En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.

A seis kilómetros de la frontera chilena, en San Juan (Argentina), la máquina perforadora sacude la tierra y levanta una nube de polvo. Un ruido machacón se extiende por las cumbres de los Andes. A 3.500 metros de altitud, se han abierto aquí más de un centenar de agujeros en busca de cobre.

El yacimiento de Los Azules es uno de los ocho grandes proyectos cupríferos lanzados recientemente en Argentina, en medio del auge de la demanda mundial del metal rojo, esencial para los coches eléctricos. Hace sólo unos años se cerraba la última mina de cobre de Argentina. Ahora, gracias a empresas automovilísticas como Stellantis, que firmó un acuerdo de 155 millones de dólares (unos 142 millones de euros al cambio actual) para hacerse con parte de las cien mil toneladas de cobre anuales, las perforadoras vuelven a romper el silencio en las montañas.

La transición ecológica de Europa depende de un aumento masivo del suministro de minerales como el litio o el cobre. El 60% de las necesidades previstas procede del sector del transporte, según un estudio encargado por la industria. Las empresas automovilísticas están impulsando este proceso, ya que la UE exige que todos los coches sean de emisiones cero para 2035.

Este artículo forma parte de una amplia investigación sobre las materias primas críticas –por qué son claves para la transición ecológica, quiénes son los dueños de las nuevas minas, qué empresas reciben dinero de la UE– realizada durante los últimos meses por Investigate Europe y que infoLibre publica en exclusiva en España [puedes consultar aquí todas las informaciones que vayamos publicando].

Sin un suministro estable de litio, los fabricantes de automóviles europeos se enfrentan a obstáculos insalvables para disponer de las baterías esenciales para sus todoterrenos y berlinas eléctricos. Como consecuencia, las cadenas de montaje podrían paralizarse. Lo que podría cambiar la trayectoria de todo el panorama del sector.

La industria del automóvil se encuentra en un punto de inflexión. Durante mucho tiempo, dependió de una cadena de suministro estable procedente de China. La llegada de las materias primas no era una preocupación importante para los ejecutivos. Les preocupaba más el precio de las piezas producidas. En 2016, Matthias Mueller, entonces consejero delegado de Volkswagen, describió los planes para las fábricas de baterías propias de la compañía como "tonterías". Sin duda, su empresa no haría algo así porque sería "muy caro".

Desde entonces, Volkswagen ha empezado a planificar varias fábricas de baterías, desde Ontario (Canadá) hasta Wolfsburgo (norte de Alemania).

A puerta cerrada, los expertos del sector llevan tiempo diciendo que, sin la buena voluntad de China, la industria automovilística europea pondría en cuestión su futuro eléctrico. Las baterías, en particular, consumen materias primas críticas, sobre todo litio. Según una previsión de la Agencia Alemana de Materias Primas, la demanda mundial de litio se disparará en los próximos años. De 134.000 toneladas en 2022, podría pasar a 558.800 toneladas en 2030.

"Casi toda la demanda de litio es para baterías", afirma Leonardo Buizza, analista del think tank londinense Energy Transitions Commission. China es el tercer productor mundial de litio y tiene la mayor capacidad de procesamiento. Fabricar baterías a partir de litio en bruto es un proceso complicado y caro.

Los coches eléctricos necesitan muchas más materias primas críticas que el litio. Los fabricantes también utilizan cobre, grafito, aluminio, níquel y cobalto en sus vehículos. Los investigadores de la Universidad Católica de Lovaina prevén que la electrificación de la industria automovilística representará el 60% de la demanda mundial de materias primas críticas. Y China también está muy implicada en la mayoría de estas cadenas de suministro.

El tiempo apremia. La semana pasada, el Gobierno chino anunció que los exportadores locales de grafito necesitarán un permiso antes de enviar la materia prima fuera del país. La normativa entrará en vigor a principios de diciembre y podría ser un primer paso hacia la restricción de las exportaciones. Los fabricantes europeos de automóviles intentan desprenderse de su dependencia de China. Están invirtiendo en minas para asegurarse el acceso a materias primas críticas y comprando capacidad de transformación y reciclado.

Pero, ¿lo conseguirán? Stephane Bourg, del Servicio Geológico francés, cree que no, si de lo que se trata es de sustituir un coche térmico por uno eléctrico. La producción de los minerales necesarios para los coches eléctricos no se ha anticipado lo suficiente y se tarda más de una década en abrir una mina. "Ni siquiera la mitad de la población podrá tener un coche eléctrico con 500 kilómetros de autonomía en 2035", explica a Investigate Europe durante un reciente evento de la industria minera en Atenas. "Es imposible en ese plazo y es un disparate en términos de sostenibilidad".

Los coches eléctricos son mucho más ecológicos que los de gasolina o gasóleo, pero su producción –extracción de cobre, níquel, cobalto y otros metales– es mucho más perjudicial. Bourg argumenta que la gente tendría que conducir coches eléctricos al máximo de su capacidad para que estos elevados costes medioambientales se amortizaran. "Con un coche eléctrico, cuanto menos se conduce, más se contamina", afirma. En su opinión, para que los vehículos eléctricos se utilicen al máximo, debemos replantearnos radicalmente los modos de transporte, alejándonos de la propiedad individual.

En cualquier caso, las empresas automovilísticas se pelean por los limitados recursos que existen. Los consejos de administración de las grandes empresas están firmando un acuerdo tras otro. El pasado mes de marzo, el director técnico de Volkswagen, Thomas Schmall, anunció que su empresa también financiaría la minería en el futuro. "El cuello de botella de las materias primas es la capacidad minera. Por eso tenemos que invertir directamente en las minas", dijo Schmall en una entrevista.

Unos meses después, se anunció que Volkswagen y Stellantis apoyaban la compra de dos minas brasileñas de níquel y cobre. Al final, el acuerdo fracasó porque los costes eran demasiado elevados. Pero la señal era clara.

Aún no se sabe dónde pretende Volkswagen extraer las materias primas críticas. La empresa se negó a conceder una entrevista solicitada por Investigate Europe. Según una persona implicada en las conversaciones, la empresa ha rechazado de momento una oferta para participar en un proyecto de extracción de litio de Vulcan Energy en el valle del Rin.

Stellantis, la multinacional propietaria de marcas como Citroën, Peugeot y Fiat, duda menos. El año pasado invirtió 50 millones de euros en Vulcan Energy. Y esto no es más que un paso en la ofensiva del grupo para asegurarse el acceso a las materias primas. Ya este año, Stellantis ha firmado nueve acuerdos para asegurar sus cadenas de suministro, desde la minería hasta la transformación. En Australia, se aseguró recientemente 45 kilotoneladas de manganeso de gran pureza para la producción de baterías. BMW también obtuvo recientemente litio de la empresa estadounidense Livent por 335 millones de dólares (317 millones de euros).

Más abajo en la cadena de suministro, los fabricantes de automóviles también están invirtiendo mucho en la producción de baterías.

Junto con Mercedes-Benz y TotalEnergies, Stellantis inició la construcción de su primera gigafactoría europea en Francia el pasado mes de mayo. Le seguirán otras. La empresa anunció recientemente una "estrategia de abastecimiento global". Hasta cinco gigafactorías se construirán en Europa y Norteamérica para 2030. El grupo alemán Volkswagen también está invirtiendo fuertemente en sus propias fábricas de células de baterías, con seis gigafábricas que se construirán en Europa para 2030.

En total, los fabricantes de automóviles y sus proveedores tienen previsto construir en Europa al menos 46 fábricas de células de baterías con una capacidad de más de 1.400 gigavatios hora. De momento, sólo hay unas pocas fábricas de este tipo en el continente con una capacidad de unos 75 gigavatios. Pero es cuestionable hasta qué punto las empresas automovilísticas europeas serán realmente independientes de terceros países.

Según un análisis de Investigate Europe, más de un tercio de las 46 fábricas previstas serán construidas y explotadas por empresas no europeas. Entre ellas figuran compañías chinas como CATL, el mayor fabricante mundial de baterías de iones de litio, que tiene previsto producir en Erfurt (Alemania) y Debrecen (Hungría) para su uso en los deportivos de Mercedes.

Los planes europeos parecen empequeñecidos por los de China, que domina el mercado mundial. En 2021, las fábricas chinas produjeron baterías con una capacidad de 655 gigavatios, lo que equivale a tres cuartas partes de la producción mundial.

Y no se sabe con certeza cuántos de los grandes anuncios acabarán materializándose. "La capacidad de producción de la UE se basa en los anuncios de los fabricantes, que a menudo se retiran y no se verifican de forma independiente", advirtió recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.

Sobre todo porque el programa de subvenciones masivas de Estados Unidos, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas en inglés), amenaza con arrebatar a Europa varios proyectos de fábricas de baterías. En los nueve primeros meses tras la entrada en vigor del paquete de estímulo de EE.UU., los fabricantes de automóviles y baterías anunciaron inversiones de casi 50.000 millones de euros en ese país.

Y no es seguro que la UE pueda hacer algo para contrarrestarlo, afirma Julia Poliscanova, directora de la ONG Transport & Environment: "Intentar competir con Estados Unidos o China es como entrar en una carrera de Fórmula 1 con un Fiat 500". En un informe de junio, el Tribunal de Cuentas Europeo también hacía una observación aleccionadora: "La cadena de valor de las baterías de la UE sigue dependiendo en gran medida de los suministros de fuera de la UE. A partir de 2030, los fabricantes de la UE se enfrentan a una inminente escasez de materias primas para baterías".

En su intento por romper con el dominio chino, los fabricantes de automóviles europeos podrían estar recibiendo ayuda de una fuente inesperada: China.

En marzo de este año, el fabricante chino de baterías Hina presentó el primer coche propulsado por baterías de iones de sodio. Estas baterías sustituyen, por tanto, el litio por el sodio. El coche de Hina tiene una autonomía de 250 kilómetros, suficiente para circular por ciudad.

