El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado este miércoles de forma definitiva la sanción de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra inquilinos, tras desestimar el recurso presentado por la empresa y agotarse la vía administrativa.

La resolución ha sido firmada por el ministro Pablo Bustinduy, lo que convierte en firme la multa propuesta en diciembre de 2025 y ratifica las conclusiones del expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo.

El departamento concluye que la inmobiliaria incurrió en seis infracciones muy graves y una grave al vulnerar derechos de los consumidores y “aprovechar su posición de predominio de mercado” .

Entre las conductas sancionadas figuran la “imposición al arrendatario” de costes que corresponden al propietario, como un servicio de atención al inquilino, la contratación obligatoria de un seguro del hogar o cargos por reclamaciones incluso cuando no eran imputables al arrendatario.

Asimismo, se penaliza la inclusión de cláusulas que permitían incorporar a los arrendatarios a ficheros de morosos sin deudas exigibles y la limitación del derecho de desistimiento en determinados contratos.

La sanción se desglosa en varias multas, entre ellas una de un millón de euros y otra de 990.900 euros, además de tres de 500.000 euros, una de 100.001 euros y otra de 10.001 euros.

La resolución obliga a la compañía a eliminar las cláusulas consideradas abusivas y a corregir los incumplimientos detectados, además de hacer pública la sanción y la identidad de la sociedad responsable.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y se suma a otra investigación en curso por hechos similares.

En diciembre, Consumo ya había anunciado la sanción por trasladar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato, prohibidos por la Ley de Vivienda. La empresa recurrió entonces la decisión, un recurso que ahora ha sido rechazado por el Ministerio, lo que cierra la vía administrativa.

Alquiler Seguro va a recurrir a la vía judicial, con un recurso contencioso administrativo. Sostienen que esta resolución es "injusta y arbitraria" y defiende que todos los servicios prestados son legales y así lo ratifican cuatro sentencias judiciales que les dan la razón sobre los mismos puntos que Consumo les sanciona, según han apuntado a EFE fuentes de la compañía.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá este martes si abre expediente al instructor de la causa contra Begoña Gómez, el titular de la plaza 41 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado acumula varias quejas, entre ellas la del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por supuestas faltas de respeto del juez durante el interrogatorio que le practicó en La Moncloa, a lo que hay que añadir el posterior revolcón que dio el Supremo a Peinado tras intentar que a Bolaños lo juzgara el Alto Tribunal. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde –el que investiga las quejas e instruye los expedientes– solicita a los vocales que todas las denuncias sean archivadas.

Las últimas diligencias informativas –primer paso de las actuaciones disciplinarias del Consejo– contra Peinado se abrieron el pasado 12 de marzo después de que Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno imputada junto a ella por Peinado, denunciara que el instructor habría supuestamente filtrado a okdiario.com una de las resoluciones del procedimiento antes de que fuera notificado a las diferentes partes. Álvarez intentó sin éxito previamente en el juzgado que fuera ese mismo órgano el que investigara la procedencia del soplo.

Otra de las investigaciones abiertas se inició tras una queja de Bolaños, que fue interrogado en su despacho de La Moncloa como testigo por la contratación de Álvarez como asistente de Gómez en una tensa declaración en la que el juez llegó a reprochar al ministro que sonriera y le acusó de contestar con evasivas. Tras esa diligencia, Peinado pidió al Supremo que investigara al titular de Presidencia y Justicia por un supuesto delito de malversación. La Sala Segunda del Alto Tribunal respondió con un severo auto en el que reprochaba al instructor “la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud” de la participación de Bolaños en esos hechos.

La tercera queja disciplinaria no tiene nada que ver con el caso Begoña Gómez, sino con una causa contra el Ayuntamiento de Madrid que el juez se olvidó de prorrogar. Peinado investigaba una denuncia presentada por Podemos por presunta malversación contra el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, Alfonso Sánchez Vicente, por la contratación a dedo de la empresa editora de okdiario.com para un acto sobre movilidad denominado Madrid, capital de la movilidad sostenible.

El contrato, que se otorgó directamente a la editora de ese medio sin ningún competidor, ascendió a 72.600 euros. Un mes antes, la misma empresa municipal había adjudicado un evento muy similar al organizado por el diario que dirige Eduardo Inda por 18.500 euros, la cuarta parte de lo abonado a okdiario.com. El medio ultraconservador subcontrató la organización del acto a otra empresa especializada por 22.500 euros. Al no haber prorrogado la instrucción, el magistrado tuvo que archivar el caso. PSOE y Más Madrid lo denunciaron en el Consejo.

Junto a esas tres denuncias se estudiarán otras presentadas por ciudadanos particulares con pocas posibilidades de prosperar. Sea cual sea la decisión que adopte la comisión permanente del Consejo, fuentes de la institución aseguraron el pasado agosto a infoLibre que Peinado goza de una suerte de impunidad disciplinaria derivada de la proximidad de su jubilación, que se producirá de forma automática el próximo septiembre, cuando cumplirá 72 años. Es esas condiciones es imposible de que antes de esa fecha pueda instruirse un expediente contra él dado que la duración media de estas investigaciones ronda el año.  

Ali Ansari, un banquero sancionado por el Reino Unido y acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria iraní, posee una lujosa villa en Marbella a través de la filial española de una empresa británica, según muestran los registros.

El Reino Unido sancionó el año pasado a Ali Ansari por presuntamente "facilitar financieramente la labor de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC)", que ha cometido abusos generalizados mientras hace cumplir el poder del Gobierno teocrático de Irán.

El abogado de Ansari, Roger Gherson, no respondió a las preguntas sobre la villa de su cliente en Marbella, ciudad situada en la Costa del Sol, en el sur de España, pero rechazó las acusaciones sobre vínculos con la IRGC. "El señor Ansari, en respuesta a acusaciones perjudiciales difundidas en medios internacionales, niega de forma tajante cualquier relación financiera con la Guardia de la Revolución Islámica de Irán", afirmó Gherson en una respuesta por correo electrónico a las preguntas planteadas por OCCRP.

Las autoridades británicas no aportaron detalles en su notificación de sanciones que sustentaran la acusación de que Ansari financiaba a la IRGC.

En una declaración pública del 12 de marzo, Ansari señaló que las autoridades iraníes habían disuelto un banco del que era accionista y aseguró que ahora estaba siendo objeto de una persecución injusta a nivel internacional.

"En el contexto de la intensificación de las tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos, se están llevando a cabo esfuerzos en el Reino Unido y en otros países para imponerme restricciones y sanciones sin presentar pruebas creíbles", afirmó. Ansari añadió que había dado instrucciones a sus abogados para "iniciar procedimientos formales" contra las sanciones impuestas por el Reino Unido.

Las autoridades británicas sostienen que Ansari "financia la labor de la IRGC", a la que describen como "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán, que responde directamente ante el Líder Supremo".

Además de su papel militar, la IRGC tiene amplios intereses empresariales que han sido ampliamente documentados y que abarcan las telecomunicaciones, el transporte, el petróleo y la construcción. Un artículo publicado por el Center for Strategic & International Studies, un centro de estudios estadounidense, describía a la IRGC como "el actor más poderoso en el control de todos los sectores económicos importantes de Irán".

Aunque Gherson negó que su cliente tuviera vínculo alguno con la IRGC, Ansari afirmó en su declaración pública que las medidas adoptadas por las autoridades iraníes contra él demuestran que las acusaciones británicas son falsas.

Ansari puso como ejemplo la disolución de Ayandeh Bank, entidad de la que era accionista. El Banco Central de Irán rescató al prestamista de su colapso en octubre de 2025 y ordenó su fusión con el banco estatal Melli Bank.

"Fui sometido a amplias presiones legales y regulatorias, un proceso que finalmente condujo a la disolución del banco", afirmó. "Es evidente que, de haber existido una relación organizada o un respaldo político especial, ese desenlace no se habría producido". En su decisión de disolver Ayandeh, el Banco Central de Irán apuntó a años de mala gestión.

Ayandeh había acumulado una deuda de 5.000 billones de riales iraníes (unos 4.670 millones de dólares en aquel momento), aproximadamente el doble de lo que mantenía en depósitos, según Hamidreza Ghaniabadi, director general de Supervisión Bancaria del Banco Central. Ghaniabadi hizo estas declaraciones en un vídeo difundido el 23 de octubre de 2025 por la agencia de noticias Tasnim, afín al Estado.

Ghaniabadi también declaró a la agencia estatal iraní IRNA que "más del 90% de los fondos de Ayandeh Bank se asignaron o bien a partes vinculadas al banco o bien a proyectos gestionados por el propio banco".

La quiebra del Ayandeh Bank formó parte de una crisis económica que desencadenó la reciente ola de protestas masivas en Irán.

Los iraníes empezaron a salir a las calles a finales de 2025 para protestar contra la inflación disparada y el hundimiento del nivel de vida. Muchos manifestantes pronto empezaron a pedir la caída del Gobierno.

La IRGC y otras fuerzas de seguridad reprimieron las protestas, llevando a cabo detenciones masivas, además de torturar y matar a miles de personas, según organizaciones de derechos humanos. OCCRP informó de que las familias de personas muertas durante las protestas acusaron a las autoridades de exigir pagos para poder recuperar sus cuerpos.

En octubre de 2025 —el mismo mes en que se disolvió Ayandeh Bank y unos dos meses antes de que estallaran las protestas— el Reino Unido impuso sanciones a Ansari. Para entonces, ya había adquirido una amplia cartera de propiedades por toda Europa.

Las autoridades británicas han congelado más de 100 millones de libras esterlinas (134 millones de dólares) en bienes inmuebles de Ansari en ese país, según declaraciones públicas de ministros del Gobierno. Se desconoce si entre las propiedades congeladas figura una mansión londinense de 52,8 millones de dólares que OCCRP reveló anteriormente.

En enero, el Financial Times informó de que Ansari había adquirido inmuebles comerciales por valor de cientos de millones de euros en varios países europeos. El hallazgo de OCCRP sobre la lujosa villa de Marbella añade otra propiedad más al patrimonio conocido de Ansari.

La villa española no figura directamente a nombre de Ansari. Los reporteros tuvieron que rastrear una cadena de vínculos societarios para determinar su titularidad.

Utilizando un pasaporte chipriota, Ansari controla una empresa londinense llamada Veritas Reales Investment Limited, según Companies House, el registro mercantil británico. La empresa fue constituida en 2019 por un promotor inmobiliario del Reino Unido que desde entonces se ha desvinculado. Companies House identifica ahora a Ansari como la única "persona con control significativo".

En sus registros societarios, Veritas Reales Investment aparece descrita como una empresa dedicada a la "compra y venta de bienes inmobiliarios propios" y a la "recepción y concesión de préstamos".

Los registros del Registro Mercantil español muestran que la empresa londinense controla una filial local, Veritas Reales Marbella SL. Esta es la propietaria de la villa y del terreno en la exclusiva urbanización cerrada de Altos Reales, en Marbella, adquiridos por una suma no revelada en 2020.

El abogado de Ansari, Gherson, no respondió a las preguntas sobre las empresas británica y española. Los reporteros no pudieron determinar el precio de compra de la villa ni su valor actual. Pero una página archivada de una agencia inmobiliaria local muestra que la propiedad fue puesta a la venta en 2013 por 15 millones de euros (unos 19,5 millones de dólares en aquel momento) como una "Residencia excepcional con vistas espectaculares".

Las fotos del folleto comercial mostraban una villa de seis dormitorios con una imponente torre central enmarcada por picos montañosos. Una terraza dominaba una piscina exterior y ofrecía vistas al mar Mediterráneo. Esas vistas coinciden con imágenes disponibles en Google Earth 3D.

