votos a favor imponiéndose a la socialista Eva Granados, que ha obtenido 50. Con esta elección, toma el relevo del republicano Roger Torrent al frente de la Cámara catalana.

En su discurso se ha comprometido a defender la soberanía de la Cámara ante "cualquier injerencia exterior" tras asegurar que es la máxima expresión de la voluntad del pueblo catalán.

Durante su intervención –en el que los diputados de Cs han abandonado el pleno–, ha asegurado que su deber es mantener la inviolabilidad del Parlament y su independencia del poder judicial y ejecutivo, y que su objetivo es preservar los derechos de los diputados, que ha garantizado que no serán recortados: "Mientras sea presidenta de esta Cámara, eso no pasará".

"Continuar el trabajo" de Carme Forcadell

También ha mencionado la expresidenta del Parlament, Carmen Forcadell, cuyo papel al frente de la Cámara ha dicho admirar: "Mi objetivo es continuar el trabajo donde lo dejó, porque ningún tribunal y ninguna cárcel nos hará renunciar a nuestras ideas". Sin embargo, no lo ha hecho de su predecesor en el cargo, el republicano Roger Torrent.

"Lo que el Estado español no consigue ganar en las urnas lo intenta ganar en los tribunales. La judicialización de la política es la demostración más grande de impotencia política", y el Estado no sólo no quiere dialogar, sino que quiere limitar el diálogo en el Parlament, ha dicho Borràs.

La presidenta, que ha cerrado su primer discurso invitando a cantar Els Segadors, lo ha abierto con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia de covid-19 y por quienes trabajan para superar la situación, y ha avisado de que "la garantía del progreso económico y social de una sociedad es directamente proporcional a su capacidad legislativa".

Finalmente ha admitido que su objetivo al presentarse a las elecciones catalanas era presidir la Generalitat y no el Parlament, y ha dicho que entrar en el Govern podría haber sido una opción más confortable: "Pero no abandoné la vida académica ni la dedicación a las letras buscando el confort".

La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este lunes una querella contra el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, y otros tres miembros de la cámara catalana por presunta desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) "por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista".

Según la querella, consultada por Europa Press, en enero de 2020 el TC acordó sugerir a la Fiscalía que estudiara la interposición de una querella contra el presidente del Parlament, por admitir durante el mes de octubre tramitar dos resoluciones en las que se reivindicaba el derecho de autodeterminación de Cataluña y se reprobaba al rey.

El alto tribunal ha considerado que estas resoluciones admitidas por parte de la cámara catalana atentaban contra la sentencia del 2 de diciembre del 2015, que anulaba y dejaba sin efecto la declaración del 9 de noviembre en la que el Parlament proclamó el inicio del proceso hacia un Estado independiente.

"Intereses electoralistas"

Tras hacerse pública, Torrent ha asegurado que hay "intereses electoralistas" en la querella. "Estamos acostumbrados a que se juegue con las fechas por intereses electoralistas. Qué casualidad que salga esta querella después de las elecciones", ha criticado Torrent en declaraciones a los medios y sobre la querella presentada por haber permitido la tramitación de una serie de mociones vinculadas al proceso independentista.

También ha asegurado que con esto la Fiscalía "sigue insistiendo en el error, se sigue equivocando", y ha censurado que se intenten perseguir los debates en el Parlament y que no se pueda hablar de todo en la Cámara catalana.

Ha reclamado coraje y valentía política al Gobierno central para "no dejar que el conflicto político esté secuestrado por los enemigos del diálogo que quieren hacer descarrilar la vía de la negociación", y ha subrayado que la democracia es poder hablar de todo y que los parlamentos puedan expresar lo que anhela la ciudadanía.

Torrent ha destacado que el conflicto político catalán solo se resolverá con la política y ha deseado que el futuro Parlament siga garantizando la libertad de expresión y hable de amnistía y autodeterminación, porque cree que son "dos elementos que cohesionan a la mayoría de la ciudadanía" catalana.

