Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que ha dejado la defensa del que hasta ahora ha sido su abogado, Antonio Camacho, y que será el letrado Jaime Campaner quien le asistirá en la causa en la que está acusada de tráfico de influencias y malversación.

El nuevo abogado ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 41 de Madrid en el que comunica que ahora representará a la mujer del presidente del Gobierno en la causa en la que está pendiente de apertura de juicio con jurado, según informan a EFE fuentes próximas a Begoña Gómez.

Antonio Camacho, exfiscal y exministro del Interior, ha defendido a Begoña Gómez desde que arrancó la investigación por una denuncia de la organización Manos Limpias, el 16 de abril de 2024, y ha suscrito decenas de recursos contra las decisiones del magistrado Juan Carlos Peinado.

A las puertas del auto de apertura de juicio oral, que desembocará en el señalamiento de un futuro juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Gómez, de común acuerdo con Camacho, han trasladado al juzgado que a partir de ahora su defensa jurídica será asumida por Jaime Campaner. La mujer del jefe del Ejecutivo ha trasladado su gratitud hacia Camacho y todo el trabajo realizado estos años, según las fuentes consultadas, que destacan su rigor y entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil, en el que su buen trabajo ha sido fundamental.

Jaime Campaner, socio director del despacho Campaner Law, está especializado en derecho penal y procesal penal, y tiene un doctorado en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Entre las causas judiciales en las que ha participado destaca el juicio contra el expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos, siendo Campaner la defensa de Josep Pujol Ferrusola. Un proceso que está pendiente de sentencia. También participó en el juicio del caso Nóos, donde defendía al asesor fiscal Salvador Trinxet; y representó al FC Barcelona, con la presidencia de Joan Laporta, en la auditoría sobre la gestión de la anterior junta directiva.

Ha representado asimismo al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, en su acusación en el procedimiento contra el excomisario José Manuel Villarejo por los encargos de Repsol y Caixabank para frenar el intento de toma de control sobre la petrolera por Sacyr y Pemex. Hace unos meses, el comisario fue absuelto de esta causa.

La causa judicial de Begoña Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se encuentra ahora mismo a la espera de los escritos de defensa, después de que la acusación popular, que coordina Hazte Oír, pidiese 13 años para la primera y 6 para la segunda; y la Fiscalía anunciase que solicitaría la absolución.

La Universidad Complutense de Madrid, por su parte, reclama a Begoña Gómez más de 113.000 euros de responsabilidad civil en relación al software creado para la cátedra que codirigió la mujer del presidente del Gobierno en el centro universitario.

Pedro Sánchez atribuye las causas judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a una intencionalidad política compartida por el PP y Vox. Lo hizo durante la comparecencia semestral de balance de la acción de Gobierno.

Sánchez recordó que, en el caso de su hermano y de su esposa, no ha sido la Fiscalía la que ha impulsado las causas. “Fíjese, es curioso, porque en el caso de mi familia, de David Sánchez y de Begoña Gómez, la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento —en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, de un supuesto delito de malversación— y no ha sido requerida la Abogacía del Estado, que en teoría está para defender los intereses de la Administración pública”, afirmó.

El presidente añadió que, ante la ausencia de estas dos instancias, son las acusaciones populares las que sostienen ambos procesos. “Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Las acusaciones populares”, dijo.

Sánchez afirmó que detrás de esas acusaciones hay una intencionalidad política. “Es evidente que hay una intencionalidad por parte de estas acusaciones populares y, por cierto, por parte también de partidos políticos, de Vox, del Partido Popular, que se presentan con acusaciones populares”, subrayó.

El presidente describió la actuación de ambos partidos en los tribunales: “La única propuesta que hacen, que se conoce durante estos años, es elevar penas de cárcel. Esas son las propuestas que están haciendo. Ese es el tipo de oposición que tenemos”, se quejó. 

Preguntado acerca de si actuaría igual en 2018, cuando presentó una moción de censura contra Mariano Rajoy, a la vista de los acontecimientos que han afectado al exministro José Luis Ábalos, Sánchez remarcó las diferencias entre la gestión de los casos de corrupción del PSOE y la del PP con la trama Gürtel. “Yo le ofrecí al señor Rajoy que asumieran las responsabilidades políticas, porque no asumieron ninguna. Al contrario, lo que hizo fue encubrir y proteger una corrupción sistémica que afectaba a su partido”, dijo.

Y contrapuso esa actuación con la de su propio partido. “En el caso del Partido Socialista, cuando ha habido el más mínimo atisbo, lo que hemos hecho ha sido actuar con contundencia. Creo que hay una enorme diferencia entre unos y otros”, sostuvo.

El presidente insistió en que la comparación entre partidos no se limita al pasado. “Hay múltiples casos, no solamente del pasado, sino actuales, en relación con el Partido Popular y con la ultraderecha de Vox, que también nos dicen cómo actúan unos y cómo actúan otros cuando, por desgracia, emergen casos de corrupción como el que nosotros también hemos sufrido”, afirmó.

Sánchez pidió no reducir a su hermano y a su esposa a su parentesco con él. “Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse”, afirmó.

El presidente detalló incluso la trayectoria académica de su hermano. “Uno es mi hermano, David Sánchez, licenciado en Económicas por ICADE, licenciado en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad Rusa de San Petersburgo, donde vivió seis años; habla perfectamente ruso e inglés. También habla francés e italiano”, explicó.

Sánchez defendió su derecho a recurrir la sentencia que le condenó por inhabilitación. “No es mi hermano solo; es fundamentalmente David Sánchez y, por tanto, él, en un sistema garantista como el nuestro, tiene todo el derecho a recurrir esta sentencia que considera injusta. Esperemos que otras instancias le den la razón, como yo le defiendo también”, dijo.

Sánchez trasladó el mismo argumento al caso de su esposa, investigada por un supuesto delito de malversación. “Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Llevaba ya más de diez años trabajando en su empresa”, relató.

Y explicó por qué Begoña Gómez dejó su puesto profesional al llegar él a La Moncloa. “Cuando dejó su empresa fue en el año 2018, cuando yo entré a ser presidente del Gobierno. Renunció a su empresa para evitar cualquier conflicto de interés y cualquier problema que pudiera surgir, aunque fuera artificial e intencionado, por parte de intereses que hoy, a través de las acusaciones populares” se están confirmando, afirmó.

Sánchez recordó también la trayectoria académica previa de su esposa. “Era una profesional antes de que yo la conociera. Antes de que yo fuera secretario general del Partido Socialista, colaboraba en la Universidad Complutense con algunos másteres y estudios de posgrado que ella lideraba y diseñó", dijo.

Una vez más, el presidente pidió no reducir a su esposa a su relación con él. “No es mi mujer, es Begoña Gómez. Lo digo porque en muchas ocasiones, con ese tipo de estrategias, lo que se hace es deshumanizar a personas que tienen un pasado de integridad y de profesionalidad, y que además han sacrificado buena parte de su desarrollo profesional”, declaró.

Sánchez planteó una pregunta sobre el coste personal de ocupar la Presidencia del Gobierno. “La pregunta que nos tenemos que hacer es si la pareja de un presidente o presidenta de Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional. ¿Esa es la España que queremos?”, afirmó. Sobre el desenlace judicial de la causa, se limitó a decir que espera que “acabe lo que tiene que acabar”.

Sánchez abordó también, en la misma comparecencia, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, afectado por una investigación acerca del préstamo concedido a la aerolínea Plus Ultra y por haber aceptado joyas como regalo.

Sánchez respaldó a su antecesor sin entrar a valorar el contenido de las explicaciones que este dio la semana pasada en una entrevista concedida a Televisión Española. “Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo. Respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación. Ya veremos en qué deriva”, dijo.

Lo que se negó a comentar son las palabras de Julio Martínez, una de las personas investigadas en la causa, que declaró ante el juez que Zapatero le informó del rescate a Plus Ultra antes de que lo supiera la SEPI, la sociedad estatal de participaciones industriales. “Esa es su versión”, dijo, rechazando expresamente tener que “opinar sobre las versiones de unos y otros y sus estrategias de defensa”.

Sánchez sí defendió de nuevo la legalidad del expediente. “El expediente de Plus Ultra ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica, no sé cuántas veces. Desde el Gobierno de España decimos lo que hemos dicho siempre”, que el expedientese tramitó de acuerdo con “una legalidad absolutamente intachable”.

“Quiero recordar una vez más”, añadió, “que no es un rescate, que fue un préstamo, con unos tipos de interés que no eran del agrado de ninguna de las empresas que lo recibieron”, explicó. Y que ese mecanismo permitió “la conservación de 60.000 puestos de trabajo” durante la pandemia.

Sobre las joyas recibidas por Zapatero, calificadas por el propio expresidente como “un regalo de cortesía personal sin afán lucrativo” pero cuyo origen concreto todavía no ha explicado, Sánchez remitió las explicaciones pendientes a su antecesor. “Las explicaciones las dará el presidente Zapatero en la sala, en sede judicial y en los medios de comunicación cuando considere. Yo no soy el portavoz del presidente Zapatero", zanjó.

La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, pide en total trece años de cárcel para ella y seis años para su asesora, Cristina Álvarez, para las que antes pedían hasta 24 y 22 años, respectivamente, de cara al futuro juicio con jurado popular.

Las acusaciones lideradas por Hazte Oír presentan este escrito después de que el juez Juan Carlos Peinado les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias y malversación, y a Cristina Álvarez por malversación, para que presenten nuevos escritos de conclusiones de cara al futuro juicio.

En su escrito la acusación popular unificada modifica el escrito que presentó en su día, en el que pedía hasta 24 años de cárcel para Gómez y 22 para Álvarez, y solicita un total de 13 años de prisión para Begoña Gómez: dos años por tráfico de influencias, tres años por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho años por este mismo delito pero sin ser continuado. Subsidiariamente solicita diez años de cárcel por un delito de tráfico de influencias en concurso con el de malversación.

La acusación popular, que destaca el "giro radical" en la trayectoria profesional de Begoña Gómez tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, afirma en su escrito de acusación que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid "sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento".

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha llegado este martes a ningún acuerdo sobre las cinco diligencias informativas incoadas a raíz de quejas recibidas contra el juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y seguirá deliberando en días próximos.