El anuncio de 2013 también destacaba elementos como una lámpara de araña "comprada a una iglesia del siglo XV", así como "bodegas con temperatura controlada y cómodas dependencias para el personal". Según Companies House, las cuentas anuales de Veritas Reales Investment Limited están pendientes de presentación. La empresa se enfrenta a la posibilidad de ser disuelta de forma forzosa en los próximos dos meses, "salvo que se alegue causa en contrario".

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma de Mallorca estaba en seguimiento por la Inspección judicial por sus reiterados retrasos desde 2019. Dos años después se nombró un juez sustituto para que asumiera la mitad del trabajo. Ese sustituto demostró un rendimiento muy superior al de su titular, el portavoz de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y decano de la capital balear, Alejandro González Mariscal de Gante que, pese al desastroso estado de su órgano judicial, encontraba tiempo para viajar al Parlamento Europeo y, de la mano del PP, acusar al Gobierno de socavar el Estado de derecho en España y atacar la independencia judicial. Mientras, en Palma, resolvía solo los procesos más simples para simular una carga de trabajo ficticia mientras los complejos se acumulaban. 96 estaban inconclusos, de los cuales, 10 están pendientes de sentencia desde 2018 y 2019.

Pese a esa situación, los cuatro vocales del sector conservador de la comisión disciplinaria –dos de los cuáles, José María Páez y José Carlos Orga, pertenecen también a la APM– lo liberaron de la suspensión de funciones por un mes que solicitaba el Promotor de la Acción Disciplinaria por una falta muy grave de desatención y decidieron dejarlo en una infracción leve e imponerle una multa de 500 euros. Los tres consejeros progresistas –José María Fernández Seijo, Ricardo Bodas y Lucía Avilés– sin embargo, consideran en su voto particular discrepante que la suspensión debía ser superior a la que reclamaba el instructor –tres meses– debido a que la conducta de González Mariscal de Gante era voluntaria y porque fue advertido por el Consejo en varias ocasiones sin que prestara a su órgano judicial mayor dedicación. Entre 2021 y 2024, la pendencia de sus casos aumentó un 40,3%.

El voto particular de los progresistas describe una inactividad y una escasez de rendimiento alarmante. En él, recuerdan que el año pasado, el Supremo avaló una sanción de seis meses de suspensión a otro magistrado con 52 sentencias pendientes, frente a las 96 de González Mariscal de Gante. "En algunos casos estamos hablando de una pendencia cercana a los tres años", dice el escrito del los vocales a propuesta del PSOE y Sumar. "La tardanza en resolver por más de dos años, que incluso en alguna anualidad no alcanza el mínimo exigible, evidencia la responsabilidad disciplinaria cuya depuración se propone", sostienen. No es que el portavoz de la APM tardara en redactar la sentencia, es que, en los procedimientos de mayor complejidad, ni siguiera dictaba la conclusión del caso, dejándolo en el cajón por meses e incluso años. La Inspección del Consejo, que monitoriza su juzgado desde hace siete años, le avisó de que no podía hacerlo así. Pero dio igual.

La actitud pasiva del expedientado se produjo también cuando se asignó para su juzgado un juez sustituto que asumió la mitad del trabajo. Desde ese momento, los asuntos a abordar por González Mariscal de Gante se situaban por debajo del indicador de entrada de nuevas causas, pero la resolución de asuntos pendientes no avanzaba. "Resulta difícil explicar a los ciudadanos afectados por las dilaciones [...] que un magistrado titular que asume el 50% de la carga de trabajo de su juzgado y, por tanto, no alcanza el mínimo de entrada [de asuntos] previsto, demore sus pronunciamientos más de dos años", sostienen los consejeros en su voto.

"Nada justifica que los procedimientos ordinarios", los más complejos, "de manera habitual, sistemática y reiterativa resulten postergados ya no meses, sino años", aseguran los consejeros progresistas, "mientras que al mismo tiempo se da salida a numerosos procedimientos abreviados con determinado objeto, de indudable menor dificultad (por regla general)". De esa manera obtenía unas cifras de rendimiento "que aparentan cierta laborosidad, pero que silencia las muy graves dilaciones que sufren aquellas causas que no son sentenciadas por la sola voluntad del titular". Es decir, que el portavoz de la APM obtenía sus datos de rendimiento "de forma irregular" recurriendo a "una conducta intencionada de tergiversación".

Por esa razón, los vocales consideran que "determinar la dedicación real del magistrado resulta complicado, pues su conducta [...] ha alterado los mecanismos de medición". "En cualquier caso, a efectos meramente dialécticos, llama la atención cómo su rendimiento se sitúa muy por debajo del juez sustituto con el que comparte funciones jurisdiccionales en el mismo órgano, vistos los porcentajes de rendimientos de uno y otro, así como de la comparativa de resoluciones dictadas por cada uno de ellos". Es decir, que su compañero, que no pertenece a la carrera judicial y trabaja en condiciones mucho más precarias y provisionales, saca adelante muchos más asuntos que él, el titular.

La mayoría conservadora, coincide básicamente en el análisis de los hechos de los progresistas, avalados también por la Inspección del Consejo y propio Promotor de la Acción Disciplinaria. Sin embargo rebajan la conducta del portavoz de la APM de muy grave a leve porque, según dicen, no aprecian que los procesos complejos que postergaba "tuvieran mayor trascendencia para el funcionamiento de la Administración de Justicia", que los más simples en los que concentraba su actividad. Además, aseguran que se desconoce "la incidencia en la demora de los asuntos que ya estuviera tramitando" o si los resueltos por el juez sustituto, más que los del portavoz de la APM, eran de similar complejidad técnica a los que llevaba el expedientado.

Casi cualquiera que haya alquilado un piso recientemente sabe lo que son los honorarios de agencia. Esta tasa, que se declaró ilegal en mayo de 2023, cuando entró en vigor la ley de vivienda, hacía recaer sobre el inquilino los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La nueva regulación entendía que el servicio de la agencia se le prestaba al casero y no al inquilino, por lo que quien debía abonarla era el primero y no los segundos. Sin embargo, asociaciones de consumidores e incluso el propio Ministerio de Consumo han detectado que esta comisión se sigue aplicando de manera ilegal o que ha cambiado de nombre para esquivar la ley.  "Después de tres años seguimos viendo muchos casos de personas a las que se les demandan gastos de agencia", apunta Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

"Hay una asimetría y una urgencia en el mercado que hacen que la gente, cuando necesita una casa, muchas veces termine aceptando condiciones abusivas o ilegales para no perderla", señala. "Esta presión es la que hace que se normalice algo que es ilegal y es la baza que juegan las agencias que incumplen la ley", concluye el portavoz.

Este lunes, la asociación de consumidores Facua denunciaba ante la Dirección General de Consumo de Canarias a una inmobiliaria por ejercer, supuestamente, estas prácticas abusivas. La causa: “Obligar a los usuarios interesados en visitar una vivienda en alquiler a cumplimentar y firmar dos documentos donde les pide abonar una comisión en concepto de «servicios de atención al inquilino (búsqueda activa, desplazamiento y otros)» y por el «acceso a información exclusiva y especializada»", señala la asociación. Este servicio que se cobra aparte es, según Facua, una comisión ilegal, pues entienden que no se puede considerar un servicio de búsqueda activa la mera publicación de un anuncio de alquiler y que “no hay ningún servicio extra donde la empresa lleve a cabo una búsqueda personalizada en base a ciertas peticiones o características”, ya que es el interesado el que llama a la inmobiliaria tras ver el anuncio. 

Los inquilinos llevan tiempo denunciando estas situaciones, pero en muchos casos la necesidad de encontrar un techo pesa más y, aunque la tasa sea ilegal, la terminan pagando. Los precios desbocados del mercado y la imposibilidad de muchos salarios de acceder a la compra dejan atrás los presupuestos de las familias, y en este caldo de cultivo las prácticas abusivas son más fáciles de imponer. “No me quería quedar sin el piso”, explicaba meses atrás una afectada a infoLibre. Ella había abonado 200 euros en metálico a la agencia justo antes de firmar el contrato de su nuevo piso, cuando ya no estaban presentes los propietarios de la casa. “Es de estas cosas que sabes que son ilegales, pero no me quería quedar sin el piso”, puntualizaba. 

La persistencia de esta práctica se explica por la vulnerabilidad de quienes alquilan, pero también por la dificultad de demostrar que esta tasa se corresponde con un servicio al casero y no al usuario. Si a esto se suma la ausencia de controles, el margen de impunidad se ensancha. "Lo que hemos visto en nuestras asambleas es que se camuflan estos cobros. En vez de llamarles honorarios, se rebautizan como servicios integrales o de atención al inquilino, como estudios de viabilidad o directamente como servicios. Pero ninguno de ellos es libremente rechazable, por lo que son un rodeo para cobrar lo mismo", protesta el portavoz del Sindicato de Inquilinas.

"Nosotros no hemos tenido constancia de que existan controles de inspección o campañas de oficio por parte de las comunidades autónomas", explica el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien también apunta que la mayoría de las inspecciones llevadas a cabo han partido de denuncias de usuarios o de asociaciones como la suya. Para Sánchez, el papel de las instituciones regionales debería ser más activo a la hora de perseguir esta práctica. "Las comunidades autónomas son las que pueden actuar contra las inmobiliarias porque la mayoría de ellas tiene ámbitos de funcionamiento local, provincial o autonómico, y hay pocas que funcionen en todo el territorio nacional", concluye.

Desde Facua insisten en que las sanciones deberían ser más amplias. "Hay comunidades que ni nos contestan y de algunas que lo han hecho nos han llegado respuestas en las que el expediente sancionador equivale al importe de un fraude", concluye el secretario general. Es decir, si al inquilino le han defraudado un mes de cuota, por ejemplo mil euros, les obligan a abonar el equivalente a modo de sanción. A nivel gubernamental tampoco se contemplan actuaciones específicas para investigar esta práctica, pero desde el Ministerio de Vivienda señalan que ya existe una prohibición legal al respecto.

"El fraude les sale extraordinariamente barato", protesta Sánchez. Y es que, en general, la gente no denuncia, porque además de arriesgarse a tener que volver a buscar piso, entrar en un proceso judicial no está al alcance de todo el mundo. "Una denuncia pone la carga de la prueba sobre el inquilino, implica recabar pruebas, reclamar en Consumo e incluso ir a juicio, y no todo el mundo puede asumir ese nivel de desgaste", apunta Pérez.

En las asambleas del sindicato han visto muchos casos de este tipo y por eso, apunta, las Administraciones deberían poner en marcha labores de inspección que hiciesen esta carga más compartida. "Desde el sindicato creemos que no basta con que sea ilegal en el BOE, sino que necesitamos una inspección activa, sanciones ejemplarizantes y mecanismos rápidos para recuperar el dinero", concluye.

El caso más sonoro y la multa más alta que se ha puesto hasta la fecha en relación con los abusos en este tipo de tasas la recibió la compañía Alquiler Seguro por parte del Ministerio de Consumo. El departamento que dirige Pablo Bustinduy impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la empresa por vulnerar supuestamente los derechos de los consumidores. Contratar un servicio de atención al inquilino obligatorio, obligar a que el arrendatario presente un estudio de solvencia o a contratar seguros de hogar son algunas de las prácticas que Consumo penalizaba en siete multas que, conjuntamente, superaban los seis millones.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, conscientes de la problemática y de la vulnerabilidad de los arrendatarios, han lanzado una guía de recomendaciones para responder a esta situación sin quedarse en la calle. "Como sabemos que se hace difícil negociar cuando queremos alquilar un piso y la inmobiliaria nos recuerda continuamente que hay una gran lista de gente dispuesta a aceptarlo, podemos llegar a plantearnos la posibilidad de firmar y reclamar después", apuntan.

