España está rota porque mientras el 10% más rico acapara casi el 40% del patrimonio inmobiliario, el 50% de la población apenas posee un 16%. La brecha se ensancha cada vez más. El falso mito de la meritocracia, cuando la herencia inmobiliaria causa más del 74% de la desigualdad, la aspiración cultural de vivir de rentas, la fiscalidad también invita a ello, y el fantasma anabolizador de la okupación, cuando tienes 180 veces más de probabilidades de ser desahuciado que okupado, distorsiona demasiado el debate de fondo: la vulneración constitucional del derecho a la vivienda. 

Una desigualdad rampante que rompe cualquier sociedad democrática. No puede haber un país libre sin la posibilidad de que su pueblo pueda disponer de la tranquilidad de tener un techo donde dormir, un refugio donde tener intimidad, una mesa con comida donde socializar, una estantería para almacenar recuerdos y un balcón que nos invite a convivir en paz. También, un buzón amable donde poder volver y un sofá donde pasar la gripe. Sí, el derecho a la vivienda nos garantiza la libertad a equivocarnos, emprender, soñar, participar y ocuparnos del resto de la tribu, de la comunidad. 

España está rota y en venta. De 2008 a 2021, según datos oficiales del catastro, el 51% de las altas de bienes inmuebles de uso residencial han sido de personas jurídicas. Una cifra que se dispara hasta el 69% en el caso de València. Ahora mismo, parte de estos fondos de inversión como Blackstone o Lazora son los principales propietarios en España. En 2023, según la Estadística del Consejo General del Notariado, el 56% de las viviendas en España en 2023 se pagaron a tocateja. Pues bien, en el caso valenciano, estas llegaron al 70%: 7 de cada 10 viviendas se pagaron al contado. Y, en zonas turísticas, como las comarcas de Alacant, un 44’3% fueron compradas por población no residente. Sí, 4 de cada 10 fueron compradas por gente que no vive ni trabaja en Alacant. 

La turistificación de las ciudades y la mercantilización de la vivienda han convertido nuestros barrios en platós de televisión, en instantáneas de Instagram, donde todo es de cartón piedra, donde, cuando baja el telón, la soledad es la protagonista del barrio. No existen redes de solidaridad ni capital social porque nadie permanece allí, todo es efímero y fugaz. 

Afortunadamente, cada vez más, la resistencia se organiza en los márgenes, y nos interpela para que tomemos medidas valientes que cosan y se readueñen inclusivamente de los barrios, pueblos y ciudades. Urge un cambio de paradigma que no reivindique el derecho a poseer una vivienda, sino a disponer de un hogar. Un cambio de paradigma forzado por la precariedad. En 2008, según el Banco de España, un 64% de los hogares encabezados por una persona menor de 35 años vivía en régimen de propiedad (hipotecada, seguramente). En 2023, era ya menos de la mitad. Pero también debe ser forzado por un cambio en las políticas públicas. Hasta ahora, la intervención pública en el mercado ha sido para garantizar que el ladrillo era un activo seguro y rentable. 

La nueva política de vivienda debe estar centrada en garantizar el acceso a la vivienda a través de un parque público potente de alquiler social. Un parque con vocación mayoritaria que aporte seguridad, accesibilidad e inclusión en cualquier barrio y no un parche asistencialista para familias muy empobrecidas. Para ello, debemos dejar de regalar dinero público a rentistas, dejar de transferir de propietarios a inquilinos para invertir en la compra, con uso preferente del tanteo y retracto, y rehabilitación de vivienda pública. Un cambio inversor que debe llegar al 1% del PIB en políticas de vivienda.

Repetimos mucho que España dispone de un parque público minúsculo, un 2’5%, muy lejos de la media europea (9’3%) y extremadamente lejos del 30% de Países Bajos. Pero pocas veces explicamos que no es casual, ni fue por falta de construcción pública. De hecho, de 1951 a 2015, el 37% de la construcción fue de vivienda protegida, según Caritas, es decir, más de 6’4 millones de viviendas que en la mayoría de los casos se mercantilizaron y privatizaron. Así que el primer paso para creernos el nuevo parque de vivienda pública es prohibir su venta, también de las 50.000 viviendas de la SAREB. 

Finalmente, también proponemos otras medidas regulatorias, como una moratoria de 36 meses que suspenda la compraventa de viviendas por parte de fondos buitre y población no residente. Una medida extendida en otros países como Canadá, que ha vuelto a prorrogarla hasta 2027, Nueva Zelanda, Andorra… Las casas deben ser para garantizar el derecho a la vida de las familias y deben dejar de ser tratadas como un activo especulativo que destroza nuestros barrios.

Rota y en venta, es la mejor pasarela para la extrema derecha, mientras que la mejor solución, y para ello está la política, es dotarnos de un parque de vivienda público potente donde familias de diferentes realidades socioeconómicas puedan alquilar, mezclarse, convivir y construir comunidad.

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Alberto Ibáñez es diputado de Compromís-Sumar en el Congreso de los Diputados.

Despistados por el incesante carrusel de acontecimientos "históricos" que a la semana son pasto del olvido, no hemos prestado suficiente atención a algo que no me atrevería a calificar de histórico –me resisto a ese adjetivo con tan poca perspectiva–, pero sí desde luego de bastante novedoso. Se ha producido, sin llamar demasiado la atención, el desmentido rotundo –puntual, pero rotundo– de esa extendida creencia según la cual la política jamás roza los intereses de los más poderosos. Esta vez, no ha sido así. Al menos, esta vez.

Al grano. Me refiero al impuesto a las energéticas y a la banca, que el Gobierno ha anunciado que mantendrá, bien es cierto que con un retoque/compensación para las energéticas. Poca broma: hablamos de mucho dinero, casi 3.000 millones sólo en el primer año que han salido directamente de las cuentas de la superélite empresarial española: Santander, Caixabank, Sabadell, Iberdrola, Repsol, Naturgy... Hablamos de la crème de la crème de dos sectores tenidos por inaccesibles para los poderes terrenales. Pues bien, resulta que a todos esos gigantes corporativos el Gobierno les ha tocado el bolsillo –y las narices– con el famoso impuesto.

Y no han sido los únicos bolsillos –y narices– que el impuesto ha tocado. Los lectores de infoLibre, donde venimos publicando una investigación sobre los fondos de inversión internacionales, su penetración en diversos sectores, su capacidad de presión y su alianza con la aristocracia capitalista española, saben que entre los damnificados hay mucho más que pesos pesados del IBEX. Porque detrás de estos hay bestias aún mayores. Como Blackrock, la mayor gestora de fondos del mundo, máxima accionista de Santander (que ha pagado 224 millones), BBVA (225 millones), Sabadell (157 millones) y Repsol (450 millones). O como Qatar, cuyo fondo soberano QIA es máximo accionista de Iberdrola (que ha pagado 213 millones). O como Emiratos Árabes, cuyo fondo soberano Mubadala está al frente del accionariado de Cepsa (que ha soltado 323 millones). No es moco de pavo.

Ojo, no querría incurrir aquí en una lectura ingenua. Es innegable que los beneficios de banca y energéticas siguen siendo espectaculares incluso tras pagar los impuestos, y que los dos oligopolios mantienen la misma posición privilegiada. Y también lo es que para las megagestoras estadounidenses y los fondos soberanos árabes la merma de beneficios es casi calderilla. Pero es igualmente innegable –y es justo reseñarlo– que una medida salida de la política, esa que según el tópico jamás le tose a los de siempre, ha mantenido esta vez el pulso a gente muy poco acostumbrada a que le aguanten un pulso.

¿A ustedes no les ha sorprendido? ¿No ha tenido un punto sorprendente, más cuando el Gobierno acredita cierta propensión al temblor de piernas en la escena decisiva? ¿Cuántos, durante la legislatura pasada, cuando el PSOE y Unidas Podemos debatían el impuesto, podían pensar no sólo que acabaría aprobándose, sino que lograría una recaudación masiva? Pocos, me atrevería a decir. ¿Y cuántos, en el momento en que los directivos de las empresas afectadas empezaron a quejarse y a advertir de una reacción contra España de los sacrosantos "inversores", pensaron que el famoso impuesto tenía las horas contadas? Muchos, probablemente.

Y, sin embargo, ahí sigue el impuesto, pese a todas las presiones, todas las advertencias, todos los negros presagios. ¿Se han cabreado los afectados? Mucho. ¿Intentarán resarcirse por otro lado? Ya lo están haciendo. Pero no querría desviarme de lo esencial de este asunto: ahí están las grandes empresas pagando lo que no querrían pagar y Hacienda cobrando. El dinero ha cambiado de sitio. Y nada se sabe de la famosa fuga de inversores. Así que hay que preguntarse: ¿qué otras cosas sorprendentes podrían pasar si, simplemente, se hicieran?

Da igual que se llamen Blackrock o HSBC, Oaktree o BNP Paribas, JP Morgan o Blackstone. Los grandes fondos y bancos de inversión del mundo tienen intereses en las minas de cobre, wolframio o litio de España. El Estado chino es el principal beneficiario de uno de los yacimientos más rentables del país. El segundo hombre más rico de México planea reabrir la mina sevillana de Aznalcóllar. Empresarios venezolanos salpicados por los Papeles de Panamá intentan hacerse de oro con explotaciones en Galicia y un expresidente boliviano acusado por los fiscales de su país de genocidio es el dueño de una mina de cobre en Asturias… El boom de la nueva minería, centrada en la explotación de lo que se conoce como “materias primas críticas”, es una llamada para el gran capital transnacional y también para personajes turbios que buscan enriquecerse en un sector tan dado a la especulación.

La cosa debería ir a más. La UE está impulsando decididamente la apertura de nuevas minas en Europa. Quiere garantizarse el suministro de litio, cobre, níquel y otras materias primas esenciales para la transición ecológica y la alta tecnología, que ahora están controladas en buena medida por China. Para lograr ese objetivo está prevista la aprobación de un nuevo Reglamento que incorpora dos medidas polémicas: reducir los plazos para obtener los permisos necesarios para iniciar la explotación de un yacimiento y fomentar la financiación pública y privada de las actividades mineras.

Los países nórdicos y la Península Ibérica son los lugares de Europa donde hay mayores yacimientos, tanto en explotación como potenciales. Así que el incremento previsto de la demanda ha llevado a que se multipliquen en los últimos años las solicitudes de licencias para nuevos proyectos mineros.

Un negocio que se augura boyante. Y que plantea una pregunta obvia: ¿quién está detrás de las empresas mineras? Para responderla, Investigate Europe analizó el accionariado de las 23 principales compañías con yacimientos abiertos o proyectos avanzados para explotar materias primas críticas en España. infoLibre publica en exclusiva esta investigación periodística, que forma parte de una serie sobre el sector cuya publicación iniciamos hace dos semanas [puedes consultar aquí todas las informaciones].

Una de las principales conclusiones es que el gran capital español está de momento ausente. No hay casi rastro de la banca y el listado de inversores está dominado por entidades y gestoras de fondos estadounidenses, británicas y francesas. “La banca española lleva 40 años saliendo del mundo industrial y la minería es uno de los ámbitos industriales con más riesgo. La banca española no tiene una cultura de apoyo a la industria extractiva. Eso explica que los empresarios españoles en el sector de las materias primas críticas sean muy pocos”, explica Pedro Mora, cargo en la Fundación Minería y Vida, impulsada por las patronales mineras.

Tampoco hay apenas millonarios españoles que estén aprovechando la resurrección de la minería para entrar en el sector. Una de las excepciones es Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de la empresa de relojes Festina Lotus y que ocupa el puesto 448 en la última lista de los más ricos de España que elabora El Mundo. Rodríguez es accionista, a través de una empresa de Luxemburgo, de la empresa que planea abrir una mina de litio en la localidad de Cañaveral (Cáceres). En ese proyecto también figuran como inversores Alejandro Chaves y Gustavo Carrero, que hicieron fortuna en el sector de las renovables, y están en los puestos 314 y 319 de los más ricos de España.

De las 23 empresas analizadas, solo ocho tienen su sociedad matriz en España. Hay cinco que están en Canadá y otras cinco que tienen su domicilio en Australia. La razón es que en estos dos países se encuentran sendas Bolsas especializadas en la captación de fondos para proyectos mineros. El resto de compañías tienen la sede de su matriz en Chipre, Luxemburgo, Reino Unido, Francia y México.

El trabajo de Investigate Europe ha intentado determinar siempre quiénes son las personas físicas que son dueñas de las minas, que a veces se esconden tras una compleja trama societaria. Pero hay casos en los que no es posible. Cuando en la cúspide de la trama está un fondo de gestión o una entidad financiera que invierte el dinero de sus clientes, la identidad de éstos no se puede conocer a través de documentos de acceso público. Es el fondo o el banco quien aparece como accionista a todos los efectos en los registros.

Las 23 empresas analizadas controlan en total 26 minas o proyectos, cuyos datos esenciales figuran en el siguiente cuadro.

En España están en explotación diez complejos mineros de materias primas incluidas en la lista de 34 minerales críticos aprobada recientemente por la UE (puedes consultarla aquí). Hay además otros dos que cerraron en los últimos años, pero que cuentan con planes de reapertura. Cuatro son yacimientos de cobre, tres de wolframio, dos de estroncio, dos de fluorita y uno de coltán.

La mina sevillana de Cobre Las Cruces ha sido durante años una de las “más rentables del mundo”, según presumían sus responsables, porque se extraía un mineral con una pureza mucho mayor que en otros yacimientos. Agotadas las reservas que se explotaron desde 2009 a cielo abierto, la actividad continuará de forma subterránea. La dueña del complejo minero es la sociedad canadiense First Quantum Minerals Ltd., cuyo principal accionista es Jiangxi Copper Co.Ltd, propiedad del Estado chino. También tienen inversiones significativas los fondos Capital Research & Management y Fidelity Management.

Como desveló Investigate Europe, Cobre Las Cruces es la segunda empresa de toda Europa que más subvenciones verdes recibe para proyectos de investigación relacionados con materias primas críticas, a pesar de sus reiterados incumplimientos medioambientales. La empresa canadiense explota yacimientos en diversos países de Europa, África y América. En el último mes ha estado en el foco mediático por las fuertes protestas ciudadanas producidas en Panamá contra la concesión para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

La sociedad australiana Sandfire Resources Ltd. explota tres minas de cobre en la provincia de Huelva: Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel. Las adquirió en 2021 por un importe de 1.585 millones de euros, lo que da idea del negocio que generan. Los vendedores fueron Trafigura y Mubadala Investment Company. La primera es una de las mayores comercializadoras mundiales de materias primas como el petróleo y sus derivados. Aunque se suele decir que es un grupo suizo porque tiene allí sus oficinas centrales, en realidad está registrada en Singapur, su dueña directa es una sociedad en Países Bajos y la matriz es una fundación en Panamá (Farringford Foundation). Mubadala, por su parte, es el fondo de inversión del Emirato de Abu Dabi. Otra cifra explica el pelotazo que dieron los vendedores: Trafigura se anotó unas ganancias de 340 millones por la venta de las minas onubenses, que había comprado cinco años antes.

Los tres principales accionistas de Sandfire Resources son gigantes de la inversión financiera: HSBC, JP Morgan y Citicorp. De acuerdo con el último informe anual presentado por la compañía en la Bolsa de Australia, entre los tres acaparan más del 70% del capital.

También en Huelva están las históricas minas de Riotinto, que aún cuentan con 197 millones de toneladas de reservas de cobre. El pasado mes de julio, la Junta de Andalucía autorizó la ampliación de la vida útil de la mina hasta 2031. La sociedad propietaria se llama Atalaya Mining Plc. y su rastro lleva a los territorios europeos usados masivamente por las multinacionales para reducir al mínimo el pago de impuestos. Con sede en Chipre, el principal accionista de Atalaya Mining es la maltesa Urion Holdings Ltd. ¿Y quién está detrás de esta última? Trafigura. Sí, la misma que dio el pelotazo de 340 millones con la venta de las minas onubenses a Sandfire. Claro que esa cifra palidece comparada con los beneficios que está logrando Trafigura gracias a la crisis energética iniciada tras la invasión de Ucrania: 6.700 millones de euros en un año. La compañía sostiene que su capital se reparte entre más de mil empleados, pero se desconoce quién maneja la fundación panameña que está al final de la madeja societaria de Trafigura.

El segundo principal accionista de Atalaya Mining es la gestora de fondos española Cobas Asset Management. Y Banc Sabadell controla, según la propia sociedad chipriota, el 3% de su capital. Una participación muy minoritaria, pero que llama la atención porque la banca española está por lo demás ausente del sector minero.

El mapa de las explotaciones de cobre se completa con la mina asturiana de El Valle-Boinás, un yacimiento del que también se extrae oro y plata. La propietaria es la sociedad canadiense Orvana Minerals Corp., quien a su vez tiene como accionista mayoritario a la compañía panameña Andean Resources SA. Esta última fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia. Fue derrocado en 2003 por el levantamiento popular tras “la masacre de octubre”, en la que fueron asesinadas más de 60 personas. Sánchez de Lozada se fugó a Estados Unidos, que se negó a extraditarlo después de que la Fiscalía boliviana lo acusara de genocidio. En Andean Resources han ocupado cargos directivos tanto Sánchez de Lozada como su padre, un hermano y su hija, Alexandra.

El interés por el wolframio o tungsteno español no es nuevo. Durante la II Guerra Mundial, la Alemania nazi intentó asegurarse el suministro desde España de este material, que usaba para reforzar sus proyectiles antitanque. Ya entonces estaba abierta la mina de Barruecopardo, en Salamanca. Tras cerrar en los años ochenta, reabrió en 2019.

El historial de los cambios de propiedad de Barruecopardo es un ejemplo de cómo las minas se han convertido en un objeto de deseo para los grandes fondos de inversión. Los planes para sacar de nuevo wolframio en el yacimiento salmantino los inició una compañía irlandesa denominada Ormonde Mining, que tenía entre sus accionistas a los fondos Tiberius, M&G Investment, Rathbone Brothers y JP Morgan Asset Management. En 2015, Ormonde vendió el 70% de sus acciones en la mina a Oaktree Capital Management, un gigante mundial del capital riesgo. En España es conocido por el pelotazo que dio con la compraventa de Eolia y más recientemente por sus negocios en el sector inmobiliario, después de que comprase la promotora del Sabadell. Oaktree compró la mina a través de una sociedad en Luxemburgo.

En agosto de este año, Oaktree llegó a un acuerdo con la sociedad australiana EQ Resources, a la que traspasó Barruecopardo a cambio de hacerse con más del 15% de su capital. Junto al fondo estadounidense, el otro accionista de referencia de EQ Resources es la entidad financiera francesa BNP Paribas.

En España hay otras dos minas de wolframio con licencia para operar, pero que han cerrado en los últimos años. En ambos casos tienen planes para reabrir en un futuro próximo.

El yacimiento de La Parrilla, en Cáceres, tiene una de las mayores reservas de wolframio de Europa. Tres años después de su reapertura, paralizó la producción en abril de 2022. Aparentemente por problemas de liquidez de la sociedad gestora, Iberian Resources Spain SL, cuyo accionista único es la compañía británica W Resources Plc. En mayo de 2023, un juzgado de Cáceres aprobó el plan de reestructuración de la compañía, que convirtió a Blackrock en su principal accionista. La firma estadounidense, que es la administradora de activos más grande del mundo, había prestado cerca de 90 millones a la dueña de la mina extremeña. A cambio de capitalizar la deuda, se quedó con el 95% del capital.

Blackrock está en el capital de otras empresas mineras españolas, aunque no con una posición mayoritaria como en La Parrilla. Tiene más del 4% de Atalaya Mining, la dueña del yacimiento de Riotinto, y cerca del 2% de First Quantum Minerals, la propietaria de la mina de Las Cruces.

La extracción de wolframio en Los Santos (Salamanca) estuvo en marcha entre 2008 y 2020. La dueña es la sociedad canadiense Almonty Industries Inc., que anunció sus planes de inminente reapertura en una comunicación enviada el pasado mes de mayo a la Bolsa de Toronto. La compañía explota otros importantes yacimientos de wolframio en Portugal y Corea. Sus principales accionistas son la familia austriaca de los Schwarzkopf y la empresa alemana Deutsche Rohsfoff AG.

Junto al cobre y el wolframio, otra materia prima crítica relevante es el estroncio, puesto que España es el único productor de dicho mineral en Europa. Los principales yacimientos están en la provincia de Granada. Las minas de Escúzar fueron explotadas históricamente por Solvay SA, que pasó a denominarse Kandelium Minerales SA tras su venta en 2021 al fondo de private equity francés Latour Capital.

La otra mina importante de estroncio se llama Montevive y su propietaria es la compañía española Bruno SA, nombre que coincide con el apellido de la familia que administra la sociedad desde hace décadas. En 2022 tenía la mayor reserva de Europa de celestina, mineral del que procede el estroncio, que se utiliza por ejemplo para la fabricación del vinilo de las pantallas de televisión.