"Tenemos la oportunidad para construir un Govern de base sólida, de base amplia, que permita construir un nuevo ciclo alrededor de estos dos elementos", ha respondido al ser preguntado por cómo afectará la presentación de esta querella a las negociaciones para la formación de un nuevo Ejecutivo catalán.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha avisado de que impugnar el aplazamiento de las elecciones catalanas que debían celebrarse el 14 de febrero supone poner "en juego la salud de la ciudadanía", en el contexto de la pandemia del covid-19. Lo ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este domingo, después de que la viceprimera secretaria del PSC y portavoz de los socialistas en el Parlament, Eva Granados, afirmara que su partido está "estudiando" si recurrir el decreto que aplaza las elecciones.

Torrent ha lamentado que el PSC se desmarcara del acuerdo alcanzado en la mesa de partidos del viernes "incomprensiblemente", puesto que su candidato y ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió evitar la movilidad y los contactos sociales.

"El PSC insiste en movilizar 5,5 millones de catalanes el 14 de febrero con todos los riesgos que eso conlleva. Esperaría que el ministro de Sanidad tuviera un posicionamiento que tuviera más en cuenta criterios epidemiológicos que electoralistas", ha dicho.

"Hemos priorizado las vidas"

Ha sostenido que las administraciones estaban preparadas para celebrar los comicios: "La cuestión es si convenía hacerlos o no, y es evidente que no, por una cuestión de salud. Entre los votos y las vidas, hemos priorizado las vidas".

Con esta decisión -ha mantenido Torrent- los partidos han buscado evitar que los ciudadanos tengan un "debate interno" sobre si ir a votar o no hacerlo por miedo a contagiarse, lo que reduciría la participación y la legitimidad del resultado, ha dicho.

Además, ha negado que exista una dicotomía entre salud y economía, y ha apostado por "garantizar la seguridad y la salud de la ciudadanía" evitando afectaciones y contagios, a través de la gestión de la epidemia desde las instituciones.

"No hacemos partidismo. Hay quien ha querido hacer partidismo de esta decisión, pero en general lo que hemos hecho con este gran consenso político de la mayoría de partidos representados en el Parlament de Cataluña es priorizar la saludParlament de Cataluña por encima de las elecciones", ha insistido.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado este viernes que comunicará el miércoles 21 de octubre en el pleno de la Cámara catalana que no hay un candidato a la investidura para sustituir al expresidente Quim Torra, por lo que se activará el reloj de las elecciones, que se celebrarían el 14 de febrero.

En rueda de prensa después de que el jueves finalizara el plazo de diez días para consultar a los grupos si hay algún candidato a la investidura, ha explicado que la comunicación, que equivaldrá a una investidura fallida, la hará el miércoles en el pleno ordinario que ya está previsto y ese mismo día publicará una resolución en el Boletín Oficial del Parlament (Bopc).

A partir de ahí, se abrirá el periodo de dos meses para investir a un presidente y, si esto no se produce como es previsible, el 22 de diciembre se disolverá el Parlament de manera automática y el Govern publicará el decreto de la convocatoria de elecciones, que serán el domingo 14 de febrero.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pedido este viernes al Gobierno que afronte el conflicto catalán para buscar una solución y lograr que este año sea "la última Diada con presos y exiliados".

En declaraciones a los medios tras la tradicional ofrenda floral en el monumento de Rafael Casanova por la Diada, que este año se ha hecho sin público y sin la banda de música que interpretaba 'Els Segadors', ha acusado al Gobierno de no tener voluntad de resolver el conflicto y de estar "acomplejado por la presión de la extrema derecha", y ha insistido en una solución democrática basada en la amnistía y la autodeterminación.

Torrent considera que esta Diada llega con un doble reto: el de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus --que cree que se debe combatir poniendo la vida en el centro y rehuyendo de los errores del pasado-- y el de la "crisis democrática".

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defendido este viernes la libertad de expresión y que la Cámara catalana pueda tener un "diálogo político sin límites", el día en el que ha vuelto al Parlament tras dos años y medio por su encarcelamiento.

En una declaración conjunta del presidente del Parlament, Roger Torrent, y los expresidentes de la Cámara con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del restablecimiento de la Cámara, ha sostenido que el Parlament es "la institución de la palabra libre, de la voz plural del país, del diálogo político sin límites, el espacio donde las sociedades exponen las contradicciones en todo aquello que preocupa a la ciudadanía".

