El 30 de octubre de 2020 la Universidad Complutense, de acuerdo con sus Estatutos, adjudicó la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez por un periodo de cuatro años. Todo transcurría con normalidad y sin incidencia alguna hasta que el 24 de abril de 2024, casi cuatro años después, el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular es el juez Juan Carlos Peinado, recibe una querella del “prestigioso Gabinete jurídico Manos Limpias” y, sin valoración crítica alguna —como le impone la ley—, inicia unas Diligencias de Investigación interminables que están a punto de concluir. Es inexplicable que una cuestión de esta naturaleza haya estado salpicada de incidencias procesales sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. He escrito y hablado abundantemente sobre este asunto, por lo que solo haré alusión a aquellas decisiones más llamativas e insólitas, que incluso han tenido repercusión internacional.  

La entrada de un juez de instrucción en la sede del Poder Ejecutivo para preguntarle al presidente del Gobierno si es el esposo de la persona investigada, conculcando de manera deliberada las previsiones legales que le permiten declarar por escrito, es una demostración flagrante de su pérdida de imparcialidad o, lo que es peor, de su afán de crear una situación de confrontación política que alimente los ataques del partido de la oposición. Un juez debe conocer la realidad social y ser consciente de la repercusión mediática de una medida de esta naturaleza. Además, elige los tiempos en los que el impacto puede perjudicar los intereses de nuestro país en sus relaciones internacionales. No solo los medios internacionales más prestigiosos sino incluso otros más remotos, como el Indian Express, se hicieron eco de tan inusual como extraordinaria medida.  

Alentado por el entusiástico apoyo recibido de los medios de la derecha, decide repetir el numerito por segunda vez. En esta ocasión la escena cobra tintes de un sainete sin que ello disminuya la gravedad y la agresividad de la medida. Lo hace para tomar declaración al ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sin darle oportunidad de contestar por escrito o de requerirle para aclarar quién había nombrado a la asistente de Begoña Gómez. En esta ocasión, el desatino va precedido de unas declaraciones provocadoras. Pide un automóvil oficial porque la vez anterior había sido retenido para comprobar su identidad y además exige entrar por la puerta de entrada de los ministros.  

Lo que sucedió a continuación me recuerda a la conocida secuencia del camarote de los Hermanos Marx (Una noche en la ópera). El recinto donde se iba a desarrollar la escena estaba ocupado por las numerosas representaciones de las partes personadas. Sorpresivamente, y ante el asombro de todos, Peinado solicitó que se trajese una tarima para realizar el interrogatorio desde una posición de superioridad mayestática. Cundió el desconcierto porque tal artefacto no existía. Llamaron a unos carpinteros que manifestaron que necesitarían, como mínimo, una hora para construirla. Uno de los abogados presentes sugirió que se podía ir por un taburete a cafetería. Parece que no cuajó la idea y por fin los carpinteros concluyeron su trabajo. Fue portada a hombros por los esforzados artesanos que la depositaron para que pudiera comenzar el interrogatorio. El tono empleado por el juez rompió todas las normas de comportamiento que se exigen a un juez. Berlanga no hubiera mejorado la escena.  

Las decisiones estrambóticas podrían recogerse en un folleto de varias páginas. Pero vayamos al final de los acontecimientos. El guion da un giro copernicano y los miles de folios que se han gastado en vano pasan a tramitarse por la Ley del Jurado. En un auto de 11 de abril de 2026 realiza la trasmutación y deja un párrafo para la historia: “No podrá hallarse un supuesto de similares características pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este expuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por cierto ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII)”.

Llegamos al estrambote final. Acogiéndose a la Ley del Jurado, convoca la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la Ley del Jurado. En un Auto de 25 de mayo expone que: ”Los delitos antes citados (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación)… podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados tendente a eludir la acción de la Justicia, procede acordar que dichos acusados comparezcan personalmente, con apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza pública, al acto de la Audiencia Preliminar, a los efectos de, en su caso, celebrar la correspondiente comparecencia, con su presencia, en la que se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo mencionado, de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados".

Pocas veces una resolución judicial muestra tan descarnadamente la ignorancia, la parcialidad e incluso la animadversión del juez que la dicta. La audiencia preliminar no se puede celebrar sin que antes la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes. Podría darse la circunstancia de que las resoluciones coincidiesen con la fecha de su jubilación el próximo 27 de septiembre y ya no pudiera tomar medidas represivas y atentatorias contra el valor superior de la libertad.

En primer lugar, no es necesaria la presencia de las personas acusadas, ya que en dicho trámite se van a plantear cuestiones estrictamente jurídicas, como la proposición de pruebas, la procedencia de la apertura del juicio oral y la competencia del Tribunal del Jurado. El juez Peinado, de forma explícita, ya ha prejuzgado el caso sin oír a las partes y decidir sobre sus pretensiones. Él mismo ha puesto las bases para la nulidad del acto ya que de antemano ha vulnerado el principio de la tutela judicial efectiva.

Si decide la apertura del juicio oral, será el momento para convocar la vista necesaria para decidir sobre la procedencia de acordar la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar. No sé si entrará en sus previsiones, pero le recomiendo la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2002, en la que —remitiéndose a otras numerosas resoluciones— recuerda que estas decisiones que afectan a la libertad han de ser suficientemente razonadas, que no resulten arbitrarias y que respondan a un normal razonamiento lógico, debiendo verificarse que la decisión ha sido adoptada de forma fundada, razonada y completa.

Para rematar su desviada trayectoria decide, de forma innecesaria y vejatoria, que si no comparecen serán conducidas por la fuerza pública. Creo que si le queda un gramo de racionalidad estará convencido de que la esposa del presidente del Gobierno, una funcionaria y un empresario en delicado estado de salud no merecen este exabrupto judicial. Espero que el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales critiquen esta decisión. Nos va en ello el prestigio de la judicatura puesta en cuestión por un personaje al que afortunadamente le quedan unos meses para su jubilación.

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José Antonio Martín Pallín ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

El término “crédito” es muy versátil y genera paradojas semánticas al menor descuido. Uno de sus significados más habituales lo relaciona con el dinero, unidad métrica para cuestiones que van desde lo material tangible a lo etéreo conceptual. Este lastre semiótico se proyecta sobre diversas actividades llevadas a cabo por el ser humano a nivel individual y colectivo. En torno a este vocablo confluyen disciplinas tan dispares como la economía, la educación, la religión, las ciencias, las artes y algún otro etcétera inesperado.

La RAE asocia “crédito” a la economía (Cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución) y habla de crédito abierto, blando, extraordinario, presupuestario, público o sindicado. También propone locuciones como “a crédito”, “abrir un crédito” y “dar dinero a crédito”. Es habitual unir el término a otro para crear nuevos conceptos: cuenta de crédito, riesgo de crédito, tarjeta de crédito, títulos de crédito o transferencia de crédito. Admite como sinónimos préstamo, financiación o anticipo, pero descarta como tal la usura.

En su acepción 3ª, “crédito” se define como Reputación, fama, autoridad, y en la 6ª como Opinión que goza alguien de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga. La locución “dar crédito” equivale a creer (tener algo por cierto o verosímil, o a alguien por veraz) y “sentar, o tener sentado, el crédito alguien” a afirmarse y establecerse en la buena fama y reputación del público por medio de virtudes, letras o loables acciones. Es sinónimo de fama, reputación, renombre, prestigio, fiabilidad, credibilidad y confianza.

Relacionado con la percepción social de personas e instituciones, “crédito” cotiza en la bolsa de los vértigos, a menudo más próximo a interpretaciones interesadas que al rigor de la semántica. Es en este terreno donde adquieren más relevancia sus antónimos “descrédito” (disminución o pérdida de la reputación de las personas), “difamación” (desacreditación de alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama) y otros términos empleados para menoscabar honestidades y reputaciones.