Una cuarta materia prima crítica que se produce en España es la fluorita o espatofluor, muy usada en la industria óptica. Los principales yacimientos están en Asturias. La sociedad Minerales y Productos Derivados SA (Minersa), una histórica del sector, explota las minas Moscona, Cucona, Emilio y La Viesca. Varias de ellas acumulan denuncias por contaminar ríos próximos, aunque a veces la infracción sale realmente barata. Por ejemplo, los 1.300 euros de multa que le impuso el año pasado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no parece que vayan a llevar a la quiebra a la compañía. Y tampoco provocan un efecto disuasorio: en abril de este, la misma mina contaminó presuntamente el mismo río.

De acuerdo con su último informe anual de gobierno corporativo, el principal accionista de Minersa es la compañía luxemburguesa Lombard International Assurance SA, controlada por la estadounidense Blackstone, otra de las principales gestoras de fondos del mundo. También tienen participaciones significativas la familia Marco-Gardoqui (puesto 466 entre los más ricos de España); María Isabel Lipperheide Aguirre, que además de empresaria minera es ganadera taurina, y Alejandro Aznar Sainz, dueño de la multinacional naviera Ibaizabal y de las bodegas Marqués de Riscal (puesto 149).

Una historia muy diferente es la de otra mina de fluorita, Órgiva, en Granada. Uno de sus tres socios también es vasco, Jorge Peñagarikano, pero nada tiene que ver con la burguesía industrial y financiera de los Lipperheide y los Aznar. “Cuando mis dos socios y yo compramos Minera de Órgiva en 2010 apenas facturaba 30.000 euros. Multiplicamos esa facturación por cien, pero en los últimos años lo estamos pasando regular”, indica Peñagarikano en conversación con Investigate Europe.

Por último, entre las materias primas críticas que se extraen en España, están el niobio y el tántalo de la mina de Penouta (Ourense). Ambos minerales son la base del coltán, que gracias a características como la superconductividad se utiliza en múltiples campos, desde la telefonía móvil a los implantes médicos o las llamadas armas inteligentes. Penouta es el único yacimiento del que se extrae coltán en Europa. En otros lugares, como la República Democrática del Congo, el negocio del coltán genera explotación infantil y conflictos armados.

La empresa propietaria de Penouta es una filial de la canadiense Strategic Minerals Europe Corp, cuyos principales accionistas son los empresarios venezolanos Miguel de la Campa, Serafino Iacono y Jaime Pérez Branger. Los dos primeros ocuparon titulares de prensa por su gestión al frente de la colombiana Pacific Rubiales Energy, que era la petrolera independiente más grande de Latinoamérica. Los pequeños accionistas los acusaron de llevar la compañía a la quiebra de forma “fraudulenta” y de beneficiarse ellos mismos con la propuesta de reestructuración que hicieron para salvarla.

No es la única vez que aparecieron en los medios. Miguel de la Campa y Serafino Iacono también quedaron retratados en la investigación periodística conocida como Papeles de Panamá, que dejó al descubierto miles de empresas creadas en paraísos fiscales por el bufete panameño Mossack Fonseca.

En definitiva, si uno se fija en el principal accionista de las 12 minas con licencia para extraer materias primas críticas el panorama que se encuentra es el siguiente: tres fondos de inversión (Blackrock, Blackstone y Latour Capital); dos multinacionales bancarias (HSBC y BNP Paribas); una empresa controlada por el Estado chino (Jiangxi Copper); una de las principales comercializadoras de petróleo del mundo cuya matriz es una fundación panameña (Trafigura); un expresidente boliviano acusado de una matanza y que se fugó del país; unos empresarios venezolanos con un historial de quiebras sospechosas y sociedades en paraísos fiscales, y una familia de millonarios austriacos. Las otras dos compañías tienen al frente a pequeños empresarios desconocidos.

La demanda prevista de materias primas críticas ha disparado en los últimos años la solicitud de permisos de exploración y explotación. La puesta en marcha de un proyecto minero es, no obstante, un proceso laborioso que de media lleva entre 8 y 12 años. Los expertos calculan, además, que menos de un 2% de las exploraciones que se inician terminan convirtiéndose en un yacimiento operativo.

Investigate Europe, tras consultar publicaciones especializadas y preguntar a miembros de las patronales, ha identificado catorce proyectos que ya llegaron a una fase avanzada, aunque tres de ellos están paralizados por los tribunales o los Gobiernos autonómicos. En el mundo minero una paralización rara vez equivale a un abandono. Las empresas, además de agotar lógicamente los recursos judiciales, muchas veces modifican el proyecto –por ejemplo, convirtiendo en mina subterránea una propuesta de yacimiento a cielo abierto– y lo vuelven a presentar.

El análisis de quiénes son los dueños de esos 14 proyectos muestra actores similares a los de las minas con licencia para operar. Para empezar, porque hay cuatro nombres que se repiten. Almonty Industries tiene un proyecto para abrir una mina a cielo abierto de wolframio en la localidad zamorana de Valtreixal, en un área que forma parte de la red Natura 2000. Atalaya Mining pretendía extraer cobre en la localidad coruñesa de Touro, pero la Xunta le tumbó el proyecto hace tres años por su impacto ambiental, lo que ha llevado a la compañía a reformarlo y anunciar que lo presentará de nuevo. Los empresarios venezolanos Miguel de la Campa y Serafino Iacono están detrás de una empresa canadiense de reciente creación para extraer litio en dos zonas conocidas como Alberta II y Carlota, que se extienden por varios municipios de la provincia de Ourense. Y, en julio de 2023, la Junta de Andalucía concedió a la empresa Minera de Órgiva licencia para obtener fluorita del Pozo Lupión, en la localidad granadina de Berja.

Uno de los minerales que más interés están despertando es el litio, fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. El Gobierno español prevé que, de aquí a 2040, la demanda de litio se multiplicará por 40 respecto a la situación actual, siendo la materia prima crítica que experimente mayor crecimiento.

En Extremadura hay dos proyectos en marcha para extraer litio. La compañía Lithium Iberia SL prevé explotar a partir de 2025 el yacimiento de litio de Las Navas, en el municipio de Cañaveral (Cáceres). Además de la mina, está planeada la construcción de una fábrica de cátodos para las baterías, que están formados por óxido metálico de litio. El objetivo, en definitiva, es extraer y procesar el mineral en Extremadura. De la fábrica de cátodos se encargará la compañía Phi4tech. Ambas empresas tienen un acuerdo estratégico y comparten buena parte de los accionistas.

Investigate Europe ha tenido acceso a la composición del accionariado de Lithium Iberia. Y, aunque con participaciones minoritarias, hay nombres conocidos del empresariado español. El caso más llamativo es el de Miguel Rodríguez Domínguez, dueño de las marcas de relojes Festina y Lotus. Controla el 6% del capital a través de una sociedad de Luxemburgo denominada Golden Estate SA, constituida el 9 de agosto de 2007 por una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Dugan Management SA) y otra de Belize (Nayland International SA), ambos conocidos paraísos fiscales.

A preguntas de Investigate Europe, un portavoz de Miguel Rodríguez explicó que no tenía interés por el sector minero como tal: “Su interés es por las baterías para los vehículos eléctricos. También tiene una participación del 6% en Phi4tech, y como es esencial asegurar el suministro de litio para la fábrica de cátodos, por eso invirtió en la mina. Pero él llega a la mina a través de las baterías”. En cuanto a las sociedades en paraísos fiscales, dicho portavoz aseguró lo siguiente: “Miguel Rodríguez es desde 2005 residente fiscal en Suiza. En 2008 o 2009 necesitaba una sociedad para ciertas inversiones y habló con Crédit Agricole. Esta entidad le ofreció adquirir una compañía que ellos ya tenían constituida, para ahorrarse los tiempos de espera. Y eso fue lo que hizo. Pero las empresas de Islas Vírgenes y de Belize nunca han sido de Miguel Rodríguez. Y nada más asumir el control de Golden Estate SA puso las acciones a su nombre”.

Otros dos multimillonarios que están en el capital de Lithium Iberia son Alejandro Chaves  y Gustavo Carrero. El primero tiene un 5% del capital y el segundo cuenta con un 1%. Ambos son los fundadores y principales accionistas de OPDE, productora de energía renovable. El fondo francés Antin lanzó en junio una oferta de compra que valora la compañía energética en 866 millones de euros.

Un nombre conocido entre los aficionados a la caza menor, Javier Juan Medem de la Torriente, adquirió algo menos del 1% del capital de Lithium Iberia. Gestiona la finca La Nava, adonde acuden a pegar tiros grandes fortunas españolas e internacionales.

Los principales accionistas de la empresa minera son personas menos conocidas, Iñigo Resusta  y Enrique Martinavarro, ambos socios de la firma española de private equity Queka Real Partners. También tienen participaciones significativas los consejeros delegados de Lithium Iberia y de Phi4tech, Ignacio Baños y Mario Celdrán, respectivamente.

Los planes para reabrir la mina han provocado oposición entre vecinos de las localidades afectadas, agrupados en la Plataforma no a la mina de Cañaveral y que se declaran preocupados porque “destroce el entorno”. Una importante oposición vecinal generó también el otro proyecto para extraer litio en Cáceres, la mina San José de Valdeflores, a poco más de dos kilómetros de la ciudad y que tiene enfrente a la asociación Salvemos la Montaña. Para empezar, la empresa minera ha tenido que cambiar su idea inicial de hacer una mina a cielo abierto por una subterránea. La primera es más barata, pero su impacto ambiental es mayor.

La propietaria del yacimiento de San José es la empresa australiana Infinity Lithium Corp, cuyo principal accionista es la entidad financiera BNP Paribas. La compañía se ha felicitado públicamente por el cambio de gobierno en Extremadura y en la alcaldía de Cáceres. En un comunicado enviado a la Bolsa de Australia el 3 de julio, Infinity Lithium explicó que sus directivos se “habían reunido en los últimos días con los recién elegidos líderes políticos locales de Cáceres y Extremadura” y se alegraban de que estuvieran “alineados” los intereses de ambas partes para impulsar el proyecto de San José. Si se tiene en cuenta que el pacto de gobierno entre PP y Vox para hacer presidenta a María Guardiola se anunció solo tres días antes, cabe concluir ciertamente que la reunión con los directivos mineros estaba entre las prioridades de los nuevos dirigentes.

El cuarto proyecto de litio se llama Alberta I y está en Galicia, entre las provincias de Pontevedra y Ourense. Lo pretende explotar una filial del grupo Samca, que pertenece a la mayor fortuna vinculada a la minería en España, la familia Luengo Sanz, en el puesto 26 de la lista de los más ricos. Un primer proyecto de explotación fue rechazado por las autoridades en 2020, pero este año la compañía realizó nuevos sondeos.

En cuanto al wolframio, además del mencionado proyecto de Valtreixal, hay otros tres en marcha. El más incipiente, pero que a la vez tiene detrás a la empresa más conocida en el sector, se encuentra en Badajoz y lo promueve la australiana Berkeley Energia Limited. Esta es la misma empresa que intentó abrir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca), pero el Gobierno central le negó la autorización. El asunto está ahora en los tribunales. En un informe presentado en julio, Berkeley Energia anunció que había adquirido “los derechos de una zona minera llamada Los Bélicos”, en el municipio de Oliva de la Frontera. En dicha zona está la histórica mina de Virgen de Gracia, donde se extrajo wolframio y que cerró a mediados de los años setenta. Berkeley Energia está controlada por la banca: BNP Paribas tiene la mayoría absoluta del capital y el segundo accionista relevante es el HSBC.

En Abenójar (Ciudad Real) está en marcha un proyecto para obtener wolframio de la mina de El Moto, que lidera Gonzalo García San Miguel, ex consejero delegado de Sacyr Industrial. Hace más de diez años que se empezó a hablar de los planes para explotar el yacimiento, pero recientemente se ha producido una ampliación de capital en la empresa propietaria de los derechos, Mining Hills SL, lo que indica al menos la intención de darle un empujón. El fundador de la compañía, Diego Fidalgo, es ahora el socio minoritario.

También han pasado diez años desde el primer proyecto para extraer wolframio de la misa de San Finx, en Lousame (A Coruña). Los derechos de explotación se han ido vendiendo y revendiendo, de forma que hasta cuatro empresas diferentes han figurado al frente del proyecto. La penúltima que lo intentó fue la canadiense Pivotal Metals Ltd., que en junio de este año tiró la toalla y se la traspasó a una empresa recién creada, Metáis Estratéxicos SL, cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca. La Cofradía de Pescadores de Noia acusó a Pivotal Metals de “fugarse” para evitar afrontar su responsabilidad tras efectuar supuestos vertidos ilegales, que investiga un juzgado.

Pivotal Metals recibió este año otro revés en el segundo proyecto que tenía en Galicia para extraer wolframio. En marzo, la Xunta declaró la caducidad de la concesión para explotar el yacimiento de Varilongo, en el municipio coruñés de Santa Comba. La empresa anunció que recurriría la decisión ante los tribunales. Las entidades financieras BNP Paribas y HSBC están entre los accionistas de referencia de la empresa australiana.

Los planes para obtener tierras raras de la mina de Matamulas (Ciudad Real) también están encallados, después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha negase la autorización, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. La empresa promotora es Quantum Minería SL, a cuyo frente está Javier Merino de la Cuesta, exmarido de la modelo Mar Flores, en su día dueño de la mítica sala Fortuny en Madrid y principal inversor en la quebrada Star Petroleum, petrolera de moda en los años noventa de la que llegó a tener acciones el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián.

Mejores perspectivas tiene otra mina en Ciudad Real, en la localidad de Fontanarejo, de donde Fertiberia espera extraer fosfatos. El pasado mes de junio se puso en marcha el procedimiento de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la concesión minera. Fertiberia es una histórica empresa española del sector químico, que durante años perteneció al grupo Villar Mir, hasta que la vendió en 2020 al fondo de capital riesgo sueco Triton Partners. La matriz de la compañía, Fertiberia Sàrl, está ahora en Luxemburgo.

Si hay un nombre que se asocia negativamente a la minería es Aznalcóllar. La rotura de la balsa de la mina de pirita causó el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos al río Guadiamar, provocó la muerte de miles de peces y afectó a una superficie de 4.634 hectáreas, parte de las cuales tuvieron que dejar de cultivarse al estar contaminadas con metales pesados. Fue una de las principales catástrofes medioambientales de la minería europea en el último medio siglo. Una de las productoras de cobre más grandes del mundo, Grupo México, tiene planes avanzados para reabrir el complejo minero sevillano.

El principal accionista de la compañía es Germán Larrea, a quien Forbes considera el segundo hombre más rico de México. La compañía esperaba iniciar los trabajos en el yacimiento este año, mientras los ecologistas ponen el grito en el cielo por las deficiencias medioambientales del proyecto.

Larry Fink (Los Ángeles, 1952), presidente de Blackrock, es mucho más que un multimillonario. Es un gurú, un guía, un hombre que aspira a marcar el rumbo de la economía global. Y, lo que es más importante, un hombre que dispone de herramientas para ello. Aparte de ganar dinero para la empresa que lidera, para sí mismo y para los inversores a los que les mueve el dinero por todo el mundo –en permanente especulación para obtener beneficios, también en continua búsqueda de liderazgo en sectores estratégicos–, le gusta salpicar sus mensajes con palabras como "sostenibilidad", "valores" e incluso "igualdad". Para sus defensores, visión de futuro. Para sus detractores, fachada.

Adalid de la nueva élite financiera, considerado el hombre más poderoso de Wall Street, Fink está perseguido por acusaciones de conflicto de interés, que recalcan la contradicción que supone su condición de cooperador con los grandes decisores políticos –la FED, la Unión Europea– que al mismo tiempo se puede beneficiar en primera persona de las decisiones. En La nueva clase dominante (Arpa, 2020), el sociólogo Rubén Juste recuerda cómo, tras la caída de Lehman Brothers, "Blackrock se encargaría de gestionar las ruinas de la crisis financiera (reflotar las hipotecas subprime y productos asociados que el propio Fink había comercializado en sus comienzos) mandatado por la Reserva Federal". En una reciente entrevista, The Economist presentaba al personaje con una fórmula que subrayaba ese carácter ambivalente: "Todo lo que pretendía era salvar el planeta mientras amasaba una fortuna con su empresa".

Lo seguro es que Fink no disimula su voluntad de influencia. Su agenda es propia de un jefe de gobierno. En el caso de España, en apenas dos años, entre 2021 y 2023, ha mantenido al menos dos encuentros con Pedro Sánchez. El líder del IBEX extiende sus dominios a la banca, la energía y la vivienda. Es definido como "sistémico", lo cual le da enorme capacidad de influencia sobre la política y las grandes empresas. Sus cartas a dirigentes y accionistas son leídas con lupa. Como esta, que sintetiza su tono y mensaje. Sus movimientos desencadenan reacciones globales. Cualquier "apuesta" de Fink es protagonista de la prensa salmón, sean las criptomonedas o la reconstrucción de Ucrania.

Toda esa vocación de influencia se plasma también a escala europea de una forma que ha pasado mucho más inadvertida que sus cartas públicas y agudos pronósticos. ¿Cómo? Blackrock se ha integrado en una red tan extensa como profunda de organizaciones dedicadas a la influencia. La compañía forma parte de más de veinte asociaciones, federaciones, confederaciones y redes de distinta naturaleza con actividad en la UE. De ellas, al menos 19 están dadas de alta en el registro oficial obligatorio para poder realizar tareas de lobby ante las instituciones comunitarias y como mínimo 16 han destinado fondos para ello en los dos últimos años, como ha comprobado infoLibre a partir de diversa documentación depositada en el registro. A estos números hay que sumar a la propia Blackrock, que también ejerce directamente como lobby. La cantidad destinada a trabajos de lobby en la UE por estas 16 organizaciones en su último año consignado, más la dedicada a ello por Blackrock directamente, supera los 15 millones de euros [ver nota metodológica].

Circulan cuantiosos listados de las mayores gestoras de activos del mundo, lo que comúnmente se conoce como fondos de inversión. Todos sitúan en la cúspide a Blackrock, que llegó a manejar más de 10 billones de dólares. Como segunda, tercera y cuarta suelen aparecer Vanguard, Fidelity y State Street, no siempre en ese orden. La quinta puede variar, pero las big four son las big four, las cuatro estadounidenses. Pues bien, las cuatro están registradas para realizar tareas de lobby ante la UE, es decir, para intentar influir a su favor en las políticas comunitarias. Nada hay ilegal en ello. Lo que hay es una expresión de voluntad de poder.

Blackrock es la que más destina a este fin: entre 800.000 y 900.000 euros. Después van, siempre con datos de 2022, State Street, de 700.000 a 800.000 euros; Fidelity, de 500.000 a 600.000; y Vanguard, de 400.000 a 500.000. Resultado: las cuatro grandes destinaron a tareas de lobby en Bruselas en 2022 entre 2,4 y 2,8 millones de euros.

Así que Blackrock –la empresa como tal, la matriz del grupo, con su sede principal en Nueva York– está registrada en el directorio de lobbies de la UE, ante cuyas instituciones pretende "contribuir positivamente a la legislación y reglamentación que afecta a los inversores", "distinguir a nuestra empresa como un recurso de confianza para los responsables políticos" y "demostrar un liderazgo de pensamiento". Suena a discurso del propio Fink.

La gestora de activos dedica un total de 12 personas a las tareas de lobby ante la UE, a las que en 2022 destinó entre 800.000 y 900.000 euros. Estos trabajos los desarrolló tanto directamente como a través de Fleishman-Hillard, una agencia de relaciones públicas que también cabildea para Apple, Pfizer, Nike, Amazon, Santander e Iberdrola.

Pero no es ser la integrante de las big four que más destina al pasilleo europeo lo que hace sobresalir con mayor claridad a Blackrock en este terreno, sino su red. Aquí están las organizaciones con actividad en la UE a las que pertenece la gestora de Fink, por orden de mayor a menor gasto en lobby:

– Con sede en Londres, la Association for Financial Markets in Europe (AFME) destinó de noviembre de 2021 a octubre de 2022 entre 3,5 y 4 millones de euros a tareas de lobby en la UE. Como es regla extendida en todo este listado, no se trata de una organización dedicada en exclusiva a la defensa de los intereses de las megagestoras. "Nuestro consejo está compuesto principalmente por bancos de inversión mayoristas", señala AFME. Junto a "miembros asociados" como Blackrock o State Street hay bancos convencionales, entre ellos los españoles Santander y BBVA. La AFME, que declara 48 hombres y mujeres como participantes en estos trabajos en la UE, pretende "servir de puente entre los participantes en el mercado y los responsables políticos de toda Europa".