Lo importante en estos casos es lograr pruebas y por eso recomiendan pagar por transferencia poniendo en el concepto que se trata de gastos de gestión. Además, se debe solicitar una factura con IVA y guardar tanto las conversaciones como los pantallazos del portal web para dejar claro que la búsqueda ha corrido a cargo del inquilino, sin asesoramiento de la agencia. Eso cuando pueden recabarse evidencias de estas malas prácticas, algo infrecuente dado que las inmobiliarias son conscientes de a lo que se exponen y buscan subterfugios precisamente para evitarse problemas futuros.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes una licencia para autorizar algunas actividades de explotación del oro para empresas estadounidenses en Venezuela, un sector que estaba sancionado.

La licencia se produce un día después de la reunión en Caracas entre la presidenta, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

El documento establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y que cualquier disputa legal tendrá que resolverse en tribunales estadounidenses.

Asimismo, los pagos que deban realizarse a entidades venezolanas sancionadas por Washington no se efectuarán directamente, sino que deberán canalizarse a través de un fondo controlado por el Departamento del Tesoro.

Burgum viajó el jueves a Caracas acompañado por representantes del sector minero y se reunió con Rodríguez, tras lo cual anunció que Washington emitiría próximamente licencias para facilitar operaciones en el país.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, informó el lunes de que ya se encuentra en revisión la Ley de Minas con el objetivo de reformarla de forma urgente y abrir el sector a la inversión extranjera, como ya ocurrió con la Ley de Hidrocarburos y el sector petrolero.

El jueves también se anunció el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando se acaban de cumplir dos meses del operativo estadounidense que llevó a la captura del expresidente Nicolás Maduro.

Los vínculos diplomáticos entre ambos países permanecían rotos desde principios de 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando Washington reconoció al opositor y entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino, lo que llevó al Gobierno de Maduro a cortar relaciones con Estados Unidos.

En febrero de 2022, cuando Vladimir Putin desencadenó la guerra al invadir Ucrania, LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) se retiró del mercado ruso. Como buen alumno, el grupo francés cerró sus 124 tiendas rusas (Louis Vuitton, Dior, Bulgari...) unos días antes de que Europa impusiera sanciones a la exportación de productos de lujo. En el mismo periodo, las tiendas Sephora fueron vendidas al director general local, que retomó la actividad bajo el nombre de “Île de Beauté”.

En ese momento, LVMH anunció que había donado 5 millones de euros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para ayudar a las víctimas del conflicto, y Louis Vuitton, por su parte, donó un millón a Unicef. Otras marcas de lujo hicieron lo mismo, pero fueron más discretas en cuanto a las cantidades donadas.

El 11 de marzo de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró firme. “Vamos a prohibir todas las exportaciones de productos de lujo de la Unión Europea (UE) a Rusia [...], los que apoyan la maquinaria bélica de Putin ya no deben poder disfrutar de su lujoso estilo de vida.” Desde esa fecha, están prohibidas todas las exportaciones a Rusia de artículos de lujo cuyo valor supere los 300 euros.

Es decir, que LVMH respeta las sanciones europeas, incluso las anticipa. Al menos, en apariencia. Pero, en realidad, LVMH mantiene discretamente abierto uno de sus grandes hoteles rusos y sigue vendiendo allí productos del grupo.

La información fue revelada por Reuters el 28 de febrero de 2026: LVMH ha mantenido abierto el Grand Hotel Europe, situado en San Petersburgo, propiedad de la cadena Belmond, que pertenece al grupo al 100 %. “El hotel en sí no está sujeto a sanciones y funciona legalmente”, precisa la agencia de prensa británica. “Sin embargo, ha seguido recibiendo pagos por prestación de servicios a empresas clientes sancionadas por Europa y el Reino Unido, en particular grandes empresas rusas de transporte, energía y medios de comunicación, así como bancos y empresarios militares.”

Preguntado por Reuters, LVMH declaró que el Grand Hôtel Europe “funciona de forma autónoma e independiente de Belmond”.

Pero eso no es todo. Bastó con una rápida búsqueda en la página web del Grand Hôtel Europe para descubrir que LVMH estaba actuando en contra de sus compromisos en dos niveles. No solo su cadena Belmond sigue operando en Rusia, sino que, además, en el bar del hotel se sirven productos de LVMH.

Según la carta disponible en el restaurante, actualmente se pueden comprar y consumir bebidas alcohólicas del grupo en este hotel LVMH de San Petersburgo. En cuanto al champán, hay que pagar 27.400 rublos (302 euros) por una botella de Moët & Chandon Brut Imperial, 37.400 rublos (412 euros) por una Veuve Clicquot Brut y 135.000 rublos (1.490 euros) por un Dom Pérignon Brut y 74.500 rublos (800 euros) por un Ruinart Rosé, por ejemplo.

Y para los rusos ricos a los que no les gusta mucho el champán francés, pueden emborracharse con LVMH a base de coñac Hennessy o de whiskies Ardbeg y Glenmorangie, por sumas que pueden alcanzar varios miles de euros. El coñac Hennessy Paradis, por ejemplo, se vende por el equivalente a 6.176 euros. Todo ello a pesar de que la directiva europea que prohíbe la venta de productos de lujo en Rusia por un valor superior a 300 euros también se aplica a los vinos y licores. Pero parece poco probable que una botella de coñac Hennessy Paradis que se vende por varios miles de euros se facture en el hotel por menos de 300 euros.

LVMH no respondió a ninguna de las preguntas que le formuló Mediapart.

El caso recuerda otro caso de hipocresía de la filial de vinos y licores del grupo LVMH en Rusia.

En enero de 2025, La Lettre reveló “cómo LVMH sigue vendiendo su champán en Rusia”. “Tras el anuncio de su retirada en marzo de 2022 y el desmantelamiento de su estructura local, Moët Hennessy creó una red paralela de ventas con destino a Rusia”, revelaba este medio digital. “Sus directivos, recientemente despedidos, activaron un canal de suministro a través de su filial estadounidense dedicada al duty free. Estas prácticas, que aún continúan, contradicen los compromisos públicos adquiridos por LVMH con el mercado y los consumidores.”

Y explicaba, con todo detalle, la constitución de esta red paralela que elude las sanciones europeas y estadounidenses sin colocar al grupo en una situación ilegal, ya que solo los productos facturados por debajo de 300 euros habrían transitado por esta red.

Según La Lettre, la idea habría surgido de Jean-Marc Lacave, entonces vicepresidente ejecutivo encargado de la distribución, y del exdirector general de la filial, Philippe Schaus.

Y cuidado con los denunciantes. También en La Lettre se contaba la historia de Ken Kralick, exvicepresidente de comercio electrónico y negocios electrónicos de Moët Hennessy, que había criticado el recurso de su grupo a este mercado paralelo para seguir vendiendo champán en Rusia. “No solo las denuncias internas no tuvieron ningún seguimiento interno, sino que su autor fue brutalmente convocado seis meses después y despedido por falta grave, con una expulsión inmediata de su oficina por parte de seguridad”, explica el medio.

Aunque no se ha demostrado la ilegalidad de esta red paralela, LVMH ha buscado claramente ganar por ambos lados. Al anunciar su salida de Rusia y su apoyo a las víctimas, LVMH se había envuelto en la imagen de una empresa ética y responsable. Eso había respaldado, en aquel momento, el precio de sus acciones en bolsa. El 7 de marzo de 2022, cotizaba a 554 euros, y diez días después, a 629 euros.

Bajo anonimato, un exdirectivo del grupo asegura: “Al organizar esta red de venta paralela, LVMH ha actuado en contradicción con sus compromisos públicos y, por lo tanto, ha engañado a los mercados financieros.” La misma observación podría aplicarse al discreto mantenimiento de la actividad hotelera de LVMH en San Petersburgo, así como a la venta de vinos y licores del grupo en el establecimiento. Al ser preguntada sobre estos diferentes temas, la Autoridad de Mercados Financieros no ha querido responder a nuestras preguntas.

Traducción de Miguel López

El buque Marinera, rastreado durante dos semanas a través del Atlántico desde las costas de Venezuela, fue finalmente abordado el 7 de enero por la guardia costera estadounidense. Este viejo petrolero ruso pertenece a la “flota fantasma” del Kremlin, una red de petroleros clandestinos encargados de transportar petróleo ruso a países como China y la India, eludiendo las sanciones occidentales.

Según una investigación realizada por Radio Liberty y Sistema, este buque interceptado estaría relacionado indirectamente con Ilan Shor, un oligarca moldavo afincado en Moscú, quien desempeña ahora un papel central en la elusión de las restricciones impuestas a Rusia, mucho más allá del sector energético.

A primera vista, sin embargo, Ilan Shor parece estar más relacionado con los asuntos moldavos que con las rutas petroleras transatlánticas. Condenado en 2017 a quince años de prisión en rebeldía en Moldavia por participar en el “robo del siglo” con solo 28 años —el desvío de 1.000 millones de dólares de tres bancos nacionales a paraísos fiscales, un perjuicio estimado en el 12% del PIB del país más pobre de Europa—, huyó a Israel, su país natal, para luego instalarse definitivamente en Rusia.

“Está claro que Shor llegó a algún tipo de acuerdo con el FSB [el servicio de inteligencia ruso, ndr]. Esa fue la contrapartida de su estancia en Rusia: convertirse en un ejecutor de los servicios rusos”, subraya Viorica Zaharia, periodista de investigación moldava. Mediapart se ha sumergido en su “sistema”. Ni él ni su equipo actual han respondido a nuestra solicitud.

Desde la capital rusa, Ilan Shor se convirtió rápidamente en la “mano de Moscú” en Moldavia, exrepública soviética de Europa del Este en la frontera con Ucrania. El objetivo es derrocar a la presidenta proeuropea Maia Sandu, elegida en 2020 y reelegida por un estrecho margen en 2024, mediante la financiación de multitud de partidos políticos y campañas de injerencia electoral y desinformación.

“Controlaba hasta a 100.000 personas en Moldavia”, afirma Lilian Carp, diputado moldavo y presidente de la comisión parlamentaria de seguridad, antes de la eliminación progresiva de las redes tentaculares de Shor. “Estimamos que todavía controla al menos el 4%”. Pero las acciones de Shor no tuvieron éxito.

En septiembre de 2025, el partido presidencial ganó las elecciones legislativas, consolidando la trayectoria europea de Moldavia. Sin embargo, en Moscú, este fracaso no ha minado la confianza depositada en él. Más bien al contrario. A este banquero de 38 años se le encomendó una misión de más envergadura: diseñar un sistema ilegal para ayudar al comercio ruso a sobrevivir a las sanciones impuestas tras la agresión a Ucrania.

A partir de 2024, Ilan Shor reunió a un equipo de banqueros, ingenieros financieros y juristas para lanzar A7, una empresa privada que opera una infraestructura de pago alternativa y está registrada en la Federation Tower, uno de los rascacielos de la City de Moscú. El 51% de las acciones le pertenece a él y el 49% está en manos del Promsvyazbank (PSB), un banco estatal vinculado a la financiación de las actividades militares rusas, también sujeto a sanciones internacionales desde 2022.

En concreto, el sistema se basa en tres pilares: A7 como operador, PSB como apoyo bancario y la criptomoneda A7A5 como herramienta de pago. Esta moneda digital, lanzada en febrero de 2025, es la primera stablecoin respaldada por el rublo y permite a las entidades rusas adquirir criptoactivos utilizados en todo el mundo, como el USDT, la stablecoin con un valor equivalente al del dólar estadounidense.

“A7 facilitó pagos por valor de más de 86.000 millones de dólares en 2025”, se jactaba Ilan Shor ante Vladimir Putin, con motivo de un foro económico celebrado en Vladivostok en septiembre. En total, ese año, el volumen ascendió a 100.000 millones de dólares, según el informe publicado el 22 de enero de 2026 por la empresa Elliptic, especializada en el análisis de la blockchain y el cumplimiento normativo de los criptoactivos.