Forcadell, que ha sido recibida con aplausos de diputados y trabajadores del Parlament, ha afirmado que en el Parlament se debe poder debatir libremente "con el único límite de la educación y del respeto por los representantes de la ciudadanía".

Asimismo, ha reivindicado que "la libertad de expresión es un tesoro inmenso" que hay que preservar siempre y en cualquier parte, y ha reivindicado el Parlament como un referente para otras cámaras legislativas.

La expresidenta, encarcelada por el 1-O, ha subrayado la importancia de la Cámara catalana y lo ha ejemplificado con la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que cree que se ha avanzado pero que la paridad en el Parlament todavía no se ha alcanzado, por lo que ha llamado a dar "un paso más, que también debe ser cualitativo, garantizando la paridad en cargos de responsabilidad".

Torrent pide acabar con la "judicialización de la actividad parlamentaria"

Torrent, que ha comenzado la declaración criticando el encarcelamiento de Forcadell porque considera que está en prisión "por ejercer el cargo con dignidad democrática", ha expresado la necesidad de buscar una solución al conflicto en Cataluña para acabar con la judicialización de la actividad parlamentaria, según él.

"El Parlament necesita liberarse de la judicialización, liberarse de las limitaciones que frenan las respuestas a demandas urgentes de la sociedad. Sin estas limitaciones al ejercicio del autogobierno, el Parlament podría hacer más por el bienestar y la calidad de vida de las personas. Solo sin limitaciones podremos abordar como hace falta los retos globales de las sociedades de nuestro tiempo", ha asegurado.

Además, ha dicho que la ciudadanía "debe poder escoger si quiere o no quiere un Parlament plenamente libre", y que esto solo puede decidirse en un referéndum donde la población vote libremente sobre el futuro de Cataluña.

Rigol, Benach y De Gispert

Joan Rigol ha destacado que el diálogo y el pacto han formado parte de la cultura política de Cataluña para resolver conflictos durante toda su historia, y que la recuperación del Parlament implicó el reconocimiento de Cataluña como "una realidad política propia y específica".

Por su parte, Ernest Benach ha recalcado que el Parlament en estos 40 años ha aprobado leyes innovadoras pero que, en algunas ocasiones, han chocado con los tribunales, y la sentencia del Estatut, que ha recordado que se aprobó con 120 votos a favor en el Parlament, "marcó un antes y un después"

Núria de Gispert también ha cargado contra los límites competenciales que ha tenido la Cámara, ya que considera que han supuesto un obstáculo para mejorar las condiciones de la vida de la población, y ha alertado de que desde la sentencia del Estatut la situación se ha agravado y en los últimos años los tribunales han llegado a actuar "sobre lo que ni tan solo ha llegado a la Cámara, censurar el derecho de iniciativa de los diputados, impedir debates en el pleno y exigir a la Mesa que censure".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el exconseller de Acción Exterior de la Generalitat y diputado de ERC en el Parlament, Ernest Maragall, han presentado en los juzgados de Barcelona una querella contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresa NSO Group por la presunta intercepción de comunicaciones y "espionaje informático".

En un comunicado emitido este jueves y recogido por Europa Press, ambos han anunciado la querella contra Sanz Roldán, que era el director del CNI cuando se produjeron estos presuntos ataques informáticos en los teléfonos de Torrent y Maragall a través del programa Pegasus, un sistema de la empresa NSO Group que solo está al alcance de policías y sistemas de inteligencia estatales.

Según ambos políticos republicanos, esta semana Whatsapp ha confirmado que son unas 1.400 las personas afectadas por este ataque en 2019 y la querella pide que se tome declaración como investigados a Sanz Roldán y a los responsables de la empresa NSO Group.

La querella recoge que el presunto espionaje se habría producido entre el 29 de abril y el 10 de mayo de 2019, un día después de las elecciones generales y el día que comenzó oficialmente la campaña electoral de las municipales y europeas, y "podría haberse iniciado antes de las fechas mencionadas e incluso podría haberse extendido más allá", han avisado.