El órgano de gobierno de los jueces ha informado sobre el transcurso de la comisión permanente convocada este martes, en la que los magistrados tenían sobre la mesa cinco diligencias abiertas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, después de que el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ propusiera recientemente archivar todas.

No se ha alcanzado ningún acuerdo y las deliberaciones continuarán en los próximos días, informa el órgano de gobierno de los jueces.

Las quejas contra Peinado fueron interpuestas por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en relación a su interrogatorio como testigo en la causa contra Begoña Gómez; el grupo municipal Más Madrid y el diputado socialista Pedro Guillermo Hita; la asesora de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez, Cristina Álvarez; y un particular.

La quinta diligencia informativa fue incoada en relación con las expresiones sobre la Policía Nacional que realizó Peinado en el auto en el que retiró el pasaporte a Begoña Gómez, una medida revocada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid.

Hace un mes la comisión permanente, con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, acordó que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, analizara si Peinado pudo incurrir en una “falta grave de consideración” y un “exceso o abuso de autoridad”.

Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo suscribieron un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo.

Con esta tesis se alinea el promotor de la acción disciplinaria, que argumentó que cuando en las resoluciones judiciales se usen expresiones improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el CGPJ solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso.

En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte —el pasado 20 de julio y ya revocado parcialmente—, Peinado apuntó a que “no cabe duda” de que los escoltas de la mujer del presidente “en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar “las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones” ante el “grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” por parte del juez.

Uno no pretendía que esta soflama semanal fuera un permanente ejercicio de comentario de textos, pero sus señorías —los "yo no soy usted" de la vida— ejercen un manejo de la lengua y de sus normas de articulación tan retaco que sus togas se tornan en enaguas de transparencias señoreando las vergüenzas peludas de su patente agenda política y, a menudo también, su pobre desempeño con el Derecho. Alguien podría obstar que la inclinación ramplona de nuestros togados al literalismo, esa forma de analfabetismo funcional de la que ya hemos hablado (ya saben: "Incapacidad para decodificar la metáfora, la alegoría, la sinécdoque, la hipérbole, la ironía, la farsa, el sarcasmo, la comedia o cualquier forma de ficción o sentido figurado del lenguaje") que llevó a la cárcel a Pablo Hasel y hostiga al guionista y cómico Héctor de Miguel Quequé, obedece a su deber de ajustamiento a la ley, pero la ley no es solo letra —mal que le pese a un positivista como el que suscribe—, tiene ánima porque tiene ánimo. Es decir, la ley es lo que dice, como los guasaps, pero para la correcta interpretación de lo que pretende, hay que considerar el emoticono que acompaña. Y los emoticonos son dos, principalmente: los principios generales del derecho y la intención del legislador, es decir, el llamado —he aquí el alma— "espíritu de la ley". En España ya sabemos que los segundos son soslayables. En teoría, no deberían, pero con la aplicación del 155 a Catalunya ya vimos que se ignoró la intención de las Cortes Constituyentes, que habían rechazado de forma expresa y en sucesivas votaciones (así consta en las actas) las enmiendas que pretendían incluir en él la capacidad del gobierno central de disolver un parlamento autonómico. 

Así que no cabe sorprenderse ante el hecho de que el Supremo conspire a plena luz del día y a calzón quitado contra el sentido y el propósito de la ley de Amnistía. (Luego aprietan puñitos cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les pinta la cara un par de veces por año).

Sin embargo, los segundos, los principios generales del Derecho, no deberían ser soslayados en ningún caso porque son un ex ante. Por ejemplo, que en una sociedad libre, en una democracia liberal, la carga de la prueba corresponde siempre y sólo al acusador. O que los tipos penales tienen que ser muy precisos y ajustados en su descripción para que no quepan atropellos mediante el concurso de la arbitrariedad judicial. En España esto ya no es así, sobre todo a raíz de la reforma practicada por el exministro y beato Jorge Fernández Díaz en 2015, conocida como ley mordaza, en la que muchos delitos quedaron configurados con una redacción deliberadamente ambigua (y mala, por qué no decirlo) para que cada juez pueda aplicar el procedimiento conocido como “delito es lo que diga el menda”. Las sucesivas reformas, todas punitivistas y todas escritas con una literatura vaga e insidiosa, han permitido que hoy, según la doctrina Marchena —un cruce de menendezpidalismo y rezo del rosario—, el tipo conocido como “malversación” se pueda aplicar a aquellos electos que destinen recursos a iniciativas políticas de signo distinto al que los togados de la adoración nocturna consideran óptimo. 

Pero aun con el tremendo margen para interpretar que da el texto, se ve que a la agenda desplegada por sus señorías no les da la manta para tapar los pies y esta semana las Audiencias Provinciales de Badajoz y Madrid se han dedicado a la invención. Nos han explicado que, donde el código penal dice que un determinado delito —la prevaricación, por ejemplo— es privativo de los funcionarios de la administración pública, esa reserva solo aplica a los que no sean familiares en primer grado de parentesco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con todo, como sudoroso oficiante del lenguaje, los pasajes más irritantes de los disparates judiciales de las Provinciales de Badajoz y Madrid son los que corresponden al uso del lenguaje. Atiendan: "Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno". Ese "canon de la simple probabilidad" debería tener un rango específico porque la palabra probabilidad es anchísima. Entiéndanme, existen probabilidades ciertas de que mañana un meteorito caiga sobre la madrileña plaza de la Villa de París, o que un terremoto con epicentro en ese parquecito abra una sima que se trague al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, con todas sus togas, refajos y polainas. Pero esas probabilidades son infinitesimales. Desconocemos el rango que maneja la Audiencia Provincial. 

Las cautelas propias del momento procesal no explican que en el breve auto aparezca docena y media de veces conjugado el verbo "parecer", casi siempre acompañado de lo "verosímil", pero no deja de ser otra ambigüedad tenebrosa que queda resuelta con el añadido tremendo —que hiede a rancio machismo—, donde los cinco juristas enseñan la patita de su mundo de club de tenis con artesonados, oleos con lamparita dorada y señoras de: "La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente". Es decir, una señora de su señor prevarica cuando sonríe. Aunque sea en forma de "presión moral". Pues así, cada folio. 

Toda vez togados e impostores compartimos la necesidad de componer relato para nuestras producciones literarias, sin duda lo mejor del auto es la descripción que firman los cinco pimpantes de cuál es el plan criminal de Begoña Gómez. Verán, según el auto de la Audiencia Provincial, la señora Gómez usó su tremenda influencia —igual sin querer, que ya hemos dicho que, por razón de esponsales, ella es precorrupta a efectos legales— pero no para obtener dinero, casas, joyas... Ustedes, avezados lectores, se estarán preguntando “entonces, ¿para obtener qué? ¿¿¿QUÉ???”. Pues según estos linces, para obtener influencia. Usó su influencia para obtener influencia. ¿Cómo te quedas? Usó su enorme influencia —recuerden "vínculo matrimonial con la más alta autoridad del gobierno de la Nación"— para obtener otra más chiquitica, concretamente "prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos". O sea, han escrito y pasado a limpio que Gómez necesitaba esa cátedra para acceder a recursos e ir a eventos. La que, insistimos, está unida por “vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación”. Hércules Poirot ha saltado del vapor por la borda.

Begoña Gómez necesita delinquir para ir a eventos. ¿Como cuál? ¿La final de un Mundial?

La derecha judicial, mayoritaria en la carrera, ha bloqueado las reformas judiciales del Gobierno al asegurar que buscan erosionar la imparcialidad judicial y hacer una justicia a su medida.

Y la mayoría de las encuestas afirman que los españoles no confían en la Justicia: el 65% considera que hay lawfare, y que algunos jueces, fiscales y asociaciones jurídicas lo ejercen como oposición al Gobierno progresista.

Y mientras tanto, el juez Peinado (“antoñita la fantástica”), tan campante. “Me voy de vacaciones... Punto pelota”. ¿Y a ver qué hace ahora B. Gómez? El que se va a “quedar en pelotas” es el CGPJ, ante las chorradas y decisiones del juez (¿) Peinado.

Y ahora tenemos al suplente de guardia, el juez Antonio Viejo. Sí, ese juez "viejo" conocido por los favores a Ayuso (a su pareja) y al PP madrileño. ¡La que le ha caído a B. Gómez, con estos dos cebollinos: un juez fanático incompetente y otro vago y tardón!

Nada, ir a ver a su hija a Londres, sí, pues Inglaterra es garantía jurídica (aunque ya no es UE). Pero a la cumbre de la OTAN, en Turquía, no, jajajaaa. ¿No es Turquía un país miembro de la OTAN? Sí y, de hecho, representa uno de los pilares militares más importantes de toda la alianza.

¿Begoña cual espía, va a escaparse con sus escoltas oficiales, y delante de todos los mandamases de la OTAN y militares? Ah, sí, se esconderá entre las tropas turcas al abrigo protector del presidente Erdogan, y su esposa Emina, que son muy amigos de Pésanchez y B. Gómez, jajajaaa…

¡Ay Viejo, ay Peinado, la que habéis liado! A gritos, con vuestras disparatadas decisiones judiciales, estáis diciendo que sí existe, aquí, un lawfare, un escándalo de padre y señor mío.

El director de la Guardia Civil reconoció ante el DAO y el jefe de la UCO un oficio "prospectivo malintencionado" contra el hermano de Pésanchez. ¡Y Viejo y Peinado tan campantes, de vacaciones!

En cuanto a la causa que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, la Audiencia Provincial de Madrid tiene en sus manos revocar la decisión de que B. Gómez se siente en el banquillo ante un jurado popular. Este órgano, que ha redirigido la investigación de Peinado contra ella, tiene también pendiente la revisión de los recursos presentados por los imputados y la Fiscalía.

Y es que el Ministerio Público aniquila al juez Peinado, denunciando una instrucción “desproporcionada”, y reprocha al magistrado haber apoyado parte de sus argumentos en informaciones falsas y conjeturas sin respaldo jurídico.

Y ya la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida en sesión extraordinaria, aprobó emitir al Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano el auto en el que Peinado adoptó dicha decisión para que valore si pudieran ser constitutivas de una "falta grave de desconsideración", prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sí, el CGPJ inició el proceso para expedientar a Peinado, pero ya sabemos de antemano que no van a hacerle nada, ni una simple riña. Se irá de rositas a su jubilación.