Según los datos divulgados por A7, esas transacciones se refieren principalmente a la importación de bienes sujetos a sanciones (en su mayoría de los sectores de electrónica y química) procedentes de países asiáticos, con China a la cabeza.

Aunque esta criptomoneda está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea desde agosto y noviembre de 2025, respectivamente, “los volúmenes de transacciones del token A7A5 hasta finales de 2025 se mantuvieron bastante constantes a lo largo del año”, según Chainanalysis, proveedor de datos, software y servicios de análisis de blockchain con sede en Nueva York.

Los tokens A7A5 no se emiten desde Rusia, sino desde Kirguistán, a través de la empresa Old Vector LLC. Esta elección inicial se explica por su legislación flexible y por el hecho de que este país aún no está plenamente integrado en los principales regímenes occidentales de supervisión financiera. Eso es lo que permitió que el proyecto cobrara impulso en sus inicios. Pero la situación no duró mucho: Old Vector LLC está sujeta a sanciones occidentales desde 2025.

En cualquier caso, este pequeño país montañoso de Asia Central se ha convertido en la jurisdicción clave para el sistema de pago A7 de Rusia. “Kirguistán es un país exsoviético, cercano a Rusia, cuyas élites políticas y económicas están bajo el patrocinio de Moscú”, explica Kristine Baghdasaryan, investigadora de Transparency International Rusia.

Pero el sistema no se basa únicamente en las criptomonedas. Según el informe del think tank Center for Information Resilience, “el 60% de las transacciones de importación se paga en yuanes chinos”. En otras palabras, detrás de los flujos digitales siguen existiendo montajes clásicos en moneda real.

En octubre de 2025, filtraciones procedentes de una de las empresas de Ilan Shor, AniKey, consultadas por Mediapart, indican que su proyecto A7 se basa en decenas de empresas registradas en diferentes jurisdicciones, que sirven de intermediarias en estos esquemas más “clásicos” de blanqueo de capitales.

Uno de los eslabones centrales de este sistema es la Sociedad Comercial de la República Kirguisa (SCRK), registrada en Biskek, capital del Estado. Esta entidad, propiedad al 100% del Ministerio de Economía kirguís, tiene el monopolio de las transacciones que implican bienes que no entran en el territorio nacional, según un decreto del Gobierno publicado en 2024.

De hecho, el mecanismo institucionaliza la elusión de sanciones a nivel estatal en Kirguistán y prevé, en particular, la creación de filiales en el extranjero, en Emiratos Árabes, Mongolia, Brasil, Baréin, China y también en Hungría, el primer país europeo mencionado en los planes de A7.

“Gracias a una serie de sociedades fantasma, A7 proporciona cobertura legal a las empresas rusas, lo que les permite transferir dinero al extranjero”, resume Kristine Baghdasaryan. Una cobertura reforzada por el lanzamiento de pagarés digitales, una herramienta alternativa de pago comercial.

Esos pagarés son el núcleo de un sistema que podría aplicarse en el futuro a las grandes empresas rusas, como Gazprom. Según presentaciones internas consultadas por Mediapart, A7 permitiría al gigante del gas recibir pagos directamente en rublos desde Turquía, país comprador de gas ruso, a través de la filial Gazprom Export y la empresa turca ZMB Gaz Depo A.S.

“Desde 2023, Rusia afirma que quiere convertir las criptomonedas y otras redes financieras alternativas en herramientas estratégicas para eludir las sanciones, al tiempo que alimenta un discurso de promoción de la desdolarización del comercio internacional”, afirma Hugo Estecahandy, investigador del Instituto Francés de Geopolítica y especialista en criptomonedas. “Los proyectos de A7 y la institucionalización de esos métodos por parte de países como Kirguistán hacen presagiar una aceleración del recurso a este tipo de iniciativas en los próximos meses o años”.

El continente africano figura entre los objetivos de expansión de A7, con la creación de sus primeras filiales en Nigeria y Zimbabue en septiembre de 2025. Durante un foro Rusia-África celebrado el 22 de diciembre de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, invitó a “todos los demás socios africanos a unirse a A7”.

Pero esta estrategia se enfrenta al refuerzo de los controles internacionales. “La aplicación proactiva de sanciones por parte de las bolsas mundiales y los emisores de activos ha dificultado cada vez más la transferencia de fondos de este ‘refugio’ a la economía mundial legítima”, analizan en Elliptic. Si bien A7A5 sigue siendo una herramienta en plena expansión para el comercio transfronterizo ruso, cada vez está más aislada del resto del ecosistema criptográfico”.

A7 se utiliza también para la influencia política de Ilan Shor en varios países objetivo del Kremlin, entre ellos Moldavia. A medida que se acercaban las elecciones legislativas de septiembre de 2025, una aplicación vinculada a Telegram permitió remunerar en criptomonedas a los activistas prorrusos del país, a través de la PSB y los tokens A7A5.

“Seguimos viendo aparecer nuevas cuentas online que parecen formar parte del proyecto InfoLeader, patrocinado por Shor. Su objetivo es formar a los ciudadanos moldavos en el uso de la IA y en la publicación de contenidos que critican al Gobierno y su orientación proeuropea”, explica Andrei Curăraru, analista de Watchdog.md, un think tank especializado en operaciones de desinformación en Chișinău.

A los participantes se les paga con tarjetas rusas vinculadas al Promsvyazbank, si alcanzan las cuotas de publicaciones. “Es muy probable que esas actividades se financien con los beneficios generados por las transacciones ilegales de A7”, añade Andrei Curăraru.

Otro pilar del dispositivo de influencia es la organización Evrazia, también patrocinada por Ilan Shor. Creada en 2024, se presenta como una red cultural entre Rusia y los países exsoviéticos, pero difunde sobre todo el argumentario del Kremlin en este espacio mediante proyectos educativos: viajes a Moscú, formación online en redes sociales o programas de “diplomacia pública” dirigidos a los jóvenes.

Con oficinas en Biskek, Evrazia ya ha financiado en 2025 “tiendas solidarias de comestibles”, un parque de atracciones y centros de aprendizaje de ruso por un valor de 100 millones de euros, según los documentos consultados por Mediapart. Varias fuentes indican que la organización podría estar relacionada con el nacimiento de una cadena de televisión pro-Kremlin en Kirguistán, Nomad-TV, inaugurada en noviembre de 2025.

Evrazia también se está institucionalizando en Armenia, país del Cáucaso dividido entre Rusia y Europa, donde este año se celebrarán unas decisivas elecciones legislativas. El “problema Shor” se está internacionalizando más que nunca.

Traducción de Miguel López

La Comisión Europea (CE) propuso este viernes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia centrado en la energía, los servicios financieros y el comercio, con idea de que pueda entrar en vigor cuando se cumplan cuatro años desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Una de las principales medidas de esta ronda es la prohibición total de los servicios marítimos para el petróleo ruso, para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia y dificultar la búsqueda de compradores para su petróleo, informó en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que agregó que la iniciativa se coordinará “con socios afines tras una decisión del G7”.

La propuesta, que a continuación deberá ser discutida y aprobada por unanimidad por los Veintisiete para que pueda aplicarse, incluye también añadir en la lista negra a otros 43 buques de la llamada "flota fantasma" rusa que ayuda a Moscú a esquivar las sanciones a su petróleo, con lo que el total ascendería ya a 640.

Von der Leyen precisó que también pretenden dificultar que Rusia adquiera buques cisterna con prohibiciones generales sobre la prestación de mantenimiento y otros servicios para buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y rompehielos, a fin de "perjudicar aún más los proyectos de exportación de gas".

Aseguró que esto complementará el veto europeo de las importaciones de GNL acordada en el paquete de sanciones anterior y el reglamento RepowerEU.

Por otra parte, la Comisión propone medidas para restringir aún más el sistema bancario ruso y su capacidad para crear canales de pago alternativos con los que financiar la actividad económica, algo que Von der Leyen consideró "el punto débil de Rusia".

En concreto, se propone incluir en la lista negra a otros 20 bancos regionales rusos y tomar medidas contra las criptomonedas, las empresas que las comercializan y las plataformas que permiten su comercio, con el fin de cerrar una vía de elusión de sanciones.

Igualmente, se incluyen sanciones contra bancos de terceros países que facilitan el comercio ilegal de productos sancionados.

Finalmente, la Comisión insta a endurecer las restricciones a la exportación a Rusia con nuevas prohibiciones sobre bienes y servicios, desde el caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por valor de más de 360 millones de euros. Además, Bruselas también plantea introducir nuevas prohibiciones de importación de metales, productos químicos y minerales críticos, que aún no están sujetos a sanciones, por un valor superior a 570 millones de euros.

Y más restricciones a la exportación de artículos y tecnologías empleados por Rusia en el campo de batalla, como los materiales utilizados para fabricar explosivos, así como una cuota para el amoníaco a fin de limitar las importaciones existentes.

La CE quiere igualmente acabar con la evasión de las sanciones activando por primera vez la "herramienta antielusión", prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y radios a jurisdicciones en las que exista un alto riesgo de que estos productos se reexporten a Rusia.

Para proteger a las empresas de la Unión Europea de las violaciones de sus derechos de propiedad intelectual o de la expropiación injusta en Rusia debido a sentencias judiciales abusivas, la Comisión propone por último garantías jurídicas más sólidas.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a un guardia civil que se emborrachó durante su turno de trabajo en el gimnasio del personal de seguridad de Presidencia del Gobierno y, ebrio, hizo un calvo -se bajó los pantalones y enseñó el culo- al jefe de escoltas del presidente Pedro Sánchez, según recoge EFE.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sanción impuesta a este agente, la "pérdida de veinte días de haberes con suspensión de funciones", tras un expediente disciplinario por unos hechos que ocurrieron el 1 de abril de 2022, en el lugar de trabajo de este guardia civil.

Ese día, el guardia civil acudió a su turno de tarde tras tomar dos cervezas y varios pinchos en la cafetería. Estaba al cargo de vigilar el gimnasio al que acude el personal de seguridad de Presidencia del Gobierno.

A las 15.00 horas un brigada y un cabo llegaron con una botella de ginebra a la sala de cardio y el guardia civil, encargado de mantener el orden, permitió que introdujeran alcohol y, además, bebió con ellos combinados de ginebra y cocacola.

Cuatro horas después llegaron a la sala de cardio un subinspector de Policía y el jefe de escoltas de Pedro Sánchez, que encontraron al guardia civil con "síntomas de haber consumido, en exceso, bebidas alcohólicas".

Entonces, el guardia civil sancionado "se bajó los pantalones y les enseñó el culo, a la vez que bailaba y se ponía de cuclillas".

Así figura en los hechos probados en la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central, que el Supremo confirma en otra sentencia a la que ha tenido acceso EFE y que rechaza el recurso interpuesto por el guardia civil sancionado.

El Supremo desestima todos los motivos aducidos por el sancionado en su recurso. Así, señala que no se vulneró su presunción de inocencia explicando que hay bastantes declaraciones testificales de que éste se encontraba "con síntomas de embriaguez, con un fuerte olor a alcohol, con voz pastosa, frases incoherentes, bailando y bajándose el pantalón durante unos segundos en posición de sentadilla, enseñando el culo".

De hecho, en la sentencia recurrida se hace referencia a la declaración de un cabo que reconoció que habían tomado unas copas.

La Sala de lo Militar también descarta que se hayan vulnerado el principio de legalidad el derecho de defensa o la proporcionalidad y confirma la sanción impuesta por una falta grave.

Para imponer la sanción se tuvo en cuenta el hecho de que el agente estuviese de servicio bajo los efectos del alcohol contraviniendo las normas del gimnasio que debía vigilar y su conducta "incorrecta e irrespetuosa" al bajarse los pantalones y enseñar el culo, que se califica de "conducta indigna de un guardia civil" en la sentencia de instancia.

