La Justicia francesa investiga al presidente de Gabón por invertir en el país 85 millones en inmuebles de lujo

Es raro que un jefe de Estado extranjero, en el cargo, sea tan claramente encausado por la Justicia francesa. Pero, según las recientes conclusiones de un magistrado anticorrupción parisino, el actual presidente de Gabón, Ali Bongo, no sólo ha adquirido numerosas propiedades en París en los últimos años mediante malversación de fondos, sino que además el juez destaca el origen presuntamente fraudulento del enorme patrimonio familiar en Francia, estimado en al menos 85 millones de euros.

El juez de instrucción Dominique Blanc, encargado del caso del expolio, hizo públicas el pasado 7 de febrero sus abrumadoras observaciones sobre el jefe de Estado gabonés en un documento judicial al que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre). Se trata de un auto en el que se declara la inadmisibilidad de la personación del Estado de Gabón, que lleva años intentando alegar la condición de víctima en este caso.

Precisamente, la investigación sobre el expolio tiene por objeto demostrar cómo una dinastía que lleva en el gobierno más de medio siglo, la familia Bongo, ha utilizado su poder y los beneficios que éste conlleva para enriquecerse con dinero procedente de la corrupción y la malversación en Gabón, antes de blanquear una parte, sobre todo en inversiones inmobiliarias de lujo en Francia.

Más concretamente, gracias a un meticuloso ejercicio de arqueología judicial, el juez Blanc y los agentes de la Oficina Central de Represión de la Delincuencia Financiera Grave (OCRGDF, por sus siglas en francés) han conseguido relacionar el dinero negro del caso Elf (ya juzgado) con el tren de vida de los Bongo en Francia.

“Las investigaciones prueban que el dinero del que se benefició Omar Bongo [presidente de Gabón de 1967 a 2009] durante muchos años procedía en gran medida de las comisiones indebidas que le pagaba la empresa Elf”, escribe el juez instructor en su auto del 7 de febrero.

Y añade: “Sus hijos, algunos de los cuales ocupaban cargos oficiales con él, también se beneficiaron de una importante financiación de su padre para adquirir bienes inmuebles”.

“El conjunto de las adquisiciones financiadas por Omar Bongo en su nombre y en el de sus hijos se estima en al menos 85 millones de euros, lo que no guarda relación con los emolumentos de Omar Bongo como jefe de Estado [...]. El estado de la fortuna de Omar Bongo era conocido por sus hijos, que no podían ignorar su origen fraudulento, alimentado en gran parte por la empresa Elf”, según el magistrado, que precisa: “Lo mismo ocurre con el actual presidente de la República Gabonesa”.

Antes de tomar el testigo de su padre como jefe de Estado de Gabón, un pequeño país considerado durante mucho tiempo como uno de los ejemplos más brillantes de la Francáfrica, Alí Bongo fue ministro de Asuntos Exteriores (1989-1991) y luego de Defensa (1999-2009).

La investigación sobre los presuntos bienes expoliados, que se inició hace más de una década a raíz de una denuncia de varias ONG, ha podido determinar la existencia de un tren de vida desproporcionado para los emolumentos oficiales que recibían él y su familia.

Por ejemplo, a la hora de comprar coches de lujo, a veces adquiridos por el futuro presidente gabonés en condiciones dudosas. Un Ferrari de 200.000 euros; un Bentley de 180.000 euros o un Mercedes de 70.000 euros, pagados íntegramente en efectivo con, en el momento de la compra en 2006, la presentación de su pasaporte, en el que se podía leer: “Ministro de Estado, Ministro de Defensa Nacional”.

Esto también se refiere a los movimientos sospechosos de fondos identificados por la investigación policial. Como los 800.000 euros transferidos en 2009 desde Gabón a París por el BGFI, un banco en el centro de varios casos de blanqueo de dinero en varios países africanos. O los servicios de limusina en París pagados ese mismo año a Ali Bongo por la sociedad del empresario corso Michel Tomi, apodado “el padrino de los padrinos”. Pero también los 926.000 euros gastados entre 2010 y 2011 en Francia por la esposa de Ali Bongo, incluyendo 144.000 euros en Hermès o 132.000 en la joyería Van Cleef.

El “hipercinismo” judicial de Gabón, denunciado

Pero la mayor sospecha se centra en los bienes inmuebles del presidente gabonés. Ya sean los adquiridos en el pasado por su padre y que hoy disfruta en las zonas más bonitas de París (avenidas Foch y Victor-Hugo, en el distrito 16), o las compradas a través de empresas inmobiliarias propiedad de su antiguo director de gabinete, Maixent Accrombessi, pero en las que Ali Bongo tiene intereses personales, según la Justicia francesa.

Los investigadores también han identificado la compra en 2010 por parte del Estado de Gabón, pero “con fines privados”, de un edificio en la calle de la Université, en París, con una superficie de... 5.487 m2, que requirieron obras por importe de al menos 25 millones de euros.

A día de hoy, Ali Bongo no corre el riesgo de ser encausado, ya que todos los jefes de Estado en el cargo gozan de inmunidad, según el Derecho internacional.

Pero la investigación, que ha descubierto prácticas similares entre los hermanos de Ali Bongo, ha llevado a la imputación de varios intermediarios franceses (abogado, notario, testaferro, etc.), sospechosos de haber permitido, presuntamente, el blanqueo en Francia de las sumas malversadas en Gabón.

Lo mismo ocurre con el BNP, el gigante bancario francés, sospechoso de haber ayudado, presuntamente, al clan Bongo a blanquear 35 millones de euros sin haber cumplido ninguna de las obligaciones de control a las que está sometida la entidad.

En este contexto, la personación como parte civil de Gabón, defendida por los abogados Francis Szpiner y Martin Pradel, puede parecer audaz cuando menos, ya que el Estado gabonés es indisociable de la familia que lo dirige desde 1967. En su auto por el que rechaza esa personación como parte civil, el juez Blanc señala que Gabón no ha aportado “ningún escrito o documento que justifique un perjuicio directamente relacionado con los delitos”.

El planteamiento es todavía más temerario puesto que el mismo Estado gabonés impugna los delitos originales (malversación), de los que sin embargo quiere ser reconocido como víctima potencial.

“Resulta bastante cómico y, sobre todo hipercínico, que Gabón afirme haber sufrido un daño mientras niega la existencia de una causa para este daño, ya que sus representantes impugnan firmemente que se hayan podido cometer delitos. Es totalmente absurdo”, declara a Mediapart William Bourdon, abogado de la ONG Transparencia Internacional Francia, en el origen del procedimiento.

“Gabón invoca con el mismo cinismo la ley de agosto de 2021 sobre el expolio al pueblo. Es una broma siniestra; ¡devolver los bienes confiscados a Gabón sería como dar al ladrón el fruto de su atraco!”.

Los abogados del Estado gabonés no han respondido a Mediapart.

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Traducción: Mariola Moreno

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