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Una transición en entredicho

Láser reivindicativo de Greenpeace sobre una de las torres de la extinta central nuclear de Philippsburg (Alemania), antes de su definitiva demolición en mayo de 2020.

El debate ha sobrepasado a las organizaciones ecologistas, los centros de investigación, los think tanks y las empresas más cool, y ha saltado a las calles de las ciudades a más de 40 grados, a las playas gallegas donde el marisco desaparece, a los agricultores que han perdido más del 30% de la cosecha de cereal, a los pueblos devastados por incendios de una potencia desconocida... No es para menos: en España este verano las olas de calor se han extendido durante 42 días —siete veces más que el promedio calculado entre 1980 y 2010—, la superficie quemada por incendios de sexta generación, claramente vinculados al cambio climático, superaba ya a mediados de agosto la suma de la calcinada en los cuatro años anteriores juntos, y la sequía está desecando humedales, vaciando acuíferos, arruinando cosechas y dejando a poblaciones sin agua para beber siquiera.

Las consecuencias son también evidentes. Según el Instituto de Salud Carlos III, en el último año han muerto en España por temperaturas extremas casi seis mil personas, la producción agrícola se ha reducido, los incendios han arruinado comarcas enteras que necesitarán de abundante inversión pública para recuperarse y los conflictos por recursos como el agua se multiplican en Andalucía, Murcia o Extremadura.

Si acercamos el foco, veremos, además, que estos perjuicios son mayores en personas de rentas bajas y territorios que llevan tiempo sintiéndose abandonados. Estamos entendiendo a marchas forzadas que el cambio climático nos empobrece, nos hace más desiguales, incrementa los conflictos y arremete contra nuestra salud; especialmente, la de los más pobres.

Nada de todo esto es nuevo. Ya en 2019, unos meses antes de que la pandemia estallara, la recién elegida presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acudió a la cumbre del clima que se celebraba en Madrid a presentar el Pacto Verde Europeo, y lo planteó no como el programa ambiental de la Unión, sino como todo un modelo de desarrollo. Meses después llegó la pandemia y muchos temimos que, una vez más, el protagonismo de la transición ecológica quedara relegado ante la urgencia del covid-19. Nos equivocamos. El programa Next Generation, la respuesta dada al desafío de la pandemia, era la hoja de ruta para modernizar la economía europea. ¿Qué es modernizar? Según la Comisión, la suma de dos transiciones: la digital y la ecológica. Falta garantizar que vayan de la mano y superar todas las contradicciones que surgen en su aplicación.

Una sociedad adicta a la energía

En eso estábamos cuando el 24 de febrero Putin invadió Ucrania y el mundo cambió. Europa despertó de décadas de paz y entendió en pocas semanas que era una sociedad adicta a la energía y que la anunciada transición iba a ser más compleja si cabe. Tal es así que en algunos casos se está recurriendo a medidas claramente contradictorias. Resulta paradójico comprobar cómo en enero de 2022 se empezaba a debatir la forma de abordar la reclamación hecha desde la OCDE y la UE para retirar los estímulos fiscales al diésel, lo que a efectos del consumidor significaba subir impuestos, y unos meses más tarde se está financiando con dinero público 0,20 euros por litro de gasoil o gasolina. Lo mismo ocurre con la vuelta al carbón en países como Alemania.

La gestión de la urgencia se está traduciendo, en España y el resto de Europa, en pasos en sentido contrario a lo previsto y un claro desvío de las estrategias anteriores. ¿Existen otras alternativas? Siempre las hay. Estas medidas lanzan un potente mensaje de protección al conjunto de la población, especialmente a las clases medias, con políticas radicalmente contrarias a las que se aplicaron en la gestión de la crisis financiera de 2008, pero son claramente contradictorias con los objetivos de transición ecológica.