¿O habrá un valiente miembro del CGPJ que le pare los pies?

____________

Ángel Lozano Heras es socio de infoLibre.

El juez Peinado sigue incansable tras Begoña Gómez. El caso contra la esposa del presidente del Gobierno acabará ante un jurado popular, aunque la Audiencia de Madrid ha dejado fuera parte de los delitos que planteaba el magistrado. Mientras tanto, el misterio del sello perdido se ha desinflado: Peinado pidió a Gómez que acreditara su viaje al Reino Unido porque su pasaporte no tenía marcas de entrada ni de salida. Gómez presentó los billetes y recordó un pequeño detalle: el país utiliza controles electrónicos y no siempre estampa los pasaportes. Los usuarios de redes sociales se han hecho eco de todo este esperpento y sus comentarios no tienen desperdicio: “Lo bueno del juez Peinado es que va tan a saco que al final hasta gente muy de derechas se está dando cuenta de que lo suyo es una persecución judicial sin sentido”, apunta @BenderOfuscado, “Begoña Gómez es CULPABLE de ser la mujer del presidente, con el agravante de ser mujer, y eso lo sabe cualquier jurado popular”, opina @carlab.bsky.social, “Tal y como entiende la justicia el juez Peinado, podría enviarle requerimiento a Begoña para que acredite que no mató a Manolete, la presunción de culpabilidad es clara y ahora es el acusado quien debe demostrar su inocencia, como con Franco”, ironiza @donmitxel-oficial.bsky.social.

En un intento de mostrarse más cercanos, la familia real difundió un vídeo en el que se les veía durante la semifinal de España en el Mundial.. El modo de abrazarse, de sentarse en el sofá, de celebrar los goles, e incluso la decoración de la sala ha sido objeto de mofa para los usuarios de redes que no se han cortado un pelo valorando la estampa. "Pero qué salón es ese, parece que han visto el partido en el tanatorio de San Jerónimo", se cachondea @moedetriana.

La detención de Héctor de Miguel en Salamanca ha hecho sonar todas las alarmas en redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Están persiguiendo a un humorista por hacer humor? La indignación copa los post en X y Bluesky donde se denuncia que el humorista pasara la noche en el calabozo. “Otro animal en peligro de extinción es el humorista de izquierdas”, escribe @wilma78.bsky.social.

No te pierdas cada semana lo más destacado de las redes sociales resumido en nuestro tuitómetro.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que no es ni "adecuada" ni "contundente" la respuesta que la Justicia ha dado a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la causa que afecta a Begoña Gómez.

En una entrevista en la Cadena SER, Bolaños ha reaccionado así a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó ayer que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, y sobreseyó los otros dos por los que la acusaba el juez Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Para Bolaños, la respuesta que ha dado la Justicia "a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Cree el titular de Justicia que el juez Peinado "ha tensado las costuras del sistema" y ha recordado que tanto el Consejo General del Poder Judicial como los propios tribunales superiores —la Audiencia Provincial de Madrid— le han revocado en 16 ocasiones.

"Tenemos un Estado de Derecho robusto, con un sistema de garantías y de recursos que está en los mejores estándares europeos. Pero también creo que ha habido resoluciones judiciales absolutamente incomprensibles, que han hecho mucho daño a la Justicia y han hecho mucho daño a las personas a las que ha afectado", ha explicado.

Casos —ha dicho— en los que ha habido resoluciones "absolutamente incomprensibles y alejadísimas del Derecho" en los que "hubiera confiado en una respuesta más contundente del propio sistema de garantías".

En este sentido, ha dicho que el sistema debería ser lo suficientemente robusto para que cuando hay una resolución judicial "incomprensible y alejada del Derecho", se revoque en un tiempo muy ágil y no se alargue en el tiempo afectando a la reputación de la Justicia.

El caso que afecta a Begoña Gómez, ha recordado, lleva dos años en los tribunales y proviene de una denuncia "que se debió inadmitir el primer día", de la mano de "una organización ultraderechista que persigue a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del Gobierno y por ser progresista".

"Con un ánimo político presentó una denuncia con recortes de prensa. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el primer día se tenía que haber inadmitido, no debería haber pasado ni del registro y llevan 2 años", ha lamentado Bolaños, para después añadir que "la respuesta que ha dado la Justicia a un caso absolutamente flagrante, donde no hay nada de nada, no ha sido una respuesta muy adecuada ni muy contundente".

Bolaños también se ha referido a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y ha asegurado que ya no existen dudas sobre su encaje legal, por lo que ha reclamado que se aplique plenamente a los líderes independentistas "lo antes posible".

El ministro ha destacado que la justicia europea ha confirmado que la norma es conforme al derecho comunitario y tiene como objetivo reducir las tensiones políticas e institucionales surgidas tras el proceso independentista en Cataluña.

A su juicio, su aplicación a dirigentes como el expresident Carles Puigdemont supondría la última etapa de la normalización política, institucional y social en Cataluña. "Hoy es un gran día", ha afirmado Bolaños, quien ha defendido que la ley ha contribuido a recuperar la convivencia y la estabilidad.

El titular de Justicia ha calificado la amnistía como un "logro colectivo" del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía y ha reivindicado la decisión del Gobierno de devolver a la política un conflicto que, en su opinión, nunca debió salir de ella.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dos delitos, tráfico de influencias y malversación, sobreseyendo los otros dos por los que la acusaba el juez Juan Carlos Peinado, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En un auto difundido este jueves, los magistrados ordenan además que se continúe el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

La Audiencia madrileña estima parcialmente los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Peinado que envió a juicio con jurado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, que revoca parcialmente, descartando que la esposa de Sánchez cometiera delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida.

Además, separa del procedimiento de jurado a Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Los magistrados deliberaron el lunes —y ahora se pronuncian oficialmente en un auto— sobre cinco recursos de apelación y de queja interpuestos contra autos dictados por el juez Peinado, especialmente el del 11 de abril, en el que envió a juicio con jurado a los tres procesados.

Lo hacen conjuntamente "a fin de evitar disfunciones procesales y garantizar una adecuada respuesta jurisdiccional" a los recursos en los que la Fiscalía y las defensas argumentan, en resumen, que no hay indicios para imputar los delitos planteados, que los autos carecen de motivación suficiente y que no se debe juzgar con jurado al no haber conexividad entre los delitos imputados.

Los jueces rechazan que se juzgue a Begoña Gómez por corrupción en los negocios y apropiación indebida pero avalan que vaya a juicio con jurado por presunto tráfico de influencias y malversación, al apreciar en este sentido "indicios racionales de criminalidad".

"Parece perfectamente verosímil sostener (...) que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra (en la Universidad Complutense), sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible", sostienen los jueces.

Aquí citan la sentencia del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin, exmarido de la infanta Cristina, para señalar que "la sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

Inciden en que en este momento procesal no se puede negar "con plena certeza" que, "atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la Universidad Complutense, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora".

Así se le permitió "sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada", en referencia al software creado en el seno de la cátedra.

Sobre el delito de malversación el auto dice que Begoña Gómez sí tuvo la condición de funcionaria pública desde que asumió la codirección de la cátedra universitaria, asumiendo "funciones de protección del patrimonio público", y afirma que "dispuso de fondos públicos provenientes de empresas privadas para conseguir un beneficio particular".

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido este lunes a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, ya que en el que entregó ayer en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.

Además de este plazo, el juez Peinado advierte a Gómez de que si no lo acredita o entiende que incumplió las medidas cautelares, los hechos podrían llegar a ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de medida cautelar.

Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y que compareciese en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Poco después el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicitó al magistrado que la autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompaña al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebra en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

Peinado se fue unos días de vacaciones y dejó la respuesta en manos de un juez sustituto, Antonio Viejo, quien decidió que Gómez no debía viajar a Ankara pero sí podía ir a Londres entre el 8 y el 10 de julio.

El auto en el que el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio a Gómez y le retiró el pasaporte, argumentado que podría fugarse con la posible colaboración de sus escoltas, provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase al promotor de la acción disciplinaria del órgano valorar si Peinado incurrió en una falta disciplinaria grave.

El juez reiteró su idea de riesgo de fuga en un auto fechado el 30 de junio en el que afirmó que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Ahora Gómez deberá acreditar en el mencionado plazo que su viaje se limitó únicamente a atender al acto de graduación de su hija, al que fue acompañada por su marido y varios familiares, aunque contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

El Gobierno ha lamentado este lunes la "obsesión, persecución y acoso público" por "motivos políticos" que sufre Begoña Gómez y ha recordado que Reino Unido ya no sella pasaportes ya que desde enero sus controles aduaneros están digitalizados con la autorización electrónica de viaje (ETA).

Una vez más, señalan a EFE las mismas fuentes, se constata "la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez: "una situación que solo atiende a motivos políticos".

En la misma línea, el PSOE ha reaccionado a la petición de Peinado con un mensaje en sus redes sociales con una sola palabra: "Obsesión".

Respecto a la ausencia de sellos en el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, La Moncloa recuerda que en el Reino Unido rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, que ya eliminaron los sellos hace años.

También en EE.UU. se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, añaden.

De esta forma —agregan las fuentes— el sello en el pasaporte "está en vías de extinción" y está siendo sustituido por sistemas digitales "más rápidos, seguros y eficientes".

Asimismo, destacan que, a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá a los sellos.

La polarización política y el ruido mediático han convertido la investigación judicial en un espectáculo público. Pero la Justicia no debería ser un escenario, sino un pilar sobre el que se sostiene la democracia.

Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina colectiva. Una de ellas es la de una investigación judicial que se prolonga durante años, pese a que la fiscalía pide el archivo desde el primer momento y las instancias superiores corrigen repetidamente al juez instructor. Otra, casi idéntica en su forma, es la de determinadas causas que parecen avanzar con una celeridad sorprendente cuando los nombres propios pertenecen a un lado distinto del tablero político.

No hace falta ser jurista para percibir la anomalía. Lo que erosiona la confianza pública no es únicamente el desenlace de un procedimiento, sino el propio trayecto: la sucesión de diligencias, las filtraciones, la exposición mediática, la sospecha instalada y el daño reputacional que ninguna resolución favorable logra reparar del todo.