Reuniones de campaña

Durante estas fechas, Torrent y Maragall tuvieron reuniones con miembros su partido, ERC, y de coordinación con otros partidos políticos; y Torrent también se reunió con la Mesa del Parlament, la Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario de ERC y responsables y trabajadores de la Cámara.

El presidente del Parlament también mantuvo reuniones con miembros del Observatorio Ciudadano contra la corrupción, participó en actos y reuniones de campaña electoral de las municipales y europeas, así como con periodistas y representaciones consulares.

Maragall también se reunió con el Grupo Parlamentario de ERC y el Grupo Municipal de ERC Barcelona; participó en reuniones con el equipo de campaña de las municipales, así como encuentros con Foment del Treball, Adif, Barcelona Global y Xarxa de ciutats, y tuvo reuniones con periodistas, también off the record, y actos de campaña y conversaciones con miembros de la lista y del Govern.

La supuesta intercepción de las comunicaciones de realizó, según la querella, aprovechando una vulnerabilidad de la aplicación de mensajería Whatsapp, por la que el sistema se introducía dentro del teléfono móvil de las víctimas y le permitía acceder a toda la información del terminal.

Esta intromisión permitió "monitorizar sus dispositivos con funciones de control absoluto (robo de información y datos, control de la cámara y el micrófono, control de geoposicionamiento, etc.)", asegura la querella, que busca aclarar los hechos y descubrir quién hay detrás de este presunto espionaje.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado de ERC y exconseller de Acción Exterior, Ernest Maragall, han puesto en conocimiento del relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, David Kaye; la comisaria por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y de Amnistía Internacional el caso de "espionaje político" del que aseguran ser víctimas mediante el software Pegasus.

En diversas cartas consultadas por Europa Press, Torrent y Maragall han afirmado que "el espionaje a ciudadanos y representantes políticos constituye una agresión inaceptable a los derechos fundamentales".

"El hecho de que las instituciones del Estado puedan pasar por alto estos hechos sin tomar medidas oportunas, nos obliga a tomar todas las actuaciones de las que dispongamos para impedir que este tipo de prácticas resulten impunes", han criticado.

En la misiva, Torrent también ha avisado a la comisaria Dunja Mijatovic de que "habría podido ser espiada", ya que ambos mantuvieron una reunión en Estrasburgo (Francia) el 14 de mayo de 2019, cuando asegura que fue víctima de este presunto espionaje y se ha disculpado por ello.

"Dado que es posible que haya sido una de las personas espiadas a través de mi dispositivo, le pido amablemente que evalúe la información más reciente y que realice todas las medidas que considere apropiadas para aclarar" este asunto, ha sostenido Torrent.

El presidente del Parlament ha explicado que ha pedido explicaciones al Gobierno central y que nueve grupos políticos representados en el Congreso también han exigido que el Ejecutivo rinda cuentas y que se realice una investigación sobre el caso.

Reunión telemática

Además, Maragall ha invitado a los tres representantes internacionales a reunirse con él telemáticamente "para explicar los detalles de este caso", que ha calificado de un ataque inaceptable y deplorable a los derechos fundamentales.

Han recordado que tanto el relator de la ONU como Amnistía Internacional han denunciado "reiteradas veces el uso abusivo e ilegal de Pegasus en diversos países como México, Marruecos o Arabia Saudí contra periodistas, activistas y políticos", y han destacado que esta herramienta solo puede adquirirse por gobiernos y agencias de inteligencia.

Ambos políticos catalanes han alertado de que si no se pone en marcha una investigación exhaustiva, si lo ocurrido no se aclara, "la confianza en las instituciones y los principios básicos de la democracia estarán gravemente socavados".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha lamentado que haya espionaje de su móvil haya espionaje de su móvil y del teléfono del exconseller y concejal de Barcelona Ernest Maragall, ambos de ERC: "Todos intuíamos que había guerra sucia y ahora tenemos pruebas".

En una entrevista del diario Ara recogida por Europa Press, afirma que "en los próximos días" se querellarán contra el director del CNI en 2019, Félix Sanz Roldán, como ya ha anunciado esta semana, y ahora debe coordinarse con Ernest Maragall y ver en qué juzgado lo hacen.

