Torres y Armengol niegan haber hecho "presión" para contratar con la empresa central del 'caso Ábalos'

El juicio del caso Mascarillas ha arrancado con las testificales de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Los dos han comparecido por los contratos sanitarios suscritos por los Gobiernos de Baleares y Canarias, que ambos presidieron, con Soluciones de Gestión, la firma que se encuentra en el epicentro de la trama. Y lo han hecho por escrito. Ambos testigos han asegurado que nunca dieron "orden" o ejercieron "presión" alguna para efectuar "compra" o suscribir "contrato" alguno. Unas declaraciones que han precedido a las de Víctor Ábalos, hijo del exministro, quien ha negado ser el "custodio" del dinero de su padre: "Todo lo que le he dado era de mis ingresos".

La causa se centra en los contratos de mascarillas que organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entonces controlado por José Luis Ábalos, adjudicaron en lo peor de la pandemia a Soluciones de Gestión, firma cuyos intereses "promovía" el empresario Víctor de Aldama. El instructor dio por acreditado que Ábalos, su asesor Koldo García y Aldama "convinieron" que, aprovechando el cargo del exdirigente socialista en el Gobierno, "podrían favorecer" a cambio de "beneficio económico" la contratación de empresas "cuyos intereses captaría y promovería" el empresario, quien al mismo tiempo tendría "acceso preferente" a la Administración.

Como pago, la Fiscalía Anticorrupción recoge entregas periódicas de dinero en efectivo al asesor, la compra de un chalet para "uso y disfrute" del exministro o el abono de la renta de un piso que utilizaba una expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, que también habría sido contratada, al igual que otra mujer de su "círculo personal", en una empresa pública. Para Ábalos y García, que se encuentran en prisión provisional, el Ministerio Público solicita 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, frente a los siete años que solicita para el empresario, que se encuentra en libertad por su colaboración con Fiscalía.

La primera declaración leída en la sala ha sido la de Armengol. En ella, la expresidenta balear ha comenzado exponiendo la delicada situación sanitaria en la que se encontraba su territorio en aquellos primeros compases de la pandemia. "Había dificultades adicionales de suministro por su carácter insular", ha señalado, al tiempo que ha recordado que en esos momentos el mercado estaba completamente roto. No obstante, ha querido dejar claro desde el primer momento que desde la Presidencia no se realizaban contrataciones ni se transmitían indicaciones de a quién se debía contratar: "Cualquier contacto u oferta que llegase se derivaba al Servicio de Salud, encargado de evaluar las propuestas recibidas".

"Nunca hubo orden o presión para efectuar compra o contrato alguno", ha apuntado Armengol. Algo en lo que también ha insistido Torres: "No di orden ni formalice nada a favor de la mercantil". El ministro, no obstante, ha afirmado que sí que hizo "seguimiento" a ese expediente de contratación. Eso sí, en un momento posterior a la adjudicación y tras ponerse en contacto con él García exponiéndole que había un "incumplimiento de condiciones contractuales", que existían "compromisos pendientes", en relación a la contratación con Soluciones de Gestión. Seguimientos que, ha explicado, también realizó en otros expedientes.

Armengol ha explicado que "no recuerda", seis años después, "todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos". Por ello, no descarta que entre las personas con las que mantuviera contacto pudiera estar García, a quien conocía como "asesor" del Ministerio de Transportes. "Ahora bien, lo que sí puedo decir con absoluta seguridad es que [de recibir algún mensaje] lo habría remitido inmediatamente al órgano o departamento responsable de la contratación", ha señalado. Y en cuanto a su relación con Ábalos en aquellas fechas, ha explicado que los únicos contactos que mantuvieron fueron referidas a "cierre de puertos y aeropuertos".