El caso de Begoña Gómez ha reavivado este debate. Una denuncia basada, en parte, en informaciones que resultaron erróneas; una petición de archivo formulada desde el principio por la fiscalía; una instrucción extraordinariamente prolongada y varias correcciones de instancias superiores. Todo ello ha alimentado una pregunta incómoda: ¿se habría actuado de la misma manera si la investigada no fuera la esposa del presidente del Gobierno?

Nadie va responder con certeza a esa pregunta. Aunque muchos intuimos la respuesta. Tampoco puede afirmarse categóricamente la existencia de una intención oculta por parte del juez instructor. En un Estado de derecho debemos presumir la buena fe de los jueces, incluso cuando discrepamos profundamente de sus decisiones. 

Es innegable que la relevancia política del investigado altera la dimensión pública del procedimiento. Lo convierte en un acontecimiento mediático, multiplica la presión sobre los actores judiciales y amplifica cualquier decisión. La sospecha adquiere vida propia y, una vez instalada en la opinión pública, rara vez desaparece.

Vivimos en la era de la justicia paralela, donde el primer veredicto se dicta en las portadas, en las tertulias y en las redes sociales. El cuarto poder, llamado a fiscalizar con rigor, se convierte demasiadas veces en un simple altavoz de filtraciones y acusaciones no contrastadas. Una denuncia, un titular o un dato equivocado bastan para poner en marcha una maquinaria de consecuencias devastadoras.

Por eso resulta injusto exigir a la ciudadanía una confianza ciega. Se nos pide que esperemos, que respetemos la presunción de inocencia y que no extraigamos conclusiones precipitadas. Y tiene razón quien lo pide. Pero la exigencia debe ser recíproca. La Justicia también tiene el deber de merecer esa confianza.

No se nos puede pedir a los ciudadanos que comulguemos con ruedas de molino. No pueden exigirnos que consideremos normal aquello que, a los ojos del sentido común, parece profundamente anómalo. No se nos puede pedir que aceptemos sin preguntas procedimientos que se prolongan sin resultados aparentes, ni que ignoremos la impresión de que algunos asuntos reciben una intensidad instructora que otros no conocen.

La percepción social de parcialidad no constituye una prueba de que exista un sesgo sistemático en la Justicia española. No hay evidencia científica concluyente de una "justicia de dos velocidades" determinada por la ideología del investigado. Pero la percepción ciudadana también es un hecho político y social de enorme importancia.

Cuando una parte muy significativa de la población duda de la imparcialidad de los tribunales, el problema ya no es únicamente jurídico; es institucional y democrático.

Los jueces, además de aplicar las leyes, desempeñan una función pedagógica. Cada auto, cada resolución y cada decisión procesal envía un mensaje a la sociedad sobre cómo funciona el Estado de derecho. La proporcionalidad, la prudencia y la apariencia de imparcialidad no son adornos; son condiciones indispensables para preservar la legitimidad de las instituciones.

La Justicia no puede impedir que existan sospechas. Pero sí puede evitar alimentar la sensación de arbitrariedad. La confianza pública es un bien extraordinariamente difícil de construir y fácil de destruir.

Las instituciones judiciales tienen la obligación de ser especialmente cuidadosas en aquellos asuntos que afectan al corazón de la vida política.

No para proteger a los poderosos. Tampoco para perseguirlos con mayor intensidad. Simplemente para aplicar la ley con la misma mesura, el mismo rigor y el mismo sentido común que se aplicaría a cualquier ciudadano anónimo.

Una democracia puede soportar errores judiciales. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de fe en la imparcialidad de quienes están llamados a impartir justicia.

Y cuando una sociedad empieza a sentir que se le pide creer en lo increíble y aceptar como normal lo que percibe como excepcional, aparece una sensación peligrosa: la de estar obligada a comulgar con ruedas de molino.

______________

Francisco Barba Cañete es escritor, politólogo y socio de infoLibre.

La tarea del fiscal en un proceso no siempre es acusar. Su trabajo esencial consiste, según el estatuto que regula su funcionamiento, en "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos". También "velar por la independencia de los tribunales". Esta es la función que está ejerciendo José Manuel San Baldomero, el fiscal del caso Begoña Gómez. Sus dos últimos recursos –contra el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno y la retirada de su pasaporte por supuesto riesgo de fuga–, desde la imparcialidad que se supone a la institución que representa, se han convertido en las enmiendas más importante a los excesos y excentricidades del juez Juan Carlos Peinado y su estrambótico proceso contra la pareja de Pedro Sánchez. El escrito contra las medidas cautelares adoptadas contra Gómez recoge una más: la comparación que hace Peinado de este caso con el de una banda de narcos.

Lo que las acusaciones populares de Vox y los también ultraconservadores, ultrarreligiosos y conspiranóicos Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento para la Regeneración Política de España, así como el pseudosindicato ultra Manos Limpias reclamaban era lo que finalmente se adoptó, la retirada del pasaporte de Begoña Gómez (también de su asistente Cristina Álvarez), y la comparecencia en el juzgado de ambas dos veces al mes. La razón principal que dio Peinado para acordarlo fue que los policías que garantizan la seguridad de Gómez y su esposo Pedro Sánchez o sus superiores, podrían auxiliarla a huir, lo que para el fiscal San Baldomero, "extiende una sombra de sospecha infundada de las instituciones tanto a nivel de mandos como a nivel de funcionario de base". Para el representante del Ministerio Público no es fácil "imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor".

Pero para justificar ese imposible riesgo de fuga en una persona que vive rodeada de agentes tanto en su residencia, como en sus desplazamientos, Peinado recurrió, además, a una sola resolución de la sección 16 de la Audiencia de Madrid de 2024 que no tiene nada que ver con el caso de la esposa de Sánchez. Se trataba de una banda de narcos que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Colombia, en el que el peligro de que los investigados pudieran escaparse era mucho más elevado, y quien había mandado a prisión incondicional a sus miembros era el propio Peinado. "Se ha podido conocer la existencia de una organización dedicada al tráfico e importación de cocaína hasta España en grandes cantidades, figurando como mercancía transportada bajo la membresía de café tostado", decía la resolución de la Audiencia. A diferencia del caso de Begoña Gómez, en el de los narcos era el fiscal quien reclamaba su encarcelamiento. En el de la esposa de Sánchez nadie ha reclamado una medida similar.

Por eso, el fiscal considera que "citar una sola resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que avala una medida cautelar de prisión provisional en un delito contra la salud pública es no decir nada". "No se indican las circunstancias personales concretas de los afectados que le guiarían a efectuar ese paralelismo", prosigue. "La comparación con un delito contra la salud pública cometido en el marco de una organización criminal y de tráfico de grandes cantidades a que se refiere esa resolución no es sino el exponente del escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión", añade.

Otro de los excesos que ve el fiscal en el auto que impide a Gómez salir de España, es el hecho de que Peinado sostenga que, en caso de que esta y su asistente fueran juzgadas y condenadas, esas condenas no podrían ser suspendidas al ser en todo caso superiores a dos años de prisión. El recurso del Ministerio Público reprocha al instructor su desconocimiento del Código Penal, que permite suspender el ingreso en prisión cuando cada una de las penas que se imponen no superen los dos años y todas en su conjunto no lleguen a los cinco. "Es otro ejemplo del rigor extremo con el que se contempla la situación de las investigadas, ahora acusadas, al punto de obviar instituciones penales más beneficiosas", sostiene San Baldomero, que, en sus últimos escritos ha demostrado haberse convertido en un auténtico experto en la mentalidad del instructor.

El recurso también acusa al instructor de actuar a toda velocidad "sin la prudencia más elemental aconsejada". Y pone algunos ejemplos de cómo ha llegado a su valoración "acelerada" de los delitos que imputa a Gómez y su asesora: "Sin acoger diligencias propuestas, obviando trámites, sin dar respuesta a las alegaciones planteadas y sin esperar el resultado de la resolución de los recursos que penden ante la Audiencia Provincial". El escrito enumera las circunstancias que los jueces suelen valorar a la hora de imponer estas cautelas y que el polémico juez ni siquiera ha estudiado. Como la ausencia de antecedentes, el arraigo, la actividad laboral en España, los vínculos familiares y personales y la ausencia de nexos mínimos con terceros países que presupongan facilitada para desplazarse a ellos e instalarse o la posesión de bienes, dinero o activos en el extranjero.

"Desde un punto de vista positivo, las investigadas [Gómez y su asesora] tienen indudable arraigo en territorio nacional; son españolas, sus familias son españolas (...); ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", recuerda San Baldomero. "Desde un punto de vista negativo, carecen de nexos con el extranjero; desconocemos a dónde se supone que huirán porque no se apunta ningún país concreto donde tendrían facilidad de instalación e impunidad. Y carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga", prosigue el recurso, que recuerda: "No será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado, que descartaron las sospechas infundadas". La instrucción de Peinado, pese a sus esfuerzos, no ha logrado acreditar que Gómez se hubiera llevado un solo euro que no le correspondiera.

La gravedad de los excesos de Peinado también se deduce de la acusación que le lanza el juez de difundir bulos o insistir en su propagación. "Resulta llamativa la expresión de 'la retirada de cuantos pasaportes pudiera disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático", sostiene el recurso que añade: "Desconnocemos a qué puede referirse con esa expresión (...) salvo que vuelva a aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza".

Las comparecencias cada 15 días en el juzgado, según la Fiscalía, carecen de sentido, salvo que lo que pretenda el juez con ellas sea "una suerte de penalidad adicional anticipada y exposición pública", algo de todo punto ilegal. "Resulta llamativo el número de veces que han sido llamadas a comparecer ante órganos judiciales y los términos en los que en ocasiones han sido requeridas para hacerlo: imputación de delitos sucesivos, comparecencias duplicadas o repetición de las mismas", dice San Baldomero, que pone un ejemplo reciente. Peinado obligó a Gómez a acudir a su juzgado bajo amenaza de ser detenida para asistir a la vista en que las acusaciones pidieron las medidas cautelares contra ella. Pero el instructor no las decidió acto seguido, sino seis días más tarde. Cuando por fin decidió, la obligó a un nuevo paseíllo para comunicarle su acuerdo.