"Pocos en Alemania lo vieron venir", sostiene Maximilian Fichtner, experto en baterías de la Universidad de Ulm. "Algunos actores simplemente no tuvieron la previsión".

Así que ahora son las empresas chinas las que impulsan la próxima generación de baterías. A finales de año, el gigante de las baterías CATL tiene previsto suministrar baterías de iones de sodio que algún día podrían alimentar los coches europeos.

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Edición: Chris Matthews e Ingeborg Eliassen

Gráficos: Marta Portocarrero

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que están trabajando con las familias numerosas en relación con el bono social térmico y ha criticado que quienes "presumen de no ver pobres" en las calles, después soliciten esta ayuda, según informa Europa Press.

"Se ha abierto en efecto un debate en torno a si es necesario introducir un nivel de renta en las familias numerosas. Y al respecto le diré que estamos trabajando muy bien, en plena coincidencia con las agrupaciones de familias numerosas, porque no puede ser que aquellos que presumen de no ver pobres en Madrid se consideren vulnerables y soliciten el acceso", ha manifestado Ribera, este martes, en el Pleno del Senado.

En marzo infoLibre destapó que el vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, el diputado madrileño con más patrimonio, había recibido en 2022 de su propio Gobierno el bono social térmico para calefacción y agua caliente. Se abrió así un debate sobre la necesidad de cambiar las condiciones para el acceso al bono social, de manera que este fuera destinado solo a los consumidores más vulnerables.

La ministra Ribera respondía a una interpelación del senador de Vox José Manuel Marín "sobre las medidas sociales que el Gobierno ha puesto en marcha y las que ha eliminado a lo largo de la legislatura". El senador ultra ha pedido a la ministra detalles sobre la reforma para el acceso al bono social térmico y sobre los límites de renta para familias numerosas y ha criticado que "los bonos energéticos son insuficientes en su cobertura".

Teresa Ribera ha defendido este bono social térmico y ha precisado que han ido mejorándolo para "dar cabida a más familias y contemplar todas las casuísticas particulares". Por ejemplo, ha recordado que subieron el umbral de renta en aquellos hogares con algún miembro en situación de dependencia o en las familias con un único progenitor y al menos un menor.

"Los datos acumulados de la reducción de peajes, cargos y fiscalidad, junto con los incrementos de las bonificaciones del bono social, explican cómo los consumidores vulnerables hoy pagan menos de lo que pagaban antes de la crisis de Ucrania. Y los consumidores vulnerables extremos pagan hasta un 15% menos de lo que pagaban antes de la crisis de Ucrania. Lo que no significa que no debamos seguir trabajando para que aquellas familias que tienen derecho a acceder a este bono puedan hacerlo", ha remarcado Ribera.

Además, preguntada por lo que ha hecho el Gobierno de coalición para la protección social de las familias, la vicepresidenta tercera ha asegurado que "este Gobierno ha hecho más que ningún otro por la protección social de las familias en todas las dimensiones del estado del bienestar y en todas las dimensiones de la justicia social de las que presume la señora Ayuso no prestar atención".

El PSOE-M ha interpuesto una reclamación ante la Junta Electoral Provincial de Madrid contra la presidenta regional y candidata a la reelección del PP, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente autonómico, Enrique Ossorio, y el consejero de Presidencia, Enrique López, por vulnerar la "neutralidad de los poderes públicos" en las ruedas de prensa tras el Consejo de Gobierno y el uso de las redes sociales institucionales.

En el texto remitido, al que ha tenido acceso Europa Press, apuntan los socialistas que tras la convocatoria de las elecciones se han producido cinco ruedas de prensa —5 de abril, 12 de abril, 19 de abril, 26 de abril y 3 de mayo—.

En ellas, además de explicar los acuerdos adoptados, que no entienden como hecho de reproche, Ossorio aprovecha para hacer balance de lo hecho desde el Ejecutivo en los años anteriores con "declaraciones electoralistas y evidente venta de logros". Estas valoraciones se incluyen en las notas de prensa que se mantienen en la web del Gobierno. Además, han reprochado que para la "venta de logros" también se comparte a través de las redes sociales del PP y de la presidenta autonómica.

Además de lo hecho en esta legislatura, para los socialistas, Ossorio también carece de neutralidad en las respuestas a las preguntas de los periodistas en las que también añade "valoraciones" en las que se "ataca" al Gobierno de España, a los partidos que la componen o se contrapone con el modelo de la Comunidad de Madrid.

"Tienen un claro elemento electoralista y de confrontación con el Gobierno de España en relación con su política legislativa, utilizando la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno; y, aunque pudiera ser algo espontáneo a preguntas del periodista en cuestión, en el visionado de la intervención parece que el Ossorio lleva escrita la respuesta", adjuntan sobre unas declaraciones en respuesta a una pregunta relativa al sistema universitario.

El PSOE pide que se requiera a la Comunidad que cese "de forma inmediata la campaña institucional de venta de logros" y el uso "electoralista" de las ruedas de prensa. También que se retire el vídeo de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno mencionadas antes y que se eliminen los mensajes en Twitter que se hayan hecho eco.

Por último reclaman que se inicie un expediente sancionador a Ossorio por las "actitudes recurrentes y graves en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 5 de abril, 12 de abril, 19 de abril y 3 de mayo".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado que "la forma en la que el Gobierno rectifica su error del bono térmico no puede ser castigando a la mayoría de familias numerosas de este país", lo que ha calificado de "otra chapuza más" y "el último gran disparate", recoge Europa Press.

Tras una visita a una carpa del partido instalada en Málaga capital, Bendodo ha asegurado si el Gobierno quiere ayudar a las familias debe "aumentar notablemente las partidas económicas destinadas a ello, porque España ahí está a la cola de Europa" y ha apostado por "ponderar adecuadamente la renta y los factores familiares".

Bendodo se refiere al cambio anunciado el pasado miércoles de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que el Gobierno modificará las normas para que cerrar esa puerta a las familias numerosas cuya renta supera de largo la media del país tras la información publicada por infoLibre sobre cómo el vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, recibe el bono de calefacción para consumidores vulnerables. El número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano, también es beneficio de esta ayuda.

Ossorio, con 104.000 euros de sueldo, 1,4 millones en activos financieros y beneficiario como titular de familia de numerosa, defiende su posición y seguirá cobrando la ayuda en tanto no se modifique la normativa legal. Alfonso Serrano, quien no ha explicado aún por qué se le ha incluido en la franja de “vulnerables severos”. Perceptor del bono social eléctrico y del bono término porque también posee el título de familia numerosas, la condición de "vulnerable severo" implica que a Serrano se le apliquen descuentos superiores en la factura de la luz y se le subvencione con una cuantía mayor pese a que gana 83.420 euros al año.

Bendodo también ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "alejado de la realidad". "El norte se pierde de tanto viajar en el Falcon", ha asegurado el coordinador general del PP, quien ha apuntado que "no hay sector que se escape al intervencionismo de Sánchez y al sectarismo ideológico del Gobierno".

Al respecto, ha lamentado que al Gobierno "claramente populista" de Sánchez "no se le ocurre otra cosa que seguir fastidiando a los empresarios", queriendo poner un observatorio de los beneficios de las empresas. "Un Ejecutivo que insulta a los empresarios que son los que crean empleo y riqueza puede tener consecuencias nefastas en el futuro", ha aseverado.

Ha dicho que el PSOE "a la desesperada" ha cambiado su lema, que "empezó siendo el 'Gobierno de la gente' y la gente les ha desmontado el lema porque es el Gobierno contra la gente", en referencia a la ley del 'Solo sí es sí', la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Ahora, "se inventan" otro eslogan, 'Defiende lo que piensas', apuntando que "los españoles les vamos a decir lo que pensamos: que es una vergüenza que hayan debilitado al Estado".

Así, ha dicho que frente a un PSOE "tirado al monte y radicalizado por su desesperación", el PP es "el único con un proyecto moderado y reformista". "El PP se ha quedado solo en la moderación, los demás están radicalizados", ha incidido, reivindicando la capacidad del partido de aglutinar a la sociedad civil en torno a la Fundación Reformismo21 "en un empeño común".

Ha indicado que en el PP no "se le pide el carné a nadie, tan solo talento y trabajo para reforzar el proyecto reformista y regenerador que España necesita después del lustro negro que lleva el nombre de Sánchez". "En España hace falta que la política esté más en la calle, alimentándose del talento de la sociedad. Hace falta acabar con tanto sectarismo, volver al espíritu de la Transición y, sin duda, moderación", ha apostillado.

Asimismo, ha incidido en que a Sánchez "solo le quedan las cuestas de Tezanos" del CIS, apuntando que "todas dicen que va a ganar el PP, menos una, la que firma un afiliado al PSOE".

Dos veces ha protagonizado Enrique Ossorio acontecimientos ilustrativos sobre el sistema de bienestar del Estado español. La primera fue hace un año. Tras un informe de Cáritas que alertaba de la pobreza, el entonces portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se preguntaba –girándose teatralmente hacia atrás– dónde estarían esos pobres que él no veía. El gesto era elocuente de la insensibilidad de la Administración en relación con la pobreza y de la invisibilidad de los últimos de la fila en una comunidad emblemática por sus políticas de segregación, donde la pérdida de espacios de encuentro interclasista, acreditada por la investigación académica, encapsula a las clases pudientes y reduce su compromiso con lo común.

