Dieciséis meses después de comenzar la instrucción de la dana, la jueza que investiga la riada del el 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la exposición razonada para solicitar la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La magistrada no solo apunta a errores administrativos, sino que describe una "inactividad negligente" en la gestión de la dana por parte de Mazón y concluye que "no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados" –es decir, a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, ni a Emilio Argüeso–, exsecretario autonómico de Emergencias, la responsabilidad de lo ocurrido.

Una decisión que sitúa al Partido Popular contra las cuerdas. Los conservadores aseguran "respetar" las resoluciones judiciales, estén de acuerdo o no con ellas, y "actuar" en consecuencia. Sin embargo, la dirección encabezada por Alberto Núñez Feijóo nunca ha querido romper del todo con el expresidente valenciano, ni siquiera tras su dimisión. Y tampoco ahora. Las fuentes consultadas en Génova aseguran que solicitud de la jueza es solo "un primer paso" y abogan por esperar a la resolución del TSCJV. En todo caso, señalan que la decisión sobre si Mazón debe dejar su acta o no es "personal" y que no van a empujarlo a ello. Y circunscriben cualquier otro movimiento interno a la actual dirección del PP valenciano, encabezada por Juan Francisco Pérez Llorca.

Con todo, la tesis de Génova es que "nada hubiera cambiado" si el expresident hubiera estado antes en el Cecopi "del que no formaba parte". Un argumento que contradice la propia magistrada en su exposición razonada. En el escrito de 109 folios asegura que la "estructura jerárquica" de la Generalitat implica "que el superior podía y debía supervisar y controlar lo que hacía el inferior" y que, en el caso del entonces president de la Generalitat, "dicha responsabilidad se configura en un plano de mayor gravedad por las funciones y responsabilidad que la ley le atribuye, y el conocimiento que tenía del grave riesgo mortal".

En el transcurso de la investigación, Ruiz Tobarra no ha podido interrogar a Mazón, aunque le ha invitado en varias ocasiones a declarar voluntariamente por su condición de aforado. Él nunca ha aceptado. Tras su dimisión en noviembre del pasado año, mantuvo su acta en Les Corts y se aferró al aforamiento para evitar los tribunales. Pero el blindaje ha saltado por los aires y la jueza considera que los indicios de "homicidio imprudente con notoria gravedad" y "la omisión de la obligación de coordinar las diversas entes de la administración autonómica" son lo suficientemente sólidos como para que el TSJCV asuma la causa.

El futuro de Mazón pasa ahora, por tanto, por la decisión de la sala del TSJCV. En este escenario, hay varias posibilidades. Una de ellas es que la sala considere que no hay motivos para investigarlo por no apreciar indicios de delito; otra es que acepte la causa y el expresidente sea investigado, pero entonces el TSJCV tendría que asumir el conjunto de la instrucción, por lo que dejaría de estar en manos de Ruiz Tobarra. Pero existe una tercera opción, la más realista a ojos del PP, y es que la sala devuelva la instrucción a la jueza de Catarroja hasta que recabe más pruebas y testimonios antes de decidir si existen indicios suficientes para incriminar al expresident.

Al tiempo que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia decide sobre la imputación de Mazón, el entorno de este intenta contratacar cuestionando la imparcialidad de la jueza a raíz de unas filtraciones a Okdiario sobre la supuesta participación de su marido en los interrogatorios. Es el argumento esgrimido este martes por la propia exconsellera Salomé Pradas: "Parece que se confirma lo que denunciamos ante el Consejo General del Poder Judicial", escribía en su cuenta de X. Desde el inicio de la investigación tanto el PP como Vox han cuestionado la instrucción de Ruiz Tobarra, mientras asociaciones como Manos Limpias se querellaban contra ella por presuntos delitos de prevaricación judicial.

A la espera de lo que se decida a nivel judicial, el foco político se desplaza de nuevo al Palau de la Generalitat. Con cada novedad, explica una fuente autorizada dentro del PPCV, la memoria de la catástrofe se reactiva y desbarata cualquier intento de cambiar la narrativa. Y ahora el sucesor de Mazón, Pérez Llorca, se enfrenta a su propia hemeroteca. El que fuera principal escudero y "fontanero" del partido en la Comunitat Valenciana aseguró tras acceder al cargo que si la justicia encontraba indicios penales contra Mazón, el partido actuaría con los estatutos del partido en la mano.