El pasado junio, un petrolero sancionado por Europa salió de un puerto en el extremo oriental de Rusia cargado con 770.000 barriles y lo descargó un mes después en la refinería china de Quingdao. Una vez convertido en queroseno, se volvió a cargar en un barco –ahora fletado por una compañía multinacional– y fur transportado hasta Malta, donde se traspasó a otro petrolero con bandera de Bahamas antes de acabar en Italia. Desde allí, pudo moverse libremente por todo el continente sin que nadie supiese que ese cargamento estaba financiando al Kremlin.

Esta compleja red es la que utiliza ahora Rusia para vender en Europa su crudo tras los 19 paquetes de sanciones aprobados por Bruselas, pero a partir de este miércoles será ilegal en el bloque comprar combustibles que participen de estas tramas. De hecho, las compañías europeas tendrán que demostrar que lo que venden en sus gasolineras no ha pasado por Rusia en ningún punto de la cadena, una medida que afectará a entre el 20% y el 30% del diésel y del combustible de aviones que entran en el continente.

La normativa, que entra en vigor el 21 de enero, prohíbe comprar derivados del petróleo a refinerías extranjeras que trabajen con crudo ruso, incluso aunque el combustible ruso suponga una cantidad ínfima de las materias primas que utilicen. Los países más afectados serán India, Turquía y China, que son los principales aliados de Moscú en este negocio: compran barriles de crudo a un precio descontado –porque está sancionado internacionalmente– y venden el combustible a Europa borrando su trazabilidad mezclándolo con el de otros orígenes.

Los expertos normalmente recelan del impacto que tienen las sanciones europeas sobre la compra de combustibles rusos, argumentando que el Kremlin tiene maneras de sortearlas con facilidad, pero en esta ocasión coinciden en que podrían ser realmente efectivas. "Estas sanciones son potencialmente muy, muy disruptivas", dijo este lunes Benedicto George, experto en petróleo de la firma británica Argus, en una rueda de prensa.

El analista calcula que afectará a entre el 20% y el 30% del diésel y el combustible de aviones que importa la Unión Europea, ya que proceden de refinerías indias y turcas que trabajan con petróleo ruso. Aunque estas plantas trabajan con crudo de todo el mundo y solo una parte es ruso, la nueva normativa garantiza que ninguna refinería que venda productos a Europa que en los últimos 60 días haya recibido la materia prima de Rusia, por poca que sea.

George dijo que el grado de impacto sobre el precio del combustible es incierto, y dependerá de si las refinerías extranjeras deciden romper con Rusia para seguir vendiendo a Europa, o concluyen que es más rentable dejar de vender al bloque y buscar nuevos compradores. En principio, la principal empresa de refino de India (Reliance) ya ha dicho que lleva desde el 20 de noviembre sin comprar petróleo a Rusia, de manera que cumpliría con el nuevo requisito.

En todo caso, no se espera una escasez de diésel por las nuevas sanciones. "Las sanciones no cambiarán el stock de combustible, solo reconfigurarán quién compra a quién", añadió el experto. Los investigadores de Argus tampoco temen por ahora un encarecimiento de la energía porque "la demanda de diésel está bajando estructuralmente y en enero y febrero el consumo es débil" en Europa.

Otro punto destacado es que las sanciones solo afectan a una parte de los derivados del petróleo, los que tienen más de un 50% de aromáticos, principalmente el diésel y el queroseno, pero deja fuera a los GLP, algunas gasolinas y muchos productos químicos.

Las nuevas sanciones también limitarán la capacidad de España de importar diésel y queroseno, ya que compra importantes cantidades a los tres países sobre los que Bruselas ha puesto el foco. Según datos de la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (Cores), España importó el año pasado el 8% de sus derivados del petróleo de Turquía, India y China (principalmente de Turquía), aunque también compró grandísimas cantidades a Italia, Países Bajos y Gibraltar, tres puertas de entrada a combustible de todo el mundo, incluido el de orígenes sospechosos.

Gibraltar es un caso reseñable porque en 2024 fue el cuarto mayor vendedor de derivados del crudo a España, pese a que hasta 2021 no vendía ni una gota. La nueva normativa podría obligar a buscar nuevos proveedores de queroseno, ya que en 2024 India fue el principal vendedor de combustible para aviones a España.

Antonio García Amate, investigador de Energía de la Universidad Pública de Navarra, ha analizado el tráfico de más de 800 buques rusos de petróleo y gas sancionados por la Comisión Europea, y afirma que los puertos españoles donde más han atracado desde 2021 son Ceuta, Huelva y Cartagena, y los tres se encuentran entre los 20 puertos europeos que más barcos sancionados han recibido de Europa.

Las nuevas sanciones que se activan este miércoles son el último paso tras numerosos intentos de estrangular los ingresos del Kremlin por la vía de la venta de combustible. Hasta ahora, Bruselas ha prohibido la importación de petróleo y de sus derivados que llegan desde Rusia por vía marítima, y obliga también a que las empresas europeas presten servicios de transporte o seguros para el transporte de hidrocarburos rusos si este se vende a terceros países a un precio superior a 47,60 euros por barril, reduciendo su rentabilidad en el mercado.

Esto ha provocado que el porcentaje que representa el petróleo ruso sobre el total de las importaciones haya caído al 1% a finales de 2025, frente al 29% antes de la invasión de Ucrania. 

La segunda consecuencia de esas medidas es que India, China y Turquía hayan absorbido todo ese flujo de materias primas, hasta el punto de que ahora son los únicos que ahora lo compran, y se han dedicado a refinarlo para venderlo después a Europa.

Como Bruselas es consciente de ese entramado, ha sancionado hasta ahora a 597 buques que participan en ese ciclo con banderas de terceros países, como Liberia, Camerún, Islas Marshall o Guayana, pero hasta ahora no han conseguido el freno efectivo de este tránsito porque cada día surgen nuevos barcos que participan en este circuito.

El consejo consultivo de comunicación parlamentaria ha remitido a la Mesa del Congreso los informes sobre las denuncias contra Vito Quiles y Bertrand Ndongo en los que determina que ambos han incurrido en infracciones graves al Reglamento de la cámara, informa EFE.

En el caso de Quiles se observan cinco infracciones graves por grabar en dos ocasiones en zonas sin autorización, lo que podría suponer una sanción de suspensión de la acreditación. Las dos infracciones graves de Ndongo podrían también conllevar aparejadas la retirada de la credencial del Congreso para ejercer la labor de periodista.

Las infracciones graves están sancionadas en el reglamento con una suspensión de la credencial de entre once días y tres meses. Y las muy graves -que alcanzan esta gradación cuando se cometen más de dos graves- con una retirada de entre tres meses y un día a tres años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial.

En todo caso será la Mesa del Congreso -que se reúne este jueves- la que decidirá si se establecen sanciones en los expedientes abiertos, pero antes tendrá que dar otros pasos reglados, como la designación de un instructor y la apertura de plazo para que ambos puedan presentar alegaciones.

Los informes remitidos al órgano de gobierno del Congreso, a los que ha tenido acceso EFE, se han elaborado tras las denuncias de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) contra Quiles por grabar imágenes en espacios no permitidos y de Sumar contra Ndongo por las reiteradas interrupciones de sus ruedas de prensa.

Las denuncias contra ambos se producen en aplicación del nuevo artículo 98 del Reglamento de la Cámara, que regula la relación entre el Congreso y los medios y que se aprobó el pasado 28 de julio, con los votos en contra del PP, Vox y UPN.

La bancada popular y el partido de ultraderecha defendieron su postura haciendo gala de la "libertad de expresión". “Nuestro grupo no justifica ningún insulto ni comportamiento inadecuado, pero no le corresponde a este reglamento decidir quién es periodista y quién no”, dijo la diputada del PP Macarena Montesinos el pasado mes de mayo, en una de las votaciones sobre esta reforma.

Sin embargo, en los últimos meses la actividad de la prensa en el Congreso de los Diputados estaba siendo constantemente interrumpida con insultos y malas formas por parte de estos agitadores tanto hacia políticos como hacia periodistas. En mayo, la mayoría de periodistas del Congreso decidieron no asistir a las ruedas de prensa de los portavoces tras un enfrentamiento entre el trabajador de Periodista Digital, Bertrand Ndongo, con la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

Esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), que llegó a afirmar en un comunicado que estas personas acreditadas habían llegado a amenazar a varios periodistas con dar a conocer sus domicilios.

En febrero del año pasado, esta asociación alertó que varias de estas personas habían difundido una fotografía de una reportera de televisión "atribuyéndole un comportamiento que es falso", además de amenazarla "delante de otros periodistas". Un mes antes, Ndongo increpó al periodista Antonio Maestre a su llegada al Congreso, llegando incluso a forcejear con el colaborador de laSexta. "Eres muy valiente para tirar un micrófono de un chaval de 24 años. Aquí está el mío. Tíralo si tienes cojones", le dijo, en alusión a un encontronazo anterior de Maestre con Quiles.

El Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente el pasado 1 de octubre por acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "golpismo". También por referirse a su esposa, Begoña Gómez, como "Barbigoña". No era la primera vez que Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid, y portavoz de la muy derechista Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, cargaba públicamente contra el jefe del Ejecutivo. El órgano de gobierno de los jueces archivó en 2024 otro expediente abierto contra él por referirse a Sánchez como "psicópata sin límites éticos" y "mentiroso patológico". Cuando acabe de instruirse el expediente, la comisión disciplinaria del Consejo tendrá que decidir si le impone una sanción.

Uno de los miembros de esa comisión disciplinaria, el vocal a propuesta del PP José María Páez, no estimó que supusiera un problema para su apariencia de imparcialidad compartir una mesa redonda con Ruiz de Lara. Páez participó junto al juez al que en breve tendrá que decidir si sanciona disciplinariamente en las segundas jornadas jurídicas organizadas por Okdiario, el periódico digital de Eduardo Inda, celebradas los pasados 20 y 21 de noviembre en Marbella y que según publica ElPlural.com fueron subvencionadas por el PP. Junto a ambos se sentó la expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género en el anterior órgano de gobierno de los jueces –el que fue prorrogado más de cinco años debido al bloqueo del PP–, Ángeles Carmona.

El objeto del encuentro, según relata la noticia en que se recogió su contenido, fue analizar "las reformas judiciales pendientes" impulsadas por el Gobierno, "incluyendo aspectos cruciales como los 'ataques' a jueces y medios de comunicación y las nuevas reformas para 'controlar' la justicia y poner en jaque 'la independencia judicial". Es decir, dar respaldo al discurso catastrofista de la derecha judicial que interpreta esas iniciativas –algunas de ellas calcadas a otras impulsadas por los anteriores Gobiernos del PP– como un ataque sin precedentes al Estado de derecho. Los colectivos judiciales conservadores apoyaron una huelga ilegal el pasado 2 de julio contra ellas pese a que el Consejo, con el voto de Páez, el resto de conservadores y los progresistas las han avalado con modificaciones puntuales.

Ruiz de Lara, según la información de Okdiario, cargó contra la reforma que democratizará el acceso a la carrera para hacerlo asequible a candidatos con escasos recursos. Para el juez expedientado, ese cambio podría suponer "la estocada de muerte a la independencia judicial", porque, a su juicio, deterioraría la calidad de los jueces y permitiría su "control político".

El juez de lo Mercantil, reincidente en las descalificaciones al presidente del Gobierno y otras autoridades (ministros, presidente del Constitucional, fiscal general del Estado...) advirtió de que esas reformas se impulsan "en un contexto de casos de corrupción que afectan al Gobierno y ataques continuos y descalificaciones de ministros a los jueces que llevan estos casos". Sobre el fiscal general, cuya condena, según la crónica, se conoció minutos después, aseguró que, con el hecho de que no haya renunciado a su cargo durante el proceso, "se ha lesionado la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía".