El segundo acontecimiento se ha conocido esta misma semana: Ossorio, el diputado con más patrimonio de la Asamblea de Madrid, cobra un bono de calefacción para "consumidores vulnerables". La noticia, adelantada por infoLibre, ha generado un terremoto con réplicas. Resulta que la familia de la diputada Mónica García, líder de Más Madrid, percibe la ayuda por la misma razón que Ossorio: su familia es "numerosa", es decir, tiene tres o más hijos, lo que da acceso al bono al margen de la renta. El combo se ha completado con otra noticia de este periódico: Alfonso Serrano, número 2 del PP de Madrid, que declaró 83.420 euros en 2021, percibe un bono social para "vulnerables severos". El caso es distinto, porque Serrano supuestamente no cumple los requisitos, pero conduce a una misma conclusión: la facilidad de acceso a fondos públicos de quien ya tiene recursos de sobra. Este haz de la moneda tiene un envés: la dificultad de acceso a fondos públicos de quien menos tiene.

La vicepresidenta Teresa Ribera, tras la noticia sobre Ossorio, el diputado más rico de la Asamblea de Madrid, anunció un cambio legal. Pero lo cierto es que, para atacar de raíz la regresividad, haría falta no sólo la reforma de numerosos programas de ayuda, sino una interrupción de inercias históricas. Porque, más allá de estos casos llamativos, lo cierto es que la regresividad no es la excepción, sino la regla de un Estado del bienestar que suspende en equidad y reproduce las desigualdades de origen mediante un funcionamiento que en ciencia social se conoce como "familista".

Abundan las medidas que tratan igual al que tiene mucho y al que no tiene casi nada. Por supuesto, no todas encajan en la horma extrema del caso Ossorio. Pero múltiples leyes, ayudas, requisitos y vicios del sistema forman parte de la misma estampa. Dos ejemplos que hicieron ruido: las becas de Ayuso en Madrid, disponibles para parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros; y las ayudas para academias privadas de Juan Manuel Moreno en Andalucía que abarcan a familias con ingresos de 80.000 euros. Ampliando el foco a medidas de Estado, han sido objetivo de crítica por su "regresividad" el 20% de subvención a la gasolina o la bajada del IVA a los alimentos de Pedro Sánchez y lo fueron en su día 2.500 euros por hijo de José Luis Rodríguez Zapatero.

El debate sobre el alcance que deben tener las ayudas sociales es complejo. Estos días múltiples voces de autoridad han realizado aportaciones.

No es una cuestión sencilla. Un argumento frecuente a favor de las ayudas universales, aunque puedan ser impopulares, es que permiten a todas las clases autopercibirse como beneficiarias del Estado del bienestar, lo cual acrecienta su compromiso fiscal. Por otra parte, a menudo las políticas que diferencian por renta quedan lejos de sus objetivos. El Ingreso Mínimo Vital llega sólo al 34% de los hogares previstos, y eso después de casi tres años de ensayo y error. Atención al dato sobre el bono de Ossorio: casi la mitad de las familias vulnerables no lo reciben.

Es decir, no es sólo que haya ossorios con ayudas para "vulnerables", es que las capas sociales que a menudo son caricaturizadas como cazadoras de paguitas se quedan sin percibir las ayudas a las que tienen derecho. ¿Por qué? Sobresalen tres motivos: 1) La elevada probabilidad de no llegar ni a enterarse de que la ayuda existe. 2) La dificultad para completar los procesos, que suelen incluir trámites complicados. 3) La obligación de demostrar la pobreza ante la Administración, que crea estigma en sus receptores.

El caso Ossorio es un síntoma de un problema mayor: el déficit en progresividad y redistribución. Lo admite el propio Plan 2050 del Gobierno: la desigualdad se alimenta de la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un país en el que el sistema de protección concede "un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social". El quintil más rico recibe más transferencias (30%) que el más pobre (el 12%). En la OCDE, sólo Portugal, Italia y Grecia tienen sistemas más regresivos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) coincide. Un informe de 2020 alerta de un contraste estructural: tenemos unos sistemas de pensiones y desempleo sólidos, que cubren bien a los trabajadores consolidados en el sistema, mientras "la menor asistencia social se dedica a los más vulnerables", sobre todo en el sur del país. La proporción de las prestaciones que se destinan al 40% más pobre apenas supera el 30%, por debajo de la UE. Al mismo tiempo, "los hogares más acomodados reciben una parte sustancial de las prestaciones", añade el informe. España está un 15% por debajo de la media de la UE en cuanto al poder redistributivo del gasto social, según el FMI. En 2022 la OCDE apuntó el dedo en la misma dirección con un informe que certificaba que el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Los porcentajes pueden variar. La conclusión siempre es la misma: hay una ley del embudo que favorece a los de arriba.

A esto se suma que el sistema de protección es contributivo. Recibimos en función de lo que damos. La precariedad del mercado laboral se traslada a una mayor dificultad para acceder al sistema de prestaciones. Los más castigados son mujeres, jóvenes e inmigrantes. Quien está fuera del mercado laboral se queda fuera sistema de desgravaciones reembolsables ligadas al IRPF. Un ejemplo: la deducción a madres trabajadoras que llevan a sus hijos a educación de 0 a 3 años. Este tramo educativo es un ejemplo de libro de un ámbito en el que el diseño de las políticas favorece a los que ya están en mejor posición. Un dato: acuden al ciclo 0-3 más del 60% de los niños de familias de mayor renta, frente a menos de un 30% de las que sufren riesgo de pobreza.

En cuanto al sistema fiscal, el propio Plan 2050 admite que el IRPF provoca una redistribución menor que la media de la UE. Un testimonio de la regresividad del modelo lo da el informe de 2022 Desigualdad de la renta y redistribución, de la economista Clara Martínez Toledano, que concluye que los deciles inferiores de renta están sujetos a un tipo medio del 28%, mientras que los que figuran en el extremo opuesto de la tabla soportan un 27%. El 1% más rico acapara casi 3 puntos más de la renta total que el 50% más pobre.

Tras la redistribución fiscal, la desigualdad de la renta disponible persiste en España. El coeficiente de Gini, una medida de desigualdad de uso extendido en la UE, se reduce sólo en 0,18 puntos tras la acción correctora del Estado, frente a 0,2 en la UE. El 50% más pobre concentra un 14% y un 17% de la renta nacional antes y después de la redistribución fiscal, respectivamente. Sólo 3 puntos de corrección. Es decir, el déficit redistributivo está acreditado.

Los anteriores son datos de 2018 y 2019. La pregunta es: ¿hay enmienda con el actual Gobierno? La respuesta: sí, pero no lo suficiente como para cambiar la inercia, más aún cuando la pandemia ha tenido un efecto agravador de desigualdades. Los datos de 2021 de Eurostat muestran que España incrementa la brecha de ingresos disponibles incluso tras un mayor acción correctora del Estado. El 20% más rico se aleja y multiplica ya por 6 la renta del más pobre.

El caso Ossorio podría hacer pensar a algún profano que el vicepresidente se ha beneficiado de una de las abundantes ayudas a las familias existentes en España. En absoluto. España gasta en políticas de familia e infancia un 1% del PIB, frente a un 1,9% de la UE-27, según datos de 2021 de Eurostat. Pero, ¿no éramos un Estado que da mucha importancia a la "familia"? Aquí hay un malentendido. En España, explica Daniel Sorando, profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza, se habla mucho de "familia" en la política pero ha "pocas políticas de apoyo a la familia".

Ello podría sorprender en un Estado considerado "familista", al igual que Italia, Portugal y Grecia, habituales en las últimas posiciones en los rankings de protección social. Pero es normal si tenemos en cuenta que lo que en realidad hacen los modelos "familistas", influenciados por la cultura católica, es atribuir a la "familia" un papel central en el acceso a servicios y bienes básicos, lo cual reproduce las desigualdades de origen. "Es una paradoja", dice Sorando: "El régimen de bienestar familista abandona a la mayoría de las familias".

La dependencia y la vivienda ofrecen a juicio de Sorando dos ejemplos canónicos de "familismo". En cuanto al a vivienda, destaca la figura de la VPO, una política orientada a mejorar la situación de la clase media, subvencionando con dinero público su acceso en propiedad. Las tablas de Eurostat dan la medida da la inmensa tarea pendiente de España en materia de vivienda. En la UE-27 las políticas de vivienda se quedan en el 0,3% del PIB, con datos de 2021. En España no llegan ni al 0,1%.

Así que el "familismo", un modelo capitidisminuido de Estado del bienestar en el que la familia –y la caridad cristiana– actúa como complemento del Estado, es útil a los intereses de los individuos de mejores familias, que tendrán mayores posibilidades de heredar vivienda o conseguir un aval para comprarla, también para hacerse un seguro sanitario o complementar sus ingresos tras la jubilación con una pensión privada.

En cuanto a la educación infantil, un estudio que desvela su sesgo a favor de las clases altas –elaborado por Lara Navarro y Marga León, investigadoras del Instituto d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona y de la Universitat Autònoma de Barcelona– incluye una crítica al "familismo". "La fuerte solidaridad intergeneracional en los países del sur de Europa explicaría el infradesarrollo de la política familiar, al mismo tiempo que constituiría su resultado", concluyen las autoras.

El modelo que atribuye a la familia funciones sociales básicas tiene efectos especialmente graves en la actual fase del capitalismo, en la que "la estructura de clases ha pasado de estar basada mayoritariamente en el tipo de empleo y los salarios a estarlo en la propiedad de activos –financieros o inmobiliarios–", como ha escrito la antropóloga Nuria Alabao, autora en Ctxt.

El caso de Ossorio, señala Sorando, no en sí mismo una práctica "familista", sino una consecuencia del tipo del Estado del bienestar al que conduce el "familismo", en el que la renta pierde peso como medidor. "El criterio redistributivo no aparece por ningún lado", señala. Políticas de este tipo están detrás de dos fenómenos interconectados: 1) La avería del ascensor social. 2) La creciente dependencia de los padres para lograr una buena posición en la vida. "El sueño meritocrático anglosajón se ha desmoronado y ha sido reemplazado por el darwinismo social de la parentocracia", apunta el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio en el ensayo Vidas low cost. Ser joven entre dos crisis (Catarata, 2021). En el mismo trabajo Jaime Aja, José Hernández y Eduardo Sánchez advierten de que el ladrillo heredado está ganando importancia a la hora de conseguir una buena posición en detrimento de los títulos educativos, para los que –aunque el origen importa– es importante el esfuerzo.

