El ‘yo acuso’ de la Defensora del Pueblo de la UE por una gestión migratoria que se salta los derechos humanos
Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo de la Unión Europea, acusó en un informe publicado este miércoles a los Estados miembro, a Frontex (agencia europea de fronteras) y a la Comisión Europea de llevar a cabo una gestión migratoria errónea cuando no delictiva y de mirar para otro lado ante flagrantes violaciones de derechos humanos. O’Reilly quiere que se definan nuevas normas que aplicar a los rescates en el mar, participe en ellos Frontex o no.
El informe de la Defensora del Pueblo europeo acusa a los gobiernos de impedir a Frontex realizar su labor adecuadamente y a la vez a la Comisión Europea de mirar hacia otro lado cuando le han puesto delante pruebas flagrantes de violaciones graves de derechos humanos durante operaciones de rescate de náufragos migrantes en el mar o durante operaciones ilegales para deportar a migrantes y solicitantes de asilo sin respetar derechos básicos como el de poder presentar una solicitud de asilo.
El informe de O’Reilly llega después de su investigación sobre el hundimiento, en junio del año pasado, del Adriana, un buque turco que se hundió en aguas griegas y en el que murieron más de 600 personas. Un guardacostas griego estuvo durante horas a su lado y no pudo o no quiso impedir la tragedia. La Defensora del Pueblo europeo asegura que las reglas actuales hacen que Frontex dependa demasiado de la buena voluntad de los gobiernos para actuar en rescates. En el caso del Adriana, O’Reilly tiene documentos que prueban que la agencia europea se ofreció hasta en cuatro ocasiones para rescatar a quienes viajaban en ese buque, pero las autoridades griegas nunca respondieron.
Sin permiso griego, la normativa actual prohíbe a Frontex no sólo rescatar a esas personas sino incluso acercarse al buque para comprobar su estado. La investigación también señala a Frontex. La agencia europea no tiene establecido qué debe hacer cuando un barco pide ayuda porque está en peligro. No hay un protocolo preciso y las pocas normas existentes normalmente no se aplican. Además, los funcionarios de derechos humanos que Frontex se vio obligado a contratar en los últimos años debido a la presión del Parlamento Europeo por los casos de deportaciones ilegales no tienen una implicación decisiva en las decisiones que tienen que ver con rescates.
La bronca de O’Reilly es también para los gobiernos y para la Comisión Europea. En la rueda de prensa en la que presentó su informe, la Defensora del Pueblo europeo llegó a decir que “existe contradicción entre las obligaciones de Frontex en materia de derechos humanos y su deber de apoyar a los Estados miembro en el control de sus fronteras”, dando a entender que el control fronterizo choca con el respeto a los derechos humanos.
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No es nuevo, pero sí lo es en boca de un alto responsable de las instituciones europeas como O’Reilly.
La irlandesa también pone límites a Frontex, una agencia sacudida en los últimos años por varios escándalos: colaboración en deportaciones ilegales, malversación de fondos europeos y hasta ambiente de acoso hacia el personal, sobre todo en los años de gestión de Fabrice Leggeri, empujado a la dimisión en 2022 y ahora número tres en las listas de Marine Le Pen para las elecciones europeas.
O’Reilly dice a la agencia, con sede en Varsovia, que “cooperar con las autoridades nacionales cuando hay temor porque no cumplan con sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento hace que haya riesgo de que la Unión Europea sea vista como cómplice de esas acciones que violan derechos fundamentales y cuestan vidas”. También que la Comisión Europea es la responsable de vigilar que las agencias, incluida Frontex, respetan la normativa vigente, entre ella la relativa a derechos humanos. Durante años, mientras se publicaban pruebas de que Frontex ayudaba a las autoridades griegas a llevar a cabo deportaciones ilegales, el comisario Margaritis Schinas defendía tanto el trabajo de la agencia como el de su director, ya dimitido, Fabrice Leggeri. O’Reilly quiere que el Parlamento Europeo y el Consejo también investiguen por qué mueren tantos migrantes en el Mediterráneo.