Al margen del descrédito forzado por las acciones coordinadas de varios actores sobre la opinión pública para favorecer determinados intereses personales o grupales, es palmario el descrédito que dichas acciones, por sí mismas, ejercen sobre las personas e instituciones que las llevan a cabo. No es tanto el descrédito, por ejemplo, de Begoña Gómez como el que supone para la prensa, la Justicia y la Democracia la astracanada consentida al juez Peinado; y es demoledor el descrédito de las fuerzas de seguridad que fabrican pruebas, investigan de forma irregular a personas o partidos, o golpean a capricho.

Conviene tener cuidado con el descrédito intencionado que suele revolverse contra quienes lo promocionan como arma sin pudor alguno ni profilaxis. El descrédito de la política es consecuencia del ejercicio demagógico y polarizador continuo a cargo de los actores del régimen del 78. El descrédito de la religión proviene del comportamiento pecaminoso de jerarquías y feligresías. Y el descrédito de los Servicios Públicos es un crédito abierto de las derechas al sector privado a cambio de… no es tan difícil de imaginar.

Si la Justicia, la UCO y la UDEF se escandalizan porque alguien intenta desacreditarlas, debieran reaccionar de igual forma ante las injustificables maniobras de sus propios miembros, coordinadas con las de Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, la infame prensa afín y otras formas de manipulación proclives al temible ruido de sables.

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Verónica Barcina Téllez es socio de infoLibre.

El PSOE vive unas trémulas horas. En plena tormenta judicial. Y con noticias que impactan en la opinión pública como el requerimiento de información por parte de la UCO en la sede de Ferraz por la investigación de la Audiencia Nacional sobre Leire Díez y una supuesta trama para obstaculizar las investigaciones en los tribunales que afectaban al partido o al Gobierno. Días muy duros para los socialistas. Pero en el Palacio de la Moncloa y en la dirección del partido insisten en que se mantiene la hoja de ruta de acabar la legislatura en verano del año que viene.

Los últimos movimientos judiciales apuntan directamente al corazón del PSOE. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene en vilo al partido, con más intensidad aún tras la decisión de aplazar su declaración hasta el próximo día 17 de junio. Pero, además del caso Plus Ultra y de la investigación sobre Díez, también se ciernen estos días la situación del hermano del presidente, David Sánchez, cuyo juicio se inicia este jueves, y la de la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, citada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 9 para una audiencia previa.

Los miembros del PSOE y del Gobierno viven la situación de manera angustiosa. Por un lado, tratan de no abonar públicamente una teoría de lawfare, pero, a la vez, se extiende por muchas capas del partido la sensación de ser objeto de una campaña de derribo por parte de las derechas, bajo el espíritu redoblado este martes por el propio expresidente José María Aznar de “El que pueda hacer, que haga. Cobra más sentido que nunca”.

Esa sensación de intento de derribar al Gobierno es compartida en privado por muchos sectores del socialismo, que ponen como ejemplo que los primeros titulares de la mañana dieran por hecho que había un registro en la sede de Ferraz por una presunta financiación ilegal del partido, una pieza que hay en la Audiencia Nacional. Esto provocó el shock de la mayoría del partido con un Pedro Sánchez ajeno a la noticia al encontrarse reunido con el papa León XIV en el Vaticano.

Pero ese supuesto registro era el requerimiento de información por parte de la UCO ordenado por el juez Santiago Pedraz dentro de una investigación en torno a la exmilitante Leire Díez que ha derivado en una supuesta trama dirigida “a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban a este partido y al Gobierno”. Y el procedimiento va dirigido también contra el ex secretario de Organización Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el abogado Ismael Oliver y el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías (el hombre fuerte de Manuel Chaves en el PSOE andaluz durante décadas).

También afecta a piezas clave del socialismo como la actual gerenta, Ana María Fuentes, que ha sido imputada. Asimismo, bajo la lupa están Juanfran Serrano, miembro de la Ejecutiva y ex número dos de Cerdán en Organización, y Juanma Serrano, expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Sánchez durante la oposición.

A pesar del terremoto político, Sánchez mantiene su hoja de ruta de aguantar hasta 2027. Lo confesó ante durante su rueda de prensa en Roma después de ver al papa: lo “importante” es que hay estabilidad en el Ejecutivo y tienen que continuar los “avances” de la coalición. Todo ello bajo la idea de “total” colaboración con la justicia y admitiendo la “gravedad” de las investigaciones en curso. No obstante, el jefe del Ejecutivo no descarta tomar decisiones respecto a las personas implicadas según vaya avanzando el curso de la investigación. A pesar de estas horas tan duras, el espíritu de resistencia sigue instalado en el núcleo duro del presidente. Como señala un ministro muy cercano a Sánchez, los ánimos “están bien” para seguir adelante.

Este movimiento judicial se produce apenas unas horas después de que haya trascendido el sumario de la investigación que dirige en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama sobre el expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero. También en Moncloa y en Ferraz se mantiene el apoyo al expresidente, por orden directa de Sánchez, y se pone en valor la presunción de inocencia y el respeto a los jueces. 

A todo ello se suman dos casos que afectan personalmente al presidente del Gobierno. Su hermano se sienta en el banquillo de los acusados en el juicio que arranca este jueves, donde se estudiará si se cometieron los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por su contratación por parte de la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses.

Dentro de dos semanas, le tocará el turno a Begoña Gómez, a quien el juez Peinado ha citado el día 9 a una audiencia previa de cara al posible juicio con jurado popular por los supuestos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El instructor incluso amenaza en el auto con que podría ser conducida “por la fuerza pública” si no se presenta.

El presidente ha dejado claro públicamente que, a pesar de esta tormenta judicial, su intención es agotar la legislatura. Todo ello frente a un Partido Popular que se lanza a la yugular pero que no tiene intención de presentar una moción de censura contra Sánchez. La idea en Génova 13 es ir dejando que Sánchez se vaya ahogando durante semanas y meses. Alberto Núñez Feijóo no quiere dar un paso en falso de ir a una votación y perderla.

Por lo tanto, el Partido Popular trata de poner el foco en los socios de Gobierno para que dejen caer a Sánchez. La incomodidad en el bloque que apoyó al socialista es evidente, aunque, por el momento, la intención no es abandonar al jefe del Ejecutivo. El shock fue total en un primer momento cuando algunos medios apuntaban a financiación irregular, la línea roja marcada por los aliados, aunque luego se contuvo ese miedo al ver que se trataba del caso de Leire Díez.

Los partidos están desoyendo la posibilidad de una moción de censura del PP, que lleva aparejado el elemento tóxico para ellos de tener que unirse a Vox, algo que es muy complejo en territorios como Cataluña y Euskadi. No obstante, todos ellos siguen apuntando a que la línea roja está en la supuesta financiación irregular del PSOE. En ese sentido, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, advirtió de que si eso sucede, pedirían elecciones. Un sentimiento que comparten partidos como Compromís y el BNG. 

El PNV ya dejó clara su posición en los últimos días: elecciones a finales de este año. Coalición Canaria también apuesta por acabar pronto con la legislatura. Y en Junts recuerdan que debe ser Sánchez el que pulse el botón electoral. No obstante, los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, en un gesto muy simbólico, se abstuvieron el miércoles por la tarde en una moción presentada por el PP en el Senado para censurar los graves casos de supuesta corrupción del Ejecutivo. 

La UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés están a la espera de conocer el futuro de sus recursos contra el auto en el que el juez propuso juzgarles por un jurado popular.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

La contratación de Making Science Group, por su parte, se realizó "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto", si bien al detectarse "esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM".