El hijo de Ábalos niega ser "custodio" de su dinero

Una vez leídos ambos escritos de declaración, y tras un intento fallido de suspender el juicio por parte de la defensa de García y las quejas de las defensas por no haber podido interrogar a los dos primeros testigos, se ha sentado frente al tribunal Víctor Ábalos, hijo del exministro. Durante su testifical, ha negado en diferentes ocasiones haber tenido un teléfono encriptado o haber hablado en clave con alguno de los acusados. En relación al uso de la palabra "café", que los investigadores interpretan como una petición de inicio de una comunicación segura, se ha limitado al significado recogido en la RAE. "Cuando Koldo se refiere a café, es el originario de Colombia. Me encargaba café", ha explicado. Un país en el que, ha dicho, él ha trabajado.

"Y cuándo usted le decía 'voy a encender', ¿se refería a la cafetera?", ha insistido con ironía uno de los abogados, a lo que él ha señalado que esa respuesta hay que encuadrarla en un contexto en el que él utiliza el WhatsApp en el ordenador. Buena parte del interrogatorio al hijo de Ábalos se ha centrado, precisamente, en tratar de dilucidar si ejerció como una suerte de guardián del dinero de su padre. Algo que él ha negado en repetidas ocasiones: "Yo no soy custodio del dinero de nadie". Y ha asegurado que los fondos que le transfirió a su padre eran suyos. "Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta", ha señalado, haciendo referencia, por ejemplo, a un préstamo que le hizo de 20.000 euros: "Todo con contrato, nada opaco".

Joseba García trata de justificar su patrimonio

Parte de la sesión matutina ha estado marcada también por la investigación del caso Koldo en la Audiencia Nacional, que ha llevado a alguno de los testigos a negarse a responder a las preguntas planteadas al encontrarse imputados en dicho procedimiento. Es el caso del empresario Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama. O de Joseba García. El abogado del exasesor de Ábalos ha evitado responder a las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Y solo ha querido contestar al abogado del exministro y, sobre todo, a la letrada Leticia de la Hoz, que le representa tanto a él como a su hermano.

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Una parte del largo interrogatorio planteado por su defensa se ha centrado, por un lado, en los viajes realizados por Joseba García a República Dominicana, desplazamientos en los que, según los investigadores, habría recogido dinero en efectivo de la trama. Dijo, por un lado, que los hizo por un motivo personal: conocer a la persona que todavía es su pareja. Y, por otro, por negocios, si bien solo uno acabó "cuajando". En esos viajes, ha reconocido haber hecho a Aldama el favor de recoger un sobre. En cuanto a su contenido, ha hablado de documentación. "¿Lo abrió?", le preguntó la letrada. "Jamás, no soy un chismoso", ha zanjado.

El testigo también ha hablado sobre su relación con Jessica Rodríguez, a la que pagó "una o dos" mensualidades del alquiler de un piso. O de sus conversaciones con contratada por la empresa pública Ineco, para la que trabajó, según ella mismo dijo en la instrucción. O de sus ocho reuniones con Aldama, que los investigadores creen que fueron para entregarse dinero pero que él enmarcó en la compra de un vehículo. "Y para reclamarle los arreglos del mismo", ha querido aclarar García, quien durante su declaración también ha dicho que acudió en un par de ocasiones a Ferraz, sede del PSOE, a recoger sobres con dinero en metálico para su hermano.

Buena parte de la declaración ha girado también en relación al patrimonio familiar. Al fin y al cabo, como recordó el fiscal Anticorrupción en las preguntas que le fue planteado, "tiene usted en sus cuentas sin justificar 224.000 euros". En este sentido, la abogada le ha ido recitando una serie de nombres asociados a algunos ingresos. "¿Alguna está relacionada con Aldama y los contratos de mascarillas?", ha preguntado la letrada, a lo que él ha respondido de forma negativa. Y, del mismo modo, ha tratado de justificar el efectivo que se encontró en el registro de su domicilio. Ochocientos euros, ha dicho, eran suyos. Y otros 5.000, ha completado, del club de motos del que forma parte.