José María de Pablo, el abogado que defiende a Cristina Álvarez, resumió la absoluta incongruencia del instructor en su perfil de X el pasado 20 de junio: "Había un riesgo de fuga tan elevado, que se ha tomado seis días para adoptar medidas cautelares". Su post en la red social ha sido leído por 82.000 personas y 450 lo han retuiteado. Ahora todas las miradas están puestas en la sección 23 de la Audiencia de Madrid, que empezará a estudiar las impugnaciones presentadas a partir del próximo lunes.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez; su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el caso que investiga su actividad profesional, al no apreciar delito alguno en la conducta de los acusados y porque no han obtenido "ningún tipo de retribución o beneficio adicional".

En el escrito de conclusiones de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal recuerda que la esposa del presidente del Gobierno estuvo vinculada a la Universidad Complutense a través de una cátedra de la que fue codirectora y "por la que percibió 0 euros".

También señala que ni sociedades ni empresas intervinientes pretendieron ni obtuvieron ninguna remuneración a consecuencia de su participación en el proyecto, ni tampoco existe vinculación con su actividad y contratación en el sector público o privado.

"Ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez, ni Juan Carlos Barrabés obtuvieron remuneración o beneficio directo o indirecto derivado de esta actividad, ni realizaron presión de ningún tipo sobre las empresas afectadas para la promoción de la Cátedra de Transformación Social Competitiva y sus patrocinios", subraya el fiscal.

También destaca que ninguno de los investigados se ha beneficiado económicamente de las actividades de creación del software informático, ni consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas.

Así, la Fiscalía cree que los hechos no son constitutivos de infracción penal, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.

Y propone interrogar a una treintena de testigos entre los que hay empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense. 

La Fiscalía de Madrid ha recurrido también la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez.

En el escrito, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional", son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España.

El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.

Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España".

"Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.

A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo —apunta— que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".

Critica también que Begoña Gómez tenga que acudir cada 15 días al juzgado, una medida que "carece de sentido" porque no existe riesgo de fuga, y ve "carente de lógica y racionalidad" que Peinado apunte al auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una eventual fuga.

Cree que este argumento carece de justificación y base racional y "extiende una sombra de sospecha infundada" sobre esas instituciones. "No es fácil imaginar y asumir la confabulación que visualiza el instructor", por otro lado, planteada sin mayor justificación.

Los jueces han decidido retirar el pasaporte a Begoña Gómez. La resolución habla de un posible "riesgo de fuga". Una expresión solemne, casi cinematográfica. Uno imagina aeropuertos, identidades falsas, maletas con doble fondo y vuelos nocturnos hacia algún país sin tratado de extradición. ¿Alguien se imagina a Pedro Sánchez bajando del Falcon de regreso España sin Begoña Gómez? y respondiendo como Caín cuando Dios le preguntó por el paradero de su hermano Abel, contestara "¿soy yo acaso su guardián?" Pero quizá hemos entendido mal el auto y prejuzgado a los jueces.

Porque la palabra "fuga" tiene en español una extraordinaria riqueza de significados. La publicidad nos recuerda cada día que millones de personas sufren “pequeñas fugas” de orina al reír, al toser o al hacer ejercicio. Para todo hay solución, dicen los anuncios. Salvo, al parecer, cuando interviene la justicia.

Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido.

Durante meses, Begoña Gómez ha sido objeto de una colección de bulos tan grotescos que harían sonrojar a un guionista de comedia. Uno de los más persistentes sostenía que la esposa del presidente del Gobierno era en realidad un transexual llamado Begoño con persistentes problemas de próstata, posiblemente una hipertrofia benigna que requirió, aseguraban, algunos días de baja laboral. El tal Begoño recibió subvenciones cuyas cantidades eran ocultadas por el Gobierno para montar una red de prostíbulos encubiertos como alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías o saunas. Además de los ingresos que recibiría como narcotraficante en el norte de Marruecos. Delirios, por supuesto, pero difundidos con entusiasmo por quienes convierten la mentira en una forma de militancia.

Incluso los tribunales han terminado pronunciándose sobre uno de esos disparates al considerar que llamarla "Begoño" no constituye delito. Curiosa época la nuestra, en la que la justicia acaba dedicando tiempo a determinar los límites penales de un chiste de patio de colegio.

De modo que quizá el famoso "riesgo de fuga" no era el que imaginábamos. Tal vez los jueces estaban preocupados por otro tipo de fugas. Las de los anuncios de televisión. Las que se solucionan con un “Tena Lady Ultra” y no con la retirada de un pasaporte.

Quién sabe. A lo mejor todo este procedimiento podría haberse resuelto con un buen bragapañal.

Resulta difícil no percibir en determinadas decisiones una voluntad de escenificación. No basta con investigar; parece necesario exhibir. No basta con instruir; hay que representar. Los jueces saben —porque algunos incluso han aprobado las oposiciones— que cuando la persona investigada es la esposa del presidente del Gobierno, cada medida cautelar adquiere inevitablemente una dimensión simbólica que trasciende lo estrictamente jurídico.

No afirmo que exista una voluntad deliberada de humillarla —Dios me libre—. Digo que, vista desde fuera, la escena produce exactamente ese efecto. Y en política, como en justicia, los efectos también importan.

A la pobre Begoña —o Begoño, puesto que ya sabemos que esa licencia cuenta con respaldo judicial— solo le faltaría completar el repertorio de las viejas ceremonias de escarnio público: raparla al cero, obligarla a beber aceite de ricino y pasearla por las calles con un cartel infamante colgado del cuello.

La imagen pertenece a otros tiempos, sí. A una España que creíamos archivada junto con sus fotografías en blanco y negro. Pero hay decisiones que despiertan ecos incómodos, porque parecen inspiradas por la misma intención: la de convertir la investigación de la mujer del presidente en espectáculo antes que en ciudadana con derechos.

Tal vez los jueces tengan excelentes razones jurídicas para retirar un pasaporte. Tal vez. Lo que cuesta entender es por qué, tratándose de una persona que ha comparecido siempre ante los tribunales y cuya notoriedad hace prácticamente imposible cualquier desaparición, la medida termina pareciendo menos una cautela procesal que una escena cuidadosamente iluminada.

Y mientras discutimos sobre el riesgo de fuga, las que de verdad se están fugando son: la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la prudencia institucional. Esas hace tiempo que abandonaron discretamente el escenario.

Qué desconfiados hemos sido algunos. Pensábamos que los jueces hablaban de evasiones internacionales cuando, quizá, solo estaban preocupados por las otras “pequeñas fugas” de las que nos advertía la inmortal Concha Velasco.

______________

Francisco Barba Cañete es escritor y politólogo.

El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado, de vacaciones, ha denegado la petición de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para asistir a la cumbre de la OTAN, al tiempo que le ha permitido viajar a Londres entre el 8 y 10 de julio para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

El juez, que no levanta la retirada del pasaporte en el caso de Turquía, sí lo hace para Londres por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", según señala en el auto dictado este lunes.

Begoña Gómez había solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le autorizase salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara y volver a través de Londres para asistir en la capital británica a la graduación de su hija.

El Gobierno considera incomprensible la decisión judicial. La incomprensión mostrada por Moncloa se suma a las críticas que ha venido haciendo a la actuación de Peinado, ya que después de que éste decidiera retirar el pasaporte a la esposa de Sánchez y enviarla a juicio, el Gobierno consideró que evidenciaba la persecución, la obsesión y la desproporción del magistrado en este caso.

En esa línea, insistieron en que la instrucción del juez carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos.

Gómez hizo esta petición después de que recientemente el juez Peinado le retirara el pasaporte y le prohibiera salir de España como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El letrado de Gómez, invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, recalcó que el viaje se realizaría "con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos" y pedía incluir la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.

Sin embargo, el magistrado ha denegado parcialmente su petición, que contaba con el respaldo de la Fiscalía y a la que expresaron su "oposición definitiva y total" las acusaciones populares, que apreciaban riesgo de sustracción a la justicia.

Por estar de vacaciones, la decisión respecto la salida al extranjero de la mujer del presidente del Gobierno no la ha tomado el juez Peinado, que la investiga y que le retiró el pasaporte apuntando a que sus escoltas podían colaborar en una hipotética fuga "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos".

El magistrado encargado de adoptar esta resolución ha sido Antonio Viejo, el juez encargado de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que fue además secretario general de la Administración de Justicia con el Gobierno de Pedro Sánchez, en la etapa en la que Dolores Delgado era ministra de Justicia.

Recientemente he leído Visto para sentencia, del exmagistrado José Antonio Martín Pallín. En el libro plantea una pregunta que afecta de lleno a nuestra democracia: ¿qué ocurre cuando la ideología del juez deja de ser una convicción personal y comienza a orientar sus resoluciones? Su respuesta desmonta la idea de una justicia automática. Juzgar exige valorar pruebas, interpretar normas y reconstruir hechos. Cuanto mayor es ese margen de interpretación, mayores deben ser la prudencia, la motivación y el respeto a las garantías.

Pallín no escribe contra la judicatura, sino contra su degradación. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de la ciudadanía. Un juez independiente está sometido a la Constitución, a la ley, a las pruebas y a los derechos fundamentales. Cuando una resolución intenta sustituir el debate parlamentario o corregir por la vía penal lo que corresponde decidir en las urnas, la justicia abandona su función y entra en un terreno que no le pertenece.

Los casos de Juan María Atutxa, Bateragune, los ERE de Andalucía, el procés, Alberto Rodríguez, Podemos o Ada Colau le sirven para señalar un patrón: interpretaciones expansivas de los delitos, investigaciones prolongadas sobre indicios débiles, acusaciones populares con intereses partidistas y procedimientos cuyo daño político se produce mucho antes de que llegue una sentencia. Algunos terminaron archivados; otros fueron corregidos por tribunales superiores o europeos. Entretanto, el proceso ya había actuado como castigo y la presunción de inocencia había quedado enterrada bajo filtraciones, titulares y tertulias.

Sus artículos más recientes trasladan ese análisis a causas todavía abiertas y a sentencias ya dictadas. No todos los casos son iguales ni deben confundirse. En unos puede haber conductas delictivas suficientemente acreditadas; en otros, Pallín considera que faltan indicios concretos. El punto común no es declarar inocente a nadie por afinidad política, sino exigir que la persecución de un delito respete las mismas reglas para todos. La gravedad de una acusación no autoriza a rebajar las garantías.