Sobre la propiedad intelectual del software, el informe no aprecia que los responsables del proyecto siguieran el protocolo establecido por la Universidad para el registro de productos que pueden generar propiedad intelectual.

Y respecto a otros trámites como el registro de la marca y el alta del dominio para dar acceso público a la herramienta, tampoco dispone de "elementos" que "desprendan" que los responsables de la gestión, entre ellos Begoña Gómez, cumpliesen el protocolo interno. Estos dos procesos se cubrieron con fondos privados, en concreto, los costes de los que han comprobado su origen, por "la esfera personal" de Gómez.

Los agentes ven "vinculación" de Begoña Gómez con el software al haber participado "en los talleres promocionales de la herramienta", y sostienen que esta plataforma es de "carácter gratuito" y que los colaboradores afirman que es propiedad de la UCM.

Tras analizar las cuentas de Gómez entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.

Desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022, recibió 17.037 euros; en octubre de 2021, 10.157 euros; en diciembre de 2022, 5.090 euros; desde septiembre de 2022 a diciembre de 2023, cuatro pagos de 9.605 euros por parte de la Fundación de la universidad, que también transfirió el 18 de julio de 2023 170 euros. En total, 42.059 euros.

También incluye la UCO 37 abonos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, con la que Gómez "tuvo vinculación profesional", y el ingreso de un cheque de 8.800 euros a su nombre por el grupo empresarial Inmark, con la que también estuvo relacionada profesionalmente.

"Mención aparte" tiene, según la UCO, "determinados ingresos" de una de las cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, que fue administrada por Gómez.

El informe recoge que una de esas cuentas fue abierta en diciembre de 2023 y cancelada en febrero de 2024, con "una entrada y posterior salida" de 6 euros; la otra tiene 26 movimientos desde abril hasta noviembre de 2024, y cuatro abonos, dos de ellos procedentes de cuentas propias por 600 euros y otros dos el mismo día (14 de marzo) por 6.687,85 euros, procedentes de la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO encuentra "analogías" entre esta sociedad Transforma TSC (ya inactiva) y la plataforma, si bien cree que no hay "elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra", y pese a su "corto periodo de vida" (de noviembre de 2023 a junio de 2024), sostiene que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

El juez de Majadahonda (Madrid) a quien le correspondió la denuncia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, contra el agitador Vito Quiles por el incidente registrado el pasado 30 de mayo en un restaurante de Las Rozas ha decidido sobreseerla provisionalmente al no encontrar indicios de delito.

En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, el titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Majadahonda considera que tras el visionado de las imágenes aportadas a la causa "no se han podido acreditar hechos que posean relevancia penal" ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado, y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

"El visionado aportado no ha acreditado que haya existido tal zarandeo o que haya rodeado a la denunciante con el brazo", como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B.M. —su amiga— quien aparta al denunciado".

Respecto a la denuncia de esa amiga sobre unas lesiones que habría sufrido a manos del denunciado, "tras el visionado de las grabaciones" remitidas por la Policía "no se ha podido acreditar la existencia objetiva de tales lesiones", indica el magistrado en el auto.

El propio Quiles colgó en sus redes un vídeo editado en el que no se veía nada de lo ocurrido en el interior del establecimiento hostelero, sino solo del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo el agitador no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

Dos mujeres y un hombre que acompañan a Gómez intentan que deje de grabar y, según se aprecia en el vídeo editado por Quiles, finalmente una de ellas le insta a quitar "esa mierda" en referencia a la cámara que está usando para finalmente sujetarle el cuello por la espalda, a lo que él responde "que no me pegues" y "para".

El abogado Juan Gonzalo Ospina, que representa a Quiles, ha celebrado en declaraciones a EFE el archivo de la causa.

La defensa de Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer sentarla frente a un jurado popular, y ha vuelto a insistir en que se la está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".

Una denuncia que ya formuló en el recurso en el que pedía al juez Peinado revocar el auto en el que propuso juzgarla por un tribunal de jurado y que, tras el rechazo del magistrado, ahora vuelve a formular ante la Audiencia Provincial.

En su nuevo recurso, el abogado Antonio Camacho carga duramente contra el juez Peinado por despachar sus argumentos sin motivación alguna con una "copia mecánica" de la fundamentación jurídica que utilizó en otra de sus resoluciones.

Esa copia implica, según el abogado, que ninguna de las argumentaciones "ha recibido respuesta", y subraya que "una respuesta genérica o evasiva" supone, en la práctica, "silenciar" los argumentos de Begoña Gómez.

La defensa de Gómez solicitó recientemente dejar en suspenso el procedimiento mientras la Audiencia Provincial resolvía una serie de recursos pendientes, como el de la Fiscalía, contra la propuesta de Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés fuesen juzgados por un jurado popular.

Antonio Camacho, según expone en el recurso conocido este jueves, considera que Peinado ha incurrido "en una palmaria vulneración del deber constitucional de motivación", algo que lleva denunciando desde el inicio del procedimiento.

Pero también insiste en que no hay indicios en su contra y, al considerar que el juez no respondió a uno solo de sus argumentos, se remite a su anterior recurso para ir refutando, uno por uno, los cuatro delitos que el magistrado le imputa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Cuestiona, por ejemplo, que el juez intente vincular la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas de Begoña Gómez en su ámbito laboral, y que pretenda así "construir" el "relato" de un presunto tráfico de influencias.

Cuando, sostiene, "no fue el cambio institucional de su cónyuge lo que llevó a ampliar su actividad docente sino su experiencia previa", y recuerda que Begoña Gómez ya dirigía un máster en el Universidad Complutense desde 2012, cuando Pedro Sánchez no era "ni siquiera" secretario general del PSOE.

"Absolutamente falaz" considera la afirmación de que Juan Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez en el establecimiento de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense, cuando este empresario "no tuvo ninguna relación" con la misma.

Y subraya asimismo que Begoña Gómez declaró en calidad de testigo, y no de investigada, en las pesquisas que tiene abiertas la Fiscalía Europea sobre una serie de contratos adjudicados a una empresa de Barrabés.

En su recurso, donde habla de "relato falaz" del magistrado, asegura que "no se ha acreditado la existencia de una conducta activa destinada a influir en un funcionario público y no existe ningún beneficio económico" por parte de Begoña Gómez.

Defiende asimismo que no hay "ningún indicio" de corrupción en los negocios en torno a la financiación para la cátedra, de que se haya apropiado del software que se elaboró para la misma, ni de malversación de dinero público en el trabajo que desempeña su asesora para ella.

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez y ha insistido en enviar a un juicio por jurado popular a la mujer del presidente del Gobierno, tras procesarla y cerrar su instrucción el pasado mes de abril.

En concreto, en un auto dictado este pasado martes, Peinado rechaza los recursos de reforma interpuestos por Begoña Gómez y los otros dos imputados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, contra la decisión de enviar el procedimiento a un tribunal de jurado, en la que pedían además archivar la causa, una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

Como ha adelantado El Confidencial, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha confirmado así su decisión, tomada el pasado 20 de marzo, de que sea un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios en el sector privado y apropiación indebida.

Peinado cita su auto del pasado 11 de abril para reiterar los indicios contra los acusados y de esta forma repite su alusión, al abordar el presunto tráfico de influencias, a que para encontrar conductas similares a las que atribuye a la esposa de Pedro Sánchez "más propias de regímenes absolutistas", habría que remontarse al reinado de Fernando VII.

El juez considera que el procedimiento debe recaer en un tribunal de jurado porque el delito de tráfico de influencias se cometería "para perpetrar o facilitar la ejecución de los otros, y si se instruyeran o juzgaran por separado, se rompería la continencia de la causa" y niega que otros delitos imputados, fuera de la ley del jurado, sean más graves.

Contra este auto las partes pueden interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde ya recurrió la Fiscalía el procesamiento acordado por Peinado el pasado 11 de abril.