Páez, según la información sobre la mesa redonda, centró su intervención en "la falta de recursos", que provoca que en España "la justicia no funcione bien". Calificó de "absolutamente ridícula" la partida de 2.000 millones de euros destinada al Ministerio de Justicia". "Esto atenta directamente contra la independencia judicial. No hay mayor atentado que que no dejarle a un juez hacer su trabajo. Ahí comienza el desprestigio. Llevamos un retraso incompatible con la idea de justicia. Los tribunales son el último sistema de control", añadió. También se refirió a las acusaciones de lawfare contra algunos jueces y tribunales. Para Páez se trata de "acusaciones muy serias y siempre interesadas".

infoLibre se ha puesto en contacto con José María Páez para preguntarle si su coincidencia con el juez expedientado en ese foro podría afectar a su apariencia de imparcialidad en el caso disciplinario concreto que afecta a aquel. También le ha trasladado si la participación conjunta en la mesa redonda con Ruiz de Lara podría comprometer su participación en la decisión sobre su sanción y si podría suponer una posible causa de abstención. Por último, este medio también se ha interesado en si su invitación a las Jornadas Jurídicas de OKdiario comportó algún tipo de contraprestación económica para el vocal y, en ese caso, a cuánto ascendió. Todas esas cuestiones han quedado sin respuesta.

Ruiz de Lara, al igual que hizo durante la tramitación del anterior expediente que se le abrió en 2024, ha borrado todos los mensajes de su cuenta de X para dificultar al máximo la investigación del Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, así como, en última instancia, el trabajo de su contertulio Páez que, junto con el resto de miembros de la comisión disciplinaria del Consejo, tendrá que decidir en última instancia sobre su culpabilidad y la concreta sanción a imponer. Ese hecho no ha impedido al vocal y al juez coincidir en un foro organizado por un medio afín a ambos con un mismo propósito: criticar al Gobierno.

Con una amplia sonrisa y voz algo emocionada, Viktor Orbán acudió el viernes 17 de octubre al programa “Bonjour la Hongrie” para hacer un gran anuncio a los oyentes de la radio pública Kossuth: la capital húngara acogería una “cumbre de paz” con Donald Trump y Vladimir Putin.

¿Por qué Budapest? “Porque es el mejor lugar... Porque es la isla de la paz”, comentó el primer ministro, quien desarrolló su idea durante una entrevista de media hora: “Llevamos tres años defendiendo abierta y ruidosamente la paz. Por eso Hungría era el único lugar de Europa donde hoy podía celebrarse un encuentro entre Trump y Putin”.

El anuncio llegó en el momento oportuno para dar cuerpo a los eslóganes de su campaña para las elecciones legislativas del 12 de abril de 2026, que no acaba de despegar: Hungría es “la isla de la paz” frente al “bando de la guerra”, es decir, Ucrania y Volodímir Zelensky como responsables del conflicto, “Bruselas” (la Unión Europea) y sus “planes belicistas”, contra los que se ha cursado una petición, y su objetivo final, su principal oponente, Péter Magyar, su marioneta.

Pero, catapum, todo se vino abajo. Ante la falta de apertura de Rusia, Trump dio un giro de 180 grados y la idea de una cumbre en Budapest se pospuso, si no se abandonó por completo. No habrá eje Washington-Moscú pasando por Budapest, ni triunfo personal para Viktor Orbán, ni gesto de desprecio a la Unión Europea (UE). La narrativa quedó hecha trizas.

El líder magiar identificó la amenaza tan pronto como estalló la guerra a gran escala en Ucrania. El mismo día de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022, su Gobierno “condenó la intervención militar rusa”, pero dejó claro que “Hungría no debía verse arrastrada a ese conflicto militar. Desplegar personal militar o enviar material militar a Ucrania [estaba] fuera de cuestión”.

En los días siguientes, Viktor Orbán defendió una posición de neutralidad, argumentando que Hungría y Europa Central debían rechazar a toda costa la lógica de los bloques, so pena de volver a ser los perdedores de la historia, como durante la Guerra Fría. Una apuesta arriesgada que se ha vuelto peligrosa para Hungría, que intenta liberarse de cualquier restricción internacional y reivindica una autonomía estratégica total, a pesar de su pertenencia a la UE y a la OTAN.

¿Cómo seguir jugando a dos bandas, asegurándose de que Rusia siga suministrando gas y petróleo, y construir dos nuevos reactores nucleares en la central de Paks?

Hungría, con 9,6 millones de habitantes, sigue dependiendo de la energía fósil rusa. Casi todo su consumo de gas y petróleo les llega a través del oleoducto Druzhba (que significa amistad) y el gasoducto TurkStream, que rodea Ucrania pasando por el mar Negro y los Balcanes (una burla de Rusia y sus aliados a la UE). A finales de 2022, Hungría consiguió una exención del embargo sobre el petróleo ruso transportado por tierra.

Bajo la presión de Washington, no de la UE, Budapest accedió a diversificar ligeramente sus importaciones de gas, firmando este otoño contratos con la británica Shell y, posteriormente, con la francesa Engie, que representarán el 10% de sus importaciones.

Pero el 22 de octubre, Estados Unidos asestó un golpe más duro al decretar sanciones contra los gigantes petroleros rusos Lukoil y Rosneft. Esas sanciones afectarán a la petrolera húngara MOL, una de las mayores empresas de Europa Central, que obtuvo enormes beneficios durante los dos primeros años de la guerra (2022-2023) al procesar crudo siberiano en la refinería de Százhalombatta.

Tres semanas después de haber esperado una cumbre en Budapest, Orbán se ha visto obligado a ir a Washington, donde llegó el viernes 7 de noviembre, para pedir una exención a esas sanciones. Trump ha descartado esa hipótesis con su habitual estilo incoherente: “Ha pedido una exención, pero no se la concedimos, ni una sola. Es mi amigo, sí, y ha pedido una exención.”

El líder húngaro tenía que convencer al presidente americano de que el aislamiento de Hungría la obliga a importar petróleo de Rusia. Un argumento refutado por los expertos, según los cuales la ruta marítima del Adriático y Croacia ofrece una alternativa que solo supondría un ligero sobrecoste, del orden del 5% al 10%. La logística sería más complicada, pero esta opción proporcionaría una mayor seguridad energética a Hungría, que se encuentra más que nunca a merced de un ataque militar contra el oleoducto Druzhba.

Pero es probable que Trump conceda un plazo a su aliado, como hizo con la Serbia de Aleksandar Vučić. El amo de Budapest —”un gran líder, lo apoyamos al 100 %”, declaró Trump en octubre en Egipto— no puede comerse su goulash antes de las elecciones del 12 de abril.

Pero eso no significa que el cielo se vaya a despejar. El Gobierno teme, sobre todo, una ampliación al ámbito nuclear de las sanciones europeas y/o americanas contra Rusia. A diferencia de Finlandia, que rompió un contrato con Rosatom para la construcción de un reactor nuclear debido al estallido de la guerra a gran escala en Ucrania, Hungría no ha renunciado a su proyecto “Paks II”.

Según un acuerdo ruso-húngaro firmado a principios de 2014, Rosatom debe poner en servicio dos nuevos reactores nucleares VVER-1200 en la central de Paks. Se trata de la mayor inversión de la historia reciente de Hungría: 12.500 millones de euros, financiados en un 80 % por un préstamo del Estado ruso.

La empresa francesa Framatome está muy implicada, ya que debe suministrar, en colaboración con la alemana Siemens, los sistemas de mando  y control de los reactores. Además, se ha firmado un contrato para que el combustible nuclear de Framatome sustituya al de Rosatom a partir de 2027.

A finales de septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE, al que Austria había recurrido, asestó un duro golpe a ese proyecto, fundamental para la estrategia húngara de pivote entre Oriente y Occidente, al anular la luz verde de la Comisión Europea. “La Comisión debería haber comprobado si la adjudicación directa del contrato de construcción de los dos nuevos reactores a una empresa rusa se ajusta a las normas de la Unión en materia de contratación pública”, justificó.

En Budapest fingen no estar preocupados por esta decisión de la justicia europea. En realidad, en los pasillos del ministerio de Asuntos Exteriores se sabe que las obras están paralizadas y que el proyecto “Paks II” puede incluso haber muerto ya.

Benedek Jávor, eurodiputado ecologista entre 2014 y 2019, que luchó durante años contra ese proyecto nuclear apoyado de forma controvertida y opaca por la Comisión Europea, señala hoy al Gobierno húngaro: “La política energética húngara se ha visto empujada a un callejón sin salida, porque ha convertido ese estúpido proyecto en la piedra angular de su estrategia. Sus errores y mentiras han puesto en peligro la seguridad energética del país”.

“Navegamos bajo pabellón europeo, pero el viento sopla del Este”. Con esta frase, Viktor Orbán lanzó, a principios de la década de 2010, su doctrina de “apertura hacia el Este”, es decir, el reequilibrio geoestratégico de una Hungría que, desde 1990, solo miraba hacia los Estados occidentales. Distanciarse del poder normativo de Occidente y apostar por las potencias euroasiáticas. Una actualización de un poderoso movimiento anti-occidental denominado turanista de principios del siglo XX, que valoraba los orígenes orientales del pueblo magiar.

El periodista y poeta Endre Ady escribió que Hungría era un “país-barca” que cruzaba el río de una orilla a otra según los vientos y sus intereses. Un siglo más tarde, con Orbán, se encuentra un poco perdida en mitad de la travesía.

Traducción de Miguel López

La Unión Europea aprobó este jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que avanza a 2027, un año antes de lo previsto, el veto al transporte del gas natural licuado (GNL) y sanciona a la flota fantasma rusa, informa EFE.

Las nuevas sanciones, que la UE aprobó por unanimidad justo antes de que los líderes europeos celebren una nueva cumbre en Bruselas, contemplan un veto progresivo a las importaciones de GNL, a partir de abril para los contratos de corto plazo y a partir del 1 de enero de 2027 para los de largo plazo, informaron fuentes diplomáticas.

La UE también ha decidido restringir los movimientos de los diplomáticos rusos entre los países del bloque comunitario y ha castigado a 45 nuevas empresas que ayudan a Rusia a eludir las sanciones, entre las que se encuentras doce de China, tres de India y dos de Tailandia.

"Hoy es un gran día para Europa y Ucrania. Es extremadamente positivo que hayamos alcanzado un acuerdo en el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia", dijo el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmusen, cuyo país ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron este lunes “no avanzar” en la aprobación de las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel ante el nuevo “contexto” del conflicto en Gaza con el alto el fuego, pero tampoco decidieron retirarlas de la mesa por la “frágil” situación en la Franja.

“El contexto ha cambiado desde que se presentaron las medidas. Así que hoy lo hemos debatido y ha habido opiniones muy divergentes", reconoció la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

Ante esa situación, Kallas dijo que el área de entendimiento que encontraron consistió en que “por ahora no avanzamos con las medidas, pero tampoco las retiramos, porque la situación es frágil”.

“Necesitamos ver realmente una mejora en la ayuda humanitaria que llega a Gaza” y que las autoridades israelíes desbloqueen los ingresos para la Autoridad Palestina, destacó.

“Necesitamos ver que los periodistas y los trabajadores humanitarios puedan entrar. También necesitamos ver que el registro de las oenegés internacionales no esté restringido. Estas fueron las preocupaciones que plantearon los Estados miembros”, comentó.

La Comisión Europea propuso el pasado 17 de septiembre suspender el trato comercial preferencial a Israel así como sancionar a dos de sus ministros, los radicales Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, en la postura más dura hasta el momento contra el Gobierno israelí por la situación en Gaza.