La causa contra Begoña Gómez es el ejemplo al que ha dedicado más atención. En Peinado dejó su fusil y Begoña camina hacia el jurado sostiene que la instrucción se convirtió en una búsqueda sucesiva de posibles delitos, a partir de una denuncia apoyada inicialmente en recortes de prensa y con una acción popular ejercida por organizaciones de orientación política definida. Critica, además, la acumulación de hechos distintos, la escasa concreción de algunas imputaciones y la dificultad para encajar determinadas conductas en los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida o malversación.

El procedimiento ha avanzado desde entonces. El 20 de junio de 2026 el juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura de juicio ante un jurado, retiró el pasaporte a Begoña Gómez, le prohibió salir de España y le impuso comparecencias quincenales. La referencia incluida en el auto a la posibilidad de que sus escoltas facilitaran una fuga provocó que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial remitiera la resolución al promotor de la acción disciplinaria para que valore si procede actuar. Sin anticipar el resultado del juicio ni del examen disciplinario, el episodio confirma la preocupación central de Pallín: una instrucción puede adquirir efectos políticos desproporcionados antes de que un tribunal determine si existen hechos probados.

El juicio y la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, constituyen otro caso decisivo en sus escritos. En El fiscal general no ha cometido ningún delito y Radiografía de una sentencia, Pallín cuestiona la aplicación del artículo 417 del Código Penal, la imparcialidad objetiva de magistrados que habían intervenido en decisiones previas, el respeto al principio acusatorio y la suficiencia de la prueba sobre la autoría de la filtración. No presenta estas objeciones como diferencias menores, sino como posibles vulneraciones del derecho al juez predeterminado por la ley, de la presunción de inocencia y del derecho de defensa. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo en 2025 y ha recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional. La resolución de ese recurso permitirá comprobar si esas objeciones tienen recorrido jurídico más allá del debate público.

En el caso de las mascarillas, relativo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, Pallín adopta una posición distinta y más matizada. Reconoce la existencia de conductas delictivas acreditadas, pero considera que el juicio presenta problemas procesales graves. En Una moción de censura celebrada en el Tribunal Supremo y, después, en Caso mascarillas: una sentencia con demasiados flecos, sostiene que la pérdida de la condición de diputado de Ábalos antes del juicio debía haber llevado la causa al tribunal ordinario. A su juicio, mantener la competencia del Supremo privó a los acusados del derecho a una segunda instancia. También critica que la vista y la sentencia incorporasen acusaciones o referencias políticas ajenas al objeto concreto del proceso. La corrupción debe perseguirse, pero no utilizarse como pasarela para extender sospechas hacia personas que no estaban siendo juzgadas.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional contra José Luis Rodríguez Zapatero amplía este mismo debate. En Caso Zapatero: así es, si así os parece, Pallín reprocha que el auto judicial asumiera informes policiales sin una valoración crítica suficiente y que situara al expresidente en una supuesta organización criminal sin concretar con claridad el reparto de funciones ni los actos que integrarían el tráfico de influencias. Desde la publicación de aquel artículo, la investigación ha continuado y se han abierto nuevas líneas. Precisamente por ello conviene mantener la distinción elemental entre investigar y probar. Los informes policiales pueden justificar diligencias, pero no sustituyen la valoración judicial ni convierten una hipótesis en un hecho acreditado.

De estos casos se desprende otra preocupación constante: el uso de la acción popular. La Constitución permite que la ciudadanía participe en la justicia, pero Pallín considera que esa figura se desnaturaliza cuando partidos u organizaciones creadas para intervenir en conflictos políticos emplean el proceso penal como prolongación de su estrategia. No propone eliminarla, sino exigir un interés legítimo, limitar las investigaciones prospectivas y evitar que una acusación pueda mantener durante años un procedimiento sin una base probatoria suficiente. La acción popular debe servir al interés público, no a la campaña electoral permanente.

El deterioro de la confianza no se explica únicamente por la ideología. España sigue padeciendo una falta estructural de jueces: alrededor de doce por cada 100.000 habitantes, frente a unos diecisiete en el entorno europeo comparable. La sobrecarga, las vacantes y las dilaciones dañan el derecho a una justicia eficaz. A ello se suma la percepción de que determinados nombramientos responden a cuotas políticas. Una resolución puede ser jurídicamente correcta y, sin embargo, llegar demasiado tarde o aparecer rodeada de una sospecha que las instituciones no han sabido disipar.

Pallín reclama una justicia mejor formada, socialmente más plural y transparente en sus nombramientos. Pide sentencias comprensibles y rigurosamente motivadas, controles eficaces sobre las filtraciones, límites claros para las investigaciones sin objeto definido y un derecho penal que conserve su condición de último recurso. Criticar una resolución no equivale a atacar a todos los jueces; del mismo modo, invocar la independencia judicial no puede convertir cualquier actuación en inmune al examen público o a los recursos previstos por la ley.

La advertencia final es sencilla. La democracia se debilita cuando el Gobierno pretende controlar a los jueces, pero también cuando un juez utiliza el proceso para ocupar el espacio de la política. La justicia debe poder incomodar a cualquier poder y perseguir la corrupción sin mirar siglas. Para hacerlo necesita pruebas, competencia, imparcialidad y respeto estricto a los derechos fundamentales. Si una causa parece depender más del magistrado que la instruye o de la acusación que la impulsa que de los hechos acreditados, la balanza deja de pesar razones y empieza a pesar ideologías.

_____________

Carlos Brage es socio de infoLibre.

Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.

Me atrevo a señalar que desde la judicialización del procés catalán en 2017 –desde el alucinógeno escrito de imputación del difunto fiscal Maza– no hemos parado de conocer autos “creativos” de todo tipo, que han condicionado, marcado y frustrado iniciativas políticas y legislativas –parezcan bien o mal– perfectamente legítimas. A la vista de la agenda judicial y policial de los últimos ocho años, hay mañanas que uno se pregunta desde dónde se gobierna realmente en España: ¿desde la Moncloa o desde el Supremo? ¿Desde la Carrera de San Jerónimo o desde la Audiencia Nacional? ¿Quién ejerce un mayor poder real: el ministro del Interior o el jefe de la UCO?

Para no irnos demasiado lejos, basta con observar el rosario de iniciativas judiciales y policiales que se han concentrado exactamente en el calendario del juicio oral de la Kitchen, esa cocina industrial de la corrupción de Estado que dedicó a la cúpula del ministerio del Interior y a más de setenta agentes a espiar al tesorero del PP y a tapar las pruebas que pudieran salpicar a la dirección del partido y al Gobierno de Rajoy en un sistema de corrupción sostenido en el tiempo y que incluía desde financiación irregular a sobresueldos en efectivo o uso de dinero negro para reformar la mismísima sede de la formación política.

Es fundamental en estos tiempos políticos veloces y gaseosos manejar los “focos de atención”. De qué y de quién hablamos. Y llevamos meses hablando muchísimo más de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez que de un tal Fernández Díaz, que no es casi nadie, oiga, todo un exministro del Interior y su cúpula policial. Este mismo viernes se leen titulares que recogen que el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil por “intimidación institucional” a la UCO. Mercedes González está acusada de prevaricación y de obstrucción a la justicia por haberse reunido dos veces con la ínclita Leire Díez, que al parecer pretendía –presuntamente reportando sus acciones a Santos Cerdán– presionar a jueces, fiscales y agentes para que no investigaran nada que afectara al Gobierno o al partido socialista. Se acusa a Mercedes González de generar un “efecto desaliento” en el trabajo de los investigadores. Yo no tengo datos suficientes para confirmar o desmentir tal cosa. Lo que sí conozco bien –como cualquiera que se moleste en leer, escuchar y recordar– es lo que tuvieron que sufrir jueces como Pablo Ruz o Baltasar Garzón o inspectores como Manuel Morocho, presionados, apartados, perseguidos… “desalentados” de verdad.

Pero lo cierto es que el foco de atención ya está de nuevo puesto donde se precisa para seguir desangrando al Gobierno de coalición. ¿Tuvo algún efecto o consecuencia concreta –más allá del supuesto desaliento– el siniestro trabajo de esa fontanera que tan pronto se sentaba con un fiscal como con un periodista de El Confidencial preocupado por lo que Villarejo tuviera grabado sobre él? A la vista de los procesos seguidos contra la mujer y el hermano de Sánchez, la liquidación sin pruebas del fiscal general del Estado, la condena a ¡24 años de cárcel! para Ábalos y de 19 para su ayudante por el caso Mascarillas, el premio millonario para el corruptor de la trama, Víctor Aldama… no parece que esa presunta trama de obstrucción de la justicia haya tenido el menor éxito.

Resulta complicado percibir una apariencia de imparcialidad en el trato que se ha dado al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez al exonerar a este de cualquier responsabilidad en la filtración de datos de periodistas a los que señaló además como “acosadores” cuando simplemente cumplían su trabajo. Si García Ortiz borraba los datos de su móvil siguiendo protocolos de seguridad ligados a su cargo de fiscal general, lo hacía para ocultar pruebas que le implicaran en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Pero que este borrara el contenido de su móvil porque alguien había hackeado el de sus abogados es considerado perfectamente lógico y creíble. Sin pudor.

Quiero quedarme en algo muy cercano: la investigación que mis compañeros Álvaro Sánchez Castrillo y Manuel Altozano vienen haciendo sobre el gigantesco sumario del caso Plus Ultra. Todo el foco de atención está puesto en Zapatero y esas “malditas joyas” (en palabras del juez Calama). Veremos si el expresidente puede aportar datos del origen de las mismas y de su valor exacto. No le quito importancia al asunto. ¿Pero por qué no poner también el foco de atención en que todo un juez en ejercicio, Manuel García-Castellón, “Manolo” para sus amigos venezolanos –el mismo, por cierto, que persiguió durante más de dos años a Podemos y sus principales dirigentes sin la menor prueba y basándose en bulos– se ofreciera a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea entonces recién rescatada por el Gobierno, con el objetivo de que Vox dejara de poner trabas a la legalidad del rescate? (ver aquí). ¿Es normal que el hoy ya exjuez ubique su despacho de abogado en la sede oficial de Plus Ultra en Madrid? (ver aquí). ¿Acaso no convendría saber si en algún momento García-Castellón recibió algún emolumento de Plus Ultra por sus gestiones? ¿No resulta curioso el giro que Vox dio en los juzgados sobre la causa Plus Ultra tras las gestiones de García-Castellón y del oscuro empresario mediático Julio Ariza? De “escandaloso” pasó a considerarlo un “pequeño caso” (ver aquí).