Además, pese a ha finalizado la instrucción, Peinado ha seguido la orden que le dio la Audiencia Provincial de Madrid el pasado 29 de abril y ha citado a un nuevo testigo el próximo 14 de mayo: José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes).

La acusación popular unificada pidió citarle al considerar su testimonio imprescindible para determinar la implicación de la asesora Cristina Álvarez en la gestión de actividades vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez y la Audiencia Provincial le dio la razón en un auto posterior al dictado por Peinado para procesar a Begoña Gómez.

El juez ha adoptado esta decisión en una providencia dictada también el pasado martes, cuando dictó varios autos y providencias más.

El futuro del procedimiento, con el que el juez quiere dilucidar si Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional", está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.

Será esta instancia, que debe resolver el recurso interpuesto por la Fiscalía, la que decidirá si se enjuician o no las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, sus relaciones con Barrabés o el presunto uso de su asesora pública para actividades privadas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha elevado este lunes a la Dirección de Comunicación del Congreso un escrito de denuncia en el que solicitan aclarar las circunstancias en las que el agitador Vito Quiles, acreditado como redactor literario en la Cámara Baja, grabó y subió a redes sociales un vídeo en el despacho de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Alma Alfonso.

En él, comentan que Quiles ataca a varios periodistas y amenaza a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acciones judiciales.

“Anuncio acciones judiciales contra Begoña Gómez y sus charo acompañantes por la violencia que sufrí ayer”, escribió en un tweet. “Me ha denunciado ella a mí, que soy la víctima”, comenta. Y añade: “Es una locura cómo os intentan hacer creer lo que vuestros propios ojos no han visto y quieren que os creáis lo que ellos dicen”.

La publicación del vídeo en la red social X tuvo lugar el pasado jueves, 30 de abril, dos días después de abordar a Gómez en un restaurante y perseguirla por los alrededores.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista recuerdan que “los redactores literarios no tienen autorización ni acreditación para realizar grabaciones de vídeo”, tal como recoge el precepto 3.2 del apartado I del Acuerdo de Mesa del Congreso de los Diputados, en desarrollo de lo previsto en el artículo 98 del Reglamento del Congreso.

Piden en esta denuncia que, en el curso de la instrucción, “se inquiera a la diputada Alma Alfonso y al GPP a expresar si dieron su autorización y estaban presentes (tal y como exige el Reglamento de la cámara) cuando Vito Quiles utilizó sus dependencias para verter sus amenazas”.

A la denuncia de los socialistas, Quiles ha respondido a través de X: “Hoy la polémica es que me tomé un café con una diputada en su despacho. Y lo denuncian los mismos que comen los miércoles con Patxi López y Rufián, que se van a hoteles con diputados, que son invitados por Illa a la Generalitat, que tienen su oficina en Ferraz, que se hacen fotos con Sánchez y que montan en el Falcon. Es imposible ser más cínico, más hipócrita y más falso”.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, formalizó este miércoles ante la Policía Nacional la denuncia contra el activista Vito Quiles por lo sucedido en un restaurante de Las Rozas (Madrid), aunque Moncloa no ha precisado el delito del que le acusa.

Fuentes del Gobierno han asegurado que no hubo ninguna "brecha de seguridad" durante el incidente, que se produjo cuando Quiles, según otras fuentes del entorno de Gómez, le impidió salir del establecimiento, acosándola.

Quiles después colgó en las redes sociales imágenes del altercado, no de lo que ocurrió dentro del restaurante, pero sí del momento en que Gómez logró finalmente abandonar el local.

En este vídeo se ve cómo el activista no deja de hacerle preguntas en voz alta sobre su asesora en Moncloa al tiempo que la persigue sin descanso, pese a que ella trata de evitarle mientras habla por teléfono.

Ante esta situación, el Gobierno manifiesta su preocupación porque este tipo de comportamientos, que llevan sucediendo tiempo, se puedan normalizar: "Esto no es normal, no es libertad de expresión, es intimidación y acoso".

Igualmente, las fuentes de Moncloa han insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede quitar importancia a estas actitudes, recordando que el PP invitó a Vito Quiles al cierre de su campaña electoral en Aragón.

Según han informado fuentes de La Moncloa, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presentar una denuncia contra Vito Quiles.

Desde Moncloa relatan que Gómez habría sido abordada por Quiles en el interior de la cafetería EsPanis en el municipio madrileño de Las Rozas cuando iba acompañada de dos amigas y el agitador ultra les habría impedido la salida del establecimiento.

Después de este incidente, Quiles ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que, tras perseguir a Gómez, sus acompañantes le agarran para que deje de grabarla.

En el vídeo difundido se puede ver cómo Quiles espera a la salida de la cafetería a Gómez y después la sigue por la calle haciéndole preguntas como "¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?" o "¿Usted utilizó una asesora que pagamos todos los españoles para sus negocios personales?".

En respuesta, las acompañantes de Gómez agarran por la espalda a Quiles demandándole que deje de grabar diciéndole frases como "Quita esa mierda" o "¿Eres tonto?".

En estos días las acusaciones y las defensas han presentado los escritos de conclusiones ante la Audiencia Provincial por la investigación e instrucción que ha llevado a cabo el juez Peinado contra Begoña Gómez para la que propone que sea juzgada por un jurado por cuatro delitos. Los escritos de unas y otras están tan alejados como la petición de condena de 24 años que pide HazteOir con el archivo de la causa que solicitan el Fiscal y la defensa. La causa, pues, se encuentra en la recta final después de dos años de una tormentosa investigación e instrucción del juez Peinado. La rapidez con la que se suceden la actualidad política española, europea e internacional y ahora la judicial española, que sin duda influyen en esta causa, hace arriesgado escribir sobre este asunto sin que deje las palabras inmediatamente obsoletas. 

He leído que la premio Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, escribe primero el título de sus novelas en un folio en blanco y el final ya lo tiene pensado. Yo opté por el mismo método, aunque dudé después si poner una interrogación. Al final, lo he mantenido. Es la filósofa Victoria Camps quien ha escrito un libro que tituló Elogio de la duda como la mejor actitud ante los extremismos, los antagonismos y todos los “ismos” que puedan aducirse, como quijotismo, sanchismo, trumpismo y corporativismo. ¿Y por qué la contundencia del título? Porque impera la polarización, a pesar de que muchos la detestan. Yo, en cambio, me atrevo a hacer un encendido elogio del concepto si es razonado y no visceral. Si la polarización, bien entendida, ayuda a paliar la desigualdad, cada vez más creciente en todos los niveles y a la que está sometida gran parte de la humanidad y el futuro de  nuestro planeta.

La investigación e instrucción seguidas a Begoña Gómez tienen dos vertientes, la judicial y la política, tan relacionadas entre sí que es imposible disociarlas. En el caso de Begoña Gómez, la investigación e instrucción han seguido el mismo plan y han caminado por los mismos derroteros de irregularidades (denunciadas constantemente por las defensas) que siguieron en el caso del exfiscal general, García Ortiz. Y, por tanto, tendrán el mismo final.

El poder, amparado en la independencia judicial y la separación de poderes, está en manos de los jueces en este caso. A Begoña Gómez se la sentará en el banquillo, frente a tantas opiniones y razonamientos externos, jurídicos, y a la impugnación de los hechos por el fiscal y la defensa. Por mi parte, añado un motivo específico en favor de su inocencia. A Begoña Gómez se le ha lesionado un derecho fundamental que tenemos todos: el derecho al trabajo, el derecho a ejercer una profesión con dignidad y competencia, con los medios a su alcance, sin que con la utilización de los mismos haya malversado recursos públicos ni se haya enriquecido. Se le ha degradado su dignidad y su libertad.

