No es ninguna novedad que, en las últimas décadas, las ciudades españolas han experimentado notables transformaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, el paisaje de las ciudades podía leerse a través del papel central que jugaba la industria en la economía: fábricas, migraciones internas y barrios obreros levantados a toda prisa y de escasa calidad arquitectónica para absorber a la población trabajadora que llegaba en busca de trabajo.
El declive industrial, la terciarización de la economía y el giro neoliberal de las políticas públicas –cada vez más orientadas a facilitar el crecimiento y expansión del mercado– dieron forma a un nuevo tipo de ciudad. En una economía cada vez más globalizada y competitiva, las ciudades se convierten en protagonistas y principales atractores de fuentes externas de financiación, inversión, empresas, empleo y talento. Esa competencia se libra también en el terreno simbólico. Las ciudades buscan poner su nombre en el mapa y construir una marca propia con la que posicionarse. El repertorio es conocido: congresos y ferias, festivales, grandes piezas arquitectónicas, candidaturas y eventos deportivos, operaciones de regeneración urbana que reescriben la imagen del lugar… Por mencionar algunos ejemplos, Barcelona convirtió los Juegos Olímpicos de 1992 en un hito fundacional de su proyección internacional; Valencia apostó por la Ciudad de las Artes y las Ciencias como icono; Madrid se posicionó como territorio de empresas especializadas en el mercado latinoamericano. Con el tiempo y bajo el miedo a quedarse atrás, el resto de ciudades han tratado de imitar el modelo adaptándolo a sus características y ventajas competitivas, en muchos casos a través del turismo.
Es en esta intersección entre (1) atracción de empleos y trabajadores cualificados de la nueva economía global, (2) transformación del tejido urbano y (3) inversiones inmobiliarias donde se producen los procesos de gentrificación. Esta palabra es uno de esos conceptos que ha trascendido el ámbito académico y se ha popularizado desde hace unos años. Una palabra que ha servido para que muchas personas le pongan nombre a lo que está ocurriendo en sus barrios. La gentrificación es ese proceso de transformación de barrios tradicionalmente populares mediante dinámicas de revalorización residencial, comercial y simbólica que conllevan el desplazamiento –directo o indirecto– de sus habitantes originales por grupos con mayor capacidad adquisitiva. Es decir, bajo unas ciertas condiciones, el barrio se encarece y se produce una sustitución de la población residente por una más rica o de mayor estatus.
Los centros de las ciudades a finales del siglo XX eran en muchos casos espacios degradados, con un parque de viviendas envejecido y un largo ciclo de infrainversión donde históricamente había residido la clase trabajadora. En la nueva economía global se produce una revalorización de estos espacios por su centralidad, accesibilidad, patrimonio cultural y margen de revalorización. Los centros se vuelven deseables y tanto las inversiones inmobiliarias como las políticas públicas de mejora del espacio se concentran en ellos. A menudo, las aclamadas políticas de regeneración urbana –que prometen acabar con el abandono, la degradación y la falta de inversión– activan una cadena de efectos difíciles de controlar. La reurbanización de calles, las peatonalizaciones, la rehabilitación de edificios o la inauguración de equipamientos culturales son per se mejoras del espacio deseables. El problema es que, en un sistema donde la vivienda es entendida como un bien de inversión, la regeneración de un barrio eleva su deseabilidad, activando el interés de inversores y nuevos vecinos, conduciendo a una escalada de precios de la vivienda.
Modelo cruel de gentrificación
Los efectos de este proceso son conocidos: muchos vecinos se ven forzados a marcharse, incapaces de hacer frente a los nuevos precios; los que logran quedarse, lo hacen en una situación precarizada teniendo que destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda y viendo cómo los vecinos, comercios y redes de su barrio se transforman. La estampa final es cruel. Los vecinos que lucharon y exigieron mejoras en sus barrios, son privados de su disfrute. Este modelo de gentrificación lo hemos visto, desde finales de los 90 hasta el estallido de la crisis de 2008, mayormente en los centros de las ciudades: Malasaña en Madrid, Ciutat Vella en Barcelona, Russafa o el Carme en Valencia, la Alameda en Sevilla o el Albaicín en Granada.
La crisis de 2008 supuso para buena parte de la población pérdida de empleos, bajadas salariales y mayor inestabilidad laboral. En términos de vivienda, se produjo una oleada de desahucios sin precedentes, la mala situación económica dificultó el acceso a la propiedad y la emancipación de los jóvenes se retrasó notablemente. En este contexto, el alquiler pasó a ser una opción cada vez más habitual –y a veces la única posible– para buena parte de la población. Al mismo tiempo, en algunas ciudades como Madrid se produjeron ventas de grandes bolsas de vivienda pública a grandes tenedores bajo el pretexto de reducción del déficit público. En 2013, entraron en vigor una serie de reformas sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos que disminuyeron la duración mínima de los contratos de alquiler, permitiendo mayor rotación de inquilinos y eventuales subidas de los precios. La crisis y la respuesta de los gobiernos a todo esto allanaron el camino para la proliferación de Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), cuya actividad se centraba en el mercado del alquiler.