– La European Fund and Asset Management Association (Efama), con sede en Bruselas, sí está más claramente enfocada a los gestores de activos. Dentro están las big four, las cuatro grandes, y otros gallos –con presencia, por cierto, en el IBEX– como Amundi, Invesco, T. Rowe... También hay entidades nacionales, como la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), radicada en España y de la que Blackrock también es miembro. La Efama destinó en 2022 entre 2,25 y 2,5 millones de euros a las actividades cubiertas por el registro, es decir, a lo que comúnmente se conoce como "hacer lobby". Su propósito en la UE es "promover unas condiciones óptimas para el sector europeo de gestión de fondos y activos en sus esfuerzos por crear valor para los inversores".

– La tercera en gasto anual es la International Swaps and Derivates Association (ISDA), radicada en Nueva York, con una horquilla de entre 2 y 2,5 millones de euros. Su secretario es Jack Hattem, a su vez alto directivo de Blackrock. Lo acompañan en la cúpula de la asociación responsables de Société Générale, JP Morgan, Goldman Sachs... ISDA representa a una amplia gama de participantes en los mercado de derivados, el espacio donde se intercambian contratos financieros. Ahí hay gestoras como Blackrock, pero también compañías de seguros, energéticas o bancos.

– El Bundesverband Investment und Asset Management (BVI), con sede en Frankfurt (Alemania), destinó a tareas de lobby ante las instituciones de la UE entre 1,5 y 1,75 millones y 2022, trabajos de los que se benefician Blackrock, Vanguard, State Street y Fidelity, al frente de más de cien miembros. El BVI, que "acompaña" el proceso de legislación en "todas las fases", se centra en los intereses de firmas y filiales alemanas.

– Ya por debajo del millón de euros, concretamente entre 900.000 y 999.999 euros en doce meses entre 2021 y 2022, se sitúa ICI Global, con base en Washington, que promueve la "comprensión" del trabajo de las gestoras y su importancia.

El resto de asociaciones de las que forma parte Blackrock son expuestas aquí de forma más esquemática con nombre, país base, la horquilla económica destinada a tareas de lobby en la UE y el año, todo ello según la documentación del registro oficial comunitario.

– Investment Association. Reino Unido. Entre 900.000-1 millón de euros. 2022.

– Alternative Investment Management Association. Reino Unido. 900.000-1 millón de euros. 2021.

– Association of Luxembourg Funds Industry. 800.000-900.000 euros. 2022.

– Irish Funds Industry Association. 700.000-800.000 euros. 2022.

– Association Française de la Gestion Financiere. 600.000-700.000 euros. 2022.

– Dutch Fund and Asset Management Association. Países Bajos. 400.000-500.000 euros. 2021.

– International Capital Markets Association. Suiza. 300.000-400.000 euros. 2022.

– Assogestioni. Italia. 200.000-300.000 euros. 2022.

– Institutional Money Market Funds Association. Reino Unido. 100.000-200.000 euros. 2022.

– Plato Partnership. Luxemburgo. 50.000-100.000 euros. 2021.

– Eumedion. Países Bajos. 10.000-25.000 euros. 2021.

Todas las organizaciones citadas tienen varias cosas en común. La primera es que Blackrock forma parte de todas ellas junto a otras gestoras –ya sean empresas o filiales de grupos bancarios o de seguros, en ocasiones en gran número–, así como junto a bancos y otros operadores en el sector financiero. La segunda es que están registradas ante la UE para realizar tareas de lobby. La tercera es que han destinado fondos a dichas tareas.

Además, infoLibre ha localizado tres asociaciones más que tienen a Blackrock como miembro y que están dadas de alta en el registro de transparencia de la UE, requisito obligatorio cuando una organización quiere realizar allí tareas de relaciones públicas. En estos casos, se trata de entidades que no declaran ningún gasto específico a tareas de lobby en sus fichas. Son: Bruegel, un think tank belga; Eurofi, otro centro de pensamiento, en este caso parisino y de alcance europeo; y New Financial, con base en Reino Unido.

La compañía que preside Larry Fink está presente en otras organizaciones con actividad en Europa de las que este periódico no ha localizado ficha en el registro de lobbies, como European Capital Markets Institute (ECMI), un think tank que pretende influir en el debate sobre regulación financiera, y Pensions Europe, que representa a gestores de planes de pensiones. Eso además de la española Inverco. En Estados Unidos, Blackrock tiene un destacado papel en Business Roundtable, un foro de ejecutivos de grandes compañías que pretende ser influyente en el rumbo económico.

Una disyuntiva, con fuerte carga ideológica, acompaña al viejo problema de la vivienda en España: ¿es prioritariamente un derecho que hay que garantizar con políticas que corrijan la tendencia del mercado a concentrar propiedad y extraer plusvalías?, ¿o prevalece su condición de mercancía cuyo valor hay que proteger de cualquier intervención? Está claro cuál es la respuesta en The District, el salón del negocio del ladrillo que se celebra entre este miércoles y el viernes en Fira Barcelona: la segunda respuesta, claro. El business. Es lo que allí buscan bancos, fondos de inversión, socimis, lobistas, vendedores y compradores, oportunistas y supuestos especialistas en una cita que ha empezado accidentada.

En The District estás convocadas –ya han empezado a reunirse allí, de hecho– todas las ramas del negocio de la acumulación y explotación de capital inmobiliario, en un encuentro que ha saltado a los telediarios cuando activistas contra los desahucios y por el derecho a la vivienda han tratado de boicotear el arranque con protestas que han incluido lanzamiento de pintura en polvo a algunos participantes. "Fuera especuladores de nuestros barrios", decía una pancarta.

Pero, ¿qué es The District? ¿Por qué enfada tanto al Sindicato de Inquilinos y a la PAH, que lo declaran expresión máxima de la avaricia y que figuran entre quienes promueven la protesta de este miércoles?

El evento se presenta como "el mayor congreso de real estate europeo", algo así como el mayor congreso inmobiliario. Los términos en inglés abundan en la retórica de The District, incluso cuando el texto es en castellano. Entre los asuntos prioritarios del encuentro, al que están convocados 1.200 inversores y 380 "speakers", están "las oportunidades de inversión" generadas por el "market repricing". Hay muchos ejemplos más. Y no vale con saber algo de inglés para enterarse. Hay que manejar la jerga ejecutiva del negocio de la vivienda.

Aunque, para enterarse de verdad, hay que ir a los nombres propios. Nombres de individuos, de empresas y de organizaciones.

¿Algunos ejemplos? Entre los "partners", es decir, los socios del evento, figuran las inmobiliarias Aliseda y Anticipa, ambas de Blackstone, el fondo estadounidense al que se suele hacer referencia como "el mayor casero de España". No en vano, una de las presencias más destacadas del encuentro es la de Eduardo Mendiluce, CEO de ambas inmobiliarias. También están entre los "partners" las socimis del IBEX Colonial y Merlin Properties, que tienen como máximos accionistas a Qatar y al Santander, respectivamente. El propio Santander también es "partner", al igual que Caixabank.

Fondos de inversión –"fondos buitre", los llaman sus detractores–, bancos, promotoras, inmobiliarias, asesoras, consultoras, grandes despachos de abogados como Garrigues y Cuatrecasas: esa es la nómina básica de socios del evento, los impulsores de The District, cuya organización no responde a infoLibre sobre quién y con qué cantidades financia el evento.

Pero hay otros "partners". También está asociada a The District la red de antiguos alumnos de Esade, la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, que tiene un "real estate club" para aquellos graduados de la escuela de alta formación de la Compañía de Jesús "con intereses en el sector inmobiliario". A la lista de "partners" se suman puntales del lobby inmobiliario, contrario en bloque a la nueva Ley de Vivienda, como la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) y Asval, presidida por Joan Clos.

Precisamente Clos, el que fuera alcalde de Barcelona con el PSC, figura en la amplia nómina de "speakers", es decir, de oradores en el encuentro. Esta lista es otra fuente de información valiosa para conocer la naturaleza de The District. He aquí una selección: Adolfo Favieres, directivo del área inmobiliaria de megagestora de activos Blackrock en España, que entre sus incontables focos de interés tiene el ladrillo; Fernando Bautista, directivo de Blackstone, una de las marcas destacadas del evento; Eva González, directiva de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), otro integrante del lobby inmobiliario.

El conjunto de participantes forma un caleidoscopio de fondos, gestoras, inmobiliarias, bancos, creadores de opinión, especialistas business friendly y todo tipo de empresas de servicios en torno al negocio inmobiliario. El evento tiene un poderoso músculo mediático, con Expansión, La Vanguardia y Ejeprime destacando entre sus aliados "estratégicos", según dice la propia organización. Antes de que las protestas a las puertas del evento se convirtiesen en noticia, el titular que había deparado el evento era poco sorprendente. Inmobiliarias e inversores creen que la Ley de Vivienda no facilitará el acceso a clase media, decía el teletipo de Europa Press.

John no puede seguir con sus clases en la autoescuela. “No me da la cabeza”, lamenta. Ha pagado 650 euros en dos tandas de 10 clases, pero se ha dado cuenta de que una veintena de lecciones al volante no son suficientes para presentarse al examen. Y es que tiene una preocupación que no le deja centrarse: un gigantesco fondo de inversión va a intentar este jueves expulsarle de su casa, por tercera vez. Tanto a él, como a su pareja y a sus tres hijas pequeñas. La causa: ninguna, porque nunca dejó de pagar el alquiler. Es la mala suerte de entrar a vivir en unas viviendas que una vez fueron de protección oficial y que ahora están en manos de Blackstone. 

“Este lunes me llamaron para ofrecerme 1.000 euros para que me fuera”, explica John, de 43 años, a infoLibre. De origen nigeriano, lleva 17 años en España, todos en Alcorcón, ciudad natal de sus tres hijas de 1, 4 y 6 años. “El dinero no es problema, no me hace falta. El problema está en dónde voy a conseguir otro alquiler. Piden unas nóminas muy altas”, lamenta.

El dinero, obviamente, tampoco es un problema para Blackstone, una de las mayores gestoras de activos del mundo, valorados en cerca de un billón de dólares. Sin ir más lejos, este lunes The Wall Street Journal ha anunciado que ha vendido un resort en Estados Unidos por más de 800 millones de dólares, la segunda mayor venta de un solo activo de la historia reciente de EEUU.

En España, donde opera a través de sus ramas Testa y Fidere, se considera el “mayor casero” por su compra masiva de viviendas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y el desplome de los precios. Y también es calificado de "fondo buitre", por aprovechar esa coyuntura para convertir la vida de sus inquilinos en un suplicio, multiplicando los precios de las cuotas o incorporando cláusulas abusivas a los contratos. 

Esta es la propietaria de unos edificios en la calles de Estocolmo y Bratislava, en Alcorcón, donde viven 40 familias a las que el fondo buitre va a llevar a juicio. La primera ha sido María, una vecina que se ha sentado en el banquillo este martes, mientras fuera le esperaban sus vecinos, también acusados, y varias decenas de activistas de los movimientos madrileños de la vivienda, como el Sindicato de Inquilinos o la PAH. Ha salido airosa: “Blackstone acepta nuestras condiciones”, ha exclamado emocionada, con el megáfono. En su caso, supone aplazar, de momento, la marcha del edificio. El resto de vecinos hacen cuentas para ver quién será el siguiente. Para John no hay juicios: este jueves se enfrenta a su tercer desahucio. 

Los problemas de John no se limitan a resistir los embates de una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Tiene un problema cardiológico por el que le ha sido reconocida una discapacidad del 33%. Por suerte, reconoce, no le impide trabajar. Lo que sí le han recomendado fervientemente es que evite el estrés y la ansiedad, algo difícil cuando un fondo de inversión te trata de desahuciar cada cierto tiempo. “Me siento muchas veces muy nervioso, a veces un poco mareado…”, lamenta.

La pareja de John, de 33 años, acaba de conseguir trabajo en una conocida cadena de restaurantes. Sus hijas van a un colegio que está a escasas decenas de metros de su edificio. Están enraizados en el municipio y, concretamente, en su barrio, en el que llevan cinco años. Él, que ha trabajado la mayor parte de estos años como mozo de almacén, ahora está desempleado. Acaba de empezar a buscar trabajo, pero es una tarea que reconoce que no le supone demasiado esfuerzo. “Para mí es fácil encontrar trabajo. Con la tarjeta de discapacidad, más todavía. Puedo hacer casi cualquier cosa, menos correr o hacer mucha fuerza”, explica.

John tiene todo lo que necesita: familia, trabajo, un techo... Solo le falta una cosa, que es justo lo que le exige su médico: tranquilidad. En casa viven una calma tensa. “Mi mujer está triste desde hace mucho tiempo. Mi hija mayor también, porque sabe lo que está pasando. Sabe que tengo una enfermedad en el corazón”, lamenta.

John ha solicitado una vivienda de protección oficial. “De momento, no sale nada”. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos, que le han ayudado desde el principio, le están dando esperanzas. Creen que es posible que el desahucio de este jueves se vuelva a posponer. Pero reconoce que está perdiendo la paciencia: “Este jueves me desahucian y no sé qué hacer. Tengo muchos muebles dentro, no tengo ni adónde llevarlos. A lo mejor se pospone, pero dentro de unos meses será otra vez lo mismo. Y no soy solo yo, ¡es casi todo el edificio!”, lamenta. 

El edificio de la calle de Estocolmo fue levantado a iniciativa de la Comunidad de Madrid, que otorgó en 1999 la calificación de viviendas de protección oficial a las parcelas donde se erige. A los pocos meses de construirlo, el edificio pasó a manos de Banco Santander, posteriormente a la constructora Sacyr, y por último a Testa, actual casera. En este edificio vive Antonio, un vecino de 84 años, que lleva 22 años en el edificio y cuyo alquiler pasó de 200 euros a 625 euros. También Jesús, de 57 años, 12 en el edificio y que le exigen un aumento de 875 euros.

John lleva menos tiempo, unos cinco años. Mientras que Testa ofrece al resto de vecinos algunas posibilidades como subirles el alquiler, aunque sea a niveles abusivos, a él ni siquiera eso. Lo quieren fuera de la vivienda. John no sabe explicar por qué a algunos les ofrece opciones y a él no. Se señala el brazo: “Soy el único que no es blanco…”, señala, encogiéndose los hombros. 

Testa acusa a John de impago, pero él, sorprendido, defiende que no ha dejado de pagar nunca: “Ellos se cobraban el dinero de mi cuenta cada mes. Cuando terminó el contrato, en julio de 2021, fui a mirar la cuenta y no lo habían cobrado. Llamé a Testa y pregunté por qué. Me dijeron que el contrato se había terminado y que tenía que marcharme”, explica

“No le han validado la prórroga de un año, ni tampoco las que aprobó el Gobierno. Blackstone se ha cebado con su familia”, explica a infoLibre Mercedes Revuelta, activista del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Revuelta cree que el motivo por el que el fondo buitre acepta hablar con unas familias, pero no con la de John, es por su nivel de ingresos. “Estamos negociando estos días para que se pare el desahucio”, defiende. 

Cuando Testa dejó de cobrarle a John el alquiler, los movimientos de la vivienda le aconsejaron consignarlo en sede judicial, para evitar que le acusaran de impago. Y así hizo, hasta que un día el juez le dijo que dejara de hacerlo.

“El lunes me llamaron de parte de Testa. Me recordaron que tengo el desahucio este jueves y me preguntaron ‘¿Qué plan tienes?’. Yo les dije que ninguno”, cuenta John. “Me ofrecieron 1.000 euros, para pagar un mes de alquiler en otra parte. Yo les dije que no puedo aceptar el dinero, primero porque el dinero no es mi problema. Mi problema es que no tengo adónde ir. Para los contratos de alquiler piden dos contratos de trabajo que suman casi 3.000 euros [como aval]. No me puedo ir. Pero es que además, con 1.000 euros, ¿adónde voy?”, se pregunta. 

No es la primera vez que le ofrecen dinero: “El año pasado me ofrecieron 5.000 euros. Llegué a pensarlo, pero es que no tengo alternativa. Les dije que solo quería hablar con ellos para negociar alguna alternativa”, insiste. A diferencia de otros vecinos, como el octogenario Antonio, que no quiere dejar su casa, John sí aceptaría una alternativa habitacional. Pero Testa no cede a negociar, pese a sus intentos, los de los movimientos sociales e incluso los del propio Ayuntamiento. 

Tanto los movimientos sociales como fuentes municipales confirman que no es la primera vez que oyen que Testa ofrece dinero en metálico a personas que quiere desahuciar: “Es la mafia y los trapicheos de un gran fondo para evitar más trajín jurídico. Le sale a cuenta pagar 1.000 euros para que hagas la mudanza y te vayas corriendo”, critica Mercedes Revuelta.

El Sindicato de Inquilinos de Madrid critica que el trabajo del Consistorio se limitó a enviar una carta a la Comunidad de Madrid y a Blackstone y que, dado que ninguna aceptó sentarse en una mesa, su plan de mediación se quedó en vía muerta. “Podrían haber aprobado bandos, sacar carteles, presionar, hacer declaraciones a medios de comunicación… Hemos encontrado en el Ayuntamiento una pared de hormigón armado”, lamenta la activista Mercedes Revuelta.

El Consistorio, gestionado por el PSOE, aún se está recuperando estos días del susto electoral. Ha revalidado la alcaldía en estas elecciones municipales por un pelo: el Partido Popular se ha quedado a 42 votos de arrebatarle el último escaño a la izquierda, necesario para obtener una mayoría absoluta con Vox. El recuento ha dado la razón a los socialistas. 

“Los vecinos piden una negociación colectiva, pero Testa se niega a eso”, explica a infoLibre Rosana Zarapuz, concejala de Vivienda del municipio. El Ayuntamiento, a petición de las familias afectadas, aprobó una moción en noviembre en el que se comprometió a mediar. La Comunidad de Madrid ni siquiera respondió. El Ayuntamiento dice que Blackstone sí, pero evitó comprometerse a negociar. Ahora, empieza a ver un cambio de actitud. 

“La novedad es bastante reciente. Desde hace unas semanas se está comenzando a hablar. Vemos que ahora Testa sí reconoce al Ayuntamiento como interlocutor”, añade la concejala. “Lo que hemos conseguido es que Testa haga un estudio individualizado, pero de todos los afectados, sin excluir a nadie. Lo que no sabemos es la solución que se le va a ofrecer a cada uno”, explica. Añade que el Ayuntamiento iba a acordar una segunda moción, pero pactaron con los vecinos retrasarla, por si perjudicaba a las negociaciones, añade.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos siempre han rechazado el estudio individualizado de los casos y exigen una negociación colectiva para todo el bloque. Lo otro, arguyen, implica que los vecinos más vulnerables tengan que pasar por el aro con peores condiciones. La Ley de Vivienda tampoco les socorre: “Las herramientas que podríamos usar dependen de que la Comunidad de Madrid declare esto como zona tensionada. No se va a aplicar la ley”, lamenta Mercedes Revuelta.

Mientras tanto, siguen los procesos judiciales en curso, los movimientos sociales emboscados, el fondo buitre llamando a John para presionarle y él, buscando en medio de todo esto, lo único que le ha pedido su médico: algo de tranquilidad. “No debo nada. Pagué cada mes. Tenía derecho a prórroga, no me dejaron pagar. Quiero un nuevo contrato y seguir pagando el alquiler. Tengo tres niñas y no sé dónde ir”, lamenta John.

*ACTUALIZACIÓN (07/06/2023 12.29): El Sindicato de Inquilinos ha informado a infoLibre que Blackstone ha pedido que se paralice el tercer intento de desahucio, previsto para mañana. "Si en unos meses se ve que no se puede llegar a un acuerdo, la propiedad es libre de pedir al juzgado que vuelva a señalar una fecha para otro intento de desahucio", han informado fuentes de la negociación.

En Barcelona, en 1931, los vecinos dejaron de pagar el alquiler. CNT, impulsora de la huelga, se sumaba a una corriente europea: la autoorganización de los inquilinos para defender sus derechos. En países como Austria, esas organizaciones siguieron creciendo décadas después y han llegado a la actualidad convertidas en grandes instituciones de defensa de los inquilinos que participan activamente en las leyes de vivienda o en la negociación de los precios del alquiler. España tomó un rumbo diferente: la dictadura franquista apostó masivamente por la propiedad, como también se hizo luego en democracia, hasta la crisis financiera. Tras la debacle inmobiliaria, en España el alquiler ha ido ganando una repentina relevancia, asemejándose a los vecinos europeos, pero sin un sistema articulado de décadas de conquistas sociales, lo que ha abonado el campo para un mercado de especulación y desprotección de los arrendatarios.

Esta situación ha provocado que hayan nacido de golpe sindicatos de inquilinos en las grandes ciudades, como Barcelona, Madrid, Mallorca, Donosti, Málaga o Sevilla. En pocos años, han paralizado expulsiones masivas de vecinos, han emprendido acciones legales contra fondos buitre y han presionado a los legisladores hasta conseguir escribir algunas líneas en el Boletín Oficial del Estado, como la que prohíbe que las inmobiliarias cobren honorarios al inquilino. No han nacido de la nada: surgen tras años de lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de los que heredan los métodos, aunque abordan un problema diferente. Este fin de semana, sindicatos de varias comunidades autónomas se sientan juntos por primera vez. El objetivo es tejer una estrategia estatal.

