Crisis del coronavirus

¿Puede el BCE cancelar deuda pública de los países? La pregunta para la que cada economista tiene una respuesta distinta

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
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El pasado viernes se lanzó el debate en toda Europa a partir de un artículo: Anular la deuda pública mantenida por el BCE para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos, cuya firma encabezaba el economista Thomas Piketty. Respaldaban al francés otros 100 economistas, y concretamente en España Cristina Narbona (presidenta del PSOE), Nacho Álvarez (secretario de Estado de Derechos Sociales por Unidas Podemos), Jordi Sevilla o Jorge Fabra Utray. Una discusión en la que han intervenido muchas figuras de la clase política, desde la presidenta Christine Lagarde hasta Luis Garicano, pasando por Nadia Calviño (todos críticos). Pero los economistas están completamente divididos, con independencia de si son neoclásicos, liberales, ortodoxos o heterodoxos. 

En síntesis, los 100 plantearon -a través de un artículo en El País el 5 de febrero- que los fondos movilizados en la eurocumbre de julio por parte los Veintisiete para superar la pandemia (360.000 millones en ayudas directas, 750.000 millones en créditos) son insuficientes. Teniendo en cuenta que el supervisor con sede en Fráncfort detiene en su cartera desde lo peor de la anterior crisis (2008-2014) aproximadamente el 25% de la deuda soberana de los países de la UE (una cifra que se disparará tras la pandemia, al comprometerse el BCE a comprar hasta 1,85 billones de euros de deuda hasta 2022), los firmantes han lanzado una propuesta: una "cancelación" de dicha porción de deuda pública (o un canje de deuda por bonos perpetuos en el balance del BCE). A cambio, los estados miembros se comprometen a hacer inversiones verdes

"Viendo la virulenta reacción por parte de algunos, particularmente algunas instituciones, hemos dado en el clavo", dice Jorge Fabra Utray, firmante de la carta de Piketty, ex presidente de Red Eléctrica de España en los años noventa y vocal del Consejo de Seguridad Nuclear. "Tenemos un shock externo causado por la pandemia y se han emitido bonos comprados por el BCE para financiar los gastos anti-covid. Ergo los accionistas del BCE somos sus deudores".  

El BCE tiene en cartera actualmente 2,5 billones de deuda pública de todos los estados miembros desde 2014. "Si parte de la deuda del BCE se reestructura, el alivio para las autoridades nacionales sería importante, y además abre un espacio fiscal para gastar más en Transición Ecológica", asegura Fabra Utray. La porción de deuda soberana española en sus balances asciende a 384.000 millones de euros. Por delante de España, Alemania (750.000 millones de deuda en manos del BCE), Francia (625.000 millones) e Italia (551.300 millones), y bastante lejos otros países del sur muy golpeados en la anterior crisis (Portugal, 63.000 millones) o Grecia (19.000 millones).

Las compras de deuda de la institución que preside Lagarde están vinculadas con el peso económico de cada estado miembro. Pero la deuda pública en función del PIB nacional revela que la medida tendría más impacto en los países con las cuentas públicas más desfasadas. Así, por delante de España, cuya deuda pública alcanzaba el 110% del PIB en el segundo trimestre del año pasado (según Eurostat) aparecen Grecia (187,4 % del PIB), Italia (149,4 %), Portugal (126,1 %), Bélgica (115,3 %), Francia (114,1 %) y Chipre (113,2 %).

El economista Stuart Medina, uno de los portavoces en España de la Teoría Monetaria Moderna (MMT, una corriente que propugna que los países con su propia divisa carecen de restricciones financieras a la hora de endeudarse o gastar y que es respaldada por celebridades como la congresista Alexandra Ocasio-Cortez), se revuelve contra la idea de los 100. "Es inútil, irrelevante y parte de una nula comprensión de cómo funciona nuestro sistema monetario y financiero. Es pasar dinero del bolsillo derecho al izquierdo", ironiza Medina, "porque toda esa deuda pública está realmente en el balance del Banco de España, que es una filial del Tesoro, y no del BCE". "Cancelar esa deuda es una mera operación de canje de unos activos financieros por otros, y una recomposición de carteras del sector privado. No genera nuevos activos financieros, no genera fondos para el estado y no tiene ninguna trascendencia", agrega.

Reestructuración privada, no solo pública

"Yo aquí sería más pragmático", contrapone otro economista, Juan Laborda, que se adhiere también a la MMT. Laborda se pregunta: "¿Cuánto va a durar el comportamiento del BCE? No lo sé, pero desde aproximadamente 2012 no hay presiones sobre la deuda soberana de España, Italia, etcétera. Mientras siga así y se asuma como permanente, esa condonación igual tiene menos sentido. ¿Y si esto no es permanente? Entonces estoy a favor de la propuesta". 

Este profesor de la Universidad Carlos III señala que "un país soberano monetariamente jamás puede quebrar". "Lo que sí puede quebrar es el sector privado, familias o empresas, por deudas excesivas. Es en esa parte donde he visto que la propuesta de los 100 no dice nada. Y ahí sí defiendo que tiene que haber una reestructuración general, de deuda pública y privada", razona Laborda.