Sobre por qué considera que fue el CNI, responde que todos los indicios que ha recopilado Citizen Lab, a través, también, de WhatsApp, y todas las pruebas contextuales "llevan a inferir que ha sido un servicio de inteligencia".

Además de la querella, se estudiará si el Parlament puede hacer algún tipo de denuncia: "Se han atacado líneas móviles que son del Parlament y yo he tenido relación con muchos diputados durante aquel periodo, con muchas instituciones del país y con líderes sociales, líderes políticos y también líderes económicos".

No está satisfecho de la reacción del Gobierno: "Las declaraciones no me sirven. Quiero hechos", dice, y añade que habló con la ministra de Defensa: él le dijo que, si está tan segura de que el CNI no tiene nada a ver, no debe tener inconveniente en que se investigue. Roger Torrent cree que una de las vías de reacción al problema puede pasar por una comisión de investigación en el Parlament o en el Congreso.

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado este jueves que tanto él como el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, se querellarán contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sánz Roldán por el supuesto espionaje a sus teléfonos móviles. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Torrent ha explicado que Roldán "era el máximo responsable en el momento del ataque", que se produjo entre abril y mayo de 2019, aunque ha señalado que la querella podrá ampliarse "si hay otras personas responsables".

A su juicio, "hay evidencias y unos indicios contextuales y factuales" que les han hecho dirigir la "responsabilidad hacia el CNI". Por ejemplo, según Torrent, el hecho de que NSO, la compañía israelí que vende el programa usado para al ataque, solo venda el software a gobiernos y servicios de inteligencia. "Los hechos son muy graves, la situación es muy grave y nos parece que nos toca plantear la investigación política, analizar lo que ha pasado, depurar responsabilidades, pedir explicaciones pero también hacer la investigación que haga falta para que salga a la luz quién está detrás", ha explicado Torrent.

En este contexto, el presidente del Parlament ha desvelado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, le instó este miércoles en una conversación a acudir a la Justicia para denunciar este supuesto 'hackeo' cometido a través de un fallo de seguridad de WhatsApp, que se instaló entre abril y mayo de 2019 en 1.400 móviles en el mundo.

Robles negó implicación del CNI

Así, Torrent ha explicado que pidió a Robles que el Gobierno "colabore" lo máximo posible desde un punto de vista político "pero también judicial" por si la autoridad así lo reclama a la hora de "esclarecer los hechos". "Es de interés común saber qué ha pasado y saber quién hay detrás. El Gobierno que se declara el más progresista de la historia debería ser el primer interesado en investigar, depurar responsabilidad y anticipar que el espionaje político no se va a producir nunca más en el Estado español", ha sostenido.

A su juicio, de la recomendación de Robles de acudir a los tribunales se deduce "que hay voluntad" por parte del Ejecutivo "para ver quien hay detrás" del ataque y para "investigar sin tapujos, sin límites y con transparencia". En este sentido, Torrent también ha apuntado que la titular de Defensa negó, "como es normal", que el CNI esté detrás del 'hackeo'. "Es evidente que lo niegue, porque sino lo que estaría haciendo es colaborar en la comisión de un delito", ha añadido.

El dirigente catalán ha advertido que las acciones legales emprendidas este jueves llegarán hasta el final, y ha pedido colaboración para saber quien "está detrás". "Es un hecho que hoy afecta a independentistas, pero mañana puede afectar a cualquiera", ha zanjado.

El móvil del exconseller de Exteriores de la Generalitat y actual líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, también habría sido presuntamente —al igual que el del presidente del Parlament, Roger Torrent— objetivo en 2019 del programa espía llamado Pegasus, según indica una investigación de El País y The Guardian.

Como apunta el diario, el programa Pegasus también se habría utilizado presuntamente contra el teléfono de Maragall a través de un fallo de seguridad de la aplicación WhatsApp, que permitió entre abril y mayo de 2019 introducir dicho programa en hasta un total de 1.400 terminales.

El programa —desarrollado por la compañía israelí NSO— permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos.