“Hemos conseguido sentarnos con Goldman Sachs. En ese momento nos dimos cuenta de que podíamos conseguir muchas cosas más”, cuenta Silvia Abadía, portavoz del Sindicat de Llogateres de Barcelona. Esto ocurrió en 2018, apenas unos meses después del nacimiento del sindicato catalán. 121 familias residentes en un bloque del municipio barcelonés de Sant Joan Despí [34.000 habitantes] recibieron un burofax. “Goldman Sachs había comprado el inmueble y les dijeron que el alquiler iba a subir un 50%. Se organizaron y vinieron al sindicato. El resultado fue muy positivo, les acabaron renovando los contratos a todos, sin subidas o con subidas pequeñas”, explica Abadía. Fue el germen de otras muchas victorias. 

En el verano de 2019, unas 80 familias que residen en un bloque del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz [130.000 habitantes], recibieron un mismo burofax. Fidere, que luego descubrirían que se trataba de una rama de la gigantesca gestora de activos financieros Blackstone, acababa de comprar sus viviendas de protección oficial y les quería duplicar el alquiler. Estaban ante un hecho sin precedentes: un fondo buitre había comprado un edificio completo, aparentemente protegido por la Comunidad de Madrid, y les pedía algo que pese a que a todas luces era abusivo, parecía legal.

“En mi caso, pedían que el alquiler pasara de 700 a 1.200 euros”, explica José, que prefiere no dar su apellido. Este funcionario de 49 años reside en una casa con su pareja, dependienta en una tienda de ropa y su hija pequeña. “Somos una familia mileurista, con ese alquiler podía vivir, pero si me lo subían no hubiera tenido para comer”, explica.

Las familias del bloque entraron en pánico. Cuando entraron a vivir en esas viviendas las habían elegido porque era algo “seguro”, con el sello de la Comunidad de Madrid. Lo que les estaba pasando no tenía nada que ver con los casos de desahucios conocidos, donde un banco concreto desalojaba a una familia concreta. Era un fondo buitre comprando vivienda protegida en lote y forzando a todas las familias a aumentar sus cuotas o a marcharse. “Empezamos a reunirnos y una vecina dijo que había visto en las redes sociales que en Madrid se había creado un sindicato de inquilinos, así que decidimos llamarlos”. 

En la primera reunión con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, un portavoz les dio a las familias un consejo les cambiaría el futuro: seguir pagando el alquiler, pese a la oposición del fondo buitre. “Cuando mandábamos una transferencia, Fidere la devolvía. Así que empezamos a mandar la cuota del alquiler por giro postal. Si lo devolvían, acudíamos a consignarla en los juzgados. La cuestión era dejar siempre constancia de que no estábamos incurriendo en impago”, explica José. Sin el consejo de la organización, a las familias no se les habría ocurrido que podrían haberlos desahuciado por este motivo.

“Hicieron un trabajo espectacular y no nos pidieron ni un euro a cambio”, añade José. “Fue muy duro. Pasamos muchas noches sin dormir. Estábamos desesperados…”, lamenta. Los abogados del Sindicato de Inquilinos comprobaron los contratos de alquiler y encontraron cláusulas abusivas que no se ajustaban a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Las familias se convirtieron en las primeras en llevar a juicio a la filial española de Blackstone. “Fidere trató de dividirnos. Hizo ofertas a algunos vecinos ‘Si aceptas, te regalamos un mes’. O: ‘Te mantenemos tus condiciones un año’. Algunos no aguantaron la presión y picaron…”, lamenta José. 

El conflicto se enquistó y se acabó contratando a una empresa de mediación. “Accedimos a retirar las denuncias por cláusulas abusivas si ellos retiraban sus demandas de desahucio. Al final, conseguimos llegar a un acuerdo para las cuotas. En mi casa hoy pagamos 817 euros, frente a los 1.200 que me querían subir. Esa cantidad sí es asumible para mi familia. Los vecinos que picaron con las ofertas de Fidere, acabaron yéndose, porque no podían pagar los precios que aceptaron. A los que tenían alquileres de unos 450 euros, los subieron a unos 600, en lugar de los 900 que pedían.”, celebra José. Otro pulso ganado a un gigante.

Mientras España estuvo décadas apostando por la propiedad, en muchos países europeos se vivía mayoritariamente de alquiler. Los sindicatos de inquilinos fueron creciendo y contribuyendo a moldear el sistema, para proteger a los vecinos. Mientras que aquí han nacido como organizaciones asamblearias, como reacción a los abusos del mercado, en los países vecinos se han ido convirtiendo en algo más parecido a UGT que a la PAH. Se trata de organizaciones institucionalizadas, jerárquicas, con una gran estructura descentralizada a nivel regional y local, un sistema de financiación propio, con decenas o cientos de miles de afiliados. Más que un movimiento social, es una institución más del mercado inmobiliario.

La Asociación Alemana de Inquilinos es una organización histórica con un arraigo local muy fuerte: reúne bajo su paraguas a más de 300 asociaciones locales que a su vez se coordinan en 15 regionales. Una de estas, por ejemplo, es la de Múnich, creada en 1922 y que cuenta hoy con 63.000 miembros. Se estima que hay 500 centros de asesoramiento para inquilinos distribuidos por el país germano. La asociación tiene más de 1.300 trabajadores y cuenta con unos 2.500 voluntarios. Su trabajo se financia con las cuotas de los asociados y no reciben financiación pública, por lo que presumen de autonomía. 

Su objetivo es la representación política de los intereses de los inquilinos y son reconocidos ante la administración y por los legisladores como interlocutores válidos de este colectivo. En un país de 83 millones de habitantes, se estima que hay 22 millones de contratos de arrendamiento. No hay legislación de vivienda en Alemania que no pase por esta organización. Sus objetivos son ampliar la protección de los inquilinos, defender alquileres asequibles, viviendas sociales, modernización energética, la incorporación de energías renovables y la paz social en las zonas residenciales. 

En Suecia, el sindicato mayoritario es uno de nombre impronunciable, Hyresgästföreningen, que reúne a más de medio millón de afiliados en un país habitado por 10 millones de personas. Los sindicatos de inquilinos suecos existen desde hace más de 80 años y la ley les concede un papel preponderante en la negociación de las subidas de los alquileres, mediante un sistema relativamente similar a la negociación salarial en España. Los alquileres son vitalicios y las subidas de cuotas se negocian a nivel regional, como se negocia un convenio colectivo. Esta organización, por tanto, tiene un papel similar al que tiene UGT o CCOO, pero en materia de vivienda. 

Austria, que es el país cuyo modelo del alquiler cosecha más elogios, por el enorme parque público de vivienda del que dispone y por lograr alquileres asequibles en una ciudad como Viena, también tiene una organización histórica, que se remonta a 1911. Esta nació, en sus propias palabras, para “ejercer presión política”, como podrían ser las iniciativas surgidas en España. Con el paso de las décadas ha ido acumulando otra serie de funciones. Hoy, como en el caso alemán y sueco, esta organización participa activamente en los procesos legislativos relacionados con la vivienda como representación legítima de los inquilinos. Cuenta con unos 60.000 socios –en un país de unos 8,9 millones de habitantes–, de los que se financia. 

“Los sindicatos en España están muy relacionados a cómo se ha desarrollado el problema de la vivienda aquí”, explica Víctor Palomo abogado y miembro del equipo jurídico del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. 

El abogado ve dos reformas sustanciales que dieron paso a que el problema de la vivienda alcanzara al alquiler: “El Gobierno de Mariano Rajoy hizo dos cambios sustanciales en la ley. Primero, permitió la llegada de las socimis [vehículos de inversión inmobiliaria que cotizan en bolsa]. Esto supuso una alfombra roja para la llegada de los fondos buitre. Por otro lado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos rebajó los derechos de los inquilinos, los contratos pasaron de 5 a 3 años, facilitaron formas de rescindir contratos o para desahuciar”, añade Palomo. El actual Gobierno los volvió a elevar a 5 años.

El abogado considera que el hecho de que en España hubiera tantas viviendas baratas y vacías, consecuencia de la burbuja inmobiliaria y posterior crisis financiera, así como esta relajación legislativa, hizo que muchos fondos de inversión se fijaran en España como una opción interesante para obtener rentabilidad fácil: “En la época del ‘ladrillo’, la especulación consistía en gente que se compraba una segunda casa porque ‘se pagaba sola’ al alquilarla. Esto es totalmente diferente, ahora son gigantescas sociedades mercantiles con sede en el extranjero que lo hacen de manera sistemática”, critica.

“Entre 2016 y 2017 empezamos a ver el problema del alquiler. La PAH seguía con mucha actividad, pero este era otro tipo de conflicto: ahora veíamos fondos que compraban pisos enteros y querían expulsar a todos los vecinos. Eran conflictos colectivos contra muchas familias a la vez”, explica Víctor Palomo. Es el caso, por ejemplo, del Bloque Arganzuela. Como contó infoLibre, una gestora de activos compró un bloque de pisos en Madrid, expulsó a todos sus inquilinos, troceó las 25 viviendas que tenía en 45 y, pese que eran la mitad de pequeñas, triplicó sus precios a través del alquiler por temporadas.

“En 2018 vemos que por primera vez deja de hablarse de problemas concretos de inquilinos, que sufren condiciones abusivas, para hablar de un problema general del alquiler”, añade Palomo. “Ahí ya había fondos buitres radican sus sedes en paraísos fiscales y que prometen a sus accionistas rentabilidades anuales que les lleva a emprender estrategias muy agresivas”, añade.

Desde entonces, y especialmente tras la pandemia, cuando el problema del alquiler en las grandes ciudades ha llegado a un extremo, se empezó en una carrera política para intentar diseñar la primera Ley de Vivienda de la democracia. Las organizaciones de inquilinos no quisieron estar al margen, y presionaron a los partidos políticos con protestas en la calle y también sentándose con ellos. Mientras, paralelamente le surgían como setas conflictos a los que atender. Familias en apuros. “Empezamos a tener bloques de 50 vecinos, que reciben muchas cartas simultáneas. Empezaron a llamarnos de ocho bloques, nueve, diez… en distintos municipios. A partir de ahí, empezamos a centrarnos también en problemas comunes, por ejemplo, asesorar a los inquilinos cuando tienen problemas con la fianza o, tras la pandemia, cuando se incumplía el tope de la subida del alquiler del 2%”, añade.

Los portavoces de los sindicatos madrileño y barcelonés rechazan que el camino sea buscar institucionalizarse, a semejanza de los grandes sindicatos europeos: “En España seguimos teniendo una cultura de vivienda muy distinta respecto al resto de países europeos. En Suecia hay un control del mercado del alquiler que ni locos tenemos en España. En Alemania o en Austria hay un nivel de vivienda social que permite cambiar el hábitat legislativo. En España no estamos en esas. Copiamos estrategias de lucha de sindicatos laborales, pero no vemos la institucionalización”, explica Víctor Palomo, de la organización madrileña.

“Obviamente reivindicamos nuestro papel, que existamos como interlocutores a todos los niveles y que seamos reconocidos como los defensores de los intereses de los inquilinos, como también los tienen las patronales inmobiliarias”, explica Silvia Abadía, del Sindicat de Llogaters. “Pero somos superclaros: nuestra línea se basa en la acción sindical. Tenemos estructuras horizontales y trabajamos con base en lo que nos llega semanalmente a las asambleas. A diferencia de otros países de Europa, donde el alquiler es más tradición, nosotros empezamos ahora. Pero sí nos queremos separar de ellos en ese sentido, nuestras prácticas vienen de abajo a arriba”, añade Abadía.

Un gran primer logro de estas organizaciones es la autoría de algunos artículos de la Ley de Vivienda, la primera de la democracia en parte debido a la presión ejercida por estos nuevos sindicatos. “Teníamos las expectativas muy altas. La ley es bienvenida, pero no ocultamos que hay partes que nos decepcionan”, resume Víctor Palomo. Los sindicatos critican, entre otras, la ausencia de regulación del alquiler por temporadas o perciben grietas que permiten a los grandes fondos esquivar partes fundamentales de la ley. “Hay cosas que hemos reconocido que han partido de nosotros, pero otras muchas se han descafeinado mucho”, lamenta el abogado.

Uno de los éxitos cosechados es la prohibición de que las inmobiliarias cobren una comisión a los inquilinos en concepto de honorarios. “La nueva Ley de Vivienda es un tocho de 61 páginas, pero hoy queremos destacar una sola frase: ‘Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato serán a cargo del arrendador, reza un tuit del sindicato madrileño. Al mensaje acompaña una foto, de una peineta ante una inmobiliaria. “¿Sabéis qué quiere decir? Pues que por fin podemos gritar: adiós parásitos”, sentencia el sindicato.

A Antonio le encanta su casa. Son las 11 de la mañana del primer jueves de marzo y hace 4 grados en Alcorcón (Madrid, 169.000 habitantes). Pero por la ventana cerrada de su salón, orientada al sureste, entra el sol y no hace falta poner calefacción. De sus 84 años lleva 22 viviendo de alquiler en este piso, al que entró por un mecanismo de protección oficial. Pero su casero ya no es la Comunidad de Madrid. Es más, lo fue durante muy poco tiempo. “A los pocos meses, vendieron el edificio el Banco Santander. Yo me preocupé, pero me dijeron, Antonio, ¿qué más te da que los recibos le vengan de aquí o de allí? Y yo pensé, es verdad, qué más me dará... ¡Joder, si me dio!”, exclama.

Al poco tiempo, el inquilino relata que el edificio pasó a la constructora Sacyr y luego, a Testa, filial inmobiliaria de la gestora de activos financieros de la estadounidense Blackstone. En el camino, su cuota protegida de alquiler ha pasado de 200 euros a 625. “Primero me subieron un 100% de golpe, de 200 a 400 euros. Luego han ido subiendo poco a poco”, relata.

Aún no han transcurrido 25 años, por lo que la vivienda de Antonio aún goza de especial protección. Por eso, el fondo, que con la legislación actual no le puede subir más el alquiler, le pide que se marche a otra vivienda de su propiedad, más pequeña. “Oiga, no me desarraigue usted de mi pueblo. Tengo a mi hijo a 500 metros. Mis amigos, mi vida, mi biblioteca, mi gimnasio. ¡Que no me voy yo de aquí! Ya somos muy mayores, déjame morirme aquí, ten un poquito de paciencia”, ironiza.

Antonio es vecino de uno de los bloques de la calle Estocolmo. Ahí vive con su esposa, con la que lleva 60 años casado. “Felizmente, nos llevamos muy bien”, apunta. El octogenario cuenta que ella sufrió un infarto y sufre de vértigos: “Testa me pide que me vaya a otra casa, que tiene una sola habitación. Mi mujer está enferma, dormimos en habitaciones separadas. Cuando uno es mayor, y cuando ya ha pasado la edad del divertimento, donde uno está mejor es cada uno en su habitación. Los mayores tosemos más, orinamos más... ¡Roncamos! Una vez pusimos una grabadora, ¡parecía un aserradero! Yo elegí este piso de dos habitaciones sabiendo que todo llega. Que necesitaríamos dos lugares para descansar”, lamenta.

En los últimos 22 años, el IPC, al que van indexados normalmente los contratos de alquiler, ha subido en torno a un 60%. La cuota de Antonio ha subido más de un 200% por parte de las diversas empresas que han sido sus caseras. Por esto, Antonio es muy crítico con el concepto VPO: Vivienda de Protección Oficial. 

“La sensación que uno tiene cuando viene a una Vivienda de Protección Oficial es que está protegido. Y aquí no te protege ni Dios. Ahora dicen que si pagas más del 30% de tus ingresos en alquiler eres vulnerable. Entonces… ¡todo Madrid es vulnerable!”, exclama Antonio, que añade: “No se entiende que pague más de 600 euros. Puedo pagarlo, porque tengo dos hijos que me ayudan, pero el alquiler en mi caso rebasa el 50% de mi pensión, que es el único ingreso que entra en esta casa”, lamenta.

En 1999, la Comunidad de Madrid otorgó la calificación definitiva de viviendas de protección oficial a las parcelas que hoy ocupa este bloque. Fue una promoción de 159 viviendas sin opción a compra. Había dos regímenes: general, que disfrutaron de 10 años de protección, y especial, de 25. Es por este motivo que Antonio aún goza hoy de un mayor amparo que sus vecinos, cuya protección ya expiró y que se enfrentan a demandas de desahucio. Testa pide cantidades que superan entre un 35% o 40% su cuota de alquiler, exigencia que no aceptan.

Antonio, consciente de su especial protección, rechaza negociar individualmente con el fondo inmobiliario: “Quieren dividirnos. Somos 12 familias que hemos pedido negociar a Testa. La negociación colectiva no les gusta. Pues hacemos negociación colectiva individualizada. Pero es que lo que quieren es vaciar el piso. Estoy convencido de que si yo me voy, esto lo alquilan por casi el doble. ¡Es un disparate! A mí me piden que me vaya, si no acepto, me pasará lo que a él”, critica, señalando a uno de sus vecinos, demandado.

El vecino al que señalaba Antonio se llama Jesús. Tiene 57 años y lleva 12 en el edificio. Es taxista y paga religiosamente 675 euros de alquiler, aunque el fondo, desde hace cuatro años, quiere más. “Empecé pagando alrededor de 500 euros y me piden que pague 875 euros”. 

Jesús está divorciado y, además del alquiler, paga la pensión por manutención de sus hijas. Actualmente vive con su madre, de 85 años, que está enferma. “Para poder sacar todos los gastos tengo que facturar 2.000 euros mensuales con el taxi. No consigo hacer jornadas por debajo de 12 horas”, lamenta. 

Tras la negativa de Jesús a aceptar la subida de la cuota, Testa le demandó para que abandonara la vivienda. “He pasado dos juicios por desahucio. En el primero lo pasé fatal. A mi abogada de oficio no la llegué a ver en persona. Yo ni sabía que el juicio era porque Testa me acusaba de no haber pagado la cuota. La abogada me llamó 5 minutos antes de que expirara el plazo de irme de mi casa decirme que se aplazaba el juicio”, lamenta Jesús, que reconoce que sufrió un gran nerviosismo. 

El taxista especifica que nunca ha dejado de pagar el alquiler, y cuando Testa ha devuelto los pagos, ha vuelto a ingresarlos, para evitar que le acusen de impago. El segundo juicio, programado para el pasado martes, lo ha afrontado mejor. Jesús, como el resto de familias afectadas de su edificio, había contactado con el Sindicato de Inquilinos, una asociación que reúne a inquilinos organizados y que incluye a juristas que ayudan a los arrendatarios que entran en conflicto con los grandes fondos de inversión. 

“Me da mucha tranquilidad que alguien te asesore y que esté ayudándote. En este caso, me dijeron con bastante antelación que el juicio se volvía a aplazar. En seis meses volverán al ataque para ver si me echan del piso... Llega un momento que esto te afecta. Yo no estoy acostumbrado a esto. Esto te desborda, no duermes tranquilo, ni trabajas tranquilo, ni vives tranquilo. Ellos tienen la sartén por el mango y tú estás ahí, friéndote, hasta que te canses y te vayas, porque no aguantas la presión y la incertidumbre", lamenta.

Blackstone es considerado el mayor casero de España, con un parque estimado de 40.000 viviendas que gestiona a través de sociedades mercantiles como la mencionada Testa, la casera de Antonio y de Jesús. Ante la evidencia de que la situación de la vivienda se está convirtiendo en un clamor social y que las administraciones públicas cada vez prestan más atención, está empezando a desprenderse de este patrimonio, ante las complicaciones que la Ley de Vivienda supondría para su negocio inmobiliario. Según contó el diario económico Cinco Días, la gestora de activos tiene Testa a la venta. 

“Este caso no ocurre solo en Alcorcón. Pasa en Getafe, en Torrejón de Ardoz, en Carabanchel, en Vallecas…”, lamenta Víctor Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinos. “Blackstone, a través de sus sociedades mercantiles Testa y Fidere, compraron viviendas protegidas que estaban de alquiler. La Comunidad de Madrid cedió el terreno a una empresa que explotaba los arrendamientos en régimen de protección pública. Ahora los últimos contratos calculamos que tienen, al menos, 12 cláusulas abusivas”, critica Palomo.

Antonio, el inquilino octogenario, pese a que no es propietario de su casa, paga el IBI. “¿Yo soy propietario de algo? ¡No hay por donde cogerlo!”, critica. También paga la Tasa de Residuos Urbanos, un impuesto que habitualmente paga el propietario de la vivienda. “Es polémico que el inquilino pague el IBI. No hay jurisprudencia, pero por lógica, es obligación del propietario”, explica Víctor Palomo. 