Ossorio es un encendido defensor de que con el mérito se logra todo en la vida, se venga de donde se venga. Con esfuerzo, todo se puede conseguir: ese es su mensaje meritocrático. A los que critican su acceso al bono social les ha regalado un consejo: "Si alguien tiene envidia, le invito a ser familia numerosa".

Para que el consejo fuera verdaderamente acorde a la realidad, el vicepresidente debió decir: "Si quieren ayuda del Estado, no sean tan pobres".

El refranero español puede ayudar: hecha la ley, hecha la trampa. A menudo en política se confunde interesadamente lo legal con lo conveniente o incluso con lo moral. Si la ley lo permite, yo puedo aprovecharme al máximo, retorcer el sentido de la norma, incluso reírme de ella y su espíritu, pero siempre utilizarla en mi favor. Y en favor de mi bolsillo. 

Hablamos de Enrique Ossorio, el vicepresidente de Ayuso que no veía pobres por ninguna parte, que faltó al respeto a los familiares de mayores que murieron en residencias mientras la Comunidad impedía que ingresaran en hospitales, el diputado más rico de la Asamblea de Madrid. El que cobra ayudas para que los consumidores vulnerables, esas ayudas para que los que no tienen nada, o casi nada, puedan tener calefacción en invierno. 

O de Alfonso Serrano, número dos de Ayuso en el PP, punta de lanza de sus propuestas más agresivas y los ataques furibundos contra la izquierda, que cobra una ayuda mayor, para “vulnerables severos”. 

Cuántas veces se han reído de la izquierda que subsidia a los pobres, cuando ellos sólo 'quieren' libertad, mientras por detrás cobraban rápidamente esos subsidios que proceden del Gobierno central. Porque lo grave es esto: aquellos que vienen a la política a dar lecciones, a provocar conflictos, a defender modelos imposibles… hasta que se demuestra que toda su moral es un castillo de naipes que se viene abajo en cuanto alguien, en este caso un medio como infoLibre, consigue abrir un poco la ventana para que corra el aire. 

Analizamos con Alicia Gutiérrez, periodista de infoLibre, el caso.

El quinto párrafo es un podcast de infoLibre dirigido por Daniel Basteiro y hecho en Taller de Ideas.

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¿Qué significan 4.500 euros? No gran cosa para quien llega a fin de mes con cierta holgura. Mucho para quien vive al borde de la cuneta dado que esa cifra representa en números redondos ocho mensualidades del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y seguramente suponga muy poco para quien, según la prestigiosa revista Forbes, se encuadre entre los 100 españoles más ricos. En este caso, José Antonio Mahou Herráiz, presidente de la compañía cervecera que toma el nombre de su familia y a quien Forbes atribuye 600 millones de euros. ¿Pero qué valor tiene aquí la cifra de 4.500 euros? Pues que dibuja una nueva marca en el mapa de las ayudas públicas gestionadas por la Comunidad de Madrid. Porque ese es el importe que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concedió a José Antonio Mahou Herráiz en junio de 2022 como peticionario de una subvención del Plan Moves III, auspiciado por el Ministerio de Transición Ecológica para incentivar la compra de vehículos eléctricos.

Pero el de Mahou no es el único caso de multimillonarios de primera subvencionados con cargo al Plan Moves III en Madrid, donde en 2022 la adquisición de vehículos eléctricos -motos excluidas- alcanzó 38.240 unidades mientras que las ayudas concedidas quedaron en 8.021. Dotado con 1.200 millones públicos y gestionado por las autonomías, el presupuesto del Moves III se queda solo 100 millones por delante del patrimonio que esa especie de Almanaque de Gotha de los ricos más ricos que es la lista Forbes atribuye a otro de los perceptores de ayudas en Madrid: Francisco José Riberas Mera, presidente de Gestamp, grupo dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para automóviles. A Ribera, cuyos bienes se calculan en 1.100 millones y que ocupa el puesto 24 en la relación de Forbes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le asignó una subvención de 3.838,72 euros dentro del mismo Plan Moves III. El acuerdo fue adoptado por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2022.

Lo narrado en los párrafos anteriores se ajusta a la legalidad de un decreto estatal que no contempla criterios de renta para la selección de los beneficiarios. Las subvenciones al presidente de Mahou y al de Gestamp son tan legales como la entrega de 1.100 euros a otros dos solicitantes: José Antonio Entrecanales Carrión y Borja de la Rica Entrecanales. El primero es hijo del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, que con 700 millones de euros se sitúa en el puesto 42 de la lista de ricos. El segundo, su sobrino.

Como familia -el raking incluye a otros de sus parientes cercanos-, los Entrecanales ocupan el segundo puesto tras los Del Pino. Justamente fue el de Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y el tercer hombre más rico del país -3.800 millones- el primero de los subvencionados de la clase alta que localizó infoLibre. En su caso, fue el Gobierno de Castilla La Mancha, del PSOE, el que le adjudicó en noviembre una ayuda de 48.013 euros para mejorar las líneas de alta tensión de una de sus propiedades en esa comunidad.

Los portavoces de Del Pino adujeron que fue el anterior propietario de la finca el que solicitó la ayuda. Y rehusaron contestar a la pregunta de si Del Pino se había planteado la posibilidad de renunciar a la ayuda concedida. En lo que respecta a José Antonio Mahou, José Riberas, Borja de la Rica y José Antonio Entrecanales, infoLibre les formuló una sola pregunta a través de sus portavoces: la de si consideran oportuno que alguien de su posición económica acceda a una subvención dineraria sin contraprestación y financiada con dinero público. Ninguno de ellos respondió a los correos electrónicos enviados previa conversación telefónica con sus equipos de comunicación.

Lo sucedido con Mahou, Riberas y los dos primos de la familia Entrecanales ilustra que también los opulentos integrantes de la lista Forbes se han colado en el extensísimo terreno de las ayudas públicas que gestiona el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y cuyos agujeros quedaron a la vista tras desvelar infoLibre cómo el bono social térmico para “consumidores vulnerables” ha beneficiado también al vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, y al número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano.

Aferrado al argumento de que todo es legal y ajustado a derecho en todos los sentidos del término, el Gobierno de Madrid se defiende subrayando que también la portavoz de Más Madrid, Mónica García, recibe el bono social térmico. García -43.520 euros de sueldo anual- ha reconocido su “error” y anuncia que buscará cómo devolver el dinero. El vicepresidente Enrique Ossorio -104.000 euros de sueldo, 1,4 millones en activos financieros y beneficiario como titular de familia de numerosa- defiende su posición y seguirá cobrando la ayuda en tanto no se modifique la normativa legal. El bucle del PP lo cierra, de momento, Alfonso Serrano, quien no ha explicado aún por qué se le ha incluido en la franja de “vulnerables severos”. Perceptor del bono social eléctrico y del bono término porque también posee el título de familia numerosas, la condición de "vulnerable severo" implica que a Serrano se le apliquen descuentos superiores en la factura de la luz y se le subvencione con una cuantía mayor pese a que gana 83.420 euros al año.

Tras la información publicada por infoLibre sobre cómo el vicepresidente de Ayuso recibe el bono de calefacción para consumidores vulnerables, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno modificará las normas para que cerrar esa puerta a las familias numerosas cuya renta supera de largo la media del país.

Este martes infoLibre desvelaba que el vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, recibió en 2022 el bono social término para calefacción y agua caliente. El diputado autonómico accedió a la ayuda para “consumidores vulnerables” a pesar de ser el diputado autonómico con más patrimonio personal. 

La noticia no ha pasado desapercibida en redes sociales, donde políticos, periodistas y tuiteros han criticado esta la “paguita” de Ossorio, que también reciben Alfonso Serrano, el número dos de Ayuso en el PP de Madrid, y el marido de Mónica García, Pero no solo ha habido críticas, Twitter se ha llenado de memes que bromean con cómo han usado estas ayudas los políticos:

“El vicepresidente de Ayuso recibe de su Gobierno el bono de calefacción para consumidores vulnerables”. Esta noticia se publicaba el martes por la noche en la newsletter que reciben cada día las socias y socios de infoLibre. Y desde ese momento el panorama político se ha visto zarandeado ante el escándalo de ese cobro, que ha llevado a moverse a todos los partidos durante las últimas 48 horas.

Una ayuda, destinada a los más vulnerables, que recaía en el diputado más rico de la Asamblea de Madrid. Pero no sólo afectaba al número dos del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, sino también a su secretario general en el PP madrileño, Alfonso Serrano, que percibe otro bono social todavía más alto: el de “vulnerables severos”. Entre los receptores de este tipo de subvenciones está también, según se conoció más tarde, la líder de Más Madrid en el Parlamento regional, Mónica García.

Los cobros de ayudas destapados por infoLibre han marcado el frenético ritmo político en Madrid estos dos días, pero también a nivel nacional. El propio Gobierno central, a raíz de estas informaciones, ha decidido mover ficha para retocar el propio sistema y que no las puedan recibir personas con altos ingresos ni con “ausencia de ética”, como remarcó la portavoz del Ejecutivo de coalición, Isabel Rodríguez.

Mónica García, que ha defendido que no conocía que su familia numerosa percibía esa ayuda, ha reconocido el “error”, ha pedido disculpas a los ciudadanos y ha avanzado que intentará devolver, si existe forma, esa cuantía. Ha querido diferenciar su caso con el de Ossorio, que tiene responsabilidades ejecutivas y que ha llegado a dudar de que hubiera pobres en la Comunidad de Madrid. Ella misma exigió al popular que dimitiera.