Los jueces de la Audiencia Provincial decidirán su enjuiciamiento, porque son muchos los delitos que le atribuye Peinado como para que se los borren de un plumazo. El precedente es decisivo. La Audiencia Provincial es un órgano jerarquizado jurisdiccionalmente por debajo del Tribunal Supremo y los jueces del Supremo les han marcado el camino. Si al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hirieron políticamente con la condena a García Ortiz, ahora, además, pretenderán herirle emocionalmente. Las relaciones entre la política y la jurisdicción muy a menudo no se rigen por las leyes sustantivas y los procedimientos sino por las dinámicas discrecionales de poder, como observamos internacionalmente. Me referiré posteriormente a este asunto.

En el caso de Begoña Gómez, los jueces de la Audiencia Provincial han resuelto recursos contra las decisiones del juez Peinado en los que se han movido haciendo pinitos. Dando una de cal y otra de arena. Por una parte, han decidido recursos de las defensas sin olvidar su corporativismo —que tienen muy arraigado—, y por otra, con el pensamiento puesto en sus expectativas como funcionarios públicos, que no son menores, pensando en su futuro y sus ascensos. En la actualidad, la política judicial es eminentemente conservadora y los méritos se premian más en este servicio. El runrún mediático y de opinión que oyen los jueces, así como las actitudes y declaraciones de algunos, influyen en sus decisiones, que oponen a un Gobierno que creen muy progresista. 

Dice Carlos Pérez Vaquero en su blog que, entre las numerosas acepciones de “ley” que incluye el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (como puede fácilmente comprobarse), figura esta expresión coloquial: “la ley del encaje”, definiéndola como “dictamen o juicio que discrecionalmente forma el juez, sin atender a lo que las leyes disponen”. Ya antes, Miguel de Unamuno publicó en 1921 un artículo muy crítico titulado precisamente “La ley del encaje”, en el que se refería a esta arbitrariedad. Pero mucho antes, hemos de recordar la fuente de la literatura universal de la que hemos bebido: El Quijote. Cuando don Quijote nombra gobernador de la ínsula a su escudero Sancho, entre otros muchos, le dice: “nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los ignorantes que presumen de agudos”. No es aventurado pensar, pues, que los jueces, en el caso de Begoña, dicten sus resoluciones no por lo que las leyes y los procedimientos establecen o disponen, sino por lo que ellos piensan discrecionalmente.

Para no hacer de mis palabras un imperativo categórico e incondicional, dudo que los jueces de la Audiencia Provincial decidan que Begoña sea juzgada por un jurado, como Peinado ha establecido como indiscutible. Peinado busca el espectáculo mundial. Nada satisfaría más su ego que se viera a Begoña ante nueve miembros del pueblo pendientes de los delitos de los que le acusa. Y más aún, si decidieran sin piedad. Veremos.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

En coherencia con toda su actuación en los dos años que ha durado la instrucción, la Fiscalía ha recurrido el procesamiento de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. El escrito que reclama a la Audiencia de Madrid el archivo definitivo del caso para todos ellos por no apreciar ninguno de los cuatro delitos que se les achacan –tráfico de influencias y corrupción en los negocios a los tres; apropiación indebida y malversación a Gómez y Álvarez– dibuja una instrucción insólita repleta de cambios de hechos y argumentos, confusión de hechos y valoraciones, resoluciones irracionales y pena de banquillo en lo que considera una "auditoría general" contra la mujer del presidente del Gobierno.

La denuncia al tribunal superior de todo ese catálogo de irregularidades se produce frente al auto con el que el juez 41 de Instrucción del Tribunal de Madrid puso fin a su investigación mandando a los procesados a juicio ante un jurado popular. "Esta resolución de 11 de abril", sostiene el fiscal de delitos económicos José Manuel San Baldomero, "es el resultado de la instrucción" en la que "a la vista de las resoluciones judiciales (...) no hemos entendido bien en muchos momentos qué se investigaba y cuál era el objeto de numerosas diligencias", añade. El fiscal advierte de que el juez cambia los hechos, los argumentos e incluso las referencias a sentencias del Supremo para justificar los delitos que aprecia. "Fruto de las alegaciones sobre insuficiencias o carencias de ciertos elementos o requisitos del tipo [el delito], se acude a nuevas reformulaciones de la secuencia de hechos y de las imputaciones realizadas", señala San Baldomero. Y el juez Peinado lo hace "siempre en pro de la continuación de la causa, sea por un título de imputación [por un delito] o sea por otro".

San Baldomero acusa a Peinado de actuar con un objetivo extraprocesal, el de causar daño a un imputado. Porque el auto recurrido, según sostiene el escrito, contiene "constantes y retiradas referencias a la fase de procesal en que nos encontramos", es decir, la instrucción, donde no se necesita acreditar pruebas sino exponer indicios. "Para tratar de solventar los problemas derivados de la ausencia de indicios mínimos y apuntando que son al menos bastantes para continuar el procedimiento", Peinado está "asumiendo implícitamente que no bastarían para una eventual condena, pero sí para continuar la causa, con la consiguiente pena de banquillo para los afectados", prosigue.

El recurso califica de "irracional" el auto de transformación en procedimiento del jurado (equivalente al procesamiento) que impugna. Y lo es, según el representante del Ministerio Público, porque mezcla los elementos de los distintos delitos que imputa a los procesados y vuelve a introducir aspectos que Peinado tuvo que sacar de su investigación, como los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea al ser financiados con fondos de la UE, investigación en la que Begoña Gómez fue llamada a declarar en marzo en calidad de testigo.

Al rebatir el supuesto delito de tráfico de influencias que Peinado imputa a los procesados, el fiscal acusa al juez de confundir "hechos y valoraciones". "Hay manifiesta y deliberada confusión de hechos a la hora de tratar de dibujar el delito de tráfico de influencias, fruto, quizás, de la inexistencia de los mismos", señala San Baldomero, que acusa a Peinado de presumir cualquier actividad de Begoña Gómez "como irregular, corrupta y delictiva, forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara" y convirtiendo cualquier conexión con otras personas en "una suerte de contaminación que extendiera dicho carácter delictivo". "La mera relación conyugal de Begoña Gómez" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no puede operar como una presunción que se traduzca en el prevalimiento e influencia, con relevancia penal, en toda su actividad, pretendiéndose que vaya impregnado siempre, además, del elemento doloso necesario para la comisión del ilícito", concluye el fiscal de delitos económicos.

El recurso vuelve a señalar algunas de las actuaciones más polémicas del instructor. "Se han acordado y practicado todo tipo de diligencias y actuaciones, algunas singulares, tan aparatosas en su realización como parcas y escasas en su motivación e ineficaces a los fines pretendidos". Y recuerda entre ellas "la declaración del presidente del Gobierno" y la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños "con visita a sus despachos oficiales". Pero también de "directivos de grandes corporaciones empresariales llamados a prestar declaración sin conocer exactamente en relación a qué ni por qué", continúa.

Después sigue sumando los sucesivos hitos de la cuestionada instrucción del caso. "Personas traídas como testigos y obligadas a declarar bajo juramento que pasaban a ser investigadas sin solución de continuidad", "un sinfín de testigos, imputaciones sin justificación y posteriormente dejadas sin efecto y cuyos testimonios se utilizaban en la propia imputación". La "exposición razonada fallida" contra Bolaños que el Tribunal Supremo descartó de plano al no encontrar "el más mínimo respaldo indiciario". "Entradas y registros sin justificación, posteriormente anuladas [como la de Barrabés]; meses sin resolver recursos a la par que se acordaban diligencias, algunas posteriormente anuladas; insistencia, persistencia en investigaciones sobre extremos rechazados...", relata. "Y pese a todo, creemos que no se ha hallado lo que se buscaba".