Así lo afirmó en una entrevista el pasado mes de diciembre, en la que dijo que si la jueza de la dana elevaba la causa al TSJCV, como ha ocurrido, sería el momento de actuar. "Veremos las conclusiones de la jueza y adoptaremos las medidas en base a los estatutos del partido", señaló ante los micrófonos de la Cadena Ser. "Hay que ser respetuosos con los tiempos y las formas". Los estatutos del PP contemplan el expediente disciplinario en su artículo 20 a un afiliado cuando "se tenga conocimiento de que ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial".

Sin embargo, este martes señaló que Mazón ya "asumió responsabilidades" después de las asociaciones de víctimas comparecieran en la comisión de investigación de Les Corts y pidieran que el expresident dejara su acta de diputado o, en caso de negarse, que el PP lo expulsara. El jefe del Consell aseguró sentir "un profundo respeto por las víctimas" pero aseguró que no está en sus planes acceder a esa demanda. Así lo trasladan fuentes de su equipo a infoLibre, que aseguran que el president valenciano no va a exigirle a su antecesor que le entregue el acta y se muestran "prudentes" ante la investigación judicial. Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Nando Pastor, apremió a no hablar "de futuribles" antes de tiempo.

Aunque de puertas para afuera el actual president asegura que Mazón ya ha cumplido, internamente el PP valenciano está en ebullición: nno son pocos lo que creen que el alicantino debería entregar su acta de diputado autonómico para "no seguir haciendo daño" al partido, a pesar de los intentos del expresident de pasar desapercibido desde el gallinero de Les Corts. El PP, además, decidió premiarlo poco después de dimitir al elegirlo como presidente de la comisión de reglamento de Les Corts Valencianes. Un cargo que comporta un plus de 634 euros al mes en su sueldo de diputado.

Por primera vez, alguien invoca ante la justicia la violación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), aprobado en 2024 y en vigor desde 2025. Un texto legal que, en España, casi nadie está cumpliendo. Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana admitió a trámite la primera demanda presentada en nuestro país basada en la EMFA. Una iniciativa que abre un frente judicial inédito que, en teoría, puede redefinir las reglas del juego en la gestión de las radiotelevisiones autonómicas.

La historia que ha llevado a los tribunales valencianos a tantear este territorio inexplorado tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático: un cambio de gobierno, una reforma legislativa exprés, unos mandatos interrumpidos sin justificación y, sobre todo, una nueva herramienta legal europea cuya eficacia real está aún por demostrar. 

Miquel Francés, expresidente del desaparecido Consejo Rector de la corporación que regula los medios públicos valencianos, junto con los vocales Lola Bañón y Javier Marzal, han decidido plantar cara a lo que consideran un cese de facto inmotivado, amparado en una ley que, según su lectura, vulnera de raíz las salvaguardas que Bruselas ha establecido para blindar a los medios públicos frente a las interferencias políticas. Los tres accedieron en su día a estos puestos en representación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

La cronología de los hechos dibuja un patrón conocido. Tras el vuelco electoral de mayo de 2023 en la Comunitat Valenciana, la nueva mayoría parlamentaria (PP y Vox) aprobó la Ley 2/2024, que suprimió la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) y creó en su lugar la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana SA (CACVSA) con el único objetivo de someterla al control del Ejecutivo. En apariencia era un simple cambio de estructura corporativa. En la práctica, una vía para resetear el órgano de gobierno del ente público sin tener que esperar al fin natural de los mandatos vigentes. 

Los tres recurrentes ostentaban cargos con plazo de expiración fijado para el 15 de abril de 2029, es decir, con casi cuatro años por delante. Pero, desde el 11 de marzo de 2025, dejaron de ser convocados. Si la demanda es atendida, los tres tendrán que ser convocados a las reuniones del consejo de administración de la nueva corporación, el primero en calidad de presidente, hasta la finalización de sus mandatos en 2029.

Este tipo de operaciones a medida no es una novedad en el panorama mediático autonómico español. A lo largo de los últimos años, las radiotelevisiones públicas han funcionado en muchos territorios como botín político, con consejos de administración renovados al compás de los cambios electorales mediante reformas legislativas que permitían eludir la continuidad de los órganos de gestión. 

La novedad, esta vez, es que existe un instrumento jurídico europeo que puede frenar estas prácticas. El Reglamento (UE) 2024/1083, conocido como EMFA, entró en vigor el 8 de agosto de 2025 y tiene aplicación directa en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. Es decir, desde esa fecha, cualquier decisión sobre la gobernanza de un medio público en España debe ajustarse a sus exigencias.