Los últimos datos oficiales de la UE reflejan que los españoles sitúan a los jueces a la cola de Europa en independencia, precisamente por la politización de la justicia (ver aquí). El descrédito de la dama ciega no es culpa de quienes critican/criticamos actuaciones, autos y sentencias concretas, sino más bien de esa diáfana apariencia de parcialidad, esa doble vara de medir, ese doble ritmo en el tiempo de instrucción de cada causa o esos clamorosos disparates jurídicos como los que viene cometiendo el juez Peinado en su persecución a Begoña Gómez. Cabe preguntarse por enésima vez a qué se dedica el Consejo General del Poder Judicial y especialmente su comisión deontológica. El llamado Inquisidor sí parece llevar los ojos vendados, porque ni siquiera ve ofensivo que un juez en ejercicio insulte o difame en las redes al presidente del Gobierno.

La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones.

P.D. La semana deja otra conclusión netamente política: adiós a la ‘vía andaluza’ del PP, a la ‘rama moderada’ de Moreno Bonilla. El documento firmado con Vox asume la “prioridad nacional” que Moreno calificó en campaña de “ilegal”, “inconstitucional” o “eslogan vacío”. Como recoge el resto de exigencias que Vox ha impuesto en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El ciclo electoral forzado por Feijóo en diciembre con el objetivo declarado de ensanchar la diferencia con Vox ha concluido con un ganador muy claro: Abascal, que será el próximo vicepresidente del Gobierno si finalmente los números dan para que las derechas extremas lleguen a la Moncloa. (Y darán, si un PSOE abrasado por sus propios errores y unas izquierdas desorientadas y sin liderazgo no terminan de despertar para volcarse en un proyecto ilusionante de país plural, diverso y moderno). Prioridad progresista.

Los vocales conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ estaban en contra de abrir un expediente sancionador al juez Peinado, los vocales progresistas a favor. El juez Peinado se aleja de las peticiones del resto de las partes del proceso sobre Begoña Gómez, y asume las propuestas de la acusación popular de la que forman parte organizaciones de ultraderecha, es decir, con la misma ideología que el sindicato que interpuso la denuncia que abrió el proceso. Y estas situaciones son solo dos ejemplos.

Con frecuencia se tiende a creer que la respuesta profesional es una medida técnica ajena a la realidad que genera el problema sobre el que se actúa. Y no es así en ninguna profesión, menos aún en las que tienen que abordar cuestiones surgidas de la propia organización social y sus dinámicas, como ocurre con el Derecho y la Administración de Justicia.

Quienes analizan los elementos que forman parte de los hechos están bajo las mismas influencias y referencias que el resto de la sociedad, y como cualquier persona cuentan con ideas, valores y creencias integradas en dicha realidad social. La diferencia está en que, además, tienen una serie de conocimientos profesionales para contrarrestar lo que desde el punto de vista general se presenta con un determinado significado, y una responsabilidad para aplicar dicho conocimiento de forma que se alcancen los objetivos de justicia.

Sin embargo, todo ello está sometido a multitud de factores y elementos que sin desvirtuar el proceso lo pueden condicionar de manera significativa.

La justicia se alcanza sobre una serie de hechos probados en el juicio a partir de los indicios y evidencias que la investigación ha obtenido. Para ello ha tenido que adoptar una serie de “presunciones” en sentido de “inocencia o culpabilidad” para avanzar en la investigación o detener algunas de las líneas planteadas. Y la presunción, como referencia formada a partir de indicios y pruebas, antes se basa en la percepción obtenida a partir de los indicios con un determinado significado.

Si con los primeros elementos que se ponen en conocimiento de un juzgado no se percibe un delito o su posibilidad, la denuncia se archiva. Si por el contrario se percibe tal delito o la posibilidad de que se haya cometido, se inicia una investigación que irá arrojando resultados. Cuando se alcanza una presunción de inocencia la investigación se archiva, o avanza hasta llegar al juicio si se percibe que se ha cometido un delito. En el juicio es donde las presunciones se convierten en hechos probados para que la justicia culmine su proceso en el sentido que sea.

Este proceso que puede parecer muy obvio no es tan simple cuando las circunstancias sociales presentan una realidad polarizada, y dotada de un significado que amenaza la propia convivencia y el orden establecido.

Los trabajos sobre la percepción de Anil Seth, profesor de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Sussex, Reino Unido, entre otros muchos, son muy interesantes para entender cómo se le da significado a la realidad para posicionarnos ante ella y actuar en consecuencia.

En sus trabajos insiste en que la conciencia de una persona es una experiencia subjetiva, y que como tal está condicionada por factores sociales y culturales. Una idea que ya en los años 50 del siglo XX fue enfatizada por la corriente psicológica de la Nueva Mirada, al destacar que la percepción es influenciada por los factores sociales, culturales y contextuales.

Desde el punto de vista práctico, lo que nos indican los estudios sobre la percepción es que el ser humano, en cuanto recibe el estímulo o una información rápidamente le da un significado. A partir de ese significado inicial desarrolla toda una serie de actuaciones para confirmar o descartar esa primera predicción, en lo que se denomina “minimización del error de predicción”. Al final de ese proceso se alcanza una conclusión basada en la mejor conjetura, es decir, en lo que mejor encaja sobre las predicciones realizadas y las correcciones aplicadas a través de las iniciativas adoptadas para confirmarlas o descartarlas. Por eso Anil Seth habla gráficamente del cerebro como una “máquina de predicción” basada en la “mejor conjetura”.

El problema de todo ese proceso de percepción reside en que no es un cálculo ajeno a la subjetividad de la persona que valora los hechos, ni al contexto social y cultural en el que suceden. Los estudios indican que, por un lado, influye más lo que encaja en el orden establecido, pues se tiende a percibir una realidad estructurada, por otro, que hay una serie de jerarquías perceptivas, o sea, de elementos que le dan más valor a lo percibido de un modo que de otro, y, en tercer lugar, que la influencia es mayor a partir de lo que se presenta más útil o práctico para la posición de quien lo percibe.

Es decir, la percepción no es neutral, y lo será mucho menos conforme los elementos de interés para que todo encaje en la manera de entender los hechos, y en la forma de alcanzar los objetivos deseados sea mayor. Esa es la razón por la que dos personas ante unos acontecimientos pueden alcanzar conclusiones completamente distintas a partir de los mismos elementos, como con tanta frecuencia vemos, por ejemplo, en los votos particulares de las sentencias.

La ciencia y la propia profesionalidad de quien la aplica lo que hace en gran medida es limitar el espacio de la subjetividad, pero no lo impide, menos aún cuando el contexto social acompaña la valoración individual en un sentido determinado, y cuando ese individualismo ha conducido a poner el grupo propio por delante del compromiso público. De esa manera se crean las circunstancias para que haya un enfrentamiento de la justicia con la política, de la política con la sociedad, y de la sociedad consigo misma entre quienes no comparten ideas y valores.

La presunción ante unos hechos, por lo tanto, es consecuencia de dos elementos fundamentales, como lo demuestran los estudios sobre la percepción:

1. El contexto sociocultural y su influencia en la subjetividad de quien decide sobre el significado de los hechos y el resultado de las investigaciones.

2. El grado de conocimiento y profesionalidad para aplicar esos elementos desde las referencias profesionales, no desde las sociales ni desde las posiciones individuales.

El nivel de conocimiento puede mejorar con el estudio y la experiencia, pero su variación es mínima a corto plazo. Lo que realmente ha cambiado es el contexto sociocultural debido a la polarización social y política que existe. Este cambio influye en la manera de percibir y entender la realidad, y en las decisiones que se adoptan sobre ella. Los ejemplos son claros, los pactos del PP y Vox hablan de “prioridad nacional” y de “desregulación” como medidas de acción política, algo que hace unos años habría sido imposible.

Lo que se ha conseguido con la polarización es crear más incertidumbre sobre el orden social que nos hemos dado, y darle un significado a la realidad para que se actúe en consecuencia. Este contexto de significado conservador y androcéntrico es parte de una estrategia, y sus consecuencias son más graves que un posible caso de lawfare aislado.

_________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Las peripecias del juez Peinado comienzan en abril de 2024, cuando admitió a trámite una escuálida querella presentada, cómo no, por el colectivo Manos Limpias, en la que imputaba a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, la comisión de un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Sin valorar si los hechos denotaban la existencia de materia delictiva comienza una investigación que extiende innecesariamente durante dos años y unos meses tramitándola por un procedimiento contrario a las normas legales. El delito de tráfico de infles, por su propia naturaleza, una materia apropiada para ser juzgada por un jurado popular.  

Las numerosas y pintorescas peripecias que se han sucedido hasta el momento presente darían para una secuencia cinematográfica que hubiera aprovechado, en sus tiempos, el inolvidable Berlanga, pero también le puede servir a Santiago Segura para su exitosa saga sobre Torrente. Dejemos el pasado y situémonos en el presente. Dicen que el señor Peinado es aficionado a la hípica. Como San Pablo se ha caído del caballo y en la recta final ha recuperado la senda del jurado y ha acelerado el galope para entregar todo el material acumulado (cerca de 20.000 folios) a la Audiencia Provincial para que, previamente seleccionado, se entregue al magistrado al que por turno le corresponda presidir el Tribunal del Jurado. 

Ajustándose, esta vez sí, a la legalidad, convocó la audiencia preliminar prevista en el artículo 30 de la ley del Jurado. Se celebró el 15 de junio sin que se solicitasen nuevas diligencias, por lo que se entró en el fondo del asunto y se solicitó de las partes que se pronunciasen sobre la competencia del tribunal del jurado y sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. No podemos pasar por alto la decisión tomada por Peinado convocando simultáneamente la audiencia preliminar y la vista para la adopción de medidas cautelares poniendo de relieve que ya había tomado la decisión de abrir el juicio oral, perdiendo toda apariencia de imparcialidad. Es evidente que ya había prejuzgado antes de oír a las partes lo que supone una vulneración del derecho a un juicio contradictorio e igualdad de armas.