“Son muy radicales”, añade el abogado. “Si lees un contrato, te obligan a que todo lo tienes que arreglar tú. Les pide a los inquilinos hasta un seguro de responsabilidad civil sobre la vivienda y su contenido, que debería ser una cosa voluntaria. Hay cláusulas penales, con sanciones de 150 euros por, por ejemplo, no entregar un documento. 

infoLibre ha accedido a alguno de los contratos, en los que se refleja que el inquilino debe hacerse cargo de los suministros básicos (agua, electricidad, calefacción, teléfono), así como de la mencionada tasa de basuras, la instalación, conservación y reparación de los contadores, el mantenimiento y conservación de la caldera y el coste de sus inspecciones obligatorias.  

Además, el inquilino no solo debe hacerse cargo de reponer los objetos que se desgastan por el uso normal, como las bombillas. También debe hacerse cargo de las reparaciones de persianas, enchufes, cisterna del váter, griferías, desagües, instalaciones como encimera, campana extractora, electrodomésticos, como el frigorífico, la lavadora o el microondas, así como la bañera o el plato de ducha. En resumen: todo lo que hay en la vivienda. "Pedimos una negociación con todos los vecinos, para que no se les expulse y no se vean afectados por cláusulas abusivas", defiende el abogado.

El caso llegó a la televisión. Antonio participó en el programa La Sexta Xplica, que se emite los sábado por la noche en La Sexta, algo que no gustó a Testa. "Me llamaron porque dije en la tele que estábamos todos demandados. Una empleada de Testa me dijo: 'Usted va diciendo que le hemos denunciado'. Es cierto, yo no estoy demandado, pero todos mis vecinos sí y yo hablo en plural", señala el inquilino.

El PSOE y la candidatura vecinal Ganar Alcorcón, que gobiernan el municipio, llevaron este caso al Pleno del Ayuntamiento. El órgano aprobó una moción por la que el Consistorio se comprometió a mediar. Algunos de los vecinos, tras tantos años de pelea, son escépticos, y atribuyen esta iniciativa a la cercanía de las elecciones municipales. No obstante, se alegran de que haya por fin una reacción, tras varios años: “La esperanza es lo último que se pierde”, lamenta el taxista Jesús.

Fuentes municipales, en conversación con infoLibre, declaran que usarán “todos los recursos a su alcance” para defender a los vecinos: “Pedimos a todas las partes implicadas que pongan de su parte para encontrar una solución razonable. No pueden pagar siempre los mismos", defiende Jesús Santos, segundo teniente de la alcaldesa y coordinador del área de servicios de la ciudad. Santos es también coordinador general de Podemos en la Comunidad de Madrid.  

Así, a finales de noviembre, el Ayuntamiento se comprometió a cumplir varios puntos, de los que destacan tres. En primer lugar, mediar entre Testa y los vecinos para evitar subidas desorbitadas de alquileres y cláusulas abusivas. Para ello, se convocaría una mesa de negociación con el Ayuntamiento, los vecinos afectados, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Sindicato de Inquilinos, la Comunidad de Madrid y Testa. Sobre este punto, el Ayuntamiento indica que el Gobierno regional no ha contestado y que la empresa no ha aclarado su respuesta.

En segundo lugar, solicitar a Testa que retire las demandas interpuestas a los vecinos por el vencimiento de sus contratos, al no aceptar estos las subidas de alquiler de más del 30%. El Consistorio indica que en este caso la gestora de activos tampoco se ha pronunciado sobre esto. infoLibre, tras reiterados intentos por correo electrónico y teléfono, no ha conseguido hablar con un portavoz de Testa para conocer su posicionamiento.

En tercer lugar, solicitar una reunión de urgencia con el Defensor del Pueblo. “Desde el Ayuntamiento se ha enviado esta petición al Defensor del Pueblo, pero todavía no ha respondido”, indica el organismo. Fuentes de la oficina del Defensor confirman que han recibido la petición, pero que aún no han conseguido agendarla, debido a la ingente cantidad de citas que tienen en espera. 

“Tengo que lavar la imagen por una cosa que dije en la tele”, dice Antonio, con gesto incómodo, recordando su participación en el programa de La Sexta. “Critiqué al señor Sánchez, porque aún no tenemos una Ley de Vivienda. Y me han criticado mucho. ‘Ah, que este señor estaría mejor con Rajoy’, me han dicho. Creen que a mí me emociona la derecha. Con la premura de la tele, olvidé decir que hago esta acusación desde la extrañeza, sería injusto no reconocer lo que ha hecho este Gobierno. ¡No entiendo que no aprueben la Ley de la Vivienda!”, lamenta. 

La legislatura se agota y a la Ley de Vivienda le queda aún un largo recorrido. En febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley de Vivienda, que es una norma que no entrará en vigor hasta que no supere un largo proceso en el Parlamento. Al estar aprobada por el Consejo de Ministros, una vez que el Gobierno la lleve al Congreso, iría directamente a la comisión competente, que trabajará el texto, con su correspondientes plazos para que los partidos presenten enmiendas parciales o totales. 

Luego debe aprobarse en el Pleno del Congreso, desde donde se enviará al Senado, que también puede introducir enmiendas. Si es así, volvería al Congreso, que decidirá si acepta las posibles enmiendas. Pese al largo recorrido que le queda y al poco tiempo que queda de legislatura, fuentes gubernamentales insisten a infoLibre de su voluntad de aprobar la ley antes de las elecciones.

El proyecto de ley recoge algunos instrumentos que serían útiles para estos vecinos. Incorporaría a la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje ante los grandes tenedores de vivienda cuando hay inquilinos económicamente vulnerables. Es un sistema que tratará de evitar demandas de desahucio. 

Por otro lado, prevendría futuros casos, al impedir la venta de parque público de vivienda a fondos buitres. Para la vivienda protegida, como la de Antonio, no podrían darse los incrementos de precios de alquiler que este inquilino ha sufrido en los últimos años: las empresas propietarias tendrán que limitarse a un índice de referencia para áreas tensionadas, como lo es la Comunidad de Madrid. 

“Tuve mejores vidas, pero la vida viene como viene”, lamenta Antonio, un poco exasperado por lo que supone negociar con la filial de una gestora de fondos que gestiona activos valorados en 110.000 millones de euros. “Si no acepto cambiarme con mi mujer a una casa de una habitación, me pasará como a ellos [en referencia a sus vecinos, con denuncias de desahucio]. Al final la vida no es la que uno se cree que se hace, es la vida la que hace con uno lo que ella quiere”, lamenta el octogenario.

Miércoles noche. Decenas de miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid protestan a las puertas del restaurante Fortuny Home Club, donde se celebra una cena de participantes en el Congreso Nacional de Servicing Inmobiliario, es decir, de sociedades gestoras de viviendas. "¡Estos comensales son los criminales!", gritan los manifestantes. Salta un rumor: dentro están cenando juntos David Lucas, secretario general de Vivienda, y un ejecutivo del sector llamado Eduard Mendiluce. No era así, según aclaró más tarde el propio Lucas, que estaba en su casa, pero el grado de indignación que provocó el rumor lleva a preguntarse: ¿Qué tiene de especial el señor Mendiluce? Para presentar a este directivo de postín hay que dar cuatro de los nombres que más soliviantan ahora mismo a un movimiento antidesahucios consagrado a intentar la aprobación de una ley de vivienda que se aleje de lo que quiere el conglomerado de fuerzas del rentismo.

Esos cuatro nombres son Blackstone, Cerberus, Joan Clos y Asval.

Es posible que al lector le suene el primero, un megafondo de inversión con origen en EEUU, fundado en 1985 por dos exdirectivos de Lehmann Brothers, con intereses en múltiples sectores en todo el mundo. También en el inmobiliario, terreno en el que ha irrumpido con tal fuerza en España que es conocido como "el mayor casero" del país. También le sonará Cerberus, otro megafondo de relieve mundial. Seguramente también le diga algo Joan Clos, por haber sido alcalde de Barcelona (1997-2006) y ministro de Industria, Comercio y Turismo (2006-2008) con el PSC y por formar parte ahora del "consejo asesor" de Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes.

En cuanto al cuarto, es más improbable que a quien lee estas líneas le sugiera algo: Asval. Pero es un acrónimo, Asval, del que conviene tomar nota, porque corresponde a la asociación que pone a trabajar en una misma causa a Mendiluce, Clos, Blackstone y Cerberus, todos ellos junto a pequeños propietarios, en una alianza que pretende influir sobre las reglas del juego de la vivienda justo cuando la legislatura encara su recta final y la ley está por aprobar, si es que llega a aprobarse.

Ni Blackstone ni Cerberus figuran como miembros ni como impulsores de Asval –Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler– en su web. Paseando por su información corporativa, uno podría pensar que no tienen nada que ver. Pero lo tienen.

Ambas supercompañías están detrás de la asociación, de cuyo nacimiento aparecen las primeras noticias en marzo de 2020, aunque fue registrada en el Ministerio del Interior en enero de 2021. La pertenencia a la asociación en el caso de Blackstone está acreditada por su ficha como empresa lobista en el registro de transparencia de la UE, donde se presenta como "miembro" de Asval. Un portavoz autorizado del fondo confirma que es uno de los miembro de Asval desde su origen, aunque recalca que el protagonismo recae en los "pequeños propietarios".

Blackstone es además dueño de Anticipa y de la mayoría de Aliseda, dos gestoras de activos que, según confirma una fuente autorizada de Asval, pertenecen también a la asociación. Mendiluce, el nombre que iba de boca en boca en la noche del miércoles, es CEO –director general– de Anticipa y Aliseda y miembro de la junta rectora de Asval, señala la misma fuente. En cuanto a Cerberus, añade, es accionista de una de las compañías que pertenecen a la asociación, pero no aclara cuál. Cerberus no responde a los mensajes de infoLibre.

¿Y Clos? El exalcalde es presidente de Asval, asociación con sede en Madrid que tiene entre ceja y ceja un propósito: frenar la Ley de Vivienda, contra la que carga por tierra, mar y aire. Y no sólo pretende frenar los planteamientos más transformadores o radicales del movimiento en defensa del derecho a la vivienda –con organizaciones como la PAH exigiendo medidas para una bajada de los alquileres y las hipotecas y para garantizar alquiler social a las familias en riesgo de desahucio–, sino frenar también el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, que tanto Unidas Podemos como ERC, EH-Bildu, la CUP, Más País y el BNG consideran que se queda corto. Según Asval, con su actual redacción la norma generará gran inseguridad jurídica, reducirá la oferta y espantará a la inversión. Ese es su mensaje central. Y es el que defiende Clos, que a juicio del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas tiene el encargo de "blanquear el discurso de los fondos buitres". "¡Usted está financiado para usar sus contactos del PSOE y bloquear una ley de vivienda efectiva en España!", se dirigía a él, casi a voz en grito, una activista que interrumpió una intervención del exalcalde de Barcelona en septiembre de este año.

Asval niega estar dominada por gigantes empresariales o lo que se ha dado en llamar "grandes tenedores". La fuente consultada señala que el 95% de sus en torno a 6.000 asociados tienen "una o dos viviendas". Es decir, son "pequeños propietarios dedicados al alquiler" que se acercan a Asval ante la "situación actual de inseguridad jurídica". Ante la pregunta de por qué los nombres de Blackstone y Cerberus no aparecen en la web, responde: "Lo que hay en la página es una muestra". Además, afirma que el peso del trabajo en Asval lo llevan las "empresas", no los "accionistas" que haya detrás.

De Asval forman parte desde su origen las promotoras inmobiliarias Aedas y La Llave de Oro y las socimis Iante y Albirana. Más tarde se sumaron entre otras firmas como Neinor, Servihabitat, Promur, Q Living, Elix Vintage, Global Pielago o Nuprosa y los portales Idealista y Fotocasa.

¿Y por qué Clos como presidente? La respuesta de Asval es que no sólo es exalcalde y exministro, sino también "experto en urbanismo y vivienda", como prueban sus ocho años como subsecretario general de Onu-Habitat (2010-2018).

Sea por el tirón de Clos, sea porque el movimiento antidesahucios la ha puesto en el punto de mira, Asval se ha convertido en un referente del poderoso lobby inmobiliario español, un espacio que ha sufrido una profunda transformación –como todo el sector– a raíz de la Gran Recesión. Es más, varios de sus pesos pesados son de origen reciente. Por ejemplo, en 2019 nace Asocimi, la Asociación Española de Socimis, es decir, de sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario, un tipo de inversor en activos cuestionado por su ventajoso régimen fiscal.

Actualmente forman parte de Asocimi un total de 32 empresas. Su presidente es Javier Basagoiti, al frente de dos de estas socimis, Inbest y Corpfin Capital, un defensor de que los mercados "se regulan solos". Basagoiti, en una entrevista a El Mundo en 2021, afirmaba que la Ley de Vivienda, que por entonces aún no había pasado al trámite parlamentario, era inconstitucional por distinguir entre grandes y pequeños propietarios. En la junta directiva de Asocimi hay representantes de firmas como Quonia, AM Locales, Vitruvio y Castellana. Son "socios colaboradores" el gigante de la consultoría PwC, la asesora Grant Thornton, la tasadora Tinsa y la financiera Renta 4, que elaboran informes sobre precios de la vivienda o tendencias del mercado.

La Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI) es otra organización posterior a la crisis que ha percutido con fuerza contra la Ley de Vivienda. Nacida en 2013, presume de reunir entre sus miembros más del 90% de la facturación del mercado de consultoría inmobiliaria en España. ¿Nombres? BNP Paribas, Catella, CBRE, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Colliers... No son sólo importantes por su papel en el sector, también desarrollan una importante función de influencia en la opinión pública, tanto individualmente como a través de la ACI y sus estudios y publicaciones.

Su mensaje central es que la nueva ley creará incertidumbre, desincentivará la inversión y reducirá la oferta de alquiler en las zonas tensionadas. "Las inversiones no construirán en los lugares que tengan esa legislación restrictiva", explicaba a The Objective su presidente, Ricardo Martí-Fluxá, en noviembre de 2021, tras la aprobación del anteproyecto. "Los cambios legislativos acometidos pueden llegar a restar crecimiento al mercado y añadir incertidumbre; no es bueno para atraer la inversión y desarrollar el mercado", insistía en agosto en El Economista.

ACI, al igual que Asval, ha colocado a un expolítico como mascarón de proa. Martí-Fluxá, presidente de la asociación, fue secretario de Estado de Seguridad de 1996 a 2000, en la etapa de Jaime Mayor Oreja (PP) en Interior. Antes (1992-1996) fue Jefe de Protocolo de la Casa Real. Además de ACI, preside también Tedae, la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, un lobby armamentístico. En el terreno empresarial ha sido presidente de Marco Polo Investments, además de consejero de Tomás Pascual, asesor del banco de inversión Arcano Capital y consejero de Ibersecurities y de la tecnológica Ikusi. Hoy es presidente del Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud y de la fundación de promoción de las artes Ankaria, que cuenta con la colaboración de Iberdrola y con el patrocinio de Liteyka, una empresa de servicios de infraestructuras de la que es consejero el propio Martí-Fluxá. Además, es presidente de la promotora Neinor, miembro de Asval.

Así que en Asval se encuentran un exministro del PSC y un ex secretario de Estado del PP.

La propia CEOE es enemiga declarada de la Ley de Vivienda. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afirmado a lo largo de su elaboración que es una "injerencia" contra la propiedad privada con carácter "anticonstitucional". Su aprobación causaría una "distorsión brutal" en el mercado, opina. De la principal organización patronal, que afirma representar a dos millones de empresas, forman parte al menos tres grupos de interés y presión con peso en el sector inmobiliario.

Uno de ellos es Fadei, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias, que comparte el mensaje según el cual la Ley de Vivienda supondría una pérdida de atractivo de España para los inversores y una reducción de la oferta de alquiler, con consiguiente subida de los precios. Nacida en 2017, suma 12 organizaciones que representan –según Fadei– a unas 5.000 agencias. Su presidenta es Montserrat Junyent, en representación de la Asociación Mediterránea de Empresarios Inmobiliarios. Firma habitual en las revistas del sector y asesora del Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria –también contrario a la ley–, Junyent cree que la norma creará "inseguridad jurídica".

También de la CEOE forma parte Wires, una asociación de consejeras y directivas creada en 2015 para "dar visibilidad a la mujer en el sector inmobiliario". Cuenta con unas 370 socias, entre ellas de empresas como las ya citadas Savills, Inbest, BNP, Colliers, PwC y Cushman & Wakefield. A ellas se suman socias con cargo en la Sareb, Santander y Amazon, entre otras muchas. Carmen Panadero, presidenta de Wires, cree que la ley encarecerá la vivienda, impulsará la "economía sumergida", generará "inseguridad jurídica" y supondrá una "espantada de la inversión", como declaró hace un año.

A diferencia de las organizaciones citadas, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) no nace tras la Gran Recesión. Hablamos de una entidad histórica, fundada en 1968, que forma parte tanto de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) como de la propia CEOE. Los tres grupos –CEOE, CNC, APCE– coinciden en la crítica a la Ley de Vivienda. A juicio del presidente de la APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, de la promotora Vía Agora, la norma es "fallida" ya antes de su aprobación. "Hemos recibido una gran cantidad de llamadas de inversores institucionales, porque genera intranquilidad”, explicaba a Cinco Días en noviembre de 2021. APCE considera que la ley es "inconstitucional" y "crea inseguridad jurídica". Los argumentos se repiten, con leves variaciones, en todos los terminales.

Otra organización histórica es Asprimi, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, fundada en 1977 y alineada con el discurso canónico sobre los efectos negativos que la Ley de Vivienda tendrá sobre el mercado. Entre los más de 130 asociados a Asprima figuran titanes como Acciona o Iberdrola. Su presidenta es Carolina Roca, del Grupo Roca, al frente de una directiva en la que están representadas compañías como Realia o las ya citadas Aedas y Colliers.

Jordi Guzmán, investigador sobre justicia social en la Universidad de Leeds y miembro del Sindicato de Inquilinos, que ha profundizado en el mundillo de los grupos de presión, observa una mutación en el mismo. "Históricamente", señala, los dos principales lobbies a favor de los intereses de la propiedad inmobiliaria han sido APCE en Barcelona y Asprimi en Madrid. "Son las grandes asociaciones de constructores y promotores, las figuras históricas del sector", afirma.

Aunque Asprimi y APCE siguen teniendo "fuerza e influencia", Guzmán afirma que ahora comparten protagonismo con una serie de pujantes actores nacidos después de la crisis inmobiliaria, cuyo impacto en el sector se ha traducido también en cambios profundos en la estructura de grupos de presión. Ahí destaca a Asval, Asocimi y ACI, por su "capacidad de generar discurso". Guzmán destaca también la elevada cohesión del lobby inmobiliario, con un mensaje unísono "en el que todo el mundo está de acuerdo en lo esencial, que es la protección de los intereses de los perceptores de rentas".

A la coincidencia discursiva que cita Guzmán se suma la integración orgánica. Un dato lo ilustra: la organización más antigua de las citadas, APCE (1968), la de los constructores de siempre, forma ya parte de la más nueva, Asval (2021), la que tiene a los megafondos detrás. Y APCE Cataluña está integrada de la rama española de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci).

¿Y quién preside Fiabci? Pues un tal Joan Clos Matheu, el mismo que Asval. Así de intrincada es la malla del lobby inmobiliario español. Mientras los miembros del Gobierno discrepan sobre la Ley de Vivienda, los protectores del statu quo hacen piña ante la batalla que viene.

El precio de los alquileres de viviendas se elevó en julio hasta los 11,21 euros el metro cuadrado de promedio, alcanzando así su máximo nivel desde 2006. Al menos, según el índice inmobiliario que elabora la empresa Fotocasa. Según su directora de estudios, María Matos, se trata de “un hito en la evolución de este mercado”: el precio de los arrendamientos lleva 33 meses –desde noviembre de 2019– por encima de los 10 euros el metro cuadrado y nueve meses consecutivos encadenando subidas. De media, los alquileres se han encarecido un 7,4% en el último año, pero hay tres provincias donde se han disparado por encima del 20%: Girona, Huelva y Málaga. La comunidad autónoma con mayor aumento en el último año es la Comunidad Valenciana, con un 17,5%, seguida de Baleares –14,5%– y Cantabria –14%–. En Madrid los precios han crecido un 11,2% y en Cataluña un 7,3%. Donde menos han subido ha sido en La Rioja, sólo un 2,7% desde julio de 2021.

Independientemente de las subidas, Madrid es el territorio con la vivienda en alquiler más cara, 15,39 euros el metro cuadrado, seguido de Cataluña, con 14,79 euros. Baleares es la tercera, con 13,51 euros. Los alquileres más baratos están en Extremadura y Castilla-La Mancha, donde cuestan menos de la mitad que en las más gravosas: 6,21 y 6,48 euros, respectivamente. Por provincias, en cambio, Barcelona se convierte en la más cara, con 15,77 euros el metro cuadrado, por delante de Gipuzkoa, con 15,52 euros. Por el contrario, en Zamora no se superan los 5,49 euros y en Cáceres los 5,67 euros el metro cuadrado.