Mientras el Gobierno central se mueve para cambiar el sistema de los bonos sociales y en Más Madrid se piden disculpas, el Partido Popular no asume ninguna responsabilidad, pese al cobro de los dos hombres fuertes de Ayuso, que perciben unos altísimos sueldos (Enrique Ossorio percibe casi 105.000 euros de retribución y Alfonso Serrano declaró en 2001 unos 83.420 euros).

Ninguno de los dos ha pedido perdón ni ha mostrado la intención de devolver las ayudas. Su actitud ha sido la de cargar contra la oposición y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La propia dirección nacional ha evitado tomar algún tipo de medida y se ha intentado poner de perfil, apuntando también contra La Moncloa.

El número tres del PP, Elías Bendodo, dejó a los beneficiados por el bono térmico para personas vulnerables la opción de renunciar o no a esa ayuda: “Es una decisión personal”. Génova 13 intenta capear esta polémica poniendo el foco en el Gobierno central, al tildar de “chapuza” el sistema de ayudas” y excusándose en que si se “hubieran limitado mejoras las personas que tienen acceso a estas ayudas, no se habrían solicitado”. No se ha censurado en ningún momento que los dos altos cargos hayan solicitado voluntariamente esta ayuda cuando estaba destinada a familias vulnerables. Los dos populares trasladan que podían optar al ser familia numerosa.

Fuentes del Gobierno central recuerdan que el bono social eléctrico no se otorga por defecto, sino que hay que solicitarlo y justificar que se cumplen los criterios. En el caso de las familias numerosas, se tiene que presentar el libro de familia. El bono social térmico, añaden, sí se otorga por defecto, pero sólo si está concedido el eléctrico. Por lo tanto, remarcan en el Ejecutivo central que “nadie puede decir que lo ha obtenido sin pedir nada”. De esta manera señalan: “El bono no llueve del cielo”.

El mecanismo, recuerdan las fuentes, es que las compañías eléctricas identifican qué clientes tienen el bono eléctrico y comunican estos datos a las comunidades autónomas. Las regiones hacen el pago a los consumidores, con fondos del Gobierno central que les han sido transferidos.

El vicepresidente madrileño Ossorio volvió este jueves, durante el Pleno de la Asamblea, a defender que reciba esta ayuda, diciendo que él no ha perjudicado a nadie recibiendo 192 euros. No se ha arrepentido estos dos días y no tiene intención de devolver la ayuda. Todo ello con el respaldo absoluto de Díaz Ayuso, quien dijo: “Tiene derecho a cobrar ese bono”. Llegando a exigirle la presidenta regional a García que le pida perdón a su ‘número dos’. Las explicaciones de Alfonso Serrano también han ido en la misma dirección, sin pedir perdón ni asumir ninguna responsabilidad, diciendo que puede ser una “anomalía”: “No sé si será un error o no”.

Ante estos casos revelados por infoLibre, el Gobierno central ha decidido revisar el sistema para evitar este tipo de ayudas ante la falta de ética de algunas de las personas solicitantes que no son vulnerables. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, especificó que los cambios implicarán introducir “lo antes posible” un criterio de renta y un límite “máximo” de renta familiar. La dirigente socialista remarcó este jueves que “lo doloroso para la opinión pública es el hecho de que ‘este señor’ no ve pobres, pero se considere a sí mismo vulnerable”. No se ve igual el caso de Mónica García porque, indicó, le honra que haya pedido disculpas y haya dicho que quiere devolverlo.

Después del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, además, afeó que soliciten estas ayudas dirigentes que critican el Estado del Bienestar pero que luego se aprovechan de medidas destinadas a los más vulnerables. También quiso mandar un mensaje de la “sensibilidad” del Gobierno con la familias numerosas, un tema sobre el que el PP quiere hacer bandera electoral y en el que se escuda ante las ayudas a sus dirigentes.

De manera paralela se ha producido un debate en el Congreso sobre una proposición no de ley del PSOE, que se aprobó este jueves, para revisar el alcance y la eficacia de los bonos eléctricos y térmicos, que han apoyado en mitad de la polémica el PP, UP, Más País, Compromís, BNG, PNV, CC y Bildu.

Quien no va a atacar sobre este tema al PP es Vox, con Rocío Monasterio defendiendo que Ossorio lo haya recibido al cumplir la ley: “Las familias numerosas recibimos muy poco, deberíamos tener bonificaciones en absolutamente todo: agua, gas, luz, IVA…”. “Tengo cuatro hijos y no he tenido la suerte de que me ingresen el bono social térmico. El eléctrico lo tengo y el del Canal de Isabel II. El del térmico, la carta esa famosa, a mí no me ha llegado. No sé si será por facha”, ironizó.

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para determinar el alcance y la eficacia de los bonos sociales eléctrico y térmico y si estos son suficientes para paliar la factura energética en los hogares vulnerables, ha recogido Europa Press.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria y Bildu; mientras que Vox, ERC, Ciudadanos, PDeCAT y Junts se han abstenido.

Aunque la iniciativa se debatió el martes, su votación ha coincidido con la polémica suscitada después de que infoLibre publicara que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad Madrid, Enrique Ossorio, se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa, algo que calificó como "perfectamente ético".

Paralelo a esto, se conoció que el marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la capital, Mónica García, también era beneficiario del bono social térmico. La representante madrileña de la Comunidad de Madrid, por su parte, reconoció su "error" y señaló que estudiaría cómo devolver el dinero del bono diseñado para los consumidores vulnerables.

El número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, cobra por su parte el correspondiente a consumidores vulnerables severos, según publicó también infoLibre este jueves.

Tras estos episodios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno hará que estos bonos estén sujetos "lo antes posible" a criterios de renta. En concreto, se fijará un umbral de renta máximo para las familias numerosas.

En el debate de la iniciativa del pasado martes, el PP y los socios de investidura ya reprocharon al Gobierno la escasa efectividad de los bonos sociales eléctrico y térmico entre los sectores más vulnerables de la población, que pese a poder acceder a estas ayudas, no lo hacen por falta de conocimiento en muchas ocasiones.

El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, explicó que, por ejemplo, en lo relativo al bono social térmico apenas ha llegado a un 40% de los consumidores a los que se dirigía, mientras que en el caso del eléctrico solo ha llegado a 1,35 millones de los 1,9 millones previstos.

En esta línea se pronunció el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien apuntó que los bonos "no están funcionando bien". En este sentido, denunció que mientras que gente en riesgo de exclusión social no sabe cómo acceder a estas ayudas, hay grandes empresas que tiene a su disposición "carísimos abogados" para, por ejemplo, acceder a los recursos procedentes de los fondos europeos. "El Estado no puede comportarse igual que los desiguales", apostilló.

Del lado del PP, Juan Diego Requena Ruiz reprochó al Gobierno la situación de vulnerabilidad energéticas que sufren muchas familias españoles. El diputado seleccionó varios datos de diferentes informes sobre esta materia, como que más de 6 millones de españoles no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. También denunció Requena el incremento "drástico" del indicador de temperatura inadecuada, que se ha situado por encima del 14%.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afeado este jueves el "debate demagogo" de la izquierda sobre el bono social térmico, que él también recibe por ser familia numerosa.

Así se ha pronunciado el número dos del PP de Madrid, en declaraciones a los madrileños en los pasillos de la Cámara regional, después de que infoLibre desvelase que Serrano percibe este bono y que, además, se beneficia de una cantidad superior a la que reciben familias numerosas básicas (195,82 euros).

Respecto a esto último, ha señalado que puede haber "una anomalía" pero lo desconoce y ha indicado que se pone "a disposición del Gobierno de España" para aclarar cualquier cuestión, ha recogido Europa Press.

"Nosotros somos una familia numerosa básica —de padre, madre y tres hijos— y yo tengo mi descuento básico de familia numerosa por la luz. A mí me han dado por lo visto, porque lo miré ayer [este miércoles], 300 euros. No me los han dado porque yo sea familia numerosa vulnerable severa, que evidentemente no lo soy, pero quien decide que se me otorguen 300 euros no es ni la Comunidad de Madrid ni yo, es Hacienda con las comercializadoras. No sé si será un error o no", ha trasladado a continuación.

Para el conservador, esta es "una semana horribilis para la izquierda en Madrid" porque se ha visto que "las Cercanías siguen fallando", en la que los ciudadanos se sienten reconfortados "puesto que se ha puesto fin a una huelga sanitaria que va a ser beneficiosa para todos" y en la que se ha conocido el archivo por parte de la Fiscalía Europea del caso del contrato de las mascarillas. En medio de esto, ha criticado que se suelte "de repente" una cuestión "bastante demagógica".

Serrano, que ha reconocido que fue este miércoles cuando se enteró de que él también lo percibía, ha explicado que su familia numerosa solicitó el descuento en la factura de la luz. "Aquellas familias que lo han pedido, efectivamente, el Gobierno de España las incluye en el bono social térmico, que no hay que pedir, que te lo dan", ha señalado.

"Me parece que este es un debate absolutamente demagogo por parte de una parte de la izquierda que quiere en este momento tapar el que ha sido el mayor escándalo, la cacería personal y política que ha sufrido la presidenta (Isabel Díaz Ayuso). Que justo coincida ese archivo con este caso no es casual", ha lanzado a continuación.

Serrano ha defendido que hay muchas ayudas y subvenciones que están ligadas a la renta pero otras que no. En este sentido, ha apuntado a que duda que nadie cuestione que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, "que cobra 150.000 euros", "reciba 3.000 euros al año por la Ley de Dependencia porque tiene derecho a ello" como tampoco que haya personas que se hayan podido desgravar su vivienda.