El núcleo de la demanda presentada ante el TSJCV se centra en el artículo 5.2 del Reglamento, que establece un conjunto de garantías diseñadas específicamente para evitar que los gobiernos puedan controlar a los medios públicos a través del nombramiento y cese de sus directivos. 

La norma europea es clara: los mandatos de los responsables de los medios de servicio público deben tener una duración suficiente para garantizar su independencia efectiva. Además, solo pueden ser cesados antes de que expire su periodo de forma excepcional, por no cumplir ya las condiciones profesionales requeridas, y nunca por razones políticas o por cambios legislativos instrumentales. Por último, cualquier decisión de destitución debe estar debidamente justificada, notificada previamente y sujeta a revisión judicial.

Los demandantes argumentan que la ley valenciana ha buscado precisamente lo que el reglamento europeo pretende impedir: acortar mecánicamente los mandatos mediante una reforma estructural que, bajo la apariencia de modernización corporativa, permite renovar el órgano de gobierno sin justificación profesional alguna y sin control judicial previo. 

En su recurso, los demandantes solicitan tres cosas: la anulación de la exclusión de sus cargos en el nuevo consejo de administración, su reposición inmediata como presidente y vocales hasta el fin de su mandato original en 2029, y el abono de las dietas y salarios dejados de percibir desde que fueron apartados.

La Sala Cuarta del TSJCV, al admitir la demanda a trámite, ha emplazado a la Generalitat Valenciana a contestar en un plazo de veinte días. Es solo un trámite procesal, pero también un hito simbólico: por primera vez en España, un tribunal examina si una reforma autonómica sobre un medio público vulnera las nuevas salvaguardas europeas. La decisión que se tome en València puede sentar jurisprudencia y condicionar la manera en que otras comunidades autónomas gestionan sus entes audiovisuales.

El caso se produce, además, en un contexto de preocupación por la deriva de À Punt. Desde el cambio de gobierno, se han denunciado decisiones como el intento de restringir las funciones del Consejo de Informativos, el desmantelamiento de servicios de documentación y un descenso en los contenidos en valenciano, elementos todos ellos que han generado inquietud entre profesionales y observadores del sector. La cuestión de fondo no es solo quién gobierna el medio, sino cómo se gobierna y con qué garantías de independencia editorial y funcional.

La EMFA representa, en efecto, un cambio de paradigma. Es la primera vez en la historia de la Unión Europea que se introduce una regulación sustantiva sobre el funcionamiento de los medios de servicio público. Hasta ahora, su independencia era un principio reconocido en diversas directivas y recomendaciones, pero sin la fuerza vinculante de un reglamento. Con la EMFA, la independencia de los medios públicos se eleva a la categoría de requisito de cumplimiento de la legislación de la Unión, lo que permite un control judicial más estricto sobre las estructuras de gobernanza nacionales.

Las consecuencias prácticas de esta norma son de largo alcance. En primer lugar, establece un blindaje efectivo contra los ceses políticos. Los directivos y miembros de los consejos de administración de los medios públicos ya no pueden ser destituidos al albur de los cambios de gobierno o de mayorías parlamentarias. Solo caben destituciones excepcionales, por causas profesionales tasadas de antemano, y siempre con posibilidad de revisión judicial. 

En segundo lugar, la EMFA exige la aprobación de una financiación estable para los medios públicos. Los Estados miembros deben asegurar recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles, preferiblemente decididos de forma plurianual, para evitar que el presupuesto se convierta en un instrumento de presión política.

El Reglamento refuerza, en tercer lugar, la independencia editorial y funcional. Los medios públicos tienen la obligación legal de proporcionar información e ideas de manera imparcial y plural. Una manera de garantizar eso es la creación de órganos independientes de representación de los trabajadores, como los consejos de informativos que la actual corporación está intentando ahora mismo limitar. 

Y, en cuarto lugar, cada Estado debe designar una autoridad u organismo independiente, libre de influencia gubernamental, para supervisar el cumplimiento de estas salvaguardias. En España, ese papel recae en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo representante, de hecho, presidió en 2025 el nuevo regulador europeo, conocido como Media Board, el organismo encargado de coordinar la aplicación de la EMFA en toda la Unión. Y, a escala valenciana, en el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV) que, sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre la corporación de medios públicos autonómicos y el modo en que la regulación vigente incumple lo dispuesto en el reglamento europeo.