El Ministerio del Interior ha aclarado este martes que ni este departamento, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil "han tenido nunca ninguna relación" con la empresa de vigilancia israelí NSO, la cual habría desarrollado el programa espía Pegasus y que habría tenido entre sus objetivos el teléfono móvil del presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, en 2019, según informaciones de Europa Press. 

Según ha informado un portavoz del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, ni este departamento ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "han contratado ninguno" de los servicios de la mencionada compañía israelí y, por tanto, tampoco el software de vigilancia Pegasus.

"Las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enmarcan siempre en el escrupuloso respeto a la legalidad", ha apuntado el portavoz, después de que Torrent haya manifestado que en el Estado español "se practica el espionaje contra los adversarios políticos".

El presidente de la Cámara autonómica ha advertido de que si el Gobierno tenía conocimiento de este supuesto espionaje, sería "cómplice" y demostraría un síntoma "muy preocupante de negligencia política y desconocimiento de presuntas prácticas ilegales".

Mossos y CNI

Al hilo de este asunto, el ex secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) José Manuel Sánchez Fornet ha afirmado en un comentario en su perfil de Twitter que ni Policía Nacional ni Guardia Civil disponen de la tecnología israelí Pegasus.

Sin embargo, asegura que los Mossos d'Esquadra sí que disponen de ella "por mediación" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que se pregunta que después de saber esto "a ver a quién señalan". "¿Puigdemont?", se plantea Sánchez Fornet en alusión al expresidente catalán huido en Bélgica.

El teléfono móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, fue objetivo del programa espía Pegasus, accesible solo a gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra el terrorismo y el crimen. El ataque, que habría tenido lugar en 2019 de la mano de este programa desarrollado por la compañía israelí NSO, ha sido desvelado por El País y The Guardian.

La intrusión en el teléfono del político de ERC se llevó a cabo tras de un fallo de seguridad de WhatsApp que permitió entre abril y mayo de 2019 colar el programa espía de NSO en, al menos, 1.400 terminales en el mundo. La estratagema para el ataque era una llamada perdida de vídeo a través de la popular aplicación de mensajería.

Pegasus aprovechó esta flaqueza para atacar el móvil de Torrent, según Citizen Lab, un grupo de ciberseguridad de la Munk School radicado en la Universidad de Toronto (Canadá) que investigó en exclusiva el error de la aplicación de mensajería de 2019. WhatsApp facilitó a Citizen Lab los números asaltados por el ciberespía israelí, entre los que se encontraba el de Torrent, según estos investigadores. "La investigación identificó que el número pertenece al señor Roger Torrent", apunta el análisis.

El sistema Pegasus permite escuchar conversaciones, leer mensajes, acceder al disco duro, hacer capturas de pantalla, revisar el historial de navegación y activar por control remoto la cámara y el micrófono de los dispositivos. Una posibilidad que abre la puerta a escuchar el sonido ambiente de una habitación si hay un móvil infectado. El sistema facilita, incluso, pinchar mensajes y llamadas de voz cifradas, según los expertos canadienses.

Torrent participó en mayo de 2019, cuando fue objetivo de Pegasus, en una reunión en Estrasburgo con la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatvic. "Notaba cosas extrañas. Se me borraban mensajes de WhatsApp y los historiales de conversaciones. A la gente de mi entorno no le pasaba", explica el político catalán. El dirigente soberanista dice haber recibido también en 2019 "extraños" mensajes SMS. Torrent atisba la mano del "Estado español" tras el ataque de Pegasus.

"El Gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, haya sido objeto de un hackeo", asegura un portavoz del Ejecutivo, que destaca que la intervención de las comunicaciones se desarrolla con orden judicial. Asimismo, un portavoz del CNI ha apuntado que el organismo "actúa siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente". Ha recordado además que las acciones del servicio secreto están supervisadas por un magistrado del Tribunal Supremo. Mientras tanto, Guardia Civil, Policía Nacional y Ministerio del Interior no han hecho declaraciones a los medios responsables de la investigación.

ERC pide que Marlaska acuda al Congreso para declarar sobre los hechos

Esquerra Republicana ha registrado este martes en el Congreso una petición para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique en la Cámara el presunto espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent.