"Uno se saca el carné de familia numerosa no como el del Atleti para exhibirlo, es para usarlo. El título de familias numerosas es exclusivamente para obtener subvenciones y beneficios. Habrá quien lo utilice para obtener un descuento en la factura de la luz, en la del agua, en las tasas universitaria, en la matriculación de su coche, para entrar a un museo... Son derechos para todas las familias numerosas", ha declarado.

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha pronunciado este jueves después de que infoLibre publicara que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, se ha beneficiado del bono social térmico lanzado por el Gobierno central y ha considerado una decisión personal la renuncia a esta ayuda, a la que ha calificado como "chapuza", según informa Europa Press.

Ossorio no es el único que ha salido beneficiado por esta medida. El marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, percibe también el bono social térmico, al igual que el portavoz de la formación conservadora en la región, Alfonso Serrano, como ha desvelado también infoLibre.

"Es un ejemplo más de las chapuzas que plantea el Gobierno. Si el mecanismo de dar las ayudas hubiera sido razonable no tendríamos estas situaciones", ha sentenciado el coordinador general en una entrevista para TVE, recogida por Europa Press.

Para Bendodo, si desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez "hubieran limitado mejor las personas que tienen acceso a estas ayudas, no se habrían solicitado". "El Gobierno tendría que haber dado preferencia a las personas vulnerables y que más lo necesitaban", ha recalcado.

Ante la pregunta de si estos cargos deberían retractarse y dejar de beneficiarse de estas ayudas, ha concluido que se trata de "una decisión personal de las personas" que las han solicitado y se las han concedido: "Su mismo nombre lo dice, son ayudas para las personas vulnerables" pero esto no quita que el "Gobierno tenga que poner topes y limitaciones".

Por su parte, Ossorio ya dejó claro ayer en una ruda de prensa que se celebró de forma extraordinaria en Collado Villalba que él pertenece a una familia numerosa y tiene "cuatro hijos". "Recibo las ayudas que existen para este tipo de familias", apuntó.

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha reconocido su "error" y asegura que va a estudiar cómo devolver el dinero que recibió su familia del bono para consumidores vulnerables después de que este mismo miércoles pidiera la dimisión del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, tras desvelar infoLibre que cobra esta misma ayuda.

Tras la polémica surgida en torno a este asunto, García ha explicado que ella no sabía que había recibido el pago único de 195 euros al año por ser familia numerosa y que le ha costado "horas" enterarse.

"La primera sorprendida soy yo", ha admitido este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido su error y ha insistido en que no necesita ese dinero.

"No pongo ninguna excusa, reconozco el error. No quiero cobrar eso, no lo necesito. Defiendo el criterio de rentas y todo esto nos parece regresivo. Voy a estudiar si hay forma de devolverlo al Gobierno central. No lo necesito. Llevo todo el día indagando y me he enterado de que esto lo cobramos 130.000 hogares en la Comunidad de Madrid. No podemos cobrarlo el señor Ossorio y yo", ha explicado.

Así, ha aclarado que reaccionó "por indignación" al conocer que Ossorio cobraba este bono y ha insistido en que se ha enterado "de forma automática" en su familia. "Eso no me gusta. No lo necesito", ha apostillado.

En este punto, la líder de Más Madrid ha subrayado que comparte cuenta con su marido aunque él las gestiona y que le ha costado "llegar al recibo" ya que recibió esa ayuda en diciembre de 2022 cuando correspondía a 2021. "Es una medida regresiva (...) no tenía ni idea de que lo estaba recibiendo. Es que no lo pone", ha señalado.

Por lo que ha vuelto a cargar contra el vicepresidente de la Comunidad de quien dice que "si tenía ese dato es porque habrá estado indagando". "Ossorio dice que va a coger todas las ayudas que le dé el Gobierno. Yo no la necesito", ha vuelto a incidir.

"Creo que la dimisión del señor Ossorio la hemos pedido en muchas ocasiones por su falta de ética pública. El que critica que las paguitas, que hay gente subvencionadita, que no ve a los pobres de Madrid... Son declaraciones absolutamente intolerables. Hay un hogar que se ha reído de esto y es el del vicepresidente de la Comunidad. He reaccionado indignada sin saber que era automático", ha deslizado.

La portavoz de Más Madrid y candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, ha celebrado que el Gobierno central vaya a revisar el bono social térmico, para atender a las rentas de las personas a las que le llega esta ayuda, y ha afeado al vicepresidente regional que "se jacte" de ello, según ha informado Europa Press.

A su juicio, hay "una diferencia moral" entre Ossorio y ella, porque el vicepresidente tiene "el patrimonio más grande de esta Comunidad" y "sacó pecho y dijo que iba a pedir todas las ayudas que pudiera" tras haber "humillado a los más vulnerables y quejarse de las paguitas que él está cobrando".

Así, la líder de Más Madrid ha insistido en que a la política no solo se va a "hacer propuestas y mejorar la vida de los madrileños", también está para "reconocer errores y pedir disculpas". "Hay una diferencia entre reconocer los errores y jactarse de ellos", ha lanzado.

En este punto, ha continuado explicando que este bono social no se solicita, si no que es algo que se da de forma automática. Por eso, ha celebrado la "rectificación" desde el Gobierno central que va a revisar que se tengan en cuenta las rentas.

Seguramente usted, como yo, no lo sabía, pero en este país se puede ser a la vez el diputado más "rico" de la Asamblea de Madrid y cobrar un bono de ayuda para encender la calefacción destinado a los hogares "vulnerables". Es lo que ocurre con Enrique Ossorio, número dos de Isabel Díaz Ayuso en el Gobierno madrileño y además consejero de Educación y Universidades (¡todo un ejemplo a seguir!). Hemos desvelado el disparate este miércoles en infoLibre (ver aquí), y la noticia ha provocado una doble reacción: por una parte, el ínclito Ossorio, el mismo que no veía "pobres" en Madrid por más que miraba a su alrededor, el que proclamaba que los familiares de fallecidos en las residencias ya "lo han superado", proclama que como cabeza de familia numerosa va a seguir cobrando ese bono (ver aquí). Por otra, la vicepresidenta Teresa Ribera ha anunciado que el Gobierno "cambiará la regulación" del bono social eléctrico para establecer criterios que tengan en cuenta la renta del beneficiado (ver aquí). ¡Hágase!

Lo más preocupante del caso es la constatación de que hay gente que sigue sin entender nada, o quizás lo entiende demasiado bien: consideran que lo público está a su particular servicio, como si de un cortijo privado se tratara, de modo que ellos pueden cobrar, ahorrarse dinero o multiplicar patrimonio a costa del erario de todos, pero si son otros los que acceden al mismo, por evidente que sea la necesidad, entonces eso se llama "paguita", un regalo del malvado Sánchez y los socialcomunistas para ganar votos.

¿Qué se puede pensar de alguien que solicita una ayuda pública para "vulnerables" de 195 euros cuando gana al año casi 105.000? Pues discúlpenme que sea conciso: es un jeta. Es alguien que, bien por voluntad propia o por decisión de su inmediato o inmediata superior, no debería mantenerse un minuto en un cargo de servicio público. Pero claro, absurda conclusión cuando sabemos que su jefa directa es Isabel Díaz Ayuso, la que llegó a la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid pese a las fundadas sospechas de haber cometido alzamiento de bienes y de haber utilizado sus influencias para no devolver un crédito familiar de Avalmadrid que, efectivamente, jamás se devolvió y nunca ha pasado nada: más de 400.000 euros que hemos pagado entre todos los contribuyentes madrileños para no dar disgustos a la familia Ayuso (ver aquí).

Enrique Ossorio, con todo el cuajo, ha proclamado que seguirá cobrando ese bono social térmico porque tiene familia numerosa y cumple los requisitos. Lo que hace Ossorio es lo que hacen los niños: repiten lo que han escuchado en casa. Es legal, no es delito, así que p’alante, por impresentable e inasumible que sea la actuación en términos políticos. No nos despistemos: esa proclama la ha hecho Ossorio en la misma rueda de prensa convocada por Ayuso para presumir de que la fiscalía anticorrupción ha archivado el caso de la comisión cobrada por su hermano en el contrato de las mascarillas (ver aquí). No hay delito, así que p’alante. Imagínense lo que pasaría si el hermano de cualquier presidente o presidenta de gobierno hubiera cobrado una comisión de más de 230.000 euros por un contrato de millón y medio de dinero público otorgado por la administración que preside su hermana a través de una empresa propiedad de un íntimo amigo de la infancia que sabe de mascarillas lo que yo de física cuántica. ¿Es legal? Lo será. Pero es absolutamente deleznable desde el punto de vista político. Pablo Casado tenía en esto toda la razón del mundo, y eso le costó el cargo. Feijóo prefirió apostar por Ayuso (le cueste lo que le cueste).

No lo asumen porque no les interesa asumirlo: una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política. Por eso practican con enorme habilidad la técnica del ventilador o de la coctelera en la que se mezcla y embadurna todo. Este jueves desvelamos que otro número dos de Ayuso, en este caso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, también cobra otro bono social térmico, este en una cantidad correspondiente a la casilla de "vulnerable severo" (ver aquí). Sin complejos y sin pudor. En la tarde del miércoles, él mismo intentó (una vez contactado por infoLibre) una "voladura controlada" contando en un programa de televisión que cobrar ese bono es de lo más normal. Vamos, que el que no lo cobra es imbécil. No dijo, eso sí, lo de "vulnerable severo", porque seguramente quedaría raro que un dirigente del PP con unos emolumentos públicos más que dignos defendiera como apellido ser "vulnerable severo", por muy cabeza de familia numerosa que sea. Oiga, que son los mismos que han votado contra la subida del salario mínimo, contra las medidas para reducir la inflación, contra la reforma laboral… contra todo aquello que suponga una mejora de los derechos y la calidad de vida de los más "vulnerables" de verdad. Es decir (y dejémonos de eufemismos) de aquellos hogares que viven entre la pobreza y la pobreza extrema. 