Igualmente, propuso sancionar a siete colonos violentos israelíes -de manera que los bienes que puedan tener en la UE queden congelados y no puedan entrar en territorio comunitario- y a diez miembros del buró político de Hamás, unas medidas que necesitarán ser aprobadas por unanimidad por los Veintisiete para que puedan aplicarse.

A su llegada a la reunión, la jefa de la diplomacia comunitaria había señalado que el alto el fuego decretado en Gaza superó una “buena primera pase” pero advirtió de que aún hay trabajo por hacer, en especial en el campo humanitario.

“El alto el fuego en Oriente Medio ha superado su primera prueba de resistencia. Por lo tanto, creo que ha sido una buena primera fase. Pero, por supuesto, debemos trabajar para ver qué más podemos hacer para lograr una paz sostenible en Oriente Medio”, indicó Kallas.

Según dijo, aún “queda mucho por hacer para que llegue la ayuda humanitaria y para que el alto el fuego se mantenga”.

Por lo que se refiere a las dos misiones civiles de la UE dedicadas a Palestina, la de asistencia fronteriza EUBAM Rafah y la de apoyo policial EUPOL COPPS, Kallas explicó que los ministros debatieron “qué más podemos hacer para contribuir al plan de paz” entre el Gobierno israelí y el grupo islamista Hamás, auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La política estonia destacó que, nada más conocerse ese plan, la UE repasó qué podía aportar a cada punto, incluido el uso de esas dos misiones.

Afirmó que están estudiando la ampliación de su mandato, pero en todo caso dejó claro que, por lo que respecta a EUBAM Rafah, para que pueda volver a ser desplegada debe recibir la aprobación tanto de Egipto como de las autoridades israelíes.

Tanto Francia como España pidieron hoy que la misión EUBAM amplíe sus competencias.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, planteó hoy reforzar EUBAM Rafah para que también pueda ocuparse del tránsito de bienes a la Franja, "que deben llegar en masa a Gaza para aliviar el sufrimiento de la población palestina”.

“Tenemos que trabajar por consolidar ese alto el fuego”, enfatizó su homólogo español, José Manuel Albares, quien concedió en que las misiones civiles de la UE EUBAM Rafah y EUPOL son “fundamentales” y “tienen que irse ensanchando en su mandato para conseguir participar dentro de todo lo que es la estabilización” de ese territorio palestino.

En ese contexto, pidió la reapertura del paso de Rafah y recordó que España tiene el mayor contingente dentro de la operación EUBAM.

Albares insistió además en que “no puede volver a repetirse” una violación del alto el fuego en Gaza, con bombardeos de Israel y la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria.

Israel bombardeó el domingo varios puntos de la Franja de Gaza y mató a decenas de personas como respuesta a lo que interpretó como una "violación" del acuerdo por parte de Hamás, después de que unos enfrentamientos en la mañana en la zona de Rafah, (sur) dejaran dos militares israelíes muertos.

Vox es, junto a Nueva Canarias, el partido que ha recibido un mayor número de sanciones por parte del Tribunal de Cuentas (TCu). La última resolución del organismo en la que se le impone una multa al partido de Santiago Abascal data del mes de julio y se debe a que Vox recibió donaciones ilegales en 2020. Además, como ha revelado la investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), de infoLibre y Follow the Money, Vox se ahorró una quinta sanción gracias a que otro caso de donaciones investigado en ese mismo expediente prescribió debido a los retrasos del TCu.

Pero esa no fue la única multa de la que se libró el partido. La formación de extrema derecha evitó otra más gracias a ocultar los detalles de su contabilidad al Tribunal de Cuentas. La resolución de julio del TCu, obtenida tras una solicitud de información vía ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, desvela que el organismo fiscalizador solicitó a Vox la relación de donaciones recibidas por el partido para varias campañas, pero la formación no entregó la documentación.

Esto le permitió eludir la sanción, ya que el Tribunal de Cuentas fue incapaz de corroborar cuánto dinero había recibido Vox para una de esas campañas. Los donativos se habían solicitado para que el eurodiputado Hermann Tertsch pagara la indemnización que la Justicia le impuso por vulnerar el honor del abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias al mentir sobre él. 

El TCu pudo comprobar que Vox había donado 15.500 euros a Tertsch para pagar esa indemnización, pero, por la falta de esa contabilidad detallada, no pudo corroborar que ese dinero había llegado a la formación de donaciones finalistas hechas por particulares. A pesar de esa falta de acreditación, la prensa se había hecho eco de que la campaña de Vox estaba dando sus frutos y que el dinero estaba llegando por parte de simpatizantes del partido.

Los partidos en España tienen prohibido pedir o aceptar donaciones finalistas; es decir, donativos que se entreguen para que se destinen a un fin en concreto. Aun así, Vox ha solicitado y recibido este tipo de donaciones en varias ocasiones e, incluso, anteriormente, el Tribunal de Cuentas le ha sancionado por ello.

Cuando el organismo fiscalizador comenzó a revisar las cuentas del partido del año 2020 detectó tres casos con donaciones finalistas —además, de otra infracción por el dinero que recibían en efectivo e ingresaban como donaciones anónimas, algo que también está prohibido por ley—.

Esos tres casos correspondían a las donaciones que Vox pidió para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid-Barajas; las que reclamó para comprar un coche nuevo para un concejal al que le habían quemado su vehículo; y las que solicitó para que Hermann Tertsch no gastara su dinero en pagar la indemnización que le impuso la Justicia.

El primer caso acabó en sanción. El segundo no, porque fue el que prescribió por solo un día. ¿Pero qué pasó con el tercero? Vox también se salvó. A pesar de la infracción, el TCu no pudo acreditar la recepción de las donaciones para ayudar al eurodiputado Hermann Tertsch y el partido ultra se salió con la suya.

El Tribunal detectó las donaciones finalistas para apoyar a Tertsch cuando revisó la contabilidad de Vox de 2020. Por ello, advirtió de una tercera infracción por la aceptación de ese tipo de donativos prohibidos por la ley. Aun así, al organismo le faltaba información. Todas las donaciones reflejadas en las cuentas de Vox no venían con la indicación de a qué campaña estaban destinadas.

Es entonces cuando el TCu se dirige a Vox y le solicita "la relación de ingresos recibidos en las distintas campañas de captación de fondos del partido político" en 2020. El organismo ya había pedido esas cuentas a la formación para 2018 y 2019 y esta las había entregado, algo que sirvió para poder sancionar algunas de las infracciones previas de Vox. Pero en esta ocasión el partido cambia de forma de proceder. Decide no hacer caso a las peticiones del Tribunal y no entrega las cuentas, a pesar de que el TCu las solicitó "en varias ocasiones".

El partido tampoco informó del "importe global" que había obtenido vía donaciones para cada una de las tres campañas. Debido a esa falta de información, el organismo no pudo determinar "el importe total recibido y aceptado para cada una", según indica la propia resolución. Es ahí cuando el Tribunal de Cuentas intenta por otros medios acreditar qué ha pasado exactamente y cuánto dinero se ha recibido en esas donaciones.

El Tribunal emprende entonces la búsqueda por su cuenta. Así, localiza tuits de Vox anunciando lo recaudado para el caso de la personación contra Ábalos. Esto permite al organismo sancionar al partido por esa campaña. Sobre el caso del concejal no se realiza ninguna otra indagación porque ya se había producido la prescripción. Y sobre el de Hermann Tertsch, la búsqueda no da los resultados esperados.

A diferencia del caso de Ábalos, el Tribunal de Cuentas no encuentra anuncios públicos de Vox sobre lo recaudado y, por ello, la infracción no acaba en sanción, ya que el organismo no puede cuantificar realmente hasta qué punto se recibieron esas donaciones. De hecho, en las cuentas entregadas por Vox solo pudieron localizar una que indicaba un concepto relacionado con la campaña de Tertsch —no quiere decir que no hubiera más, en el caso de Ábalos solo encontraron siete, que sumaban 240 euros, pero los tuits de Vox confirmaban 20.000 euros recaudados—.

En cualquier caso, gracias a la ocultación de las cuentas detalladas que había pedido el Tribunal, Vox se sale con la suya. En total: dos de las tres infracciones detectadas en la resolución de julio acabaron sin sanción, a pesar de que el TCu recoge en su resolución que "se deben calificar los ingresos recibidos y aceptados [por Vox] como tres infracciones continuadas" distintas.

Vox no anunció públicamente cómo había terminado la campaña para ayudar a Tertsch, pero The Objective aseguró el 10 de julio de 2020, el mismo día que había arrancado, que el partido había recaudado ya algo más de 10.200 euros del total de 12.000 que la Justicia había impuesto como indemnización al eurodiputado.

El caso se remonta a un artículo de Tertsch en ABC en 2016, en el que acusaba a Manuel Iglesias, abuelo del exvicepresidente Pablo Iglesias, de participar en el fusilamiento de dos personas y lo calificaba de "miliciano criminal". La Justicia resolvió que Tertsch había "tergiversado la realidad de los hechos con claro ánimo de difamar y desacreditar" y le condenó por "intromisión ilegítima en el honor". La indemnización se la tuvo que abonar a Javier Iglesias, hijo de Manuel y padre del exvicepresidente, que era quien había denunciado.

El Tribunal de Cuentas lo que sí pudo acreditar, a través de la documentación entregada por Vox, es que el partido había donado en octubre de 2020 un total de 15.500 euros a Tertsch. La explicación a que la cifra sea superior a los 12.000 que suponía la indemnización puede deberse a que el político ultra también había sido condenado a pagar las costas del proceso.

En cualquier caso, la información recopilada, debido a la falta de colaboración de Vox, fue insuficiente para que el organismo considerara que podía sancionar al partido. De hecho, en su resolución el TCu cita al Tribunal Supremo y recuerda que los artículos de prensa no sirven como pruebas casacionales y que, por tanto, a pesar de la publicación de The Objective, como Vox no ha facilitado las cuentas y tampoco ha anunciado públicamente cuánto recaudó, no le puede imponer una sanción por la infracción.

"El Tribunal debe investigar por su cuenta para corroborar que la información periodística es veraz. La pregunta es: ¿tiene medios suficientes?", detalla a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

La experta, además, apunta a la posibilidad de que Vox acabe sancionado, pero por otro motivo: no haber entregado la información que le pedía el TCu. "La legislación contempla la posibilidad de sancionar a un partido cuando no completa la información requerida por el Tribunal de Cuentas, pero es necesario que el órgano fiscalizador tenga los suficiente medios y agilidad para poder actuar", explica.

La ley de financiación de partidos (LOFPP) recoge como una infracción "la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador". infoLibre ha preguntado al TCu si esto es lo que sucedió con Vox y si se está estudiando esa posible infracción, pero el organismo no ha respondido.

Uno de los problemas con este caso está en que una vez abierto el expediente sancionador, la ley no permite solicitar información o documentación extra al partido político, que es el posible afectado, ya que podría servir para incriminarlo. Pero el Tribunal de Cuentas la había solicitado antes de iniciar el expediente en varias ocasiones y Vox había hecho caso omiso. 

Esa forma de actuar también contraviene la LOFPP, que recoge el deber de colaboración de los partidos políticos. "Estarán obligados a la remisión de cuantos documentos, antecedentes, datos y justificaciones les sean requeridos por el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de su función fiscalizadora", reza su artículo 19.

Consulta aquí la resolución completa del Tribunal de Cuentas sobre las donaciones de Vox:

Lee aquí la investigación completa Money to the far-right de infoLibre y Follow the Money.

El 28 de julio el Tribunal de Cuentas (TCu) sancionó a Vox por recibir donaciones para una finalidad concreta, algo que está expresamente prohibido por la ley de financiación de partidos (LOFPP). La multa ascendió a 50.000 euros y era ya la cuarta que el organismo imponía al partido de ultraderecha por financiación irregular.