Conviene no olvidar que la transición ecológica no se podrá hacer sin la participación de esas clases medias y trabajadoras. La sombra de los chalecos amarillos franceses es muy potente. Es necesario, por tanto, conjugar ambas dimensiones, que es tanto como apostar por la transición justa haciendo realidad la máxima de que sin justicia social no habrá transición ecológica posible. Bajando al terreno, esto significa entender estas medidas como un intento de parar el golpe imprevisto de la guerra de Ucrania y evitar el agravamiento de las desigualdades y el incremento del malestar solo el tiempo mínimo imprescindible mientras se diseñan y ponen en marcha políticas que, a la vez que protegen a esos sectores sociales, ayuden a acelerar la transición ecológica. Un ejemplo notable, claro y rotundo: la bonificación de los abonos de transporte público, que además de sacar los coches de la ciudad, está haciendo descubrir a no pocos la comodidad de moverse sin preocuparse por atascos ni aparcamientos. El desafío es plantear medidas similares para el conjunto del país y no sólo para las grandes ciudades. Si alzamos la mirada hacia un escenario mayor, quedan pocas dudas de que en Europa ha llegado el momento de acelerar esta transición. La invasión rusa de Ucrania está pasando dos facturas muy caras de una doble dependencia: la de los combustibles fósiles causantes del cambio climático y cuyas pérdidas se miden en vidas humanas, empobrecimiento, desigualdad e incremento de los conflictos y la de proveedores tan poco amigables como Rusia.

Hacia una autonomía energética

Hoy se constata que una Europa que se pueda abastecer de energía renovable sería una Europa más segura en múltiples aspectos. Si en la pandemia se descubrió la importancia de la autonomía estratégica para hacer frente a la fabricación de artículos de primera necesidad como mascarillas o respiradores, esta maldita guerra subraya la necesidad de aplicar esa idea de autonomía estratégica al conjunto de la energía. No existirá autonomía alguna en Europa mientras no se dé en el ámbito de la energía, del que depende el conjunto de la economía.

El cambio climático nos empobrece, nos hace más desiguales, incrementa los conflictos y arremete contra nuestra salud.

Nuevamente, es necesario distinguir el corto plazo del medio y el largo. Cuando la guerra empezó, se abrió un debate sobre si Europa tendría el valor de dejar de comprar a Putin gas y petróleo y así evitar financiarle la guerra. Unos meses después, los altos mandatarios europeos corrían despavoridos a comprar gas por todo el mundo conforme Rusia iba cerrando, poco a poco, sus suministros. En efecto, mirando a este invierno no queda mucha más posibilidad que, junto al ahorro, la eficiencia y el despliegue lo más rápido posible de renovables, asegurar que existe gas suficiente para mantener el funcionamiento de industrias, calefacciones y en general una forma de vida muy dependiente de la energía. Ahora bien, estas políticas deben ser entendidas como una respuesta inmediata y de urgencia mientras se ponen en marcha auténticas estrategias ambiciosas que permitan alcanzar la autonomía deseada, no sólo de Putin, sino también de los combustibles fósiles, auténtica amenaza para el planeta. Es decir, eficiencia, ahorro, despliegue de renovables e inversión en investigación y desarrollo para mejorar y acelerar la transición.

Europa, y España con ella, se encuentran en un punto de inflexión en lo que a transición ecológica se refiere. Veníamos recorriendo un camino más o menos recto, con menos medios de los necesarios, pero que llevaba a un punto definido: la descarbonización de la economía. La guerra de Ucrania ha obligado a desviarse de él. ¿Durante cuánto tiempo? Esta es la pregunta clave. Si la situación se prolonga, la lucha contra el cambio climático sufrirá un duro revés en un momento en el que la ciencia dice que los plazos se agotan. Si se queda como lo que es, una reacción de urgencia, puede suponer el punto necesario para lanzar un mensaje de protección a la sociedad y al mismo tiempo empujar la descarbonización. Todo listo, por tanto, para acelerar la transición ecológica.

*Cristina Monge es politóloga y analista política. Profesora de Sociología en la Universidad de Zaragoza, investigadora asociada de Globernance y asesora de Ecodes.

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