A ellos les es muy útil siempre encontrar un lunar en el rostro del adversario. Por eso montan una fiesta con el vomitivo caso del Tito Berni y pretenden compararlo nada menos que con la trama Kitchen. Y por eso se han dado mucha prisa en denunciar que el marido de Mónica García, la líder de Más Madrid, también percibe un bono social por familia numerosa (ver aquí). Debería ser fácil responder que sí, que tampoco es estético ese bono, que no tiene excusa aunque García se ha excusado, dice que "no tenía ni idea" de que lo recibió y ha anunciado que lo devolverá, pero que no es serio meterlo en el mismo pack: ese señor no tiene ningún cargo público, ni mucho menos es número dos de un gobierno ni es el diputado que declara mayor patrimonio de toda la Asamblea madrileña. Ni ha insultado, por supuesto, a los pobres que sobreviven como pueden en la comunidad con mayor PIB de España, ni ha ofendido a los familiares de víctimas de las residencias ni ha bromeado con la especie de que "ese dinero lo pone Sánchez, no el gobierno de Madrid". Otra aseveración que les retrata, a Ossorio, a Serrano y a Ayuso: consideran que el dinero público es de quien lo gestiona, y no de los contribuyentes. ¡Y se atreven a acusar al prójimo de comprar votos!

Ha hecho bien Teresa Ribera al reaccionar a la investigación de infoLibre con el anuncio de que habrá que cambiar los criterios para la concesión del bono social térmico. No tiene el menor sentido que no se tenga en cuenta el nivel de renta, con o sin familia numerosa. La progresividad que la propia Constitución establece (jamás cumplida del todo ni mucho menos) en el terreno fiscal debe valer para todo lo que se refiera a subvenciones o ayudas públicas: tanto ganas, tanto pagas; tanto tienes, tanto derecho te asiste para acceder a fondos públicos. 

Basta ya de jetas, se llamen Tito Berni, Ossorio, Serrano o como demonios se llame quien sigue tomando por imbécil a la ciudadanía. Y, para librarnos de ellos, tengamos presente esa máxima que el filósofo e investigador Daniel Innerarity recuerda en su último ensayo: "un sociedad está bien gobernada cuando resiste el paso de malos gobernantes". Reforcemos las instituciones, los controles, los filtros, la normativa, la vigilancia... Porque la democracia sobrevive "si la propia inteligencia del sistema compensa la mediocridad de los actores y la ineptitud e incluso maldad de muchos de sus dirigentes" (La libertad democrática, pág. 28). Hágase no, hagámoslo.  

La candidata de Más Madrid a la Asamblea y portavoz regional de la formación, Mónica García, ha aclarado este miércoles las acusaciones que ha vertido el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, al afirmar durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Collado Villalba, que "creía" que su marido también percibe la ayuda. El número dos de Isabel Díaz Ayuso ha utilizado este argumento para justificar que se beneficie del bono de calefacción y agua caliente para consumidores vulnerables, que ha publicado infoLibre.

"La situación no es comparable. Están tratando de hacer creer que todos son iguales, pero nada más lejos de la realidad", han defendido fuentes de la formación regional que también han señalado que el marido de García "no debe tener ética pública" como el consejero autonómico. Según han detallado desde el equipo de la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid, los suministros están al nombre del marido y "ella tenía que comprobar y cotejar dicha información cuando él estuviera disponible y comprobar la percepción de ese bono en la cuenta".

No obstante, desde Más Madrid defienden que tanto Ayuso como Ossorio hablan de "paguitas y subvencionados y mantenidos cuando se trata de otros", mientras que "sacan pecho de las ayudas cuando se las otorgan a sí mismos". Se referían a las aclaraciones que ha hecho el propio Ossorio en esta misma rueda de prensa en la que ha afirmado que va a seguir cobrando de su propio Gobierno el denominado bono social térmico.

Ossorio ha justificado que recibe esta ayuda por ser familia numerosa: "Mientras lo siga siendo, voy a recibir y a aceptar todas las ayudas que se den a las familias numerosas". El vicepresidente recibió esta ayuda en en 2022 a pesar de ser desde 2019 el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –percibe 104.928,60 euros de retribución por el cargo público y tiene un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones—.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha adelantado en su cuenta de Twitter que introducirá criterios de renta para las familias numerosas que quieran acogerse al bono social. "Apoyar a los consumidores vulnerables y a ls familias numerosas es irrenunciable. Sorprende la falta de sensibilidad y solidaridad de algunos. Cambiaremos la regulación actual para introducir criterios de renta en las familias numerosas", ha señalado en un tuit.

Según la información oficial, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal]. La noticia, que provocó las peticiones de dimisión de la oposición, provocó una polémica que para Ossorio no tiene cabida. "Yo pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", aseguró. Y se justificó recordando que "el Real Decreto ley que regula el bono es un decreto del Estado, y lo establece Pedro Sánchez".

Los argumentos son los mismos que este martes dieron fuentes del Ejecutivo autonómico a infoLibre, que añadieron que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fortaleció el concepto jurídico de familia numerosa para que los hijos menores no salgan perjudicados si la unidad familiar pierde los derechos adquiridos una vez se emancipen sus hermanos mayores. El bono térmico –creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez– se concede año a año de manera automática a los que ya tienen el bono social eléctrico, aunque el ciudadano tiene la capacidad de renunciar a él si así lo quiere, algo que Ossorio ha confirmado que no hará.

El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, va a seguir cobrando de su propio Gobierno el denominado bono social térmico para calefacción y agua caliente, una ayuda destinada a "consumidores vulnerables" que percibió en 2022 a pesar de ser desde 2019 el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –percibe 104.928,60 euros de retribución por el cargo público y tiene un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones. Así lo ha confirmado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha justificado percibir la ayuda por ser familia numerosa. "Mientras lo siga siendo, voy a recibir y a aceptar todas las ayudas que se den a las familias numerosas", ha declarado tras una pregunta de los periodistas.

Como ha publicado infoLibre este miércoles, Ossorio recibió el año pasado una ayuda destinada, según la propia web de la Comunidad de Madrid, a "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables". Según la información oficial, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal].

La noticia, que provocó las peticiones de dimisión de la oposición, provocó una polémica que para Ossorio no tiene cabida. "Yo pertenezco a una familia numerosa, tengo cuatro hijos y recibo las ayudas que existen para este tipo de familias. Mis hijos, por el bono transporte, pagan tres euros menos", aseguró. Y se justificó recordando que "el Real Decreto ley que regula el bono es un decreto del Estado, y lo establece Pedro Sánchez".

Los argumentos son los mismos que este martes dieron fuentes del Ejecutivo autonómico a infoLibre, que añadieron que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fortaleció el concepto jurídico de familia numerosa para que los hijos menores no salgan perjudicados si la unidad familiar pierde los derechos adquiridos una vez se emancipen sus hermanos mayores. El bono térmico –creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez– se concede año a año de manera automática a los que ya tienen el bono social eléctrico, aunque el ciudadano tiene la capacidad de renunciar a él si así lo quiere, algo que Ossorio ha confirmado que no hará.

Ossorio ha dado estas explicaciones después de que una periodista de Onda Madrid, la cadena pública de la Comunidad, le hiciese una pregunta en la que dijo "creer" que el marido de la líder de Más Madrid, Mónica García, también percibe la ayuda. "Lo curioso es que creo que también al marido de Mónica García se le ha concedido ese mismo beneficio", señaló la periodista en la rueda de prensa sin aportar un dato más.

Ossorio respondió desconocer dicho extremo, pero aseguró que que "espera" que sea "falso". "Ha pedido mi dimisión, y yo creo que no cabe mayor hipocresía que pedir eso cuando tú misma te estás beneficiando. Si es cierto hoy mismo tendría que dimitir, pero no por cobrarlo por ser familia numerosa como yo, sino porque demuestra que no tiene límites para engañar a los ciudadanos", ha afirmado.

Poco después de la rueda de prensa, el diario El Debate publicó una captura de pantalla donde se muestra que una persona cuyo nombre y apellidos coinciden con los del marido de la líder de la oposición cobró el bono social. infoLibre no publicó la exclusiva de Ossorio hasta comprobar que el DNI del vicepresidente madrileño se correspondía con la del beneficiario que aparecía en la base de datos.

Horas más tarde, García ha aclarado estas acusaciones: "La situación no es comparable. Están tratando de hacer creer que todos son iguales, pero nada más lejos de la realidad". Según han explicado fuentes de Más Madrid, los suministros están al nombre del marido y "ella tenía que comprobar y cotejar dicha información cuando él estuviera disponible y comprobar la percepción de ese bono en la cuenta". "La presidenta de la Comunidad de Madrid y su vicepresidente han hablado de paguitas y subvencionados y mantenidos cuando se trata de otros y sacan pecho de las ayudas cuando se las otorgan a sí mismos", han defendido desde la formación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de su número dos. "Si fueran únicamente ayudas sociales como tal o fueran en detrimento de otras personas, es decir, tú cobras una beca y se la estás detrayendo a una familia que lo necesita más, sí, puede ser, pero no es lo mismo. Esto no se lo quitas a nadie y las condiciones no son solo una cuestión económica. Se llama social pero no solo es para personas vulnerables", ha declarado.

A su parecer, lo que el Gobierno quería "por una vez" es "tener un gesto con las familias numerosas". Se trata de un requisito que tiene "la familia de Ossorio", que tiene "los mismos derechos que las demás". "Espero que le hagan la misma pregunta a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, en caso de que sea cierto lo que nos acaban de comunicar sus compañeros", ha dicho a continuación.