En concreto, el grupo que capitanea Gabriel Rufián solicita que el ministro comparezca ante la Comisión de Interior para "dar explicaciones en relación a los presuntos espionajes e intromisiones a la intimidad de líderes políticos catalanes por parte de estructuras gubernamentales".

Torrent anuncia medidas legales contra el Gobierno

Ante las informaciones conocidas, Torrent ha anunciado este martes que llevará a cabo "todas las acciones políticas y legales que sean necesarias". "Llegaremos hasta el final para se aclare todo. Llegaremos hasta el final para que se aclare la verdad. Llegaremos hasta el final para que se aclare este caso", ha expresado en una declaración institucional.

Para el presidente de la Cámara catalana este caso demuestra que en el Estado español "se practica el espionaje contra los adversarios políticos" algo que, según su criterio, es impropio de una democracia, por lo que ha llamado al conjunto de los demócratas a preocuparse por ello y al Gobierno a depurar responsabilidades.

La Comisión Europea evita hablar del caso y dice que "no aprobaría ningún tipo de espionaje político"

La Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre el presunto pero ha afirmado que "no aprueba ninguna forma de espionaje político" y que le corresponde a los Estados miembro investigar si hay sospechas.

"Está bastante claro que la Comisión Europea evidentemente no aprobaría ningún tipo de espionaje político fuera donde fuera", ha declarado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, quien ha eludido referirse al caso de Torrent con el argumento de que no comentan informaciones aparecidas en prensa.

El PSC lo condena

El diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret ha condenado en nombre del grupo socialista cualquier intento de vulnerar el secreto de las comunicaciones de forma ilegítima motivado por "actividades políticas" a través del espionaje, que considera que solo es legítimo si se da por acciones presuntamente delictivas.

En rueda de prensa este martes en el Parlament, se ha mostrado en desacuerdo con dichas tareas de espionaje y ha exigido que se realice una investigación que aclare los hechos ocurridos y que determine responsabilidades.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a adoptar por unanimidad una resolución en la que insta a la Fiscalía a exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, al vicepresidente primero de la Mesa Josep Costa, al secretario primero Eusebi Campdepadrós y a la secretaria cuarta, doña Adriana Delgado, por incumplir el mandato de este órgano al tramitar el pasado 12 de noviembre una moción en la que se insistía en la voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación.

Se trataba de una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de la CUP, cuyo apartado uno expresaba concretamente la voluntad del Parlament de ejercer de forma concreta la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán. El auto del TC, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, explica que con esta decisión el Parlament volvió a vulnerar el orden constitucional y estatutario.

Se da la circunstancia de que ese 12 de noviembre, el propio TC adelantó la hora de celebración de su Pleno para actuar frente a la intención del Parlament de aprobar la moción de la CUP, si bien desde el órgano parlamentario se señaló que tal decisión no llegó a tiempo de evitar la votación. La propia fiscal general del Estado, María José Segarra, ordenó ese día a la Fiscalía catalana abrir diligencias de investigación por lo ocurrido.

En esta resolución, el TC desestima además los recursos de súplica presentados por Costa, Campdepadrós, la diputada del JxCat Elsa Artadi y de una treintena de diputados más de este grupo en el Parlament contra la citada providencia de este órgano de aquel 12 de noviembre que trató de evitar la aprobación de esta nueva iniciativa parlamentaria sobre la autodeterminación.

Así, se admite el incidente de ejecución instado por el Gobierno y se declara además la nulidad de los acuerdos previos a la presentación de esta moción. La decisión se notificará personalmente a Torrent, a los demás miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento, "con la advertencia de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir" las resoluciones de este órgano y "apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento".

En un segundo auto notificado este martes, el TC declara la extinción de otro incidente de ejecución promovido por el Gobierno contra el acuerdo por el que la Mesa rechazó las solicitudes de reconsideración formuladas por PSC, Ciudadanos y el PP en relación con esta moción sobre autodeterminación. La resolución, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, explica que se declara la pérdida sobrevenida del objeto porque estos acuerdos ya han sido anulados por el auto resuelto este martes.