El auto de 20 de junio por el que decide la apertura de juicio oral y adopta medidas cautelares sigue la misma línea errática, discursiva e incoherente que los anteriores. Para sentar a una persona en el banquillo de los acusados y someterla a limitaciones de sus derechos se necesita algo más que vagarosos indicios y elucubraciones. Se afirma que la cátedra se le concedió por la presión moral que suponía que la peticionaria era la esposa del presidente del Gobierno. Fuera de esa artificiosa argumentación no se encuentra ningún otro elemento de presión que torciese la voluntad del rector o v icerrector de la Universidad Complutense.

En la extensísima relación de hechos dedicada a la concesión de la cátedra, funcionamiento, patrocinadores, actuaciones concretas… no existe ni el más mínimo dato que avale la existencia de un delito de tráfico de influencias. Una vez que termina este apartado se centra en: la presencia continuada de María Cristina Álvarez Rodríguez en actos y eventos vinculados exclusivamente a la actividad profesional o académica de María Begoña Gómez Fernández, sin relación con funciones propias de la Presidencia del Gobierno. Solo con una artificiosa vocación punitivista se puede considerar este comportamiento como un hecho delictivo. Sobran todos los interminables folios que vienen a continuación. Derrocha papel sin tasa ni medida. 

En relación con el famoso software del que la acusa de haberse apropiado, el relato pierde los algoritmos y en lugar de precisar con datos registrales y documentales la efectiva apropiación termina reconociendo que todo se reduce a circunstancias especialmente relevantes a efectos indiciarios. En un delito de esta naturaleza no caben indicios sino realidades. Usted mismo en la página 75 afirma que Begoña Gómez presuntamente pudo apropiarse del software elaborado en el seno de la cátedra. ¿Desconoce que a los jurados no se le pueden plantear presunciones?

Analizando las gravosas medidas cautelares personales impuestas, resulta difícil entender que, en este caso, para evitar el riesgo de fuga sea necesario acordar motivadamente la retención del pasaporte. La traca final no ha merecido el más mínimo reproche de los políticos que pretenden gobernar nuestro país y “regenerarlo”. Miedo me dan. Un juez que es capaz de afirmar que los agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, facilitar su fuga. Cuatro vocales del Consejo del Poder Judicial estiman que la decisión se ajusta a la legalidad. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer sus nombres y sus “razonamientos”.

Además, despreciando cuanto ignora, acuerda una medida de confinamiento en el territorio nacional que no tiene sustento legal. Equiparándola a una peligrosa delincuente, decide oficiar a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación.

Un juez que decide estas medidas demuestra una inaceptable inquina personal o no controla su capacidad jurídica. No solo ha demostrado su ignorancia jurídica, sino que ha degradado la credibilidad de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. Me llama la atención el silencio de las asociaciones judiciales ante este atropello a la exigible racionalidad y justificación de una resolución judicial que atenta contra derechos fundamentales y ataca, por vía indirecta, al presidente del Poder Ejecutivo.

Espero que el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en cuanto reciba las actuaciones, levante las medidas cautelares y acuerde la nulidad de todo lo actuado.

______________________

José Antonio Martín Pallín. Abogado. Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Las joyas nos fascinan. No por su belleza, por su deslumbrante brillo o por la rareza de sus materiales. Tampoco por el desorbitado precio que alcanzan en su exclusivo mercado. No. Las joyas nos fascinan porque transmiten una misteriosa fuerza. Una energía oculta que, desde los tiempos más remotos, se intento canalizar en talismanes que sanaran el cuerpo y protegieran el alma. Pero también una fuerza negra, capaz de desatar la más terrible maldición, como la que envolvió al famoso diamante Hope, del que se cuenta que llenó de ruina y muerte a quienes lo poseyeron: entre otros, los guillotinados Luis XIV y María Antonieta; o el joyero holandés Wilhelm Fals, asesinado por su propio hijo -que tras el parricidio acabó suicidándose- para robarle la joya.

Fue Oscar Wilde quien nos iluminó sobre el origen de este magnetismo. O más bien Dorian Gray, ordenando y reordenando en sus estuches, durante días enteros, las preciosas piezas de su colección: ese crisoberilo verde oliva que enrojecía a la luz de una lámpara; aquella envidiada turquesa de la vieille roche, o el partido arcoíris del ópalo lechoso. También deleitándose con la lectura de las más extraordinarias historias escritas sobre joyas, libros que despertaban en él una embriagadora admiración. La razón última de esa obsesión no era otra que la certeza que poseía Gray de estar contemplando en aquellas hermosas piezas la esencia misma del pecado. Ese pecado que, como le enseñó lord Henry, era el único elemento de color que quedaba en la vida moderna. Ese mismo pecado que iba corrompiendo su imagen en el retrato oculto.

Por ello las joyas son guardadas en cajas fuertes; no solo por temor a que sean robadas, sino sobre todo por el afán de encerrar bajo siete llaves la materialización de nuestros pecados. El secreto lo sabían Gray y Wilde. Pero también el juez Calama, como evidenció al mostrar más interés por las joyas descubiertas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero que por la legalidad de unas grabaciones americanas llegadas con cinco años de retraso, pero en el momento justo. Y, sobre todo, fue consciente de ello la mano interesada que se apresuró a difundir las imágenes de aquellas alhajas. Esas pésimas fotografías, tomadas torpemente por algún policía, fueron demoledoras. Pero su fuerza no residía en su potencial carga probatoria. Su auténtico poder emanaba de esa capacidad para reflejar el pecado. En realidad, lo que se nos quería mostrar no eran joyas: era el lienzo maldito y escondido de Dorian Gray que dejaba desnudo ante el mundo el pecado del expresidente.

La operación fue perfecta. Y su refutación imposible porque el “caso Zapatero” dejó de ser percibido desde parámetros judiciales. Para el imaginario colectivo, la investigación, comprensible y necesaria, de un presunto delito, pasaba a segundo plano una vez contemplada la imagen misma del pecado. Por eso la presunción de inocencia dejó de tener sentido, pues en nuestro fuero más interno sabemos de sobra que todos somos pecadores. Las leyes, en definitiva, ya no tienen nada que decir después de que se haya impuesto el marco mitológico de lo sagrado. Los informes de Washington, las pruebas periciales, los expedientes policiales, los interrogatorios. Todo eso ya es irrelevante, más allá de su aprovechamiento como carnaza de titular mediático. Lo importante está visto. Y la condena divina pesa ya sobre Zapatero.

Algo similar ocurre con los asuntos que afectan al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y, especialmente, con el calvario al que ha sido sometida su esposa, Begoña Gómez, por parte de Juan Carlos Peinado. La extravagante instrucción protagonizada por el juez, que ha culminado en su delirante auto de procesamiento, no se explica sin la seguridad absoluta que le otorgaba el saber que, desde el primer momento, el tema se enmarcaba en el ámbito extrajudicial de la moral. Porque, en última instancia, Peinado se sabía beneficiado por esa sentencia clásica que obligaba a la mujer del César no solo a ser honrada sino a parecerlo. El Código Penal se sustituyó así por un código moral que invalidaba nuevamente la presunción de inocencia. La actividad profesional de Begoña Gómez se transmutaba en un caso de adulterio universitario donde las pruebas eran irrelevantes y la mera sospecha justificaba el castigo.

A partir de estos supuestos, Peinado pudo darse el placer de activar los atavismos misóginos más irracionales, reforzado además por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, como mucho, se limitaba a mostrar una tímida incomodidad ante sus extravagancias. Por eso se regodeó en convertir la instrucción en un espectáculo de escarnio ya que, como marcan los códigos medievales, la mujer adultera debe sufrir la vergüenza pública. Y como dicta el Antiguo Testamento, a la criminosa no le cabía otro destino que la lapidación, aunque hoy, para llevar a cabo esa ejecución simbólicamente, se sustituyan las puertas de la ciudad por la sala de un juicio oral y los guijarros afilados por el dardo envenenado de un jurado popular. La reciente apertura por el CGPJ de un expediente contra Peinado por afirmar que las fuerzas de seguridad podrían colaborar en la fuga de la esposa del presidente, lejos de cuestionar su actuación, la confirma: al máximo órgano judicial solo le preocupa el honor mancillado de la policía, no el trato inquisitorial aplicado a la reo.

Esa capa metafísica trascendental con que se han recubierto los casos de Zapatero y de Begoña Gómez es, precisamente, lo que explica el uso que la derecha y la ultraderecha –parlamentaria, mediática y sociológica– hacen de ellos para atacar al gobierno de coalición progresista y minar los ánimos de una izquierda desconcertada. Para ellos son el arma decisiva, mucho más letal que la munición –nada despreciable, por otro lado– que les puedan ofrecer affaires como los de Santos Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Y ello es debido a que, en su opinión, nada se les puede equiparar. Tras ser elevados a la sublime esfera de la infinitud, todo intento de comparación con Zapatero y Begoña Gómez queda, a su juicio, condenado de antemano al fracaso. 

Porque, frente a la exhibición del pecado, cualquier otra cuestión, por controvertida que sea, se empequeñece y trivializa a la fuerza. Se convierte, en última instancia, en algo mundano. Como los negocios de Alberto González Amador con el grupo Quirón, por ejemplo. Líos de cuentas, que dirían nuestros abuelos. En fin, él sabrá. Problemas contables que nada tienen que ver con Isabel Díaz Ayuso. Porque ella ¡qué va a saber! Los negocios son cosas de hombres. Y las mujeres listas lo mejor que pueden hacer es ver, oír y callar. O ni eso siquiera. Cuantos menos sepas, mejor. Isabel es una mujer lista, fíjate dónde ha llegado. Y sabe perfectamente –como bien le aconseja su amigo, Miguel Ángel Rodríguez– que no hay que meterse en cosas de hombres. Ni en los negocios de su pareja, ni en los de su hermano, ni en los de su padre.

_______________

José Manuel Rambla es periodista.