Las reacciones a la última polémica del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se hicieron esperar. Pocas horas después de que infoLibre desvelara que el vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, recibió en 2022 y de su propio Ejecutivo el bono social para calefacción y agua caliente, Más Madrid, Podemos y PSOE pidieron la dimisión o la destitución del número dos de Ayuso. Es "la única salida digna", según afirmó la candidata socialista al Ayuntamiento, Reyes Maroto.

Como ha publicado infoLibre este miércoles, Ossorio recibió en 2022 una ayuda destinada, según la propia web de la Comunidad de Madrid, a "paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables". Según la información oficial, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal].

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea y líder de la oposición, Mónica García, fue la primera en solicitar la dimisión o la destitución de Ossorio. "Indecente", escribió en Twitter. "No es tolerable tanta falta de ética pública", añadió. Al poco, registró una batería de preguntas al Gobierno madrileño, que deberá responder en el Pleno de este jueves. "¿Considera ético el comportamiento del Vicepresidente, Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz del Gobierno en relación a la recepción del bono social térmico?", es una de las cuestiones planteadas.

Reyes Maroto, la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, lo pidió un poco más tarde. En declaraciones a infoLibre, la también ministra de Industria aseguró que "es insultante, inmoral e indigno que el número dos de Ayuso, el vicepresidente del Gobierno de Madrid, la persona con mayor patrimonio de la Asamblea, reciba una ayuda para consumidores vulnerables, esos a los que la señora Ayuso llamaba mantenidos subvencionados". "La única salida digna para Enrique Ossorio es su dimisión o su cese inmediato y que devuelva todo lo cobrado", añadió.

Alejandra Jacinto (Podemos), anunció a través su Twitter que su grupo había solicitado la reprobación del vicepresidente, al que también pidieron su renuncia. Según denunció, Ossorio ha cometido "una indecencia", por lo que también pidió que devolviera la ayuda recibida.

Juan Lobato (PSOE) también criticó duramente el comportamiento del número dos de la presidenta regional. La primera, en este sentido, destacó en su perfil de Twitter que Ossorio cobra 104.928 euros anuales y posee más de 1,4 millones de euros en activos financieros. "Pues bien, este señor recibe el bono de calefacción del Gobierno central destinado a consumidores vulnerables. Qué indecencia", denunció.

"¿Vergüenza? Para qué", añadió su compañera de partido Carolina Alonso. "Lo de esta gente no tiene límite", denunció la candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Rita Maestre. "Sinvergüenza", publicó el diputado de la misma formación Javier Padilla.

Desde el PSOE, fuentes de Ferraz indicaron a infoLibre que esto no es más que el "colofón de una trayectoria política basada en la hipocresía". "Es el mejor retrato del Gobierno de Ayuso y sus políticas. Madrid merece más", añadieron. Su líder en Madrid, Juan Lobato, añadió por su parte que "Ossorio no sabe dónde están las familias que pasan en algún momento de su vida por una etapa complicada, pero bien que se queda con las ayudas que van dirigidas precisamente a esas familias que necesitan que les echen una mano".

Se refiere, de este modo, a las polémicas declaraciones que el propio vicepresidente de Ayuso hizo hace apenas un año. “El que sale a la calle y ve que le dicen «en Madrid hay tres millones de pobres», dice: ¿oye, y por dónde estarán?”. Días más tarde admitió que se había equivocado al pronunciarse en esos términos.

Ossorio es, desde 2019,  el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –104.928,60 euros de retribución por el cargo público, un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones. Sin embargo, se beneficia del bono por tener el título de familia numerosa, que habilita a recibir la ayuda sin límite de renta. De hecho, portavoces del Ejecutivo autonómico declararon a infoLibre este miércoles por la tarde que el vicepresidente continúa manteniendo el título de familia numerosa porque dos de sus cuatro hijos, ambos menores de 26 años, continúan estudiando y a su cargo. Y que, por tanto, cumple el requisito para ser beneficiario del bono eléctrico –que garantiza descuentos en la factura de la luz– y del bono térmico.

El vicepresidente de Madrid, Enrique Ossorio, ha recibido en 2022 de su propio Gobierno el denominado bono social térmico para calefacción y agua caliente. Es decir, una ayuda directa que, como enfatiza la web del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, tiene por destino “paliar la pobreza energética en los consumidores más vulnerables”.

Según la información oficial a que ha tenido acceso infoLibre, fue el 14 de octubre de 2022 cuando la Consejería de Familia concedió a Ossorio el bono social térmico correspondiente a la convocatoria de 2021. En su caso, la subvención no pasa de 195,82 euros, la asignada a los “consumidores vulnerables” frente a los 313,30 que se reserva para los “vulnerables severos” [puedes ver aquí la Orden autonómica que aplica la legislación estatal].

Para alguien ya conceptuado en 2019 como el diputado más rico de la Asamblea de Madrid –104.928,60 euros de retribución por el cargo público, un piso cuyo valor catastral supera los 400.000 euros y activos financieros por 1,4 millones– la normativa que regula la discriminación positiva de los más débiles para que paguen menos luz deja un hueco abierto: basta con tener el título de familia numerosa para acceder a las ayudas previstas. Y aquí no hay límites en lo que a renta se refiere.

Consultados por infoLibre, portavoces del Ejecutivo autonómico se limitaron a remarcar, ya por la tarde, que el vicepresidente continúa manteniendo el título de familia numerosa porque dos de sus cuatro hijos, ambos menores de 26 años, continúan estudiando y a su cargo. Y que, por tanto, cumple el requisito para ser beneficiario del bono eléctrico –que garantiza descuentos en la factura de la luz– y del bono térmico. Las mismas fuentes subrayaron que la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, fortaleció el concepto jurídico de familia numerosa para que los hijos menores no salgan perjudicados si la unidad familiar pierde los derechos adquiridos una vez se emancipen sus hermanos mayores.

La recepción del bono social térmico va encadenada a la del denominado bono social eléctrico, anterior en su puesta en marcha y que implica para sus beneficiarios un descuento mínimo del 25% en la factura eléctrica –desde noviembre de 2021 excepcionalmente del 60% y en 2023 del 65% por la guerra de Ucrania. Quienes disfrutan de esta ayuda deben renovarla cada dos años, salvo los que han accedido a ella a través de la tarjeta de familia numerosa, como es el caso del vicepresidente, que tienen derecho al descuento siempre que mantengan esa condición.

De hecho, el Real Decreto que regula la norma es claro: “Si cambian las circunstancias que le han dado derecho a percibir el bono social, está obligado a comunicárselo al comercializador de último recurso en el plazo de un mes desde que se produzca dicho cambio”, recoge la norma. Es decir, que Ossorio es el responsable de comunicar a la compañía eléctrica que ha perdido la condición de familia numerosa el día que esto ocurra.

De la misma forma, el bono térmico –creado en 2018 por el Gobierno de Pedro Sánchez– se concede año a año de manera automática a los que ya tienen el bono social eléctrico, aunque el ciudadano tiene la capacidad de renunciar a él si así lo quiere. Esta cobertura fue creada también "para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables", según señala la web del Ministerio de Transición Ecológica.

De lo anterior solo cabe inferir que en diciembre de 2020, el año de la pandemia, el vicepresidente de Madrid ya tenía concedido el bono social eléctrico. El silencio de Ossorio y sus portavoces tras las preguntas de este medio salvo en lo que respecta a su condición de familia numerosa impide saber en qué año solicitó el bono eléctrico y le fue concedido.

En el aire también quedó otra pregunta: la de si el vicepresidente, consejero y diputado autonómico madrileño que más patrimonio declara cree oportuno verse favorecido por un descuento (el bono social eléctrico) y una ayuda directa (el bono social térmico) dirigida a los realmente vulnerables. El último interrogante en espera de respuesta es el de si se ha planteado en algún momento renunciar al bono térmico, posibilidad que expresamente prevé el sistema de tramitación y concesión de esta ayuda. Hace justamente un año, Ossorio causó asombro y enfado tanto en las redes sociales como en la oposición cuando habló así sobre la pobreza: “El que sale a la calle y ve que le dicen «en Madrid hay tres millones de pobres», dice: ¿oye, y por dónde estarán?”. Días más tarde admitió que se había equivocado al pronunciarse en esos términos.

El único límite que tiene el bono social eléctrico es que el descuento del 25% en la factura de la luz solo se aplica sobre un consumo máximo de 4.140 kilovatios al año para familias numerosas, y una vez superado el resto de la electricidad deja de estar subvencionada. 

José Luis Sancha, investigador del sector eléctrico en la Universidad ICADE Comillas, destaca que este apoyo a las familias numerosas indiscriminado es una anomalía que debería haberse corregido en las numerosas reformas que han tenido estas ayudas, la última el pasado mes de octubre. “No es normal y hay una clara discriminación porque es el único colectivo sin criterio de renta”, opina el experto. 

El coste de los dos bonos energéticos lo cubre el grueso de los españoles. El bono social eléctrico lo financian las comercializadoras a través de los recargos que pagan los consumidores en la factura de la luz, a medias con las aportaciones que hacen los otros operadores del mercado, como los generadores o los distribuidores. Mientras que el bono social térmico va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y en 2022 la partida fue de 453 millones de euros. Según el último dato disponible, en septiembre del año pasado había acogidos al bono social con carácter de familia numerosa 348.000 hogares.

"El caso de Ossorio -subraya el catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense Julio González García- refleja lo poco que se entiende la cláusula del Estado social por el PP, que hizo la Ley del Sector Eléctrico en 2013". Y se entiende poco -argumenta el profesor- porque "no debe servir para dar ayudas a todos sino en aquellos casos en los que, como dice el artículo 9.2 de la Constitución, se promueva que “las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”; lo que claramente no ocurre en este caso".

"Los ricos -concluye González- deben quedar fuera. Pero también es obligación del dirigente público saber cuándo algo atenta contra la equidad. Y esto es un problema de ética pública".