Alejandro Inurrieta, economista, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler y autor del libro Vivienda, la revolución más urgente, también cree que los arrendamientos están en máximos. “Los precios de los alquileres condicionan los precios de las ventas de viviendas, sobre las que hay estadísticas mucho más precisas”, explica, “y el precio de las ventas se encuentra en el mismo nivel máximo que antes de la crisis de 2008, por lo que ese dato me invita a pensar que lo mismo ocurre con los alquileres”. Inurrieta pone en duda la fiabilidad de los datos de Fotocasa. “En todo caso, la empresa puede hablar de sus clientes, pero nada más”, objeta el economista, que se queja de la falta de información estadística sobre el alquiler, “un mercado opaco que carece de controles e inspecciones”. En España no se sabe ni cuántas viviendas hay de alquiler ni cuánto suben los precios, protesta.

Aun así, según sus cálculos, el déficit de vivienda pública de alquiler, el número de pisos que serían necesarios para igualar a los países de la UE, asciende a siete millones de pisos. “Es evidente que el mercado del alquiler está tensionado, sobre todo en algunos territorios, como Ibiza, por ejemplo, por la falta de vivienda social”, sostiene. Un factor al que hay que añadir el tirón de la demanda turística de este año. Los datos de Fotocasa no distinguen entre alquileres turísticos y alquileres habitacionales, por lo que sus estadísticas, apunta Inurrieta, “están contaminadas”.

Pero sí se puede deducir que el “aluvión de turistas” del primer verano sin restricciones pandémicas tiene mucho que ver con la burbuja de precios. Por ejemplo, el municipio con el mayor aumento de precios del alquiler ha sido Gandía, con un 53,2%, seguida de Benidorm –43%–, Torrevieja –36,9%– y Fuengirola –36,8%–. Además, el ayuntamiento con el alquiler más caro de España en julio resulta ser Calvià, con 19,43 euros el metro cuadrado, más que Barcelona capital, con 18,43 euros o La Moraleja (Madrid), con 17,62 euros o San Sebastián, que llega a 17,06 euros. El precio medio en Madrid capital es de 16,57 euros. Otro municipio con gran demanda turística es Laredo (Cantabria), donde alquiler un piso alcanza los 16,46 euros el metro cuadrado, casi tanto como en Madrid. También en las subidas del último año se refleja el empujón del alquiler turístico: en Alicante, los precios han crecido un 26,4%, la mayor alza por municipios.

Al mismo tiempo sorprenden los enormes aumentos de la ciudad de Cuenca, que ha disparado sus alquileres un 18,7% en el último año, el 14,1% de Badajoz capital o el 13,9% de la provincia de Lugo. Todas ellas, zonas en principio inmunes al calentamiento turístico.

Fotocasa atribuye todos estos aumentos “sin precedentes” a la reducción de la oferta y al alza de la inflación, “que influye en las viviendas que salen al mercado”. Pero Alejandro Inurrieta rebate esa segunda causa. “Los recibos de la luz o el gas los paga el inquilino, no el casero, a éste no le afecta la inflación”, indica. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación de los alquileres de la vivienda principal sólo ha subido un 1,4% en el último año. Pero el epígrafe que engloba la vivienda con sus consumos se ha disparado un 23% hasta julio. El efecto inflación sí que se nota en el hecho de que el del alquiler funciona como un modelo de mercado “líder-seguidor”, apunta Inurrieta, en el que un casero sube el precio y “todos se suben al carro”. La demanda está disparada y el “inmenso” poder negociador del propietario del piso hace el resto frente a un inquilino “indefenso”.

“Así que es evidente que el control de precios establecido por el Gobierno no está funcionando”, concluye el economista. Como parte del plan de choque contra la inflación, el Ejecutivo aprobó en marzo limitar las subidas de los alquileres al 2%. La medida fue prorrogada en mayo hasta el 31 de diciembre. La Ley de Vivienda, que en estos momentos se tramita en el Congreso y el Gobierno quiere tener aprobada en octubre, también incluye un mecanismo de control de los precios del alquiler en zonas tensionadas. Lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas y las gobernadas por el PP ya anunciaron que no lo aplicarán.

Sobre el papel, el objetivo es estimular fiscalmente el alquiler de la vivienda habitacional de manera asequible con deducciones que van del 50% al 90% en el IRPF. La ley establece una moratoria de 18 meses antes de que rija el índice de referencia de los precios en las áreas tensionadas. La definición de área tensionada también tendrán que hacerla las comunidades autónomas. Alejandro Inurrieta pone en duda que la Ley de Vivienda salga adelante, porque ve difícil que los fondos de inversión, que ya controlan el 4,4% del mercado del alquiler en España, vayan a aceptar controles de precios.

Estos, asegura, están actuando de “líder del sector”. Cada vez más, los fondos están comprando edificios enteros en zonas con precios bajos –Inurrieta cita Puente de Vallecas, Usera o Carabanchel en Madrid–, que reforman y ponen en alquiler a precios altos–1.000 euros–. Los mayores propietarios de viviendas en arrendamiento son Caixabank, con un catálogo de 25.000 inmuebles, el fondo estadounidense Blackstone a través de Testa Home, que posee otros 20.000 y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, que suma 15.583, según un informe de Atlas Real Estate Analytics. En total, hay 16 sociedades con una cartera superior a las 1.000 viviendas. Entre las españolas, Azora o Renta Corporación, y entre las extranjeras, la estadounidense Cerberus Capital, la francesa Axa o Anticipa, también propiedad del fondo Blackstone. Según este informe, en España hacen falta 1,8 millones de viviendas en alquiler, un mercado con amplio margen de crecimiento porque sólo el 18% de la población vive como inquilina.

Los grandes tenedores de vivienda en España, principalmente CaixaBank, el fondo de inversión norteamericano Blackstone y la sociedad semipública que se quedó con los activos de las extintas cajas de ahorro, Sareb, incrementaron su cuota de mercado el año pasado, al pasar a controlar el 4,4% de todas las casas y pisos en alquiler que hay en España, según informa Europa Press.

Según un informe elaborado por Atlas Real Estate Analytics, CaixaBank lidera el listado, con 25.000 viviendas, seguidas de las 20.000 unidades que tiene Testa Home, una sociedad de Blackstone, y de Sareb, con otros 15.583 activos, incluyendo el parque de viviendas asequibles comprometido con la Administración.

En total, hay 16 sociedades en el país con una cartera superior a las 1.000 viviendas, principalmente extranjeras, aunque también tiene una fuerte presencia la gestora española Azora, controlada por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, las catalanas Compañía Española de Viviendas en Alquiler (Cevasa) y Renta Corporación, la firma de Barcelona B Capital o la madrileña Castella.

En cuanto al capital extranjero, se encuentran las gestoras estadounidenses Ares Management, TPG (Témpore) y Cerberus Capital, la francesa AXA, la marca de vivienda en alquiler de Kronos y Nuveen Real Estate (Stay), Vivenio (del fondo holandés APG junto con Renta Corporación) o Anticipa, también de Blackstone.

Con 1.721 unidades, también está presente Goldman Sachs junto con Azora a través de Encasa Cibeles, una sociedad a la que la Comunidad de Madrid vendió en 2013 casi 3.000 viviendas sociales y que el año pasado tuvo que devolver la mitad a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo.

Según explican a Europa Press los expertos que han elaborado el informe, la tendencia apunta a que estos grandes propietarios irán engordando sus carteras en detrimento de los pequeños caseros, puesto que pueden aprovechar las economías de escala.

Es decir, al tener edificios completos, los costes de mantenimiento son menores que los que tiene un pequeño propietario, por lo que lo más probable es que los grandes expulsen a los caseros individuales, que están más atomizados y tienen menos influencia, sobre todo en las grandes ciudades.

El estudio también detalla que solo un 18% de la población vive de alquiler real en España, por lo que todavía hay un margen de crecimiento muy alto en el sector. En concreto, estima que hacen falta 1,8 millones de viviendas en alquiler en el país para cubrir la demanda potencial.

El Ayuntamiento de Madrid ha retirado la acusación en el juicio contra los responsables de la presunta venta irregular de 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo de inversión Blackstone al considerar que no existe responsabilidad penal sobre las dos únicas personas que se sientan en el banquillo de los acusados, ha informado Europa Press.

El juicio contra el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé y el apoderado de Fidere Alfonso Benavides ha entrado este lunes en su recta final con la exposición de los informes finales. La acusación que ejercen los afectados, a través del letrado Mariano Benítez de Lugo, ha mantenido su solicitud de penas de hasta ocho años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.

El grupo municipal socialista, a través de sus letrados, ha rebajado las penas pero ha aumentado la petición de indemnizaciones. En concreto, solicita doce años de cárcel para Oslé por fraude, malversación y prevaricación y un año de prisión para Benavides por fraude.

Sostiene esta parte que la venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar y que no existió una real concurrencia de los eventuales compradores dada la información privilegiada que tuvieron las compañías.

"Fue el comprador y no la EMVS quien fijó el precio de la compraventa de viviendas", recoge el escrito de acusación del PSOE, que añade que "el precio resultó objetivamente inferior al precio que podría obtenerse incluso al mero valor contable de las viviendas".

Una retirada que no sorprende

El letrado de la EMVS, que representa al Ayuntamiento de Madrid, retiró el pasado viernes la acusación que ejercía contra los encausados al considerar que el juicio ha acreditado que no existe responsabilidad penal, en la misma línea que mantiene el fiscal del caso.

Esta retirada no ha sorprendido a las otras acusaciones particulares dado que ya se produjo un cambio de abogado cuando el Ayuntamiento de Madrid pasó a manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Según el abogado de la EMVS, las viviendas no se enajenaban, sino que se trataba de un negocio. Además, sostiene que el valor de la tasación que realizó la consultora Price Waterhouse era correcto, ya que la mayoría de las ofertas oscilaban entre una horquilla de 117 y 135 millones de euros.

En su exposición, el abogado de las víctimas ha aseverado que la adjudicación de la venta al fondo Blakcstone estaba "cocinada" desde el principio, meses antes del concurso de acreedores.

“Así conquistó una poderosa industria el sistema fiscal”. Ese es el titular de una detallada información de The New York Times, publicada hace tres semanas, donde explica cómo la industria de los fondos de capital privado (private equity en inglés) ha conquistado el sistema impositivo de Estados Unidos. En realidad, ese dominio de los fondos se extiende por todo el mundo, y se aprovecha de cualquier laguna en las normativas fiscales de los países donde operan y de un uso masivo de paraísos fiscales o territorios de baja tributación. El mayor fondo de capital privado del mundo es Blackstone, que también cuenta con importantes intereses en España: es el principal dueño de viviendas de alquiler –a finales de 2020 tenía casi 40.000– y el propietario de Cirsa, una de las principales multinaciones del juego en Europa y Latinoamérica.

La adquisición de Cirsa en 2018 es un ejemplo emblemático de las estructuras que monta Blackstone para reducir al máximo la factura fiscal de sus inversores y de sus ejecutivos. El fondo estadounidense constituyó para dicha operación seis sociedades en Luxemburgo, cinco de ellas controladas desde compañías en las Islas Caimán y en Delaware (Estados Unidos), ambos territorios con nula o baja tributación. La sexta es la firma que agrupa a los principales directivos de Cirsa. Se llama LHMC Managers SCSp y Joaquim Agut Bonsfills, presidente y consejero delegado de la multinacional del juego, es el beneficiario del 40,04% de su capital. En el Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo no consta el nombre del resto de ejecutivos que participan en LHMC Managers SCSp porque sólo existe la obligación de identificar a quienes disponen de más del 25% de una sociedad. Lo que sí se puede deducir, por tanto, es que al menos otros tres ejecutivos de Cirsa participan en la empresa de Luxemburgo.

Esa sociedad luxemburguesa de los directivos es dueña del 3,03% del capital de Cirsa. Y con ella confían en dar el gran pelotazo cuando Blackstone revenda la multinacional del juego. Por poner un escenario conservador: si esa futura operación se valorase en 2.000 millones, sus acciones les reportarían 60 millones de euros.

A preguntas de infoLibre, la portavoz de Cirsa no quiso aclarar quiénes son el resto de directivos dueños de LHMC Managers SCSp, por razones de “confidencialidad”. Eso sí, aseguró que recibir determinados ingresos en Luxemburgo “no tiene ninguna ventaja fiscal” para Agut y el resto de ejecutivos, “porque cuando el dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”. También destacó que la decisión de montar la estructura societaria en el Gran Ducado fue de Blackstone.

infoLibre ha tenido acceso a la documentación sobre la sociedad de Joaquim Agut y otros directivos de Cirsa en el marco de la investigación periodística denominada OpenLux, impulsada por el periódico francés Le Monde y por la organización internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). infoLibre, socio colaborador en España de OpenLux, está publicando una serie de reportajes con las informaciones más relevantes descubiertas tras analizar la identidad de las 1.558 personas vinculadas con España que declaran ser beneficiarias de una o más sociedades en Luxemburgo [puedes leer aquí una explicación general sobre OpenLux y aquí tienes el dossier con las entregas anteriores de la serie].

Información del Registro de Titularidades Reales de Luxemburgo, donde Joaquim Agut declara ser el dueño del 40,04% del capital de la sociedad LHMC Managers SCSp.

LA RUTA DEL DINERO: CAIMÁN, DELAWARE, LUXEMBURGO

Cirsa es la principal empresa del juego de España, donde a 31 de diciembre de 2020 contaba con 45.372 máquinas tragaperras, cinco casinos, 39 salas de bingo y 242 casas de apuestas. Es el primer operador en apuestas deportivas a través de Sportium. Cirsa es además una de las grandes multinacionales del sector, con una presencia destacada en Italia, Panamá, Colombia, México, Costa Rica, Perú, República Dominicana y Marruecos.

Fundada en 1978 por Manuel Lao Hernández y con sede en Terrassa (Barcelona), su facturación en 2019 alcanzó los 1.614 millones de euros (657 de ellos en España), cifra que se redujo en 2020 a causa del coronavirus hasta los 842 millones. La pandemia obligó a clausurar su negocio durante meses en diferentes países. Una parte de su actividad genera un creciente rechazo social, como ocurre en España con los salones de juego y las apuestas deportivas. Diferentes estudios han puesto en evidencia que cada vez hay más jóvenes enganchados, especialmente en barrios con menor poder adquisitivo.

A finales de 2017, Manuel Lao decidió que había llegado el momento de vender Cirsa. Unos meses antes se supo que la multinacional del juego había donado 900.000 euros a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) tras comprar a Sharp por un euro su fábrica en Sant Cugat, una operación que le reportó 30 millones de beneficios, contó con el apoyo de la Generalitat de Artur Mas y con la que también se lucró Oriol Pujol. Más allá de esa polémica, los ingresos de Cirsa mejoraban cada año y parecía un buen momento para hacer caja. Blackstone mostró interés y el acuerdo de compraventa se firmó el 27 de abril de 2018. El fondo estadounidense cifra en sus cuentas en 1.453 millones de euros el “coste de adquisición” de la multinacional del juego, que tenía además en ese momento una deuda de 950 millones.

Blackstone constituyó seis sociedades en Luxemburgo para instrumentar la operación, en un esquema utilizado habitualmente por este tipo de fondos. LHMC Midco Sàrl es la dueña directa de las acciones de la española Cirsa Enterprises SLU, mientras que en la cúspide de la pirámide societaria en el Gran Ducado está LHMC Topco Sàrl, propietaria indirecta y responsable de consolidar las cuentas de todo el grupo. Además hay dos compañías centradas en obtener financiación –LHMC Finco 2 Sàrl y Cirsa Finance International Sàrl– y otras dos destinadas a facilitar la participación de los directivos de la multinacional en el negocio –LHMC Managers GP Sàrl y LHMC Managers SCSp–. En esta última es donde están Joaquim Agut y otros ejecutivos de Cirsa.

Pero la estructura societaria no se detiene en Luxemburgo. Los inversores no entregaron el dinero a Blackstone en ese país de la UE, sino en dos sociedades de las Islas Caimán y una de Delaware. La principal se denomina Blackstone Capital Partners (Cayman) VII LP y controla el 93,85% del capital de Cirsa. La identidad de esos inversores se desconoce. Lo habitual es que pongan dinero en este tipo de fondos lo que se denomina inversores institucionales –entidades financieras, aseguradoras– y también personas con patrimonios muy elevados. Las Caimán y Delaware son precisamente las dos jurisdicciones que utiliza con mayor frecuencia Blackstone para sus negocios, tal y como se refleja en los documentos que presenta ante la SEC (la comisión que controla los mercados en Estados Unidos). Cuando la inversión se produce en un país europeo, es frecuente que la estructura societaria pase por Luxemburgo, como ocurre en el caso de Cirsa. El motivo esencial es tributario puesto que es la mejor forma de que quienes han puesto el dinero y los gestores del fondo terminen por pagar a Hacienda muy poco o nada por los dividendos y plusvalías obtenidos con el negocio.

En algún lugar de la maraña societaria estará también una firma de los ejecutivos de Blackstone que gestionan la operación de Cirsa. Los ejecutivos de los fondos de private equity cobran por la administración del negocio, pero sobre todo se enriquecen con las comisiones de éxito que obtienen con los grandes pelotazos. Para tener una idea de las cifras que se mueven baste decir que Stephen Schwarzman, el presidente de Blackstone, se embolsó 610 millones de dólares en 2020 (unos 515 millones de euros al cambio actual). En la última lista Forbes de personas más ricas del mundo ocupaba el puesto 79.

El accionariado de Cirsa se completa con la sociedad luxemburguesa de los directivos españoles, que controla el 3,03% del capital.

LA EMPRESA DE AGUT EN LUXEMBURGO

infoLibre preguntó a Cirsa las razones por las que Joaquim Agut y otros directivos disponen de la firma LHMC Managers SCSp en el Gran Ducado. La respuesta de su portavoz fue la siguiente: “La estructura societaria la crea Blackstone para la compra de Cirsa, en 2018, y es la habitual en estas operaciones lideradas por fondos que incluyen un esquema retributivo en favor de los directivos. Blackstone no tiene un equipo dirigente propio en Cirsa. Como muestra de compromiso en la continuidad de la gestión, el equipo directivo invierte en la compañía. Y cuando se produzca la venta de Cirsa en el futuro es posible que obtengan un rendimiento. La sociedad LHMC Managers SCSp obedece exclusivamente a este objetivo, canalizar la inversión de los directivos”.

Es cierto que, en este tipo de operaciones, el “esquema retributivo” de los principales directivos se nutre de dos fuentes: el salario anual, que en este caso Agut y compañía reciben en España, y la participación en el capital, que en Cirsa se vehicula a través de la sociedad en Luxemburgo. Aunque la retribución ordinaria sea cuantiosa, donde los directivos confían en dar el gran pelotazo es con el futuro traspaso de la compañía. Los fondos de private equity suelen permanecer en una empresa una media de cinco años antes de revenderla. En el caso de Cirsa, ser dueño del 3,03% del capital puede terminar reportando a sus directivos decenas de millones de euros (un escenario conservador: 60 millones si el precio de venta fuese de 2.000 millones). También es verdad que la pandemia ha retrasado a priori el calendario para dar el pelotazo.

LHMC Managers SCSp invirtió inicialmente 20 millones de euros en la matriz luxemburguesa del grupo Cirsa –LHMC Topco Sàrl–, lo que significa que Joaquim Agut puso ocho millones y los otros ejecutivos no identificados los doce millones restantes. Así se deduce de la documentación depositada en el Registro de Luxemburgo. Pese a las preguntas de infoLibre, la empresa no quiso confirmar ninguna de las cifras que se incluyen en esta información.

La portavoz de Cirsa sí aseguró, en cambio, que los 20 millones de Agut y compañía llegaron a Luxemburgo desde “sus cuentas en España” y que en ningún momento invirtieron a través de las Caimán o Delaware, como el resto de accionistas de la empresa de juego. “Los directivos no participan en ninguna sociedad de Caimán o Delaware”, insistió.

Lo que sí se controla desde las Caimán y Delaware es, en todo caso, la gestión de LHMC Managers SCSp. La mayoría de las sociedades creadas por fondos tienen dos actores: el “general partner”, que es quien las gestiona, y los “limited partners”, que son los inversores. Los directivos de Cirsa son quienes pusieron el dinero en LHMC Managers SCSp, pero esta compañía cuenta con un general partner, que es la también sociedad luxemburguesa LHMC Managers GP Sàrl. Y esta tiene como accionistas a las mismas tres sociedades de Caimán y Delaware que el resto del grupo.

