Del rescate a la fusión, una historia de renuncias políticas, territoriales y sociales
La OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell no es una simple operación financiera. Representa el cierre de un proceso de concentración bancaria iniciado con la crisis de 2008, cuando se eligió salvar a los grandes y borrar del mapa cualquier alternativa pública o territorial.
Durante aquella crisis se trasladó injustamente la responsabilidad a los ciudadanos hipotecados por el simple hecho de acceder a una vivienda habitual. Se ignoró que el colapso vino provocado por la avaricia generalizada de las entidades financieras, que alimentaron la burbuja inmobiliaria hasta hacerla estallar, con la complacencia del regulador y una entrada masiva de capital bancario en el sector inmobiliario. No solo financiaron suelo sobrevalorado, sino que muchas entidades crearon sus propias promotoras, inflaron precios y vendieron productos tóxicos con cobertura institucional. El Banco de España y la CNMV no solo no intervinieron, sino que alentaron ese proceso. Luis de Guindos, vinculado previamente a Lehman Brothers y con trayectoria cercana a grandes fondos de inversión, acabó siendo premiado con altos cargos institucionales tras la crisis.
Es urgente ir más allá del caso concreto del Sabadell. España necesita recuperar el debate sobre qué sistema bancario queremos
Desde entonces, se ha desmantelado todo el sistema bancario valenciano: CAM, Bancaja, Banco de Valencia... Todas absorbidas sin retorno institucional ni económico. Solo sobrevive, en pequeño formato, la Caja de Ontinyent y una limitada red de cooperativas. La CAM fue entregada al Sabadell por un euro tras inyectarse más de 5.200 millones públicos. El Banco de Valencia fue adjudicado a CaixaBank con otro rescate millonario. Y Bankia, que pudo haberse convertido en una nueva banca pública estatal, fue también absorbida por CaixaBank.
Sabadell ha generado más de 8.400 millones en beneficios desde entonces, y BBVA superó los 10.000 millones solo en 2024. Parte de estos resultados se explican por el apalancamiento en la subida de tipos de interés tras la guerra de Ucrania y la crisis energética. Sin mecanismos de protección, la banca trasladó las subidas a los hipotecados sin blindar cuotas, pero retrasó las bajadas para mantener márgenes, agravando la carga de las familias.
Esta crisis sistémica tuvo su origen en el estallido de la burbuja de las hipotecas “subprime” en Estados Unidos, donde productos financieros empaquetados con hipotecas de alto riesgo generaron una cadena de contagio que derrumbó a entidades como Lehman Brothers. A través del sistema interbancario, estos activos se distribuyeron por todo el mundo, y cuando colapsaron, arrastraron consigo a bancos europeos y españoles que habían invertido o replicado modelos de crédito sin control. Lo que en su inicio fue una crisis originada en la banca privada internacional, terminó por derivar en un gigantesco rescate financiado por el Estado.
El antecedente directo fue la privatización de Argentaria, un grupo público solvente que integraba bancos como el Hipotecario, el Exterior o la Caja Postal. Su absorción por el BBVA marcó el inicio del desmantelamiento del sistema financiero público español. Luego, la crisis provocada por el sistema privado fue pagada desde lo público. El presidente Rajoy y gobiernos anteriores y posteriores hicieron creer que los más de 60.000 millones de euros destinados al rescate bancario serían devueltos. Pero no solo no se devolvieron, sino que facilitaron nuevas fusiones, concentración bancaria y más poder privado sin retorno al Estado.
Ahora, el Gobierno ha anunciado una consulta pública sobre la OPA del BBVA, una medida que llega tarde pero puede abrir al menos un debate necesario. Porque el problema no es solo esta operación concreta, sino que España carece de contrapeso público ante el oligopolio bancario.
En Europa la situación es muy distinta: en Alemania, las Sparkassen y Landesbanken suponen el 30% del sistema, con más de 190.000 empleados y 9.000 oficinas. En Francia, La Banque Postale y Caisse des Dépôts superan el 20% del mercado. Portugal mantiene su Caixa Geral de Depósitos como mayor banco en manos públicas, con casi 11.000 empleados. En Italia, Suiza, Países Bajos y nórdicos, también se mantienen estructuras similares. En España, el ICO apenas representa el 1% del crédito, no tiene oficinas propias, y CaixaBank, pese a tener participación estatal, actúa como entidad privada. Cabe recordar, además, que el Estado español aún posee un 16% del capital de CaixaBank, heredado de la fusión con Bankia, pero sin que esa participación se traduzca en una banca pública real ni en una orientación social de la entidad.
Esta diferencia se traduce en una pérdida de acceso bancario local y en el deterioro de políticas públicas como los avales ICO para jóvenes, que muchos bancos firmantes incumplen al exigir garantías adicionales o reducir el porcentaje financiado. Mientras tanto, las fusiones justificadas por eficiencia han traído miles de prejubilaciones —con empleados en plena madurez intelectual, mientras en otros sectores durísimos se alarga la edad de jubilación—, cierre de oficinas, exclusión financiera y un abandono generalizado de la función social del crédito.
No existen medidas regulatorias ni incentivos fiscales que premien el mantenimiento de empleo financiero, oficinas territoriales o un servicio cercano. La digitalización se ha impuesto de forma agresiva
Además, no existen medidas regulatorias ni incentivos fiscales que premien el mantenimiento de empleo financiero, oficinas territoriales o un servicio cercano. La digitalización se ha impuesto de forma agresiva, dejando fuera del sistema a miles de usuarios sin alternativas presenciales, con un agotamiento extenuante de sus empleados.
Es urgente ir más allá del caso concreto del Sabadell. España necesita recuperar el debate sobre qué sistema bancario queremos. Con apoyo estatal, del Instituto Valenciano de Finanzas, del ICO, de las cajas y cooperativas supervivientes y de una red regional en España con Correos y la Caja Postal —como en la mayoría de países de Europa— es posible reconstruir una banca pública o de proximidad, ética y territorial.
Porque lo que está en juego no es solo una OPA, ni una marca bancaria. Lo que está en juego es si España y sus territorios siguen resignados a ser un sistema rendido al oligopolio financiero o si estamos dispuestos a abrir una nueva etapa de democracia económica y crédito al servicio del interés general.
En la Comunidad Valenciana, perderíamos las sedes centrales actuales; en Cataluña, la influencia política en el actual gobierno parece dispuesta a dar la batalla para no perder al menos su gran influencia bancaria, aunque privada.
Ya no queda banca pública, ni cajas, ni bancos valencianos. ¿También vamos a ceder en lo último que nos queda?
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José Joaquín Belda es socio de infoLibre.