El escrito afirma que Peinado ha puesto en marcha "una suerte de auditoría general" sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió la esposa del presidente del Gobierno en la Complutense para lo que indagó, no solo su ausencia de titulación (no era necesario tenerla), sino también sus "retribuciones, contribuciones, contratación pública en ese ámbito, firma de pliegos, personal, y sobre toda la actividad de la misma y del personal que le rodeaba o que había tenido algún tipo de relación con la referida cátedra". También los "correos electrónicos de diversas cuentas públicas y privadas, números, llamadas, indagación sobre el número de alumnos de los masters, identidades, cantidades pagadas, investigaciones bancarias, consultas sobre todas las cuentas (...), listado de sus viajes al extranjero"...

Todo ello para, después de dos años, no haber podido encontrar un solo hecho que sea constitutivo de infracción penal, según el recurso del Ministerio Público.

Hace unos días me desperté cantando este tema de Siniestro Total. Luego puse la radio y escuché que el juez Peinado –juez no por oposición sino por la vía de méritos ya eliminada– había cerrado la instrucción sobre el 'nocaso' Begoña Gómez. El magistrado, a la sazón padre de una concejala del PP en Pozuelo, decidía llevarla a juicio por cuatro delitos después de años de investigación prospectiva y varios zascas de instituciones superiores por haber puesto en la balanza de la justicia prejuicios y no pruebas. ¡Dentro hemeroteca! 

Enero de 2025. La Audiencia de Madrid anula el registro del domicilio y de las oficinas del empresario Juan Carlos Barrabés y el análisis de su móvil porque entendió que Peinado no “apoyó esas medidas en elementos objetivos indiciarios”. O sea, humo con membrete oficial.

Mayo de 2025. La Audiencia desimputa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y a Juan José Güemes, y le recuerda a Peinado –por tercera vez– que “el rescate de Air Europa quedaba fuera del objeto de la instrucción”. 

Julio de 2025. Peinado eleva una exposición razonada para implicar al ministro Bolaños por falso testimonio y malversación. El Tribunal Supremo la archiva “al no apreciar indicios de delito”. Era pura literatura fantástica editada por un juzgado con sesgo.

De octubre a diciembre de 2025, la Audiencia de Madrid interviene tres veces. Primero revoca la apertura de una pieza separada por malversación en el nocaso Begoña, rechazando que Peinado abra un segundo frente procesal. Después archiva la imputación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque se basaba en “meras suposiciones”. Y es que la toga no es la capa mágica de Harry Potter. No convierte intuiciones calenturientas en indicios.

Por último, anula la orden de reclamar a Moncloa los correos electrónicos de Begoña Gómez durante siete años porque “la medida no estaba bien motivada y vulneraba los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad”. 

Febrero de 2026. La Audiencia anula la decisión del juez Peinado de enviar la causa contra Begoña Gómez a un proceso con jurado popular, reprochándole “falta de fundamentación y la ausencia de un relato mínimamente argumentado con indicios verosímiles”. Y es que culpar sin poder probarlo es como elevar a la categoría de artículos del Código Penal los comentarios a un post en Facebook. 

Abril de 2026. La Audiencia de Madrid rechaza el testimonio de Aldama que pide el juez Peinado en el nocaso Begoña Gómez al considerar que solo aportaba "hipótesis o conjeturas sin utilidad penal real". Es decir, “no tengo pruebas, pero soy creativo y del PP”.

Una cosa es que la justicia sea ciega y otra muy distinta que algunos jueces avancen a tientas. Porque sucede que tropiezan siempre en la misma dirección. 

¡Ah! Y lo que cantaba Siniestro Total era 'Ayatollah no me toques la pirola'. Me empieza a fallar la memoria.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos, y ha vuelto a solicitar que se archive la causa contra ella y contra los otros dos investigados en la causa.

Según informa en un comunicado la Fiscalía de Madrid, el Ministerio Público ha interpuesto este recurso en el que solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, para Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, como ha venido defendiendo a lo largo de todo el proceso.

El fiscal pide que se acuerde "respecto de todos los delitos y respecto a todos los investigados afectados, el sobreseimiento libre de las actuaciones conforme al artículo 637.2 LECRIM, al no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

Subsidiariamente —como segunda opción— solicita el sobreseimiento provisional "al no resultar debidamente justificada la formación del delito que dio lugar a la formación de la causa". Por el momento no ha trascendido más sobre el contenido de este recurso ante la Audiencia madrileña.

Además la Fiscalía ha presentado este miércoles un escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que interesa de nuevo el sobreseimiento libre de las actuaciones y añade que, en caso de que la Audiencia Provincial entienda procedente la apertura de juicio oral, se dé traslado al fiscal, nuevamente, para que formule escrito de conclusiones provisionales "absolutorias".

El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid dio por cerrada la instrucción en un auto fechado el 11 de abril en el que propuso juzgar con jurado a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El magistrado, que archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, continuó asimismo el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

Y dio un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral —con un jurado popular— y presenten sus escritos de conclusiones.

Este lunes la acusación popular, coordinada por Hazte Oír, presentó su escrito de conclusiones, en el que solicita para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los cuatro delitos que propuso el juez, así como 22 para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés.

Paralelamente el letrado de Begoña Gómez presentó un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

En este escrito el abogado Antonio Camacho ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

La investigación que el juez Juan Carlos Peinado acaba de concluir contra la esposa del presidente del Gobierno ha recibido duras críticas en el propio sistema judicial –ha sido vapuleada por el Tribunal Supremo, y corregida por defectos gruesos en la Audiencia de Madrid– y de la academia, en la que varios catedráticos han calificado la instrucción –en la que no se ha encontrado el mínimo indicio de enriquecimiento por parte de Begoña Gómez y el resto de imputados– de "impresentable" o "puro humo". El CGPJ, además, mantiene abierta una investigación disciplinaria contra el instructor por su estrambótica toma de declaración en Moncloa al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y su intento de implicarlo en el caso, que el Alto Tribunal rechazó "ante la absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".

El grado de polémica judicial, académica y social que ha generado la actuación de Peinado –que contrasta con el silencio y el consenso general frente a otras causas de corrupción que afectan al PSOE, como el caso Koldo– no le ha impedido llevar sus pesquisas hasta el final. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños –que ha sido una de las víctimas de las maniobras del instructor– en las que aseguraba que jueces y magistrados se avergüenzan de su actuación, han provocado de nuevo una reacción airada de la derecha judicial y política, que ha vuelto a hiperbolizar sobre el supuesto peligro para la separación de poderes y la independencia judicial que supondrían las manifestaciones del actual titular de Justicia y otros ministros y ministras.

Uno de los jueces en activo que se han pronunciado de esa manera es el miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y colaborador del diario La Razón, Enrique López. En un artículo publicado este domingo titulado Aquelarre contra un juez incómodo, el magistrado llegó a decir que el Consejo de Ministros se había convertido en una "parodia". "Una cosa es criticar una resolución y otra muy distinta convertir la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en una ceremonia de deslegitimación de un juez de instrucción", escribió López. Eso es lo que hemos visto: un aquelarre político tan grave como fútil, y tan fútil como ridículo. Una escena que, por su exceso verbal, por su sobreactuación y por su pretensión de convertir al juez en acusado, rebajó el Consejo de Ministros a la categoría de parodia institucional".

El artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces y magistrados "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos". Las censuras al Gobierno del PSOE y Sumar escritas por el magistrado vienen de una persona aupada sistemáticamente por el PP para cada uno de sus cargos. Fue propuesto por ese partido como vocal del CGPJ en 2001, cargo que ocupó hasta 2008. En 2013, el partido que entonces lideraba Mariano Rajoy lo impuso como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, puesto que tuvo que dejar solo un año después tras ser interceptado por la policía por saltarse un semáforo con su moto, que conducía sin casco y quintuplicando la tasa de alcohol permitida al volante.