Hay que destacar que buena parte de los 20 millones desembolsados inicialmente por Agut y compañía ya los han recuperado y además con unas plusvalías importantes. En el último trimestre de 2019, Blackstone decidió que los inversores recuperasen casi el 60% del dinero que habían puesto para la compra de Cirsa. Por tanto, Agut y los otros directivos recibieron cerca de 12 millones. Técnicamente, ello se hizo mediante la amortización de tres clases de acciones –denominadas C3, C4 y C5–, que otorgaban el derecho a un dividendo preferente del 11% anual. Ese altísimo dividendo explica en buena medida que, en sus cuentas de 2019, la sociedad LHMC Managers SCSp declarase unos beneficios de 1,5 millones de euros. En definitiva, que al año y medio de invertir los 20 millones en Cirsa, Agut y compañía ya habían recuperado dos tercios del dinero utilizado para hacerse con el 3% de la multinacional del juego (12 millones por la amortización de acciones y 1,5 millones en dividendos).

En 2019, Blackstone devolvió al conjunto de accionistas 392 millones de euros aportados para la compra de Cirsa y les abonó otros 59 millones como dividendo por las acciones amortizadas. ¿De dónde salió el dinero? De la emisión de bonos que dispararon el endeudamiento de la empresa. Una decisión que llevó a la agencia de rating S&P a calificar la emisión de bonos como especulación con alto riesgo.

Y es que el endeudamiento de Cirsa ha crecido de forma notable desde su compra por Blackstone, al pasar en solo tres años de 950 a 2.423 millones de euros. Una parte de ese dinero se destinó a realizar diversas compras, entre ellas el 50% que no era suyo en Sportium, el grupo Giga o Marca Apuestas, la división dedicada al juego en Unidad Editorial (dueña entre otros medios de El Mundo). Pero otra parte muy significativa se fue para el bolsillo de los inversores.

En Cirsa sostienen que la empresa luxemburguesa no reportará ningún beneficio fiscal a Joaquim Agut y compañía y que todo el dinero está declarado perfectamente en España. “El dinero que puso el señor Agut y el resto de directivos en LHMC Managers SCSp proviene de España y la participación en dicha compañía ha sido declarada en el Modelo 720. Y cuando se produjo la desinversión de 2019, y parte de los fondos regresaron a España, también se declaró ante la Hacienda española. Desde el punto de vista de los directivos no hay ninguna ventaja fiscal y toda la operación es completamente transparente ante la Agencia Tributaria”, señaló la portavoz a infoLibre. La desinversión de 2019 se refiere a la mencionada devolución del 60% del capital inicial que habían puesto los accionistas de Cirsa. “Cuando el resto del dinero venga a España, tributará aquí exactamente igual que si las operaciones se hubieran realizado en España”, reiteran en Cirsa.

Estructura societaria de Cirsa.

agut: DEl fiasco de terra al éxito en cirsa

Joaquim Agut es dueño de una sicav, Oregon 2000, que en marzo de 2021 tenía un patrimonio de 8,72 millones. Lleva 15 años en Cirsa y en el sector le atribuyen un papel clave tanto en el crecimiento de la compañía como en la negociación para su venta a Blackstone. Antes había sido el primer ejecutivo de General Electric en Europa y presidente de Terra, una filial de Telefónica que a principios del año 2000 llegó a tener una capitalización bursátil superior a la del BBVA, el BSCH, Repsol o las eléctricas, pero que en pocos meses perdió más del 97% de su valor. Muchos pequeños accionistas de Terra culparon de su ruina a Agut, quien finalmente salió de allí por la puerta de atrás con destino a la productora de televisión holandesa Endemol, que entonces también era parte del grupo Telefónica.

Desde su aterrizaje en Cirsa, Agut ha mantenido un perfil público bajo. Sus declaraciones son escasas en general y casi inexistentes las de contenido político. Quizá por eso llamen más la atención las realizadas en enero de 2012, pocas semanas después de que el PP de Mariano Rajoy ganase las elecciones con mayoría absoluta. “En España conservamos unas condiciones laborales muy estrictas y el empresario teme a la contratación”, afirmaba Agut, quien pedía a Rajoy que actuase para lograr “mayor flexibilidad laboral” si empresarios y sindicatos no se ponían de acuerdo. También se declaraba partidario de una amnistía fiscal: “La economía sumergida es un problema que necesitamos solucionar aunque su enderezamiento no sea fácil. Quizá sería conveniente empezar por perdonar a aquellos que han actuado de forma fraudulenta y, a partir de ahí, regular la situación con flexibilidad, entendiendo las posibilidades reales de cada contribuyente”. Dos peticiones extendidas entre algunos empresarios, la reforma laboral y la amnistía fiscal, que Rajoy cumplió de inmediato aquel mismo 2012.

El nombre del presidente de Cirsa también aparece al menos una vez en el BOE –en castellano y con una errata en su segundo apellido–, en mayo de 2013, cuando el Ministerio de Economía le denegó la concesión de un permiso de importación “para un trofeo de caza de leopardo (Panthera pardus) originario de Zambia”. Seguro que a Joaquim Agut Bonsfills le resultará más fácil, si así lo decide, repatriar el dinero que acumule en Luxemburgo gracias a Cirsa.

La Comunidad de Madrid recibió el pasado 1 de febrero la orden judicial de recuperar casi 3.000 viviendas sociales vendidas al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en 2013. La orden la emitió a través de un auto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid tras un litigio que comenzó en 2018 y terminó en septiembre de 2020 con una histórica sentencia del Tribunal Supremo anulando la venta de 2.935 VPO. Sin embargo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se resiste a reapropiarse de los pisos sociales de acuerdo con un recurso de los letrados de la Comunidad presentado el 15 de febrero al que ha tenido acceso infoLibre. 

El juzgado dio 10 días al Ejecutivo regional para recuperar los pisos vendidos en la etapa de Ignacio González, pero los letrados de la Comunidad han preparado la enésima estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia: los abogados insisten en que, según su interpretación, el fallo afecta solo a una de las 2.935 viviendas (la del denunciante) repartidas en 32 promociones. Y recurren a argumentos inéditos para reforzar su opinión: por ejemplo, se destaca la "enorme complejidad y volumen" de recuperar las casi 3.000 VPO; se enumera el coste de los "trámites registrales"; se habla de la "dispersión" de registros o se advierte del riesgo de "ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".

En el recurso no hay ninguna mención a los miles de afectados que, en agosto de 2013, se despertaron viendo cómo su casero pasaba de ser el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo de capital riesgo internacional en busca de beneficios. Pero sí hay múltiples alusiones a terceras personas que habrían comprado algunas de las 3.000 casas en estos siete años (nadie ha dicho cuántos son). "La ejecución del contenido del auto recurrido no es una cuestión baladí", dice el recurso; "las consecuencias jurídicas que la ejecución del auto implica, el número de personas y familias afectadas, así como la naturaleza sensible de los derechos e intereses implicados, imponen la máxima cautela y prudencia en las acciones a realizar, so pena de ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados".

Otro de los argumentos más sorprendentes es que la posición de la Comunidad "reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou" (el inquilino del Ivima de Navalcarnero que junto con su abogado César Pinto han doblado el pulso al Gobierno regional y al fondo buitre desde 2018). A lo largo del recurso los letrados autonómicos insisten en el "alcance" limitado.

Pero la literalidad del auto que ordena a Madrid recobrar la propiedad de todas las VPO no coincide con lo que dice el Ejecutivo regional. Según el auto, "se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran". Es decir, que la sentencia de 2018 y los autos posteriores tumban la enajenación de 2.935 pisos sociales. 

"Mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia", continúa el texto sin explicar a qué intereses se refiere. La Abogacía Jurídica asume el rol de portavoz de los terceros compradores -que nadie ha identificado-. Los letrados dicen que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el statu quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico". 

Trámites "complejos"

Por eso, prosigue el recurso, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible". Entre esos trámites complejos, el primero sería  "solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de dominio y cargas de las plazas de garaje no vinculadas, y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales". 

Aquí, los letrados describen la supuesta complejidad. "Ha de tenerse en cuenta, asimismo, que dichas gestiones no están centralizadas en un solo Registro", dicen, "sino que, dependiendo de la ubicación de la finca registral, han de realizarse hasta en un total de catorce Registros diferentes en diez municipios distintos". La Abogacía enumera más trámites, con el fin de demostrar una presunta complejidad: la "autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados", "presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente" o "abonar la inscripción efectuada". "Los trámites registrales alcanzarían, en consecuencia, un total aproximado de 505.719,50 euros", esto es, algo más de medio millón de euros.

Por debajo del precio de mercado

Las 2.935 viviendas sociales fueron enajenadas por debajo de precio de mercado por 201 millones de euros. Y esto para la Comunidad de Madrid es otro problema, a pesar de que se presenta la oportunidad de aumentar el parque de alquileres asequibles. "La concreción del importe que habría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles, S.L. [el vehículo inmobiliario de Goldman-Azora] requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja", protestan los letrados.  Así, además de los 200 millones aparecen "gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro", "intereses devengados" o la "determinación de la cuantías que en concepto de renta habría venido percibiendo la sociedad por cada inmueble".

"En definitiva", concluye la Comunidad de Madrid, "razones de seguridad jurídica unidas a una necesaria y deseable prudencia, imponen la suspensión de la ejecución de los autos recurridos". 

Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid por sus dudas en el recurso sobre el alcance de la sentencia, cuando el auto del Juzgado del pasado 1 de febrero se refiere directamente a las 32 promociones. "Para recuperar las viviendas han de ser primero los tribunales los que deben determinar cuántas y cuáles", insisten portavoces regionales. Sobre el precio a pagar, los portavoces señalan que "su determinación se va a establecer durante la ejecución de la sentencia". "En este momento no podemos saber si estará o no por debajo del valor de mercado", agregan.

Dicen que los fondos de inversión (de capital riesgo o buitres, según a quien se pregunte) están de compras por España, como se aprecia con la intención del australiano IFM de hacerse con una buena porción de Naturgy o con el sueco EQT comprando el portal Idealista o medio centenar de residencias de mayores. Sin embargo, si se trata de otros activos tan demandados en los tiempos previos a la pandemia como la vivienda, los fondos no solo no están interesados sino que los ya presentes están desprendiéndose de sus activos de manera acelerada. Especialmente allí donde eran más rentables, en lugares con los precios de la vivienda muy tensionados y con la afluencia turística del litoral mediterráneo, Madrid o Barcelona.  

Es el caso del fondo más emblemático en España: Blackstone. Y es que, como ha podido confirmar infoLibre a través de fuentes de la empresa, el fondo, a través de sus filiales Testa Homes, Anticipa y Aliseda, tiene en estos momentos en venta 11.500 viviendas. A eso hay que sumarle otras 4.000 que sacarán al mercado las sociedades participadas Torbel y Albirana. En total, durante 2021 Blackstone sacará a la venta 15.500 viviendas en España.  

Se trata de un cuarto de la cartera de activos del fondo estadounidense en España, que también posee hoteles o instalaciones logísticas entre su patrimonio. Blackstone es el mayor casero nacional: es difícil cuantificar el número exacto de viviendas en suelo español (versión que reconocen hasta los propios portavoces), pero éste se estima en torno a las 60.000. Según ha comentado en más de una ocasión Manuel Gabarre, autor de Tocar Fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler, es casi imposible conocer con exactitud el número de pisos del fondo en España porque nunca se publican en sus informes.

Un simple vistazo por las webs de Aliseda  o más recientemente de Hola Pisos, su comercializadora inmobiliaria, dan buena cuenta del giro del fondo de capital riesgo: la oferta de viviendas está desatada. Se venden una a una fundamentalmente, y no por lotes, que es la manera de obtener rentabilidad. En España, el fondo se había especializado en grandes adquisiciones, como la polémica enajenación de 1.860 viviendas sociales en 2013 al Ayuntamiento de Madrid.

Una cartera desconocida

Ahora, con la crisis del covid-19 causando estragos en todas las áreas del sector, el fondo ya no compra: vende. Masivamente. Y muchos de los productos que se ofrecen son antiguas viviendas sociales (solo el 2% del total de viviendas en España son alquileres sociales, según el Ministerio de Vivienda). 

Pero Blackstone no solo vende: según informan en el grupo, la socimi Corona fue liquidada en octubre del año pasado (principalmente oficinas), Torbel fue excluido del MAB, el Mercado Alternativo Bursátil (ahora llamado BME Growth) en diciembre y parte de Albirana fue vendida, aunque continúa en el MAB, como también lo hacen las sociedades participadas Testa Homes (nacida de la fusión de Testa Residencial y Fidere) y Euripo. La madeja de sociedades participadas, con las que Blackstone en muchas ocasiones se compra o vende activos propios, hacen que sea muy difícil realizar una fotografía del grupo en España. 

Dejar de ser socimi

Una de las consecuencias de salir de los mercados regulados es perder la condición de socimi. "Dejando de ser socimi uno adquiere más flexibilidad operativa", confía una fuente conocedora de los entresijos. "Ser socimi te da un poco más de beneficios fiscales. Pero no tanto, porque después hay que repartir casi todo en dividendo. En cambio, si eres una empresa inmobiliaria no socimi puedes alquilar, vender, meter activos en otro vehículo para buscar sinergias en la gestión...". 

Esto está provocando que muchos fondos propiedades de grandes familias [ya que muchas socimis son family offices] abandonen el régimen anterior de socimi. "Es una opción, pero no un cambio drástico de planes", insiste el consultado. "Eso no quiere decir que uno liquida su sociedad, sino que puede vender parte de o casi todos sus activos más fácilmente".

El paradigma residencial está cambiando a marchas forzadas: los alquileres turísticos han prácticamente desaparecido siendo sustituidos por el arrendamiento tradicional, mucha gente ha huido de las grandes ciudades y los precios caen más rápido de lo que las partes interesadas cuentan. La propietaria de la inmobiliaria M34, situado en el corazón del barrio de Malasaña (lleno de pisos turísticos hasta el covid y en la actualidad deprimido) asegura que los precios se han desplomado en el centro de Madrid capital y que las operaciones que antes se cerraban en días ahora pueden durar meses. Pero la desaceleración venía de antes: Quasar Investments, la inmobiliaria participada por Blackstone y el Santander que se hizo con el ladrillo del extinto Banco Popular, perdió 1.229 millones de euros en 2019. El nuevo gigante inmobiliario en España se llama Idealista, y es un intermediario. Y propiedad también de un fondo.

La Comunidad de Madrid rechazó a mediados del año pasado una petición del Defensor del Pueblo para realojar a miles de familias afectadas por la venta de sus viviendas de protección oficial al fondo buitre Goldman Sachs-Azora en agosto de 2013. La operación ha sido definitivamente tumbada por la Justicia al no recurrir el Ejecutivo regional la sentencia del Supremo ante el Tribunal Constitucional, según adelantó infoLibre hace un mes. Pero el Defensor, institución que preside Francisco Fernández Marugán, entendió que además de la acción judicial el Gobierno autonómico tenía que dar una respuesta social a miles de personas que de la noche a la mañana su casero pasó de ser una empresa pública regional a un fondo de capital riesgo ávido por obtener beneficios. 

Por eso el Defensor envió pasadas las elecciones autonómicas y municipales a la Comunidad (que vendió 2.935 pisos sociales a Goldman por 201 millones de euros) y al Ayuntamiento de Madrid (que simultáneamente hizo lo mismo con 1.860 viviendas protegidas al fondo Blackstone por 130 millones) una resolución "para que regulen un procedimiento para asignar viviendas a los adjudicatarios afectados por la venta de vivienda pública protegida a empresas privadas, con el fin de atender sus necesidades habitacionales de manera ágil y eficaz". 

La respuesta de la Comunidad de Madrid, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno de coalición con Ciudadanos, fue un sonoro rechazo, confirman fuentes oficiales del Defensor a este medio. Por el contrario, el equipo del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida contestó que estudiaría el asunto y quedó pendiente de informar al Defensor del Pueblo del realojo a los perjudicados, todos ellos beneficiarios a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Portavoces municipales sin embargo aseguran que el realojo se ha descartado por "inviable". 

"Este trámite concreto, nuestra petición, ha sido cerrada ante el rechazo formal que nos dio la Comunidad de Madrid", aseguran en el órgano constitucional que preside Fernández Marugán. "No obstante, eso no quiere decir que nuestra acción en torno a este problema haya terminado. Seguimos atentos", agregan desde el Defensor, además de confirmar que el expediente al Consistorio madrileño permanece abierto ante la respuesta favorable aportada por el mismo. 

Desahucios y subidas del alquiler

El traspaso de las casi 5.000 viviendas sociales a sendos fondos se produjo en 2013, en plena crisis financiera. Fue una decisión de los ejecutivos de Ana Botella e Ignacio González y se produjo con inquilinos habitando los bloques de pisos. La venta fue, en ambos casos, por debajo del precio de mercado. Los vecinos habían accedido a las VPO tras reunir una serie de requisitos, como tener un sueldo bajo. Los fondos Azora y Blackstone trataron de expulsar a muchos inquilinos subiendo las rentas del alquiler, descuidando el mantenimiento de las comunidades y practicando desahucios. Muchos se marcharon. 

Durante la Alcaldía de Manuela Carmena, Ahora Madrid trató de buscar la manera de revertir la enajenación de la EMVS, mientras que Cristina Cifuentes -al igual que sus sucesores- optó por ignorar el asunto. El Tribunal de Cuentas llegó a condenar en diciembre de 2018 a Botella y a otros siete miembros de su equipo a pagar 25,8 millones de euros por malvender patrimonio municipal "a un precio muy inferior al valor mínimo posible", lo que generó un "quebranto al patrimonio público". Finalmente, la decisión del Tribunal de Cuentas fue revertida por la justicia ordinaria. 

Este periódico se ha puesto en contacto con la Comunidad y con el ayuntamiento. Este último defiende su postura: "Para cumplir lo que pide el Defensor tendríamos que cambiar el reglamento. La EMVS tiene 26.000 personas en listas de espera. Nos parece algo inviable".

El Defensor "prevarica" según la CAM

La respuesta de la Comunidad de Madrid va más lejos y carga directamente contra la institución del Defensor del Pueblo. "Lo que pide el Defensor del Pueblo es jurídicamente inviable. Supondría incumplir la ley", dicen en la Consejería de Vivienda. "No podemos saltarnos la lista [de espera] establecida legalmente, y mucho menos darle viviendas a quienes no cumplen los requisitos para acceder a una vivienda social como es el caso de la mayoría de inquilinos de Encasa". Con esta última frase se refieren a las viviendas de Goldman Sachs-Azora (ahora Encasa Cibeles) que el fondo ha vendido a terceras personas, unos 1.300 pisos sociales de un total de 3.000. Portavoces autonómicos agregan que, de hacer caso a la resolución del Defensor, incurrirían en "prevaricación". 

La sentencia del 9 de marzo pasado de 2020 del Tribunal Supremo y la posterior decisión de la Comunidad de Madrid de no recurrir ante el Tribunal Constitucional ponen fin a un periplo judicial de tres años emprendido por un inquilino del Ivima en Navalcarnero, Rachid Bouikou, y su abogado del turno de oficio, el letrado César Pinto. Bouikou obtuvo su primera victoria judicial en 2018 en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 29 de Madrid y ha terminado ganando la guerra ante el Alto Tribunal. 

Según ha publicado la semana pasada El País, el vehículo inmobiliario Encasa Cibeles quiere devolver a la Comunidad de Madrid 1.700 de los 2.935 pisos que no han sido traspasados a terceros, pero el equipo de Ayuso se niega a hacerse cargo de esas propiedades. Por esta razón, Goldman Sachs va a llevar al Gobierno regional ante los tribunales, tal y como adelantó Vozpópuli. 

El Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid ha hecho público un comunicado [ver aquí] en el que anuncia su intención de "sentar en el banquillo" al "fondo buitre" Blackstone. En la demanda participan además 75 familias que viven en inmuebles propiedad de la compañía, según ha informado la propia organización a través de una nota de prensa.

Denuncian que algunos de los demandantes están sufriendo subidas del 100% de sus alquileres por parte de Blackstone. "Estos casos no son la excepción, y vemos cómo también Goldman Sachs, Cerberus o Azora están realizando estas mismas prácticas también en otros territorios como Aranjuez, Badalona, Palma o Pamplona", explican.  Según sostienen, se trata de "una forma de actuar que solo pueden ejecutar los grandes especuladores de vivienda, con capacidad para mantener vivienda vacía el tiempo que haga falta, y con equipos de gestores profesionales que presionan e incluso amenazan a los inquilinos para que acepten contratos abusivos".

"Blackstone ha iniciado en el mercado del alquiler una tendencia que venía produciéndose en otros sectores, como el de los préstamos hipotecarios, que es la contratación en masa mediante contratos tipo pre-redactados", exponen desde la organización. En este tipo de contratos, el inquilino debe elegir adherirse a la propuesta en su integridad o rechazarla. "Esta forma de contratación da pie a numerosos abusos por parte de los especuladores inmobiliarios profesionalizados en el alquiler, que imponen sus condiciones cada vez más abusivas", argumentan. Para el sindicato, el fondo pretende "subir los alquileres todo lo posible para aumentar sus beneficios, inflar al alza los precios del mercado artificialmente y conseguir que se revaloricen sus activos".