Así, los mercados entran de lleno en el negocio de la vivienda aprovechando los bajos precios tras la crisis y diversificando los usos con un objetivo claro: elevar la rentabilidad. Esa lógica empuja a abandonar, o al menos a devaluar, el alquiler residencial de larga duración –más estable pero menos optimizable– y a priorizar fórmulas más flexibles: vivienda turística, alquiler de temporada para población transitoria, alquiler por habitaciones, colivings y otros formatos que permiten reajustar (al alza) precios con más frecuencia. Esta situación ha marcado varios hechos clave en el avance de los procesos de gentrificación. Primero, si antes era la población de clase media-alta local la que desplazaba a la clase trabajadora, hoy la competencia por la vivienda incorpora nuevas demandas ligadas a la hipermovilidad: turistas, estudiantes, profesionales internacionales en estancias cortas o trabajadores desplazados. En segundo lugar, la flexibilización de usos de la vivienda convierte el reemplazo social en un proceso más rápido, porque reduce el tiempo de permanencia que anclaba a los residentes al barrio: contratos más breves y rotación más alta hacen que la sustitución se produzca de forma acelerada. Tercero, en un contexto de escasez de vivienda y concentración de la población en las ciudades, ya no son estrictamente necesarias la intervención urbana y mejoras de las viviendas para su revalorización. Es decir, basta un cambio de uso de la vivienda, orientarla a otro tipo de inquilino o simplemente esperar a que la espiral especulativa te permita subir los precios.
Todo ello ha hecho que la gentrificación dé el salto a ciudades de menor tamaño. Ya no es un fenómeno circunscrito a grandes metrópolis como Madrid, Barcelona o Valencia: en mayor o menor medida, muchas capitales de provincia empiezan a experimentar dinámicas similares de encarecimiento de la vivienda y sustitución social. En cada ciudad las transformaciones adoptan formas diferentes en función de las ventajas que puedan movilizar y las demandas que puedan cubrir: empresas y empleos especializados de alta cualificación, turismo de sol y playa, turismo histórico y patrimonial, condiciones de clima y entorno que hacen atractiva la vida para trabajadores en remoto, la presencia de universidades, etc.
Por otro lado, además de extenderse a ciudades de menor tamaño, la gentrificación también se ha desplazado dentro de las grandes urbes hacia nuevos barrios. Espacios que un día fueron las primeras periferias –barrios populares, fuera del radar para inversores inmobiliarios– de la ciudad hoy comienzan a sufrir sus consecuencias. Lo que comenzó en los centros se ha convertido en una dinámica de conjunto, alimentada por un efecto dominó: cuando un área se encarece y sus vecinos son expulsados, éstos se reubican en otros barrios, muchas veces contiguos, pudiendo desplazar a los residentes de estos últimos. Se produce así un desplazamiento en cadena que en ocasiones excede los límites municipales, afectando al resto del área metropolitana.
El presente de las ciudades plantea varios retos. El primero es generacional y afecta de lleno a la emancipación: los jóvenes se independizan cada vez más tarde y, en muchos casos, acceder a una vivienda –sobre todo en propiedad– resulta inviable sin apoyo familiar, cuando ese apoyo existe. Además, ya no es solamente un problema de los jóvenes más precarios, que son quienes más lo sufren, también de los hijos de las clases medias que ven inviable independizarse en los barrios donde han crecido. Ese desajuste rompe la continuidad residencial, los entornos de socialización, retrasa proyectos de vida y amplifica ese efecto dominó incrementando la presión sobre otros barrios.
El otro reto es material. El encarecimiento de la vivienda y su concentración en cada vez menos manos funciona como una transferencia de renta de hogares trabajadores a hogares de propietarios o empresas, reduciendo la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo de la población. Cuando el mercado te expulsa y relega a las periferias aparecen los costes en forma de tiempo. Las trabajadoras que sostienen la ciudad siguen trabajando en ella, pero pasan a vivir más lejos, acumulando horas de transporte que erosionan la vida cotidiana.
La tercera consecuencia es menos visible, pero afecta al fondo democrático de nuestra sociedad: la pérdida de mezcla social. Una ciudad donde rentas, edades y orígenes se segregan por barrios produce experiencias urbanas cada vez más separadas. Cuando el día a día transcurre únicamente entre iguales –en la escuela, en el comercio, en el espacio público– ignoras otras realidades y eso repercute en los valores que construyes. La mezcla social no es un ideal abstracto: es una condición práctica para frenar la segregación y limitar la reproducción de desigualdades en las ciudades.
La situación es límite y obliga a formular preguntas de fondo: ¿para quién queremos las ciudades? ¿Cuál queremos que sea la función de la vivienda? Hasta ahora las medidas que se han tomado en nuestro país en esta materia han sido tímidas e ineficaces: un control de precios muy limitado –más centrado en contener subidas que en reducir precios ya disparados–, con fisuras que la propiedad ha aprovechado y políticas que han transferido dinero público a los propietarios y les han otorgado bonificaciones fiscales. De esta forma, el acceso a la vivienda sigue funcionando como un foco de desigualdad que continúa ampliando la brecha social. Las consecuencias sociales de apuntalar este modelo de ciudad y de vivienda ya son graves, pero pueden intensificarse en el futuro. Cuando la ciudad no se piensa para el que la vive y la construye día a día, se corre el riesgo de convertirla en un escaparate para turistas, en una experiencia de consumo para población transitoria y en un espacio inhabitable para las capas más vulnerables.
Frente a esta situación, resulta imprescindible promover políticas que garanticen el derecho a la ciudad, hoy reservado a los grupos más privilegiados y a las élites económicas. Para construir una sociedad urbana más saludable necesitamos transformar la concepción de la vivienda como un bien de mercado a la vivienda como un derecho básico y universal. Ello pasa por detener la especulación, garantizar el uso residencial de la vivienda y evitar la expulsión de los y las vecinas de nuestros barrios.
*Carlos Sanz Pérez es investigador predoctoral en el Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
No es ninguna novedad que, en las últimas décadas, las ciudades españolas han experimentado notables transformaciones. Durante la segunda mitad del siglo XX, el paisaje de las ciudades podía leerse a través del papel central que jugaba la industria en la economía: fábricas, migraciones internas y barrios obreros levantados a toda prisa y de escasa calidad arquitectónica para absorber a la población trabajadora que llegaba en busca de trabajo.