A su vuelta a la Audiencia Nacional retornó a su destino en la sección tercera de la Sala de lo Penal, a la que correspondía juzgar el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que ha afectado al PP. Su implicación con el partido había sido tal hasta ese momento, que sus compañeros de Sala decidieron en 2015 apartarlo del tribunal que juzgó la Época I de la macrotrama corrupta. La que terminó por llevarse por delante, en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, al Ejecutivo de Rajoy en junio de 2018 tras la condena al partido como responsable a título lucrativo y las acusaciones que se vertían en la resolución sobre las supuestas mentiras vertidas por el entonces presidente del Gobierno durante su declaración como testigo.

Es público, además, que López ha tenido, durante años, carné del PP. El 20 de agosto de 2019 fue nombrado consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Terrorismo en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pasando a actuar como su mano derecha. Cinco meses después, el entonces presidente del PP, Pablo Casado, lo nombró secretario de Justicia y Administraciones Públicas de la formación. López, sin embargo, cayó en desgracia tras posicionarse con Casado en el duelo que este último mantuvo con Ayuso y que terminó con su dimisión. Con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la dirección, López dejó su cargo orgánico en el partido, y dos años después el 26 de junio de 2023, el de consejero. Tras ello, se dio de baja en el PP y volvió a la Audiencia Nacional.

La repercusión de su tribuna en un diario de tirada nacional ha sido amplificada por el juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara, que ha reposteado parte de su texto incluyendo los nombres de usuario en X de los tres ministros que participaron en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros –Félix Bolaños, Elma Saiz y Óscar Puente– y que no estaban en el artículo de López. Ruiz de Lara fue eximido hace semanas por la comisión disciplinaria del CGPJ después de que se abriera expediente disciplinario contra él por insultos proferidos a Pedro Sánchez, al que llamó "golpista", "antisistema" y "autócrata", y a su esposa, Begoña Gómez, precisamente enjuiciada por Peinado, y a la que calificó de "Barbigoña". La mayoría conservadora de la comisión hizo valer que se trataba de una "inocentada" y que estaba amparada por su libertad de expresión.

El artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial califica como "falta grave" castigada con multa de 601 a 6.000 euros la de "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de ella". Enrique López inició sus colaboraciones periódicas con La Razón nada más dejar el Consejo y tomar posesión de su destino como magistrado en la Audiencia Nacional. Solo los responsables de ese medio pueden explicar si, desde entonces, le dan espacio por su trabajo en uno de los tribunales más importantes de España.

El CGPJ casi siempre concluye que los jueces que aparecen en medios y aprovechan sus colaboraciones para descalificar a personas, cargos públicos, partidos e instituciones desde ellos, participan como cualquier ciudadano particular y en uso de su derecho fundamental a la libertad de expresión. La misma libertad de expresión que López y Ruiz de Lara niegan al Gobierno para criticar a sus compañeros de profesión.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia de Madrid contra la instrucción llevada a cabo por el juez Juan Carlos Peinado en el que pide que se declare la nulidad de su decisión de cerrar la investigación y procesarla.

Gómez ha elevado ese escrito tras la decisión de Peinado de terminar la instrucción del caso y proponer juzgarla por cuatro delitos junto a su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, ve vulnerados los derechos fundamentales de Gómez, sobre todo su derecho a la defensa, niega que existan indicios sólidos sobre ninguno de los cuatro delitos y cuestiona que el juez proponga juzgarla por un tribunal de jurado sin argumentarlo.

Por su parte, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha presentado un escrito de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que insiste en que se archive la causa contra ella y argumenta que no puede ser juzgada con jurado.

El escrito de Gómez cuestiona que el juez haya dado por terminada la instrucción antes de tiempo, sin permitir a las partes pedir nuevas pruebas y sin esperar a que se resuelvan los recursos sobre autos anteriores, una "evidente" vulneración del derecho de defensa.

Sobre los delitos que atribuye el juez a Gómez, el escrito se centra en el tráfico de influencias y recalca que lo sustenta en la tesis de que Gómez aprovechó su relación con el presidente del Gobierno para influir en el rector de la Universidad Complutense para crear una cátedra, pero "no aporta un solo indicio de que esto realmente se haya producido".

De hecho, arremete contra la mención que hace el juez a que Gómez cobró por esa cátedra, lo que refleja "o una falacia consciente o el máximo desinterés por lo que le han relatado todos y cada uno de los funcionarios de la UCM que han acudido a prestar declaración: todos han sostenido que la Cátedra era totalmente gratuita y la normativa que la regula así lo establece".

"Da la sensación de que se pretende llegar a un objetivo, aunque sea a costa de masacrar la verdad", añade la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.

Un planteamiento similar hace al respecto de las alusiones de Peinado a los patrocinadores de la cátedra como una "fachada" de una retribución encubierta "por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno".

A su juicio, esa afirmación no es prueba de nada, tampoco un indicio, sino una hipótesis relacionada con el presidente del Gobierno, "que ha pasado a ser la persona que está detrás de todas las tesis del instructor en su objetivo de construir una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación, casi 30 tomos de causa y decenas y decenas de declaraciones prestadas".

Insiste el escrito en subrayar la "valoración meramente subjetiva" del juez, quien "convierte su conjetura personal en un elemento pretendidamente incriminatorio". "No se interpretan hechos. Antes bien, se recrea subjetivamente la realidad para darle una inexistente apariencia de ilicitud penal", sostiene.

Se queja, en este sentido, de que atribuya el delito de tráfico de influencias a Gómez solo por ser esposa del presidente del Gobierno y de que tenga en cuenta que se reunió con sus interlocutores en el Palacio de la Moncloa, obviando que es su domicilio.

También cuestiona que Peinado haya decidido llevar el procedimiento a un tribunal de jurado sin razones suficientes para hacerlo y sostiene que, en realidad, el juez adapta la realidad y estira los tipos penales para que encaje el caso. 

Tras dos años de vaivenes, excesos y polémicas decisiones, la cuestionada investigación sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toca a su fin. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acordó este lunes continuar el procedimiento contra Begoña Gómez, su asistenta Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El paso dado, equivalente al procesamiento, empuja a la pareja del líder del Ejecutivo hacia el banquillo de los acusados. Ahora bien, ni es definitivo ni asegura un juicio inminente.

Todo el mundo daba por hecho que Peinado trataría de dejar cerrada la causa antes de jubilarse –el próximo 27 de septiembre cumple 72 años, edad que lleva aparejada el retiro forzoso–. Y el auto dictado esta semana va, precisamente, en esa dirección. Una resolución que, sin embargo, aún no es firme. Contra la misma aún cabe recurso ante la Audiencia de Madrid, que en estos dos años ha avalado buena parte de las pesquisas pero que también ha corregido al instructor en repetidas ocasiones. Apelación cuya resolución puede tardar aún varios meses en llegar. Sin ir más lejos, en enero el órgano judicial superior anuló varios autos que habían sido dictados a finales de septiembre y principios de octubre. Es decir, tres meses de demora.

Del pronunciamiento sobre los esperados recursos que haga la Sección 23 de la Audiencia de Madrid, que ha tutelado de principio a fin toda la instrucción, dependerá el futuro del procedimiento. Y las posibilidades que se abren son múltiples. Desde que comenzó la investigación, la defensa de Gómez y la Fiscalía han solicitado en repetidas ocasiones el archivo de la causa por falta de indicios. Un carpetazo que, sin embargo, parece complicado a la vista de la posición mantenida hasta el momento por los magistrados de la Sección 23, quienes han ido avalando, a grandes rasgos, la causa construida. Incluso, alrededor de la malversación.