Los cambios que la EMFA impone a la regulación española son significativos. Al ser un reglamento, tiene efecto directo y es vinculante desde su entrada en vigor, lo que obliga a España a ajustar cualquier ley interna contradictoria. Pero ningún gobierno —ni los autonómicos ni el central— lo está haciendo.

La práctica de suprimir entes públicos para crear otros nuevos con el fin de renovar sus consejos queda bajo escrutinio judicial europeo. Se espera que la regulación española deba garantizar la inamovilidad de los consejeros incluso frente a cambios estructurales de los entes, si estos mantienen las mismas funciones. Las decisiones de destitución en medios públicos españoles deberán incluir obligatoriamente la posibilidad de control judicial, permitiendo que los cesados recurran si consideran que no hay una justificación profesional válida según criterios establecidos previamente.

El caso de À Punt es, en este sentido, una prueba de fuego. Si el TSJCV concluye que la reforma valenciana vulnera el reglamento europeo y ordena la reposición de los consejeros cesados, habrá sentado un precedente que puede disuadir a otras comunidades autónomas de intentar maniobras similares. Si, por el contrario, avala la legalidad de la operación, habrá abierto una vía para eludir las salvaguardas europeas mediante cambios corporativos formales que, en el fondo, persiguen el mismo objetivo político: controlar el mensaje del medio público.

No habrá, en todo caso, una respuesta rápida. El trámite contencioso-administrativo puede demorarse varios años. Y después, cualquiera de las dos partes puede recurrir al Constitucional.

Pero lo que está en juego va más allá de tres cargos institucionales. Lo que se dirime en los tribunales valencianos es si Europa puede efectivamente proteger a los medios públicos de la captura política o si las viejas prácticas nacionales y autonómicas encontrarán siempre un resquicio legal para perpetuarse. 

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha aceptado este miércoles la petición del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de crear una comisión mixta sobre la dana.

Así lo ha anunciado Pérez Llorca en una rueda de prensa tras haber sido recibido por primera vez por el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa con motivo de su reciente toma de posesión del cargo en sustitución de Carlos Mazón.

Llorca no ha considerado un éxito la aceptación de esta comisión, porque desde su punto de vista debería haber sido creada antes: "Han pasado 414 días desde la tragedia, comparen ustedes con el caso del volcán de La Palma", ha dicho.

En ese foro deberán tratarse cuestiones esenciales para la reconstrucción tras la dana, ha explicado.

De entre todas esas cuestiones, sus prioridades son arbitrar exenciones tributarias para personas que han perdido su negocio o su casa; y la tramitación por el procedimiento de urgencia de determinadas obras, fundamentalmente las necesarias para evitar nuevos desbordes si hay lluvias torrenciales.

En la misma línea, ha llamado la atención sobre la necesidad de que los municipios puedan tramitar con mayor agilidad las ayudas concedidas.

Llorca también ha señalado que la Generalitat se ha endeudado en 2.500 millones de euros para "atender ayudas" y obras de reparación de primera necesidad, una cantidad a la que ha accedido porque el Gobierno no nos ha permitido endeudarnos.

"Le he pedido que sea una ayuda a fondo perdido del Gobierno. No puede ser que la única aportación del Gobierno sea endeudarnos más", ha explicado, pero no cree haber recibido una disposición positiva para ello por parte del Gobierno: "Eso sí hubiera sido un punto de inflexión", ha lamentado.

Llorca cree que si fuera necesario algún cambio legislativo será posible aprobarlo, siempre que se lleve al Congreso una propuesta que se limite a tratar esas medidas en exclusiva.

El nuevo presidente valenciano ha presentado a Sánchez un plan con "Cien acciones para avanzar juntos" con reivindicaciones históricas de esta comunidad y necesidades surgidas en los últimos tiempos, especialmente después de la dana del 29 de octubre de 2024.

Entre esas necesidades se incluía la comisión mixta sobre la dana, que Sánchez se ha comprometido a constituir y en la que estarán representados el Gobierno, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y los pueblos afectados por la dana.

El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido elegido este jueves nuevo president de la Generalitat Valenciana en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias al respaldo de Vox, con cuyos votos ha obtenido la mayoría absoluta que precisaba para su investidura, informa EFE.