Una integrante del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid muestra unos documentos en la jornada en la que la organización ha presentado una denuncia contra el fondo Blackstone. | Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid

Son "unos contratos que incumplen la ley, y que por eso hoy les llevamos ante los tribunales", manifiestan. Además, los casos que demandan hacen referencia a promociones de vivienda levantadas sobre suelo público, donde la Comunidad de Madrid cedió un suelo que pertenecía a toda la ciudadanía, para que se comercializarán estos inmuebles a unas rentas limitadas. El objetivo era permitir el acceso a alquileres asequibles a familias jóvenes e incluso, su compra tras unos años de arrendamiento con descuento de lo abonado por las rentas.

En la demanda son 75 los contratos impugnados, la mayoría de ellos de Torrejón de Ardoz, pero la organización asegura que les consta que se trata de "cientos o incluso miles las personas afectadas por Blackstone en Madrid y muchas de ellas han sido recientemente o serán próximamente desahuciadas".

El sindicato afirma emprender estas acciones ya que "todo el mundo sabe que estas prácticas abusivas y que vulneran el derecho a la vivienda se han convertido en la norma en nuestro país". Inician el proceso "ante la inactividad del Gobierno, que sigue premiando a los fondos con privilegios fiscales y protegiendo sus modelos de negocio rentistas mediante microcréditos que asfixian al inquilinato como hemos visto durante la pandemia".

Hace doce años. Pero, en la frenética historia económica de este primer cuarto de siglo XXI, parece una eternidad. Auténtica prehistoria. En junio de 2008 cayó la promotora Martinsa Fadesa, dejando un reguero de cadáveres-acreedores y acelerando el derrumbe. Aquella suspensión de pagos fue el despertar definitivo. La materialización de la Gran Recesión en España. La crisis fue en España sobre todo una crisis hipotecaria y de ladrillo, que acabó con el martirio de los amos del suelo y las grúas, primero, y siguió con un rescate de las cajas, atiborradas de cemento. Los bancos acabaron convertidos en gigantescas inmobilariarias y máquinas de desahuciar. Fueron años duros, de los que España empezaba a salir... justo cuando vuelve a hablarse de crisis económica, o incluso de recesión, en este caso como efecto de la pandemia de coronavirus.

¿La historia se puede repetir? Respuesta corta: no.

Hay algo útil que puede hacerse con con el relato de 2008 para entender lo que está ocurriendo: tirarlo a la basura. Porque sirve poco para entender por qué Blackstone, en plena pandemia, acaba de cerrar el mayor fondo jamás armado para la inversión inmobiliaria en Europa. O por qué Airbnb se acaba de asegurar un préstamo de más de 900 millones de euros. Estamos en un mundo nuevo, con nuevas reglas y líderes. Y con una escala mucho más internacional. Los nuevos amos del negocio toman posiciones para seguir arriba cuando acabe la pandemia, incluso con su poder reforzado. Mientras tanto, la caída de los precios abre paso a la actividad de posibles oportunistas. Porque hay cosas que no cambian.

Otras sí. La situación es distinta a 2008. La banca ha cambiado y desempeña un papel diferente. Los señores del negocio de la vivienda son nuevos. Es cierto que en España siguen en pie gigantes clásicos vinculados a la construcción como ACS y la inmobiliaria Colonial, referente del sector oficinas. Pero un examen del sector arroja una conclusión inequívoca: estamos en un régimen naciente y sus fundadores no tienen la menor intención de que la crisis del coronavirus sea el final de su reinado. Abundan los nombres nuevos: Blackstone, considerado el mayor casero de España; Airbnb, el rey del alquier turístico; Merlin, primera socimi en el IBEX...

Un último cuatrimestre "frenético"

Los movimientos y previsiones no indican retraimiento, sino todo lo contrario. Hay nervios, como es lógico. Pero también confianza. Está asumida en el sector una caída de precios, inevitable. Pero también un fuerte tirón a la salida. A diferencia del turismo, la construcción sí aspira a una salida en V. Este esquema alienta la hipótesis especulativa. Colliers International, puntera en servicios de asesoramiento y gestión de inversiones inmobiliarias, referente del sector, prevé un dibujo en V.

El informe de Colliers no se engaña sobre el futuro inmediato del negocio inmobiliario a nivel mundial. "Los datos preliminares del mes de marzo indican una disminución de alrededor del 70% anual en la actividad mundial para situarse en 48.000 millones de dólares, por debajo de los 144.000 millones de dólares de marzo de 2019", señala Colliers. Pero el modelo predice "un considerable repunte en el tercer y cuarto trimestre", con los volúmenes mundiales volviendo a los niveles vistos antes de la pandemia. Puede ser buen momento para oportunistas. "El último cuatrimestre probablemente va a ser un momento de actividad frenética de inversores. Vamos a tener inversores intentando encontrar gangas", señala Mikel Echevarren, consejero delegado de Colliers, refiriéndose al caso de España.

Rápida vuelta a la actividad

Ehevarren hizo su pronóstico en un debate organizado por el Instituto de Empresa, con presencia de importantes directivos y profesionales del sector. El mismo esquema de debate ha seguido la consultora Savills Aguirre Newman, que ha organizado otro encuentro. El contenido de estos debates evidenció varios consensos entre las mentes pensantes del ladrillo: 1) los precios caerán, pero volverán a subir; 2) el alquiler se abrirá paso; 3) la situación no puede compararse con la de 2008; 4) llegará, más pronto que tarde, el momento de invertir para los afortunados que tengan liquidez.

"Entre 2008 a 2012 –señala Echevarren (Colliers)–, los tenedores de activos estaban obligados a vender, apretados por la banca, que tenía problemas de liquidez. En la actualidad no nos encontramos un sector muy endeudado. Y la actitud de la banca es radicalmente diferente. Ahora está dando todas las facilidades del mundo, otorgando carencias y facilitando pasar este trago". Cree que la caída de precios hará que haya inversores "queriendo pescar lubinas a precio de sardinas", aunque no lo tendrán fácil.

El actual es "un shock exógeno", a diferencia del de 2008, apunta David Martínez, CEO de Aedas Homes, una promotora "de nueva generación" especializada en obra nueva residencial. "En el año 21 volveremos a estar cerca de los niveles de producción y venta que tenemos actualmente", añade. En sintonía se sitúa Cristina García-Peri, directora general de la gestora de inversión Azora. La pandemia, señala, no cambia las "tesis de inversión" previas. Habrá "corrección de precio", pero "se va a retomar la actividad muy rápido".

Precios bajos y abundante liquidez

Borja García-Egotxeaga, CEO de la promotora Neinor Homes, apunta a una idea clave: oportunidad. "Si alguien alguna vez ha pensado en ser promotor, es el momento de entrar en un sector que en principio genera muy buenas rentabililidades y que en este momento se encuentra, como consecuencia de la pandemia, a unos precios muy baratos con respecto a lo que venía estando, que ya considerábamos baratos", señala en el debate de Savills Aguirre Newman.

Ninguno de los apresurados análisis que circulan estos días prevé problemas de liquidez. García-Egotxeaga ve "empresas muy consolidadas". La anterior crisis, añade, "fue muy diferente". "Nuestro sector fue de los más castigados, ahora no sólo no es de los más castigados, sino que tiene oportunidades de crecer y de aportar al crecimiento", señala.

Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, también destaca como gran activo la falta de hay "problemas de liquidez", un monstruo que devoró al sector durante la crisis de las subprime.

Blackstone

Jesús Silva, director general en España de Chusman & Wakefield, uno de los líderes globales en servicios inmobilarios, pone un nombre crucial encima de la mesa: "Blackstone". Lo hace para ilustrar cómo hay poderosos fondos que aseguran "liquidez" en el mercado. Precisamente Blackstone está dando mucho que hablar. En plena pandemia, con Europa confinada, el fondo norteamericano, famoso en España por su fabulosa acumulación de propiedad inmobiliaria y más en concreto por la compra de vivienda pública en Madrid, ha anunciado que ha conseguido captar 9.800 millones de euros en el que es el mayor fondo jamás levantado para inversión inmobiliaria en Europa.

Un portavoz de Blackstone rehúsa dar detalles sobre dicho fondo, limitándose a señalar que el mismo empezó a captar dinero a principios de 2019 y que no ha realizado inversiones en España. Eso sí, James Seppala, responsable inmobiliario en Europa de Blackstone, ha mostrado las cartas de la compañía ante la nueva coyuntura: “Nuestra escala y alcance nos permiten poner capital a trabajar estratégicamente durante este período de alta volatilidad”.

Rubén Martínez, que investiga el sector en la consultora La Hidra, cree que la inacción de las autoridades con respecto al sector financiero abona el terreno para una mayor concentración especulativa de la propiedad. "Parar gran parte de la producción sin medidas de regulación sobre las finanzas abre mucho el juego para ese tipo de fondos privados. Pueden comprar activos a bajo precio, con estrategias de captación a escala planetaria, y especular con su futuro precio. Es un disparate suspender el circuito de producción pero no el de realización de valor a través de las finanzas. Sobre todo, cuando el poder de monopolio de firmas como Blackstone es ya bastante incuestionable", señala Martínez.

Airbnb

Martínez apunta el dedo a un segundo gran movimiento, que afecta a otro coloso: Airbnb, plataforma de alquiler turístico líder. La multinacional californiana es clave en el sector de la vivienda, aunque ni la promueve, ni la compra, ni la vende. No obstante, ha tenido un efecto en el alza de los precios [ver aquí información en detalle] y ha catalizado el ciclo de acumulación de capital en torno a la propiedad inmobiliaria por el boom del turismo.

Ahora Airbnb está en un bache. El turismo, sustancia de su negocio, está parado y es una incógnita cómo y cuándo volverá. ¿Qué ha hecho la compañía? Se ha asegurado compromisos para un préstamo sindicado de 1.000 millones de dólares (914 millones de euros), reforzando así su situación financiera ante la crisis del coronavirus. "Firmas como Apollo Global Management, Owl Rock Capital, Silver Lake y Sixth Street Street han salido al rescate de Airbnb. Lo que podría parecer una debacle puede que le haga salir más fuerte. En su pugna para ganar poder de monopolio frente a otros capitalistas tradicionales del turismo, este tipo de rescates durante la pandemia son no sólo una salvación temporal, sino una incubación que el resto de competidores de su sector no van a poder disfrutar", señala Martínez. Y añade: "Airbnb está en barbecho, pero ni mucho menos muerta".

Javier Gil, investigador sobre vivienda y financiarización, llama la atención sobre un choque de intereses. De un lado, los fondos planeando en busca de posibles gangas. De otro, los "actores establecidos" tratando de recabar el apoyo del Gobierno para mantener artificialmente un nuevo "todo va bien" y unos precios altos. "Ahora mismo, aunque estamos en una fase de incertidumbre, todo empuja para que los precios bajen", señala Gil, que coincide con Martínez en su análisis sobre el reposicionamiento de Blackstone y Airbnb.

Más alquiler

Una tendencia vislumbrada en todos los pronósticos es el reforzamiento del alquiler, en lo que en el sector se conoce como build to rent, construir para alquilar. "El alquiler saldrá reforzado de esta crisis. En 2019 ya había empresas que se planteaban entrar en el mercado del alquiler y esta tendencia se acentuará y los precios subirán en Barcelona y Madrid. Faltan viviendas de arrendamiento, especialmente asequible. Para aquellas personas que pierdan estabilidad económica, el alquiler será un refugio", señala Toni López, socio y responsable del área de inmobiliaria de empresa de la consultora Forcadell, en Ejeprime.

Iker San Román, consultor especializado en soluciones sostenibles, cree que el mercado no ha experimentado una verdadera recuperación tras la crisis inmobiliaria. "Los sucesivos intentos de volver al modelo anterior, de crédito fácil para comprar, no se han asentado. Sufrimos mucha precariedad y condiciones de crédito más difíciles que antes", señala. A su juicio, el coronavirus puede acentuar una tendencia que ya se abría paso: el reforzamiento del alquiler como opción preferente de los inversores, especialmente con fórmulas de colaboración con el sector público.

Podemos ha señalado al fondo buitre Blackstone por encubrir subidas de precios en los contratos del alquiler por encima de los límites establecidos en el decreto ley aprobado en marzo, utilizando "una lógica fraudulenta para tratar de saltarse la ley", y ha reivindicado la necesidad de aplicar un control de los precios en el mercado del alquiler, según recoge Europa Press.

La formación morada considera que la maniobra del fondo de ofrecer un descuento en el primer año para luego quitar esta rebaja y después hacer pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de comunidad es "una lógica fraudulenta para tratar de saltarse la ley".

Y es que el decreto ley de alquileres aprobado en marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactado con Unidas Podemos para elevar a cinco años la duración mínima de los contratos limitaba las subidas interanuales dentro de un contrato a los incrementos del IPC. Sin embargo, el fondo estadounidense llega a aplicar con esta política, a través de sus socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) Testa Residencial y Fidere (con 17.500 viviendas en España), subidas de hasta el 30%, tal y como ha publicado Cinco Días.

No es un pacto con el inquilino, sino una adhesión

"Está cambiando por completo el sentido de la ley a través de un supuesto pacto aceptado por las partes, que no deja de ser una ficción desde el momento en que es un contrato de adhesión", critica en declaraciones a Europa Press el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral.

A su juicio, Blackstone "no puede plantear qué han pactado las partes cuando solo hay una de las partes que se encuentra beneficiada por esa cláusula". "Es absolutamente abusiva, porque está encubriendo una subida de precios", incide. "Son empresas que no pagan impuestos y piensan que, al igual que no pagan impuestos, no tienen por qué cumplir la legislación. Buscan la fórmula para saltársela, lo que comúnmente viene a llamarse fraude de ley", asegura Mayoral, que cree que este tipo de cláusulas deberían ser declaradas nulas.

Ley "protectora" y sanciones contra abusos

"Esto demuestra que nos estamos enfrentando con unos operadores que no tienen voluntad para cumplir la ley y eso va a requerir de unas administraciones que tengan mano dura", apostilla, argumentando que en caso de existir límites a los encarecimientos "no podrían encubrirlos con estos descuentos".

Además de una "legislación protectora" en favor del inquilino, Unidas Podemos reclama también "regímenes sancionadores para estas circunstancias", con un "papel activo" de las administraciones, y reconoce sus dudas respecto a las posibilidades del índice de precios que comprometía el hoy Gobierno en funciones en su decreto aprobado en marzo.

"Depende de cómo lo regules. Si existe un buen índice con una legislación protectora de ese índice, pues esos señores no podrían hacer lo que están haciendo", explica Mayoral, rechazando que las políticas que se deriven de ese índice sean "voluntarias o meramente orientativas".

El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, según informa Europa Press.

Con ello, revierte el fallo inicial dictado el 27 de diciembre, que cifraba en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS.

La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la Sala de Enjuiciamiento. Los dos consejeros que han votado a favor de la absolución, nombrados a isntancias del PP, son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar— y José Manuel Suárez Robledano. Mientras, el consejero Felipe García Ortiz, nombrado a instancias del PSOE, emitió un voto particular discrepante.

En una resolución de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador rechaza el recurso de apelación interpuesto por la empresa municipal (que se mostraba disconforme con el precio máximo de la venta de los inmuebles y el criterio utilizado para determinar el daño al patrimonio público) y estima las alegaciones presentadas por todos los concejales que estaban condenados, a lo que se adhirió el Ministerio Fiscal.

El Tribunal de Cuentas considera que la enajenación se realizó mediante concurso público y que no se puede imputar "negligencia grave" a los apelantes al constar en la venta que se aprobó un plan de viabilidad financiera, sin que fuera "impugnada en ningún modo".

Alude también a la existencia de informes, el más relevante el de Intervención Municipal aunque también otros de instancias no municipales, que "no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra". Se ha emitido también un voto particular de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas, Felipe García, que mantiene que la operación de venta fue "lesiva" para el patrimonio municipal y que no cumplió los principios de "publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad" en el procedimiento.

El órgano fiscalizador entiende que Botella y su equipo "no intervinieron directamente en las operaciones" que desembocaron en las ventas del inmueble, que fueron gestionadas y verificadas por el exconsejero delegado (en alusión a Fermín Oslé) que había recibido el mandato de administrar y concluir la venta. "La conducta desplegada por los antiguos miembros de la Junta de Gobierno municipal (y de la Junta General de Accionistas) en los hechos objeto de las actuaciones no fue la causa directa de que se produjera el perjuicio a los fondos municipales, por lo que su cualidad de personas legitimadas pasivamente para imputarles, en este procedimiento de reintegro por alcance, una responsabilidad contable directa, no se ha producido en este caso sometido a enjuiciamiento", razona el fallo.

También alude a que la consejera de primera instancia "ha deslizado afirmaciones que no se atienen a la obligada descripción de los hechos relevantes para su subsunción en las normas jurídicas aplicables". Al respecto, hace referencia a un párrafo donde se recoge que el precio de venta de todos los inmuebles "fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta". Otro de los aspectos que recrimina del fallo inicial es el extracto en el que afirma que las enajenaciones de la vivienda se hicieron "sin aplicar los requisitos de procedimiento exigibles en normativa de derecho público".

Por tanto, la Sala de Enjuiciamiento considera revisable el relato de los hechos con anulación de alguno de ellos, afeando que prime un informe de fiscalización, elemento que posee una "indudable importancia" pero que "obliga a ponerlo en relación con el resto del caudal probatorio del proceso". En esta línea, y tras señalar que la normativa permite la venta de viviendas en determinados supuestos, expone que la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 exigió aplicar una política económica "contundente" basada en la eliminación del déficit público y que la EMVS formaba parte del sector público a efectos de contabilidad, por lo que computaba en términos de deuda.

Del procedimiento y frente al criterio de primera instancia, el Tribunal de Cuentas establece que se llevó a cabo un concurso público para la adjudicación de un servicio de intermediación destinado a la búsqueda de posibles compradores de los inmuebles. "Este concurso fue publicado oportunamente", subrayan los consejeros del Tribunal de Cuentas para añadir que se presentaron diferentes ofertas al proceso de venta y que fueron baremadas por una mesa de contratación entre los que participaron, entre otros, asesores y consejeros de grupos de la oposición municipal.

El precio fijó "un punto de equilibrio" del mercado

El servicio de intermediación resulta relevante en este fallo revocatorio para "asegurar más aún el éxito de la operación", pues la transacción había sido recogida en los planes de viabilidad, al agilizar la gestión de las ofertas recibidas. Respecto al precio de venta, fijado en 128,5 millones de euros, la nueva resolución del Tribunal de Cuentas considera que ambas partes (EMVS y el fondo de inversión) llegaron a un "punto de equilibrio de mercado".

Detalla también que en las primeras fases del procedimiento de enajenación participaron hasta ocho empresas o grupos inversores, por lo que entiende que hubo publicidad del proceso aunque sí detecta algunas irregularidades "meramente formales" en materia de transparencia y concurrencia.

Por tanto, concluye que en 2012 la EMVS "enfrentaba una situación crítica" y que no se debe olvidar "cuáles eran las condiciones generales del mercado", marcadas por un "desplome" del mercado financiero que se mostraba también "reacio" a refinanciar créditos inmobiliarios.

"Los precios de la vivienda acumulaban años de continuas caídas. La EMVS había sacado a subastas decenas de pisos en 2011 y 2012 pero dicho procedimiento demostró ser ineficaz, puesto que las ofertas fueron bajas y escasas", argumenta la sentencia para destacar que entonces la empresa por su situación económica se enfrentaba incluso a su posible disolución. "Ha quedado acreditado su ajuste a las normas y principios del ordenamiento jurídico", ahonda.

Mientras, el consejero Felipe García emite un voto particular discrepante sobre la venta de estas 1.860 viviendas al entender que para fijar el precio se debió contar con al menos tres tasaciones porque ve la "inexistencia de un precio fundado y falto de tasación". Cree que había otras alternativas a la enajenación de los pisos, como aplicar criterios profesionales en la gestión de la EMVS o la inyección de capital por parte del Consistorio para reequilibrar sus cuentas. "La operación fue lesiva para el colectivo ocupante", desgrana el consejero, para añadir que la transacción no consideró "adecuadamente a un colectivo especialmente vulnerable y resultó dañosa para sus intereses y para el derechos a obtener una vivienda digna".

Más Madrid exige casación ante el TS por "decencia y regeneración democrática"

La portavoz orgánica de Más Madrid en el Ayuntamiento, Marta Higueras, ha reclamado que se eleva a casación ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo del Tribunal de Cuentas sobre la venta de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo "por decencia y regeneración democrática".

En la misma línea, ha ido la portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, que ha criticado que haya sido "una exministra de (José María) Aznar" –Margarita Mariscal de Gante, presidenta de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas– y un consejero propuesto por el PP absuelven a Botella por la venta de viviendas públicas a los 'fondos buitre'". "No sorprende pero sí avergüenza", termina la edil.