Uno de los firmantes en España es Carles Manera, catedrático de Historia Económica y ex consejero balear de Economía. "Lo que planteamos es la necesidad de revisar los parámetros de la deuda, porque es imposible devolverla en términos convencionales con sus intereses. La prueba es que antes de empezar a gastar ya estamos hablando de hacer reformas", dice Manera. "Lo que antes parecía imposible, ahora son realidades: los postulados de déficit público y de equilibrio presupuestario han volado por los aires. Abordemos también la cuestión de la deuda" [cuyo límite en el caso de la deuda pública es del 60% del PIB, según las reglas comunitarias, ahora suspendidas].

Fondo de rescate insuficiente

"Es una propuesta ilegal", indica el ex ministro de Industria Miguel Sebastián. "Ilegal con los estatutos del BCE de la mano. Habría que cambiarlos y se me ocurren varias reformas para mejorar esos estatutos: subir el objetivo de inflación [2%], poder financiar directamente gasto público en casos de crisis o implementar el helicóptero monetario". Sebastián juzga "inoportuna e innecesaria" la iniciativa de los 100 encabezada por Piketty. "Se ha conseguido ya una mutualizacion de la deuda europea y van a llegar unos inéditos 140.000 millones de euros que todavía no hemos decidido cómo gastar".

Sin embargo, uno de los argumentos del manifiesto es que las subvenciones directas a los estados (390.000 millones, 72.000 en el caso de España) "están muy lejos de los dos billones de euros solicitados por el Parlamento Europeo" y, en definitiva, de lo que necesita Europa. "¿Hace falta recordar", se pregunta el manifiesto, "que el Tribunal de Cuentas Europeo indicaba en 2018 una necesidad mínima de entre 300.000 y 400.000 millones de euros de inversión adicional al año para financiar la transición ecológica?".

Sobre la vulneración de los tratados europeos, el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano coincide con Miguel Sebastián. El economista y político arremetió el pasado lunes en El País contra la iniciativa con otro artículo titulado Un dañino truco contable, en el que además del problema de legalidad apunta a daños a la credibilidad del BCE. Pero uno de los firmantes, José Moisés Martín Carretero, le respondió en la red social Twitter enlazando una tribuna del propio Garicano publicada en mayo que vería viable la idea, ya que éste habría propuesto el canje de deuda por consols (consolidated annuities del inglés, que viene a ser la emisión de bonos perpetuos, es decir, bonos sin vencimiento). 

Respecto a la ilegalidad de la medida, Carles Manera se revela perplejo. "A mi lo que me sorprende es la reacción al más alto nivel agarrándose a la letra escrita del BCE", reflexiona. "Esa legalidad se abandonó, como he dicho, con el déficit público [3% del PIB anual según el Pacto de Estabilidad). Hace falta un cambio de paradigma". Sebastián, por su parte, manifiesta que "pedir que el BCE nos comprara, como hizo en el pasado, deuda porque los mercados no lo hacen y, después, decirle que es una deuda compartida no me parece serio". 

La presidenta del BCE Christine Lagarde se pronunció durante el fin de semana, al calificar de "inconcebible" la propuesta. Calviño se ha limitado a decir que el debate es "improductivo" porque -añadió la vicepresidenta económica- "descentra la atención de lo que es la prioridad, el crecimiento económico".

Agarrarse a la letra

Para Stuart Medina, "si lo que se quiere es aumentar la inversión o gasto público, lo que se tiene que hacer es suprimir las reglas del tratado de Maastricht, que son las que limitan la ejecución de políticas de gasto público anticíclico". "El gran problema de la economía española", dice, "es que llevamos 40 años haciendo políticas de gasto procíclicas, esto es, aumentar el gasto si crecemos y recortarlo si cae el PIB. Desde 2010, estamos en gasto por debajo de la mitad de lo que destinábamos antes. Los problemas de nuestra Sanidad y nuestra Educación vienen de ese recorte". 

"Es una propuesta excepcional para tiempos excepcionales", sintetiza el profesor titular de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza Jorge Bielsa. Bielsa se refiere a la prohibición del BCE de adquirir directamente deuda -acude al mercado secundario-. "Hasta ahora, el BCE no ha operado con la capacidad o amplitud de otros bancos centrales como la Fed en EEUU o el Banco Central de Japón. Está claro que la UE no opera como un país cualquiera, pero se trata de ir en esa dirección", valora Bielsa. "No es una condonación de deuda en manos de particulares. No se va a dejar de devolver dinero a fondos de pensiones o de inversión que hayan invertido en deuda pública. Se está desatando una especie de visión catastrófica que no tiene razón de ser. El peligro de la inacción es mucho mayor que el de cancelar deuda pública".  

Dos certezas en torno a la propuesta: primero, ha generado mucho ruido, como bien dicen sus defensores; y segundo, es difícil dar con dos economistas en España que opinen igual sobre la cancelación del 25% de la deuda soberana en manos del BCE.

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