Pérez Llorca necesitaba al menos 50 votos para ser elegido y ha recabado 53, los que suman los 40 los diputados del grupo popular -incluido su predecesor, Carlos Mazón, que ha acudido al pleno para el momento de la votación- y los 13 del grupo Vox, frente a los 45 negativos de los parlamentarios socialistas y de Compromís.

La votación se ha hecho tras los discursos del único candidato a la investidura y de los portavoces de los grupos parlamentarios mediante llamamiento a los diputados, a quienes se ha nombrado uno a uno para que dijeran 'sí', 'no' o 'abstención'.

Una vez finalizada la votación, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha declarado que Juanfran Pérez Llorca quedaba investido como president de la Generalitat, lo que ha sido recibido con aplausos por parte de los diputados del PP y Vox.

El recién elegido president ha ofrecido a los grupos un "pacto de les Corts" que asegure la gobernabilidad de las instituciones y la estabilidad de la legislatura y ha defendido el cambio liderado en 2023 por Mazón.

En materia de inmigración, ha planteado medidas como el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen o conocer la nacionalidad de los delincuentes, al tiempo que ha mostrado su oposición al decreto de reparto de esos menores por ser "una tremenda irresponsabilidad".

Se ha referido también al Pacto Verde europeo, del que ha dicho que tal como está planteado es "la peor amenaza" a la que se enfrentan los agricultores, y ha defendido la continuidad de la central nuclear de Cofrentes.

Ha reclamado también la ejecución por parte del Gobierno central de las obras hidráulicas pendientes en la Comunitat Valenciana, entre las que ha citado las presas de Vilamarxant y de Cheste y la reparación de la presa de Forata, así como otras en los barrancos de Pozalet y La Saleta o del Poyo. Por su parte, Vox ha celebrado los compromisos adquiridos por el candidato, pero le ha instado en que profundice más en algunos de ellos.

Además, el candidato ha ofrecido "diálogo, consenso y acuerdo" en su nuevo mandato y ha insistido en que es necesaria la "calma" porque "la crispación y los insultos nos alejan a los políticos de la realidad".

Al ser preguntado por la primera acción que hará como president, Pérez Llorca ha apuntado que aún no ha jurado el cargo, y que además tiene que presentar su renuncia como alcalde de Finestrat (Alicante), algo que "no es baladí" para él, pues "han sido veintidós años de trabajo".

En cuanto a la oposición valenciana, la secretaria general de los socialistas valencianos, la ministra Diana Morant, ha considerado que esta es una investidura "fake". El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha acusado a Pérez Llorca de ser un "regente provisional" con el que se "alarga la agonía", en lugar de la salida "digna y razonable" de unas elecciones.

Por su parte, la asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024, junto a otras entidades, han protestado ante Les Corts Valencianes contra la investidura, con un muñeco con la cara del candidato que han estrenado este jueves, y alguna de ellas han entrado a seguir el pleno invitadas por la oposición.

El todavía president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado que Pérez Llorca será un president "extraordinario" y ha dicho que le va a apoyar en la medida de sus posibilidades.

En declaraciones a los periodistas al finalizar el debate de investidura en Les Corts Valencianes este jueves, al que ha asistido únicamente en su fase final de votación, Mazón ha dicho que hoy es el día del nuevo president de la Generalitat y que no iba a ser él quien lo interrumpiera.

Ha afirmado que ser president es "una responsabilidad muy importante" y ha considerado que todos tienen que apoyar a Pérez Llorca "por el futuro" de esta tierra, algo que está "por encima de todo".

Por su parte, la dirección nacional del PP ha celebrado el apoyo de Vox a su candidato autonómico. Fuentes cercanas a la dirección han destacado a EFE que la elección de Pérez Llorca supone "un problema menos para el PP y un problema más para el PSOE".

El nombramiento de Pérez Llorca deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en un plazo de diez días, según establece la ley de Gobierno del Gobierno valenciano. Posteriormente, habrá un nuevo pleno de Les Corts para que jure el cargo de president, que será el próximo martes 2 de diciembre a las 12:00 horas, y formule una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate.

Así lo ha acordado este jueves la Junta de Síndics, que se ha reunido al acabar el pleno en el que Pérez Llorca ha sido elegido nuevo president. Una vez jurado el cargo, ya estará en disposición de dar a conocer la composición del Ejecutivo que le acompañará en su nueva responsabilidad y que será el quinto gobierno de esta legislatura.