Esa infracción obedecía a la petición de donativos por parte de Vox para personarse ante la Justicia contra el entonces ministro José Luis Ábalos por el paso de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, por el aeropuerto de Madrid-Barajas —el caso acabó archivado—. Pero ese incumplimiento por parte de Vox no es el único que el organismo de fiscalización recogió en su resolución de este verano.

La investigación Money to the far-right (Dinero a la ultraderecha), realizada por infoLibre y Follow the Money, revela que el Tribunal de Cuentas apreció otra infracción continuada en las cuentas de la formación política de Abascal. A pesar de ello, el TCu avisó tarde del inicio del expediente sancionador al partido y el caso prescribió sin que se pudiera sancionar. El plazo caducó por un solo día.

Todo se remonta a una campaña para recaudar fondos en febrero de 2020. El 24 de ese mes, Sergi Fabri, concejal de Vox en Salt (Girona), denunció en la red social X que le habían quemado el coche. Junto a un vídeo del vehículo en llamas, tuiteó el siguiente mensaje: "El precio de defender a ese pueblo humilde y trabajador que quiere vivir tranquilo". En declaraciones a El Confidencial aseguró no saber quién había podido ser, pero que la "vinculación política con el hecho es evidente".

Días después, el 28 de febrero, Vox lanzó una campaña: "Ayudemos a nuestro concejal Sergi a recuperar su coche". En pocas horas, según publicaron en su página web, consiguieron el dinero necesario para que el concejal pudiera "adquirir un coche nuevo".

Los fondos recabados a través de esa petición eran donaciones finalistas, según el TCu. Esos donativos son los que se entregan con un destino o fin concretos, como, por ejemplo, la celebración de un evento puntual, la financiación de una causa judicial o un crowdfunding, como hizo Vox para el caso del coche del concejal.

Y los partidos en España tienen prohibido pedir o recibir ese tipo de donaciones. La ley lo impide porque podrían comprometer la autonomía y la independencia de las formaciones políticas. Se hace para "evitar la 'compra' de un partido", explica a infoLibre Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal en la Universidad Pública de Navarra y vocal del Consejo de Navarra, órgano consultivo superior de esta comunidad autónoma.

"Es para evitar contraprestaciones concretas: 'Hago la donación para que hagas algo concreto'. Porque esto podría tener una deriva peligrosa con intereses encubiertos. Podría llegar a la captura del legislador: 'Yo te dono para que cuando llegues al poder hagas cosas concretas que me favorezcan'. La cuestión es más dudosa en los supuestos en los que el propio partido marca la finalidad, por ejemplo, en los casos de crowfunding, donde las pequeñas aportaciones tienen precisamente una finalidad. Sin embargo, la ley no diferencia, y prohíbe de forma tajante la donación finalista. Hay una suerte de principio de desconfianza", explica.

La resolución del Tribunal de Cuentas de este verano, obtenida tras una solicitud al amparo de la ley de transparencia realizada por infoLibre y Follow the Money, muestra que el organismo de fiscalización investigó el caso de las donaciones para la compra del coche. El problema se produjo con los plazos. El TCu pudo comprobar que Vox había recibido donaciones con ese fin, al menos, hasta el 3 de marzo de 2020. 

El plazo para este tipo de sanciones administrativas es de cinco años. El Tribunal abrió el expediente sancionador el 27 de febrero de 2025, aún dentro del tiempo estipulado. Pero no notificó a Vox ese inicio hasta el 4 de marzo de 2025, ya fuera de plazo aunque por un solo día.

El Tribunal de Cuentas suele trabajar con cierta demora. A día de hoy, las últimas cuentas de los partidos políticos que ha fiscalizado son las del ejercicio de 2020. "El Tribunal actúa siempre con mucho retraso. Los informes tardan años en salir. Ya sea por razones de complejidad de su trabajo o por falta de medios", explica Olaizola. infoLibre ha preguntado al organismo por qué se produjo el retraso que llevó a la prescripción de la infracción, pero el Tribunal de Cuentas no ha respondido.

A pesar de que debido a ese retraso el TCu no pudo entrar a resolver y sancionar el caso, el organismo deja claro en su resolución que Vox recibió y aceptó "varias donaciones finalistas" para la compra de un nuevo coche, "cometiendo presuntamente varias infracciones muy graves". El Tribunal, además, las califica como "continuadas".

La situación no es distinta de la que terminó con una sanción a Vox ese mismo mes de julio, que versaba sobre una campaña similar en la que el partido había recopilado donaciones para personarse contra el entonces ministro José Luis Ábalos en el caso de la entrada en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

De hecho, Vox ya había sido penalizado por casos similares. En total, la formación suma 1,15 millones de euros en multas del Tribunal de Cuentas por cuatro infracciones distintas, más de lo que se ha impuesto nunca a ningún otro partido político.

Vox ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sanciones. Al igual que hizo en el caso de julio ante el Tribunal de Cuentas, Vox se justifica en que, bajo su parecer, las únicas donaciones finalistas prohibidas son aquellas en las que el donante "fija unilateralmente la finalidad". Es decir, según Vox, si los partidos son quienes indican la finalidad de las donaciones, estas no serían ilegales. Pero el TCu ha resuelto ya en múltiples ocasiones que esto no es así. 

"El legislador ha prohibido, por un lado, que los donantes impongan condiciones a los partidos políticos para recibir donaciones y, por otro, que las formaciones políticas reciban o acepten donaciones finalistas, independientemente de quién fije la finalidad", asegura el Tribunal de Cuentas en su resolución de julio. A pesar de ello, Vox se ahorró esa quinta sanción gracias a la prescripción del caso por la tardanza del organismo fiscalizador.

El superyate Amadea del multimillonario Suleiman Kerimov, cercano a Vladimir Putin, incautado por las autoridades estadounidenses al inicio del ataque a Ucrania en 2022, ha sido puesto a la venta el martes 6 de agosto en lo que supone una de las subastas “más importantes y valiosas de activos de oligarcas rusos incautados en el marco de las sanciones occidentales”, según el medio de comunicación ucraniano Kyiv Independent.

Estimado en 300 millones de dólares, el barco de 106 metros de eslora, construido en Alemania en 2017, está equipado con piscina, jacuzzi, helipuerto y gimnasio, y puede alojar hasta dieciséis pasajeros en ocho camarotes de lujo y treinta y seis tripulantes. La subasta estará abierta hasta el 10 de septiembre.

El Amadea fue embargado en 2022 en las islas Fiyi a petición de la justicia estadounidense, que sospecha que el oligarca compró el barco un año antes a través de sociedades pantalla. Anteriormente, Suleiman Kerimov ya había sido sancionado por el Tesoro americano en 2014 y 2018 por las actividades de Rusia en Ucrania y Siria. El 7 de marzo de 2025, los fiscales estadounidenses solicitaron a un juez la autorización para vender el barco, cuyo coste de mantenimiento por parte de las autoridades se considera “excesivo”.

Kerimov, con una fortuna estimada por la revista Forbes en 13.000 millones de dólares gracias a sus inversiones en el sector de la explotación del oro, también es objeto de una importante investigación judicial en Francia por sospechas de acuerdos fiscales con el ministerio de Economía y Finanzas.

En 2019, este ministerio francés llegó a un acuerdo con una empresa suiza, Swiru Holding, sospechosa de ser una sociedad pantalla del oligarca, apodado el “Gatsby ruso” o “Suleiman el Magnífico”, tras una larga batalla por la venta de una de sus villas en la Costa Azul. Este acuerdo fue acompañado, al año siguiente, por la firma de un convenio judicial de interés público (CJIP) entre los abogados de Swiru Holding y la fiscalía de Niza, que permitió archivar la causa, sin reconocimiento formal de culpabilidad, a cambio de una multa de 1,4 millones de euros.

A mediados de enero de 2020, cuatro meses antes de la firma del CJIP, Kerimov se había acercado al expresidente Nicolas Sarkozy, a quien había invitado a su domicilio privado en Moscú, según reveló Mediapart. Según nuestras fuentes, habría querido aprovechar los contactos del expresidente de la República para asegurarse un trato favorable por parte de la justicia francesa. Uno de los abogados del oligarca, Nikita Sichov, lo desmintió, indicando que nunca se había mencionado “el procedimiento penal francés” durante ese encuentro.

Pero este caso, que todo el mundo daba por cerrado, resurgió dos años más tarde gracias a un informe presentado en junio de 2022 por Tracfin, la unidad de lucha contra el blanqueo de capitales del ministerio de Economía y Finanzas francés. Ese informe, cuyo contenido fue revelado por Mediapart, ponía de manifiesto nuevas presuntas maniobras destinadas a “ocultar el origen o el beneficiario efectivo de los fondos” utilizados para las transacciones inmobiliarias del oligarca y su entorno.

Esta alerta dio lugar a la apertura de una investigación judicial, que en el verano de 2023 se encomendó al juez de instrucción parisino Serge Tournaire. Desde entonces, la defensa del oligarca no ha dejado de negar cualquier delito. En el marco de esta investigación, en diciembre de 2024 y marzo de 2025 se llevaron a cabo registros en el ministerio de Economía y Finanzas, así como en las oficinas de un abogado fiscalista clave en el caso, Frédéric Moréas. Este último es el socio de Tiphaine Auzière, hijastra de Emmanuel Macron, tal y como reveló Mediapart.

Paralelamente, se ha abierto un nuevo frente judicial contra Suleiman Kerimov en Suiza. En noviembre de 2023, la Fiscalía Federal Helvética abrió una investigación penal contra el oligarca por eludir sanciones, llevó a cabo ocho registros y congeló activos por valor de más de 1.300 millones de euros, según reveló el periódico Le Temps.

Traducción de Miguel López

Rusia acusa al instituto cultural británico, The British Council, de espionaje y de tratar de violar la integridad territorial de Rusia y cambiar su gobierno tras declararlo este jueves como organización indeseable, lo que prohíbe definitivamente su actividad según informa EFE. "La Fiscalía General de Rusia ha decidido declarar la organización internacional The British Council como indeseable en la Federación de Rusia", declaró el órgano judicial a través de su portal oficial.

Según la Justicia rusa, a pesar de que se presenta como una entidad independiente, su actividad sigue las directrices del gobierno de Reino Unido, rinde cuentas a su parlamento y se financia con fondos del Ministerio de Exteriores. "Con el pretexto de ofrecer actividades educativas y culturales, y bajo la excusa de enseñar la lengua inglesa, los miembros del Consejo promueven los intereses y valores británicos a largo plazo en el ámbito de la educación, la cultura y la política juvenil", describe la Fiscalía.

Además, señalan que el objetivo es "liberar a la población de las antiguas repúblicas soviéticas de la identidad rusa", por ejemplo en la actividad de su programa de "interacción cultural para unir a la comunidad báltica antirrusa". A través de becas que reciben los estudiantes, The British Council trata de crear una "red mundial de agentes de influencia británica".

El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) añadió a través de nota de prensa que la organización "está directamente involucrada en los servicios de inteligencia británicos y proyectos confidenciales para socavar la soberanía de estados independientes". Los servicios secretos rusos recomiendan que los mandatarios de "países amistosos sigan el ejemplo de Moscú y detengan el trabajo del Consejo en el territorio de sus estados".

The British Council trabaja en Rusia desde 1992 y su actividad cesó en 2018 por decisión del Ministerio de Exteriores ruso, cuando Moscú respondió a la decisión de Londres de expulsar a 23 diplomáticos después del envenenamiento del excoronel de la inteligencia militar rusa (GRU), Serguéi Skripal, y su hija Yulia en Salisbury.

La calificación de organización indeseable permite a las autoridades rusas prohibir la actividad de un sujeto en territorio de Rusia. En un contexto de grave aumento de la censura y represión política y social, en mayo de este año fue también declarada como indeseable la labor de Amnistía Internacional.