Los magistrados también podrían, por ejemplo, permitir la continuación del procedimiento pero no por todos los delitos, en caso de que no vieran claros los indicios plasmados por el magistrado, o su encaje en torno a alguno de ellos. U obligarle a redactar un nuevo auto si consideraran que el del lunes, con una extensión muy superior a la que ha caracterizado a las resoluciones en este procedimiento, no está mínimamente argumentado –algo que ya hicieron, por ejemplo, con el de transformación de la causa en proceso con jurado–. Incluso, podrían anular el auto porque en el mismo se acuerda la práctica de nuevas diligencias, algo que, alegan las defensas, iría en contra de la Ley del Tribunal Jurado.

Otra posibilidad es que avalen la resolución de Peinado en su totalidad, allanando así el camino hacia el banquillo de Gómez y el resto de investigados. Con el visto bueno de la Sección 23, el instructor podría dictar ya auto de apertura de juicio oral, que según el artículo 32.2 de la citada ley no sería recurrible. Y el expediente se mandaría a la Audiencia de Madrid para la celebración del juicio, que suele tardar alrededor de medio año en celebrarse. Así ocurrió, por ejemplo, con Ana Julia Quezada, la asesina de Gabriel Cruz: el juez acordó la apertura de juicio en marzo de 2019 y la vista se desarrolló en septiembre de ese mismo año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado sobre su esposa, que "la justicia haga justicia", y por ello se ha mostrado convencido de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio", según recoge EFE.

Sánchez se ha referido a la decisión del juez Peinado de cerrar la instrucción y mandar a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos en la rueda de prensa que ha ofrecido en Pekín tras la reunión que ha mantenido en el Gran Palacio del Pueblo con el presidente chino, Xi Jinping.

Una reunión a la que ha seguido un banquete oficial invitación de Xi y al que ha asistido Begoña Gómez, ya que ha acompañado a su esposo en este viaje a China y ha participado en otros actos incluidos en la agenda del presidente del Gobierno.

Después de que el juez Peinado haya cerrado la instrucción de la causa contra ella y haya propuesto juzgarla por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, Sánchez se ha limitado a pedir a la justicia "que haga justicia" y ha insistido en su idea de que el tiempo pondrá "todo y a todos en su sitio".

"Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner a todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más", ha subrayado.

Al plantearle si comparte las críticas que se han vertido desde el Gobierno a la decisión del juez, entre ellas por el hecho de que haya actuado en este caso cada vez que Begoña Gómez ha viajado al extranjero acompañando a su marido, Sánchez ha señalado que no tenía nada más que decir al respecto.

El Gobierno ya expresó este lunes su indignación por el auto del juez y por algunas frases del mismo que fuentes de Moncloa consideraron que son impropias de la democracia, las instituciones y la separación de poderes.

Entre ellas en las que Peinado dice que "las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal".

Además, el Gobierno consideró que no es casual que eligiera este momento para emitir el auto justo cuando Begoña Gómez se encuentra fuera de España acompañando a Sánchez, y recordaron que ya ha actuado de la misma forma en otros viajes anteriores.

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se mostró convencido de que un tribunal superior revocará la resolución porque "donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer".

Bolaños añadió que esta instrucción "ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados" y que el daño que se ha hecho con ello a la justicia puede ser irreparable en muchos aspectos.

Tras conocer en la tarde del lunes la decisión del juez Peinado, Sánchez y su esposa mantuvieron con normalidad su agenda en China, y después de asistir a los actos de carácter oficial previstos, ambos cenaron en Pekín en un restaurante. Este martes, además de asistir al banquete ofrecido por Xi, Begoña Gómez volverá a acompañar al jefe del Gobierno en la cena oficial organizada por el primer ministro chino, Li Qiang. 

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según informa EFE.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros. 

Ahora, da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -con un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense en un auto en el que afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirma.

Sostiene que, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a la cátedra y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir, apunta el magistrado.

En cuanto al delito de corrupción, considera que fue "la impulsora de la captación de fondos privados e, indiciariamente, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal", para lo cual ofrecería como "contraprestación" la ventaja competitiva de las empresas, todas ellas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública.

Así, el patrocinio o la financiación de la cátedra "pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada".

También propone Peinado juzgar a Gómez y a Cristina Álvarez por malversación por los servicios prestados por la segunda a la primera como asistente personal siendo funcionaria retribuida con fondos públicos asociados a Presidencia del Gobierno.

Considera que Gómez fue "inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío" de dinero, pues "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto".

El magistrado cree asimismo que hay razones suficientes para juzgar a Gómez por apropiación indebida por registrar como propio el software desarrollado en la cátedra de Transformación Social Competitiva.

Archiva por el contrario el procedimiento en relación con el quinto delito, el de intrusismo, por la firma de Gómez de un pliego de condiciones, aunque cuestiona que la Complutense -"tan rigurosa para algunas cuestiones administrativas-" en este caso se limita a afirmar que puede firmar cualquier responsable de la cátedra".

"Para lo que, como se ha comprobado solo hay que tener determinada relación (sirviendo la conyugal) con un tercero que ostente en un determinado momento una parcela de poder que puede llegar a ser utilizada de manera poco ortodoxa, no pudiéndose descartar que podemos encontrarnos ante la denominada 'Corruptio optimi pessima'" ('La corrupción de lo mejor es la peor'), afirma en alusión al proverbio latino que subraya la mayor gravedad de la corrupción de los altos representantes.

La vista fijada por el juez Juan Carlos Peinado este Miércoles Santo para avanzar con el caso Begoña Gómez por los trámites de un jurado popular ha tenido el mismo desenlace que las dos anteriores: los investigados no han acudido, el fiscal y las defensas han pedido el archivo, y las acusaciones populares, seguir adelante, informa EFE

La cita de este miércoles, que se ha alargado dos horas y media, es la tercera vista de estas características que convoca el juez Peinado, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le instase a acumular todos los delitos que investigaba en un mismo procedimiento y a motivar mejor su apuesta por que sea un jurado popular quien, en caso de llegar a juicio, juzgue los hechos.

Y es la segunda vez que el juez Peinado cita en esta causa un Miércoles Santo; el año pasado acudió a Moncloa para interrogar como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Como estaba previsto, a la vista no han acudido ni Begoña Gómez ni los otros dos investigados —su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés—, y las partes han mantenido sus posiciones, según informan a EFE fuentes jurídicas.

El fiscal y las defensas han expuesto la ausencia de indicios para continuar el procedimiento, en contra de la tesis de las acusaciones populares, unificadas en la organización Hazte Oír, que han solicitado practicar más diligencias, según las fuentes.

A la salida de los juzgados, la abogada de Vox Marta Castro ha denunciado ante los periodistas que durante esta vista han tenido que "escuchar los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación", al tiempo que ha reprochado la "obstinación" de la Fiscalía al mantener la petición de archivo por entender que no hay ningún indicio.

"Hay pruebas suficientes como para pasar a la siguiente fase y eso será lo que en los próximos días el juez tendrá que decidir", ha opinado la abogada, y ha añadido que la acusación popular unificada ha pedido pruebas para completar el análisis del caso.

A punto de cumplirse dos años de instrucción, el juez Peinado considera que Begoña Gómez habría aprovechado "su proximidad al presidente del Gobierno, como su esposa, para ofrecer favores o influencias a cambio de contraprestaciones encaminadas a proyectar su carrera profesional".

En concreto, ve indicios de delito en las conductas adoptadas por Gómez para impulsar y financiar una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, en sus relaciones con Barrabés —adjudicatario de contratos públicos— y en el trabajo que prestó presuntamente su asesora para las actividades académicas de la mujer del jefe del Ejecutivo, pagada con fondos públicos.

Investiga a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.